Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-01933-00
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Acción de tutela contra providencia judicial: configuración de defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-01933-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2018-01933-00
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández
26 de julio de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Configuración de defecto sustantivo por desconocimiento del precedente / VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO Y DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / COSA JUZGADA - En cuanto a las mesadas pensionales que ya fueron definidas judicialmente, aplica plenamente dicho fenómeno jurídico, pero en lo que se refiere a las mesada causadas con posterioridad a la sentencia judicial, estas constituyen un nuevo fundamento de pretensión / RELIQUIDACIÓN PENSIONAL - Prima de riesgo como factor salarial
El señor [C.J.C.P.], a través de apoderado, cuestiona la decisión de 21 de marzo de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, mediante la cual revocó la providencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda encaminadas a lograr la reliquidación de su pensión de jubilación, porque en su sentir, no tuvo en cuenta el precedente jurisprudencial contenido en (i) el auto de 13 de mayo de 2015, expediente 25000-23-42-000-2012-01645-01, en el que se señaló que no opera el fenómeno de la cosa juzgada respecto de la reliquidación de las pensiones y (ii) la sentencia de unificación proferida por esta Sección del Consejo de Estado el 1º de agosto de 2013, en la que se reconoce la prima de riesgo como factor salarial. (…). [S]e tiene que no le asistió razón al tribunal al considerar que se había configurado el fenómeno de la cosa juzgada respecto del asunto puesto a su conocimiento y el resuelto mediante sentencia de 19 de marzo de 2009, dentro del expediente 25000232500020060761502, pues no existió identidad de causa ni de objeto, toda vez que si bien las pretensiones del accionante en ambos procesos se apoyan en la misma normativa, en el caso objeto de tutela se reclamó la nulidad de las resoluciones RDP 17624 de 30 de noviembre de 2012 y RDP 6271 de 13 de febrero de 2013, proferidas por la UGPP. En ese sentido se tiene que los reclamos presentados ante la jurisdicción en ambos casos son diferentes comoquiera que en la sentencia de 19 de marzo de 2009 se resolvió la reliquidación pensional respecto de las mesadas pensionales causadas hasta ese momento, mientras que en la nueva demanda se atacan actos administrativos diferentes sumado al hecho de que el Consejo de Estado profirió sentencia de unificación dentro del proceso 4400123310002008001500, en la que concluyó que la prima de riesgo constituye factor salarial. (…). [A]l encontrarse configurado el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente alegado por el accionante, le corresponde a esta Sala de Subsección amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del señor [C.J.C.P.] y en consecuencia se dejará sin efectos la sentencia de 21 de marzo de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho tramitado bajo el radicado 11001-33-35-011-2014-00410-02; y se ordenará al tribunal accionado que dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia proceda a proferir sentencia de reemplazo en la que resuelva de fondo si el señor [C.J.C.P.], tiene derecho a la reliquidación pensional solicitada, atendiendo a la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado. NOTA DE RELATORIA: Sobre el fenómeno jurídico de la cosa juzgada. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de mayo de 2008, Rad. 85001-23-31-000-2005-00184-01
RÉGIMEN PENSIONAL ESPECIAL PARA ALGUNOS EMPLEADOS DEL DAS - Prima de riesgo como factor salarial de acuerdo con la sentencia de unificación de 1 de agosto de 2013 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado
En el año 1978, el Presidente de la República expidió el Decreto 1047 mediante el cual determinó el régimen pensional de jubilación de las personas que desempeñaran funciones dactiloscópicas en el Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Al respecto, determinó que accederían a esta prestación los empleados del DAS (i) que ejercieran funciones de dactiloscopistas por 20 años continuos o discontinuos, y (ii) que hubiesen aprobado el curso de formación en esa aérea. Más adelante, el Gobierno Nacional profirió el Decreto 1933 de 1983 a través del cual estableció un régimen prestacional especial para todos los empleados del DAS. En sus artículos del 2 al 5 reguló lo concerniente a las primas especiales, entre ellas, la de riesgo mientras que en su artículo 10, extendió el derecho a obtener una pensión de jubilación, de acuerdo con el Decreto 1047 de 1978, a todos los detectives de distintos grados y denominaciones, además, precisó que los demás empleados les sería aplicable el régimen general de pensiones previsto para los empleados de la administración pública del orden nacional. En cuanto a los factores para liquidar la mesada pensional, en su artículo 18 el Decreto precitado, indicó los que se deberían tener en cuenta para esos efectos, dentro de los cuales no se encuentra la prima de riesgo. Posteriormente, mediante el Decreto 1137 de 1994, el Presidente de la República creó «una prima especial de riesgo con carácter permanente para algunos empleados del Departamento Administrativo de Seguridad.», cuyo monto inicial correspondía a un 30% de la asignación básica mensual para determinados empleados del DAS. Luego, el Decreto 2646 del mismo año elevó el monto de dicha prestación a un 35% para los mismos empleados y la extendió además en porcentajes distintos a otros trabajadores del mismo departamento administrativo. Ambos decretos consagraron de forma expresa que la prima de riesgo no constituía factor salarial. No obstante, esta Sección del Consejo de Estado, con la expresa «[…] finalidad de unificar criterios en torno al asunto específico de la prima de riesgo de los servidores del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, como factor para el reconocimiento de las pensiones de jubilación o de vejez de quienes sean sujetos del régimen de transición pensional» precisó en la sentencia de unificación proferida el 1º de agosto de 2013 dentro del expediente número 44001-23-31-000-2008-00150-01 (0070-2011) con ponencia del doctor Gerardo Arenas Monsalve, que dicha prima sí debía ser tenida en cuenta al momento de determinar el índice base de liquidación. (…). Es decir, la prima de riesgo, a diferencia de lo dispuesto por los decretos precitados, sí se debe tener en cuenta como factor salarial al momento de establecer el índice base de liquidación de las pensiones de los detectives del DAS que cumplan con los supuestos normativos para acceder a ella. Los supuestos fácticos y jurídicos de esa decisión fueron expuestos, entre otros, en el auto de extensión de jurisprudencia proferido por esta Subsección de la Sección Segunda, de 26 de octubre de 2017. Se concluye entonces que este precedente judicial es vinculante en la medida que los fundamentos de hecho y de derecho puestos en conocimiento del funcionario judicial sean los anotados, es decir, (i) que el demandante este pensionado de acuerdo con el régimen especial de los empleados del DAS, Decretos 1933 de 1989 y 1047 de 1978, (ii) y que haya devengado la prima de riesgo durante el último año de servicios de manera habitual y periódica.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01933-00(AC)
Actor: CARLOS JULIO CAMARGO PIRAJAN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN C
ACCIÓN DE TUTELA – PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala de Subsección, la acción de tutela instaurada, a través de apoderado, por el señor Carlos Julio Camargo Pirajan, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, con ocasión de la sentencia proferida el 21 de marzo de 2018.
I. LA ACCIÓN
La solicitud de protección de los derechos fundamentales señalados se fundamenta, en síntesis, en los siguientes:
HECHOS
El señor Carlos Julio Camargo Piraján nació el 27 de abril de 1941 y prestó sus servicios al DAS por un periodo de 22 años, 11 meses y 28 días, desempeñándose como detective profesional.
Mediante Resolución 12104 de 27 de mayo de 2002, la Caja Nacional de Previsión Social le reconoció la pensión de jubilación, sin tener en cuenta la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicios.
A través de Resolución 14840 de 30 de marzo de 2006, la Caja le reliquidó la pensión elevando su cuantía.
Mediante Resolución 06271 de 1º de septiembre de 2011, la entidad reliquidó nuevamente la pensión por nuevos factores salariales, sin tener en cuenta la prima de vacaciones y la prima de riesgo.
El 30 de noviembre de 2012 Cajanal mediante Resolución 17624 le negó la reliquidación de la pensión con la inclusión de la prima de riesgo y de vacaciones.
En razón a lo anterior, a través de apoderado, interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra Cajanal con el fin de obtener la anulación de los actos administrativos que le negaron la inclusión de dichos factores salariales.
El proceso le correspondió por reparto al Juzgado 51 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, el cual mediante sentencia de 3 de marzo de 2017, accedió a las pretensiones de la demanda.
Contra la anterior decisión la entidad demandada interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección segunda, Subsección C, mediante sentencia de 21 de marzo de 2018, en el sentido de revocar la providencia recurrida y en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
En síntesis, el apoderado del accionante señala que la providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró sus derechos fundamentales e incurrió en un desconocimiento del precedente judicial, porque, en su sentir, no tuvo en cuenta el auto de 13 de mayo de 2015, proferido por la Sección Segunda del Consejo de Estado, según el cual no se configura el fenómeno de la cosa juzgada respecto de las mesadas pensionales causadas con posterioridad a una sentencia judicial, situación que le permitía reclamar válidamente una nueva reliquidación pensional.
Asimismo, alegó el desconocimiento del precedente respecto de las sentencias del Consejo de Estado en las que se indica que las primas de riesgo y de vacaciones devengadas por los trabajadores del DAS son factores salarialesque debe ser tenidos en cuenta a efectos de liquidar la pensión de jubilación. Al respecto, se refirió a la sentencia proferida por la Sección Segunda de esta Corporación el 1 de agosto de 2013, con radicado 44001233100020080015001, en la que figuró como demandante el señor Héctor Enrique Duque Blanco.
3. PRETENSIONES
Solicita el accionante:
«1. Se amparen los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso del tutelante.
2. Se deje sin efectos la sentencia de 21 de marzo de 2018, proferida por la Sección Segunda Subsección “C” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
3. Se ordene al mencionado tribunal que profiera nueva sentencia, teniendo en cuenta para ello el auto de unificación proferido por la Sala Plena de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado el 13 de mayo de 2015 dentro del proceso 25000-23-42-000-2012-01645-01 actor: MARIA GRACIELA COPETE COPETE y que adopte la tesis de la Sección Segunda en Sala Plena, proferida en la sentencia, también de unificación, de 10 de agosto de 2013 dentro del proceso radicado con el número 44001233100020080015001 actor: Héctor Enrique Duque Blanco» (fols. 11 y 12).
4. TRÁMITE PROCESAL
Mediante auto de 18 de junio de 2018, se admitió la acción de la referencia y se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C como accionado; y al Juzgado 51 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, como terceros interesados en las resultas del proceso (fol. 100).
5. INFORMES
5.1. La doctora Luz Myriam Espejo Rodríguez, en su calidad de Magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (folio 110), se opuso a las pretensiones de la acción constitucional y argumentó que no le asiste soporte fáctico ni jurídico al accionante al acusar la providencia de 21 de marzo de 2018, toda vez que con esta no se vulneraron sus derechos fundamentales, pues en la sentencia se abordó un análisis conforme a derecho.
5.2. El Director Jurídico de la UGPP (folio 119 y s.s.), señaló que la presente acción de tutela no resulta procedente, comoquiera que lo que pretende el señor Camargo Pirajan es que se revisen nuevamente las decisiones adoptadas por el juez natural de la causa, convirtiendo el mecanismo constitucional en una instancia adicional al trámite ordinario que ya se surtió y en el que se determinó que el accionante no tiene derecho a la reliquidación de la pensión solicitada. En ese sentido, advirtió que la sentencia acusada no incurrió en defecto material o sustantivo sino que, por el contrario, dicha providencia se ajustó al ordenamiento legal que regula la reliquidación de la pensión de jubilación con base en la cual se determinó que no había lugar a la inclusión de la prima de riesgo ni de vacaciones.
II. CONSIDERACIONES
Problema jurídico
Vistos los antecedentes del caso, esta Sala de Subsección debe determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, al proferir la sentencia de 21 de marzo de 2018, mediante la cual revocó el fallo de primera instancia y en su lugar, negó las pretensiones de la demanda encaminadas a obtener la reliquidación de la pensión de vejez del señor Carlos Julio Camargo Pirajan, incurrió en un desconocimiento del precedente judicial por considerar que se configuró el fenómeno de la cosa juzgada.
La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional vigente aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta Corporación, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, atendiendo a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, mientras que los especiales deben acreditarse para que la protección del derecho fundamental prospere.
En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales especiales, indicando que la acción constitucional resulta procedente únicamente en aquellos eventos en los cuales, con ocasión de la actividad jurisdiccional, se vean afectados derechos fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.
2.1.- En el presente caso, advierte la Sala que la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición.
2.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados se encuentran plenamente individualizados.
2.1.2. Así mismo se encuentra que la providencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
2.1.3. Se advierte igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se dio en un lapso “razonable y proporcionado”, pues la sentencia acusada se profirió el 21 de marzo de 2018, y la acción de tutela fue interpuesta el 12 de junio del año en curso.
2.1.4 Finalmente, el asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una presunta violación ius fundamental como consecuencia del supuesto desconocimiento del precedente vertical emanado por esta Corporación en la materia.
2.2. Del desconocimiento del precedente
La Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad respecto del artículo 4° de la Ley 169 de 1.896, precisó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 Superior, los jueces sólo están sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión». Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte del juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.
Respecto del precedente vertical, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en sostener, que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial, por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones. A esta conclusión ha llegado en consideración a: 1) el principio de igualdad, que es vinculante para todas las autoridades, e incluso, para algunos particulares que exige, que supuestos fácticos iguales se resuelvan de la misma manera y por consiguiente, con la misma consecuencia jurídica; 2) el principio de cosa juzgada, que otorga a los destinatarios de las decisiones jurídicas, seguridad jurídica y previsibilidad de la interpretación, pues si bien es cierto, el derecho no es una ciencia exacta, sí debe existir certeza razonable sobre la decisión; 3) la autonomía judicial, que no puede desconocer la naturaleza reglada de la decisión judicial, pues sólo la interpretación armónica de esos dos conceptos garantiza la eficacia del Estado de Derecho; 4) los principios de buena fe y confianza legítima, que imponen a la Administración un grado de seguridad y consistencia en las decisiones, pues existen expectativas legítimas con protección jurídica; y 5) por razones de racionalidad del sistema jurídico, porque es necesario un mínimo de coherencia a su interior.
Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio decidendi o razón central de la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge de los presupuestos fácticos relevantes de cada caso. De esta forma, la Corte Constitucional recordó que la ratio decidendi «i) corresponde a la regla que aplica el juez en el caso concreto, ii) se determina a través del problema jurídico que analiza en relación con los hechos del caso concreto y iii) al ser una regla debe ser seguida en todos los casos que se subsuman en la hipótesis prevista en ella».
Ahora bien, a pesar de la marcada importancia de la regla de vinculación a la ratio decidendi y el respeto por el precedente, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que tal entendimiento no puede ser absoluto, pues no se trata de petrificar la interpretación judicial ni de convertir el criterio de autoridad en el único posible para resolver un asunto concreto. Se trata simplemente de armonizar y salvaguardar los principios constitucionales que subyacen a la defensa del precedente. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad y de la independencia judicial; por tanto no podrá reprocharse a la sentencia arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables ningún género de discriminación.
Sin pretender sistematizar todas las situaciones que pueden dar lugar a que un juez unitario o colegiado se aparte del precedente judicial, es posible indicar que un cambio en la jurisprudencia puede provenir de una modificación del ordenamiento jurídico, o de una drástica transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas decisiones, haciendo incoherente una interpretación del derecho frente al contexto social actual.
De igual manera, puede un juez apartarse del precedente cuando el caso juzgado encuentra serias diferencias que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio. En tales situaciones el juez está relevado de obedecer a las decisiones judiciales previas, aunque en cualquier caso debe cumplir una carga de transparencia, identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional y precisando por qué esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico y, además de ello, reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad que se derivará de la desobediencia al precedente.
En otros términos, sólo los cambios de jurisprudencia no justificados o no advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en idénticas circunstancias frente a la Ley.
2.3. De la cosa juzgada
Esta Corporación ha expresado que el objeto de la cosa juzgada es que los hechos y conductas que se han resuelto judicialmente no puedan ser debatidos nuevamente en un proceso posterior. Lo anterior por cuanto lo decidido por el juez adquiere las características de vinculante, obligatorio y, por lo tanto, de inmutable.
Que el elemento formal de la cosa juzgada tiene que ver con la imposibilidad de que el juez pueda volver a pronunciarse dentro del mismo proceso sobre un asunto que se decidió en una providencia ejecutoriada o, que otro juez, en un proceso diferente resuelva sobre una materia debatida con identidad de pretensiones y fundamentos jurídicos.
Así mismo se ha sostenido que el elemento material de la cosa juzgada tiene relación con la intangibilidad de la sentencia, en el entendido que se tiene por cierto que el juez de conocimiento se ocupó de la relación objeto de la contienda y que la decisión la adoptó respetando las formas propias del juicio.
Sobre el particular, esta Corporación manifestó:
«A la cosa juzgada o "res judicata" se le ha asimilado al principio del "non bis in idem” y tiene por objeto que los hechos y conductas que ya han sido resueltas a través de cualquiera de los medios aceptados por la ley, no vuelvan a ser debatidos en otro juicio posterior. Tal cualidad de lo resuelto obliga a las partes, porque lo antes decidido tiene carácter vinculante y obligatorio y, por lo tanto, es inmutable al tener plena eficacia jurídica.
Desde un punto de vista genérico, la cosa juzgada está regulada por los artículos 332 del C. de P.C. y 175 del C.C.A., en los cuales se establecen los elementos formales y materiales para su configuración.
El elemento formal implica que no es posible volver sobre una decisión tomada en providencia ejecutoriada, dentro del mismo proceso, o en otro en el que se debata la misma causa petendi e idénticos fundamentos jurídicos, lo cual tiene como propósito garantizar la estabilidad y la seguridad del orden jurídico.
Por su parte, el material, hace alusión a la intangibilidad de la sentencia en firme, pues se tiene por cierto que la actividad jurisdiccional se ocupó plenamente de la relación objeto de la contienda y que ésta fue decidida con la plenitud de las formas propias del juicio.»
De conformidad con lo anterior y según lo prevé el artículo 303 del Código General del Proceso, aplicable por disposición del artículo 4 del Decreto 306 de 1992, los elementos constitutivos de la cosa juzgada, son: (i) identidad de objeto; (ii) identidad de causa y, (iii) identidad jurídica de partes.
2.4. Sobre el régimen pensional especial para algunos empleados del DAS y la prima de riesgo como factor salarial de acuerdo con la sentencia de unificación de 1 de agosto de 2013 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado.
En el año 1978, el Presidente de la República expidió el Decreto 1047 mediante el cual determinó el régimen pensional de jubilación de las personas que desempeñaran funciones dactiloscópicas en el Departamento Administrativo de Seguridad DAS.
Al respecto, determinó que accederían a esta prestación los empleados del DAS (i) que ejercieran funciones de dactiloscopistas por 20 años continuos o discontinuos, y (ii) que hubiesen aprobado el curso de formación en esa aérea.
Más adelante, el Gobierno Nacional profirió el Decreto 1933 de 1983 a través del cual estableció un régimen prestacional especial para todos los empleados del DAS. En sus artículos del 2 al 5 reguló lo concerniente a las primas especiales, entre ellas, la de riesgo mientras que en su artículo 10, extendió el derecho a obtener una pensión de jubilación, de acuerdo con el Decreto 1047 de 1978, a todos los detectives de distintos grados y denominaciones, además, precisó que los demás empleados les sería aplicable el régimen general de pensiones previsto para los empleados de la administración pública del orden nacional.
En cuanto a los factores para liquidar la mesada pensional, en su artículo 18 el Decreto precitado, indicó los que se deberían tener en cuenta para esos efectos, dentro de los cuales no se encuentra la prima de riesgo.
Posteriormente, mediante el Decreto 1137 de 1994, el Presidente de la República creó «una prima especial de riesgo con carácter permanente para algunos empleados del Departamento Administrativo de Seguridad.», cuyo monto inicial correspondía a un 30% de la asignación básica mensual para determinados empleados del DAS.
Luego, el Decreto 2646 del mismo año elevó el monto de dicha prestación a un 35% para los mismos empleados y la extendió además en porcentajes distintos a otros trabajadores del mismo departamento administrativo.
Ambos decretos consagraron de forma expresa que la prima de riesgo no constituía factor salarial. No obstante, esta Sección del Consejo de Estado, con la expresa «[…] finalidad de unificar criterios en torno al asunto específico de la prima de riesgo de los servidores del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, como factor para el reconocimiento de las pensiones de jubilación o de vejez de quienes sean sujetos del régimen de transición pensional» precisó en la sentencia de unificación proferida el 1º de agosto de 2013 dentro del expediente número 44001-23-31-000-2008-00150-01 (0070-2011) con ponencia del doctor Gerardo Arenas Monsalve, que dicha prima sí debía ser tenida en cuenta al momento de determinar el índice base de liquidación. En estos términos lo expresó:
«Así las cosas, y con el fin de unificar criterios en torno a la naturaleza de la prima de riesgo, concluye la Sala, dicha prestación sí goza de una naturaleza salarial intrínseca lo que permite que, en casos similares al presente, sea tenida en cuenta como factor salarial para efectos de establecer el ingreso base de cotización y liquidación de la prestación pensional de los servidores del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.»
Es decir, la prima de riesgo, a diferencia de lo dispuesto por los decretos precitados, sí se debe tener en cuenta como factor salarial al momento de establecer el índice base de liquidación de las pensiones de los detectives del DAS que cumplan con los supuestos normativos para acceder a ella.
Los supuestos fácticos y jurídicos de esa decisión fueron expuestos, entre otros, en el auto de extensión de jurisprudencia proferido por esta Subsección de la Sección Segunda, de 26 de octubre de 2017, así:
«El demandante del caso decidido en la sentencia de unificación prestó sus servicios al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, del 20 de enero de 1976 al 15 de octubre de 2003, como detective, es decir por más de 27 años y 8 meses.
Por lo tanto, el Consejo de Estado en aquella oportunidad consideró que el señor era beneficiario del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que al momento de entrar en vigencia ese régimen general, contaba con más de 18 años de servicios. De ahí que le asistía el derecho a ser beneficiario de la pensión de vejez conforme al régimen especial del DAS, esto es según los Decretos 1933 de 1989 y 1047 de 1978.
Así las cosas, se debe establecer si en cada uno de los casos particulares se dan o no las condiciones para disponer la extensión de los efectos de la sentencia de unificación proferida el 1ro de agosto de 2013 por la Sección Segunda del Consejo de Estado, y que se contraen a la verificación de los siguientes requisitos: en primer término, que el solicitante se encuentre pensionado conforme al régimen pensional especial de los empleados del DAS (Decretos 1933 de 1989 y 1047 de 1978), y en segundo lugar, que haya percibido la prima de riesgo durante el último año de servicios de manera habitual y periódica.»
Se concluye entonces que este precedente judicial es vinculante en la medida que los fundamentos de hecho y de derecho puestos en conocimiento del funcionario judicial sean los anotados, es decir, (i) que el demandante este pensionado de acuerdo con el régimen especial de los empleados del DAS, Decretos 1933 de 1989 y 1047 de 1978, (ii) y que haya devengado la prima de riesgo durante el último año de servicios de manera habitual y periódica.
3. Caso en concreto
El señor Carlos Julio Camargo Pirajan, a través de apoderado, cuestiona la decisión de 21 de marzo de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, mediante la cual revocó la providencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda encaminadas a lograr la reliquidación de su pensión de jubilación, porque en su sentir, no tuvo en cuenta el precedente jurisprudencial contenido en (i) el auto de 13 de mayo de 2015, expediente 25000-23-42-000-2012-01645-01, en el que se señaló que no opera el fenómeno de la cosa juzgada respecto de la reliquidación de las pensiones y (ii) la sentencia de unificación proferida por esta Sección del Consejo de Estado el 1º de agosto de 2013, en la que se reconoce la prima de riesgo como factor salarial.
En lo referente a la resolución del caso en concreto, la sentencia cuestionada por el aquí accionante, señaló lo siguiente:
«En ese orden de ideas, el material probatorio allegado al expediente le permite al Tribunal concluir que en juicio anterior al presente, en esta misma jurisdicción, el Juzgado 44 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, en sentencia del 29 de agosto de 2008, analizó a profundidad la situación del actor frente al derecho pensional reclamado, estableció con claridad el régimen pensional del cual era beneficiario (decretos 1933 de 1989 y 1047 de 1978), con el fin de determinar no solo los requisitos (edad y tiempo de servicio) que le eran exigibles para acceder al derecho, sino también el monto de la prestación (porcentaje a reconocer y factores de liquidación), configurándose de esta forma la identidad de objeto y de causa petendi, con el proceso aquí debatido.
Adicionalmente y en cuanto a la inclusión de la prima de riesgo como factor de liquidación de la mesada pensional del demandante, en la sentencia previamente citada, dijo:
“(…)
En cuanto a la prima de riesgo, ésta no será incluido (sic) dentro de la reliquidación de la pensión de jubilación, por cuanto no aparece dentro de los factores enlistados en el artículo 18 del decreto 1933 de 1989, además porque de conformidad con lo establecido en el decreto 2646 de 1994, la prima de riesgo no tiene el carácter de constituirse como factor salarial.
“(…)”
Y respecto a la prima de vacaciones, la misma sentencia indicó:
“(…)”
En consecuencia, la entidad accionada debe proceder a reliquidar la pensión de jubilación del demandante, incluyendo el 75% del promedio mensual de los factores devengados en el último año de servicios (29 de febrero de 2003 al 29 de febrero de 2004) incluyendo dentro de la reliquidación que aquí se ordena, además de la asignación básica, la bonificación por compensación y la bonificación por servicios, los cuales ya fueron reconocidos, la prima de navidad, la prima de vacaciones y la prima de servicios.
“(…)” (Negrilla fuera de texto)
Esta decisión fue confirmada y modificada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección “B”, que en sentencia del 19 de marzo de 2009, con ponencia del Dr. Cesar (sic) Palomino Cortés, en su parte resolutiva, señaló:
“PRIMERO.- CONFÍRMASE la sentencia del 29 de agosto de 2008, proferida por el Juzgado Cuarenta y Cuatro (44) Administrativo de Bogotá, dentro del proceso promovido por el señor CARLOS JULIO CAMARGO, con la siguiente modificación:
CONDENAR a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL a reliquidar la pensión de jubilación reconocida al señor CARLOS JULIO CAMARGO, mediante la Resolución No. 12104 del 27 de mayo de 2002, incluyendo para el efecto, la asignación básica, bonificación por servicios, bonificación por compensación, prima de navidad y la prima de servicios, percibidas durante el periodo de febrero 28 de 2003 al 29 de febrero de 004, monto sobre el cual se aplicará el porcentaje del setenta y cinco (75%), excluyendo de tal liquidación la prima de vacaciones, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.”
En ese sentido, la Sala advierte que las pretensiones que ahora reclama el actor ante esta jurisdicción, tendientes a obtener la reliquidación de su pensión de jubilación, de modo que se modifique el ingreso base de liquidación, con el promedio de todos los sueldos devengados durante el último año de servicios prestados al sector público, en especial, la prima de vacaciones y la prima de riesgo, en los términos del decreto 1933 de 1989 y se aplique un porcentaje del 75%, se encuentra plenamente ligada al régimen pensional de esa norma, y las referidas sentencias determinaron en forma clara e inequívoca el régimen legal que le era aplicable, decisión que hizo tránsito a cosa juzgada.
Lo anterior, aunado al hecho que en la presente demanda no se alega ningún hecho nuevo, como lo sería por ejemplo, una nueva vinculación del actor con posterioridad a su reconocimiento pensional, o que hubiese seguido laborando y se alegue un nuevo periodo de servicio después de la sentencia, hecho que no ocurrió en el caso de autos, luego entonces, impide un nuevo pronunciamiento sobre el tema, en respeto del fenómeno de la cosa juzgada que otorga seguridad jurídica a la entidad demandada.
(…)
De otra parte, y si bien los fallos a los cuales se ha hecho referencia, son anteriores a las sentencia de unificación proferidas por el H. Consejo de Estado en las cuales se ha determinado que la prima de riesgo si constituye factor salarial para efectos de liquidación de la pensión de jubilación de los ex funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, ello no constituye un hecho nuevo para el demandante, que lo pueda beneficiar.
(…)
En consecuencia, la Sala revocará la sentencia proferida en primera instancia en cuanto accedió a las pretensiones de la demanda, y en su lugar, declarará que en el presente caso se configuró el fenómeno jurídico de la cosa juzgada de las pretensiones aquí elevadas, frente a las ya decididas por esta jurisdicción dentro del proceso No. 25000-23-25000-200607615-02 adelantado por el señor Carlos Julio Camargo Pirajan contra la entonces Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL EICE.» (fols. 34 y s.s.)
Ahora bien, le corresponde a esta Sala de Subsección determinar si le asistió razón al tribunal cuando decidió declarar la configuración del fenómeno de la cosa juzgada respecto de la reliquidación pensional reclamada.
La Sección Segunda de esta Corporación ha analizado el fenómeno jurídico de la cosa juzgada cuando un pensionado accede a la jurisdicción en más de una oportunidad, a fin de obtener la reliquidación de su pensión. Al respecto, ha sostenido que, en cuanto a las mesadas pensionales que ya fueron definidas judicialmente, aplica plenamente dicho fenómeno jurídico, pero en lo que se refiere a las mesada causadas con posterioridad a la sentencia judicial, estas constituyen un nuevo fundamento de pretensión para el demandante que lo legitiman a acudir nuevamente ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, para solicitar un nuevo pronunciamiento respecto de la reliquidación pensional, previo el agotamiento de los recursos contemplados en la ley.
En ese sentido, el accionante invoca el desconocimiento del precedente judicial contenido en el auto de 13 de mayo de 2015, proferido por esta Corporación, dentro del expediente 25000-23-42-000-2012-01645-01, en el que se concluyó lo siguiente:
«Considera la Sala que en cuanto al cambio de jurisprudencia, no es razón suficiente para sustentar que la causa petendi entre la sentencia existente y el presente proceso difiere una de la otra, por cuanto el precedente jurisprudencial, de acuerdo a lo anotado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-816/2011, es el mecanismo que determina que ciertas decisiones judiciales tienen un valor vinculante para la solución de nuevos casos, lo que significa que “la regla de decisión de algunas sentencias debe ser aplicada por los jueces y tribunales competentes a los casos posteriores que se apoyen en los mismos supuestos fácticos y jurídicos.” .
De este modo, se tiene que los precedentes judiciales sirven como referente para que se decidan otros conflictos semejantes, iguales en cuanto a supuestos fácticos y jurídicos, sin que se consideren como hechos o razones que motivan la demanda. Esto conlleva a estimar, que en nada se distingue la causa petendi del proceso actual comparada con la demanda que dio lugar a la sentencia de 7 de septiembre de 2006.
De otra parte, se encuentra que la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación definió que “los cambios de precedente no afectan las decisiones judiciales adoptadas con anterioridad, pues las mismas hacen tránsito a cosa juzgada”. Lo que quiere decir, para el caso en concreto, que lo fallado en la sentencia de 7 de septiembre de 2006 es inmutable, inimpugnable y obligatorio.
No obstante, advierte la Sala que por tratarse el asunto en estudio del derecho pensional, el cual por su naturaleza es considerado como una prestación periódica, bien puede la demandante solicitar que se le reliquide su mesada pensional cuantas veces quiera, ante la administración y la jurisdicción contenciosa administrativa, previo agotamiento de los recursos correspondientes.
Así las cosas, se determina que a pesar de que la sentencia de 7 de septiembre de 2006 haya hecho tránsito a cosa juzgada, en el proceso de la referencia existe un nuevo hecho, en tanto se han causado mesadas pensionales con posterioridad a la firmeza de la misma, las cuales pueden ser reliquidadas, como ya se dijo, en razón de la naturaleza del derecho pensional.
De este modo, se estima que no existe cosa juzgada respecto de las mesadas pensionales pagadas con posterioridad a la firmeza de la sentencia de 7 de septiembre de 2006 y que con la nueva solicitud de reliquidación pensional elevada el 6 de octubre de 2009, que se resolvió de manera negativa mediante el acto demandado contenido en la Resolución No. UGM051193 del 29 de junio de 2012, se pretende la nulidad de un acto nuevo susceptible de control jurisdiccional.» (Resaltado fuera del texto).
De conformidad con lo anterior, se tiene que no le asistió razón al tribunal al considerar que se había configurado el fenómeno de la cosa juzgada respecto del asunto puesto a su conocimiento y el resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, mediante sentencia de 19 de marzo de 2009, dentro del expediente 25000232500020060761502, pues no existió identidad de causa ni de objeto, toda vez que si bien las pretensiones del accionante en ambos procesos se apoyan en la misma normativa, en el caso objeto de tutela se reclamó la nulidad de las resoluciones RDP 17624 de 30 de noviembre de 2012 y RDP 6271 de 13 de febrero de 2013, proferidas por la UGPP.
En ese sentido se tiene que los reclamos presentados ante la jurisdicción en ambos casos son diferentes comoquiera que en la sentencia de 19 de marzo de 2009 se resolvió la reliquidación pensional respecto de las mesadas pensionales causadas hasta ese momento, mientras que en la nueva demanda se atacan actos administrativos diferentes sumado al hecho de que el Consejo de Estado profirió sentencia de unificación dentro del proceso 4400123310002008001500, en la que concluyó que la prima de riesgo constituye factor salarial.
Así las cosas, advierte esta Sala de Subsección que al pensionado le asiste el derecho a solicitar en cualquier momento y en diferentes oportunidades la revisión de su prestación periódica ante el juez natural de la causa, siempre que agote las
reclamaciones correspondientes en sede administrativa y cuando existan motivos de hecho o de derecho que ameriten un nuevo pronunciamiento.
De manera que al no encontrarse configurados los tres elementos para declarar la existencia de la cosa juzgada, a saber, identidad de partes, objeto y causa, se advierte que el tribunal accionado incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, al considerar que había identidad de objeto y de causa respecto del asunto sometido a su conocimiento y el resuelto bajo el radicado 25000232500020060761502.
Lo anterior, por cuanto en la sentencia objeto de tutela, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, decidió declarar la existencia de la cosa juzgada y desconocer que las mesadas pensionales causadas con posterioridad al fallo de 19 de marzo de 2009 constituían nuevas pretensiones pasibles de ser planteadas en sede judicial y que adicionalmente se había proferido una sentencia de unificación por parte del Consejo de Estado en la que se señalaba que la prima de riesgo constituye factor salarial.
En conclusión, al encontrarse configurado el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente alegado por el accionante, le corresponde a esta Sala de Subsección amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del señor Carlos Julio Camargo Pirajan y en consecuencia se dejará sin efectos la sentencia de 21 de marzo de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho tramitado bajo el radicado 11001-33-35-011-2014-00410-02; y se ordenará al tribunal accionado que dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia proceda a proferir sentencia de reemplazo en la que resuelva de fondo si el señor Carlos Julio Camargo Pirajan tiene derecho a la reliquidación pensional solicitada, atendiendo a la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
FALLA
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamental al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del señor Carlos Julio Camargo Pirajan.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de 21 de marzo de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el señor Carlos Julio Camargo Pirajan, tramitada bajo el radicado 11001-33-35-011-2014-00410-02, que revocó la sentencia de primera instancia y en su lugar negó las pretensiones de la demanda.
TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia profiera sentencia de reemplazo en la que resuelva de fondo si el señor Carlos Julio Camargo Pirajan tiene derecho a la reliquidación pensional solicitada, atendiendo a la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
CUARTO: NOTIFÍQUESE por cualquier medio expedito.
QUINTO: DE NO SER IMPUGNADA ESTA PROVIDENCIA, REMÍTASE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Radicado: 25000-23-42-000-2012-01645-01. Actor: María Graciela Copete Copete.
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
Sentencia C-836 de 2001.
Sentencia T-468 de 2003.
Sentencia C-447 de 1997.
Sentencia T-049-07.
Sentencia T-123-95.
En materia Contencioso Administrativa el reconocimiento del precedente como fuente importante de estabilidad y de garantía del derecho a la igualdad lo constituye el mecanismo de extensión de la jurisprudencia, consagrado en el artículo 102 del nuevo C.P.A.C.A.; y, el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, artículo 256 y siguientes ibídem.
Consejo de Estado. Sentencia del 27 de noviembre de 2008. MP. Luis Rafael Vergara Quintero. Exp. 2000-00803.
Ver sentencia del 1º de febrero de 2010, Exp. 2009-00025-02, C.P. Susana Buitrago Valencia.
«ARTÍCULO 303. COSA JUZGADA. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes. […]».
Cit de cit: «Según el análisis realizado en el acápite del caso concreto de la sentencia de unificación de 1 de agosto de 2013.»
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de mayo de 2008, Rad. 85001-23-31-000-2005-00184-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Auto de 16 de julio de 2015, Rad. 25000-23-42-000-2013-00485-02(1656-15); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, auto del 14 de abril de 2016, Rad. 11001-03-25-000-2014-00794-00(2480-14).
Corte Constitucional, Sentencia C- 816/2011 de 1 de noviembre de 2011, Referencia: Expediente D-8473. M.P Mauricio González Cuervo. Actor: Francisco Javier Lara Sabogal.
Concepto de 16 de febrero de 2012. Magistrado Ponente: William Zambrano Cetina. Radicación número: 11001-03-06-000-2011-00049-00(2069). Actor: Ministerio de Educación Nacional.
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