Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-01885-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-01885-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2018-01885-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
31 de enero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTIUNO ESPECIAL DE DECISIÓN
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticuatro (2024)
REFERENCIA: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2018-01885-00
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Parafiscales de la Protección Social
—UGPP—
Demandado: Pedro José Valencia Cifuentes
Temas: Causal de revisión prevista en el literal b) del 20
de la Ley 797 de 2003. Régimen Especial de la
Contraloría General de la República prevalece la
jurisprudencia vigente para el momento en que
se expide la decisión recurrida
____________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social
—UGPP— (antes Cajanal EICE en Liquidación), en adelante UGPP, contra la
sentencia del 21 de noviembre de 2011 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, que confirmó parcialmente y modificó la del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, proferida el 29 de
julio de 2010, en la que se accedieron a las súplicas de la demanda, dentro de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el señor Pedro José
Valencia Cifuentes.
1. Antecedentes
1.1. La demanda ordinaria
El señor Pedro José Valencia Cifuentes, por conducto de apoderado, interpuso
acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Caja Nacional de
Previsión Social —Cajanal—, con el fin de obtener la nulidad parcial de la Resolución
14973 del 6 de abril de 2009, que le reliquidó la pensión de vejez. Como
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consecuencia de la declaratoria de nulidad, solicitó que se condenara a la Caja
Nacional de Previsión Social EICE en Liquidación (hoy UGPP) a modificar, conceder
y pagar una asignación mensual equivalente al 75% de los factores devengados
durante los últimos seis meses de servicio, es decir, del 1 de diciembre de 2006 al 30
de mayo de 2007, con la inclusión de todos los factores, esto es, sueldo básico,
bonificación por servicio, bonificación especial (quinquenio, vacaciones, y primas de
servicios, navidad y vacaciones) con efectividad a partir del 1º de junio de 2007.
Igualmente, solicitó se condenará a pagar los incrementos anuales, la indexación y
los intereses de mora respectivos en la forma ordenada por los artículos 176 y 178
del C.C.A.
1.1.1. Los hechos de la demanda
Como hechos y fundamentos de derecho relevantes se señalaron los siguientes:
i) El señor Pedro José Valencia Cifuentes laboró por más de 25 años en la
Contraloría General de la República, cumplió el estatus jurídico de pensionado el 29
de marzo de 2005 y se retiró en forma definitiva del servicio el 31 de mayo de 2007.
ii) A través de la Resolución 55511 del 29 de noviembre de 2007, la Caja
Nacional de Previsión Social —Cajanal—, en los términos de la Ley 100 de 1993, le
reconoció pensión de vejez en cuantía de $1.271.426,21, efectiva a partir del 1º de
enero de 2007.
iii) El 4 de abril de 2008, solicitó a la Caja Nacional de Previsión Social —
Cajanal— la reliquidación de la pensión de vejez con el promedio de lo devengado
en el último semestre de prestación de servicio, de conformidad con los Decretos 929
de 1976, 1045 de 1978 y 48 de 1993.
iv) El anterior requerimiento fue resuelto mediante la Resolución 14973 del 6 de
abril de 2009, que le reliquidó la pensión de vejez en cuantía de $1.332.714,09,
efectiva a partir del 9 de junio de 2007.
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v) Según certificación 617 del 22 de mayo de 2009, los factores salariales
devengados fueron: la asignación básica, bonificación por servicios, bonificación
especial, prima de vacaciones, prima de servicios y prima de navidad.
1.1.2. Los fundamentos de derecho de la demanda
En el concepto de violación se invocaron los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 25, 29, 53, 58, 83,
90, 122, 123, 124 y 125 de la Constitución Política; los artículos 36, 85 y
concordantes del C.C.A.; el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; el artículo 7 del
Decreto Ley 929 de 1976, el artículo 1 inciso 2 de la Ley 33 de 1985; la Ley 62 de
1985; el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 y el artículo 14 del Decreto 48 de
1993.
Se expresó en el concepto de violación que el acto administrativo demandado, pese
a que reconoce que el demandante es beneficiario del régimen especial de
pensiones previsto en favor de los funcionarios y empleados de la Contraloría
General de la República establecido en el Decreto 929 de 1976, realiza una
aplicación parcial, que contradice la perspectiva constitucional, legal y jurisprudencial
según la cual dicho régimen debe ser aplicado íntegramente; por tanto, para
establecer el monto de la pensión de vejez resulta necesario tener en cuenta la
totalidad de los factores de salario devengados y certificados por todo concepto en
los últimos seis meses de servicio.1
1.2. La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
mediante sentencia del 29 de julio de 2010, declaró no probadas las excepciones
propuestas por la entidad demandada y la nulidad parcial de la Resolución 14973 del
6 de abril de 2009.
Igualmente, ordenó a Cajanal EICE en liquidación (hoy UGPP) y solidariamente a
Buen Futuro Patrimonio Autónomo, reliquidar el valor de la mesada pensional del
demandante con el 75% del promedio mensual de salarios devengados en el último
semestre de servicios, teniendo en cuenta los factores salariales legales
1 Folios 36 a 58 cuaderno dos
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correspondientes a: asignación básica, bonificación por servicios (1/12), bonificación
especial (quinquenio) (1/60), prima de vacaciones (1/12), prima de Navidad (1/12) y
prima de servicios (1/12), con el descuento de los aportes al sistema de seguridad
pensional durante el último semestre de servicios.2
En sustento de la decisión, indicó que no hay duda de que el señor Valencia
Cifuentes es beneficiario del régimen especial de pensiones previsto en el Decreto
929 de 1976, según el cual, la pensión vitalicia de jubilación será equivalente al 75%
del promedio de salarios devengados durante el último semestre, con la inclusión de
los factores señalados en el artículo 45 del Decreto Ley 1045 de 1978, por lo que su
prestación debió ser liquidada sobre la base de todo lo que recibió a título de salarios
que implique retribución ordinaria y permanente de servicios, lo que desvirtúa la
legalidad del acto administrativo demandado que solo tuvo en cuenta la asignación
básica y la bonificación por servicios. Agregó que sobre las mesadas no operó el
fenómeno jurídico de prescripción. Precisó que las vacaciones no constituyen factor
salarial debido a que se causan como pago de los días a los cuales se tiene derecho
a descanso anual remunerado y, agregó, que sobre las mesadas no operó el
fenómeno jurídico de prescripción.3
1.3. La sentencia objeto de revisión
El Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A, mediante sentencia del 21
de noviembre de 2011, confirmó la del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda Subsección C del 29 de julio de 2010, excepto en el numeral
tercero que se modificó para disponer que en consideración a la expedición de la
Resolución 14973 del 6 de abril de 2009 (expedida en cumplimiento de la acción de
tutela instaurada por el señor Pedro José Valencia Cifuentes) y, en caso de que
resultaren sumas adeudadas con motivo de la decisión adoptada, la entidad debería
deducir del valor de la condena los pagos efectuados en cumplimiento del referido
acto.
En sustento de la decisión, expuso lo siguiente:
2 Folios 164 a 188 del cuaderno 1 de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
3 Folios 164 a 188 ibidem
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i) Por haber servido el señor Pedro José Valencia Cifuentes durante más de diez
años a la Contraloría General de la República, y contar con más de 40 años para
cuando entró en vigor la Ley 100 de 1993, se encuentra cobijado por el régimen de
transición y, por ende, el reconocimiento de su pensión debió realizarse de
conformidad con el régimen especial previsto en el Decreto 929 de 1976, en cuanto a
la edad, tiempo de servicio y monto de la pensión, pues este beneficio subsume a la
persona íntegramente a las condiciones previstas en el ordenamiento especial.
ii) De acuerdo con la pauta jurisprudencial del Consejo de Estado, se concluye
que la entidad demandada debió liquidar la pensión de jubilación del actor, bajo la
observancia de la disposición especial establecida en el artículo 7 del Decreto 929 de
1976, con la inclusión de los factores salariales enunciados en el artículo 45 del
Decreto 1045 de 1978; sin que sea posible computar la indemnización de
vacaciones, toda vez que no es salario ni prestación. En cuanto a la bonificación
especial o quinquenio, solo es dable reconocer el causado dividido en sextas partes.
iii) La sentencia del Tribunal se confirma parcialmente, teniendo en cuenta que:
1) la pensión de jubilación del demandante debe reliquidarse en cuantía del 75% de
los factores devengados durante los últimos seis meses de servicio, esto es, entre el
1 de diciembre de 2006 y el 30 de mayo de 2007; 2) los factores a incluir: sueldo,
bonificación por servicios, prima de navidad, prima de vacaciones, prima de servicios
y la bonificación especial, todos en sextas partes; 3) el quinquenio debe ser liquidado
en atención al causado en el último semestre dividido por seis y 4) en caso de que
resulten sumas adeudadas como consecuencia de la reliquidación ordenada, la
entidad debe deducir del valor de la condena los pagos efectuados en virtud de la
Resolución 14973 del 6 de abril de 2009. 4
vi) La sentencia cobró ejecutoria el día 17 de febrero de 2012. 5
1.4. La demanda de revisión
1.4.1. La causal de revisión invocada
4 Folios 260 a 275 ibidem
5 Folio 282 ibidem.
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La UGPP considera que las providencias objeto de revisión están incursas en «(…)
la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 (…)», que
autoriza la revisión de una sentencia judicial que reconozca una pensión cuando
«(…) la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
1.4.2. Las pretensiones de la demanda de revisión
La UGPP, en virtud de lo previsto en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003 solicita que se declare:
«PRIMERA: Revocar la sentencia del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN C del 2 -noviembre- 2021
confirmada por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A del 21-noviembre de 2011,
la cual quedó debidamente ejecutoriada el 21-noviembre-2011 dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por PEDRO JOSÉ VALENCIA
CIFUENTES contra la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL – CAJANAL, en el
proceso radicado con el No. 250002325000200900389.
SEGUNDA: Declarar que a PEDRO JOSÉ VALENCIA CIFUENTES, en cuanto a la
liquidación de su mesada pensional, no es acreedora de un DERECHO ADQUIRIDO
amparable por la Legislación Colombiana, y en su lugar, ORDENAR LA
RELIQUIDACIÓN Y PAGO de su mesada pensional conforme a las reglas previstas en
las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230 de 2015,
SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de
2017, T-039 de 2017 proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional, esto
es, adoptado como INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN las directrices fijadas en el
inciso 3º del artículo 36 o las consignadas en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993,
según el caso, así como los FACTORES BASE DE COTIZACIÓN TAXATIVAMENTE
determinados en el Decreto 1158 de 1994 y demás disposiciones que
EXPRESAMENTE consagren esa condición de FACTORES SALARIALES con
incidencia pensional, y fijado como MONTO PENSIONAL o TASA DE REEMPLAZO
el 75% previsto en el Decreto 929 de 1976; por haber adquirido su status pensional
conforme las condiciones del RÉGIMEN DE TRANSICIÓN creado por el Sistema
General de Pensiones, y no antes.
TERCERA: como consecuencia de lo anterior ORDENAR a la Unidad Administrativa
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP,
reliquidar y pagar la mesada pensional de PEDRO JOSÉ VALENCIA CIFUENTES,
conforme a las reglas previstas en las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013,
Auto 326 de 2014, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de
2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, T-039 de 2017 proferidas por la Sala Plena
de la Corte Constitucional, esto es, adoptado como INGRESO BASE DE
LIQUIDACIÓN las directrices fijadas en el inciso 3º del artículo 36 o las consignadas
en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según el caso, así como los FACTORES
BASE DE COTIZACIÓN TAXATIVAMENTE determinados en el Decreto 1158 de
1994 y demás disposiciones que EXPRESAMENTE consagren esa condición de
FACTORES SALARIALES con incidencia pensional, y fijado como MONTO
PENSIONAL o TASA DE REEMPLAZO el 75% previsto en el Decreto 929 de 1976;
por haber adquirido su status pensional conforme las condiciones del RÉGIMEN DE
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TRANSICIÓN creado por el Sistema General de Pensiones, y no antes». (sic en todo
el texto).
1.4.3. Fundamentos de hecho del recurso extraordinario
La UGPP, expuso como sustento fáctico de sus pretensiones, lo siguiente:
i) En cumplimiento del fallo proferido por el Consejo de Estado del 21 de
noviembre de 2021, la UGPP expidió la Resolución RDP 010608 del 4 de octubre de
2012 y, en consecuencia, reliquidó la pensión de vejez del señor Pedro José
Valencia Cifuentes; para el efecto, elevó la cuantía de la mesada en $1.790.262,
efectiva a partir del 1 de junio de 2007, conforme a lo ordenado en sede judicial.
ii) Posteriormente, mediante la Resolución RDP 048368 del 17 de octubre de
2013, la UGPP modificó la parte motiva pertinente y el artículo 1 de la Resolución
RDP 010608 del 4 de octubre de 2012, en el sentido de indicar que la cuantía de la
pensión de vejez del señor Pedro José Valencia Cifuentes correspondía a la suma de
$2.346.074 efectiva a partir del 1 de junio de 2007.
iii) A través de la Resolución RDP 012152 del 14 de abril de 2014, modificó los
artículos 1, 2, 3 y 4 de la Resolución RDP 048368 del 17 de octubre de 2013, de tal
forma que elevó la cuantía de la mesada pensional a $3.289.717, a partir del 1 de
junio de 2007, y con las Resoluciones RDP 000896 del 15 de enero de 2018 y RDP
007617 del 26 de febrero de igual anualidad, la UGPP, resolvió los recursos de
reposición y apelación respectivamente, interpuestos contra el acto modificatorio en
el sentido de confirmarlo en todas sus partes.
1.4.4. Fundamentos de derecho del recurso extraordinario
Se indican por la recurrente los siguientes argumentos:
i) La sentencia objeto de revisión transgrede los artículos 1, 2, 121,123 inciso 2º
y 124 de la Constitución Política y las disposiciones legales contenidas en el Decreto
929 de 1976; Decreto 1158 de 1994; Ley 100 de 1993; Acto Legislativo 01 de 2005 y
demás normas concordantes.
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ii) El juez de instancia se apartó de la interpretación dada por el precedente
jurisprudencial de la Corte Constitucional6 y el tenor literal del artículo 36 inciso 3º de
la Ley 100 de 1993, respecto a la aplicación del IBL para el reconocimiento pensional
de aquellos cotizantes que se encuentran inmersos en el régimen de transición, por
tanto, vulneró el debido proceso y otorgó un derecho al señor Valencia Cifuentes sin
el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para tal fin y, en
consecuencia lesionó el erario, pues le corresponde a la Nación, asumir los recursos
para cubrir la prestación en tales condiciones, los que son indispensables para la
financiación del Sistema General de Seguridad Social en pensiones.
iii) En el presente caso se configura la causal prevista en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, según pasa a exponerse:
a) El reconocimiento de la reliquidación pensional se obtuvo con violación al
debido proceso, comoquiera que lo correcto era que para establecer el IBL de la
pensión del señor Pedro José Valencia Cifuentes y los factores computables, se
debió tener en cuenta el contenido de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993,
por lo que el fallo acusado transgrede los principios superiores de legalidad, toda vez
que se sobrepone el interés particular sobre el general, se otorga un aumento a la
mesada pensional sin existir derecho, lo cual compromete recursos públicos sin
sustento constitucional ni legal, y se desconocen las formas propias de cada juicio.
b) La cuantía del derecho reconocido excede lo debido, pues si bien es
indiscutible que el régimen especial aplicable al señor Valencia Cifuentes es el
contemplado en el Decreto 929 de 1976, por encontrarse inmerso en el régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sin embargo, el IBL que le
es aplicable, corresponde al 75% del promedio de lo devengado sobre el salario
promedio de diez años o el tiempo que le hiciera falta para adquirir el derecho, razón
por la cual, se considera que las decisiones cuestionadas, establecieron un criterio
con base en una norma inexistente, al ordenar la reliquidación con fundamento en lo
devengado por aquel en el último semestre de prestación de servicio.
6 Refirió la parte recurrente las siguientes providencias: C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de
2014, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de 2017, SU-
631 de 2017 y T-039 de 2017 proferidos por la Sala Plena de la Corte Constitucional
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c) Las corporaciones judiciales accionadas realizaron una interpretación errada
de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, que contraviene postulados de rango
constitucional y conduce a resultados desproporcionados, porque viola los criterios
de sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones y, por consiguiente,
se apartan de lo que al respecto fue precisado en las sentencias C-168 de 1995, C-
258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017,
Auto 229 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2017 proferidas por
la Sala Plena de la Corte Constitucional.
d) Las sentencias objeto de revisión, al desconocer la normatividad aplicable y el
precedente jurisprudencial, afectan gravemente la sostenibilidad financiera,
comoquiera que se aumenta sin justificación la mesada pensional del señor Valencia
Cifuentes en un 59%, de tal forma que al realizar la proyección de pagos, en virtud
de la orden judicial allí contenida y la expectativa de vida del pensionado, se tiene un
valor indexado futuro de $931.934.965,47047, situación que configura un abuso
palmario del derecho y hace que el reconocimiento pensional sea irregular, esto es,
con ventajas irrazonables que van en detrimento del erario público.8
1.5. Oposición
A través de apoderado debidamente constituido, el señor Pedro José Valencia
Cifuentes, adujo que el recurso extraordinario de revisión fue interpuesto de manera
extemporánea, pues las sentencias cuestionadas quedaron en firme el 17 de febrero
de 2012 y la demanda fue radicada el 12 de junio de 2018, esto es, por fuera del
plazo de cinco años previsto en el artículo 251 del CPACA, lo que supone su
rechazo.
Por otra parte, se opuso a las pretensiones del recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la UGPP y solicitó desestimarlas9, al considerar que el fallo judicial
objeto de demanda cumple a cabalidad con los preceptos legales y los lineamientos
jurisprudenciales vigentes para la época en que se emitió, con fundamento en las
siguientes razones:
7 Para la proyección de pagos, el libelista tuvo en cuenta los siguientes ítems: i) edad: 68 años, ii)
diferencia: 3.093.731,1, iii) vida media: 16.7%, iv) mesadas futuras: 242,8, v) proyección de pagos
futuros en pesos 2018: $750.915.111,08 y proyección de pagos futuros: 931.934.965,4704
8 Folios 88 a 94 del cuaderno principal del recurso extraordinario de revisión.
9 Folios 312 a 322 ibidem
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i) Al caso concreto no se pueden aplicar las sentencias C-258 de 2013, SU-230
de 2015 «y otras», en atención a que son posteriores: i) a «las sentencias aquí
enjuiciadas» y ii) a la fecha en que adquirió el estatus de pensionado.
ii) No se puede endilgar fraude a la ley ni abuso del derecho, pues la
interpretación que las sentencias objeto de revisión realizaron del Decreto 929 de
1976, no resulta incompatible con el ordenamiento jurídico, ni excesivo o
desproporcionado respecto de su objeto jurídico, en atención a que se fundamentó
en la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional
vigente para la época de su expedición.
iii) En el presente caso, no se observa la configuración de la causal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, alegada por la accionante, pues debe tenerse en cuenta que
el monto resultante de la reliquidación de la pensión de jubilación del señor Pedro
José Valencia Cifuentes, en ningún momento excede la cuantía legal ni genera un
detrimento al erario, por cuanto fue el resultado de la aplicación integral del Decreto
929 de 1976, que establecía el régimen pensional del que era beneficiario, en virtud
de la transición prevista en la Ley 100 de 1993, aunado al principio de la
irretroactividad de la ley en materia laboral, el respeto de los derechos adquiridos y
la imposibilidad de la aplicación retrospectiva de decisiones judiciales posteriores.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
La demanda que ocupa la atención de la Sala se interpuso el 12 de junio de 201810,
en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo —CPACA—, cuyo artículo 249, confiere a la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo la competencia para conocer de los recursos
extraordinarios de revisión, «sin exclusión de la sección que profirió la decisión».
Sin embargo, le corresponde a esta Sala Especial proferir el fallo correspondiente, en
virtud de lo dispuesto en el Acuerdo 321 de 2014 de la Sala Plena del Consejo de
10 Folio 97 del cuaderno contentivo del recurso extraordinario de revisión
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Estado, que implementó las Salas Especiales de Decisión para resolver los recursos
extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado.
Cabe resaltar que dicho Acuerdo se dictó con base en las facultades otorgadas por
los artículos 237 numeral. 6.° de la Constitución Política, 35 de la Ley 270 de 1996 y
107 del CPACA, que permite la creación de Salas Especiales de Decisión para
resolver asuntos atribuidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
2.2. Cuestión previa
2.2.1. Decisión objeto de revisión
Si bien la UGPP, en el escrito de demanda acusa a la decisión proferida en primera
instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
subsección C, del 29 de julio de 2010, expedida dentro del medio de control nulidad y
restablecimiento del derecho que se tramitó bajo el radicado 25000 2325 000 2009
00389 00, de incurrir en la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, fue el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, el que en
segunda instancia tomó la decisión que definió el asunto objeto de controversia a
través de la providencia proferida el 21 de noviembre de 2011, por lo que el análisis
de la posible configuración de la causal alegada, se hará respecto de esta última
providencia, por haber cerrado en forma definitiva la controversia.
2.2.2. Legitimación en la causa por activa de la UGPP
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social UGPP se encuentra legitimada en la causa por
activa para formular el recurso extraordinario de revisión contemplado en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003 con fundamento en el siguiente marco normativo:
i) La Ley 1151 de 2007 «[p]or la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2006-2010», artículo 156, numeral 1.11
11 La norma citada es del siguiente contenido. Artículo 156 Gestión de Obligaciones Pensionales y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. Créase la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, adscrita al Ministerio
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Radicado: 11001-0315-000-2018-01885-00 (REV)
actora: UGPP
ii) El Decreto 575 de 2013 «[p]or el cual se modifica la estructura de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) y se determinan las funciones de sus dependencias»,
artículo 6, numeral 6.12
Las disposiciones anteriores permiten apreciar que existe legitimación en la causa
por activa de la UGPP para instaurar la revisión de la sentencia del 21 de noviembre
de 2011 proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, que
confirmó y modificó la sentencia proferida el 29 de julio de 2010 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C.
2.2.3. El cómputo de caducidad de la revisión
La sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión se profirió el 21 de
noviembre de 2011; se notificó a través de edicto que fue desfijado el 14 de febrero
de 201213 y la demanda se instauró el 12 de junio de 201814, es decir por fuera del
lapso previsto en el artículo 251 del CPACA.15 Sin embargo, la Corte Constitucional
de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
independiente. Esta Unidad Administrativa tendrá a su cargo: i) El reconocimiento de derechos
pensionales, tales como: pensiones y bonos pensionales, salvo los bonos que sean responsabilidad
de la Nación, así como los auxilios funerarios, causados a cargo de administradoras del Régimen de
Prima Media del orden nacional, y de las entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su
cargo el reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su
liquidación. Para lo anterior, la entidad ejercerá todas las gestiones inherentes a este numeral, tales
como la administración de base de datos, nóminas, archivos y asignaciones al Gobierno Nacional en
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Declarada exequible mediante sentencia C-376 de 2008.
Referencia: expedientes D-6914 y D-6926 (acumulados), demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 155 y 156 de la Ley 1151 de 2007 “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo,
2006-2010”, actores: Jorge Humberto Valero Rodríguez (Expediente D-6914) y Luis Alberto Cáceres
Arbeláez (Expediente D-6926), sentencia del 23 de abril de 2008. magistrado ponente: Dr. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
12 La norma citada es del siguiente contenido. Artículo 6. FUNCIONES. La Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) cumplirá
las siguientes funciones: (…) 6. Adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y demás normas que la adicionen o modifiquen.
13 Folios 276 del cuaderno contentivo de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
14 De acuerdo con el acta individual de reparto, visible a folio 97 del cuaderno principal del recurso
extraordinario de revisión, la demanda fue interpuesta el 12 de junio de 2018.
15 «ARTÍCULO 251 DEL CPACA. TÉRMINO PARA INTERPONER EL RECURSO. El recurso podrá
interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. En los casos
contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el recurso dentro
del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de
los motivos que dan lugar al recurso.
En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro
de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no
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en la sentencia SU-427 de 201616 estableció que los cinco años para contabilizar el
plazo para instaurar el recurso extraordinario de revisión, se toman desde el
momento en el que la UGPP asumió las funciones de Cajanal, esto es, desde el 12
de junio de 2013.
Sobre el particular, en la sentencia referida se indicó lo siguiente:
7.21. En ese orden de ideas, respecto del término para interponer el mecanismo de
revisión de las decisiones judiciales que hayan reconocido pensiones con abuso del
derecho existió un vacío legal que sólo se superó con el artículo 251 de la Ley 1437 de
2011, que además constituye el único desarrollo sobre la materia en vigencia del Acto
Legislativo 01 de 2005, y que estableció de forma expresa que “el recurso deberá
presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia
judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a
partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.”
7.22. Así las cosas, sólo hasta la expedición del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011
hubo claridad en cuanto al término para solicitar la revisión de providencias judiciales
que reconocieron pensiones fundadas en abuso del derecho, por lo que esa es la
disposición que debe regir la caducidad para casos como el estudiado por la Sala en
esta oportunidad. En consecuencia, establecido el término de 5 años para incoar el
instrumento de revisión, este Tribunal advierte que, para su contabilización, se fijó
se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo
transaccional o conciliatorio».
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 que establece la revisión de reconocimiento de sumas periódicas
a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, se encuentra vigente salvo en lo atinente
al término para instaurar la revisión La norma es del siguiente tenor:. <Apartes tachados
INEXEQUIBLES> «Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de
cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el
Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del
Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el
respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en
el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
La expresión en cualquier tiempo fue declarada inexequible mediante sentencia del 23 de septiembre
de 2003, C-835 de 2003, referencia: expediente D-4515, demanda de inconstitucionalidad de los
artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003.
16 Sentencia SU 427 de 2016, referencia: expediente T-5.161.230 acción de tutela interpuesta por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social –UGPP- contra la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín y otro, magistrado ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez. En la referida sentencia se
dispuso en el numeral séptimo: «ADVERTIR a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado
que el desconocimiento del precedente fijado en esta providencia en relación con la procedencia del
recurso de revisión establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, habilita a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP- para acudir a la acción de tutela y salvaguardar sus derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia y a la igualdad».
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Radicado: 11001-0315-000-2018-01885-00 (REV)
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como parámetro la ejecutoria de la providencia judicial, el cual no puede servir como
referente para determinar la caducidad respecto a la UGPP, en atención al estado de
cosas inconstitucional que afrontaba Cajanal, por lo que la Sala estima pertinente
entender que el plazo para acudir a dicho instrumento debe iniciarse a contar no antes
del día en que la demandante asumió las funciones de esta última empresa, es decir,
con posterioridad al 12 de junio de 2013.
En ese orden de ideas, la Sala observa que el plazo para instaurar el recurso
extraordinario de revisión vencía el 12 de junio de 2018 y como esta actuación se
llevó a cabo ese día, no se advierte su extemporaneidad.
2.3. Problema jurídico
El planteamiento del problema jurídico consiste en determinar si la sentencia del
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A del 21 de noviembre de 2011,
está inmersa en la causal de revisión de que trata el literal b) de la Ley 797 de 2003,
esto es, «[c]uando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
Para dar respuesta al anterior problema, la Sala considera necesario abordar el
estudio de los siguientes temas: 2.3.1) aspectos generales del recurso extraordinario
de revisión necesarios para definir el asunto de la referencia; 2.3.2) la acción de
revisión contemplada en la Ley 797 de 2003; 2.3.3) la causal de revisión invocada;
2.3.4.) análisis del caso concreto; y, 3) conclusión.
2.3.1. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión necesarios para
definir el asunto de la referencia
La jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha sido pacífica
en considerar que el recurso de revisión constituye una excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias, pues permite «cuestionar la firmeza de la sentencia
ejecutoriada, con el fin de corregir los errores o ilicitudes que llevaron a una
sentencia contraria a derecho»; por tal razón, su procedencia se limita a las causales
taxativamente previstas por el legislador, las cuales deben interpretarse de manera
restrictiva. Asimismo, ha sostenido que más que un recurso es una verdadera acción,
cuyo propósito consiste en el «restablecimiento de la justicia material». Así lo
consideró la Corte Constitucional en la Sentencia C-450 de 2015, donde hizo un
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Radicado: 11001-0315-000-2018-01885-00 (REV)
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detallado análisis jurisprudencial, bajo el cual se estudiará el presente recurso. En
dicha providencia se expuso lo siguiente:
Sobre el particular, sea lo primero indicar que la Corte Constitucional reiteradamente
ha indicado que el recurso extraordinario de revisión, en términos generales, funge
como una excepción al principio de la cosa juzgada, «y ampara todas las sentencias
ejecutoriadas, para que puedan enmendarse los errores o ilicitudes cometidos en su
expedición, y se restituya el derecho al afectado a través de una nueva providencia
fundada en razones de justicia material, que resulte acorde con el ordenamiento
jurídico». Por lo tanto, resulta claro que a criterio de la jurisprudencia constitucional, el
recurso extraordinario de revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho, ha
sido diseñado para proceder contra las sentencias ejecutoriadas, por las causales
taxativas que en cada caso haya definido el Legislador, las cuales, por regla general,
giran en torno a hechos o circunstancias posteriores a la decisión y que revelan que
ésta es materialmente injusta.(…) En cambio, el recurso extraordinario de revisión tal
como quedó estructurado en el Decreto 01 de 1984, procede contra todas las
sentencias ejecutoriadas dictadas por los Tribunales Administrativos y por el
Consejo de Estado. Este recurso es una innovación en la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, pero su origen inmediato está en el recurso extraordinario
de revisión existente en la jurisdicción civil. Su finalidad es el restablecimiento de la
justicia, y como se dirige contra sentencias ejecutoriadas, se convierte en una
limitación a una de las características de la cosa juzgada: la inmutabilidad.
[…]
Se puede decir entonces, que el recurso extraordinario de revisión en materia
administrativa tiene su origen inmediato en el recurso extraordinario de revisión en el
campo civil, y al igual que este, se dirige contra sentencias ejecutoriadas,
buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y
constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada. (…)
[Negrillas y cursivas del original]
Por su parte, en lo relacionado con la jurisdicción contencioso-administrativa, el
Consejo de Estado, en diversas oportunidades, también se ha pronunciado sobre la
naturaleza y alcance del recurso excepcional de revisión. Así, en vigencia del antiguo
Código Contencioso-Administrativo, el alto tribunal reconocía la revisión, no obstante,
la autoridad de la cosa juzgada que ampara las sentencias ejecutoriadas y previa la
constatación de la ocurrencia de alguna de las expresas causales que autorizan su
utilización, permite enmendar errores o ilicitudes cometidos en la expedición del fallo
recurrido, con el fin de restituir el derecho al afectado a través de una nueva
sentencia.
Así lo señalaba en la siguiente providencia de 2005:
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Radicado: 11001-0315-000-2018-01885-00 (REV)
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Este medio de impugnación ha sido erigido por el Legislador como una excepción al
principio de la inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada
material; y con él se abre paso a la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado, en
relación con los hechos y sus pruebas, siempre que el mismo resulte contrario a la
Justicia y al Derecho, y de acuerdo con las causales establecidas y con único fin de
que se produzca una decisión ajustada a la ley. Es presupuesto del citado medio
extraordinario, que constituye una verdadera acción impugnatoria con efectos
rescisorios, que exista una relación procesal cerrada y por lo mismo no se pueden
discutir los asuntos de fondo (fuente de la mencionada relación), ni se pueden
fiscalizar las razones fácticas y jurídicas debatidos en el proceso que dio lugar al
aparecimiento del fallo que se impugna. Dicho recurso se dirige contra un fallo en
firme cuando después de su firmeza aparecen situaciones de hecho, con su prueba,
que pueden hacer evidente que el fallo fue erróneo o injusto.17
De igual modo, en lo que respecta al carácter instrumental del recurso, debe
señalarse que la Sala Plena del Consejo de Estado determinó que este debe
interpretarse como una actuación independiente del asunto de origen, por lo que
constituye un nuevo proceso, es decir, un verdadero medio de control. En sentencia
de 3 de febrero de 2015, lo afirmó de la siguiente manera:
Esta Corporación había acogido la tesis según la cual los recursos extraordinarios no
se podían entender como una actuación ajena e independiente del proceso de origen,
razón por la que se aplicaba la legislación que rigió el proceso en donde se emitió el
fallo objeto del recurso. Sin embargo, en reciente decisión, providencia de 12 de
agosto del año en curso, la Sala Plena Contenciosa modificó la postura expuesta,
para indicar que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso y
no una instancia adicional en la que los interesados pueden plantear el asunto objeto
del litigio original. Pese a su nombre -recurso extraordinario-, este se inicia con una
demanda contra la sentencia, la que está sujeta a una serie de requisitos que deben
ser observados para su admisibilidad y procedencia, es decir, es un medio de control
más que consagró el legislador en la jurisdicción contencioso-administrativa. Huelga
advertir como una nota al margen, que el Código General del Proceso, Ley 1564 de
2012, al hacer referencia a este recurso al igual que lo hacía el Código de
Procedimiento Civil que aquel modificó, señala que este se debe interponer por medio
de una demanda, artículos 357 y 382 respectivamente. En otros términos, el recurso
es, se repite una verdadera acción o medio de control. En consecuencia, a partir del
auto de la Sala Plena del pasado 12 de agosto quedó claro que el mencionado
recurso es un nuevo proceso.
Normativamente, el recurso extraordinario de revisión está previsto en los artículos
248 y siguientes del CPACA. Procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas
por «i) las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
17Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 18 de octubre de 2005,
Radicado: 1998-00173-00 (REV–173). C.P: María Elena Giraldo Gómez.
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17
Radicado: 11001-0315-000-2018-01885-00 (REV)
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Consejo de Estado; ii) los Tribunales Administrativos; y iii) los Jueces
Administrativos».18 El plazo para su interposición es de un año, contado a partir de la
ejecutoria de la sentencia objeto de impugnación,19 y debe reunir los requisitos fijados
en el artículo 252 ejusdem, con indicación precisa y razonada de la causal invocada,
acompañada de las pruebas documentales que el recurrente tenga en su poder y
pretenda hacer valer.
Para su procedencia, resulta imperativo acreditar las circunstancias fácticas que
configuran la causal de revisión invocada, cuya presencia altera de forma inequívoca el
sentido de la decisión. Además, debido a su carácter excepcional, el recurso solo
admite los eventos contemplados expresamente en el artículo 250 del CPACA como
causales, los cuales, en esencia, corresponden a vicios o errores de carácter
procedimental.20 En sentencia de 8 de mayo de 2019,21 esta corporación, respecto
de los requisitos esenciales para la prosperidad del recurso, sostuvo lo siguiente:
[D]ada la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión, se prevé, como uno de los
requisitos para su procedencia, que las razones o motivos que constituyen las
causales del recurso no hayan sido provocadas ni le sean imputables al afectado con
la sentencia, en el entendido de que este recurso no consagra una nueva instancia, ni
prevé oportunidades para que las partes subsanen conductas omisivas o negligentes
en las que hubiesen podido incurrir durante el trámite del proceso.
Paralelamente a estos eventos de revisión, la Ley 797 de 2003 estableció una acción
sui generis para la revisión de sumas periódicas otorgadas de manera irregular, por
lo que su ejercicio está restringido a las siguientes condiciones o particularidades: i)
una parte activa cualificada, solo unas entidades están llamadas a instaurarla; ii)
procede adicionalmente por dos causales específicas que tienen por finalidad, la
protección y recuperación del patrimonio público; iii) en su trámite se aplica el
18 Artículo 249 CPACA.
19 Artículo 251 CPACA en consonancia con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
20 «De ahí que los vicios o errores en que se deban fundamentar los recursos extraordinarios de
revisión, conforme con las causales taxativas previstas por el legislador en el artículo 250 del CPACA,
deben ser eminentemente procedimentales, pues ninguna causal cuestiona la labor intelectual de
juzgamiento, sino que involucran bien sea una irregularidad de carácter procesal (numeral 5°,
referido a la existencia de causal de nulidad originada en la sentencia, y numeral 8°, referido al
desconocimiento de la cosa juzgada), o bien, aspectos que atañen a la validez intrínseca o
insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron el sentido de la decisión (numerales
1°, 2°, 3°, 6° y 7°), a excepción de la causal del numeral 4°, referida a la violencia o cohecho en que
se pudo incurrir en el pronunciamiento del fallo». Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de 7 de mayo de 2013, Exp: 2010-00038-00 (REV) C.P.
Mauricio Torres Cuervo.
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, rad. 2013-00035-00(46453), M.P. Marta Nubia
Velásquez Rico.
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Radicado: 11001-0315-000-2018-01885-00 (REV)
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procedimiento previsto por el CPACA de manera general para las causales del
artículo 250 ejusdem; y, iv) su objeto es delimitado y su análisis se dirige a establecer
la legalidad de las sumas periódicas que han sido reconocidas.
Con todo, conviene recordar que si bien estos mecanismos se instituyeron como una
excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, su ejercicio entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y el principio de la seguridad jurídica, por lo que
no es admisible su interposición para controvertir la legalidad de los actos
demandados en el proceso ordinario, ni para corregir los yerros probatorios que
cometieron las partes, ni para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse
durante la gestión del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.
2.3.2. La acción de revisión contemplada en la Ley 797 de 2003
La entidad demandante invocó como soporte de la acción de revisión, la causal
prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 «[p]or la cual se
reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley
100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales
exceptuados y especiales».
Artículo 20..Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo22hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el
Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias,
a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo23por las
causales consagradas para este en el mismo código y además:
[…]
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables. (Resalta la
Sala).
22 La expresión en negrilla fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-835
de 2003.
23 Ibidem.
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Radicado: 11001-0315-000-2018-01885-00 (REV)
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En la exposición de motivos que dio origen a la ley antes citada,24 en especial, en lo
referente a la consagración de las causales de procedencia del recurso
extraordinario de revisión, se consideró que su propósito consistía en afrontar graves
casos de corrupción en materia de reconocimiento pensional y evitar los perjuicios
que por esa causa pueda sufrir el erario.
La siguiente fue la explicación que se adujo sobre ese particular:
Artículos 20 y 21. Revisión y revocatoria de pensiones. Estos artículos contemplan la
posibilidad de revisar las decisiones judiciales, las conciliaciones o las
transacciones que han reconocido pensiones irregularmente o por montos que no
corresponden a la ley. Así mismo, se contempla la posibilidad de revocar las
pensiones irregularmente otorgadas. De esta manera, se permite afrontar los graves
casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la
Nación. (Se resalta).
Es decir, que el objeto del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, consistió en incluir
causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio
de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas,
se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario.25
2.3.3. La causal de revisión invocada
24 Que se puede consultar en la Gaceta del Congreso 350 del 23 de agosto de 2003, páginas 12 a 17.
25 Sala Especial de Decisión No. 6, sentencia del 6 de abril de 2020, Referencia: Recurso
Extraordinario de revisión, consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación: 11001-03-15-
000-2020-05191-00, demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales -UGPP, demandado: Gloria Inés Cedeño Gómez:
«En segundo lugar, y a diferencia del marco conceptual ordinario de la revisión, esta causal constituye
la excepción a la regla que prohíbe el análisis de errores “in judicando”, por cuanto permite al
revisionista controvertir la interpretación de la ley aplicable al caso, cuando tal valoración da lugar al
reconocimiento de una cuantía que excede la que bien debía inferirse del precepto.
Tesis que corresponde con el criterio de la Sección Segunda, Subsección A, de esta Corporación de
acuerdo con el cual “el objeto del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 consistió en incluir causales
cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio de las pensiones
reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter
patrimonial al erario.” (Destacado por la Sala)
Por lo tanto, la causal bajo análisis faculta al juez extraordinario para descender al análisis de los
razonamientos bajo los cuales el juez ordinario concedió una pretensión pensional, para así
determinar si la cuantía de la misma se ajustó a los parámetros legales que rigen la materia».
En esta decisión se cita la sentencia de la Sección Segunda, Subsección A, del 5 de julio de 2018,
consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas, radicación: 11001 03 25 000 2013 00124-00
(0279-2013), demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales -UGPP, demandado: José Lizardo Mateus Sánchez. Gloria Inés Cedeño Gómez.
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20
Radicado: 11001-0315-000-2018-01885-00 (REV)
actora: UGPP
En la sentencia del 17 de septiembre de 2020, la Sección Segunda, Subsección A,26
al examinar las causales de revisión previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
sobre el particular, expuso lo siguiente:
Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión
debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto
es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la
jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales
se tienen los siguientes:
i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo
de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas
pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean
consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.
ii) Están legitimados para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación (art. 20
de la Ley 797 de 2003) y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.
iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas
en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre
la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos
limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad
Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.
iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar
los aspectos concernientes a la liquidación de aquellas, cuando se reconocieron en un
valor mayor al que corresponde, con vulneración del debido proceso o de la ley.
v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo
con las normas que rigen la materia.
Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en
colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero,
precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe
admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento (pensional)
se hizo con violación al debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía
reconocida excede lo ordenado por la ley.27
26 Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas, radicación:
11001032500020160029700 (1715-2016). demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), demandado: Carmen Cecilia
Sarmiento de Barroso.
27 Sobre el punto consignado en el numeral i): se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la
Corte Constitucional.; respecto del numeral ii) consultar la sentencia SU 427 de 2016 de la Corte
Constitucional; en lo atinente al numeral iii), acudir a la sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4, sentencia del 1.° de agosto de
2017, radicación: radicación: 110010315000201602022 00 (REV) y respecto del numeral v) a la
sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de
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Radicado: 11001-0315-000-2018-01885-00 (REV)
actora: UGPP
2.3.4. Análisis de la Sala. Caso concreto
Procede la Sala al examen el recurso extraordinario de revisión bajo la causal
prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la cual se invocó con el
argumento consistente en que el reconocimiento efectuado por orden judicial no
debió efectuarse con base en el régimen especial del Decreto Ley 929 de 1976,
establecido para los funcionarios y empleados de la Contraloría General de la
República, sino en el general del sistema de Seguridad Social Integral.
En concreto, la entidad recurrente considera que la decisión judicial trasgrede lo
dispuesto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994 y
desconoce los precedentes obligatorios y vinculantes de la Corte Constitucional para
todas las jurisdicciones sobre la forma de liquidar el IBL de las personas sujetas al
régimen de transición. En ese entendido, asume que la mesada pensional
reconocida al pensionado se está pagando en una cuantía superior a la que dispone
la normativa que le resulta aplicable.
2.3.4.1. Análisis de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003 respecto de la sentencia recurrida en lo atinente con el
presunto desconocimiento del precedente constitucional en que habría
incurrido la sentencia objeto de revisión respecto de las sentencias C-250 de
2013, SU-230 de 2015, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018
2.3.4.1.1 Recuento fáctico:
El derecho pensional del señor Pedro José Valencia Cifuentes se efectúo mediante
la Resolución 55511 del 29 de noviembre de 2007 a través de la cual Cajanal le
reconoció y ordenó el pago de una pensión mensual vitalicia por vejez en cuantía de
$1.271.426, 21 efectiva a partir del 1 de enero de 2007 la cual se calculó con el 75%
sobre el salario promedio de los últimos diez años, conforme a lo establecido en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en consonancia con la sentencia C-168 del 20 de
abril de 2006 proferida por la Corte Constitucional.28
Decisión N.° 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744 00,
demandante: UGPP.
28 Folios 2 a 6 del cuaderno uno
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Radicado: 11001-0315-000-2018-01885-00 (REV)
actora: UGPP
En cumplimiento de la acción de tutela instaurada por el señor Pedro José Valencia
Cifuentes, Cajanal reliquidó la pensión a través de la Resolución 14973 del 6 de abril
de 2009 y elevó el valor a la cuantía de $1.332.714,09 efectiva a partir del 1 de junio
de 2007 sobre el 75% del promedio de lo devengado entre el 1 de enero de 1997
hasta el 30 de diciembre de 2006, al igual conforme a lo establecido en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993 en consonancia con la sentencia C-168 del 20 de abril de
2006 proferida por la Corte Constitucional.29
El demandado inició la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pretendió la
reliquidación del monto y, para el efecto, adujo que no se aplicó de forma íntegra el
régimen especial de la Contraloría General de la República contemplado en el
Decreto 929 de 1976.
La sentencia del 21 de noviembre de 2011, emitida por la Sección Segunda,
Subsección A de esta corporación, acogió las pretensiones de la demanda y, en ese
sentido, consideró que en los actos administrativos demandados no se plasmó de
forma plena el régimen especial.
Por lo anterior, resolvió confirmar la decisión del a quo que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda y modificó el numeral tercero en el sentido de
indicar que la pensión de jubilación del señor Pedro José Valencia Cifuentes, debía
liquidarse en cuantía del 75% de los factores devengados durante los últimos seis
meses de servicio, esto es, entre el 1º de diciembre de 2006 y el 30 de mayo de
2007.
En ese sentido, señaló que la decisión comprendía los siguientes aspectos: 1) la
pensión de jubilación debe reliquidarse en cuantía del 75% de los factores
devengados durante los últimos seis meses de servicio, esto es, entre el 1 de
diciembre de 2006 y el 30 de mayo de 2007; 2) los factores a incluir: sueldo,
bonificación por servicios, prima de navidad, prima de vacaciones, prima de servicios
y la bonificación especial, todos en sextas partes; 3) el quinquenio debe ser liquidado
en atención al causado en el último semestre dividido por seis y 4) en caso de que
resulten sumas adeudadas como consecuencia de la reliquidación ordenada, la
29 Folios 7 a 11 ibidem
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Radicado: 11001-0315-000-2018-01885-00 (REV)
actora: UGPP
entidad debe deducir del valor de la condena los pagos efectuados en virtud de la
Resolución 14973 del 6 de abril de 2009. 30
2.3.4.1.2. Recuento normativo
Para la fecha en que se expidió la sentencia recurrida, regía en la Sección Segunda
del Consejo de Estado, para la liquidación de la pensión de jubilación de los
funcionarios y empleados de la Contraloría General de la República, en términos
generales la tesis que se consigna seguidamente: 31
La planta de personal de la Contraloría General de la República tiene un régimen
prestacional especial, contenido en el Decreto 929 de 1976 que en su artículo 7º,
dispone lo siguiente:
Los funcionarios y empleados de la Contraloría General tendrán derecho, al llegar a
los 55 años de edad, si son hombres y de 50 si son mujeres, y cumplir 20 años de
servicio continuo o discontinuo, anteriores o posteriores a la vigencia de este
Decreto, de los cuales por lo menos diez lo hayan sido exclusivamente a la
Contraloría General de la República a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación
equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último
semestre.
Sobre la base de esta disposición jurídica, quedó establecido que para acceder al
régimen especial de pensión de jubilación de los funcionarios y empleados de dicho
órgano de control, equivalente al 75% del promedio de lo devengado durante los
últimos seis meses, los requisitos eran: edad (50 años para las mujeres y 55 años
30 Folios 260 a 275 ibidem
31 Entre otras, sentencia del 14 de julio de 2011, radicado: 25000-23-25-000-2008-00992-01,
consejera ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez, demandante: Luis Abel Paredes Castro; sentencia
del 14 de septiembre de 2011, radicado: 25000-23-25-000-2010-00031-01, consejero ponente: Víctor
Hernando Alvarado Ardila; demandante: Sara Paulina Pretel Mendoza; sentencia del 22 de septiembre
de 2011, radicado: 25000-23-25-000-2004-01352-01, consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve,
demandante: Hernando Alcides Perdomo Monroy; sentencia del 6 de octubre de 2011, radicado:
25000-23-25-000-2009-000477-01, consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila, demandante:
María Mercedes Micaella Millán Salazar; sentencia del 13 de octubre de 2011, radicado: 25000-23-25-
000-2010-00137-01, consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, demandante: Marta Lancheros
Ayala; sentencia del 27 de octubre de 2011, radicado: 25000-23-25-000-2007-01352-01, consejero
ponente: Alfonso Vargas Rincón, demandante: Hilda Duarte Jurado; sentencia del 21 de noviembre de
2011, radicado: 76001-23-31-000-2007-01224-01, consejero ponente: Luis Rafael Vergara Quintero,
demandante: Alida Castillo de Martínez; sentencia del 27 de noviembre de 2011, radicado: 15001-23-
31-000-2002-00395-01, consejero ponente: Alfonso Vargas Rincón, demandante: Mauricio Simón
Rodríguez Larrota; sentencia del 9 de diciembre de 2011, radicado: 11001-03-25-000-2011-00621-00,
consejero ponente: Alfonso Vargas Rincón, demandante: Alberto Sandoval Camacho; sentencia del
26 de enero de 2012, radicado: 25000-23-25-000-2010-00537-01, consejero ponente Víctor Hernando
Alvarado Ardila, demandante: Humberto Ruiz Pérez y sentencia del 9 de febrero de 2012, radicado:
25000-23-25-000-2009-00276-01, consejero ponente: Alfonso Vargas Rincón, demandante: Francisco
Aristizábal Salazar.
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Radicado: 11001-0315-000-2018-01885-00 (REV)
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para los hombres) y tiempo de servicio (20 años de servicios continuos o
discontinuos) de los cuales por lo menos diez hayan sido prestados exclusivamente
en el ente de control.
Por su parte, la Ley 100 de 199332, en su artículo 36, instituyó un régimen de
transición consistente en que a las personas que al momento de su entrada en vigor
(1º de abril de 1994) tuvieran 35 o más años (mujeres) o 40 o más años (hombres) o
15 o más años de servicios cotizados les resulta aplicable «el régimen anterior al
cual se encuentren afiliados», conforme pasa a transcribirse:
Artículo 36.- Régimen de transición. (…)
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al
momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de
edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince
(15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al
cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas
personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones
contenidas en la presente ley.
Aplicada la tesis en mención, al caso del señor Pedro José Valencia Cifuentes, se
aprecia que nació el 29 de marzo de octubre de 195033 y que para el año 2006,
cuando elevó la solicitud de reconocimiento pensional contaba con más de 50 años
y 20 de servicio (de estos más de diez en la Contraloría General de la República),
34requisitos que lo hacían merecedor del régimen especial mencionado, esto es, el
contenido en el Decreto 929 de 1976.
Asimismo, también está probado que a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 (1
de abril de 1994), el señor Pedro José Valencia Cifuentes tenía más de los 40 años
de edad exigidos para acceder al régimen de transición, es decir, se encontraba
amparado por este último y, en consecuencia, le resultaba aplicable el régimen
anterior al cual se encontraba afiliado, esto es, el del Decreto 929 de 1976, y no el
de la Ley 100 de 1993.
32 Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.
33 Conforme a la copia simple de su cédula de ciudadanía obrante en el folio 29 del cuaderno dos
34 Laboró en la Contraloría General de la República desde 1982/02/09 al 2006/12/30 y nuevos tiempos
del 2007/01/01 al 2007/05/30. Folios 2 al 11 cuaderno 2
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Establecido este aspecto, se tiene que el artículo 40 del Decreto 720 de 197835
indicó que constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y
periódicamente reciben los empleados de la Contraloría General de la República
como retribución por sus servicios, en los siguientes términos:
Artículo 40.- De otros factores de salario. Además de la asignación básica fijada
por la ley para los diferentes cargos y del valor del trabajo suplementario o del
realizado en días de descanso obligatorio, constituyen factores de salario todas las
sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus
servicios.
Ahora, si bien el Decreto 929 de 1976 no definió el concepto de salario, ni determinó
los factores que tenían tal carácter, en su artículo 17 dispuso que resultaban
aplicables las disposiciones del Decreto 3135 de 196836 y las normas que lo
modifican y adicionan, tal como el Decreto 1045 de 197837 que, en su artículo 45,
enlista los factores de salario para la liquidación de cesantías y pensiones aplicable
a los empleados públicos y trabajadores oficiales del orden nacional, así:
Artículo 45.- De los factores de salario para la liquidación de cesantía y
pensiones. Para efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las
pensiones a que tuvieren derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales, en
la liquidación se tendrá (sic) en cuenta los siguientes factores de salario:
a) La asignación básica mensual;
b) Los gastos de representación y la prima técnica;
c) Los dominicales y feriados;
d) Las horas extras;
e) Los auxilios de alimentación y transporte;
f) La prima de navidad;
g) La bonificación por servicios prestados;
h) La prima de servicios;
i) Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se
hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta días en el último año de
servicio;
j) Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones legales
anteriores al Decreto-Ley 710 de 1978;
k) La prima de vacaciones;
l) El valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de
descanso obligatorio;
m) Las primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente otorgadas con
anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 38 del Decreto 3130 de
1968. Modificado posteriormente.
35
Por el cual se establece el sistema de clasificación y nomenclatura de los empleos de la Contraloría General de la
República, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones.
36 Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el
régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.
37 Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los
empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional.
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Radicado: 11001-0315-000-2018-01885-00 (REV)
actora: UGPP
En ese orden de ideas, el régimen aplicable al señor Pedro José Valencia Cifuentes,
a efectos de liquidar su pensión de jubilación, era el especial contenido en los
Decretos 929 de 1976 y 1045 de 1978, como lo dispuso la sentencia que se solicita
revisar, esto es, la del 21 de noviembre de 2011, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A. Por tal razón, que la reliquidación pensional se
haya ordenado con la inclusión de todos los factores salariales percibidos por aquél
durante su último semestre de servicios, es una decisión que para esta Sala no se
subsume en la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
2.3.4.2. Análisis del contexto jurisprudencial vigente para la época de
expedición de la sentencia recurrida en relación con la causal de revisión
invocada
Con fundamento en el marco jurisprudencial vigente para la época en que se expidió
la sentencia del 21 de noviembre de 2011 se colige que al señor Pedro José
Cifuentes Valencia sí le era aplicable el régimen especial de la Contraloría General
de la República, tal como se determinó en citado fallo.
En ese orden de ideas, en relación con el presunto desconocimiento del precedente
constitucional en que habría incurrido la sentencia objeto de revisión, cabe precisar
que las sentencias C-250 de 2013, SU-230 de 2015, SU-395 de 2017, SU-631 de
2017 y T-039 de 2018, invocadas por la UGPP son posteriores al citado fallo, el cual
fue proferido el 21 de noviembre de 2011; por lo que no pueden exigirse como
criterio hermenéutico de obligatorio acatamiento.
Aunado a lo anterior, conviene resaltar que para la época de expedición de la
providencia (21 de noviembre de 2011), las salas de revisión de la Corte
Constitucional, en múltiples pronunciamientos como las sentencias T-631 de 2002,
T-1000 de 2002, T-169 de 2003, T-651 de 2004, T-386 de 2005, T-158 de 2006, T-
621 de 2006, T-251 de 2007, T-529 de 2007, T-711 de 2007, T-180 de 2008, T- 019
de 2009 y T-610 de 2009, habían considerado que el IBL se encontraba incluido en
la expresión «monto» del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. En
consecuencia, este era el criterio jurisprudencial que debía atenderse.
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Radicado: 11001-0315-000-2018-01885-00 (REV)
actora: UGPP
Finalmente, resulta necesario destacar que aunque la Sección Segunda de esta
corporación, en la providencia del 11 de junio de 2020, sentencia CE-SUJ-S2-020-
20, alineó su postura en torno a la interpretación del IBL de los servidores de la
Contraloría General de la República, beneficiarios del Decreto 929 de 1976, por
estar cobijados por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 con la adoptada
en la sentencia de la Sala Plena del 28 de agosto de 2018 para el régimen general,
también lo es que en dicha sentencia se señaló lo siguiente:
No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación
las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición,
con fundamento en tesis anteriores que sostuvo la Sección Segunda del Consejo de
Estado, las cuales replanteó la Sala Plena, lo fueron con abuso del derecho o fraude
a la ley; de manera que si se llegare a interponer recurso extraordinario de revisión
contra sentencia ejecutoriada que haya reconocido la pensión con fundamento en
jurisprudencia diferente a la ratio decidenci aquí expuesta, prevalecerá el carácter de
cosa juzgada. Lo anterior, no enerva el recurso por los eventos previstos en los
artículos 250 del CPACA, y 20 de la Ley 797 de 2003, según el caso.
De acuerdo con lo señalado por la citada sentencia de unificación, la providencia del
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que se profirió con base en la
tesis mayoritaria que imperaba al interior de la corporación38 como órgano de cierre,
para el momento de su expedición, goza de los efectos de la cosa juzgada y, por lo
ello, la reliquidación allí ordenada no puede considerarse producto del abuso del
derecho o del fraude a la ley.
2.4. De la condena en costas
38 Entre otras, sentencia del 14 de julio de 2011, radicado: 25000-23-25-000-2008-00992-01,
consejera ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez, demandante: Luis Abel Paredes Castro; sentencia
del 14 de septiembre de 2011, radicado: 25000-23-25-000-2010-00031-01, consejero ponente: Víctor
Hernando Alvarado Ardila; demandante: Sara Paulina Pretel Mendoza; sentencia del 22 de septiembre
de 2011, radicado: 25000-23-25-000-2004-01352-01, consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve,
demandante: Hernando Alcides Perdomo Monroy; sentencia del 6 de octubre de 2011, radicado:
25000-23-25-000-2009-000477-01, consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila, demandante:
María Mercedes Micaella Millán Salazar; sentencia del 13 de octubre de 2011, radicado: 25000-23-25-
000-2010-00137-01, consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, demandante: Marta Lancheros
Ayala; sentencia del 27 de octubre de 2011, radicado: 25000-23-25-000-2007-01352-01, consejero
ponente: Alfonso Vargas Rincón, demandante: Hilda Duarte Jurado; sentencia del 21 de noviembre de
2011, radicado: 76001-23-31-000-2007-01224-01, consejero ponente: Luis Rafael Vergara Quintero,
demandante: Alida Castillo de Martínez; sentencia del 27 de noviembre de 2011, radicado: 15001-23-
31-000-2002-00395-01, consejero ponente: Alfonso Vargas Rincón, demandante: Mauricio Simón
Rodríguez Larrota; sentencia del 9 de diciembre de 2011, radicado: 11001-03-25-000-2011-00621-00,
consejero ponente: Alfonso Vargas Rincón, demandante: Alberto Sandoval Camacho; sentencia del
26 de enero de 2012, radicado: 25000-23-25-000-2010-00537-01, consejero ponente Víctor Hernando
Alvarado Ardila, demandante: Humberto Ruiz Pérez y sentencia del 9 de febrero de 2012, radicado:
25000-23-25-000-2009-00276-01, consejero ponente: Alfonso Vargas Rincón, demandante: Francisco
Aristizábal Salazar.
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Radicado: 11001-0315-000-2018-01885-00 (REV)
actora: UGPP
El recurso se tramitó en vigencia de la Ley 1437 de 2011 y, en ese orden de ideas, el
asunto se rige por el artículo 188 del CPACA39. el cual estatuye que la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regulan por
las normas del Código de Procedimiento Civil, en la actualidad Código General del
Proceso.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 361 del CGP las costas están integradas
por la totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias en
derecho, y solo habrá lugar a su imposición de acuerdo con el artículo 365 numeral 8
ibidem «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación».». En el caso concreto, la Sala advierte que no procede la condena
en costas por concepto de expensas y gastos procesales porque no aparece
demostrado en el expediente que la parte demandada hubiere incurrido en dichos
pagos.
La Sala encuentra que la gestión del señor Pedro José Valencia Cifuentes a través
de su apoderado, es suficiente para que se disponga la fijación de agencias en
derecho a su favor a título compensatorio,40 en virtud de la actuación que realizó en
condición de demandado reflejada en la contestación de la demanda, sumado a la
naturaleza y duración de la causa procesal conforme a lo previsto en los artículos
365 y 366 del CGP.
39 Artículo 86 del Decreto 2080 de 2021. […] En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la
práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se
regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos[…].
40 La Sala Veintisiete Especial de Decisión de esta Corporación con ponencia de la magistrada Rocío
Araujo Oñate, en sentencia del 6 de agosto de 2019 precisó que «[…] la función de las agencias en
derecho es la de otorgar a la parte vencedora una razonable compensación económica por la gestión
procesal que realizó» […], radicado 15001-33-33-007-2017-00036-01, demandante: Yesid Figueroa
García, demandado: municipio de Tunja, asunto: Revisión Eventual. 75 Liquidación. Las costas y
agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el Juzgado que haya conocido el
proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga
fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las
siguientes reglas: 1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla o hacerla […].
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el tendrá
en cuenta además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado de la
parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda
exceder el máximo de dichas tarifas […].6. Cuando la condena se imponga en la sentencia que
resuelva los recursos de casación y revisión o se haga a favor o en contra de un tercero, la liquidación
se hará inmediatamente quede ejecutoriada la respectiva providencia o la notificación del auto de
obedecimiento al superior, según el caso».
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Radicado: 11001-0315-000-2018-01885-00 (REV)
actora: UGPP
Comoquiera que el proceso es de única instancia, la liquidación de costas será
realizada por la Secretaría General, en consonancia con los parámetros señalados
en el artículo 36641 del CGP.
Igualmente, en virtud del numeral 4° del artículo 366 del CGP, para la fijación de
agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Sobre el particular, el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016
dispuso lo siguiente:
«[…] Artículo 2. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario
judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas
establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión
realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso
y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad,
que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan
desconocer los referidos límites.
[…] Artículo 5°. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:
[…] RECURSOS EXTRAORDINARIOS
Entre 1 y 20 S.M.M.L.V 42.[…]»
En ese orden de ideas, se fijarán las agencias en derecho en favor del Pedro José
Valencia y a cargo de la recurrente, en la suma de un (1) salario mínimo legal
mensual vigente —SMMLV— a la fecha de ejecutoria de la presente providencia.
3. Conclusión
La Sala concluye que el recurso extraordinario de revisión debe declararse
infundado, toda vez que son insuficientes los argumentos jurídicos expuestos por la
parte recurrente para analizar si la sentencia proferida por el Consejo de Estado,
41 Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
Juzgado que haya conocido el proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: 1. El secretario hará la liquidación y
corresponderá al juez aprobarla o hacerla […]. 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán
aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen
solamente un mínimo, o este y un máximo, el tendrá en cuenta además, la naturaleza, calidad y
duración de la gestión realizada por el apoderado de la parte que litigó personalmente, la cuantía del
proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas […].6.
Cuando la condena se imponga en la sentencia que resuelva los recursos de casación y revisión o se
haga a favor o en contra de un tercero, la liquidación se hará inmediatamente quede ejecutoriada la
respectiva providencia o la notificación del auto de obedecimiento al superior, según el caso»
42 Negrilla no original
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Radicado: 11001-0315-000-2018-01885-00 (REV)
actora: UGPP
Sección Segunda, Subsección A del 21 de noviembre de 2011, se subsume en la
causal del recurso extraordinario de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, esto es, «[c]uando la cuantía del derecho reconocido excediere
lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».
Procede la condena en costas a título compensatorio a favor del señor Pedro José
Valencia Cifuentes.
En mérito de lo expuesto, la Sala Veintiuno Especial de Decisión de la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión promovido por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección
Social —UGPP—contra la sentencia del 21 de noviembre de 2011 proferida por la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurado por el señor Pedro José Valencia Cifuentes.
Segundo: Condenar en costas, por el componente de agencias en derecho a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección
Social —UGPP— y en favor del señor Pedro José Valencia Cifuentes, de acuerdo
con lo expuesto en esta sentencia.
Tercero: Fijar como agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario
mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta decisión, la cual
deberá incluirse en la liquidación de costas a cargo de la recurrente.
Cuarto: En firme esta providencia el expediente deberá regresar al despacho del
magistrado ponente para la aprobación de las costas liquidadas por la Secretaría
General del Consejo de Estado.
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Quinto: Por secretaría, devuélvase al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C el proceso radicado 25000-23-25-000-2009-00389-
01
Cópiese, notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala Especial en sesión de la
fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Presidente
Con aclaración de voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Salvamento parcial de voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Aclaración parcial de voto
WILSON RAMOS GIRÓN
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Aclaración de voto
MECG
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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