Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-02081-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-02081-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2018-02081-00
Consejero ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
9 de agosto de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE / RÉGIMEN PENSIONAL ESPECIAL PARA DOCENTES / INCLUSIÓN DE FACTORES SALARIALES EN RELIQUIDACIÓN DE PENSIÓN A DOCENTE
Esta Sala ha señalado que la regla que fijó la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013 y que reiteró en las providencias SU-230 de 2015, SU-427 de 2016 y SU-395 de 2017, cuya posición prima frente a las de las demás Altas Cortes, por ser el órgano encargado de la guarda de la Constitución, consiste en que el ingreso base de liquidación no era un aspecto sujeto a transición y, por lo tanto, existe sujeción sobre esta materia a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. (…) No obstante, se aclara que esa es la regla general, pues en el caso concreto, como se explicó, estamos frente a una de las excepciones previstas en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, en ese sentido, de conformidad con los argumentos esbozados por la Sala, el régimen aplicable a los docentes vinculados al Magisterio antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 del 2003, es el previsto en la Ley 33 de 1985, en ese orden, frente a éste régimen, el IBL se debe calcular con base en la totalidad de los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición del estatus de pensionado, de conformidad con regla fijada por esta Corporación, el 4 de agosto del 2010. (…) En virtud de lo anterior, para la Sala, no es de recibo el argumento esbozado por Tribunal de Risaralda, toda vez que, la Corte Constitucional en dicha sentencia fijó las reglas sobre los factores salariales de la liquidación de pensiones de jubilación en el contexto del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el cual, no es aplicable al caso concreto pues la accionante, ingresó al Magisterio desempeñándose como docente nacionalizada, antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, en ese sentido, el régimen pensional aplicable es el establecido en la Ley 33 de 1985.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Bogotá, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-02081-00(AC)
Actor: AMANDA FERNÁNDEZ PUERTA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN y JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PEREIRA
Procede la Sala a resolver la solicitud que presentó la señora Amanda Fernández Puerta contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de Decisión y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Pereira, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 26 de mayo de 2015 y 1983 de 2017.
ANTECEDENTES
Solicitud
Con escrito radicado el 22 de junio de 2018, la señora Amanda Fernández Puerta, a través de apoderado judicial, radicó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de Decisión y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Pereira, con el fin de que se protegieran sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital y de acceso a la administración de justicia.
Tales derechos los consideró transgredidos por cuenta de las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales accionadas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó contra el Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FNPSM -, con la finalidad de que se declarara la nulidad del acto administrativo mediante el cual se negó la reliquidación de su mesada pensional con el 75% de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio.
1.2. Hechos
Como sustento fáctico de la demanda, señaló que:
1.2.1. La accionante laboró al servicio de la docencia oficial por más de 20 años, razón por la cual, la Secretaría de Educación Municipal de Pereira reconoció a su favor la pensión de jubilación mediante Resolución 213 del 25 de agosto de 2009, teniendo en cuenta, únicamente, la asignación básica, la cual, fue objeto de reajuste a través de la Resolución No. 264 del 25 de febrero de 2016.
1.2.2. Adujo que la base de liquidación pensional, en su reconocimiento incluyó, únicamente, la asignación básica omitiendo tener en cuenta la prima de navidad y de vacaciones y, demás factores salariales percibidos durante su desempeño como docente durante el último año de servicios, anterior al cumplimiento del estatus jurídico de pensionada.
1.2.3. Luego de agotar el procedimiento administrativo, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Secretaría de Educación y el FNPSM, con la finalidad de que se anularan los actos mediante los cuales, la Secretaría de Educación Municipal de Pereira se negó a reliquidar su asignación pensional.
1.2.4. El trámite judicial correspondió en primera instancia al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Pereira, autoridad judicial que con la sentencia del 18 de octubre del 2017 denegó las pretensiones de la demanda, al considerar que a pesar de que a la parte actora le era aplicable la Ley 33 de 1985, a partir de la Sentencias C-258 del 2013 y SU-230 del 2015 la Corte Constitucional, determinó que para la liquidación pensional, solo podían ser incluidos aquellos factores salariales sobre los cuales se hubieran efectuado las cotizaciones respectivas.
1.2.5. Contra la anterior providencia la accionante presentó recurso de apelación, el cual fue conocido por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que con fallo del 11 de abril del 2018, confirmó la decisión objeto de estudio, en atención al precedente jurisprudencial establecido por la Corte Constitucional, en las sentencias SU-395 del 2017 y T-039 del 2018 y con base en el artículo 3º de la Ley 33 de 1985, por lo que, consideró que la señora Fernández Puerta, únicamente, podía beneficiarse de los factores salariales que hubieran servido como base de aportes al Sistema Pensional.
1.3. Fundamentos de la petición
Consideró vulnerados sus derechos fundamentales con las providencias cuestionadas, al incurrir en desconocimiento del precedente judicial, defecto sustantivo y vulneración directa de la Constitución.
Luego de afirmar que la presente acción era procedente, al cumplirse con los requisitos generalestoda vez que, en el líbelo introductorio de la demanda se señalaron las situaciones fácticas y jurídicas sobre las cuales se edificaba la presente acción constitucional, sostuvo que en el fallo del 11 de abril de 2018, se concretaron los defectos referidos como se señala a continuación:
Desconocimiento del precedente, puntualmente, de la regla fijada por el Consejo de Estado en la sentencia del 4 de agosto del 2010, mediante la cual la Sección Segunda señaló que las pensiones reguladas por la Ley 33 de 1985, debían liquidarse con base en todos los factores salariales efectivamente devengados en el año anterior al estatus de pensionado.
Adujo que el Tribunal se apartó de tal precedente, habida cuenta que, a pesar de que consideró que a la accionante le era aplicable el régimen de la citada ley, decidió que su pensión se debía reliquidar con base en “aquellos que sean directamente remunerativos del servicio sobre los cuales los beneficiarios hayan realizado los correspondientes aportes o cotizaciones a las pensiones por imperativo legal”.
Hizo referencia a la obligatoriedad del cumplimiento del precedente, para lo cual, citó el artículo 114 de la Ley 1395 de 2010 y las Sentencias C-539 y C-634, ambas del 2011, adicionalmente, aportó entre otras, la sentencia del 8 de abril del 2018 de la Sección Quinta del Consejo de Estado, donde se resuelve un tema de similares características.
Defecto sustantivo, por cuanto a pesar de que el Tribunal consideró que a los docentes nacionales y nacionalizados vinculados con anterioridad al 27 de junio del 2003, el régimen pensional aplicable para su liquidación pensional, correspondía al establecido en la Ley 33 de 1985, decidió que los factores a tener en cuenta eran “aquellos que sean directamente remunerativos del servicio sobre los cuales los beneficiarios hayan realizado los correspondientes aportes o cotizaciones a las pensiones por imperativo legal”, y no de conformidad con la regla fijada por el Consejo de Estado, respecto del IBL.
Sostuvo que en esa medida, se concretaba la incongruencia de la parte considerativa respecto de la resolutiva y por lo tanto el defecto sustantivo.
Vulneración directa a la Constitución, por el desconocimiento del artículo 53 superior, toda vez que en caso de duda, el juez debe adoptar la interpretación más beneficiosa al trabajador, por lo tanto, el Tribunal incurrió en éste yerro, habida cuenta que su decisión no fue la más favorable y, en ese sentido, desconoció la supremacía de la Constitución frente a la ley y el reglamento.
Petición de amparo
A título de amparo constitucional solicitó:
“1. Se declare que el Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Primera (sic) de Decisión… transgredió los derechos fundamentales … de la accionante con la decisión contenida en la sentencia del … abril 11 (sic), 2018 proferida dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho incoada por la docente AMANDA FERNÁNDEZ PUERTA contra La NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, bajo el radicado No. 66001-33-33-003-2016-00368-01 (D-1317-2017).
Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA – SALA SEGUNDA…dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo al precedente judicial sobre el tema que edificó el Consejo de Estado mediante la Sentencia de Unificación del 04 de agosto de 2010, proferida dentro del expediente con radicado No. 66001-33-33-003-2016-00368-01 (D-1317-2017), de esta Honorable Corporación con ponencia del Consejero Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila.”
1.5. Trámite de la acción de tutela
Por auto del 27 de junio del 2018, el Despacho sustanciador admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar esta decisión, a los Magistrados del Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de Decisión y al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Pereira, como demandados.
Asimismo, ordenó vincular, al presente trámite constitucional, en calidad de tercero con interés en las resultas del proceso, al Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
1.6. Contestaciones
1.6.1. Tribunal Administrativo de Risaralda
Allegó informe suscrito por el Magistrado Ponente de la decisión que se cuestiona en el asunto de autos con el que se opuso a las pretensiones del escrito de tutela y solicitó que se declarara su improcedencia o en su defecto, se denegaran las pretensiones con sustento en los siguientes argumentos:
Consideró que en la providencia objeto de censura no se incurrió en ninguno de los defectos alegados, toda vez que la decisión se profirió con fundamento en el análisis ponderado e integral de las disposiciones jurídicas y pronunciamientos jurisprudenciales del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, aplicables al caso concreto, así como del material probatorio allegado al expediente, con lo cual, llegó a la conclusión de confirmar la decisión del a quo.
Arguyó que a los docentes nacionales vinculados con anterioridad al 27 de junio del 2003, en virtud de la Ley 812 de 2003, se les aplicaban las normas vigentes para los servidores del sector público nacional cuyas pensiones están a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y toda vez que el asunto ocurrió antes de la fecha mencionada, el régimen pensional aplicable corresponde a la Ley 33 de 1985 y por lo tanto, se encuentran exceptuados de la aplicación de la Ley 100 de 1993, sin embargo, ello no conducía a afirmar que “los afiliados al FOMAG sean ajenos a la aplicación de la disposición contenidas en el acto legislativo No. 1 del 2005 y en la Sentencia de Unificación 395 del 2017.
En ese orden, consideró que la Sentencia SU-395 del 2017 de la Corte Constitucional, constituye el precedente jurisprudencial, prevalente, que debía acatar para resolver el problema jurídico de inclusión de factores en la liquidación de la pensión reconocida en favor de la demandante, el cual, en todo caso, aplicó cumpliendo con la carga argumentativa, de allí que, la parte actora, únicamente, podía beneficiarse de los factores salariales que hubieren servido como base de aportes al Sistema de Seguridad Social en pensiones.
1.6.2. El Ministerio de Educación Nacional
Se manifestó a través de la asesora de la Oficina Jurídica y consideró que la presente acción de amparo era improcedente, toda vez que, no hubo vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte actora y tampoco se constituyó un perjuicio irremediable.
Como sustento de lo anterior, citó las sentencias C-543 de 1992, T-231 de 1994, C-590 de 2005, T-640 de 2005, T-642 de 2005, SU-913 de 2009, T-429 de 2011, T-125 de 2012, T-352 de 2012, SU-918 de 2013 y SU-241 de 2015 y transcribió algunos apartes atinentes a los requisitos generales y especiales de procedencia excepcional de la acción de tutela, por lo que solicitó que se negaran las pretensiones de la acción constitucional.
1.6.3. Del reconocimiento de personería jurídica
Anexo al escrito de contestación de la demanda, radicado el 4 de julio de 2018, a través de correo electrónico, a folios 98 a 100 del expediente, reposa el poder otorgado a la abogada Margarita María Ruíz Ortegón identificada con cédula de ciudadanía número 52 085 888 de Bogotá y portadora de la tarjeta profesional número 100 283 del Consejo Superior de la Judicatura, por la doctora Martha Lucía Trujillo Calderón, actuando como representante judicial de la Nación - Ministerio de Educación Nacional, para que ejerza la defensa de dicha entidad o en la que la misma sea parte en calidad de demandado o vinculado, de conformidad con lo expuesto en el artículo 77 del Código General del Proceso, por lo que la Sala reconocerá personería para actuar dentro de la presente acción constitucional, en representación de la Nación – Ministerio de Educación Nacional.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer la tutela de la referencia de conformidad con lo establecido por el Decreto No. 2591 de 1991, el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto No. 1983 de 2017 y por el artículo 2º del Acuerdo 55 de 2003 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2. Problema Jurídico
De acuerdo con el escrito de tutela, corresponde a la Sala determinar si la providencia del 11 de abril de 2018, en segunda instancia, proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda incurrió en los defectos alegados por la tutelante o si, por el contrario, no desconoció los derechos fundamentales, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que inició la señora Amanda Fernández Puerta contra el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la Sala sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela de la referencia y, de encontrarlos superados; (iii) las causales específicas de procedibilidad y, (iv) análisis del caso concreto.
3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella concluyó:
“…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.” (Negrilla fuera de texto).
Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento jurisprudencialmente…”.
En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de la presente acción contra providencias judiciales no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -procedencia sustantiva- y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto -procedencia adjetiva-.
En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado e iii) inmediatez; cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad de la acción
4.1. No existe reparo, en el proceso de la referencia, en cuanto al juicio de procedibilidad en relación con el primero de los requisitos, esto es, que en principio no se trate de tutela contra decisión de tutela ya que las providencias que se atacan fueron dictadas dentro de proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por la actora contra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
4.2. Frente al estudio del segundo de los requisitos, el de la inmediatez, se observa que el fallo de segunda instancia fue proferido el el 11 de abril del 2018, mientras que la acción de tutela fue presentada el 22 de junio de 2018, por lo que sin que sea necesario precisar la fecha en que cobró ejecutoria dicha providencia, desde la cual puede comenzar a correr el término razonable para interponer la acción constitucional, se cumple con el requisito referido, así, se trata de un término razonable para acudir al juez constitucional.
4.3. Respecto a la subsidiaridad, se tiene que la parte accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial distinto a la tutela para conjurar la eventual transgresión que la aludida decisión pudiera irrogarle a sus derechos fundamentales, pues, de entrada, se advierte que los argumentos presentados por la tutelante no se ajustan a las causales taxativas contempladas en el ordenamiento jurídico para acudir al recurso extraordinario de revisión, como se pasa a explicar.
A su vez, cabe destacar que si bien los supuestos fácticos y jurídicos contenidos en la presente acción de tutela se ajustan a la causal señalada en el artículo 258 del CPACA, establecida para que se formule el recurso extraordinario de unificación jurisprudencial, lo cierto es que no se cumple la cuantía mínima exigida para su procedencia, teniendo en cuenta que el medio de control promovido por la accionante se tramitó en primera instancia ante un Juzgado Administrativo, lo que de conformidad con el numeral 2º del artículo 155 ejusdem implica que se trata de un asunto cuya cuantía no excede los 50 smmlv.
Una vez superados los requisitos de procedibilidad de la acción, la Sala procederá a hacer algunas precisiones respecto de: i) el defecto sustantivo, ii) el precedente y iii) de la violación directa de la Constitución.
5. De las causales específicas de procedibilidad
La Corte Constitucional ha denominado como causales específicas de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas (aunque sea una sola), para que proceda la acción de tutela, las siguientes:
“(i) Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de competencia para ello.
(ii) Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez ha actuado al margen del procedimiento establecido.
(iii) Defecto material o sustantivo, que se origina cuando las decisiones son proferidas con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
(iv) Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por parte de terceros y ese engaño lo ha llevado a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales.
(v) Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no da cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión, pues es en dicha motivación en donde reposa la legitimidad de sus providencias.
(vi) Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario, por ejemplo, desconoce o limita el alcance dado por esta Corte a un derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
(vii) Violación directa de la Constitución”
6. Caso concreto
La tutelante consideró que la sentencia, del 11 de abril del 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, incurrió en desconocimiento del precedente judicial, defecto sustantivo y vulneración directa de la Constitución.
En suma, el reproche de la actora radica en que la providencia en cita, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Risaralda confirmó la sentencia de primera instancia que había negado las pretensiones de la demanda, desconoció el precedente judicial al no atender los criterios fijados por el Consejo de Estado en la Sentencia del 4 de agosto de 2010, esto es, que en su calidad de docente nacionalizada, vinculada antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, procedía la reliquidación de su pensión, de conformidad con en el régimen pensional previsto en la Leyes 33 de 1985 y no como lo concluyó el Tribunal.
Por su parte, la autoridad judicial demandada, señaló que en la sentencia atacada, no se incurrió en los defectos alegados toda vez que la decisión se profirió con base en el precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-395 de 2017 sobre la reliquidación pensional y la inclusión del ingreso base de liquidación de los factores debidamente cotizados.
Para resolver el asunto, la Sala reitera, las decisiones que ha tomado la Corporación respecto de la reliquidación pensional de docentes nacionales vinculados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, en las que se ha establecido que el régimen pensional corresponde al previsto en las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985.
Al respecto, esta Sección, señaló que en la sentencia de unificación citada por la tutelante se abordó el caso de un servidor de la aeronáutica civil que por reunir ciertos requisitos, le era aplicable el esquema normativo contemplado en la Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62 del mismo año, y en ese orden, no se refirió al régimen especial de la pensión de jubilación aplicable a los docentes, sino que abordó el caso de un servidor cobijado por la Ley 100 de 1993.
Ahora, como en la referida sentencia de unificación no se hizo mención al régimen pensional aplicable a los docentes, la Sección Quinta, en la providencia del 8 de febrero del 2018, una de las indicadas por la parte actora, aclaró que para el caso de los docentes, también se había señalado que “las pensiones de jubilación sujetas a las Leyes 33 y 62 de 1985, su liquidación debía realizarse con base en la totalidad de los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición del estatus de pensionado”.
Además se indicó que la Ley 100 de 1993 previó una excepción para los casos previstos en el “artículo 279, entre las cuales se incluyó a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”, situación que había sido reafirmada por el Acto Legislativo 01 de 2005, de lo cual se concluía que era evidente “la existencia de una regulación especial para el reconocimiento de los derechos pensionales de los docentes, tal como lo reconoció recientemente la Sala en los fallos del 10 de agosto, 6 de septiembre y 23 de noviembre de 2017.
De lo anterior, y de conformidad con el artículo 81 de la Ley 812 del 2003, se determinó que el régimen aplicable a los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la referida ley, correspondía al previsto 33 de 1985 por remisión de la Ley 91 de 1989.
En ese sentido, la Sala reiteró, el criterio expuesto en ocasiones anteriores, en las cuales se estableció que en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 se sentó una regla en relación con la forma de liquidación del IBL a la luz de lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, según la cual las pensiones de jubilación reguladas por dicha ley deben ser liquidadas con base en todos los factores salariales efectivamente devengados en el año anterior a la adquisición del estatus de pensionado, dado que en aquélla no se indican en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional.
Ahora, descendiendo al planteamiento de la parte actora, se tiene que acusó al Tribunal de incurrir en los defectos alegados por cuanto a pesar de haber reconocido que le era aplicable el régimen pensional establecido en la Ley 33 y 62 de 1985, declaró que los factores a tener en cuenta para su reliquidación pensional, correspondían a aquellos sobre los cuales hubiera realizado los aportes o cotizaciones a las pensiones por imperativo legal desconociendo la Sentencia Unificación del 4 de agosto de 2010.
De la sentencia acusada se extrae que, en efecto, a pesar de que el Tribunal señaló que el régimen aplicable a los docentes, antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, correspondía al establecido en la Ley 33 de 1985, concluyó que los factores salariales para el cómputo de la pensión de la señora Amanda Fernández Puerta, no podía incluir todos los factores salariales, sino que sólo debían incorporarse aquellos sobre los cuales se hubiere realizado aportes al Sistema de Seguridad Social, en atención a la postura de la Corte Constitucional en la Sentencia SU-395 del 22 de junio de 2017, reiterada en la Sentencia T-039 del 16 de febrero de 2018.
Ahora bien, en reiterados pronunciamientos, esta Sala ha señalado que la regla que fijó la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013 y que reiteró en las providencias SU-230 de 2015, SU-427 de 2016 y SU-395 de 2017, cuya posición prima frente a las de las demás Altas Cortes, por ser el órgano encargado de la guarda de la Constitución, consiste en que el ingreso base de liquidación no era un aspecto sujeto a transición y, por lo tanto, existe sujeción sobre esta materia a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En consecuencia, a quienes son beneficiarios del régimen de transición establecido en la mencionada ley, se les calculará el IBL con base en lo dispuesto por la Ley 100 de 1993, esto es, con el promedio de los factores salariales sobre los cuales cotizaron durante los últimos 10 años de servicio o todo el tiempo, si éste fuere superior (artículo 36) o inferior (artículo 21).
No obstante, se aclara que esa es la regla general, pues en el caso concreto, como se explicó, estamos frente a una de las excepciones previstas en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, en ese sentido, de conformidad con los argumentos esbozados por la Sala, el régimen aplicable a los docentes vinculados al Magisterio antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 del 2003, es el previsto en la Ley 33 de 1985, en ese orden, frente a éste régimen, el IBL se debe calcular con base en la totalidad de los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición del estatus de pensionado, de conformidad con regla fijada por esta Corporación, el 4 de agosto del 2010.
En virtud de lo anterior, para la Sala, no es de recibo el argumento esbozado por Tribunal de Risaralda, toda vez que, la Corte Constitucional en dicha sentencia fijó las reglas sobre los factores salariales de la liquidación de pensiones de jubilación en el contexto del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el cual, no es aplicable al caso concreto pues la accionante, ingresó al Magisterio desempeñándose como docente nacionalizada, antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, en ese sentido, el régimen pensional aplicable es el establecido en la Ley 33 de 1985.
En consecuencia, la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo de Risaralda incurrió en los defectos alegados por la parte actora, especialmente, el de desconocimiento del precedente sentado por esta Corporación en la sentencia de Unificación del 4 de agosto de 2010, pues al proferir la providencia del 11 de abril del 2018, se apartó de los criterios fijados respecto a la forma de liquidación del IBL en razón de las pensiones de jubilación reguladas por la Ley 33 de 1985, toda vez que no ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación de la señora Amanda Fernández Puerta con base en todos los factores salariales efectivamente devengados en el año anterior a la adquisición del estatus de pensionada.
Adicionalmente, es menester señalar que no se hará referencia a los demás defectos señalados por la parte actora toda vez que al encontrar la prosperidad del desconocimiento del precedente, no es necesario entrar a estudiar tanto el defecto sustantivo como la violación directa de la Constitución, pues de los defectos alegados por la tutelante, en todo caso, están encaminados a demostrar que en la sentencia cuestionada se desconoció igualmente el precedente judicial.
Por las anteriores razones, se concederá el amparo de los derechos fundamentales de la señora Amanda Fernández Puerta y, en consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia acusada por lo que se ordenará al Tribunal Administrativo de Risaralda que proceda a proferir una nueva sentencia atendiendo las consideraciones expuestas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales de la señora Amanda Fernández Puerta.
SEGUNDO. En consecuencia, DEJAR sin efectos la providencia del 11 de abril del 2018 y ORDENAR al Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de Decisión, dentro de los 30 días siguientes a la notificación de esta providencia profiera un nuevo fallo de segunda instancia de conformidad con las consideraciones expuestas.
TERCERO. RECONOCER personería para actuar dentro de la presente acción constitucional a la doctora Margarita María Ruíz Ortegón identificada con cédula de ciudadanía número 52 085 888 de Bogotá y portadora de la tarjeta profesional número 100 283 del Consejo Superior de la Judicatura, en representación de la Nación – Ministerio de Educación Nacional.
CUARTO. NOTIFICAR a las partes y a los terceros interesados, según el procedimiento previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO. De no ser impugnada la presente sentencia, dentro de los tres días siguientes a su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Folio 2. Expediente con Radicado 6601 33 33 003 2016 00368 01. Aunque no se indica la fecha exacta en la que la accionante se vinculó como docente, a folio 40 del expediente, en la providencia del 11 de abril del 2018 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, Sala Segunda, señaló que “de acuerdo con las referidas normas, a los docentes nacionales vinculados con anterioridad al 27 de junio de 2003, como es el caso de la señora Amanda Fernández Puerta, se les aplica las normas vigentes para los servidores del sector público nacional, y sus pensiones están a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, razón por la cual se rigen por la Ley 33 de 1985 …”, a folio 38 indicó que “se encontraba demostrado que “la demandante adquirió el estatus de jubilada el 10 de mayo de 2008, fecha en la que se encontraba afiliada al Fondo de pensiones sociales del Magisterio”. A folio 38 del expediente, en la providencia del 11 de abril del 2018 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, Sala Segunda, se indicó que: “se encuentra probado en el plenario que, en favor de la señora Amanda Fernández Puerta, mediante Resolución No. 213 del 5 de agosto de 2009, fue reconocida pensión de jubilación (fl. 3). Esta prestación fue objeto de reajuste a través de la Resolución No. 264 del 25 de febrero de 2016 (fl. 6)”. Consta en dichos actos que la demandante adquirió su status de jubilada el 10 de mayo de 2008, fecha en la que se encontraba afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. De la misma forma, establece el mentado acto administrativo de reajuste pensional, que los factores salariales que sirvieron de base para la liquidación de la pensión de jubilación fueron la asignación básica y la prima de vacaciones.
…la demandante percibía como factores salariales: asignación básica y primas de navidad y de vacaciones…”
Expediente con Radicado 6601 33 33 003 2016 00368 00. Es de señalar que la actora en el acápite de los hechos indicó que el Juzgado había accedido a las pretensiones de la demanda, no obstante revisada la copia del acta de audiencia del a quo, se encontró que éstas fueron despachadas de forma negativa (folios 28 a 31 del expediente).
“Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público”. Modificada por la Ley 62 de 1985. La información atinente a las consideraciones del Juzgado, se extrajeron a partir del fallo de segunda instancia, a folios 35 y 36. No se encontró en el expediente, información atinente a la notificación de la providencia. Se aclara que el actor indicó que el Tribunal había revocado la decisión de primera instancia, no obstante, revisada la providencia del ad quem, se advierte que en ésta se confirmó la decisión recurrida (folios 118 a 129). La información atinente a las consideraciones del Tribunal, se extrajeron a partir del mismo fallo referido, a folios 35 y 36. Es de precisar que todos los cargos van dirigidos contra la sentencia de segunda instancia toda vez que desde un inicio, de manera equivoca, el actor señaló que el a quo había accedido a las pretensiones de la demanda, lo cual, fue revocado por el fallador de segunda instancia, afirmación que la Sala encontró errada habida cuenta que revisada el acta de audiencia proferida por el Juzgado se evidenció que las pretensiones de la actora fueron despachadas de manera negativa, decisión que el Tribunal procedió a confirmar tal como se establece del fallo acusado. Para lo cual, hizo una exposición in extenso en lo que refiere a la procedencia de la acción de tutela contra una providencia judicial y citó las sentencias T-184 del 4 de marzo del 2004, C-590 del 2005 y T-104 del 2007 de la Corte Constitucional. También hizo referencia entre otras, a las siguiente sentencias: Consejo de Estado, Sección Sección Segunda, Subsección A, M.P.:
Alberto Arango Mantilla, sentencia del 29 de mayo del 2003, radicado: 25000-23-25-000-2000-2990-01 Actor: Jaime Florez Anibal; Sección Segunda Subsección BM.P.: Gerardo Arenas Monsalve, sentencia del 6 de agosto del 2008, radicado: 25000-23-25-000-2002-12846-01, Actor: Emilio Páez Cristancho. Sección Segunda, Consejero Ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila, con número de radicación 25000-23-25-000-2006-07509-01 (0112-09). Radicado 11001-03-15-000-2017-03146-00. M.P.: Rocío Araujo Oñate, Tutelante: Lina María Caicedo. Folios 89 a 90. A folios 101 a 107 del expediente obra el escrito presentado el 4 de julio de 2018 a través de correo electrónico. Para lo cual, hizo una exposición de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y citó las sentencias C-590 del 2005 y la SU-38 del 2008 de la Corte Constitucional.
A folios 96 a 97 del expediente obra el escrito presentado el 4 de julio de 2018 a través de correo electrónico.
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.
"Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado". Reiteración jurisprudencial. Sección Quinta del Consejo de estado. Exp. No. 11001-03-15-000-2018-01135-00.de 17 de mayo de 2018. C.P.: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Actor: Jorge Enrique Silva López, ver también sentencia del 19 de julio del 2018, Radicado: 11001-03-15-000-2018-02043-00, M.P.: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Actor: Julio César Sánchez Trujillo. Sala Plena del Consejo de Estado. Expediente No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. C. P.: María Elizabeth García González. El recuento de esos criterios se encuentra de páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. Ídem. Entre otras en las T-949 del 16 de octubre de 2003, T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005. Folio 1.
“Habrá lugar al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado.”
Ver sentencias SU-637 de 2006 y C-590 del 2005. Sección Segunda del Consejo de Estado, proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000-23-25-000-2006-07509-01, sentencia de 4 de agosto de 2010, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Ver Sentencia del 5 de julio del 2018, de la Sección Quinta del Consejo de Estado, radicado 11001-03-15-000-2018-00194-01, M.P.: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Actor, Jose Roberto García Hilarión. Sobre el tema de la aplicación de la Ley 91 de 1989 y Ley 100 de 1993, virtud de la Ley 812 de 2003, consultar los siguientes fallos de tutela proferidos por esta Sección: Abril 12 de 2018, expediente No. 11001-03-15-000-2018-00389-00, demandante: Eunice Hernández Ospina; C. P. Roció Araújo Oñate. Marco 22 de 2018, tutela No. 11001-03-15-000-2017-03310-01; tutelante: Álvaro Bonilla Guerrero; C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Enero 25 de 2018, radicado No. 11001-03-15-000-2017-03011-00; accionante: Carolina Ramírez Loaiza; C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Noviembre 23 de 2017; proceso No. 11001-03-15-000-2017-02760-00; accionante: Fanny Gamboa Calvache; C. P. Roció Araújo Oñate.
«Artículo 81. Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.
(…)». Énfasis de la Sala. Ver Sentencia del 10 de agosto del 2017, radicado 11001-03-15-000-2017-00901-01, M.P.: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Actor: Magda Nydia Escudero García.
Al respecto, vale la pena tener en cuenta el siguiente párrafo: “En conclusión, la normatividad aplicable en este caso para efectos de determinar los requisitos de edad, tiempo de servicios y, especialmente, cuantía de la pensión de jubilación, son las Leyes 33 y 62 de 1985, pues, se reitera, aunque el actor es beneficiario del régimen de transición previsto por la Ley 100 de 1993 no lo es de las excepciones previstas por la Ley 33 de 1985, las cuales hacen referencia a los empleados oficiales “que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente”; a “aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones”; y, a quienes a la entrada en vigencia dicha ley hubieren cumplido más de 15 años continuos o discontinuos de servicio, porque a ellos se les continuarán aplicando las normas especiales, de excepción o generales anteriores que sean pertinentes en cada caso concreto”. Ver Sentencia del 10 de agosto del 2017, radicado 11001-03-15-000-2017-00901-01, M.P.: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Actor: Magda Nydia Escudero García y Sentencia del 5 de julio del 2018, radicado 11001-03-15-000-2018-00166-01, M.P: Rocío Araujo Oñate, Actor: Martha Lilia Hinestroza Sánchez. Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-15-000-2017-03146-00, M.P.: Rocío Araujo Oñate. Actor: Lina María Caicedo.
“ARTICULO. 279.-Excepciones. El sistema integral de seguridad social contenido en la presente ley no se aplica a los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, con excepción de aquél que se vincule a partir de la vigencia de la presente ley, ni a los miembros no remunerados de las corporaciones públicas. Así mismo, se exceptúa a los afiliados al fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida. (Subrayado Declarado Exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-461 de 1995)”
Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Expediente 11001-03-15-000-2017-00901-01. Actora: Magda Nydia Escudero García. C.P.: Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Consejo de Estado, Sentencia del 6 de septiembre de 2017. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. 11001-03-15-000-2017-01898-00
Consejo de Estado, Sentencia del 23 de noviembre de 2017. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2017-02760-00
Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-15-000-2017-03146-00, M.P.: Rocío Araujo Oñate. Actor: Lina María Caicedo, sentencia del 8 de febrero del 2018. Consejo de Estado, Sentencia del 6 de septiembre de 2017. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. 11001-03-15-000-2017-01898-00; Sentencia del 23 de noviembre de 2017. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2017-02760-00, Sentencia del 14 de diciembre de 2017. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2017-02968-00
Ver entre otras, la Sentencia del 19 de julio de 2018, radicado 11001-03-15-000-2018-02043-00, M.P.: Lucy Jeannette Bermúdez Bermudez.
Aunque no se indica la fecha exacta en la que la accionante se vinculó como docente, a folio 40 del expediente, en la providencia del 11 de abril del 2018 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, Sala Segunda, señaló que “de acuerdo con las referidas normas, a los docentes nacionales vinculados con anterioridad al 27 de junio de 2003, como es el caso de la señora Amanda Fernández Puerta, se les aplica las normas vigentes para los servidores del sector público nacional, y sus pensiones están a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, razón por la cual se rigen por la Ley 33 de 1985…, a folio 38 indicó que “se encontraba demostrado que “la demandante adquirió el estatus de jubilada el 10 de mayo de 2008, fecha en la que se encontraba afiliada al Fondo de pensiones sociales del Magisterio”.
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