RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2018-01882-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-01882-00

Fecha
24 de marzo de 2022
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-01882-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el magistrado Julio Roberto Piza Rodríguez. Como consecuencia, se le separa del conocimiento del presente asunto. SEGUNDO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia de 24 de octubre de 2012, proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado. TERCERO: CONDENAR en costas a la parte actora. Por concepto de agencias en derecho se fija la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, a favor de la señora Luz Stella Escárraga López. Por Secretaría General de la Corporación, liquídense los gastos procesales. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema 30 Radicación Número: 11001-03-15-000-2018-01882-00 Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y otros- Demandado: Luz Stella Escárraga López Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2018-01882-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

24 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA UNO ESPECIAL DE DECISIÓN

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01882-00

Recurrente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL
Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP-

Demandado: LUZ STELLA ESCÁRRAGA LÓPEZ

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN- las causales de revisión son
taxativas y no admiten interpretaciones extensivas / Art. 20 Ley 797 de 2003- Procede
revisar las sentencias ejecutoriadas que hayan decretado reconocimientos que impongan
al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas
de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, cuando el reconocimiento se haya obtenido
con violación al debido proceso y/o cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables. También procede por las causales del recurso extraordinario de revisión.

La Sala Uno Especial de Decisión decide el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social —UGPP— en contra de la
sentencia del 24 de octubre de 2012, proferida por la Sección Segunda, Subsección
A, de esta Corporación.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Luz Stella Escarrága López presentó acción de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra de la Caja Nacional de Previsión Social -liquidada- para que
se declarara la nulidad parcial de la Resolución 11097 de 5 de marzo de 2009,
mediante la cual se le reconoció y ordenó el pago de una pensión mensual vitalicia
de vejez y la Resolución PAP 005997 de 6 de julio de 2010, a través de la cual se
reliquidó la referida pensión.

Radicación Número: 11001-03-15-000-2018-01882-00
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y otros-
Demandado: Luz Stella Escárraga López
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

En ese proceso se accedió a las pretensiones de la demanda, en primera y en
segunda instancia.

La UGPP pretende la revocatoria de la sentencia de segunda instancia, por
considerar que la prestación reconocida, excedió lo debido, por cuanto no se
tuvieron en cuenta las disposiciones del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el
Decreto 1158 de 1994 para el cálculo del ingreso base de liquidación, tal como lo
ha establecido la Corte Constitucional, en algunas de sus providencias.

II. ANTECEDENTES

1. El proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

1.1. La demanda

La señora Luz Stella Escárraga López, por intermedio de apoderado judicial,
interpuso demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Caja Nacional de Previsión Social-Cajanal, con el fin de
que se declarara la nulidad parcial de la Resolución 11097 de 5 de marzo de 2009,
mediante la cual se reconoció a su favor una pensión mensual vitalicia de vejez, y
la nulidad de la Resolución 5997 de 6 de junio de 2010, por medio de la cual se
resolvió la petición de reliquidación de pensión.

A título de restablecimiento del derecho, se pidió i) declarar que el monto de la
primera mesada pensional equivale al 75% “del promedio de los valores
devengados en los últimos 6 meses de servicio en la Contraloría General de la
República”, y ii) ordenar el reajuste mes por mes de la citada pensión de jubilación,
desde el 1° de diciembre de 2008, fecha del retiro definitivo del servicio de la
demandante.

Como fundamentos fácticos se narró, en síntesis, que la señora Luz Stella
Escárraga López prestó sus servicios en la Contraloría General de la República por
un periodo de 20 años, desde el 8 de septiembre de 1988 hasta el 1° de diciembre
de 2008.

Mediante Resolución 11097 de 5 de marzo de 2009, Cajanal le reconoció una
pensión de vejez desde el 1° de octubre de 2008, y la liquidó teniendo en cuenta
solamente la asignación básica mensual. El 20 de agosto de 2009, elevó una
petición con el fin de que se reliquidara su pensión.

2

Radicación Número: 11001-03-15-000-2018-01882-00
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y otros-
Demandado: Luz Stella Escárraga López
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

La entidad demandada expidió la Resolución PAP 5997 de 6 de julio de 2010,
mediante la cual reliquidó la pensión de la demandante a partir del 1° de diciembre
de 2008.

En criterio de la parte actora, los actos demandados estaban viciados de nulidad,
porque la entidad demandada no aplicó el Decreto 929 de 1979, según el cual la
base de liquidación de la pensión de vejez es el 75% del promedio de los salarios
devengados durante el último semestre, y no el promedio de los últimos 10 años.

1.2. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Quindío profirió sentencia el 29 de septiembre de
2011, en la que declaró la nulidad parcial de los actos acusados y, como
consecuencia, ordenó reliquidar la pensión de jubilación de la señora Luz Stella
Escárraga López, incluyendo en forma proporcional los factores salariales
devengados durante el último semestre laborado (fl.131 a 139, anexo).

Para arribar a esa decisión se indicó que, la demandante es beneficiaria del régimen
de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que al 1° de
abril de 1994 tenía más de 35 años de edad.

En cuanto al régimen normativo aplicable para liquidar la pensión de vejez, expuso
que la Ley 33 de 1985 estableció un régimen general de prestaciones sociales para
el sector público, con una excepción dirigida a quienes disfrutaran de un régimen
especial de pensiones, como ocurre en el caso de la demandante quien estuvo
vinculada a la Contraloría General de la República.

El Decreto 929 de 1976 estableció un régimen especial pensional para funcionarios
y empleados de la Contraloría General de la República, en cuanto a edad, tiempo
de servicio y monto de la pensión de vejez, de manera que a la demandante no le
era aplicable el régimen general previsto en la Ley 33 de 1985.

Concluyó que la liquidación de la pensión de vejez de los funcionarios de la
Contraloría General de la República debía realizarse con el equivalente al 75% del
promedio de los salarios devengados durante el último semestre de conformidad
con el Decreto 929 de 1976, incluyendo los factores salariales previstos en el
artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 y el artículo 40 del Decreto 720 de 1978,
además de los que de manera habitual y periódica hubieran recibido como
contraprestación por sus servicios.

3

Radicación Número: 11001-03-15-000-2018-01882-00
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y otros-
Demandado: Luz Stella Escárraga López
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

1.3. Sentencia de segunda instancia-objeto del recurso extraordinario de
revisión

Mediante sentencia del 24 de octubre de 2012, la Sección Segunda de esta
Corporación decidió los recursos de apelación interpuestos por ambas partes. En
la decisión de alzada se resolvió:

Confírmase la sentencia de veintinueve (29) de septiembre de dos mil once
(2011), proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, dentro del proceso
promovido por Luz Stella Escárraga López contra la Caja Nacional del Previsión
Social E.I.C.E., excepto en cuanto ordenó el computo proporcional del rubro
correspondiente a bonificación especial, rubro que se adiciona en su totalidad
para liquidar la pensión y computarse en la forma indicada en la parte motiva
de esta providencia.

Devuélvase el expediente al Tribunal de origen (fl. 171, anexo).

El ad quem explicó, como primera medida, que la Ley 100 de 1993 creó un régimen
de transición, entendido como un beneficio consagrado a favor de los trabajadores
que cumplían ciertos requisitos al entrar en vigencia el sistema general de
pensiones, de modo que sus pensiones siguieron rigiéndose por los regímenes
anteriores.

La señora Luz Stella Escárraga López, al ser beneficiaria del régimen de transición
de la Ley 100 de 1993, tenía derecho a la reliquidación de su mesada pensional,
por las razones explicadas por el tribunal de primera instancia.

Reiteró que la Sección Segunda del Consejo de Estado ha establecido, en
diferentes oportunidades, que el monto y la base de liquidación también se rigen
por la ley pensional anterior, y no por la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994,
dado que “la transitoriedad subsume a la persona implicada dentro de una
prerrogativa, cual es la de respetarle las condiciones que el ordenamiento jurídico
consagró para sí, cabalmente, en su integridad; su aplicación fraccionada significa
eliminar en últimas la especialidad que le es propia por virtud del mismo
ordenamiento jurídico y el elemento finalista con que fue concebido”.

Consideró que la entidad demandada debió liquidar la pensión de jubilación de la
señora Escárraga López, observando la disposición especial del artículo 7 del
Decreto 929 de 1976, que prevé que el reconocimiento de la pensión de jubilación
debe efectuarse con base en el promedio de los salarios devengados durante el
último semestre e incluye los factores salariales enunciados en el artículo 45 del
Decreto 1045 de 1978, aplicable por la remisión que hizo el artículo 17 del primer
decreto citado, que hizo extensivas las disposiciones del Decreto 3135 de 1968 y

4

Radicación Número: 11001-03-15-000-2018-01882-00
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y otros-
Demandado: Luz Stella Escárraga López
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

las normas que lo modifican y adicionan a los empleados de la Contraloría General
de la República, en cuanto no se opongan a dicho decreto ni a su finalidad.

Respecto de la bonificación especial, concluyó que la bonificación especial debía
ser liquidada “(…) tomando el último quinquenio causado, esto es, el recibido por
los últimos 5 años, dividirlo por 6, para que de esta manera arroje el resultado de
uno de los factores a tener en cuenta al momento de liquidar la pensión” (fl. 171,
anexo 1).

2. El recurso extraordinario de revisión

2.1. La demanda de revisión extraordinaria

El 8 de junio de 2018, la Unidad Administrativa de la Gestión Pensional y
Parafiscales -UGPP- interpuso recurso extraordinario de revisión en contra de la
sentencia del 24 de octubre de 2012, proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación (fl. 84 a 94, c. ppal.).

El recurso extraordinario se fundó en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que
habilita la revisión de las providencias relacionadas con el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública.

Como pretensiones se solicitó: i) revocar la sentencia objeto del recurso
extraordinario, y ii) declarar que la señora Luz Stella Escárraga López no es
acreedora de un derecho adquirido y, en su lugar, ordenar la reliquidación y pago
de su mesada pensional de conformidad con lo previsto en el artículo 21 o en el
inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, según el caso; así mismo, tener en
cuenta el Decreto 1158 de 1994 para determinar los factores de liquidación, y aplicar
la tasa del reemplazo del 75%, por haber adquirido el estatus pensional conforme a
la reglas de transición del sistema general de pensiones.

En sustento de sus pretensiones, el apoderado de la entidad recurrente adujo que
el reconocimiento se obtuvo con violación al debido proceso, por cuanto, para
ordenar la reliquidación de la pensión de jubilación de la señora Escárraga López,
la Sección Segunda del Consejo de Estado se apartó del precedente constitucional
que rige el asunto y de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, respecto al IBL
y a los factores que deben tenerse en cuenta al momento de liquidar la prestación
para quienes se encuentran inmersos en el régimen de transición.

Manifestó que la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con

5

Radicación Número: 11001-03-15-000-2018-01882-00
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y otros-
Demandado: Luz Stella Escárraga López
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

la ley, en razón a que se accedió a la reliquidación de la pensión de jubilación en
contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Explicó que el régimen especial aplicable a la señora Escarrága López es el
establecido en el Decreto 929 de 1979, de conformidad con el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, por estar inmersa en el régimen de transición, dado que nació el 15
de abril de 1953 y, para el 1° de abril de 1994, tenía más de 35 años de edad.

Por lo anterior, si bien es cierto la pensión de la señora Escárraga López se rige
por el Decreto 929 de 1976, al haber trabajado en la Contraloría General de la
República durante más de diez años, no lo es menos que el Ingreso Base de
Liquidación que resulta aplicable para determinar el cálculo de su mesada
pensional es el dispuesto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
teniendo en cuenta que no adquirió su derecho pensional antes del 1° de abril de
1994 sino con posterioridad y, por tanto, se le debió aplicar “el 75% del promedio
de lo devengado sobre el salario promedio de 10 años, o el tiempo que le hiciera
falta para adquirir el derecho, con los factores salariales enlistados en el Decreto
1158 de 1994”.

La sentencia recurrida ordenó reliquidar la pensión de jubilación de la señora Luz
Stella Escárraga López sin tener en cuenta las reglas definidas en los artículos 21
y 36 de la Ley 100 de 1993, con lo cual se vulneró el debido proceso por el
desconocimiento de la norma y la transgresión de los artículos 1, 2, 6, 29, 48, 121 y
124 de la Constitución Política; además, otorgó un derecho sin el cumplimiento de
los requisitos legalmente establecidos, en detrimento del erario público.

La cuantía del derecho reconocido, también, excede lo debido de acuerdo con la
ley, como quiera que los incisos 2º y 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 se
complementan, por lo que la interpretación adoptada en la decisión demandada se
fundó en una norma inexistente, toda vez que la señora Escárraga López no
adquirió su derecho pensional antes del 1º de abril de 1994 y, en esa medida, el
ingreso base de liquidación es el dispuesto en dicho sistema general de pensiones.

El entendimiento de la norma realizado por la Sección Segunda del Consejo de
Estado “contraviene postulados de rango constitucional conduciendo a resultados
desproporcionados, específicamente porque viola los criterios de sostenibilidad
financiera del sistema pensional permitiendo la inyección de más subsidios
pensionales por parte del Estado para el pago de las pensiones gobernadas por el
régimen de transición”.

6

Radicación Número: 11001-03-15-000-2018-01882-00
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y otros-
Demandado: Luz Stella Escárraga López
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

Adicionalmente, se desconoció el precedente sentado por la Corte Constitucional,
en relación con la interpretación de los parámetros legales sobre los cuales deben
ser reconocidas las pensiones sujetas al régimen de transición, como se observa
en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, auto 326 de 2014, SU-230 de
2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, auto 229 de 2017, SU-395 de 2017, SU-
631 de 2017 y T-039 de 2018. Tal situación se concreta en un aumento de la
mesada pensional de la señora Luz Stella Escárraga López en un 58%, sin que
exista justificación legal ni jurisprudencial, con abuso palmario del derecho.

2.2. Trámite del recurso extraordinario

Mediante proveído de 10 de julio de 2018, se rechazó por extemporáneo el recurso
extraordinario de revisión (fl. 97 a 99, c. ppal.). Contra la anterior providencia, la
UGPP interpuso recurso de súplica, en el que argumentó que la Corte
Constitucional en sentencia SU-427 de 11 de agosto de 2016, decidió que la UGPP
contaba con un plazo de 5 años, a partir del 12 de junio de 2013, para promover la
acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 (fl. 103
y 104, c. ppal.).

Mediante providencia del 6 de agosto de 2019, se revocó la providencia suplicada,
por considerar que al momento de la ejecutoria de la sentencia objeto del recurso
extraordinario de revisión el término para presentar la demanda de revisión
extraordinaria estaba suspendido, y empezó a correr desde el 12 de junio de 2013
hasta el 11 de junio de 2018, de acuerdo con los parámetros fijados por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016. De manera que, como el recurso
fue presentado el 8 de junio de 2018, concluyó que se hizo oportunamente (fl.107
a 110, c. ppal.).

Por encontrarse reunidos los requisitos formales previstos en el artículo 252 del
CPACA, mediante auto de 16 de septiembre de 2019, se admitió el recurso
extraordinario de revisión (fl. 114 y 115, c. ppal.). La notificación a la demandada
se surtió en debida forma (fl. 125, c. ppal.).

La señora Luz Stella Escarrága López se pronunció oportunamente para oponerse
a las pretensiones del recurso (fl. 127 a 142, c. ppal.). Indicó que su estatus
pensional se consolidó con el cumplimiento de la edad el 1° de octubre de 2008,
esto es, en vigencia del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.

Advirtió que de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005, todos los derechos
adquiridos deben ser respetados, y el régimen de transición establecido en la Ley

7

Radicación Número: 11001-03-15-000-2018-01882-00
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y otros-
Demandado: Luz Stella Escárraga López
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

100 de 1993 no podía extenderse más allá del 31 de julio de 2010, excepto para
los trabajadores que reunieran las condiciones allí señaladas, a quienes se les
debía mantener el régimen hasta el 2014.

Adujo que, al haber adquirido su estatus pensional en marzo de 2009, esto es, un
año antes del exigente límite temporal inicial, su derecho adquirido debe ser
respetado, y para tal efecto se debe dar aplicación integral y favorable del artículo
6 del Decreto 546 de 1971.

Señaló que al dictarse la sentencia objeto de revisión se garantizó el debido
proceso de las partes, y lo que la UGPP considera como una violación a este
principio es que la Sección Segunda del Consejo dictara sentencia estimatoria de
las pretensiones, situación que no se aterriza a los elementos constitutivos del
debido proceso, y que lo que busca es abrir nuevamente el debate jurídico que ya
fue decidido en el proceso ordinario.

En relación con la otra causal de revisión que se invocó, relativa al derecho
reconocido en cuantía que excediere lo establecido en la ley, sostuvo que lo que
pretende la parte actora es generar una tercera instancia en un debate jurídico que
se resolvió teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la ley y la
jurisprudencia. Por consiguiente, no se puede predicar ningún tipo de ilegalidad
respecto de las decisiones cuestionadas.

Mediante providencia de 10 de diciembre de 2019 se decretaron las pruebas
aportadas con la demanda (fl. 152 y 153, c. ppal.).

III. CONSIDERACIONES

1. Manifestación de impedimento

Mediante escrito del 19 de octubre de la presente anualidad (Índice 37, Samai), el
magistrado Julio Roberto Piza Rodríguez manifestó su impedimento para conocer
del asunto de la referencia, con fundamento en la causal contenida en el numeral
1° del artículo 141 del Código General del Proceso, por tener interés indirecto en el
proceso.

Manifestó que, para el 1° de abril de 1994 —fecha en que entró en vigor el sistema
general de pensiones—, tenía 41 años, por lo que es beneficiario del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de ahí que su derecho
pensional “se causará y liquidará conforme con las reglas previstas en el citado

8

Radicación Número: 11001-03-15-000-2018-01882-00
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y otros-
Demandado: Luz Stella Escárraga López
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

artículo 36, que remite al régimen anterior en lo que atañe a edad, tiempo de
servicio y monto”. Como el asunto de la referencia exige adoptar una postura frente
a la forma en la que deben liquidarse las pensiones de los beneficiarios del régimen
de transición, consideró que la decisión que se adopte puede tener incidencia en
su situación pensional.

La Sala es competente para resolver el impedimento manifestado, de conformidad
con el numeral 3° del artículo 1311 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo
21 de la Ley 2080 de 2021.

En cuanto a la causal prevista en el numeral 1° del artículo 141 del Código General
del Proceso, la Corte Constitucional ha sostenido que el interés al que se refiere la
disposición “es aquella expectativa manifiesta por la posible utilidad o menoscabo,
no sólo de índole patrimonial sino también intelectual o moral, que la solución del
asunto en una forma determinada acarrearía al funcionario judicial o a sus parientes
cercanos, y que, por aparecer respaldada en serios elementos de juicio,
compromete la ponderación e imparcialidad del juzgador, tornando imperiosa su
separación del proceso”2.

De acuerdo con lo expuesto, encuentra la Sala que la circunstancia esgrimida en el
escrito de impedimento se enmarca en el supuesto normativo previsto en el numeral
1° del artículo 141 del Código General del Proceso, en la medida en la que la
decisión que se adopte, relacionada con la forma en la que deben liquidarse las
pensiones de los beneficiarios del régimen de transición establecido en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, resulta de interés para el magistrado quien se encuentra
cobijado por dicho régimen de transición, lo que podría incidir en su objetividad e
imparcialidad.

Por consiguiente, se aceptará el impedimento manifestado por el magistrado Julio
Roberto Piza Rodríguez y se le separará del conocimiento del presente recurso
extraordinario de revisión.

1
Artículo 131. Trámite de los impedimentos. “Para el trámite de los impedimentos se observaran las
siguientes reglas:
3. Cuando en un Magistrado concurra alguna de las causales señaladas en el artículo anterior,
deberá declararse impedido en escrito dirigido al ponente, o a quien le siga en turno si el impedido
es este, expresando los hechos en que se fundamenta tan pronto como advierta su existencia, para
que la sala, sección o subsección resuelva de plano sobre la legalidad del impedimento. Si lo
encuentra fundado, lo aceptará. Cuando se afecte el quórum decisorio, se integrará la nueva sala
con los magistrados que integren otras subsecciones o secciones de conformidad con el reglamento
interno.
Solo se ordenará sorteo de conjuez, cuando lo anterior no fuere suficiente”.
2
Auto 039 del 22 de febrero de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

9

Radicación Número: 11001-03-15-000-2018-01882-00
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y otros-
Demandado: Luz Stella Escárraga López
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

2. Normativa aplicable y caducidad

En el presente asunto, la sentencia cuestionada fue proferida el 24 de octubre de
2012 y quedó ejecutoriada el 1° de febrero de 2013, en vigencia del CPACA -Ley
1437 de 2011.

De acuerdo con el inciso 4º del artículo 251 del CPACA, el término para interponer
el recurso extraordinario de revisión por la causal prevista en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003 es de cinco años, contados a partir de la ejecutoria de la sentencia,
plazo que para el caso de las decisiones judiciales que reconocieron prestaciones
sociales a cargo de la extinta Cajanal, debe contabilizarse a partir del 12 de junio
de 2013, fecha en la cual la UGPP asumió la defensa judicial de los asuntos que
estaban a cargo de dicha entidad liquidada, según lo dispuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia de unificación 427 de 2016.

En ese sentido, aun cuando la sentencia que se cuestiona quedó ejecutoriada el 1°
de febrero de 2013, el término de caducidad inició a correr el 12 de junio de 2013 y
vencía el 11 de junio de 20183; sin embargo, se extendió al siguiente día hábil, es
decir, al 12 de junio de 2018.

Como la demanda se presentó el 8 de junio de 2018, se concluye que fue oportuna.

3. Competencia

La Sala Especial es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión
interpuesto en contra de la sentencia de 24 de octubre de 2012, proferida por la
Sección Segunda de esta Corporación. Ello, en atención a la competencia que le
asignan los artículos 1074 y 2495 del CPACA, de conformidad con la distribución de

3
En el año 2018, el 11 de junio fue lunes festivo.
4
Artículo 107. Integración y composición. “El Consejo de Estado es el Tribunal Supremo de lo
Contencioso Administrativo y Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno. Estará integrado por treinta
y un (31) Magistrados. (…)
Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este
Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de
nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por
cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto,
si fuere el caso.
La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al
respecto establezca el reglamento interno”.
5
Artículo 249. Competencia. “De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos”.

10

Radicación Número: 11001-03-15-000-2018-01882-00
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y otros-
Demandado: Luz Stella Escárraga López
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

negocios al interior del Consejo de Estado dispuesta en el artículo 296 del Acuerdo
No. 80 de 2019.

4. Recurso extraordinario de revisión–marco normativo y jurisprudencial

El recurso extraordinario de revisión, en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, constituye una excepción al principio de inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada.

Este pretende la infirmación de la providencia por resultar contraria a la justicia y al
derecho, con miras a que se produzca una nueva decisión, ajustada a la ley.

El legislador estableció de manera taxativa las causales que habilitan la procedencia
del recurso extraordinario de revisión, previendo un uso indebido de este medio de
impugnación que significara la apertura de un nuevo debate probatorio o
interpretativo y, con ello, la autorización para una tercera instancia.

Las causales de revisión, en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, se encuentran enumeradas en el artículo 250,
según se transcribe a continuación:

Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia
documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión
diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o
caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o
adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados
penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho
en el pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la
que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con
mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al
tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con
posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para
su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre
las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar
a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y
fue rechazada.

6
Artículo 29. “Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia de
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:
1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o
Subsecciones del Consejo de Estado. (…)”.

11

Radicación Número: 11001-03-15-000-2018-01882-00
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y otros-
Demandado: Luz Stella Escárraga López
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

También procede el recurso extraordinario de revisión frente a las providencias que
impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, en los supuestos
contenidos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, cuando el
reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso y/o cuando la
cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables7.

Por su parte, el artículo 252 del CPACA contempla que el recurso debe interponerse
mediante escrito que deberá contener: i) la indicación de las partes y sus
representantes, ii) el nombre y domicilio del recurrente, iii) los hechos u omisiones
que le sirvan de fundamento, y iv) la indicación precisa y razonada de la causal
invocada.

El recurso extraordinario de revisión no permite cuestionamientos sobre el criterio
con el que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia, o sobre la valoración
probatoria que efectuó, de manera que su estudio se restringe a las causales
taxativamente establecidas por el legislador.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en sentencia
de 8 de mayo de 20188, señaló que “se ha definido en cada caso una serie de
causales que exigen que la demanda cumpla con determinadas formalidades, entre
las que se destaca el deber de indicar de forma precisa y razonada la causal en que
se funda el recurso, acompañado de los documentos necesarios y las pruebas
documentales que el recurrente tenga en su poder y pretenda hacer valer9”.

De lo anterior se desprende que uno de los requisitos formales de la demanda
consiste en invocar con precisión cuál es la causal de nulidad que se estima
configurada, con indicación clara y exacta de los motivos y hechos que le sirven de
fundamento, los cuales, en orden a ser analizados, deben estar estrechamente
relacionados con el vicio alegado.

5. Aplicación del IBL en el marco del régimen de transición

El Acto Legislativo 1 de 2005, que adicionó el artículo 48 constitucional, en el artículo
1º dispuso que “la ley establecerá un procedimiento breve para la revisión de las

7
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete
Especial de Decisión, sentencia de 5 de marzo de 2019, rad. 2018-00394-00, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
8
Exp. 1998-153-01(REV), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
9“
Corte Constitucional. Sentencia T-649 de 2011, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva”.

12

Radicación Número: 11001-03-15-000-2018-01882-00
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y otros-
Demandado: Luz Stella Escárraga López
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

pensiones reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la ley o en las convenciones y laudos arbitrales
válidamente celebrados".

Sobre la noción de abuso del derecho y fraude a la ley10, la Corte Constitucional ha
explicado que “no se trata de establecer la existencia de conductas ilícitas o
amañadas, sino del empleo de una interpretación de la ley que resulta contraria a la
Constitución y como resultado de la cual, la persona accedió a una pensión, por
fuera del sentido conforme a la Carta del régimen pensional y que produce una
objetiva desproporción y falta de razonabilidad en la prestación”11.

En ese entendido, los conceptos de abuso del derecho y fraude a la ley, tratándose
de pensiones obtenidas en contravía de los postulados que rigen el sistema
pensional, no hacen referencia a la existencia de conductas ilícitas sino al uso y
favorecimiento de interpretaciones contrarias a la Carta Política y a la ley, con lo
cual se logran reconocimientos prestacionales ilegales, en perjuicio del erario y de
la sostenibilidad del sistema de seguridad social.

El artículo 36 del sistema general de pensiones -Ley 100 de 1993- contempló un
régimen de transición, de acuerdo con el cual “la edad para acceder a la pensión de
vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la
pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema
tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o

10
En sentencia C-258 de 2013 se explicaron las dos concepciones, en los siguientes términos:
“Según las anteriores referencias, a juicio de la Sala quien actúa en fraude a la ley, ejecuta actos
que guardan fidelidad al texto de la norma o que se desprenden de una interpretación en apariencia
razonable de ella, pero que en realidad eluden el sentido de las disposiciones y conducen a
resultados que desbordan la naturaleza y finalidades de la respectiva institución jurídica.
Tales actos pueden o no tener lugar por la voluntad del agente. Por ello el fraude a la ley no debe
confundirse con el fraude susceptible de sanción penal o de otra naturaleza. En su dimensión
objetiva, el fraude a la ley únicamente requiere que exista un aprovechamiento de las opciones
hermenéuticas que se desprenden de una regla, para hacerla producir resultados incompatibles con
el ordenamiento jurídico apreciado en su conjunto.
(…)
En términos generales, comete abuso del derecho: (i) aquél que ha adquirido el derecho en forma
legítima, pero que lo utiliza para fines no queridos por el ordenamiento jurídico; (ii) quien se
aprovecha de la interpretación de las normas o reglas, para fines o resultados incompatibles por el
ordenamiento jurídico; (iii) el titular de un derecho que hace un uso inapropiado e irrazonable de él a
la luz de su contenido esencial y de sus fines; y (iv) aquél que invoca las normas de una forma
excesiva y desproporcionada que desvirtúa el objetivo jurídico que persigue.
(….)
De conformidad con las consideraciones previas, la figura jurídica del abuso del derecho es la otra
cara del fraude a la ley, ahora mirada desde la acción cometida por el titular de un derecho. En otras
palabras, mientras el fraude a la ley se construye desde la mirada del resultado objetivo contrario a
las finalidades de una institución jurídica, el abuso del derecho se mira desde el punto de vista de
quien es titular del derecho y puede caracterizarse como un ejercicio manifiestamente irrazonable o
desproporcionado.
Para que se configure el fraude a la ley y el abuso del derecho no se requiere la existencia de una
intención o culpa, basta que se produzca un resultado manifiestamente desproporcionado contrario
a las finalidades previstas por el ordenamiento para una disposición o institución jurídica.
11
Sentencia SU-427 de 11 de agosto de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

13

Radicación Número: 11001-03-15-000-2018-01882-00
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y otros-
Demandado: Luz Stella Escárraga López
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados,
será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados12”. “Las
demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la
pensión de vejez se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley13”.

El artículo 21 de la misma normativa definió el ingreso base de liquidación como “el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los
10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si éste fuere
inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE”. Se otorgó al trabajador la opción de optar por el
promedio calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral, cuando éste fuere
superior.

Al hacer el control abstracto de constitucionalidad, la Corte Constitucional estudió el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, en un primer momento, adoptó los siguientes
pronunciamientos:

• En sentencia C-168 de 20 de abril de 199514 se consideró que el establecimiento
del régimen de transición se encontraba justificado en la situación de las personas
que se van acercando por edad o tiempo de servicio a las contempladas en la ley
para acceder a la pensión de vejez, quienes, si bien tienen una expectativa, al igual
que aquellos que acaban de iniciar su vida laboral, merecen un trato diferente por
encontrarse en condiciones distintas, hecho que responde a una “plausible política
social”. Ello por cuanto, “la igualdad formal no es ajena al establecimiento de
diferencias en el trato, fincadas en condiciones relevantes que imponen la
necesidad de distinguir situaciones para otorgarles tratamientos distintos; esta
última hipótesis expresa la conocida regla de justicia que exige tratar a los iguales
de modo igual y a los desiguales en forma desigual”.

En la misma providencia, cuando se abordó el análisis de constitucionalidad del
artículo 11 de la Ley 100 de 1993, la Corte precisó que la aplicación del principio de
favorabilidad en materia de régimen pensional es labor que incumbe al juez en cada
caso concreto, “pues es imposible, en juicios de constitucionalidad, confrontar la
norma acusada que es genérica, con cada una de las distintas normas
contempladas en los diferentes regímenes pensionales que antes de la vigencia de

12
Inciso 2º.
13
Inciso 3º.
14
M.P. Carlos Gaviria Díaz.

14

Radicación Número: 11001-03-15-000-2018-01882-00
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y otros-
Demandado: Luz Stella Escárraga López
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

la ley 100 de 1993 existían en el sector privado y en el público, para establecer cuál
resulta más favorable a determinado trabajador”.

• En sentencia C-596 de 20 de noviembre de 199715, al estudiar la exequibilidad de
la expresión “al cual se encuentren afiliados”, contenida en el inciso segundo del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se concluyó que la redacción de la norma no era
violatoria de los artículos 13 y 53 de la Constitución Política, en la medida en la que
“dicho beneficio (el régimen de transición) consiste en el derecho a acceder a la
pensión de vejez o de jubilación, con el cumplimiento de los requisitos relativos a
edad y tiempo de servicio o semanas de cotización que se exigían en el régimen
pensional al que estuvieran afiliados en el momento de entrar a regir la ley
mencionada. Por lo tanto, estas condiciones y las relativas al monto mismo de la
pensión, no se rigen por la nueva ley (la Ley 100 de 1993), sino por las disposiciones
que regulaban el régimen pensional al cual se encontraban afiliados en el momento
de entrar a regir dicha ley. Las demás condiciones y requisitos, distintos de los
mencionados, sí se rigen por la referida Ley 100”.

Para arribar a esa conclusión, la Corte explicó que el beneficio del régimen de
transición consiste en la posibilidad de obtener la pensión según los requisitos del
régimen pensional anterior, pues “no podía ser de otra forma, porque de lo contrario,
se pregunta la Corte: ¿Cuáles serían los requisitos o condiciones más favorables
que se harían prevalecer frente a las exigencias de la nueva ley? Si la persona no
estaba vinculada a ningún régimen pensional, no existía ni siquiera la expectativa
de derecho a pensionarse según determinados requisitos.

En esa ocasión, recordó el alto tribunal que el principio de favorabilidad “supone que
existen dos normas jurídicas que regulan una misma situación de hecho, y que una
de ellas es más favorable que la otra. Pero ambas normas deben estar vigentes en
el momento en que el juez que analiza el caso particular va a decidir cuál es la
pertinente”.

En línea con lo expuesto, la Sección Segunda de esta Corporación, desde temprano
interpretó el artículo 36 de la ley 100 en el sentido de entender que el “monto” de la
pensión comprende el porcentaje y la base de liquidación, a partir de razones de
favorabilidad laboral y del efecto útil de las normas. En esa medida, a los
beneficiarios del régimen de transición se les debía aplicar, en su integridad, el
régimen anterior, por ende, el ingreso base de liquidación no podía calcularse con
fundamento en las normas del sistema general de pensiones.

15
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

15

Radicación Número: 11001-03-15-000-2018-01882-00
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y otros-
Demandado: Luz Stella Escárraga López
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

En sentencia de 21 de septiembre de 200016, la Subsección A explicó que las
personas sometidas al régimen de transición deben jubilarse con la edad, el tiempo
de servicio y el monto de la pensión gobernados por las normas anteriores a la ley
100 de 1993. Como no existían más condiciones para acceder a la pensión, la
redacción de los incisos segundo y tercero del artículo 36 de la ley en mención no
guarda coherencia, lo que obliga a aplicar la situación más favorable. El análisis se
plasmó en los siguientes términos:

Monto, según el diccionario de la lengua, significa “Suma de varias partidas,
monta.” Y monta es “Suma de varias partidas.” (Diccionario de la Lengua
“Española”, Espasa Calpe S.A., Madrid 1992, tomo II, páginas 1399-1396).

Advierte la Sala, conforme a la acepción de la palabra “monto” que cuando la
ley la empleó no fue para que fuera el tanto por ciento de una cantidad, como
decir el 75% de alguna cifra, pues el porcentaje de la cuantía de una pensión,
es solo un número abstracto, que no se aproxima siquiera a la idea que sugiere
la palabra monto, de ser el resultado de la suma de varias partidas, sino la
liquidación aritmética del derecho, que precisamente se realiza con la suma
del respectivo promedio de los factores que deben tenerse en cuenta y que
debe hacerse, según el referido artículo 36, con apoyo en las normas anteriores
a la ley 100.

Por manera que, si las personas sometidas al régimen de transición deben
jubilarse con la edad, el tiempo de servicio y el monto de la pensión
gobernados por las normas anteriores a la ley 100, no ve la Sala cuáles son las
demás condiciones para acceder al derecho, que según la última regla del
inciso 2º en análisis se rigen por dicha ley.

De otro lado, la Sala también observa que en el inciso 3º del artículo 36, están
previstos un ingreso base y una liquidación aritmética diferente a la que dedujo
la Sala de la interpretación del inciso 2º, puesto que del monto que se rige por
las normas anteriores se infiere un ingreso base regido igualmente conforme
al ordenamiento jurídico anterior, lo cual pone de presente la redacción
contradictoria de tales normas, que conduce necesariamente a la duda en su
aplicación y, por ende, por mandato del artículo 53 de la Constitución Política a
tener en cuenta la más favorable, o sea la primera regla del inciso 2º.

En sentencia de 30 de noviembre de 200017, la Subsección B reiteró que, para
efectos del reconocimiento y pago de la pensión, en cuanto a los aspectos de edad,
tiempo de servicio y monto de la pensión, se aplicaba en su integridad la
normatividad anterior, en procura de los principios de aplicación de la ley más
favorable al trabajador (art. 53 CP) y de “inescindibilidad de la ley, que prohíbe
dentro de una sana hermenéutica desmembrar las normas legales, rompiendo de
tal manera el principio de la seguridad jurídica”.

Con base en lo anterior, se concluyó que “el inciso segundo del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, consagró el régimen de transición, consistente en que, las personas
que cumplan las hipótesis allí previstas, en cuanto a edad, tiempo de servicio y

16
Subsección A, exp. 470-99, Nicolás Pájaro Peñaranda.
17
Exp. 2004-00, M.P. Alejandro Ordoñez Maldonado.

16

Radicación Número: 11001-03-15-000-2018-01882-00
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y otros-
Demandado: Luz Stella Escárraga López
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

monto de la pensión, se les aplica en su integridad el régimen anterior que las regula
y beneficia. (…) Si se aplica el inciso tercero del mismo artículo 36 de la citada ley,
para establecer la base de liquidación de la pensión, se escinde la ley, pues la
normatividad anterior (Ley 33 de 1985) señala la forma de liquidar la pensión, se
desnaturaliza el régimen, y se dejaría de aplicar el principio de favorabilidad de la
ley en los términos ya indicados”.

En sentencia de unificación del 4 de agosto de 201018, la Sección Segunda se refirió
al régimen de transición creado por la Ley 100 de 1993 y estimó que debía darse
aplicación al principio de inescindibilidad normativa; así mismo, que la noción de
“monto” e “ingreso base de liquidación” constituían una unidad conceptual, y los
factores que lo integraban eran meramente enunciativos y no taxativos; por último,
que el descuento por aportes se debía ordenar cuando no se hubiere efectuado
para mantener el equilibrio en las finanzas públicas pensionales.

La tesis que se acaba de exponer fue defendida y aplicada, de forma continuada,
por la Sección Segunda del Consejo de Estado19, hasta el año 2018, cuando se
profirió la sentencia de unificación que fijó una nueva postura, a la cual se hará
alusión más adelante.

La Corte Constitucional, en las salas de revisión, también, avaló la postura de la
integralidad en la aplicación de los regímenes de transición frente a la determinación
del IBL20.

18
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010.
Radicación: 0112-2009. Demandante: Luis Mario Velandia. Demandado: Cajanal. Magistrado
ponente: Víctor Hernán Alvarado Ardila.
19
En sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, exp. 2006-07509-01(0112-09), M.P. Víctor
Hernando Alvarado Ardila, la Sección Segunda estableció que para aquellas personas que
estuvieran en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el IBL correspondía al
señalado en la norma anterior a esa ley, así como los factores salariales para liquidarla, siempre que
estos últimos fueran remuneración o que el legislador los estableciera como tal, aún si no tuvieran
ese carácter. Señaló que sobre los mismos se debían realizar los descuentos por aportes o
cotizaciones al sistema de pensiones. Igualmente, refirió a algunos factores que no se podían
considerar para la liquidación de la pensión como la indemnización por vacaciones y la bonificación
por recreación.
Dicha postura se mantuvo en el tiempo, como se puede ver en las siguientes providencias: Consejo
de Estado. Sección Segunda. Subsección A. sentencia de 23 de noviembre de 2000, exp. 2936-
1999. M.P. Ana Margarita Olaya Forero; Subsección B, sentencia de 16 de febrero de 2006, exp.
2002-04076-01(4076-04). M.P. Jesús María Lemos Bustamante; Subsección B, exp. 2003-02794-
01(1564-06), M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado; Subsección B, sentencia de 22 de noviembre de
2007, exp. 2000-03034-01(2502-05), M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Subsección B, sentencia
de 6 de marzo de 2008, exp. 2003-04619-01(4799-05), M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez;
Subsección A, sentencia de 8 de agosto de 2011, exp. 2003-08611-01(0447-09), M.P. Alfonso
Vargas Rincón; Subsección A. sentencia de 17 de abril de 2013, exp. 2010-00898- 01(0112-12),
M.P. Luis Rafael Vergara Quintero, entre otras.
20
Ver, por ejemplo, sentencias T-631 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-1000 de 2002,
M.P. Jaime Córdoba Triviño; T–169 de 2003, M.P. Jaime Araujo Rentería; T-651 de 2004, M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra; T-386 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-158 de 2006, M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto; T-251 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-180 de 2008, M.P.
Clara Inés Vargas Hernández, entre otras.

17

Radicación Número: 11001-03-15-000-2018-01882-00
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y otros-
Demandado: Luz Stella Escárraga López
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

En el año 2013, la Corte Constitucional profirió la sentencia C-258 de 7 de mayo21,
en la que analizó la consonancia del artículo 1722 del régimen pensional aplicable a
los congresistas -Ley 4 de 1992- con la Carta Política. En esa oportunidad, se
declaró la inexequibilidad de las expresiones “durante el último año, y por todo
concepto, perciba el congresista, y se aumentarán en el mismo porcentaje en que
se reajuste el salario mínimo legal” y “por todo concepto”. Para llenar el vacío que
representó el retiro del ordenamiento jurídico de la expresión “por todo concepto”,
se estimó que las reglas sobre IBL aplicables a todos los beneficiarios de ese
régimen especial son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la
Ley 100 de 1993, según el caso. Para ello, se indicó que el propósito original de
legislador fue impedir la aplicación ultractiva de las reglas de IBL de los regímenes
pensionales anteriores a la Ley 100 para unificar dicha pauta en el régimen de prima
media, lo cual, además, coincide con los objetivos del Acto Legislativo 01 de 2005
de crear reglas uniformes que eliminen privilegios injustificados y permitan diseñar
mecanismos que aseguren la sostenibilidad del sistema pensional.

En la misma providencia se aclaró que las consideraciones señaladas en esa
decisión no podían ser trasladadas en forma automática a otros regímenes
especiales o exceptuados, por cuanto:

En primer lugar y como indicó la Sala, la acción pública tiene un carácter rogado,
por tanto, sería contrario a la configuración constitucional de la acción que este
Tribunal extendiera su análisis a otros regímenes dispuestos por disposiciones
distintas al artículo 17 de la Ley 4 de 1992. En segundo lugar, cada régimen
especial cuenta con una filosofía, naturaleza y características específicas, sin
que sea posible extender de forma general lo aquí analizado en relación con el
régimen especial de Congresistas. En efecto, todos los regímenes especiales,
precisamente al ser especiales, son distintos entre sí y, por tanto, ameritan cada
uno un análisis diverso.

A partir del anterior pronunciamiento, la Corte Constitucional, en varias
providencias, consideró que se había realizado un análisis en abstracto del artículo
36 de la Ley 100 y se había fijado una regla en materia de la aplicación del IBL para
efectos de la liquidación de la pensión, de acuerdo con la cual éste no fue un aspecto
sometido a transición, por lo que debe aplicarse el inciso 3º del citado artículo 36
del sistema general de pensiones.

21
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
22
Artículo 17. “El Gobierno Nacional establecerá un régimen de pensiones, reajustes y sustituciones
de las mismas para los Representantes y Senadores.
Aquellas y estas no podrán ser inferiores al 75% del ingreso mensual promedio que, durante el último
año, y por todo concepto, perciba el congresista, y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se
reajuste el salario mínimo legal.
Parágrafo. La liquidación de las pensiones, reajustes y sustituciones se hará teniendo en cuenta el
último ingreso mensual promedio que por todo concepto devenguen los representantes y senadores
en la fecha en que se decrete la jubilación, el reajuste, o la sustitución respectiva”.

18

Radicación Número: 11001-03-15-000-2018-01882-00
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y otros-
Demandado: Luz Stella Escárraga López
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

En sentencia SU-230 de 201523, por ejemplo, en ejercicio del control de revisión de
fallos de tutela, se adujo que “aunque la interpretación de las reglas del IBL
establecidas en la Sentencia C-258 de 2013 se enmarcan en el análisis del régimen
especial consagrado en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, (…) ello no excluye la
interpretación en abstracto que se realizó sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
en el sentido de establecer que el IBL no es un aspecto de la transición y, por tanto,
son las reglas contenidas en este las que deben observarse para determinar el
monto pensional con independencia del régimen especial al que se pertenezca”24.

En vista de lo anterior, la Sección Segunda del Consejo de Estado explicó las
razones por las cuales mantenía su tesis de la integralidad en la aplicación de los
regímenes especiales. Para el efecto, consideró que un régimen de transición debía
ser aplicado en forma integral, por lo que los topes fijados en la sentencia C-258 de
2013 no operaban en el evento de quien encontrara regida su situación pensional
por normativas especiales, como el Decreto 546 de 1971, pues eran contrarios a la
jurisprudencia estable y vinculante de la Corporación25.

En sentencia de 9 de febrero de 201726 la Sección Segunda reafirmó la postura de
esta Corporación sobre el régimen de transición en pensiones, contenida en la
sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010 y en la sentencia del 26 de

23
Los magistrados María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas
Silva salvaron el voto, al considerar que en la sentencia C.-258 de 2013 únicamente se analizó el
régimen pensional de los congresistas, por lo que era incorrecto interpretar que se había fijado un
precedente aplicable a los demás regímenes; por consiguiente, el ejercicio hermenéutico efectuado
no se corresponde con la competencia de las Salas de Revisión.
24
Postura reiterada en las sentencias SU-395 de 2017 y SU-023 de 2018, entre otras.
25
En sentencia de 7 de febrero de 2013, exp. 1723-2012, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero, se
sostuvo: “Cuando la obligación pensional en virtud del régimen de transición, encuentre su regulación
en el Decreto 546 de 1971, los valores prestacionales que deban reconocerse, luego de la vigencia
del referido Acto Legislativo, habrán de compensar lo relacionado con su financiación; en otras
palabras, ningún pago pensional que comporte regulación a la luz del Decreto 546 de 1971 habrá de
reconocerse, si no se encuentra debidamente financiado, ello, en aras de la salvaguarda de la
sostenibilidad financiera de ese derecho prestacional, que implica por supuesto, la fidelidad para con
el sistema. A lo que debe agregarse, que esta Corporación jurisprudencialmente ha determinado en
la aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como regla invariable, la indemnidad de los
regímenes de transición, es decir, que un régimen de transición debe ser aplicado en forma integral;
de manera, que los topes fijados en la Sentencia C-258 de 2013, en los casos de quienes encuentran
regida su situación pensional por el Decreto 546 de 1971, no son aplicables, porque en efecto, son
contrarios a la jurisprudencia estable y vinculante del Consejo de Estado (artículos 228 y 230 de la
Carta Política y 102 y 269 de la Ley 1437 de 2011)”.
26
Exp. 2013-01541 (4683-2013), M.P. César Palomino Cortés.

19

Radicación Número: 11001-03-15-000-2018-01882-00
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y otros-
Demandado: Luz Stella Escárraga López
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

noviembre de 201627. Se indicó, así, que:

(…) La línea jurisprudencia del Consejo de Estado, se sintetiza en que esta
Corporación, ha entendido el régimen de transición: a) bajo los principios de
integridad e inescindibilidad normativa b) la noción de “monto” e “ingreso base
de liquidación” como una unidad conceptual, c) los factores integrantes de éste,
como meramente enunciativos y no taxativos, d) y ha ordenado el descuento
por aportes en cuento no se hubieren efectuado, para mantener el equilibrio en
las finanzas públicas pensionales.

En sentencia de 9 de febrero de 201728 se agregó que no era viable acoger el
razonamiento de la sentencia SU-230 de 2015, porque afectaba el derecho a la
igualdad de muchos beneficiarios del régimen de transición que tienen pensiones
pendientes de decisión judicial o administrativa; además, el entendimiento del
ingreso base de liquidación contenido en la sentencia C-258 de 2013 no podía
extenderse a las demás pensiones de los regímenes especiales del sector público.

El 28 de agosto de 201829, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió su postura
y unificó el criterio a seguir frente al problema interpretativo en materia de la
aplicación integral de la Ley 33 de 198530 a los beneficiarios del régimen de
transición, acogiendo, esta vez, la tesis de la Corte Constitucional. Se definió que el
IBL en esos casos era el contemplado en los artículos 21 y 36, inciso 3º, de la Ley
100 y que los únicos factores que debían incluirse eran aquellos sobre los cuales el
empleado realizó sus aportes o cotizaciones al sistema pensional. Se estableció,
además, que esa posición se aplicaría de forma retrospectiva a todos los casos que
estuvieran pendientes por resolver en vía administrativa y judicial, con expresa
exclusión de los casos que hubieran hecho tránsito de cosa juzgada.

Adicionalmente, se aclaró que “no puede entenderse, en principio, que por virtud de
esta sentencia de unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas
en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección
Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley;
de manera que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra

27
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, exp. 2013-01341-01(3413-2013),
M.P. Gabriel Valbuena Hernández, en la que además se añadió la siguiente explicación:
“Los principios de progresividad y no regresividad de los derechos sociales, que la misma
Corte Constitucional ha estimado incorporados a la Constitución Política colombiana en virtud del
llamado “bloque de constitucionalidad”, no se predican exclusivamente de los cambios legales
sino también de las variaciones jurisprudenciales. Si la interpretación tradicional del Consejo de
Estado sobre el concepto de “monto” en las pensiones del régimen de transición del sector público
se ha aplicado a la generalidad de los pensionados de dicho sector, tanto en sede administrativa
como en las decisiones judiciales, y esa interpretación ha sido compartida por la Corte Constitucional
en sentencias de constitucionalidad y de tutela, no parece acorde con los referidos principios de
progresividad y no regresividad el cambio jurisprudencial que se pretende introducir con la sentencia
SU-230 de 2015”.
28
Exp. 2489-2015, Gabriel Valbuena Hernández.
29
Exp. 2012-00143-01, M.P. César Palomino Cortés.
30
“Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las
prestaciones sociales para el Sector Público.”

20

Radicación Número: 11001-03-15-000-2018-01882-00
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y otros-
Demandado: Luz Stella Escárraga López
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

una sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en
cada caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada”.

Recientemente, en sentencia de unificación de 11 de junio de 202031, la Sección
Segunda de esta Corporación sentó jurisprudencia en relación con el alcance de la
regla relacionada con la base de liquidación de las pensiones reconocidas a los ex
servidores públicos de la Contraloría General de la República conforme al Decreto
929 de 1976, en virtud del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de
1993.

De forma consonante con el entendimiento establecido por la Sala Plena de la
Corporación en sentencia de 28 de agosto de 2018, se fijó la siguiente regla:

[E]l ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas con los requisitos
del Decreto 929 de 1976 en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de
1993, en cuanto a período corresponde a las variables previstas en los artículos
21 y 36 de esta norma; y respecto a los factores, atenderá la regla de cotización
contemplada en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994.

En cuanto a los efectos de esa decisión se dispuso:

110. La sección segunda, por regla general, ha dado aplicación al precedente
en forma retrospectiva, efecto que se le dará a esta sentencia, disponiendo que
la regla jurisprudencial fijada es vinculante en los siguientes casos: (i) respecto
de los asuntos similares que actualmente se están tramitando en el seno de la
administración, y los que llegaren a suscitarse; (ii) respecto de los procesos
similares que se están adelantando en juzgados, tribunales administrativos y
Consejo de Estado, y los futuros que se presenten. En consecuencia, no tiene
efectos respecto de aquellos asuntos en los que ya existe sentencia
ejecutoriada. En tal virtud, los conflictos judiciales ya resueltos están amparados
por la cosa juzgada y en consecuencia resultan inmodificables.

111. Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad
jurídica y dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social,
por ello no puede invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la
inaplicación de esta sentencia.

112. No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen
de transición, con fundamento en tesis anteriores que sostuvo la Sección
Segunda del Consejo de Estado, las cuales replanteó la Sala Plena, lo fueron
con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer
recurso extraordinario de revisión contra sentencia ejecutoriada que haya
reconocido la pensión con fundamento en jurisprudencia diferente a la ratio
decidendi aquí expuesta, prevalecerá el carácter de cosa juzgada. Lo anterior,
no enerva el recurso por los eventos previstos en los artículos 250 del CPACA,
y 20 de la Ley 797 de 2003, según el caso.

31
Exp. 2012-00572-01.

21

Radicación Número: 11001-03-15-000-2018-01882-00
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y otros-
Demandado: Luz Stella Escárraga López
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

6. Caso concreto

El legislador contempló la acción de revisión de las providencias que hacen
reconocimientos pensionales, como un mecanismo para salvaguardar el interés
general ante los posibles excesos que pudieran presentarse, en detrimento de los
principios de la moralidad administrativa, solidaridad y equilibrio financiero32.

La acción fue recogida en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que habilita la
revisión judicial de las sentencias ejecutoriadas que hayan decretado
reconocimientos que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública
la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza, en los siguientes eventos:

i) Por las causales señaladas en la ley para la procedencia del recurso
extraordinario de revisión.
ii) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
iii) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

En principio, el recurso extraordinario de revisión no puede emplearse como un
mecanismo judicial para controvertir las interpretaciones normativas efectuadas por
los jueces en sentencias que hicieron tránsito a cosa juzgada; sin embargo, en el
presente asunto por encontrarse en discusión un posible exceso en el reajuste
pensional ordenado a favor de la señora Luz Stella Escárraga López en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, corresponde adentrarse en el fondo del
asunto con el fin de determinar si el estudio normativo aplicado en la sentencia
impugnada se encuentra acorde con las normas y la jurisprudencia imperantes al
caso concreto, o si se incurrió en abuso del derecho y fraude a la ley.

En el presente asunto, la parte actora manifestó que el reconocimiento se obtuvo
con violación al debido proceso, por cuanto para ordenar la reliquidación de la
pensión de jubilación de la señora Escárraga López, la Sección Segunda del
Consejo de Estado se apartó del precedente constitucional que rige el asunto y de
los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, respecto al IBL y a los factores a tener
en cuenta, por consiguiente, se ordenó una mesada desproporcional que afecta la

32
Consultar, al respecto, Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia de 1º de
agosto de 2017, expediente 2016-02022-00(REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, y
Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 17 de mayo de 2018, expediente 2014-00665-00,
M.P. William Hernández Gómez.

22

Radicación Número: 11001-03-15-000-2018-01882-00
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y otros-
Demandado: Luz Stella Escárraga López
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

sostenibilidad fiscal del sistema pensional, mediante un claro abuso del derecho y
fraude a la ley.

También señaló que la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo
con la ley, en razón a que se accedió a la reliquidación de la pensión de jubilación
en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Explicó que el régimen especial aplicable a la señora Escarrága López es el
establecido en el Decreto 929 de 1979, de conformidad con el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, por estar inmersa en el régimen de transición, dado que nació el 15
de abril de 1953 y, para el 1 de abril de 1994, tenía más de 35 años de edad.

Por lo anterior, si bien tenía derecho a que se le aplicara el Decreto 929 de 1976,
normatividad anterior a la cual se encontraba afiliada; en lo atinente al porcentaje
del Ingreso Base de Liquidación, teniendo en cuenta que no adquirió su derecho
pensional antes del 1 de abril de 1994 sino con posterioridad, se le debió aplicar “el
75% del promedio de lo devengado sobre el salario promedio de 10 años, o el
tiempo que le hiciera falta para adquirir el derecho, con los factores salariales
enlistados en el Decreto 1158 de 1994”, de conformidad con lo establecido en el
inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

De acuerdo con las razones expuestas en la demanda, corresponde determinar si
la orden de reliquidación de la pensión de la señora Luz Stella Escárraga López,
dispuesta en el fallo de 24 de septiembre de 2011, proferido por el Tribunal
Administrativo del Quindío, confirmado por la Sección Segunda de esta Corporación
en sentencia de 24 de octubre de 2012, excedió lo debido legalmente.

Si bien el recurrente, también, invocó la causal de nulidad referida a haberse
obtenido la decisión con violación del debido proceso, de la exposición efectuada
en la demanda se advierte que la controversia gira en torno a la normativa que debió
tomarse por fundamento para establecer el ingreso base de liquidación y los
factores salariales para el cálculo de la mesada pensional de la causante, sin hacer
manifestación alguna a actuaciones violatorias del derecho al debido proceso. Por
esa razón, el estudio se limitará al cargo que refiere a la cuantía de la pensión
reconocida en exceso.

Según el recurso extraordinario de revisión la señora Escárraga López fue
beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, por lo que le resulta aplicable el Decreto 929 de 1976 para efectos de
determinar la edad, el tiempo de cotización y la tasa de referencia de su pensión de

23

Radicación Número: 11001-03-15-000-2018-01882-00
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y otros-
Demandado: Luz Stella Escárraga López
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

jubilación; sin embargo, el ingreso base de liquidación y los factores de liquidación
deben atender lo dispuesto en el sistema general de pensiones.

Como se explicó en acápite anterior, la controversia que plantea la UGPP ha sido
abordada por esta Corporación en múltiples ocasiones, en razón a las
interpretaciones disímiles que suscitó la redacción del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, en punto a la aplicación de ese sistema general en materia pensional a las
personas cobijadas por el régimen de transición, y los pronunciamientos
jurisprudenciales que, al respecto, emitieron el Consejo de Estado y la Corte
Constitucional. Y es que, en efecto, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100
de 1993 no existía un sistema integral de pensiones, sino que coexistían múltiples
regímenes administrados por diferentes entidades de seguridad social.

En lo que concierne a la aplicación del IBL y los factores de liquidación de las
normativas pensionales anteriores a la Ley 100, a los beneficiarios del régimen de
transición, la Sección Segunda de esta Corporación mantuvo una interpretación
constante durante casi dos décadas que pregonaba, para esos efectos, el empleo
integral de la norma especial, con fundamento en los principios de seguridad
jurídica, inescindibilidad de la norma y favorabilidad.

En el caso que es materia de análisis, se afirmó que el reconocimiento excesivo de
la mesada pensional de la causante tuvo por origen el desconocimiento de la
postura asumida por la Corte Constitucional frente a la aplicación del inciso tercero
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición.

Para la Sala, el discernimiento efectuado en la demanda no tiene la entidad
suficiente para invalidar la sentencia acusada.

Al revisar el fundamento aludido en la providencia que es objeto de censura, se
advierte que la Subsección A de la Sección Segunda dio pleno cumplimiento al
precedente fijado por esta Corporación, vigente para el momento en el que se
profirió la decisión, cuyo criterio fue expuesto en la sentencia de unificación de 4 de
agosto de 2010. En efecto, al tratarse de una ex funcionaria pública de la
Contraloría General de la República se aplicaron las previsiones del Decreto 929
de 1976 -por remisión de la Ley 33 de 1985-, para determinar la edad, el tiempo de
cotización y el monto de la pensión (tasa de reemplazo e ingreso base de
liquidación), con inclusión de todos los factores salariales que devengó durante los
últimos 6 meses, en la forma señalada por la jurisprudencia proferida por esta
jurisdicción, esto es, acudiendo a lo dispuesto en los Decretos 720 y 1045 de 1978.
Se dispuso, además, realizar el descuento de los aportes correspondientes a los

24

Radicación Número: 11001-03-15-000-2018-01882-00
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y otros-
Demandado: Luz Stella Escárraga López
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

factores salariales que se tuvieron en cuenta y sobre los cuales no se efectuó la
deducción legal, con lo cual se acató el mandato constitucional consagrado en el
artículo 48, según el cual “para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en
cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones”.

La decisión se motivó debidamente y aludió, expresamente, a las providencias
judiciales que establecieron la postura de este órgano judicial en lo referente a la
forma de liquidar las pensiones de las personas sujetas al régimen de transición.

Cabe mencionar, en este punto, que la Corte Constitucional mediante sentencia C-
540 de 2008, analizó la vigencia de la Ley 33 de 1985, regulatoria del régimen
general de pensiones para servidores públicos, y consideró que esta “rige de
manera ultractiva y aún produce efectos jurídicos en nuestro ordenamiento. Esto
obedece a que, en consideración a la existencia de una multiplicidad de regímenes
pensionales anteriores a la reforma introducida por la Ley 100 de 1993, y con el
propósito de proteger la expectativa legítima de adquirir el derecho a la pensión en
las condiciones particulares de cada régimen, la misma Ley, en su artículo 36, previó
un régimen de transición”.

En esa medida, la consideración de la Ley 33 de 1986 para definir la situación de la
señora Luz Stella Escarrága López consultó la interpretación constitucional que
sobre ese régimen especial hizo la Corte Constitucional, en ejercicio del control
abstracto de constitucionalidad.

Ahora bien, en lo que respecta a la “indebida aplicación, errónea interpretación e
infracción de las normas” a las que alude el accionante, se observa que dicha
afirmación encuentra fundamento en la interpretación acogida por la Corte
Constitucional frente a la redacción del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Al respecto, considera la Sala que, si bien existió discrepancia sobre la lectura del
mencionado artículo 36, la postura de la Corte Constitucional no resultaba
vinculante ni prevalecía en los casos resueltos por esta jurisdicción, en la medida
en que:

i) Del contenido de la sentencia C-168 de 1995 no se avizora un pronunciamiento
sobre el IBL aplicable al régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
por lo que al momento de dictarse la sentencia recurrida no existía cosa juzgada
constitucional ni un precedente constitucional de obligatorio cumplimiento en ese
tema.

25

Radicación Número: 11001-03-15-000-2018-01882-00
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y otros-
Demandado: Luz Stella Escárraga López
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

ii) La sentencia de 24 de octubre de 2012 se soportó en el precedente
jurisprudencial fijado por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante
sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, el cual resultaba vinculante y
obligatorio, en ese momento, para resolver casos similares.

De acuerdo con el ordinal primero del artículo 237 de la Constitución Política, una
de las atribuciones del Consejo de Estado consiste en desempeñar las funciones
de tribunal supremo de lo contencioso administrativo. En ese sentido, la
jurisprudencia que profiere este órgano de cierre es vinculante para resolver los
conflictos cuya competencia está atribuida a dicha jurisdicción, por la Constitución
y la Ley.

Ciertamente, la Corte Constitucional en sentencia C-816 de 1º de noviembre de
201133 señaló que las decisiones de las autoridades judiciales de cierre, entre ellas,
el Consejo de Estado, son vinculantes porque emanan de órganos diseñados para
la unificación de la jurisprudencia, de manera que su contenido y la regla o norma
jurídica que exponen se caracterizan por su permanencia, identidad, carácter
vinculante y obligatorio, en virtud de los principios de igualdad, buena fe y seguridad
jurídica previstos en los artículos 13 y 83 de la Constitución Política.

iii) La providencia recurrida dio aplicación al artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
tanto es así que se ocupó de explicar por qué era preciso recurrir a la normativa
especial, en su integridad, para determinar el monto de la pensión de las personas
favorecidas con el régimen de transición, en el que se encuentra incluido el
porcentaje y el ingreso base de liquidación, y los factores salariales empleados para
el cálculo.

Si bien la interpretación de la norma cambió, posteriormente, ese solo hecho no da
cuenta de una indebida aplicación, errónea lectura o infracción de la norma pues,
se reitera, el sentido de la disposición legal había sido fijado jurisprudencialmente
por esta Corporación, con fundamentos sólidos y garantistas de los principios de
favorabilidad, inescindibilidad de la ley y seguridad jurídica. La labor interpretativa
tuvo lugar debido a la contradicción evidenciada en la redacción de los incisos
segundo y tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; luego, no es sostenible
entender, como lo pretende el recurrente, que la providencia se apartó
injustificadamente del tenor literal de la norma.

33
M.P. Mauricio González Cuervo.

26

Radicación Número: 11001-03-15-000-2018-01882-00
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y otros-
Demandado: Luz Stella Escárraga López
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

iv) Mediante sentencias de unificación de 28 de agosto de 2018 y 11 de junio de
2020 esta Corporación señaló que el ingreso base de liquidación a tener en cuenta
en las pensiones regidas por la Ley 33 de 1986 -la cual remite al Decreto 929 de
1976 en el caso de los servidores de la Contraloría General de la República-, en
virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, corresponde a las previstas
en los artículos 21 y 36 de esa ley, y respecto de los factores resulta aplicable el
Decreto 1158 de 1994.

Empero, en esas decisiones se precisó que las sentencias que hicieron tránsito a
cosa juzgada y que fueron proferidas con fundamento en tesis anteriores de la
Sección Segunda de esta Corporación no incurrieron -por el solo hecho del cambio
de postura jurisprudencial- en abuso del derecho o fraude a la ley, correspondiendo
a cada operador judicial analizar cada caso para determinar si se incurrió en alguna
de esas conductas.

En el presente asunto, la Sala considera que la sentencia de 24 de octubre de 2012
no empleó interpretaciones contrarias a la Constitución Política ni condujo al
establecimiento de la mesada de la señora Luz Stella Escárraga López, en un valor
desproporcionado o irrazonable, o con abuso del derecho o fraude a la ley.

En efecto, la vinculación laboral de la causante con la Contraloría General de la
República perduró más de 20 años, en los cuales realizó contribuciones al sistema
pensional; además, la sentencia dispuso realizar el descuento de los aportes
correspondientes a los factores salariales que se tuvieron en cuenta y sobre los
cuales, en su momento, no se efectuó la deducción legal.

De otra parte, al reunir las condiciones fijadas en la Ley 100, la señora Escárraga
López hizo parte de los beneficiarios del régimen de transición, lo que implicaba la
aplicación, en su caso, de las normas especiales en materia pensional dispuestas
para los funcionarios de ese ente fiscalizador.

En lo que respecta al monto de la pensión, se observa que ésta pasó a equivaler
$1’753.313, a equivaler $4’217.426 efectiva a partir del 1° de diciembre de 200834,
aumento que no puede ser catalogado como excesivo, privilegiado ni
desproporcionado, dado que, revisada la trayectoria laboral de la señora Escárraga
López, no se evidencia que hubiera tenido una vinculación precaria35 o un aumento

34
Según consta en la Resolución RDP 034447 del 29 de junio de 2013 (fl. 125 a 130, Anexo 1).
35
La señora Luz Stella Escárraga López laboró en la Contraloría General de la República desde
septiembre de 1988 hasta noviembre de 2008, en los cargos de profesional universitario grado 1 y
2, y ocupó el empleo con el cual se realizaron los cálculos para su pensión de vejez desde el 16 de
marzo de 2000 (fl. 77, anexo 1).

27

Radicación Número: 11001-03-15-000-2018-01882-00
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y otros-
Demandado: Luz Stella Escárraga López
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

excesivo en su salario durante los años que antecedieron al último semestre
laborado y durante este último lapso, que fue tenido en cuenta para liquidar su
pensión.

En el documento denominado “certificación de salarios mes a mes” se puede
apreciar lo siguiente (fl. 79 a 80, anexo 1), —por motivos de brevedad, únicamente
se transcribe lo correspondiente al último mes laborado de cada anualidad—:

Año Mes Asignación Gastos de Prima Sumatoria Total mes
básica representación técnica otros fact.
s/rles.
pagados en el
mes certificado
1998 Diciembre $840.620 $0,00 $168.124 $0,00 $1.008.744
1999 Diciembre $966.713 $0,00 $193.343 $0,00 $1.160.056
2000 Diciembre $1.533.590 $0,00 $306.718 $0,00 $1.840.308
2001 Diciembre $1.601.682 $0,00 $320.336 $0,00 $1.922.018
2002 Diciembre $1.679.684 $0,00 $335.937 $0,00 $2.015.621
2003 Diciembre $1.764.677 $0,00 $352.935 $0,00 $2.117.612
2004 Diciembre $1.849.206 $0,00 $369.841 $0,00 $2.219.047
2005 Diciembre $1.950.913 $0,00 $390.183 $0,00 $2.341.096
2006 Diciembre $2.048.459 $0,00 $409.692 $0,00 $2.458.151
2007 Diciembre $2.140.640 $0,00 $749.224 $0,00 $2.889.864
2008 Septiembre $2.498.503 $0,00 $874.476 $1.180.543 $4.553.522

La diferencia de los valores entre la mesada pensional inicialmente reconocida y
aquella que resultó de la reliquidación ordenada por vía judicial tuvo por causa los
factores salariales que se emplearon para el cálculo de la mesada y el tiempo que
se utilizó para calcular el promedio salarial.

En efecto, las mesadas que son materia de análisis inicialmente se calcularon sobre
la asignación básica únicamente; mientras que en la reliquidación se tuvieron en
cuenta todos los factores salariales que habitual y periódicamente percibió la
trabajadora como retribución del servicio, de acuerdo con la postura defendida por
la Sección Segunda del Consejo de Estado. Adicionalmente, el régimen especial
aplicable a la causante establecía la pensión con base en el 75% del promedio de
los salarios devengados en el último semestre, mientras que la liquidación inicial se
había calculado sobre el promedio salarial devengado en los últimos 10 años de
servicio.

28

Radicación Número: 11001-03-15-000-2018-01882-00
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y otros-
Demandado: Luz Stella Escárraga López
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

En esa medida, la orden de reliquidación no atentó contra el interés general ni
significó un detrimento de los recursos estatales al punto de poner en riesgo la
sostenibilidad fiscal del sistema pensional.

Finalmente, no es posible aplicar de forma retroactiva la sentencia de unificación
que expidió la Sala Plena, en el año 2018, porque la decisión aquí cuestionada es
anterior y, en todo caso, la interpretación mayoritaria y vigente en esta Corporación
era la sostenida en la sentencia de unificación de la Sección Segunda de 2010,
conforme a la cual se decidió el asunto que es materia de revisión.

Como la causal de revisión invocada presupone la liquidación de la pensión en
contravía de lo dispuesto por la ley, se concluye que en el presente caso no está
llamada a prosperar, toda vez que la sentencia impugnada observó las normas y la
jurisprudencia vigentes para la fecha en la que se profirió.

Por lo expuesto, la Sala Especial se abstendrá de infirmar la providencia
impugnada.

7. Condena en costas

El artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021,
establece que “si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y
perjuicios al recurrente”.

Al sub lite le resultan aplicables las modificaciones efectuadas por la Ley 2080 de
25 de enero de 2021, en consideración a las reglas de vigencia establecidas en el
artículo 86 ibídem, toda vez que no se advierte alguna situación que imponga la
sujeción del trámite a las disposiciones que existían antes de su publicación, en la
medida en la que existen recursos por resolver, práctica de pruebas decretadas
antes de su publicación, audiencias convocadas antes de su entrada en vigor,
diligencias, incidentes, notificaciones o términos en curso para la fecha citada.

El artículo 361 del CGP prevé que las costas están integradas por la totalidad de
expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en
derecho. Para su liquidación, se observa lo señalado en el artículo 366 ibídem,
según el cual corresponde al magistrado sustanciador fijar las agencias en derecho,
aunque se litigue sin apoderado, y a la Secretaría liquidar los demás gastos
procesales.

29

Radicación Número: 11001-03-15-000-2018-01882-00
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y otros-
Demandado: Luz Stella Escárraga López
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

Para establecer las agencias en derecho, la Sala se remite a lo establecido en el
artículo 5º, numeral 9 del Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016, expedido
por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que dispone la
tarifa máxima de agencias en derecho, tratándose de recursos extraordinarios, en
veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En el presente asunto, la señora Luz Stella Escárraga López compareció al proceso,
a través de apoderado, para dar contestación a la demanda. Atendiendo a la
naturaleza, calidad y gestión desarrollada por el profesional del derecho que
participó en el proceso, se tasará a favor de la demandada, por concepto de
agencias en derecho, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Uno Especial de Decisión, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el magistrado
Julio Roberto Piza Rodríguez. Como consecuencia, se le separa del conocimiento
del presente asunto.

SEGUNDO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia de 24 de octubre de 2012, proferida por la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado.

TERCERO: CONDENAR en costas a la parte actora.

Por concepto de agencias en derecho se fija la suma equivalente a un (1) salario
mínimo legal mensual vigente, a favor de la señora Luz Stella Escárraga López.

Por Secretaría General de la Corporación, liquídense los gastos procesales.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI
del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema

30

Radicación Número: 11001-03-15-000-2018-01882-00
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y otros-
Demandado: Luz Stella Escárraga López
Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión

permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

MARÍA ADRIANA MARÍN NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Aclaración de voto

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

CÉSAR PALOMINO CORTÉS PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Salvamento de voto Salvamento parcial de voto

Firmado electrónicamente

ALFREDO BELTRÁN SIERRA

VF

31

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.