Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-02087-00
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra providencia judicial: ampara los derechos al debido proceso, acceso a la Administración de Justicia e…
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-02087-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2018-02087-00
Consejero ponente: María Elizabeth García González
19 de julio de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Ampara los derechos al debido proceso, acceso a la Administración de Justicia e igualdad / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - El Tribunal inaplico el precedente contenido en la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010 de la Sección Segunda del Consejo de Estado sobre los factores de liquidación de la pensión de jubilación / DEFECTO SUSTANTIVO - Se configura por interpretación errónea del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 ya que los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no son destinatarios del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
[E]s claro que la autoridad judicial fundamentó su decisión de acuerdo con lo señalado en las sentencias de unificación 395 de 2017 y T-039 emanadas de la Corte Constitucional, sin embargo, las citadas providencias no son aplicables al caso de la demandante, pues fueron expedidas bajo las consideraciones de la Ley 100 de 1993, y para la actora la norma aplicable es la Ley 33 de 1985. Por otro lado, teniendo en cuenta lo consignado en la sentencia de 4 de agosto de 2010, para el caso concreto, se autoriza la deducción de los descuentos por aportes que dejaron de efectuarse respecto a los mismos. [P]ara la Sala no hay duda alguna de que los Docentes no son destinatarios del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, razón por la que el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, no les resulta aplicable, por lo que deben incluirse en su liquidación pensional los factores salariales señalados en la Ley 33 de 1985. (…) resulta claro para la Sala que la interpretación que impartió el Tribunal al artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 fue aislada y no tuvo en cuenta las demás disposiciones previstas en el aludido acto de reforma constitucional, así como tampoco las interpretaciones que del mismo ya efectuó esta Corporación, lo que indujo al mencionado Tribunal a aplicar una norma que no regulaba la situación de la actora. (…) Siendo ello así, considera la Sala que los fundamentos expuestos por el Tribunal Administrativo de Risaralda para no dar aplicación al precedente contenido en la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, no están ajustados a derecho y, además, constituyen una vulneración a los derechos a la igualdad, debido proceso por desconocimiento del precedente judicial y por la configuración del defecto sustantivo, razón por la que se deberá dejar sin efecto la sentencia de 18 de abril de 2018, para que, en su lugar, emita una nueva providencia que atienda los lineamientos aquí expuestos.
FUENTE FORMAL: LEY 33 DE 1985 / LEY 62 DE 1985 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 36
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales cuando se vulneran derechos fundamentales, consultar: Consejo de Estado, sentencia del 31 de julio de 2012, exp.11001-03-15-000-2009-01328-01(AC), C.P. María Elizabeth García González. En relación con la regla general del plazo razonable para interponer la acción de tutela contra las decisiones judiciales proferidas por el Consejo de Estado como órgano de cierre, consultar: Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp. 2012-02201(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Sobre los requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, ver: Corte Constitucional, sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Respecto de los factores salariales a reconocer en la liquidación pensional de los empleados cobijados en la Ley 33 de 1985, consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 26 de agosto de 2010, exp: 15001-23-31-000-2005-02159-01(1738-08), C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila y Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 9 de marzo de 2017, exp: 68001-23-31-000-2012-00148-01, C.P Sandra Lisset Ibarra Vélez.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-02087-00(AC)
Actor: ZOHE CALDERÓN ZULUAGA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA
La Sala procede a decidir la acción de tutela instaurada por la señora Zohe Calderón Zuluaga, contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, en adelante el Tribunal.
ANTECEDENTES
I.1.-La Solicitud
La señora ZOHE CALDERÓN ZULUAGA, actuando a través de apoderada, interpuso acción de tutela contra el Tribunal, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital y al acceso a la administración de justicia.
I.2 Hechos.
La actora manifestó que se desempeñaba como Docente oficial, razón por la que, a través de Resolución núm. 798 de 23 de junio de 2014, se le reconoció su pensión de jubilación.
Indicó que, comoquiera que la pensión reconocida no incluyó la totalidad de los factores salariales que efectivamente se encontraba devengando al momento de obtener su status pensional, acudió a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para efecto de que se reliquidara su pensión de jubilación.
Que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho fue conocido por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pereira, que en sentencia de 30 de noviembre de 2017 accedió a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, decretó la nulidad parcial del acto demandado y ordenó la reliquidación de su pensión en cuantía equivalente al 75% del IBL conformado por todos los factores salariales devengados durante el año anterior a la adquisición de su status, esto es, con la asignación básica, prima de vacaciones y de navidad y la prima de alimentación especial.
Adujo que contra la anterior decisión, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Risaralda en sentencia de 18 de abril de 2018, que revocó el fallo recurrido por considerar que la pensión de jubilación reconocida a la actora se encuentra liquidada correctamente, y por ello, el a quo no debió ordenar la inclusión de otros factores salariales, en razón a que, por una parte, no se encuentra probado que frente a aquellos se hayan realizado las respectivas cotizaciones y por otra, no son de los enlistados en el marco del artículo 1º de la Ley 62 de 16 de septiembre de 1985, modificatoria del artículo 3º de la Ley 33 de 29 de enero de 1985.
A su juicio, el fallo del Tribunal desconoció diversas sentencias proferidas por el Consejo de Estado al interior de procesos de nulidad y restablecimiento del derecho y de acciones de tutela, en las que se han estudiado asuntos similares. Para el efecto citó apartes de las siguientes providencias:
-. Sentencia de 4 de agosto de 2010. Expediente núm. 2006-07509-01. Consejero ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila.
-. Sentencia de 3 de abril de 2008. (Expediente. 2006-00187-01 (1239-07). Consejero ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren).
-. Sentencia de 18 de febrero de 2018. Expediente núm. 2017-03146- Consejera ponente Rocío Araujo Oñate.
-. Sentencia de 24 de mayo de 2018. Expediente núm. 2018-00783-00. Consejero ponente Miltón Chaves García.
De igual forma, adujo que el Tribunal al proferir la sentencia apelada incurrió en defecto sustantivo y falta de motivación por incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión, por cuanto, a su juicio, dentro del despliegue normativo a lo largo de la providencia, especifican que los docentes nacionales y nacionalizados vinculados con anterioridad al 27 de junio de 2003, como en el caso de la actora, se les aplica las normas para los servidores del sector público nacional y sus pensiones a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, razón por la que se rigen por la Ley 33 de 1985.
Concluye que, el Tribunal incurrió en desconocimiento del precedente judicial, toda vez que dentro del argumento jurisprudencial citó varias sentencias de esta Corporación, en donde detalla la aplicación de la Ley 33 de 1985, y, en específico, lo concerniente a los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la prestación.
I.3 Pretensiones
Solicitó el amparo de los derechos fundamentales y, en consecuencia, que se deje sin efecto la sentencia de 18 de abril de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda y, en su lugar, se le ordene emitir una nueva decisión en la que tenga en cuenta la línea jurisprudencial del Consejo de Estado proferida en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, dentro del expediente radicado bajo el núm. 66001-33-33-005-2017-00062-01 con ponencia del Consejero Víctor Hernando Alvarado Ardila.
I.4 Defensa
El Tribunal Administrativo de Risaralda puso de presente que no se configura ninguno de los requisitos generales y específicos establecidos por la Corte Constitucional para admitir la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, pues su decisión se adoptó con fundamento en la interpretación hermenéutica que realizó del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Indicó que, la sentencia que dio origen a la presente acción no se fundamentó en normas inexistentes o inconstitucionales, sino, por el contrario, dicha providencia observó los cánones constitucionales, legales y jurisprudenciales.
Señaló que por tal razón se dispuso en la sentencia cuestionada que en relación con el IBL se diera aplicación a las disposiciones previstas en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que el Ingreso Base de Liquidación no es objeto de transición.
Agregó que, es cierto que a los docentes nacionales vinculados con anterioridad al 27 de junio de 2003 (cuando entró en vigencia la Ley 812 de 26 de junio de 2003) se les aplican las normas vigentes para los servidores del sector público nacional y sus pensiones están a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, razón por la cual se rigen por la Ley 33 de 1985, sin embargo, indicó que igualmente es cierto que los docentes afiliados a dicho Fondo se encuentran exceptuados de la aplicación de la Ley 100 de 1993, y que, por lo mismo, no es razón para aplicarles el régimen de transición de esta última ley respecto de las Leyes 33 y 62 de 1985, sino en razón de su vinculación a la docencia oficial con anterioridad a la mencionada Ley 812 de 2003.
Sostuvo que, de ninguna manera existió desconocimiento del precedente jurisprudencial por parte de ese Tribunal, pues contrario sensu ha sido conducta reiterada, citar entre otras la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, de fecha 4 de agosto de 2010, con radicado 25000-23-25-000-2006-07509-01(0112-09), CP Doctor Víctor Hernando Alvarado Ardila, donde se señaló que las pensiones de las personas beneficiarias del régimen de transición y de la Ley 33 de 1985, se calculan con todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio, aunque sobre ellos, o alguno de ellos, no se haya hecho mención taxativa en la norma.
Aseguró que, en la demanda de tutela no se estableció claramente cuáles fueron los defectos en los que incurrió y que ameritan que se deje sin efectos su providencia, lo que, a su juicio, resulta indispensable para el ejercicio de su derecho de defensa y para que pueda predicarse que vulneró los derechos fundamentales alegados por la actora.
Expresó que en el asunto objeto de debate, no se discutió lo relacionado con el Ingreso Base de Liquidación de la pensión de la accionante, considerando que la pretensión principal del proceso iba encaminada a la reliquidación de la pensión con la inclusión de todos los factores salariales que no fueron tenidos en cuenta para el cálculo del monto pensional.
Concluyó que, el Tribunal actuó con apego al ordenamiento jurídico y jurisprudencial vigente.
El Ministerio de Educación Nacional puso de manifiesto que el amparo solicitado no reúne los requisitos de procedibilidad para admitir la acción de tutela contra providencia judicial, por lo que debe ser denegado.
La FIDUPREVISORA S.A (Administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) advirtió que el amparo solicitado no reúne los requisitos de procedibilidad para admitir la acción de tutela contra providencia judicial, por lo que se debe denegar la solicitud constitucional.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente nro. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:
“Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn4#_ftn4" \o "" [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn5#_ftn5" \o "" [5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn6#_ftn6" \o "" [6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn7#_ftn7" \o "" [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn8#_ftn8" \o "" [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn9#_ftn9" \o "" [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn10#_ftn10" \o "" [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/c-590-05.htm" \l "_ftn11#_ftn11" \o "" [11].
i. Violación directa de la Constitución.”
En el presente caso, se advierte que la actora pretende que se deje sin efecto la sentencia de 18 de abril de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que revocó el fallo de 30 de noviembre de 2017, dictado por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pereira, que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho radicada bajo el núm. 2017-00062-00.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, acceso a la Administración de Justicia e igualdad, habida cuenta que, a juicio de la actora, el Tribunal desconoció el precedente jurisprudencial sentado por esta Corporación que establece que los docentes del Magisterio que se vincularon con anterioridad al 27 de junio de 2003, se amparan bajo un régimen de excepción, razón por la que se les aplica los factores salariales contenidos en la Ley 33 de 1985.
Comoquiera que el amparo solicitado cumple con los presupuestos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, la Sala analizará la sentencia cuestionada.
A juicio de la actora, como ya se dijo, el Tribunal incurrió en los defectos de desconocimiento del precedente y sustantivo, habida cuenta que para resolver su caso no acató el precedente jurisprudencial sentado por esta Corporación y, no le debió excluir los factores salariales enunciados en la Ley 33 de 1985.
En virtud de lo anterior, corresponderá a la Sala establecer si, en efecto, el Tribunal incurrió en los mencionados defectos.
Del desconocimiento del precedente
Para efecto de determinar si el Tribunal Administrativo de Risaralda incurrió en el defecto por desconocimiento de precedente, la Sala hará un recuento de cada una de las sentencias indicadas por la solicitante, con el fin de verificar si las mismas resultan aplicables al caso sub examine y, por tanto, debieron ser acatadas por el Tribunal Administrativo de Risaralda.
-. Sentencia de Unificación de 4 de agosto de 2010 proferida por la Sección Segunda. (Expediente núm. 2006-07509-01. Consejero ponente. Víctor Hernando Alvarado Ardila)
En esta oportunidad, la Sección Segunda de esta Corporación estudió el caso de un ciudadano que se desempeñó como Auxiliar en la Aeronáutica Civil a quien CAJANAL le reconoció su pensión de jubilación, la cual, a su juicio, no se liquidó conforme a la normativa que le resultaba aplicable, esto es, el Decreto 1160 de 1989, teniendo en cuenta que se encontraba en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación explicó que, en efecto, el actor cumplía con los requerimientos para considerar que estaba en el régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, razón por la que era del caso determinar qué normativa le resultaba aplicable. Así, tras estudiar las pruebas existentes en el proceso, concluyó que la normativa que regulaba la situación del actor para efectos de determinar los requisitos de edad, tiempo de servicios y, especialmente, cuantía de la pensión de jubilación, son las Leyes 33 y 62 de 1985, que contenían el régimen general de pensiones con anterioridad a la Ley 100 de 1993.
En virtud de lo anterior, la Sección Segunda puso de manifiesto que al interior de sus Subsecciones existía una contradicción respecto del alcance del artículo 3° de la Ley 33 de 1985, que fue modificado por el artículo 1° de la Ley 62 del mismo año, el cual hace referencia a los factores salariales que deben constituir el Ingreso Base de Liquidación Pensional. En consecuencia, decidió unificar su posición al respecto, que se puede sintetizar en la siguiente regla:
El listado de factores contenidos en el artículo 3° de la Ley 33 de 1985 que fue modificado por el artículo 1° de la Ley 62 del mismo año, es enunciativo y, por tanto, ello no impide la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios, previa deducción de los descuentos por aportes que dejaron de efectuarse, siempre y cuando los mismos constituyan salario.
-. Sentencia de 3 de abril de 2008. (Expediente. 2006-00187-01 (1239-07). Consejero ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren)
En esta oportunidad la Sección Segunda del Consejo de Estado conoció la solicitud de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por un ciudadano a quien el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio le reconoció su pensión de jubilación en los términos de la Ley 33 de 1985, no obstante, en la liquidación de su asignación no fue incluido la totalidad de los factores salariales.
Para efecto de resolver el caso, la Sección Segunda, tras explicar el marco jurídico de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes oficiales – factores pensionales, consideró que en los casos en que el reconocimiento pensional se hubiese efectuado a la luz de lo previsto en las Leyes 33 y 62 de 1985, el funcionario está obligado a pagar los correspondientes aportes sobre todos los factores que de conformidad con la Ley deben tenerse en cuenta para la determinación de la base, no obstante, en caso de que no se hubiesen hecho los respectivos aportes, ello no puede dar lugar a que se niegue la inclusión del factor, pues estos pueden ser descontados por la entidad cuando se haga el reconocimiento prestacional.
-. Sentencia de tutela de 8 de febrero de 2018 (Expediente núm. 2017-03146-00. Consejera ponente Rocío Araujo Oñate).
La allí accionante, que prestó sus servicios como Docente, demandó en acción de tutela el fallo de nulidad y restablecimiento del derecho proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño, el cual denegó la pretensión de reliquidar su pensión de jubilación con inclusión de todos los factores salariales conforme lo ordena la Ley 33 de 1985 y la sentencia de unificación de la Sección Segunda de esta Corporación de 4 de agosto de 2010 ya referida, por considerar que se debía dar aplicación a la sentencia SU-230 de 2015 y C-258 de 2013.
Al respecto, en esa oportunidad se consideró que en atención a que la Sección Segunda de esta Corporación en sentencia de unificación de 25 de febrero de 2016, estableció que las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 no son aplicables a la generalidad de las pensiones del régimen de transición, el Tribunal accionado incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente, pues su decisión se fundamentó en providencias que no eran aplicables y, además, no tuvo en cuenta la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, emitida por la Sección Segunda de esta Corporación.
-. Sentencia de tutela de 24 de mayo de 2018. (Expediente núm. 2018-00783-00). Consejero ponente Milton Chaves García.
La parte actora, prestó sus servicios como Docente, y demandó en acción de tutela el fallo de nulidad y restablecimiento del derecho proferido por el Tribunal Administrativo de Risaralda, el cual denegó la pretensión de reliquidar su pensión de jubilación con inclusión de todos los factores salariales conforme lo ordena la Ley 33 de 1985 y la sentencia de unificación de la Sección Segunda de esta Corporación de 4 de agosto de 2010 ya referida, por considerar que se debía dar aplicación a la sentencia SU-230 de 2015 y C-258 de 2013.
Al respecto, en esa oportunidad se consideró que en atención a que la Sección Segunda de esta Corporación en sentencia de unificación de 25 de febrero de 2016, estableció que las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 no son aplicables a la generalidad de las pensiones del régimen de transición, el Tribunal accionado incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente, pues su decisión se fundamentó en providencias que no eran aplicables y, además, no tuvo en cuenta la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, emitida por la Sección Segunda de esta Corporación.
Del anterior recuento jurisprudencial, la Sala colige que lo que la actora persigue es que se dé aplicación a la sentencia de Unificación de 4 de agosto de 2010, emitida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, la cual fue reiterada en varios de los pronunciamientos referidos en precedencia para resolver los casos concretos.
Siendo ello así, se advierte que la Sección Segunda del Consejo de Estado en la aludida sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, se pronunció en relación con la situación pensional de un ciudadano que se desempeñó como Auxiliar en la Aeronáutica Civil, esto es, para el sector oficial, razón por la que, al encontrarse inmerso en el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, era destinatario de la Ley 33 de 1985.
En atención a que al interior de las Subsecciones existían posiciones encontradas en relación con los factores salariales que deben ser tenidos en cuenta para la liquidación de la pensión bajo la normativa referida, la Sala Plena de la Sección decidió unificar criterios y sentar una regla judicial para establecer qué factores debían incluirse en el IBL de las pensiones reconocidas en virtud de la Ley 33 de 1985.
Advierte la Sala que la regla establecida por la Sección Segunda debe ser aplicable a los destinatarios de la Ley 33 de 1985, esto es, a los empleados oficiales, dentro de los cuales se pueden encontrar Docentes oficiales; de ahí, la razón por la que esta regla, así se hubiese emitido con ocasión de una acción instaurada por una persona no Docente, es empleada para resolver los litigios en los que los Docentes sean parte, por su calidad de empleados oficiales.
De allí la razón por la que la mentada sentencia de unificación sí constituye un precedente cuando se reclame la aplicación de la Ley 33 de 1985 por solicitud de un empleado al servicio oficial.
No obstante, la Sala estima pertinente hacer especial énfasis en que, solamente, resulta aplicable la regla específica referente a los factores salariales que deben conformar el IBL, pues aspectos tales como la aplicación o no del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es una cuestión que debe ser analizada de acuerdo con el caso concreto, como se explicará más adelante.
En consecuencia, la Sala encuentra que el Tribunal desconoció el precedente referido, habida consideración de que no reconoció que, en efecto, el Ingreso Base de Liquidación de las pensiones reconocidas en virtud de las Leyes 33 y 62 de 1985 debía efectuarse de conformidad con la regla judicial adoptada por la Sección Segunda de esta Corporación en sentencia de 4 de agosto de 2010, y reiterada en diversas acciones de tutela y de nulidad y restablecimiento en las que resulta pertinente aplicar dicha normativa, por cuanto para la autoridad accionada la Resolución núm. 798 del 23 de junio de 2016 se encuentra liquidada correctamente, y por ello, el a quo no debió ordenar la inclusión de otros factores salariales, en razón a que, por una parte, no se encuentra probado que frente aquellos se hayan realizado las respectivas cotizaciones; y, por otra, no son de los enlistados en el marco del artículo 1º de la Ley 62 de 1985, modificatoria del artículo 3º de la Ley 33 de 1985.
En virtud de lo anterior, corresponderá a la Sala determinar si las razones que justifican la no aplicación de la sentencia de 4 de agosto de 2010, están ajustadas a derecho, esto es, si es procedente asegurar que la actora está inmersa en los presupuestos del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005. Dicha precisión, introduce a la Sala al estudio del defecto sustantivo, pues las razones argüidas por el Tribunal se refieren a la aplicación de una norma.
Del defecto sustantivo
El artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005, prevé lo siguiente:
“Artículo 1°. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de la Constitución Política:
"Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones. Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Sin embargo, la ley podrá determinar los casos en que se puedan conceder beneficios económicos periódicos inferiores al salario mínimo, a personas de escasos recursos que no cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión". (Negrillas y subrayas fuera del texto)
Respecto de los factores salariales a reconocer en la liquidación pensional de los empleados cobijados en la Ley 33 de 1985, esta Corporación en sentencia de 26 de agosto de 2010, señaló lo siguiente:
“[…] Ahora bien, ante la diversidad de criterios existentes en esta materia, la Sala Plena de esta Sección, mediante Sentencia de 4 de agosto de 2010, con ponencia del suscrito2 , retomó el análisis de los factores a reconocer en la base de liquidación pensional de los reconocimientos efectuados bajo el imperio de la Ley 33 de 1985, para lo cual realizó exhaustivos debates apoyándose en antecedentes normativos y jurisprudenciales, arribando a las siguientes conclusiones: “(…) Entonces, para efectos de determinar la cuantía de la pensión de jubilación siempre debe partirse de la base que ésta constituye una prestación producto de los aportes efectuados por el trabajador y, por lo tanto, debe otorgarse en forma óptima con el fin de no afectar sus condiciones de existencia al momento de retirarse definitivamente del servicio.
De ahí que, interpretar la Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62 del mismo año, en el sentido de considerar que aquélla enlista en forma expresa y taxativa los factores sobre los cuales se calcula el Ingreso Base de Liquidación de la pensión de jubilación, trae como consecuencia la regresividad en los Derechos Sociales de los ciudadanos, pues se observa sin duda alguna que el transcurso del tiempo ha implicado una manifiesta disminución en los beneficios alcanzados con anterioridad en el ámbito del reconocimiento y pago de las pensiones.
Es por ello que la interpretación que debe darse a la Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62 de la misma anualidad, es la que permite efectivizar en mejor medida los derechos y garantías laborales, es decir aquella según la cual las citadas normas no enlistan en forma taxativa los factores salariales que componen la base de liquidación pensional, sino que permiten incluir todos aquellos que fueron devengados por el trabajador, previa deducción de los descuentos por aportes que dejaron de efectuarse. (…)
(…) Ahora bien, en consonancia con la normatividad vigente y las directrices jurisprudenciales trazadas en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores públicos, es válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es decir aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se les dé, tales como, asignación básica, gastos de representación, prima técnica, dominicales y festivos, horas extras, auxilios de transporte y alimentación, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, incrementos por antigüedad, quinquenios, entre otros, solo para señalar algunos factores de salario, a más de aquellos que reciba el empleado y cuya denominación difiera de los enunciados que solo se señalaron a título ilustrativo, pero que se cancelen de manera habitual como retribución directa del servicio. Se excluyen aquellas sumas que cubren los riesgos o infortunios a los que el trabajador se puede ver enfrentando. Sobre el particular es pertinente aclarar, que existen algunas prestaciones sociales - a las cuales el mismo legislador les dio dicha connotación -, esto es, a las primas de navidad y de vacaciones, que a pesar de tener esa naturaleza, constituyen factor de salario para efectos de liquidar pensiones y cesantías, como expresamente quedó establecido en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978[…]”.
Ahora bien, en reciente postura, el Consejo de Estado en sentencia de 9 de marzo de 2017 al realizar un estudio de la reliquidación pensional de una docente nacional, expresó:
““[…]Lo anterior, con observancia de la normativa reguladora de la materia y obedeciendo la pauta jurisprudencial presentada por esta Corporación, pues es válido tener en cuenta todos los factores salariales que constituyen salario, es decir aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como contraprestación directa por sus servicios independientemente de la denominación que se les dé y si no han sido objeto de descuento por aportes pensionales, ello no da lugar a su exclusión, sino a que al momento del reconocimiento, la entidad de previsión social efectúe las deducciones pertinentes[…]”.
De conformidad con la jurisprudencia en comento, es claro que la autoridad judicial fundamentó su decisión de acuerdo con lo señalado en las sentencias de unificación 395 de 2017 y T-039 emanadas de la Corte Constitucional, sin embargo, las citadas providencias no son aplicables al caso de la demandante, pues fueron expedidas bajo las consideraciones de la Ley 100 de 1993, y para la actora la norma aplicable es la Ley 33 de 1985.
Por otro lado, teniendo en cuenta lo consignado en la sentencia de 4 de agosto de 2010, para el caso concreto, se autoriza la deducción de los descuentos por aportes que dejaron de efectuarse respecto a los mismos.
Como consecuencia de lo anterior, para la Sala no hay duda alguna de que los Docentes no son destinatarios del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, razón por la que el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005, no les resulta aplicable, por lo que deben incluirse en su liquidación pensional los factores salariales señalados en la Ley 33 de 1985.
La anterior consideración, se refuerza en el hecho de que en el mismo Acto Legislativo 01 de 2005, se consagraron disposiciones tendientes a regular la situación pensional de los Docentes. En efecto, el inciso 7 y los parágrafos transitorios 1 y 2 dispusieron lo siguiente:
“INC.- A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo, no habrá regímenes especiales ni exceptuados, sin perjuicio del aplicable a la fuerza pública, al Presidente de la República y a lo establecido en los parágrafos del presente artículo".
(…)
"Parágrafo transitorio 1º. El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003".
"Parágrafo transitorio 2º. Sin perjuicio de los derechos adquiridos, el régimen aplicable a los miembros de la Fuerza Pública y al Presidente de la República, y lo establecido en los parágrafos del presente artículo, la vigencia de los regímenes pensionales especiales, los exceptuados, así como cualquier otro distinto al establecido de manera permanente en las leyes del Sistema General de Pensiones expirará el 31 de julio del año 2010".
De lo precedente, la Sala observa que el Acto Legislativo 01 de 2005 dispuso que todos los regímenes pensionales especiales, exceptuados, etc., expirarán el 31 de julio del año 2010, salvo, el aplicable a la Fuerza Pública, al Presidente de la República y a los establecidos en los parágrafos de la norma, dentro de los cuales se encuentra el de los Docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial. En relación con los Docentes, se advierte que a los que se vincularon con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, se les aplicarán las disposiciones vigentes con anterioridad a la misma.
En consecuencia, se puede concluir que el Acto Legislativo 01 de 2005, de ninguna manera limitó los derechos pensionales de los docentes vinculados con anterioridad a la Ley 812 de 2003, los cuales seguirán gozando de los regímenes anteriores que les resultaren aplicables.
La interpretación referida encuentra sustento en la expuesta por la Sala de Consulta en Concepto de 10 de septiembre de 2009 y por la Sección Segunda en sentencia de 6 de abril de 2011, en las que se consideró lo siguiente:
Concepto de la Sala de Consulta:
““[…]Ahora bien, en su texto definitivo el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005 prohibió, a partir de su vigencia, la existencia de regímenes especiales y exceptuados, y excluyó de manera expresa el régimen de la Fuerza Pública, el del Presidente de la República y “lo establecido en los parágrafos del presente artículo”.
El “presente artículo”, o sea, el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005, trae dos parágrafos que no están calificados de “transitorios”, por lo que se asumen como de vigencia indefinida, y en todo caso no interesan al tema que ahora se estudia.
Los demás parágrafos son 6, todos calificados como “transitorios”; de éstos, el primero y el segundo son los que recogen las dificultades de interpretación que corresponde a la Sala dilucidar.
El parágrafo transitorio 1º adopta el régimen pensional de los docentes teniendo en cuenta su fecha de vinculación al servicio “en los términos del artículo 81 de la ley 812 de 2003”.
El parágrafo transitorio 2º establece un régimen de transición en relación con la prohibición de la existencia de regímenes pensionales exceptuados y especiales, cuando al repetir esta prohibición señala el 31 de julio de 2010 como la fecha de expiración de todos los regímenes distintos al del Sistema General de Pensiones; y guardando coherencia con las excepciones establecidas en el inciso correspondiente del artículo 1º, también excluye “el régimen aplicable a los miembros de la Fuerza Pública y al Presidente de la República, y lo establecido en los parágrafos del presente artículo”; esto es, también remite a los dos parágrafos permanentes y a los 6 transitorios, el primero de los cuales es el que trata del régimen de los docentes.
Entonces, mientras que el inciso séptimo del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005 determina la fecha a partir de la cual quedan prohibidos los regímenes pensionales distintos del general, el parágrafo transitorio 2º fija la fecha de terminación definitiva de esos mismos regímenes, y ambas normas exceptúan de sus mandatos los regímenes distintos del general que continúan permitidos y que por lo mismo tampoco se extinguen el 31 de julio de 2010.
En el tenor literal de sus textos, ninguna discusión cabe respecto de la permanencia de los regímenes pensionales especiales de la Fuerza Pública y el Presidente de la República. ¿Por qué es susceptible de interpretaciones el tratamiento especial del régimen pensional de los docentes al servicio del Estado?
En criterio de la Sala, las dificultades surgen de estar consagrado en una norma denominada “transitoria” y de su redacción en cuanto no se hizo explícita su continuidad más allá del 31 de julio de 2010, pues tal continuidad se consagra mediante la remisión al artículo 81 de la ley 812 de 2003 por el cual se había reformado el régimen establecido desde la ley 91 de 1989.
Recuérdese brevemente que la ley 812 de 2003 aprobatoria del “Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario”, en la Sección Siete, Sector de Educación Nacional, artículo 81, se refirió al “régimen prestacional de los docentes oficiales”, para establecer que el de los nacionales, nacionalizados y territoriales continuaría siendo el anterior a la vigencia de la ley 812, y el pensional de los docentes que ingresaran al servicio a partir de la vigencia de esta misma ley 812 sería el de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 “con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.”
Vale decir, que a partir del 27 de junio de 2003, fecha en la cual entró a regir la ley 812 del mismo año, hablar del “régimen pensional de los docentes” hace referencia, en realidad a dos regímenes cuya aplicación se determina por la fecha de ingreso del respectivo docente al servicio público educativo.
Esta circunstancia tiene como consecuencia que el régimen pensional aplicable a los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales necesariamente está llamado a extinguirse en el tiempo a medida que decrece el número de sus destinatarios, mientras que irán aumentando los docentes que entran al régimen general de pensiones pero conservando el requisito de la edad como elemento determinante de la especialidad de su régimen pensional.
En conclusión, como se señaló al finalizar el punto anterior, el parágrafo transitorio 1º del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005 remite al artículo 81 de la ley 812 de 2003 y los efectos de esta remisión son:
La fecha de ingreso al servicio educativo oficial de cada docente es el factor que fija el régimen pensional que le será aplicable, y no la fecha de causación del derecho;
la continuidad del régimen pensional especial aplicable a los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, en el entendido de que está llamado a extinguirse junto con sus destinatarios, circunstancia que permite calificar ese régimen como transitorio;
la conservación de un régimen especial, en atención a la edad, para una población de docentes que empieza a aumentar, porque son todos los que se vinculen al servicio público educativo a partir del 27 de junio de 2003.
Sobre el régimen pensional de los docentes según la fecha de su vinculación al servicio estatal:
La última de las preguntas formuladas por los señores Ministros permite concretar el régimen de los docentes, atendiendo a su fecha de vinculación al servicio público docente, a los efectos del Acto Legislativo 01 de 2005 y al régimen de transición consagrado en particular para ellos, así:
El régimen pensional de los docentes vinculados al servicio estatal antes del 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigencia de la ley 812 de 2003, es el contenido en la ley 91 de 1989;
El régimen pensional de los docentes oficiales vinculados a partir del 27 de junio de 2003 es el régimen general de las leyes 100 de 1993, 797 de 2003 y las demás que lo regulen en el futuro, pero con el requisito de la edad unificado en 57 años para hombres y mujeres.
Atendiendo los antecedentes del parágrafo transitorio 1º del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005, el 31 de julio de 2010 no es aplicable como fecha de expiración de ninguno de los regímenes pensionales establecidos para los docentes al servicio oficial.“ (Negrillas y subrayas fuera del texto)
Sentencia de la Sección Segunda de esta Corporación:
La ley 100 de 1993 creó el “sistema de seguridad social integral” y como parte de él estructuró el “sistema general de pensiones”, pero exceptuando de su aplicación algunos sectores de pensionados, entre ellos “los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración…”.
La ley 812 de 2003 aprobó “el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario”. Esta normativa, en sus dos primeros incisos reguló lo referente al régimen pensional de los docentes oficiales:
“ARTÍCULO 81. RÉGIMEN PRESTACIONAL DE LOS DOCENTES OFICIALES. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1993/ley_0100_1993.html" \l "1" \t "_blank" 100 de 1993 y HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2003/ley_0797_2003.html" \l "1" \t "_blank" 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres”.
Esta ley entró en vigencia al 27 de junio del 2003, de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 137.
La ley 1151 de 2007, por la cual se expidió el “Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010”, en su artículo 160 prorrogó la vigencia de algunas de las disposiciones de la ley 812, entre ellas, las contenidas en el artículo 81.
La normativa hasta ahora reseñada permite concluir que el régimen pensional de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se establece tomando como referencia la fecha de vinculación del docente al servicio educativo estatal, así:
i) Si la vinculación es anterior al 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigencia de la ley 812 de 2003, su régimen pensional corresponde al establecido en la ley 91 de 1989 y demás normas aplicables hasta ese momento, sin olvidar las diferencias provenientes de la condición de nacional, nacionalizado o territorial, predicables del docente en particular;
Este régimen está llamado necesariamente a extinguirse en el tiempo a medida que decrece el número de sus destinatarios (régimen de transición).
ii) Si el ingreso al servicio ocurrió a partir del 27 de junio de 2003, el régimen pensional es el de prima media con prestación definida, regulado por la ley 100 de 1993 con las modificaciones introducidas por la ley 797 de 2003, pero teniendo en cuenta que la edad se unifica para hombres y mujeres, en 57 años.
En ambas situaciones se trata de un régimen exceptuado por el legislador, pues mantienen e introducen modificaciones al régimen pensional general.
El parágrafo transitorio primero del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 22 de julio de 2005, se ocupa expresamente de los docentes vinculados al servicio público educativo oficial, en los siguientes términos:
"Parágrafo transitorio 1o. El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2003/ley_0812_2003_pr001.html" \l "81" \t "_blank" 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2003/ley_0812_2003_pr001.html" \l "81" \t "_blank" 81 de la Ley 812 de 2003" (resaltado y subrayas fuera del texto).
Si bien es cierto que el Acto Legislativo 01 de 2005, disposición que elevó a nivel de norma constitucional el reconocimiento de los dos grupos pensionales del artículo 81 de la ley 812 de 2003, estableció que los regímenes especiales o exceptuados expirarían el 31 de julio de 2010, también lo es que este límite temporal de fenecimiento, de acuerdo con los antecedentes que le dieron origen, no es aplicable a los docentes del servicio oficial. Así lo concluyó, recientemente, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación: (…) (Negrillas y subrayas fuera del texto)
De lo anterior, resulta claro para la Sala que la interpretación que impartió el Tribunal al artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 fue aislada y no tuvo en cuenta las demás disposiciones previstas en el aludido acto de reforma constitucional, así como tampoco las interpretaciones que del mismo ya efectuó esta Corporación, lo que indujo al mencionado Tribunal a aplicar una norma que no regulaba la situación de la actora.
En este mismo sentido la Sala se ha pronunciado sobre asuntos similares al caso bajo examen, los cuales ahora se prohíjan.
Siendo ello así, considera la Sala que los fundamentos expuestos por el Tribunal Administrativo de Risaralda para no dar aplicación al precedente contenido en la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, no están ajustados a derecho y, además, constituyen una vulneración a los derechos a la igualdad, debido proceso por desconocimiento del precedente judicial y por la configuración del defecto sustantivo, razón por la que se deberá dejar sin efecto la sentencia de 18 de abril de 2018, para que, en su lugar, emita una nueva providencia que atienda los lineamientos aquí expuestos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: AMPÁRANSE los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la Administración de Justicia e igualdad de la señora ZOHE CALDERÓN ZULUAGA. En consecuencia, DÉJASE SIN EFECTO la sentencia de 18 de abril de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, para que en su lugar, en el término de veinte (20) días contados a partir de la ejecutoría de esta providencia, profiera una nueva decisión en la que tenga en cuenta los lineamientos expresados en la parte motiva de este fallo.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE a las partes en la forma más expedita.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 19 de julio de 2018.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
"Por la cual se modifica el artículo 3º de la Ley 33 del 29 de enero de 1985".
“Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público”.
"Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario".
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subseccion “B”, Sentencia de 26 de agosto de 2010, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, radicación número: 15001-23-31-000-2005-02159-01(1738-08)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo ,Sección Segunda, Subsección “ B”, Sentencia de 9 de marzo de 2017, C.P Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicación número: 680012331000201200148 01
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala de Consulta Civil, Concepto de 10 de septiembre de 2009, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo, radicación número: 11001-03-06-000-2007-00084-00.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 6 de abril de 2011, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero, radicación número: Acumulados 11001-03-25-000-2004-00220-01 y 11001-03-25-000-2005-00234-00.
Ley 812 de 2003 (junio 26), “Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario.” D. O. No. 45.231, de 27 de junio de 2003. Anota la Sala que por tratarse de la ley del Plan de Desarrollo para los años 2003 a 2006, la vigencia de la ley 812 de 2003 y, por supuesto, del artículo 81 de la misma, era temporal, pero la ley 1151 de 2007 dispuso expresamente en su artículo 160 que continuaría vigente: Ley 1151 de 2007 (julio 24), “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.”, D. O. No. 46.700 de 25 de julio de 2007. Art. 160. “VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el inciso segundo del artículo 63 de la Ley 788 de 2002, así como las demás disposiciones vigentes sobre el monto de la contribución cafetera a que se refiere la misma ley, el parágrafo del artículo 4o de la Ley 785 de 2002, el numeral 5 del artículo 2o de la Ley 549 de 1999, el artículo 3o del Decreto 3752 de 2003 y el artículo 79 de la Ley 1110 de 2006 y el inciso 3o del artículo 78 de la Ley 1111 de 2006. Continúan vigentes los artículos 13, 14, 20, 21, 38 reemplazando la expresión “el CNSSS” por “la Comisión de Regulación en Salud”, 43, 51, 59, 61, el parágrafo del artículo 63, 64, 65 para el servicio de gas natural 69, 71, 75, 81, 82, 86, 92, 99, 103, 110, 121 y 131, de la Ley 812 de 2003.” (Las negrillas no son del original).
Ley 91 de 1989, (diciembre 29), “Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”, D. O. No 39.124, 29 Dic. /89. Art. 1o. “Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos: / Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional. / Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1. de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975. / Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1. de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975. / Par. Se entiende que una prestación se ha causado cuando se han cumplido los requisitos para su exigibilidad.
Ley 100 de 1993 (Diciembre 23) “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”, Diario Oficial 41.148 de 23 de diciembre de 1993.
Inciso segundo del artículo 279 de la ley 100 de 1993.
Ley 812 de 2003 (junio 26), Diario Oficial 45.231 de 27 de junio de 2003.
Artículo 137 de la ley 812 de 2003. “Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el artículo 8 de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que le sean contrarias”. La fecha de promulgación fue el 27 de junio del 2003.
Ley 1151 de 2007 (julio 24), “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010”, Diario Oficial 46.700 de 25 de julio de 2007. Cfr. Artículo 160, vigencia y derogatorias.
"Parágrafo transitorio 2º. Sin perjuicio de los derechos adquiridos, el régimen aplicable a los miembros de la Fuerza Pública y al Presidente de la República, y lo establecido en los parágrafos del presente artículo, la vigencia de los regímenes pensionales especiales, los exceptuados, así como cualquier otro distinto al establecido de manera permanente en las leyes del Sistema General de Pensiones expirará el 31 de julio del año 2010" (resaltado y subrayas fuera del texto).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de marzo de 2017, C.P. María Elizabeth García González, radicación núm.: 11001-03-15-000-2017-00374-00; sentencia de 24 de mayo de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación núm.: 11001-03-15-000-2018-00384-00 y; sentencia de 19 de julio de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicación núm.: 11001-03-15-000-2018-01861-00.
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