Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-01836-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-01836-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2018-01836-00
Consejero ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
5 de julio de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD / DEFECTO FÁCTICO / INDEBIDA INTERPRETACIÓN NORMATIVA / EXCLUSIÓN DE LA SOBRETASA AL IMPUESTO DE RENTA / SANCIÓN POR INEXACTITUD
Para este juez constitucional de la lectura de lo anterior, se configura el defecto sustantivo por interpretación irrazonable, pues la Sección Cuarta le está dando un alcance diferente a la claridad de los artículos 647 y 648 del Estatuto Tributario, que regulan la sanción por inexactitud, pues como se explicara no existe normativa que permita la exclusión de la sobretasa del impuesto de renta, creada por el artículo 7º de la Ley 863 de 2003, para fijar aquella. (…) Los artículos 647 y 648 del ET, son claros en establecer cómo se fija el valor, al existir inexactitudes en su presentación, se hace de la comparación, se reitera del saldo a pagar del impuesto o saldo a favor, según corresponda, sin que exista un fundamento normativo para la exclusión de la sobretasa en los términos hechos por la Sección Cuarta en la providencia que se cuestiona, razón por la que, para este juez constitucional, se configura el defecto sustantivo alegado. (…) En este último caso si bien no se tomó la casilla de saldo a pagar, sí se observa que no excluyó la sobretasa, establecida por el artículo 7º de la Ley 863 de 2003, para calcular vía judicial la sanción por inexactitud.(…) En vista de lo anterior, para este juez constitucional se ha configurado el defecto sustantivo, toda vez que los artículos 647 y 648 del Estatuto Tributario establecen de forma clara que la sanción por inexactitud se establece de la diferencia que resultada de comparar el saldo a pagar del impuesto (casilla 87) o saldo a favor (casilla 90), según corresponda, de la liquidación privada y la realizadas por la DIAN o por la autoridad judicial; de igual manera se evidenció que el presente caso, la providencia cuestionada se apartó de la jurisprudencia de dicha Sección, que al momento de fijar aquella sanción nunca excluyó la sobretasa al impuesto de renta establecido por el artículo 7º de la Ley 863 de 2003, para los años gravables 2004, 2005 y 2006, motivo por el cual se ampararán los derechos al debido proceso e igualdad, en el presente caso.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Bogotá, D.C., cinco (5) de julio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01836-00(AC)
Actor: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, DIAN
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA
Decide la Sala la acción constitucional presentada por la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (en lo sucesivo DIAN) contra la sentencia de segunda instancia, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000-23-27-000-2010-00277-01, que promovió Citibank Colombia SA (en adelante Citibank) contra la tutelante.
ANTECEDENTES
1. La tutela
La DIAN, mediante apoderado judicial, presentó acción de tutela el 6 de junio de 2018, en la que solicitó el amparo de los derechos fundamentales al «debido proceso, igualdad, confianza legítima, buena fe y seguridad jurídica» que consideró vulnerados por parte de la autoridad judicial accionada, con la sentencia dictada, en segunda instancia, dentro del proceso de marras.
1.1. Hechos de la acción
La Sala resume los hechos relevantes de la tutela de la siguiente manera:
1.1.1. La DIAN profirió la Liquidación Oficial de Revisión No. 312412009000041 de 27 de mayo de 2009, mediante la cual modificó la declaración privada del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2006, presentada por Citibank, para:
i) Adicionar ingresos por utilidad en valoración de inversiones por $27.593.278.000.
ii) Rechazar la deducción por provisión para el pago de futuras pensiones por $5.855.972.000.
iii) Rechazar la deducción por inversión en activos fijos por $4.684.666.000.
iv) Rechazar la provisión en el renglón otras deducciones por $1.492.114.000 de los que $720.929.410 corresponden a demandas laborales y $771.185.000 a provisión otros activos por pérdidas de dinero.
v) Rechazar los gastos por impuestos asumidos por $1.323.426.000.
vi) Imponer sanción por inexactitud por $24.409.635.000.
La anterior decisión fue confirmada mediante la Resolución Nro. 900089 de 23 de junio de 2010, proferida por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la UAE – DIAN.
1.1.2. Citibank presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los anteriores actos y solicitó:
«1. Declarar la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No. 31241200900041 de 27 de mayo de 2009 mediante la cual la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes de Bogotá modificó la declaración de renta del año gravable 2006 presentada por CITIBANK COLOMBIA S.A.
2. Declarar la nulidad de la Resolución No. 900089 de 23 de junio de 2010, mediante la cual la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos – Dirección de Gestión Jurídica resolvió al (sic) recurso de reconsideración interpuesto contra la citada liquidación de revisión, confirmándola.
3. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, solicito:
a. Se confirme la liquidación privada del impuesto de renta año gravable 2006 contenida en la declaración de renta presentada por CITIBANK COLOMBIA S.A. el 15 de mayo de 2007 radicada con el No. 91000006459524.
b. Se declare que la sociedad CITIBANK COLOMBIA S.A. no está obligada a pagar el mayor impuesto determinado en la liquidación oficial de Revisión (sic) No. 31241200900041 de 27 de mayo de 2009 y tampoco la sanción por inexactitud en ella impuesta».
1.1.3. La Subsección B, Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, con sentencia del 27 de febrero de 2014.
1.1.4. Citibank inconforme con la anterior decisión la apeló.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, con providencia del 15 de noviembre de 2017, resolvió:
«Primero: REVÓCASE la sentencia del veintisiete (27) de febrero de dos mil catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B. En su lugar:
Declárase la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión Nro. 312412009000041 de 27 de mayo de 2009 y de la Resolución Nro. 900089 de 23 de junio de 2010, mediante las cuales la Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, modificó la declaración privada del impuesto sobre la renta y complementarios presentada por CITIBANK COLOMBIA S.A. por el año gravable 2006.
Como consecuencia de la anterior declaración y, a título de restablecimiento del derecho, se declara que el impuesto sobre la renta y complementarios por la vigencia fiscal de 2006 a cargo de la parte actora, corresponde a la liquidación practicada por esta Corporación, en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: CONFIRMASE {sic} en lo demás.
Tercero: RECONÓCESE PERSONERÍA a la doctora Angie Alejandra Corredor Herrera, como apoderada de la UAE – DIAN, en los términos y para los efectos del poder conferido, visible en el folio 1134 de este cuaderno».
Las consideraciones dadas para tal determinación serán analizadas en la parte considerativa del presente fallo, a partir de los argumentos que soporta el presente mecanismo constitucional.
1.1.5. La DIAN elevó solicitud de aclaración y corrección de la sentencia.
1.1.6. La Sección Cuarta del Consejo de Estado negó lo anterior, con auto del 22 de febrero de 2018.
1.2. Fundamentos de la tutela
El apoderado judicial de la DIAN manifestó que las providencias judiciales que se cuestionan incurrieron en los siguientes defectos:
1.2.1. Sustantivo. Este defecto se dio al proferir la sentencia de fecha 15 de noviembre de 2017, dentro del proceso instaurado por Citibank, por cuanto aplicó una norma jurídica de manera manifiestamente irrazonable, sacando del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial, constituyendo una «vía de hecho», razón por la cual la misma deberá dejarse sin efectos jurídicos, para lo cual la acción de tutela es el mecanismo apropiado.
Explicó que la errada interpretación y aplicación de la Ley (artículo 647 ET) realizada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en el fallo que hoy es objeto de reproche, fue considerar que del cálculo de la sanción de inexactitud «se debe excluir el monto de la sobretasa al impuesto sobre la renta, porque como es sabido, se trata de un porcentaje, cuyo pago recae en los contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta, equivalente a un porcentaje del impuesto neto de renta, es decir, no encaja en los hechos que constituyen inexactitud sancionable, en los términos del artículo 647 del ET, norma que se expidió con anterioridad a la creación de dicha sobretasa...».
Es decir, son dos razones las dadas para excluir del cálculo de la sanción por inexactitud: la diferencia arrojada entre la declaración privada del impuesto de renta del año 2006 y la liquidación del mismo realizada en la sentencia proferida, por la Sección Cuarta, a saber:
i) Al ser la sobretasa un porcentaje, cuyo pago recae en los contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta, equivalente a un porcentaje del «impuesto neto de renta, no encaja en los hechos que constituyen inexactitud sancionable en los términos del artículo 647 ET».
ii) La norma que consagra la sanción de inexactitud, esto es el artículo 647 ET, se expidió con anterioridad a la creación de dicha sobretasa.
Es precisamente, en torno a las anteriores afirmaciones que debe revisarse el defecto sustantivo o material de la sentencia judicial definitiva aquí acusada, para lo cual es indispensable, revisar el contenido integral de las normas que consagran la sanción por inexactitud en materia tributaria, es decir, los artículos 647 y 648 del Estatuto Tributario vigentes para el año correspondiente al periodo fiscal en discusión (2006) y el año de presentación de la declaración (2007), las cuales al ser cotejadas también con las modificaciones introducidas a dichas normas por la Ley 1819 de 2016, en razón a que fue esta norma la aplicada en el caso sub examine por la autoridad judicial para fallar el asunto en razón a la paliación del principio de favorabilidad, de lo cual se verifica que contrario a lo señalado por el Consejo de Estado como sustento para no incluir la sobretasa del impuesto de renta en el cálculo de la sanción por inexactitud, el error en el cálculo de la sobretasa del impuesto sobre la renta sí se constituye en uno de los hechos previstos en la Ley para la imposición de la sanción por inexactitud.
Para la DIAN, de las normas que regulan la sanción por inexactitud en discusión, tanto las vigentes para la época de los hechos, como las aplicadas por la Sección Cuarta por favorabilidad Ley 1819 de 2016, se concluyó que:
«- Uno de los hechos o conductas sancionables por inexactitud, es precisamente la utilización de datos o factores falsos, equivocados o desfigurados en las declaraciones tributarias y que como consecuencia de ello se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente.
• La sanción por inexactitud, por disposición de la Ley misma, no se refiere a un impuesto en específico, aplica para todas las declaraciones tributarias en las que se incurra en cualquiera de las conductas señaladas por el legislador como sancionables, independientemente del tributo objeto de declaración. Es decir que esta sanción como la mayoría de las sanciones tributarias no se refieren a un impuesto particular sino a los impuestos que sean declarados con las omisiones o defectos señalados como conductas sancionables por el legislador con inexactitud.
• La vigencia de la Ley para la imposición de sanciones tributarias debe revisarse en congruencia con el principio de legalidad y tipicidad de las sanciones, según el cual para imponer una sanción se requiere que la conducta sancionable y la correspondiente sanción existieran al momento de cometer la falta, siendo irrelevante si el impuesto declarado con algún defecto de los señalados como sancionable fue creado con posterioridad a la existencia de la sanción tributaria respectiva».
Afirmó que así las cosas, es claro que en el caso en particular la sanción por inexactitud debió liquidarse incluyendo también la diferencia surgida en el cálculo de la sobretasa del impuesto sobre la renta determinado en la declaración privada y la establecida por el Consejo de Estado en el fallo definitivo cuestionado, teniendo en cuenta lo siguiente:
«1) El tributo a la sobretasa del impuesto sobre la renta evidentemente fue calculado y declarado por CITIBANK de manera equivocada en la declaración tributaria del impuesto sobre la renta del año gravable 2006, teniendo en consideración los errores en que incurrió el contribuyente determinando su “impuesto neto de renta”, base gravable del tributo denominado “Sobretasa del impuesto sobre la Renta”, creado por la Ley 863 de 2003 para los años gravables 2004, 2005 y 2006.
Así mientras en la liquidación privada CITIBANK determinó como sobretasa del impuesto a la renta 2006 la suma de $4.025.328.000, el Consejo de Estado en la sentencia cuestionada aumento la sobretasa a la suma de $5.114.418.000; lo cual pone en evidencia la información equivocada diligenciada en la declaración
2) El cálculo errado de dicho tributo (Sobretasa) diligenciado en la declaración tributaria del impuesto sobre la renta del año 2006, derivó un menor impuesto a pagar a cargo del contribuyente, pues el contribuyente declaró como total de saldo a pagar $14.855.046.000 mientras que el Consejo de Estado determinó por dicho concepto la suma de $33.700.604.000.
3) Finalmente, en la fecha de la presentación de la declaración de renta con datos equivocados existía el artículo 647 ET que señalaba de manera clara la conducta sancionable (inclusión de datos equivocados) y la sanción correspondiente (Sanción de inexactitud del 160% calculada sobre la diferencia entre el saldo a pagar determinado en la liquidación privada y el determinado en la liquidación oficial
Con fundamento en lo anterior, es evidente que en el caso en particular, al existir con relación a la determinación de la sobretasa inexactitud sancionable a la luz de lo señalado en el artículo 647 y ss del Estatuto Tributario, el cálculo de dicha sanción debió incluir también dicha diferencia, es decir que el cálculo de la misma debió haberse efectuado del resultado obtenido de la diferencia entre el saldo a pagar determinado por CITIBANK en su denuncio rentístico del año 2006 y el determinado por el Consejo de Estado en la sentencia de segunda instancia proferido, sin excluir valor alguno, de tal manera que la sanción por inexactitud impuesta debió calcularse en la suma de $11.979.988.000 y no como erróneamente lo determino el fallador de segunda instancia en la suma de $6.865.570.000».
También resaltó que los impuestos por sí solos no constituyen hecho sancionable de inexactitud, por lo que la sobretasa no es una excepción a ello, pues la conducta sancionable se circunscribe a la inclusión de datos equivocados en las declaraciones tributarias de los mismos, hecho sancionable que a todas luces ocurrió en el caso en particular, luego el argumento presentado por la autoridad judicial cuestionada para excluir dicho impuesto de la base para el cálculo de la sanción por inexactitud, si bien parte de un postulado cierto (la sobretasa no constituye hecho sancionable) dicho postulado no explica el motivo de la exclusión de dicho valor del cálculo de la sanción en este caso, pues a pesar de hacerse evidente con la liquidación realizada en la providencia judicial atacada, del impuesto de renta del año gravable 2006, que la sobretasa fue calculada por la sociedad contribuyente de manera equivocada, la Corporación no sustentó la razón para considerar que dicha diferencia no debía integrar la base para el cálculo e imposición de la sanción de inexactitud.
Lo anterior teniendo en cuenta que lo que el legislador buscó sancionar a la luz del artículo 647 del ET. fue: «la omisión de ingresos, de impuestos generados por las operaciones gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles de gravamen, así como la inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos, inexistentes, y, en general, la utilización en las declaraciones tributarias, o en los informes suministrados a las Oficinas de Impuestos, de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable…».
En este sentido, se revela una interpretación de las normas aplicables al caso en concreto, absolutamente irracional por parte de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en contravía de los derechos de la DIAN, al excluir el valor liquidado por concepto de sobretasa, de la sanción por inexactitud, pues tal decisión trasgrede de manera «grosera» la literalidad de lo señalado por el legislador en los artículos 647 y 648 del ET, en concordancia con el artículo 7 de la ley 863 de 2003, pues es de resaltar que Citibank en su declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2006, al calcular el valor a pagar por concepto de sobretasa del impuesto, lo hizo teniendo como base el impuesto neto de renta que liquidó en la suma de $40.253.280.000, valor que fue modificado por el Consejo de Estado al efectuar una nueva liquidación, al considerar que el valor real por este concepto correspondía a $51.144.178.000, evidenciándose así en la declaración privada un valor por concepto de sobretasa inferior al que realmente debía declarar, el cual al ser sumado con el impuesto neto de renta reflejó un menor impuesto a cargo, como se evidencia a continuación:
A partir de lo cual, sostuvo que a dicha autoridad judicial no le correspondía interpretar la norma, en tanto que esta no admite comentario alguno, el texto literal no tiene partes oscuras que ameriten la interpretación sistemática, histórica, teleológica, pues no tiene conceptos técnicos que requieran de pronunciamientos de expertos que acrediten el sentido de la norma; sino que el tenor literal de la norma es suficiente para establecer que la sanción por inexactitud corresponde al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar determinado por Citibank en la declaración privada y el establecido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en la sentencia de segunda instancia, sin que por ningún motivo se excluya la sobretasa del impuesto de renta para dicho cálculo.
1.2.2. Desconocimiento del precedente. También vulneró de manera abierta el «precedente» existente hasta el momento, en donde el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo había reconocido de manera clara que constituía inexactitud sancionable a la luz de lo señalado en el artículo 647 «en general, la utilización en la declaración de renta de datos o factores equivocados, incompletos o desfigurados; siempre que se derive un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor», sin contemplar excepción alguna, incluidos casos en los que examinó concretamente la legalidad de actos administrativos mediante los cuales la Administración Tributaria modificó las declaraciones privadas del impuesto sobre la renta de años fiscales en los cuales aplicaba la sobretasa a dicho impuesto, en los que nunca excluyó el valor correspondiente a la sobretasa del cálculo de la respectiva sanción de inexactitud, tal y como se evidencia en las siguientes providencias (transcribió los apartes pertinente), de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, así:
1.2.2.1. C. P. JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ, del 24 de agosto de 2017, expediente No. 66001-23-31-000-2011-00382-01 (20469); actor: AGREGADOS EL CAIRO SAS.
1.2.2.2. C. P. JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ, del 10 de agosto de 2017, proceso No. 76001-23-31-000-2010-01447-01 (20951); actor: TRANSPORTADORA DE VALORES ATLAS LTDA.
1.2.2.3. C. P. HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS, el 9 de marzo de 2017, radicación No. 05001-23-31-000-2009-01305-01 (20636), accionante: SOCIEDAD EDUARDO BOTERO SOTO Y CIA.
1.2.2.4. C. P. HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS (E), del 20 de febrero de 2017, proceso No. 54001-23-33-000-2012-00058-01 (20623), demandante: SANTIAGO ANTONIO REYES PRADA.
1.2.2.5. C. P. HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS, del 10 de diciembre de 2015; radicación No. 25000-23-27-000-2009-00006-01 (18531); actor: COLWAGEN SA.
1.2.2.6. C. P. JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ, del 4 de febrero de 2016, proceso No. 08001-23-31-000-2010-00189-01 (20052), accionante: SAFIMED LTDA.
De acuerdo con lo anterior es evidente que en el caso concreto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado anuló parcialmente los actos demandados mediante los cuales se modificó la declaración privada del impuesto sobre la renta del año 2006 presentada por Citibank y determinó de manera expresa la procedencia de la imposición de la sanción por inexactitud frente a las glosas aceptadas en favor de la Administración no debió excluir del cálculo de dicha sanción el valor de la sobretasa del impuesto sobre la renta.
Con ello afirmó que violó el «precedente jurisprudencial» al crear una excepción a la regla general, que la norma ni de la interpretación vía jurisprudencial por parte de la misma Corporación es posible soportar, pues es evidente que el erróneo cálculo en el impuesto sobre la renta, incluida la sobretasa a esta, deriva en la conducta sancionable con inexactitud, como lo es el menor impuesto pagado por parte del contribuyente.
1.3. Pretensión constitucional
Para lograr el restablecimiento de sus derechos, la accionante, solicitó:
«1. Se tutele en favor de mi representada los derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica, vulnerados con la sentencia proferida por parte del accionado, al incurrir en el defecto del desconocimiento del precedente judicial y el defecto material o sustantivo.
2. Como consecuencia de lo anterior, solicito se ordene al Consejo de Estado Sección Cuarta, que dentro del término de cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la notificación de la sentencia de la presente acción, proceda a revocar parcialmente la sentencia de segunda instancia proferida dentro del proceso judicial No. 2500023270002010-00277-01 instaurado por CITIBANK COLOMBIA S.A. y en su lugar profiera una sentencia de reemplazo en la cual se calcule la sanción por inexactitud sobre el ciento por ciento (100%) de la diferencia entre el saldo a pagar por impuesto liquidado por la sociedad en su declaración privada (Renta 2006) y el determinado por la sala en la providencia, sin que se deba excluir la sobretasa del impuesto de renta, al constituir dicho valor parte de la diferencia y concurrir la conducta sancionable prevista en la Ley».
2. Trámite de instancia
La Consejera ponente, mediante auto de 8 de junio de 2018, admitió la tutela y ordenó notificar como demandados a los magistrados de la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
De igual manera, ordenó comunicar como terceros con interés a los magistrados de la Subsección B, Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a Citibank Colombia SA.
3. Intervenciones
Remitidas las misivas del caso, se presentaron las siguientes:
3.1. La Sección Cuarta del Consejo de Estado
Al contestar la tutela solicitó negar sus pretensiones.
Explicó que la providencia acusada no incurrió en los defectos expuestos por la parte actora, porque en la sentencia de 15 de noviembre de 2017, dicha autoridad judicial expuso las razones por las que consideró que la sobretasa al impuesto sobre la renta no hace parte de la base para el cálculo de la sanción por inexactitud.
De manera textual, en esa oportunidad se expuso que «se trata de un porcentaje, cuyo pago recae en los contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta, equivalente a un porcentaje del impuesto neto de renta, es decir, no encaja en los hechos que constituyen inexactitud sancionable, en los términos del artículo 647 del ET, norma que se expidió con anterioridad a la creación de dicha sobretasa».
Además, afirmó que, en ninguna de las sentencias de esta Sección, citadas en el escrito de tutela, se analizó, en concreto, el tema de la exclusión de la sobretasa del impuesto de renta de la base para liquidar la sanción por inexactitud, razón por la cual, no es cierto que se haya desconocido el precedente judicial.
3.2. La Subsección B, Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Al intervenir solicitó que ser desvinculada del trámite, pues de la lectura de los cargos expuestos en la demanda de tutela, se verifica que la providencia judicial cuestionada por la DIAN es la proferida el 15 de noviembre de 2017, por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, razón por la cual ese tribunal no tiene legitimación en la causa por pasiva para continuar en el trámite de la acción constitucional, toda vez que frente a su actuar no se alega vulneración de ningún derecho fundamental.
3.3. Citibank Colombia SA
Al intervenir hizo referencia a los antecedentes del proceso ordinario y solicitó se declare la improcedencia de la acción de tutela, toda vez que el tema en discusión como está demostrado fue resuelto a través de otros medios judiciales como fue el de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por parte de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, donde claramente se respetó el debido proceso y el derecho de defensa a la DIAN y al contribuyente.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por la DIAN, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto No. 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto No. 1069 de 2015 modificado por el Decreto No. 1983 de 2017, así como el Acuerdo No. 55 de 2003 de la Sala Plena de la Corporación.
2. Asunto bajo análisis
De acuerdo con los antecedentes de la acción de tutela y las intervenciones que se presentaron, corresponde a la Sala determinar:
i. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y en caso de que se supere lo anterior;
ii. Si con la decisión adoptada en segunda instancia por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, se vulneró alguno de los derechos invocados por la tutelante.
3. Cuestión previa
La Subsección B, Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitó ser desvinculada del trámite, bajo el argumento que no posee legitimación en la causa por pasiva, por cuanto la DIAN cuestionada la providencia de segunda instancia y no la proferida por dicha autoridad judicial.
Esta Sala de Decisión negará tal reclamo, toda vez que su vinculación al presente proceso fue en calidad de tercero con interés y no como accionada.
4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
Esta Sección, mayoritariamente, venía considerando que la acción de tutela contra providencia judicial era improcedente por dirigirse contra una decisión judicial. Solo en casos excepcionales se admitía su procedencia, eventos éstos que estaban relacionados con un vicio procesal ostensible y desproporcionado que lesionara el derecho de acceso a la administración de justicia en forma individual o en conexidad con el derecho de defensa y contradicción.
Sin embargo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Señaló la Sala Plena en el fallo en mención:
«De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente». Énfasis propio.
A partir de esa decisión de la Sala Plena, la Corporación debe modificar su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 de la Constitución Política y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.
A partir de esa decisión, se dejó en claro que la acción de tutela se puede interponer contra decisiones de las Altas Cortes, específicamente, las del Consejo de Estado, autos o sentencias, que desconozcan derechos fundamentales, asunto que en cada caso deberá probarse y en donde el Actora tendrá la carga de argumentar las razones de la violación.
En ese sentido, si bien la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, no ha distinguido con claridad cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -improcedencia sustantiva- y cuáles impiden analizar el fondo del asunto -improcedencia adjetiva-.
Por tanto, se debe verificar que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los mecanismos judiciales, ordinarios y extraordinarios de defensa, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá principalmente: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
4. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva
4.1. Tutela contra Tutela
La Sala no encuentra problema alguno frente a este requisito, pues a través de la presente acción constitucional se cuestiona la decisión adoptada en segunda instancia el 15 de noviembre de 2017, por parte la Sección Cuarta del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de marras.
4.2. Inmediatez
Este juez constitucional evidencia que la presente tutela se ejerció en un término razonable, toda vez que la decisión cuestionada se adoptó en la fecha atrás indicada, frente a la que se presentó solicitud de aclaración y corrección de sentencia, la que se negó con auto del 22 de febrero de 2018, providencia que fue notificada en estado del 5 de abril del presente año, quedando ejecutoriada el 10 de ese mes y año y la acción constitucional se radicó el 6 de junio de 2018.
4.3. Subsidiariedad
Finalmente, frente al tercer requisito aludido, esto es, la subsidiariedad, la Sala encuentra que la parte actora no dispone de otros medios de defensa judicial, ordinarios o extraordinarios, para censurar la providencia presuntamente atentatoria de sus derechos fundamentales, toda vez que las censuras planteadas no se ajustan a las causales señaladas para tal procedencia, de acuerdo con lo establecido en los artículos 248 y 257 de la Ley 1437 de 2011.
5. Fondo del asunto
Para la Sala, una vez analizados los argumentos de la acción, las intervenciones, se procede a revisar las razones que planteó la Sección Cuarta del Consejo de Estado, sobre la sanción por inexactitud, a partir de lo cual se determinará se configura alguno de los defectos alegados por la DIAN, en el presente caso.
5.1. El defecto sustantivo alegado
La autoridad judicial que se cuestiona, en el numeral octavo de sus consideraciones, expresó lo que sigue sobre la mencionada sanción y la exclusión de la sobretasa del 10% al impuesto de renta, así:
«8.1 Conforme con el artículo 647 del ET, es claro que constituye inexactitud sancionable (i) la omisión de ingresos, la inclusión de costos, deducciones o descuentos inexistentes y (ii) en general, la utilización en la declaración de renta de datos o factores equivocados, incompletos o desfigurados; siempre que se derive un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor.
Esta misma norma señala que no se configura inexactitud sancionable cuando el menor valor a pagar que resulte en las declaraciones tributarias se derive de errores de apreciación o de diferencias de criterio entre las oficinas de impuestos y el declarante, relativos a la interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos.
8.2 Respecto de los errores de apreciación o de la diferencia de criterio relativos al derecho aplicable la Sala ha dicho que debe versar sobre el derecho aplicable, con la condición que los hechos y cifras declaradas sean veraces y completos. De esta manera, existe diferencia de criterio “cuando la discrepancia debe basarse en una argumentación sólida que, aunque equivocada, permita concluir que su interpretación en cuanto al derecho aplicable llevó al convencimiento que su actuación estaba amparada legalmente, pero no ocurre lo mismo, cuando a pesar de su apariencia jurídica, no tiene fundamento objetivo y razonable”.
8.3 Es por lo anterior que, aunque una erogación sea real, no necesariamente conduce a que se exonere al contribuyente de la sanción por inexactitud, porque en cada caso particular se debe analizar si la inclusión de esta, como deducción, obedeció a una errónea interpretación que “se presenta cuando se aplica la norma pertinente, pero atribuyéndole un sentido o alcance que no le corresponde”, caso en el cual, se debe examinar si el contenido de la norma se prestaba a distintas interpretaciones y, en concreto, a la dada por el contribuyente, o a una indebida interpretación que “ocurre cuando, sin mediar un error de entendimiento sobre el significado de la norma, se aplica a un hecho o situación no previsto en el supuesto fáctico de la disposición, o se le hace producir efectos distintos de los contemplados en el precepto legal”.
8.3.1 En casos como el presente, en el que la parte actora alega una diferencia de criterios en cuanto a la norma aplicable, es imprescindible que se parta del hecho que la redacción de la norma induce a varias interpretaciones, incluida la otorgada por el contribuyente, por lo que se descarta la exoneración de la sanción por inexactitud cuando la norma es clara o cuando se hace una interpretación forzada o carente de argumentación.
8.3.2 Conforme con lo anterior y descendiendo al asunto sub examine, la Sala advierte que en el presente asunto no se configuró la diferencia de criterios alegada por la parte actora; por el contrario, se evidenció una indebida interpretación de la norma aplicable.
Y, aunque la parte actora solicitó que se levante la sanción por inexactitud impuesta en los actos administrativos demandados, porque el rechazo de las glosas se concretó en la deficiencia probatoria, más {sic} no en la realidad de la inversión, la Sala reitera que la falta de prueba sobre la realidad y procedencia de las partidas declaradas, no exime de la sanción por inexactitud.
8.3.3 Es tan notable que la ausencia de prueba no exime de la sanción por inexactitud, que de manera expresa, en el artículo 287 de la Ley 1819 de 2016, norma que no se encontraba vigente para la época de los hecho {sic}, pero, que resulta ilustrativa para reforzar el argumento expuesto con anterioridad, el legislador dispuso que “[a]demás del rechazo de los costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos que fueren inexistentes o inexactos, y demás conceptos que carezcan de sustancia económica y soporte en la contabilidad, o que no sean plenamente probados de conformidad con las normas vigentes, las inexactitudes de que trata el presente artículo se sancionarán de conformidad con lo señalado en el artículo 648 de este Estatuto” (Subraya la Sala).
8.3.4 Por lo anterior, la sanción por inexactitud impuesta en los actos administrativos se encuentra ajustada a derecho y se debe mantener, teniendo en cuenta lo resuelto en esta sentencia.
8.4. Sin embargo, la Sala pone de presente que mediante el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016, que modificó el artículo 640 del ET, se estableció que “el principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior”.
Al compararse la regulación de la sanción por inexactitud consagrada en el artículo 647 del ET, con la modificación efectuada por la Ley 1819 de 2016, la Sala aprecia que esta última establece la sanción más favorable para el sancionado en tanto disminuyó el valor del 160% -establecido en la legislación anterior- al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente.
En consideración a lo anterior, se dará aplicación al principio de favorabilidad y se establecerá el valor de la sanción por inexactitud en el 100% y no el 160% impuesto en los actos demandados.
Del cálculo de dicha sanción, se debe excluir el monto de la sobretasa al impuesto sobre la renta, porque como es sabido, se trata de un porcentaje, cuyo pago recae en los contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta, equivalente a un porcentaje del impuesto neto de renta, es decir, no encaja en los hechos que constituyen inexactitud sancionable, en los términos del artículo 647 del ET, norma que se expidió con anterioridad a la creación de dicha sobretasa».
Para este juez constitucional de la lectura de lo anterior, se configura el defecto sustantivo por interpretación irrazonable, pues la Sección Cuarta le está dando un alcance diferente a la claridad de los artículos 647 y 648 del Estatuto Tributario, que regulan la sanción por inexactitud, pues como se explicara no existe normativa que permita la exclusión de la sobretasa del impuesto de renta, creada por el artículo 7º de la Ley 863 de 2003, para fijar aquella, veamos porque:
Estatuto Tributario, artículo 647
Vigente al momento de los hechos.
Modificado por el artículo 287 de la Ley 1819 de 2016.
Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, la omisión de ingresos, de impuestos generados por las operaciones gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles de gravamen, así como la inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos, inexistentes, y, en general, la utilización en las declaraciones tributarias, o en los informes suministrados a las Oficinas de Impuestos, de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable. Igualmente, constituye inexactitud, el hecho de solicitar compensación o devolución, sobre sumas a favor que hubieren sido objeto de compensación o devolución anterior.
La sanción por inexactitud será equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) DE LA DIFERENCIA ENTRE EL SALDO A PAGAR O SALDO A FAVOR, según el caso, determinado en la liquidación oficial, y el declarado por el contribuyente o responsable (resaltado de la Sala) Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo que se genere al modificar el impuesto declarado por el contribuyente.
Sin perjuicio de las sanciones de tipo penal vigentes, por no consignar los valores retenidos, constituye inexactitud de la declaración de retenciones en la fuente, el hecho de no incluir en la declaración la totalidad de retenciones que han debido efectuarse, o el efectuarlas y no declararlas, o el declararlas por un valor inferior. En estos casos la sanción por inexactitud será equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) del valor de la retención no efectuada o no declarada.
En el caso de las declaraciones de ingresos y patrimonio, la sanción por inexactitud será del veinte por ciento (20%), de los valores inexactos por las causales enunciadas en el inciso primero del presente artículo, aunque en dichos casos no exista impuesto a pagar.
La sanción por inexactitud a que se refiere este artículo, se reducirá cuando se cumplan los supuestos y condiciones de los artículos 709 y 713.
No se configura inexactitud, cuando el menor valor a pagar que resulte en las declaraciones tributarias, se derive de errores de apreciación o de diferencias de criterio entre las Oficinas de impuestos y el declarante, relativos a la interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos.
Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias, siempre que se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente, agente retenedor o responsable, las siguientes conductas:
1. La omisión de ingresos o impuestos generados por las operaciones gravadas, de bienes, activos o actuaciones susceptibles de gravamen.
2. No incluir en la declaración de retención la totalidad de retenciones que han debido efectuarse o el efectuarlas y no declararlas, o efectuarlas por un valor inferior.
3. La inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos, inexistentes o inexactos.
4. La utilización en las declaraciones tributarias o en los informes suministrados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de datos o factores falsos, desfigurados, alterados, simulados o modificados artificialmente, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente, agente retenedor o responsable.
5. Las compras o gastos efectuados a quienes la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales hubiere declarado como proveedores ficticios o insolventes.
6. Para efectos de la declaración de ingresos y patrimonio, constituye inexactitud las causales enunciadas en los incisos anteriores, aunque no exista impuesto a pagar.
PARÁGRAFO 1º. Además del rechazo de los costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos que fueren inexistentes o inexactos, y demás conceptos que carezcan de sustancia económica y soporte en la contabilidad, o que no sean plenamente probados de conformidad con las normas vigentes, las inexactitudes de que trata el presente artículo se sancionarán de conformidad con lo señalado en el artículo 648 de este Estatuto.
PARÁGRAFO 2º. No se configura inexactitud cuando el menor valor a pagar o el mayor saldo a favor que resulte en las declaraciones tributarias se derive de una interpretación razonable en la apreciación o interpretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos.
Estatuto Tributario, artículo 648
Vigente al momento de los hechos.
Artículo modificado por el artículo 288 de la Ley 1819 de 2016.
LA SANCIÓN POR INEXACTITUD PROCEDE SIN PERJUICIO DE LAS SANCIONES PENALES. Lo dispuesto en el artículo anterior, se aplicará sin perjuicio de las sanciones que resulten procedentes de acuerdo con el Código Penal, cuando la inexactitud en que se incurra en las declaraciones constituya delito.
Si el Director de Impuestos Nacionales los Administradores o los funcionarios competentes, consideran que en determinados casos se configuran inexactitudes sancionables de acuerdo con el Código Penal, deben enviar las informaciones del caso a la autoridad o juez que tengan competencia para adelantar las correspondientes investigaciones penales.
SANCIÓN POR INEXACTITUD. La sanción por inexactitud será equivalente al ciento por ciento (100%) DE LA DIFERENCIA ENTRE EL SALDO A PAGAR O SALDO A FAVOR, según el caso, determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente, agente retenedor o responsable, o al quince por ciento (15%) de los valores inexactos en el caso de las declaraciones de ingresos y patrimonio (resaltado de la Sala).
Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo que se genere al modificar el impuesto declarado por el contribuyente.
En los siguientes casos, la cuantía de la sanción de que trata este artículo será:
1. Del doscientos por ciento (200%) del mayor valor del impuesto a cargo determinado cuando se omitan activos o incluyan pasivos inexistentes.
2. Del ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia de que trata el inciso 1º de este artículo cuando la inexactitud se origine de las conductas contempladas en el numeral 5º del artículo 647 del Estatuto Tributario o de la comisión de un abuso en materia tributaria, de acuerdo con lo señalado en el artículo 869 del Estatuto Tributario.
3. Del veinte por ciento (20%) de los valores inexactos en el caso de las declaraciones de ingresos y patrimonio, cuando la inexactitud se origine de las conductas contempladas en el numeral 5 del artículo 647 del Estatuto Tributario o de la comisión de un abuso en materia tributaria, de acuerdo con lo señalado en el artículo 869 del Estatuto Tributario.
4. Del cincuenta por ciento (50%) de la diferencia entre el saldo a pagar determinado por la Administración Tributaria y el declarado por el contribuyente, en el caso de las declaraciones de monotributo.
PARÁGRAFO 1º. La sanción por inexactitud prevista en el inciso 1º del presente artículo se reducirá en todos los casos siempre que se cumplan los supuestos y condiciones de que tratan los artículos 709 y 713 de este Estatuto.
PARÁGRAFO 2º. La sanción por inexactitud a que se refiere el numeral 1º de este artículo será aplicable a partir del periodo gravable 2018.
De los anteriores cuadros es claro que tanto la norma vigente al momento de la presentación de la declaración de renta por Citibank del año gravable de 2006, como la aplicada por la autoridad judicial, esto es la modificada por la Ley 1819 de 2016, fijaban que la «sanción por inexactitud será equivalente al ciento por ciento (100%) DE LA DIFERENCIA ENTRE EL SALDO A PAGAR O SALDO A FAVOR, según el caso, determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente, agente retenedor o responsable».
La norma es clara al fijar que la sanción por inexactitud se determina a partir de la diferencia entre el saldo a pagar o favor de impuesto de renta, según sea el caso, para lo cual hay que tener presente los formularios establecidos por la DIAN para las declaraciones de renta de los años gravable 2004, 2005 y 2005, así:
Año gravable 2004:
https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/formulariosinstructivos/Formularios/2005/Formulario_110_2005.pdf
Año gravable 2005:
https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/formulariosinstructivos/Formularios/2006/Formulario_110_2006.pdf
Año gravable 2006
https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/formulariosinstructivos/Formularios/2007/Formulario_110_2007.pdf
El formulario No. 110 dispuesto por la DIAN, para la «Declaración de Renta y Complementarios o Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídica y Asimiladas, Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar Contabilidad», para los años gravables a los que aplica la sobretasa fijada por el artículo 7º de la Ley 863 de 2003, en el apartado de liquidación privada, fijó:
Lo anterior, será ilustrativo para observar en qué momento se aplicó la sobretasa (casilla 77), mientras que el saldo a pagar del impuesto (casilla 87) o saldo a favor (casilla 90), estas dos últimas, dependiendo del caso, son las utilizadas para realizar la comparación entre la liquidación privada y la revisión oficial, para fijar la sanción por inexactitud, motivo por el cual, la Ley 863 de 2003 estableció como parte integrante de la declaración de renta de los contribuyentes la sobretasa a esta, para los mencionados años gravables 2004, 2005 y 2006, y los artículos 647 y 648 del ET, son claros en establecer cómo se fija el valor, al existir inexactitudes en su presentación, se hace de la comparación, se reitera del saldo a pagar del impuesto o saldo a favor, según corresponda, sin que exista un fundamento normativo para la exclusión de la sobretasa en los términos hechos por la Sección Cuarta en la providencia que se cuestiona, razón por la que, para este juez constitucional, se configura el defecto sustantivo alegado.
Aunado a lo anterior, como lo puso de presente la DIAN en las sentencias indicadas como desconocidas, la Sección Cuarta nunca excluyó la sobretasa al momento de fijar la sanción por inexactitud, al haber modificado vía judicial las revisiones oficiales de la accionante, veamos algunas de ellas:
1. C. P. JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ, del 24 de agosto de 2017, expediente No. 66001-23-31-000-2011-00382-01 (20469); actor: AGREGADOS EL CAIRO SAS; año gravable que se revisó 2006:
«7. En consecuencia, la Sala procederá a practicar una nueva liquidación del impuesto de renta del año 2006, en el sentido de recalcular la sanción por inexactitud en la suma de $1.071.629.000 y establecer el saldo a pagar en la suma de $2.208.833.000.
Concepto
Privada
Liquidación Oficial
Consejo de Estado
Saldo a pagar por impuesto
58.957.000
1.130.586.000
1.130.586.000
Sanciones
6.618.000
1.721.224.000
1.078.247.000
Total saldo a pagar
65.575.000
2.851.811.000
2.208.833.000
Total saldo a favor
0
0
0
Liquidación Sanción por
inexactitud
DIAN
CE
Saldo a pagar por impuesto
1.130.586.000
1.130.586.000
Menos: Saldo a pagar declarado
58.957.000
58.957.000
Diferencia
1.071.629.000
1.071.629.000
Base sanción
1.071.629.000
1.071.629.000
Valor sanción
160%
100%
SANCIÓN
1.714.606.400
1.071.629.000
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley».
Como se evidencia para revisar la diferencia se tomó la casilla 87, es decir, el saldo a pagar del impuesto.
2. C. P. JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ, del 10 de agosto de 2017, proceso No. 76001-23-31-000-2010-01447-01 (20951); actor: TRANSPORTADORA DE VALORES ATLAS LTDA; año gravable que se revisó 2005:
«3.1. Conforme con lo expuesto, la Sala revocará la sentencia del Tribunal y, en su lugar, se declarará la nulidad parcial de los actos administrativos demandados, para reconocer la erogación por la suma de $632.949.199, mantener el rechazo por la suma de $707.728.628 y liquidar la correspondiente sanción por inexactitud, aplicando la sanción más favorable (100%), conforme con la siguiente liquidación:
LIQ. PRIVADA
L.O.R.
LIQ C. DE E.
Efectivo, bancos, cuentas de ahorro
3.387.413.000
3.387.413.000
3.387.413.000
Cuentas por cobrar
4.479.213.000
4.479.213.000
4.479.213.000
Acciones y aportes
424.257.000
424.257.000
424.257.000
Activos fijos
7.117.438.000
7.117.438.000
7.117.438.000
Total patrimonio bruto
15.408.321.000
15.408.321.000
15.408.321.000
Pasivos
8.214.120.000
8.214.120.000
8.214.120.000
Total patrimonio líquido
7.194.201.000
7.194.201.000
7.194.201.000
Ingresos brutos operacionales
31.238.334.000
31.238.334.000
31.238.334.000
Ingresos brutos no operacionales
91.163.000
91.163.000
91.163.000
Intereses y rendimientos financieros
131.800.000
131.800.000
131.800.000
Utilidad por exposición a la inflación
10.664.000
10.664.000
10.664.000
Total ingresos brutos
31.471.961.000
31.471.961.000
31.471.961.000
Devoluciones, rebajas y descuentos
950.447.000
950.447.000
950.447.000
Ingresos no constitutivos de renta
1.365.000
1.365.000
1.365.000
Total ingresos netos
30.520.149.000
30.520.149.000
30.520.149.000
Costo de ventas
17.791.955.000
16.451.277.000
17.084.226.000
Total costos
17.791.955.000
16.451.277.000
17.084.226.000
Gastos operacionales de administración
1.959.155.000
1.959.155.000
1.959.155.000
Gastos operacionales de ventas
2.031.221.000
2.031.221.000
2.031.221.000
Deducción inversiones en activos fijos
1.276.493.000
1.276.493.000
1.276.493.000
Otras deducciones
393.619.000
393.619.000
393.619.000
Total deducciones
5.660.488.000
5.660.488.000
5.660.488.000
Renta líquida ordinaria
7.067.706.000
8.408.384.000
7.775.435.000
Renta líquida del ejercicio
7.067.706.000
8.408.384.000
7.775.435.000
Renta líquida
7.067.706.000
8.408.384.000
7.775.435.000
Renta presuntiva
317.861.000
317.861.000
317.861.000
Renta líquida gravable
7.067.706.000
8.408.384.000
7.775.435.000
Impuesto sobre la renta líquida gravable
2.473.697.000
2.942.934.000
2.721.402.000
Impuesto neto de renta
2.473.697.000
2.942.934.000
2.721.402.000
Sobretasa impuesto a la renta
247.370.000
294.293.000
272.140.000
Total impuesto a cargo
2.721.067.000
3.237.227.000
2.993.542.000
Autorretenciones
1.097.277.000
1.097.277.000
1.097.277.000
Otras retenciones
3.628.000
3.628.000
3.628.000
Total retenciones año gravable 2005
1.100.905.000
1.100.905.000
1.100.905.000
Anticipo por el año gravable
135.949.000
135.949.000
135.949.000
Anticipo renta por el año gravable 2006
275.802.000
275.802.000
275.802.000
Saldo a pagar por impuesto
1.760.015.000
2.276.175.000
2.032.490.000
Sanciones
2.426.000
828.282.000
274.901.000
Total saldo a pagar
1.762.441.000
3.104.457.000
2.307.391.000
CALCULO DE SANCION POR INEXACTITUD
(Ley 1819/16 artículos 282, 287 y 288)
Saldo a pagar liquidación privada sin sanciones
1.760.015.000
Saldo a pagar liquidación Consejo de Estado sin sanciones
2.032.490.000
Diferencia
272.475.000
Sanción por inexactitud: 100%
272.475.000
Sanción liquidada por contribuyente
2.426.000
Total sanciones
274.901.000
3.2 A su vez, se adicionará la providencia apelada, para inhibirse la Sala de decidir respecto de la pretensión de ilegalidad del requerimiento especial, porque aunque el Tribunal, en la parte motiva de la sentencia apelada, concluyó que este acto administrativo no es objeto de control jurisdiccional, omitió referirse al respecto en la parte resolutiva de la citada providencia».
Como se evidencia para revisar la diferencia se tomó la casilla 87, es decir, el saldo a pagar del impuesto.
3. C. P. HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS, el 9 de marzo de 2017, radicación No. 05001-23-31-000-2009-01305-01 (20636), accionante: SOCIEDAD EDUARDO BOTERO SOTO Y CIA., año gravable 2004:
«Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la Sala revocará la sentencia apelada y, en su lugar, declarará la nulidad parcial de los actos demandados. A título de restablecimiento del derecho, se fijará una nueva liquidación del impuesto sobre la renta del año 2004, a cargo de la sociedad actora, en la que se confirma el rechazo de las deducciones. Sin embargo, se reliquidará la sanción por inexactitud teniendo en cuenta lo dicho anteriormente.
CONCEPTO
LIQ.PRIVADA
LIQ. OFICIAL
LIQ.CONS.EST.
TOTAL GASTOS DE NOMINA
33
3.412.531.000
3.412.531.000
3.412.531.000
APORTES AL SISTEMA DE SEG. SOCIAL
34
637.010.000
637.010.000
637.010.000
APORTES AL SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENS.
35
298.283.000
298.283.000
298.283.000
EFECTIVO, BANCOS, CTAS. BCOS. INVERS. MOBILIARIAS CTAS. COBRAR
36
369.382.000
369.382.000
369.382.000
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
37
22.108.923.000
22.108.923.000
22.108.923.000
ACCIONES Y APORTES (SOC ANON)
38
1.112.029.000
1.112.029.000
1.112.029.000
INVENTARIOS
39
0
0
0
ACTIVOS FIJOS
40
3.467.312.000
3.467.312.000
3.467.312.000
OTROS ACTIVOS
41
708.747.000
708.747.000
708.747.000
TOTAL PATRIMONIO BRUTO
42
27.766.393.000
27.766.393.000
27.766.393.000
PASIVOS
43
13.251.324.000
13.251.324.000
13.251.324.000
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO/ NEGATIVO
44
14.515.069.000
14.515.069.000
14.515.069.000
INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES
45
12.698.601.000
12.698.601.000
12.698.601.000
INGRESOS BRUTOS NO OPERACIONALES
46
126.100.000
126.100.000
126.100.000
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS
47
379.831.000
379.831.000
379.831.000
UTILIDADES POR EXPOSICION A LA INFLACION
48
0
0
0
TOTAL INGRESOS BRUTOS
49
13.204.532.000
13.204.532.000
13.204.532.000
MENOS: DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y REBAJAS
50
0
0
0
OTROS INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RTA. NI GANANC.OCASIONAL
51
39.000
39.000
39.000
TOTAL INGRESOS NETOS
52
13.204.493.000
13.204.493.000
13.204.493.000
COSTOS DE VENTA (PARA SISTEMA PERMANENTE)
53
0
0
0
OTROS COSTOS
54
6.846.000
6.846.000
6.846.000
TOTAL COSTOS
55
6.846.000
6.846.000
6.846.000
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
56
10.494.011.000
10.494.011.000
10.494.011.000
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
57
0
0
0
DEDUCCION INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS
58
225.644.000
70.783.000
70.783.000
PERDIDA POR EXPOSICION A LA INFLACION
59
512.180.000
512.180.000
512.180.000
OTRAS DEDUCCIONES (SERVICIOS, ARREND., ETC.)
60
670.807.000
670.807.000
670.807.000
TOTAL DEDUCCIONES
61
11.902.642.000
11.747.781.000
11.747.781.000
RENTA LIQUIDA DEL EJERCICIO
62
1.295.005.000
1.449.866.000
1.449.866.000
COMPENSACIONES
63
0
0
0
RENTA LIQUIDA
64
1.295.005.000
1.449.866.000
1.449.866.000
O PERDIDA LIQUIDA
65
0
0
0
RENTA PRESUNTIVA
66
743.740.000
743.740.000
743.740.000
TOTAL RENTAS EXENTAS
67
0
0
0
RENTA LIQUIDA ESPECIAL POR RECUP. DED.
68
0
0
0
RENTA LIQUIDA GRAVABLE
69
1.295.005.000
1.449.866.000
1.449.866.000
IMPUESTO SOBRE RENTA GRAVABLE
70
453.252.000
507.453.000
507.453.000
DESCUENTOS TRIBUTARIOS
71
0
0
0
IMPUESTO NETO DE RENTA
72
453.252.000
507.453.000
507.453.000
SOBRETASA IMPUESTO A LA RENTA
73
45.325.000
50.745.000
50.745.000
IMPUESTO DE GANANCIAS OCASIONALES
74
0
0
0
IMPUESTO DE REMESAS
75
0
0
0
TOTAL IMP. A CARGO/IMP.GENERADO POR OPERACIONES GRAV.
76
498.577.000
558.198.000
558.198.000
AUTORRETENCIONES
77
122.051.000
122.051.000
122.051.000
OTROS CONCEPTOS
78
12.293.000
12.293.000
12.293.000
TOTAL RETENCIONES AÑO GRAVABLE
79
134.344.000
134.344.000
134.344.000
MENOS: SALDO FVR.SIN SOL.DEV.O COMP./SALDO FVR.PERS.FIS.ANT.
80
0
0
0
MENOS: ANTICIPO POR EL AÑO GRAVABLE
81
131.896.000
131.896.000
131.896.000
MENOS: ANTICIPO SOBRETASA AÑO GRAVABLE
82
22.905.000
22.905.000
22.905.000
MÁS: ANTICIPO POR EL AÑO GRAVABLE SGTE.
83
207.399.000
207.399.000
207.399.000
MAS: SANCIONES
84
0
95.394.000
59.621.000
TOTAL SALDO A PAGAR
85
416.831.000
571.846.000
536.073.000
O TOTAL SALDO A FAVOR
86
0
0
IMPUESTO A PAGAR DETERMINADO
558.198.000
MENOS: IMPUESTO A PAGAR DECLARADO
498.577.000
MAYOR IMPUESTO A PAGAR
59.621.000
PORCENTAJE APLICABLE
100%
SANCIÓN LIQUIDADA C.E.
59.621.000
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley».
En este último caso si bien no se tomó la casilla de saldo a pagar, sí se observa que no excluyó la sobretasa, establecida por el artículo 7º de la Ley 863 de 2003, para calcular vía judicial la sanción por inexactitud.
En vista de lo anterior, para este juez constitucional se ha configurado el defecto sustantivo, toda vez que los artículos 647 y 648 del Estatuto Tributario establecen de forma clara que la sanción por inexactitud se establece de la diferencia que resultada de comparar el saldo a pagar del impuesto (casilla 87) o saldo a favor (casilla 90), según corresponda, de la liquidación privada y la realizadas por la DIAN o por la autoridad judicial; de igual manera se evidenció que el presente caso, la providencia cuestionada se apartó de la jurisprudencia de dicha Sección, que al momento de fijar aquella sanción nunca excluyó la sobretasa al impuesto de renta establecido por el artículo 7º de la Ley 863 de 2003, para los años gravables 2004, 2005 y 2006, motivo por el cual se ampararán los derechos al debido proceso e igualdad, en el presente caso.
Como consecuencia de lo anterior se dejará sin efectos la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 15 de noviembre de 2017, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000-23-27-000-2010-00277-01, que promovió Citibank Colombia SA contra la tutelante, para que dentro de los 30 días siguientes a la notificación de esta providencia profiera sentencia de reemplazo sin excluir la sobretasa de la sanción por inexactitud, conforme lo establecen los artículos 647 y 648 del Estatuto Tributario.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad de la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN, de conformidad con la parte motiva de la presente decisión.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, dejar sin efectos la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 15 de noviembre de 2017, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000-23-27-000-2010-00277-01, que promovió Citibank Colombia SA contra la tutelante, para que dentro de los 30 días siguientes a la notificación de esta providencia profiera sentencia de reemplazo sin excluir la sobretasa de la sanción por inexactitud, conforme lo establecen los artículos 647 y 648 del Estatuto Tributario.
TERCERO: Negar la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta por la Subsección B, Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de acuerdo con lo expresado en este proveído.
CUARTO: Notificar a las partes según lo establecido por el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
QUINTO: En caso de no ser impagada la presente decisión, enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido por el artículo 31 del Decreto No. 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Ausente con excusa
Fls. 1 – 49. Poder fl. 50.
Fls. 114 - 157.
Énfasis del original.
Fls. 109 – 113.
Énfasis del original.
Énfasis del original.
Énfasis del original.
Énfasis del original.
Énfasis del original.
Fls. 69 - 70.
Fls. 71 - 75.
Fl. 76.
Fls. 77 – 78.
Fls. 79 – 94.
Sobre el particular, el Consejero Ponente mantuvo una tesis diferente sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial que se puede consultar en los salvamentos y aclaraciones de voto que se hicieron en todas las acciones de tutela que conoció la Sección. Ver, por ejemplo, salvamento a la sentencia Consejera Ponente: Dra. Susana Buitrago Valencia. Radicación: 11001-03-15-000-2011-00546-01, accionante: Oscar Enrique Forero Nontien y accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro.
Sala Plena. Consejo de Estado. Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actor: Nery Germania Álvarez Bello. Consejera Ponente: María Elizabeth García González.
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.
Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
Sala Plena. Consejo de Estado. Rad. No. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actor: Nery Germania Álvarez Bello. Consejera Ponente: María Elizabeth García González.
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.
Fls. 109 – 113.
Consulta web de la Corporación:
Fl. 1.
«Sentencia del 12 de marzo de 2009, radicado No. 16575, C. P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia. Reiterada en la sentencia del 6 de agosto de 2014, radicado Nro. 250002327000-2009-00220-01 [19288], C.P. Jorge Octavio Ramírez».
«Cfr. la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Labora, sentencia del 10 de abril de 2003, expediente Nro. 20059, M.P. Eduardo López Villegas».
«Ibídem».
«Esta posición se ha expuesto, entre otras, en la sentencia de 5 de mayo de 2011, 5 de mayo de 2011, radicado Nro. 47001-23-31-000-2002-00306-01[17306], C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, reiterada en la sentencia de 2 de julio de 2015, radicado Nro. 25000-23-27-000-2010-00130-01[19439], C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez».
«Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal y se dictan otras disposiciones».
«Artículo 647. Sanción por inexactitud. […]
La sanción por inexactitud será equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial, y el declarado por el contribuyente o responsable. Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo que se genere al modificar el impuesto declarado por el contribuyente».
«La apoderada de la parte actora, mediante escrito radicado el 5 de junio de 2017, solicitó que se aplicara este principio en el caso concreto, conforme con lo previsto en el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016. Fl. 1153 del c.p. Nro. 3».
«En este sentido, cfr. las sentencias de esta Sección, proferidas el 20 de febrero de 2017, radicado Nro. 150012333000-2013-00685-01 [21089] y el 29 de junio de 2017, radicado Nro. 760012331000-2010-01447-01 [20951], entre otras.
C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez».
«El artículo 29 de la Ley 788 de 2002, adicionó el artículo 260-11 del ET y creó la sobretasa para los contribuyentes obligados a declarar impuesto sobre la renta, en los siguientes términos:
“Artículo 260-11. Sobretasa a cargo de los contribuyentes obligados a declarar el impuesto sobre la renta. Créase una sobretasa a cargo de los contribuyentes obligados a declarar el impuesto sobre la renta y complementarios. Esta sobretasa será equivalente para el año gravable 2003 al diez por ciento (10%) del impuesto neto de renta determinado por dicho año gravable. A partir del año gravable 2004 ésta sobretasa será equivalente al cinco por ciento (5%) del impuesto neto de renta del respectivo período gravable.
La sobretasa aquí regulada se liquidará en la respectiva declaración de renta y complementarios y no será deducible ni descontable en la determinación del impuesto sobre la renta.
Parágrafo. La sobretasa que se crea en este artículo está sujeta para el ejercicio 2003 a un anticipo del 50% del valor de la misma calculada con base en el impuesto neto de renta del año gravable 2002, el cual deberá pagarse durante el segundo semestre del año 2003, en los plazos que fije el reglamento”».
Énfasis del original.
Énfasis de la Sala.
Todos: https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/formulariosinstructivos/Paginas/default.aspx
«SOBRETASA A CARGO DE LOS CONTRIBUYENTES OBLIGADOS A DECLARAR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Modifícase el artículo 260-11 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
“Artículo 260-11. Sobretasa a cargo de los contribuyentes obligados a declarar el impuesto sobre la renta. Por los años gravables 2004, 2005 y 2006, créase una sobretasa a cargo de los contribuyentes obligados a declarar el impuesto sobre la renta y complementarios. Esta sobretasa será equivalente al diez por ciento (10%) del impuesto neto de renta determinado por cada año gravable.
La sobretasa aquí regulada se liquidará en la respectiva declaración de renta y complementarios y no será deducible ni descontable en la determinación del impuesto sobre la renta.
PARÁGRAFO. La sobretasa que se crea en este artículo está sujeta para el ejercicio gravable 2004 a un anticipo del cincuenta por ciento (50%) del valor de la misma, calculado con base en el impuesto neto de renta del año gravable 2003, el cual deberá pagarse en los plazos que fije el reglamento.”».
«Incluye la sanción declarada por el contribuyente por $6.618.000 y la sanción por inexactitud determinada en los actos por $1.714.606.400».
«Incluye la sanción declarada por el contribuyente por $6.618.000 y la sanción por inexactitud determinada en $1.071.629.000».
«Conforme con e artículo 577 del ET, los valores diligenciados en los formularios de las declaraciones tributarias, deberán aproximarse al múltiplo de mil (1000) más cercano; por lo tanto, en la liquidación se verán reflejadas las siguientes sumas: $632.949.000 y $707.729.000».
«Fl. 341 del c.p.».
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