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Consejo de Estado · Sentencia

Sentencia del Consejo de Estado, radicado 11001-03-15-000-2018-01649-00

Improcedencia de la acción de tutela contra providencia judicial por incumplimiento del requisito de subsidiariedad

Fecha
10 de julio de 2018
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Vélez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, radicado 11001-03-15-000-2018-01649-00

Consejo de Estado

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE, la acción de tutela presentada por el señor Jesús Arturo Pedraza Mora, contra el Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con la pare motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por telegrama o por el medio más expedito de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados. TERCERO: En acatamiento de las disposiciones del artículo 31 ibídem, DE NO SER IMPUGNADA dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia, REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Radicado 11001-03-15-000-2018-01649-00

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez

10 de julio de 2018

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / OMISIÓN EN LA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS ORDINARIOS / RECURSO DE APELACIÓN

Consiste en determinar si: ¿En el presente asunto se debe determinar si: ¿La acción de tutela de la referencia resulta procedente de conformidad con el principio de la subsidiariedad? (…) La parte actora acude a la acción constitucional con el fin de que se le ordene al Tribunal Administrativo de Santander, estudiar y resolver el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de 14 de octubre de 2015, proferida por el Juzgado 11 Administrativo del Circuito de Bucaramanga, dentro del proceso de restitución de inmueble arrendado que adelantó la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca (DTTF) en su contra de acuerdo a lo manifestado en el escrito de tutela, en tanto, afirma, que la DTTF, pretende hacer valer la figura de la afectación al patrimonio público, que no es válida para el caso bajo estudio, según su dicho. (…) [N]o son de recibo los argumentos en el escrito de tutela, pues si bien es cierto la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca, a través de memorial solicitó que el proceso de restitución de inmueble arrendado (…) sea tramitado bajo el principio de afectación al patrimonio público, también lo es, que dentro de las oportunidades procesales con que contó el accionante no desvirtuó lo alegado por la entidad demandante. Adicional a ello, observa la Sala que dentro de las pruebas allegadas la autoridad judicial accionada mediante sentencia de 31 de mayo de 2018, resolvió el recurso de apelación interpuesto por el actor dentro del proceso de restitución de inmueble arrendado (…), en la que confirmó la providencia de 14 de octubre de 2018.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá, D.C., diez (10) de julio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01649-00(AC)

Actor: JESUS ARTURO PEDRAZA MORA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTROS

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Jesus Arturo Pedraza Mora, en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de Santander, con el fin de que se le proteja sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa.

ANTECEDENTES

1.1. Escrito de tutela.

Para una mejor comprensión del asunto, la Sala se permite resumir de la siguiente forma los supuestos fácticos y jurídicos planteados por la parte demandante:

Manifestó el actor que, la Dirección de Tránsito de Floridablanca instauró un proceso en su contra de restitución de inmueble arrendado, el cual correspondió por reparto al Juzgado 11 Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, que mediante sentencia de 14 de octubre de 2015, resolvió declarar judicialmente terminado el contrato de arrendamiento Nro. 172 de 2003 celebrado entre ellos.

Señaló que actualmente el proceso se encuentra en curso ante el Tribunal Administrativo de Santander, quien le correspondiéndole resolver el recurso de apelación presentado en contra de la anterior decisión, por cuanto, a su juicio, el A quo omitió realizar la respectiva valoración de la prueba allegada con el escrito de contestación de la demanda, esto es, el Acuerdo No. 18 de 1998 emitido por el Concejo Municipal de Floridablanca que versa sobre la falta de autorización por parte de la Junta Directiva de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca, para la enajenación o limitación del dominio de inmuebles.

Indicó que a través de memorial de 21 de abril de 2018, la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca, solicitó ante el Tribunal de conocimiento tramitar de manera preferente el proceso de la referencia por afectación al patrimonio público; a lo cual, accedió la autoridad judicial accionada mediante auto de 23 de abril del mismo año.

Alegó que de conformidad con lo anterior, la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca, pretende cambiar los alegatos de conclusión del proceso de restitución de inmueble, al hacer valer la figura del patrimonio público que a juicio del actor no es valida para el caso bajo estudio.

1.2. Pretensiones.

De conformidad con la situación fáctica expuesta requirió:
«(…) Que la solicitud hecha en el recurso de apelación sea resuelta teniendo en cuenta lo planteado y la preservación del debido proceso administrativo y el derecho a la defensa no sean vulnerados, como pretende hacerlo la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca (…)».

1.3. Trámite de instancia

Mediante auto de 23 de mayo de 2018, se admitió la acción de tutela de la referencia, por lo que se ordenó la notificación a los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander, en calidad de demandados, así mismo vincular a la Dirección de Tránsito de Floridablanca y al Juzgado 11 Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, como terceros interesados de conformidad con lo establecido en el artículo 13 y concordantes del Decreto 2591 de 1991.

1.4. Informes rendidos

1.4.1 Tribunal Administrativo de Santander.

La Doctora Solange Blanco Villamizar en su condición de Magistrada del Tribunal accionado, rindió informe sobre los hechos expuestos en el escrito de tutela, en el que manifestó que es cierto que le fue asignado por reparto el proceso de restitución de inmueble radicado bajo el No. 2015-00171-01, instaurado por la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca contra el hoy accionante, para resolver el recurso de alzada presentado contra la decisión de 14 de octubre de 2015, proferida por el Juzgado 11 Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga.

Indicó que el día 31 de mayo de 2018, profirió sentencia de segunda instancia la cual fue notificada el martes 5 de junio de 2018. No obstante advirtió que el accionante en su escrito de tutela expone argumentos adicionales a los que contiene el recurso de apelación presentado en contra de la sentencia de primera instancia.

Por ultimó, alegó que al haberse desatado el recurso de apelación presentado por el actor, es claro que la competencia del tribunal como juez de segunda instancia dentro del proceso de restitución de inmueble arrendado ya se agotó.

1.4.2 Juzgado 11 Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga.

La Secretaria del Juzgado 11 Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, contestó el escrito de tutela, en el que realizó un recuento de las actuaciones surtidas dentro del proceso de restitución de inmueble arrendado radicado bajo el No. 2015-00171, además de señalar que, teniendo en cuenta que el proceso se encuentra en el Tribunal Administrativo de Santander, para que sea resuelto el recurso de apelación presentado en contra de la decisión de 14 de octubre de 2015, resulta imposible cumplir con la orden de remitir el expediente en préstamo a esta Corporación.

1.4.3 Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca.

El profesional universitario de la Secretaría General y Jurídica de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca, contestó el libelo introductorio, en el que solicitó la desvinculación de la presente acción por falta de legitimación en la causa, al considerar que no ha vulnerado derecho fundamental alguno del accionante, puesto que ha obrado acorde a cada uno de los lineamientos brindados por el ordenamiento jurídico.

CONSIDERACIONES

Atendiendo a los argumentos expuestos en el escrito tutelar y las pruebas que obran en el expediente, se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) Competencia, ii) Determinación del problema jurídico iii) Requisitos de la subsidiariedad para interponer la acción de tutela, iv) y caso concreto.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 2° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, en cuanto estipula que: “Cuando la acción de tutela se promueva contra un funcionario o corporación judicial, le será repartida al respectivo superior funcional del accionado (…)”, esta Sala es competente para conocer de la presente acción constitucional contra el Tribunal Administrativo de Santander.

2.2. Determinación del problema jurídico.

Consiste en determinar si: ¿ En el presente asunto se debe determinar si: ¿La acción de tutela de la referencia resulta procedente de conformidad con el principio de la subsidiariedad?

2.3. Del requisito de la subsidiariedad.

De conformidad con la jurisprudencia desarrollada por la Corte Constitucional y esta Corporación, para que la acción de tutela proceda debe cumplir, entre otras cosas, con la cláusula formal de la subsidiariedad. De conformidad con el artículo 86 constitucional se dispone que:

«[…]ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
[…]
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.(Subrayado por la Sala)
[…]»

Por su parte, el Decreto 2591 de 1991 «[…] por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]», en su artículo 6 dispone:

«[…] ARTICULO 6º-Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]».

La subsidiariedad de la acción de tutela no tiene la vocación de sustituir aquellos mecanismos legales que, por negligencia, descuido o incuria, no han sido ejercidos o promovidos por quien se considera afectado, a menos que se convierta en el único medio eficaz e idóneo que le permita amparar un derecho fundamental. Ahora bien, esta regla general merece una excepción, esto es, cuando se convierte en el único medio que con eficiencia e idoneidad permite amparar un derecho fundamental gravemente vulnerado o amenazado; esta excepción está sujeta a que se logre demostrar que el actor no utilizó los mecanismos ordinarios de defensa por encontrarse en una situación gravosa que así se lo impedía.

Respecto a la procedencia de la acción de tutela cuando existe otros mecanismos de defensa judicial la Corte Constitucional, señaló:

«[…] Como se ha expresado, cuando se pretende controvertir mediante la acción de tutela una decisión judicial, los requisitos generales de procedencia se  hacen más exigentes pues (i) la persona que se considera afectada por una actuación judicial tiene, al interior del proceso, diferentes vías para defender sus derechos y (ii) no es el propósito de la acción de tutela el que se produzca una invasión de competencias por parte del juez constitucional, frente a las demás autoridades judiciales.

Para la Corte es claro que al juez natural corresponde el estudio detallado de todos los elementos normativos y fácticos discutidos mediante un proceso judicial, a través de un amplio debate probatorio y de la interpretación y aplicación de las cláusulas legales involucradas en el conflicto. Al segundo, en cambio, sólo le corresponde conocer de violaciones o amenazas a los derechos fundamentales derivadas de las actuaciones judiciales, sin involucrarse en las controversias propias del litigio y, además, sólo en caso de que hayan sido alegadas al interior del proceso sin éxito.

Esta restricción en la actuación del juez de tutela es una consecuencia de la obligación del peticionario de actuar diligentemente y agotar todos los recursos judiciales existentes al interior del proceso para la defensa de sus derechos como requisito previo a la interposición de la acción de tutela, salvo que medien circunstancias de fuerza mayor que le corresponde alegar y demostrar al peticionario [...]»

Igualmente, el Consejo de Estado en pronunciamiento de 20 de agosto de 2009 dijo:

«[…] pues de conformidad con el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la misma no procede cuando el peticionario disponga de otro medio para la defensa judicial de los derechos que alega como violados, excepto cuando se interpone como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Solo, en el evento de que el juez constitucional a través de una valoración que debe hacerse en concreto, teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la situación de la personas eventualmente afectada con la acción u omisión, determine que no existe mecanismo alguno que resulte idóneo para proteger instantánea y objetivamente el derecho que aparece vulnerado o es objeto de amenaza por virtud de una conducta positiva o negativa de una autoridad pública o de particulares en los casos señalados por la ley, procede la acción de tutela […]»

En efecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Corporación han señalado reiteradamente que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario y no alterno de administración de justicia, esto significa que los conflictos jurídicos deben ser en principio resueltos por las vías ordinarias administrativas y jurisdiccionales, y que sólo ante la inexistencia o inoperancia de las mismas, resulta factible acudir a la acción constitucional.

2.4. Del caso concreto.

La parte actora acude a la acción constitucional con el fin de que se le ordene al Tribunal Administrativo de Santander, estudiar y resolver el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de 14 de octubre de 2015, proferida por el Juzgado 11 Administrativo del Circuito de Bucaramanga, dentro del proceso de restitución de inmueble arrendado que adelantó la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca (DTTF) en su contra de acuerdo a lo manifestado en el escrito de tutela, en tanto, afirma, que la DTTF, pretende hacer valer la figura de la afectación al patrimonio público, que no es válida para el caso bajo estudio, según su dicho.

De acuerdo con la situación fáctica narrada por el señor Jesús Arturo Pedraza Mora y del material probatorio obrante en el expediente se tiene que:

La Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca, en ejercicio del medio de control de restitución de inmueble arrendado instauró demanda contra el accionante, con el fin de que se declare judicialmente terminado el contrato de arrendamiento No. 172 de 2003, celebrado entre ambos, toda vez que necesita ampliar sus instalaciones para brindar parqueadero a sus automóviles y motocicletas.

El proceso le correspondió por reparto al Juzgado 11 Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, quien mediante sentencia dictada en audiencia, resolvió:

«(…)PRIMERO: DECLARAR judicialmente terminado el contrato de arrendamiento Nro. 172 de 2003 celebrado entre la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca como arrendador y Jesús Arturo Pedraza Moral, identificado con la CC No. 91.248.784 de Bucaramanga en condición de arrendatario; respecto del inmueble “sótano del edificio ubicado en la Calle 9 No. 8-14 donde funciona la sede administrativa de la Dirección de Tránsito de Floridablanca que tiene un área total de 445.34 mts 2 (…)

SEGUNDO: ORDENAR a la parte demandada, que dentro del término de tres (3) días, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, restituya al demandante el inmueble ubicado en la Calle 9 No. 8-14 de Bucaramanga, el cual fue descrito en el texto de la demanda y sus anexos, conforme a lo señalado en la parte motiva de esta providencia, so pena de procederse a su lanzamiento (…)».

El accionante inconforme con la anterior decisión, presentó recurso de apelación al considerar que el A quo omitió realizar la valoración respectiva del Acuerdo 018 de 1998 expedido por el Concejo Municipal de Floridablanca, al tenor del artículo 5 el cual exige la autorización por parte de la junta directiva de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca, para la enajenación de sus muebles e inmuebles o la limitación del dominio de ellos.

A través de memorial la parte actora allegó los alegatos de conclusión en el que reiteró que el juez de primera instancia omitió valorar las pruebas allegadas en el escrito de contestación de la demanda.

El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia de 31 de mayo de 2018, confirmó la decisión proferida por el Juzgado 11 Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, al considerar que no exitió vulneración alguna al acuerdo municipal alegado, pues no se debe obtener autorización de la junta directiva de la DTTF, por cuanto lo que pretende el Director de entidad es solicitar la restitución del inmueble para poder ejercer el usufructo sobre el mismo.

Por su parte, la entidad accionada manifiesta que el señor Jesús Arturo Pedraza Mora, en su escrito de tutela, expone argumentos nuevos que no fueron expuestos en las diferentes etapas procesales con que contó para ello.

Ahora bien, la Sala advierte que la acción de tutela no constituye un mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos que deben ser tratados en el trámite ordinario, dado que, las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales, razón por la cual, el presente asunto se torna improcedente, pues en síntesis el accionante pretende a través de este mecanismo ordenar a la autoridad judicial accionada como debe decidir el recurso de alzada interpuesto en contra de la providencia de 14 de octubre de 2015, proferida por el Juzgado 11 Administrativo del Circuito de Bucaramanga.

Por ello, para la Sala es oportuno señalar que el señor Jesús Arturo Pedraza Mora y/o su apoderado judicial de confianza contaron con la posibilidad de acudir ante la Corporación judicial accionada para alegar y demostrar que el proceso de restitución de inmueble arrendado adelantado en su contra, no es procedente pasa ser estudiado bajo la figura de afectación al patrimonio público.

Así las cosas, no son de recibo los argumentos en el escrito de tutela, pues si bien es cierto la Dirección de Transito y Transporte de Floridablanca, a través de memorial solicitó que el proceso de restitución de inmueble arrendado radicado bajo el No. 2015-00171, sea tramitado bajo el principio de afectación al patrimonio público, también lo es, que dentro de las oportunidades procesales con que contó el accionante no desvirtuó lo alegado por la entidad demandante.

Adicional a ello, observa la Sala que dentro de las pruebas allegadas las autoridad judicial accionada mediante sentencia de 31 de mayo de 2018, resolvió el recurso de apelación interpuesto por el actor dentro del proceso de restitución de inmueble arrendado radicado bajo el No. 2015-00171, en la que confirmó la providencia de 14 de octubre de 2018.

En este orden de ideas, la Sala rechazará por improcedente la solicitud de tutela incoada por el señor Jesús Arturo Pedraza Mora, contra el Tribunal Administrativo de Santander, en tanto no superó el requisito general de procedencia de la subsidiariedad, de conformidad con en el Decreto 2591 de 1991 y ampliamente desarrollada por la jurisprudencia de esta Corporación, y los pronunciamientos de la Corte Constitucional, como se expuso con anterioridad.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE, la acción de tutela presentada por el señor Jesús Arturo Pedraza Mora, contra el Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con la pare motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por telegrama o por el medio más expedito de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

TERCERO: En acatamiento de las disposiciones del artículo 31 ibídem, DE NO SER IMPUGNADA dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia, REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER
El expediente ingresó al Despacho el 19 de junio de 2018, según informe de la secretaría general de la Corporación.
Ff. 1 a 21.
Ff. 14 vto.
Ff. 22 a 23
Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
Sentencia T-1049/08, M.P. Dr. Jaime Cordoba Triviño.
Acción de tutela 25000231500020090093601. Consejero Ponente Dr. Alfonso Vargas Rincón

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