Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-01646-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2018-01646-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
Acción de tutela contra sentencia proferida en acción de cumplimiento
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-01646-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2018-01646-00
Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate
9 de agosto de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIA PROFERIDA EN ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO / DISPOSICIONES PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA RESERVA FORESTAL DE RIOBLANCO CALDAS / INEXISTENCIA DE UN MANDATO IMPERATIVO, INOBJETABLE Y EXPRESO / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
Revisadas las providencias cuestionadas, se advierte que en primera instancia el Juzgado 5 Administrativo de Manizales hizo el estudio de fondo de las normas invocadas como incumplidas para concluir que son disposiciones orientadoras, pero no contienen una orden o mandato imperativo que hagan exigible su cumplimiento, toda vez que éstas establecen el procedimiento que la autoridad administrativa accionada puede adelantar dentro del trámite propio de sus funciones. En segunda instancia, el Tribunal precisó que los artículos de la Constitución Política invocados por el accionante como incumplidos, corresponden a principios y directrices que sirven como fundamento de todo el ordenamiento jurídico y cumplen una función integradora (…) Ahora frente a los artículos 35 de la Ley 99 de 1993; 31 del Decreto 2372 de 2010; 8 de la Ley 165 de 1994; 2 y 8 de la Ley 388 de 1997 y 1.2.5.1.1 del Decreto 1076 de 2015, ninguna de estas normas contienen deberes jurídicos u obligaciones claras, expresas y exigibles con destino directo a la Corporación Autónoma Regional de Caldas (…) se evidencia que las autoridades judiciales accionadas al analizar el contenido de las normas pudieron concluir que no se ajustaban a las exigencias propias de la acción de cumplimiento que permitieran ordenar a la entidad accionada a acatarlas. Por consiguiente, la interpretación efectuada tanto por el Juzgado Quinto Administrativo de Manizales, como del Tribunal Administrativo de Caldas en ningún momento es arbitraria, caprichosa o desconoció la posición de esta Corporación, pues decidió con fundamento en la postura que consideró era la correcta. Así, los planteamiento del actor, no tienen sustento alguno, por lo que el cargo no prospera (…) Fáctico, en cuanto “…omitió valorar las pruebas que le fueron aportadas sin razón (…) en el caso concreto, las pruebas que adujo el actor como no valoradas, no eran necesarias para la conclusión a la que llegaron las autoridades judiciales, toda vez que luego de estudiar las normas invocadas como incumplidas, pudieron advertir que no contenían mandatos imperativos, claros, expresos y exigibles que pudieran ser objeto de cumplimiento (…) Así las cosas, teniendo en cuenta las apreciaciones realizadas, se hace imperioso concluir que de las razones alegadas por la parte actora en su escrito de tutela, no se advierte vulneración alguna a sus derechos fundamentales.
FUENTE FORMAL: LEY 388 DE 1997 - ARTÍCULO 2 / LEY 388 DE 1997 - ARTÍCULO 5 / LEY 388 DE 1997 - ARTÍCULO 7 / LEY 388 DE 1997 - ARTÍCULO 8 / LEY 388 DE 1997 - ARTÍCULO 10 / LEY 388 DE 1997 - ARTÍCULO 15 / LEY 388 DE 1997 - ARTÍCULO 21 / LEY 388 DE 1997 - ARTÍCULO 25 / LEY 99 DE 1993 - ARTÍCULO 35 / LEY 165 DE 1994 - ARTÍCULO 8 / DECRETO 2372 DE 2010 - ARTÍCULO 31 / DECRETO 2372 DE 2010 - ARTÍCULO 31 / DECRETO 1076 DE 2015 - ARTÍCULO 1.2.5.1.1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01646-00(AC)
Actor: ÁLVARO GÓMEZ GÓMEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la petición de amparo elevada por el señor Álvaro Gómez Gómez, contra las providencias del 3 de abril de 2018 y 27 de febrero de la misma anualidad, proferidas por el Tribunal Administrativo de Caldas y el Juzgado 5º Administrativo de Manizales, respectivamente.
ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
Mediante escrito radicado el 17 de mayo de 2018, en la oficina de correspondencia del Consejo de Estado, el señor Álvaro Gómez Gómez, en nombre propio, instauró acción de tutela en contra el Tribunal Administrativo de Caldas y el Juzgado 5º Administrativo del Circuito de Manizales, con el fin de obtener la protección a sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Las citadas garantías las consideró vulneradas con ocasión de las providencias del 27 de febrero de 2018 proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Manizales, que negó las pretensiones de la demanda y del 3 de abril de 2018 del Tribunal Administrativo de Caldas que revocó la decisión de primera instancia, para en su lugar rechazar la acción por improcedente, dentro del medio de control de cumplimiento promovido por el señor Álvaro Gómez Gómez contra la Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS, con número de radicado 17001-33-39-005-2018-00034-00.
A título de amparo constitucional, el accionante pidió que:
“…se tutele el derecho fundamentales (sic) presumiblemente violado por la Sala de Decisión del Honorable Tribunal Administrativo de Caldas y por el Jugado (sic) 5 Administrativo de Manizales que mediante sus providencias estarían violando el derecho constitucional al debido proceso y al acceso a la justicia.
Sus providencias están contenidas en sentencia de primera instancia del 27 de febrero de 2018 y sentencia de segunda instancia 21 (sic) del 3 de abril de 2018.
Procede además en ausencia de un mecanismo alternativo de defensa judicial, y para efectos de evitar un perjuicio irremediable con la omisión de las normas demandadas en cumplimiento”.
2. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encuentra acreditados los siguientes hechos relevantes a efectos de la decisión que se ha de adoptar:
El actor demandó en acción de cumplimiento a la Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS, con el fin de obtener el acatamiento de los artículos 79, 80, 113 y 209 de la Constitución Política; 3, 12, 18, 23, 31 y 63 de la Ley 99 de 1993; 8º de la Ley 165 de 1994; 2º de la Ley 388 de 1998; 1.2.5.1.1 y 2.2.2.1.3.10 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015; y la Resolución 411 de 2016 proferida por CORPOCALDAS, para proteger la totalidad de la reserva forestal nacional de Rioblanco y sus zonas adyacentes, aledañas y función amortiguadora de la reserva y que se le devuelva al predio “La Aurora” las zonas de protección ambiental retiradas por el Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales.
Del proceso conoció en primera instancia el Juzgado Quinto Administrativo de Manizales, que mediante sentencia del 27 de febrero de 2018 (i) declaró probadas las excepciones de “inexistencia de violación de norma alguna por parte de CORPOCALDAS” y “Cumplimiento integral y diligente de las funciones asignadas por la ley a la Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS, en atención a su órbita de competencia”; y (ii) negó las pretensiones de la demanda, al considerar que las “pretensiones que sin hesitación alguna están orientadas a la protección del derecho colectivo a un ambiente sano y que de hecho a la fecha están siendo tramitadas dentro del proceso de protección de los derechos e intereses colectivos con Radicado 2012-00137 ante el Tribunal Administrativo de Caldas (CDs obrante a fl. 150 del expediente), donde también es demandada la Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS, (…), así las cosas, el accionante tiene la posibilidad de coadyuvar la mencionada acción, en el loable interés que ha demostrado le asiste en la protección de los derechos colectivos, específicamente los asociados a la protección de la Reserva Forestal Río Blanco”.
La decisión fue recurrida por el accionante, la Procuraduría 180 Judicial I Administrativa de Manizales y la Procuraduría 5ª Judicial II Agraria de Manizales, recurso que fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Caldas en sentencia del 3 de abril de 2018, que revocó la providencia de primera instancia, para en su lugar, rechazar por improcedente el medio de control, al encontrar que “…(i) el demandante cuenta con otro medio judicial para lograr el efectivo cumplimiento no sólo de las normas invocadas, sino para garantizar los derechos que se podrían reputar como vulnerados por parte de la accionada, según lo largamente expuesto y alegado por la parte actora en la constitución en renuencia y en sede judicial y (ii) el medio de control invocado por el accionante es este caso, como lo es el de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos, no resulta próspero para el estudio de las normas citadas por el demandante, debido a la naturaleza de las mismas, de las cuales no se desprende su carácter claro, expreso y exigible”.
3. Sustento de vulneración
Como sustento de la petición de amparo, la parte accionante indicó que en las providencias objeto de tutela se incurrió en los siguientes defectos:
Fáctico: en cuanto “…omitió valorar las pruebas que le fueron aportadas sin razón, pruebas que consideré determinantes para identificar la veracidad de los hechos, concretamente con el contrato en sí y con estudio realizado y producto del contrato No. 275-2013 suscrito entre CORPOCALDAS y FUNDACIÓN GRUPO HTM para fortalecer los procesos de ordenamiento ambiental del Departamento de Caldas mediante la formulación de lineamientos técnicos sociales y jurídicos que definan las áreas con Función Amortiguadora de las Áreas Naturales Protegidas por la jurisdicción, y la delimitación y caracterización de los elementos que componen la Estructura Ecológica Principal (EPP), de la subregión centro-sur del Departamento, como soporte para la revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial”.
Precisó que tampoco se tuvo en cuenta el estudio que CORPOCALDAS contrató con el Grupo HTM, prueba determinante para verificación de los hechos, ni las declaraciones de un funcionario de CORPOCALDAS “…cuando en audiencia pública en otro proceso reconoce que no se tienen estudios para mitigar los impactos del proyecto constructivo”.
Sustantivo, “al afirmar que las normas citadas por el accionante no tienen fuerza material de ley y desconoce normas y sentencias y comete graves errores en la interpretación de las mismas. El desconocimiento de parte de CORPOCALDAS al cumplimiento de lo estipulado en el artículo 9 de la Resolución 411 del 3 de octubre de 2016, artículo que se refiere al cumplimiento del deber legal que le corresponde de este acto administrativo, que atiende los mandatos del artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y su reglamentación en cuanto a los determinantes ambientales sobre las Zonas Con Función Amortiguadora de que trata el artículo 31 del Decreto 2372 de 2010 y que fueron definidos en el estudio que para el efecto contrató la Corporación con el Grupo HTM, se constituye claramente en la vulneración a una norma cierta, clara, expresa y exigible que el señor Juez no valoró como corresponde basado sin mayor análisis en las afirmaciones del accionado, incurriendo en exceso ritual manifiesto para negar la interpretación de la manera como le corresponde”.
4. Actuaciones procesales relevantes
4.1. Admisión de la demanda
Mediante auto del 29 de mayo de 2018, la Consejera Ponente de la presente providencia, admitió la demanda de tutela, ordenando la notificación de los Magistrados del Tribunal Administrativo de Caldas.
Así mismo se dispuso la vinculación, en calidad de tercero con interés del Juzgado Quinto Administrativo de Manizales y de la Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS.
4.2. Contestación de la autoridad judicial accionada
El Tribunal Administrativo de Caldas, a pesar de que fue notificado en debida forma, guardó silencio.
4.3. Intervención de los terceros con interés
4.3.1. El Juez Quinto Administrativo de Manizales, mediante correo electrónico del 8 de junio de 2018 allegó escrito, en el que solicitó que se desestimara la acción de tutela propuesta por el señor Gómez Gómez, en cuanto esa autoridad judicial no vulneró derecho fundamental alguno.
Sostuvo que por tratarse de una decisión judicial proferida por ese despacho, “…me acojo en su totalidad a los argumentos que fueron expuestos durante todo el trámite del proceso, desde el auto admisorio, hasta la sentencia con la cual se puso fin a la instancia judicial, proceso en el que se siguió por completo el procedimiento regulado para este tipo de acciones y al que se le realizó un estudio juicioso de todos los documentos probatorios aportados tanto por la parte activa como pasiva, dentro de la acción de cumplimiento radicada con el número 17001-33-39-005-2018-00034-00”.
4.3.2. El apoderado judicial de la Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS, mediante correo electrónico del 8 de junio de 2018, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, por cuanto no se violentó derecho fundamental alguno al accionante por parte del Tribunal Administrativo de Caldas.
Afirmó que “La Aurora” no es una zona que se encuentra incluida dentro de la declaratoria de Reserva Forestal Protectora realizada por el INDERENA el 25 de julio de 1990, por tanto, existe un imposible jurídico por parte de CORPOCALDAS de violar el Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal en mención, así la supuesta omisión de la inclusión de la zona de “La Aurora” tampoco se le puede endilgar a esa Corporación.
Señaló que en el listado taxativo previsto en el artículo 2.2.2.1.2.1 del Decreto 1076 de 2015, no se encuentran las zonas con “Función Amortiguadora” como Áreas Protegidas, razón por la que no les es aplicable lo establecido en el literal a) de la citada norma, en cuanto no son áreas protegidas ni su vocación es de estricta conservación.
Resaltó que el tema ambiental es un tema que nos atañe a todos, que nos importa a todos, “…pero los argumentos tienen que ser soportados mínimo con Estudios Técnicos serios que rebatan las decisiones de las autoridades, decisiones que ha sido tomadas por las autoridades, o al menos en el caso de CORPOCALDAS, con base en Estudio Técnicos serios, estudios analizados, discutidos al interior de la entidad. Los argumentos de la presente demanda se sustentan en simples afirmaciones pero sin ningún sustento técnico o científico y no se puede crear un Pánico Ambiental por el solo hecho de estar o no de acuerdo con una decisión o un proyecto”.
Afirmó que “…no es factible pretender reglamentar el uso del suelo de un área que se ubica al exterior de un área protegida, mediante el plan de manejo de ésta, debido a que este instrumento sólo aplica al interior de la Reserva de Río Blanco. El instrumento que regula el suelo en la zona de expansión de La Aurora es el Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales, el cual convirtió esta área en zona de expansión en el año 2003”.
Sostuvo que el Tribunal Administrativo de Caldas, efectuó de manera juiciosa y de fondo el estudio de cada uno de los elementos de la acción de cumplimiento impetrada por el hoy accionante, valoró los fundamentos fácticos versus las normas que él mismo señaló que estaban siendo incumplidas por CORPOCALDAS, frente a lo cual la autoridad judicial pudo concluir que “…ninguna de las normas antes citadas se observan deberes jurídicos u obligaciones claras, expresas y exigibles con destino a la Corporación Autónoma Regional de Caldas, de los cuales pueda reputarse no solo incumplimiento sino, aún más, de las cuales sea procedente ordenar su cumplimiento inmediato a la demandada Corpocaldas…”, ello en concordancia con el Consejo de Estado, lo que llevó a determinar que el señor Gómez Gómez contaba con otros medios judiciales idóneos para ventilar sus inconformidades, razón por la que declaró la improcedencia de la acción constitucional.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela interpuesta en contra del Tribunal Administrativo de Caldas y del Juzgado Quinto Administrativo de Manizales de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 055 de 2003 de la Sala Plena de esta Corporación, Decreto 1069 de 2015 modificado por el Decreto 1983 de 2017.
2. Problemas jurídicos
Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:
2.1 ¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?
De resultar positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala estudiará lo siguiente:
¿Vulneraron las autoridades judiciales accionadas los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del señor Álvaro Gómez Gómez, con ocasión de las providencias del 27 de febrero de 2018 que negó las pretensiones de la acción de cumplimiento y del 3 de abril de 2018, que revocó la decisión de primera instancia para en su lugar rechazar por improcedente el medio de control impetrado?
3. Razones jurídicas de la decisión
Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) generalidades de los defectos alegados; y, (iv) análisis del caso en concreto.
3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 2012, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590/2005, M.P. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo señala el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.
A partir de esa decisión, se dejó en claro que la acción de tutela se puede interponer contra decisiones de las Altas Cortes, específicamente, las del Consejo de Estado, autos o sentencias, que desconozcan derechos fundamentales, asunto que en cada caso deberá probarse y, en donde el actor tendrá la carga de argumentar las razones de la violación.
Sobre el tema, la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -procedencia sustantiva- y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto - procedencia adjetiva.
Esta Sección ha determinado que, en primer lugar, se debe verificar que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedencia adjetiva, esto es: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado; y iii) inmediatez.
Luego de ello, sería posible realizar el estudio de la procedibilidad sustantiva a través de los posibles errores específicos en que podría incurrir una providencia judicial. Estos últimos, según la doctrina fijada en la sentencia C-590 de 2005, y acogida por esta Sección se resumen, de manera general, de la siguiente manera:
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; y h. Desconocimiento del precedente.
De esta manera, la acción de tutela será procedente una vez verificado: (i) la concurrencia de los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) la configuración de alguno de estos requisitos específicos mencionados -siempre y cuando hayan sido alegados por el interesado-; y que (iii) el vicio o defecto es de tal trascendencia que implica la amenaza o la afectación de derechos fundamentales.
3.2. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
3.2.1. Tutela contra tutela
En el caso objeto de estudio, es imperioso concluir que no existe reparo alguno en cuanto hace referencia a este juicio de procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra decisión de tutela, pues las providencias que se censuran fueron proferidas en el trámite del medio de control de cumplimiento con radicado número 17001-33-39-005-2018-00034-00 promovido por el señor Álvaro Gómez Gómez en contra de la Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS.
3.2.2. Inmediatez
Ahora bien, en relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, se tiene que la providencia de segunda instancia que se acusa como vulneradora de derechos fundamentales fue proferida el 3 de abril de 2018, notificada por correo electrónico del 6 del mismo mes y año cobrando fuerza ejecutoria el día 12 de abril de 2018 y, la solicitud de amparo constitucional se presentó el 17 de mayo de 2018, lo que para la Sala es un término razonable para el uso del mecanismo de amparo constitucional.
3.2.3. Subsidiariedad
Finalmente, en consideración a la subsidiariedad, es evidente el agotamiento de los recursos ordinarios, ya que por tratarse de una providencia que resolvió un recurso de apelación, no existe mecanismo judicial para controvertirlo. Cabe destacar que los argumentos presentados por la parte actora, no se ajustan a las causales taxativas contempladas en el ordenamiento jurídico para acudir al recurso extraordinario de revisión y tampoco resulta procedente el de unificación de jurisprudencia, en tanto no se alega como desconocida una providencia judicial con dicha característica.
Así las cosas, al concurrir los requisitos de procedibilidad adjetiva, concierne a la Sala abordar el estudio del asunto planteado de fondo.
3.3. Generalidades del defecto sustantivo
La Corte Constitucional, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”.
Puntualmente, el defecto sustantivo lo configuran los siguientes supuestos:
El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.
No se hace una interpretación razonable de la norma.
La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.
El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la disposición.
La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma.
Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.
Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado anteriormente.
Del defecto fáctico
Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 2015 precisó los alcances y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la presente decisión:
Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso. Estos aspectos tienen las siguientes características:
Evento
Características
Omisión de decreto y práctica de pruebas indispensables para fallar el asunto
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver el problema jurídico sometido a consideración, y ésta fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez ordinario de negar pruebas que no atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es importante considerar que no toda negativa a un decreto de pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto, ya que éste procederá cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con los parámetros arriba señalados.
De esta manera, se requiere:
Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
Se expongan las razones por la cuales la prueba solicitada era conducente, pertinente o idónea.
Señalar de manera razonada la razón por la cual, de haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido otro.
Desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos que se pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador ordinario. En este punto, se requiere que de forma específica, se concrete en el escrito de amparo, cuales pruebas, aportadas oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el juez.
Así las cosas, se configura siempre que:
Se identifiquen los elementos de prueba no valorados por el juez.
Se demuestre que éstos fueron aportados en forma legal y oportunamente al proceso
Señale las razones por las cuales eran relevantes para la decisión
Se precise, razonadamente, la incidencia de los mismos para variar el sentido del fallo.
Valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la apreciación efectuada por el fallador, resulta manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende alterado.
Se requiere entonces que:
La parte precise cual o cuales de las pruebas fueron objeto de indebida valoración por el juez
La razón del por qué, en cada caso en particular, la consideración del operador judicial se aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados, resulta de vital importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en relación con la conclusión a la cual arribó el juez de instancia, en ninguna manera puede ser razón para ordenar el amparo constitucional por este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución arbitraria del juez natural.
Incidencia de la prueba en el fallo atacado
Dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el asunto con base en pruebas que no observaron los requisitos legales para su producción o introducción al proceso. Así las cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir el problema jurídico que le fue planteado, al ser ésta una prueba que desconoce el debido proceso de las partes.
Para su configuración corresponde señalar:
Señalar con claridad los elementos probatorios aportados con violación al artículo 29 constitucional.
Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
Demostrar que estos elementos de convicción fueron el sustento de la decisión.
Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar mínimamente en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.
Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución.
Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados, se excluyen entre sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba, como suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera confusión al fallador.
3.4. Caso concreto
En el sub judice, la parte actora aduce la existencia de los siguientes defectos:
Sustantivo, en cuanto las autoridades judiciales accionadas afirmaron que las normas invocadas como incumplidas no tenían fuerza material de ley; así mismo, indicó el actor que “…El desconocimiento de parte de CORPOCALDAS al cumplimiento de lo estipulado en el artículo 9 de la Resolución 411 del 3 de octubre de 2016, artículo que se refiere al cumplimiento del deber legal que le corresponde de este acto administrativo, que atiende los mandatos del artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y su reglamentación en cuanto a los determinantes ambientales sobre las Zonas Con Función Amortiguadora de que trata el artículo 31 del Decreto 2372 de 2010 y que fueron definidos en el estudio que para el efecto contrató la Corporación con el Grupo HTM, se constituye claramente en la vulneración a una norma cierta, clara, expresa y exigible que el señor Juez no valoró como corresponde basado sin mayor análisis en las afirmaciones del accionado, incurriendo en exceso ritual manifiesto para negar la interpretación de la manera como le corresponde”.
Revisadas las providencias cuestionadas, se advierte que en primera instancia el Juzgado 5º Administrativo de Manizales hizo el estudio de fondo de las normas invocadas como incumplidas para concluir que son disposiciones orientadoras, pero no contienen una orden o mandato imperativo que hagan exigible su cumplimiento, toda vez que éstas establecen el procedimiento que la autoridad administrativa accionada puede adelantar dentro del trámite propio de sus funciones.
En segunda instancia, el Tribunal precisó que los artículos de la Constitución Política invocados por el accionante como incumplidos, corresponden a principios y directrices que sirven como fundamento de todo el ordenamiento jurídico y cumplen una función integradora, por lo que no resulta posible su estudio para la prosperidad del medio de control como lo ha precisado la jurisprudencia del Consejo de Estado, razón por las que fueron excluidas de su estudio.
Ahora frente a los artículos 35 de la Ley 99 de 1993; 31 del Decreto 2372 de 2010; 8º de la Ley 165 de 1994; 2º y 8º de la Ley 388 de 1997 y 1.2.5.1.1 del Decreto 1076 de 2015, ninguna de estas normas contienen deberes jurídicos u obligaciones claras, expresas y exigibles con destino directo a la Corporación Autónoma Regional de Caldas.
Adicionalmente resaltó que la Jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado en materia de acción de cumplimiento, ha destacado que:
“…la prosperidad de esta acción está sujeta a la observancia de los siguientes presupuestos: (i) que el deber jurídico cuya observancia se exige esté consignado en normas con fuerza de ley o en actos administrativos; (ii) que el mandato, la orden, el deber, la obligatoriedad o la imposición esté contemplada en forma precisa, clara y actual; (iii) que la norma esté vigente; (iv) que el deber jurídico esté en cabeza del accionado; (v) que se acredite que la autoridad o el particular en ejercicio de funciones públicas fue constituido en renuencia frente al cumplimiento de la norma o acto administrativo cuyo acatamiento pretende la demanda y (vi) que tratándose de actos administrativos no haya otro instrumento judicial para lograr su efectivo cumplimiento (…)”.
Con fundamento en estas generalidades el Tribunal concluyó que una vez analizadas las normas invocadas, éstas no contenían un mandado preciso, claro y actual que debiera ser cumplido por CORPOCALDAS, por cuanto la naturaleza de las disposiciones hacen referencia al ámbito funcional, y teniendo en cuenta la complejidad técnica que envuelve el análisis de cada una, hacen que en su contenido no sea perceptible las características de obligaciones claras, expresas y exigibles, requisitos indispensables para la prosperidad de la acción de cumplimiento.
En este orden de ideas, se evidencia que las autoridades judiciales accionadas al analizar el contenido de las normas pudieron concluir que no se ajustaban a las exigencias propias de la acción de cumplimiento que permitieran ordenar a la entidad accionada a acatarlas.
Por consiguiente, la interpretación efectuada tanto por el Juzgado Quinto Administrativo de Manizales, como del Tribunal Administrativo de Caldas en ningún momento es arbitraria, caprichosa o desconoció la posición de esta Corporación, pues decidió con fundamento en la postura que consideró era la correcta.
Así, los planteamiento del actor, no tienen sustento alguno, por lo que el cargo no prospera.
Fáctico, en cuanto “…omitió valorar las pruebas que le fueron aportadas sin razón, (…)concretamente con el contrato en sí y con estudio realizado y producto del contrato No. 275-2013 suscrito entre CORPOCALDAS y FUNDACIÓN GRUPO HTM para fortalecer los procesos de ordenamiento ambiental del Departamento de Caldas mediante la formulación de lineamientos técnicos sociales y jurídicos que definan las áreas con Función Amortiguadora de las Áreas Naturales Protegidas por la jurisdicción, y la delimitación y caracterización de los elementos que componen la Estructura Ecológica Principal (EPP), de la subregión centro-sur del Departamento, como soporte para la revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial”; así mismo, no se tuvo en cuenta el estudio que CORPOCALDAS contrató con el Grupo HTM, prueba determinante para verificación de los hechos, ni las declaraciones de un funcionario de CORPOCALDAS “…cuando en audiencia pública en otro proceso reconoce que no se tienen estudios para mitigar los impactos del proyecto constructivo”.
Al respecto, se advierte que este argumento no contiene un sustento con base en el cual el juez constitucional pueda evidenciar el defecto en que presuntamente incurrieron las autoridades judiciales demandadas al proferir las providencias cuestionadas.
Ello es así, toda vez que el medio de control de cumplimiento es un mecanismo para exigir la realización o acatamiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad o el particular que ejerce función pública, para ello se requiere que las normas que se dicen incumplidas contengan una un mandato imperativo e inobjetable, perentorio, claro y directo a cargo de determinada autoridad, de conformidad con lo previsto en los artículos 5, 7, 15, 21 y 25 de la Ley 393 de 1997, para lo cual se requiere del análisis de la misma norma para establecer si contiene las condiciones antes citadas que hagan exigible la aplicación de la normativa invocada.
En este orden, en el caso concreto, las pruebas que adujo el actor como no valoradas, no eran necesarias para la conclusión a la que llegaron las autoridades judiciales, toda vez que luego de estudiar las normas invocadas como incumplidas , pudieron advertir que no contenían mandatos imperativos, claros, expresos y exigibles que pudieran ser objeto de cumplimiento.
En este orden los planteamientos del actor no tienen sustento alguno, por lo que el cargo no prospera.
Así las cosas, teniendo en cuenta las apreciaciones realizadas, se hace imperioso concluir que de las razones alegadas por la parte actora en su escrito de tutela, no se advierte vulneración alguna a sus derechos fundamentales, sino que las mismas, aunque carentes de sustento, pretenderían abrir un debate jurídico surtido en las instancias respectivas, circunstancia que escapa al conocimiento del juez constitucional, pues debe respetar la autonomía del natural al resolver los asuntos que se someten a su conocimiento, razón por la que los cargos resultan imprósperos.
En consecuencia, esta Sala mantiene el criterio reiterado respecto de la actividad intelectual que realiza el juzgador que parte de la autonomía e independencia de la que goza en la definición de sus procesos y que el juez de tutela debe respetar, cuando no observa la vulneración de derechos fundamentales.
En efecto, lo pretendido por el accionante no es otra cosa que reabrir el debate de instancia y revivir interpretaciones que son propias del juez natural; competencias que escapan al de tutela, por cuanto este último no puede establecer si existe un mejor criterio que el utilizado por el juzgador de instancia.
De no ser así las cosas, se desconocería el principio de autonomía judicial y la acción de tutela dejaría de ser un mecanismo residual y de procedencia excepcional cuando se intenta contra providencias judiciales, para convertirse en instancia adicional de control frente a las decisiones tomadas por los jueces.
Conforme con todo lo anterior, se negará la petición de amparo constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de tutela interpuesta por el señor Álvaro Gómez Gómez, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión y devolver el expediente en préstamo al despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Ausente con excusa
Folio 11 anverso del expediente.
Folio 11 vuelto del expediente.
Folios 169 a 186 del cuaderno 2 del expediente de cumplimiento allegado en préstamo.
Folios 4 a 17 del cuaderno 2 del expediente de cumplimiento allegado en préstamo.
Folios 30 y 31 del cuaderno 1.
Folios 32 vuelto y 34 vuelto del cuaderno 1.
Folios 39 y 40 del cuaderno 1.
Folios 41 a 48 del cuaderno 1.
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Expediente No. 2009-01328-01. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. C.P. MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ.
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia” (Negrillas dentro del texto).
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014, Expediente No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Actor: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS. C.P. JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ.
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01) y Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01.
Corte Constitucional. Sentencia SU-337/2017, M.P Antonio José Lizarazo Ocampo
Folio 18 del cuaderno 2 del expediente del medio de cumplimiento allegado en préstamo.
Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio
Corte Constitucional, Sentencias SU.159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-043 del 27 de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de marzo de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1º de febrero de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras
Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3 de marzo de 2005. M.P. Manuel José cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4 de marzo de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández
Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería
Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30 de enero de 2009. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101 del 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil
Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño
Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26 de agosto de 2004. M.P. Clara Inés Vargas
Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 25 de enero de 2018, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Rad. 68001-23-33-000-2017-01067-01.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.