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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-02121-01

Tutela contra providencia judicial

Fecha
17 de octubre de 2018
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-02121-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA SE CONFIRMA el fallo proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado, el 31 de julio de 2018, de conformidad con lo expuesto en este proveído. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2018-02121-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

17 de octubre de 2018

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD SIMPLE / ASIGNACIÓN DE VEHÍCULOS EN LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – De acuerdo a las necesidades del servicio / CARGA ARGUMENTATIVA DEL ACTOR – De invocar los hechos que generan la vulneración y los derechos presuntamente vulnerados / AUSENCIA DE DEFECTO ORGÁNICO / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO

El debate gira en torno a establecer si la providencia del 22 de febrero de 2018, adoptada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, dentro del proceso de nulidad simple radicado 20001-23-31-000-2012-00150-01, se encuentra afectada por «defecto orgánico, sustantivo y fáctico», de acuerdo con los cargos que formula el accionante. (…) [En relación con el defecto orgánico] considera la Sala que no le asiste razón al actor en su planteamiento, ya que, de acuerdo con el ordenamiento legal, cuando la providencia haya sido proferida por autoridad incompetente se podrá solicitar la nulidad de lo actuado para corregir dicho yerro procesal. Sin embargo, en el plenario no figura que el actor hubiera manifestado su oposición en la oportunidad pertinente, por lo que su conducta omisiva se adecúa al incumplimiento del requisito de subsidiariedad en la forma como quedó explicado en las consideraciones del presente proveído.(…) En el caso concreto, se observa que la pretensión del actor es prolongar la controversia en torno a la legalidad del acto contenido en la resolución DSAF 736 de 2002, convirtiendo el mecanismo de amparo constitucional en una instancia adicional para verificar sus motivos de inconformidad frente al acto administrativo que estima violatorio de las demás normas reglamentarias, referentes a la forma como se asignan los vehículos de acuerdo con las necesidades del servicio, en la Fiscalía General de la Nación. (…) Recuérdese que conforme a lo indicado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia del 5 de agosto de 2014, «[…] El actor tiene la carga de identificar, de manera razonable, los hechos que generaron la vulneración, así como los derechos fundamentales presuntamente afectados por la providencia del Consejo de Estado». En síntesis, la Sala considera que la sentencia proferida el 22 de febrero de 2018, por la Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad simple que revisó la legalidad del acto administrativo general contenido en la resolución DSAF 736 de 2002, no ha incurrido en ninguno de los defectos planteados por el accionante en esta actuación constitucional.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-02121-01(AC)

Actor: FÉLIX RAMIRO SÁNCHEZ PARDO

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA

Decide la Sala la impugnación formulada por el accionante contra la sentencia del 31 de julio de 2018, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela y negó las demás solicitudes de amparo.

1. La acción de tutela

El señor Félix Ramiro Sánchez Pardo, obrando en nombre propio, promueve acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, porque estima vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, con ocasión del fallo de segunda instancia proferido el 22 de febrero de 2018, dentro del proceso de nulidad simple, radicado 20001-23-31-000-2012-00150-01, adelantado en contra de la Fiscalía General de la Nación, Dirección Seccional Administrativa y Financiera de Valledupar.

Pretensiones

El accionante plantea las siguientes peticiones:

[…] es necesario que esa Corporación proceda a la anulación de la sentencia de segunda instancia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado del 22 de febrero de 2018, Rad. Interna (sic) 20001-23-31-000-2012-00150-01, Actor (sic): Félix Ramiro Sánchez Pardo, Demandado (sic): Fiscalía General de la Nación–Dirección (sic) Seccional Administrativa y Financiera de Valledupar, Acción (sic): Nulidad, y en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda y se declare la Nulidad (sic) de la Resolución (sic) 736 de 2002, expedida por la Fiscalía General de la Nación-Dirección (sic) Seccional Administrativa y Financiera de Valledupar, suscrita por ALIX CECILIA DAZA MARTÍNEZ (sic), como Directora Seccional Administrativa y Financiera (E) (sic) y SANDRA PATRICIA PEÑA SERRANO (sic) como Administradora de Bienes (sic), también en calidad de encargada, por medio de la cual en su ARTÍCULO PRIMERO(sic) se ASIGNA (sic) en forma provisional como VEHÍCULO DE APOYO OPERATIVO(sic), a la DIRECCIÓN SECCIONAL DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN (sic) de Valledupar, la CAMIONETA, MARCA FORD, TIPO PASAJ, COLOR AZUL, MODELO 1998, PLACAS (sic) OIR 119
Y/o que el Rad. (sic) 20001-23-31-000-2012-00150-01, Actor (sic): Félix Ramiro Sánchez Pardo, Demandado (sic): Fiscalía General de la Nación - Dirección Seccional Administrativa y Financiera de Valledupar, Acción (sic) : Nulidad (sic), se remita al Consejo de Estado, competente en Única Instancia (sic), para que profiera una sentencia conforme a derecho, según las consideraciones y declaraciones que se hagan con la presente tutela.»

1.2. Hechos de la solicitud

El accionante narra los hechos que sirven de fundamento a la acción de tutela, de la siguiente manera:

Dice que la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de la Fiscalía en Valledupar, expidió la resolución DASF No. 736 del 7 de octubre de 2002, mediante la cual asignó en forma provisional el vehículo de apoyo marca ford, color azul, placas OIR 119, a la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, de esa ciudad.

Por considerar que este acto administrativo había sido expedido con desconocimiento de otros actos administrativos internos de la entidad, como la resolución 0-1740 de 2001 y la circular 0003 de 2002, presentó una demanda de nulidad simple que por competencia fue remitida del Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar, al Tribunal Administrativo del Cesar.

Afirmó en su demanda, que de acuerdo con dichos actos administrativos, los vehículos de apoyo se asignan a la Coordinación de Transportes de las Direcciones Nacionales y Seccionales Administrativas y Financieras de la Fiscalía General y, por esta razón, era improcedente hacer la asignación al Cuerpo Técnico de Investigación CTI de Valledupar.

El tribunal negó las pretensiones de la demanda de nulidad simple, mediante fallo proferido el 22 de agosto de 2013; apelada la decisión, la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia de segunda instancia el 22 de febrero de 2018, confirmando la providencia recurrida.

Adicionalmente, aduce el actor que en la actualidad cursa un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado, en el que figura como demandante, contra la Procuraduría General de la Nación, donde pide la nulidad de los actos sancionatorios proferidos en su contra, por haber sido declarado responsable de la conducta de uso indebido del vehículo de apoyo que, precisamente, había sido asignado en forma irregular a la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Valledupar donde presta sus servicios.

Asegura el actor que con la presente tutela pretende evitar que se consuma un perjuicio irremediable consistente en que se dicte un fallo contra derecho en el proceso de nulidad y restablecimiento que cursa en el Consejo de Estado, por lo que insiste en que se anule el fallo del 28 de febrero de 2018, proferido por la Sección Quinta y se declare la nulidad de la resolución 736 de 2002, expedida por la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de la Fiscalía en Valledupar.

1.3. Fundamentos jurídicos del accionante

Considera que la sentencia del 22 de febrero de 2018, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, vulnera su derecho fundamental del debido proceso, al configurarse los defectos orgánico, sustancial y fáctico que sustenta bajo los siguientes argumentos:

El defecto orgánico, en razón a que no se tuvo en cuenta que el Tribunal Administrativo del Cesar no era competente para fallar el asunto en primera instancia; puesto que la entidad demandada es del orden nacional y no territorial, como lo afirmó el juzgado administrativo. En ese orden de ideas, la competencia para proferir fallo en única instancia, radicaba directamente en el Consejo de Estado, al tenor de lo dispuesto artículo 128 del C.C.A., vigente para la época de presentación de la demanda de nulidad simple.

Sobre el defecto material o sustantivo sostiene que en el fallo proferido por la Sección Quinta de Consejo de Estado no se tuvo en cuenta que de conformidad con lo establecido en la resolución 0-1740 de 2001, expedida por el Fiscal General de la Nación, los vehículos de apoyo operativo «serán asignados a la Coordinación de Transportes de las Direcciones Nacional y Seccionales Administrativas y Financieras». Insiste que de acuerdo con esta resolución, la asignación del vehículo no se podía efectuar a la Dirección Seccional del CTI, de Valledupar.

Por lo anterior, cuestiona que en el fallo se haya concluido que la expresión «apoyo operativo», no le impedía a la dependencia encargada, hacer la asignación provisional del referido vehículo a la Dirección Seccional del CTI del Valledupar, para atender necesidades operativas, puesto que así no está reglamentado en la resolución 0-1740 de 2001, expedida por el Fiscal General de la Nación.

En cuanto al defecto factico, plantea argumentos similares a los anteriores, para indicar que en el fallo proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, no se adujo ningún medio probatorio para poder afirmar «que es razonable concluir que si los vehículos para apoyo operativo están destinados a las diferentes dependencias de la Fiscalía, lo que incluye al CTI, y éste a su vez requería vehículos para una actividad no investigativa de policía judicial, aquéllos podrían asignársele a la Dirección Seccional del CTI de Valledupar atendiendo los condicionamientos fijados por la Circular 0003».

Para el accionante, el solo hecho de haber sido asignado el vehículo a la Dirección Seccional del CTI de Valledupar, permite entender que estaba destinado a la realización de actividades de policía judicial y no de actividades básicas como lo advirtieron los fallos proferidos, en las respectivas instancias, por las autoridades judiciales accionadas.

Finalmente se refiere al cumplimiento de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez de la acción de tutela, asegurando que contra la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, no procede recurso extraordinario de revisión ya que no se configura ninguna de las causales previstas en la ley y que se ha presentado en tiempo antes de conocer la decisión pendiente de proferir en el otro proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que cursa en esta Corporación.

1.4. Trámite en primera instancia

La acción de tutela fue admitida por el Consejo de Estado, Sección Primera, mediante auto del 29 de junio de 2018 (f.65 al 67), en el que se ordenó notificar a los magistrados integrantes de la Sección Quinta del Consejo de Estado, como demandados, para que dentro del término de dos días ejercieran su derecho a la defensa; de igual modo, se negó la medida provisional de suspensión del fallo, por no concurrir ninguno de las requisitos para su procedibilidad.

En cuanto a las intervenciones dentro del plazo concedido, se tiene lo siguiente:

1.4.1. Tribunal Administrativo de Córdoba.

Pese a la notificación electrónica realizada el 03 de julio de 2018, guardó silencio y no rindió el respectivo informe dentro del término concedido para dar respuesta a la acción de tutela impetrada por el señor Félix Ramiro Sánchez Pardo.

1.4.2. Fiscalía General de la Nación

La representante judicial de la entidad, vinculada en calidad de tercero interesado en el resultado del proceso, presentó informe en el que se opone a las pretensiones del actor, exponiendo que la acción de tutela es improcedente por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, ya que el actor contaba con otro medio judicial para defender los derechos alegados a través del recurso extraordinario de revisión.

También señala que no aparece debidamente sustentado el fundamento de las causales que se le endilgan a la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado y, tampoco se acreditó la materialización de un perjuicio irremediable que vulnere los derechos fundamentales del actor. Por todo esto, pide que se declare la improcedencia del mecanismo constitucional.

1.4.3. Sección Quinta del Consejo de Estado

La magistrada Roció Araujo Oñate, en su condición de Consejera Presidenta de la Sección Quinta del Consejo de Estado, se refirió a los hechos y pretensiones de la acción de tutela indicando, en primer lugar, que en este caso no concurren los presupuestos para que se configure la prejudicialidad que aduce el accionante, puesto que el control de legalidad del acto administrativo objeto de la demanda de nulidad simple promovida por el actor, no condiciona la legalidad de los actos sancionatorios disciplinarios que se examinan en otro proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, que cursa en el Consejo de Estado, en el que también figura como demandante el señor Félix Ramiro Sánchez Pardo.

En cuanto a los defectos que se le endilgan a la providencia de la Sección Quinta, empieza por señalar que respecto a la presunta falta de competencia del Tribunal Administrativo del Cesar, se debe declarar improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de subsidiariedad, puesto que este reproche debió formularse ante la autoridad judicial de instancia, por medio de un incidente de nulidad, que permitiera subsanar el presunto yerro cometido dentro del trámite procesal.

En relación con el defecto material, explica que la interpretación de las resoluciones reglamentarias de la Fiscalía General, referente a la asignación de vehículos, bien que fueran para necesidades operativas o bien para apoyo operativo, fue debidamente motivada y es claramente razonable.

Por un lado, porque no es cierto, como lo dijo el demandante, que el artículo 1º de la resolución 0-1740 contenga alguna prohibición referida a la asignación de vehículos dentro de la entidad y, por otra parte, al indicar la resolución 0-1740 que los vehículos de apoyo operativo deben emplearse para el cumplimiento de funciones de «las diferentes dependencias», se entiende que dicha expresión abarca todo el organigrama institucional de la Fiscalía, en el que está el CTI, pues esta dependencia no fue excluida de manera expresa en ninguno de los actos administrativos que se consideran vulnerados con la resolución 736 de 2002.

Por último, en cuanto al defecto fáctico por haber arribado a una conclusión carente de respaldo probatorio, explica la magistrada que el análisis efectuado en la sentencia fue de mero derecho, en tanto se efectuó un control de legalidad del acto acusado frente a las normas que el actor adujo como violadas y, dentro de ese contexto, se estableció que si bien las actividades del CTI de la Fiscalía son fundamentalmente de policía judicial, no excluye otras que son fundamentales para el logro de sus objetivos como son las logísticas, administrativas y financieras.

Por ello, nada impedía que se le pudiera asignar a la Dirección Seccional del CTI en Valledupar, un vehículo de apoyo para actividades diversas de las de policía judicial, siempre que se observaran los demás requisitos contemplados en la resolución 0-1740 y la circular 0003, como era que la asignación no fuera de carácter permanente y que los vehículos permanecieran en los respectivos parqueaderos durante los días y horas no laborales, a menos que fueran a cumplir una misión oficial.

De acuerdo con las anteriores precisiones, se solicita desestimar la petición de amparo formulada por el accionante.

1.5. La Sentencia impugnada

Mediante fallo de tutela del 31 de julio de 2018, la Sección Primera del Consejo de Estado, declaró improcedente el amparo constitucional respecto del defecto orgánico alegado por el actor, coincidiendo con los argumentos expuestos en el informe rendido por la Presidenta de la Sección Quinta de la Corporación, en cuanto no se acreditó el agotamiento de los medios de defensa ordinarios dentro de la actuación judicial, como condición indispensable del requisito de subsidiariedad. Las demás peticiones fueron negadas.

Siguiendo el orden de los cargos planteados por el accionante, el fallo hace una precisión previa sobre el ámbito restringido de la intervención del juez constitucional al momento de evaluar la configuración de un defecto sustantivo en la providencia cuestionada, recordando que conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se debe respetar la discrecionalidad del juez en la escogencia que hace entre varias interpretaciones constitucionalmente admisibles, para darle respuesta al problema jurídico sometido a estudio.

Bajo esta orientación, el juzgador de primera instancia en la acción de tutela, pudo establecer que en el fallo proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, se efectuó una rigurosa confrontación del acto enjuiciado, con las normas que el demandante había señalado como infringidas, de modo que no tenía vocación de prosperidad la configuración del defecto sustantivo, por haberse proferido la decisión, presuntamente, con fundamento en una norma inaplicable al caso concreto, como lo aseguró el accionante.

En estas condiciones, ni la aplicación normativa ni la interpretación que hizo la Sección Quinta del Consejo de Estado, se tornan contraevidentes y mucho menos opuestas a la Constitución, como lo exige la jurisprudencia para que proceda el amparo constitucional, por defecto sustantivo en la providencia judicial.

Siguiendo una línea de análisis similar a la anterior, la Sección Primera desestimó el cargo de defecto fáctico que, según el actor, se configuró al haberse fundamentado la decisión en una suposición sin soporte probatorio en el sentido de que era factible asignar un vehículo de apoyo a la Dirección Seccional del CTI, aún cuando estuviera destinado para actividades no investigativas.

Reiteró la Sección Primera que a esa conclusión se llegó luego de un examen detenido de las normas vigentes para la época de expedición del acto administrativo demandado, en las que se describen las múltiples funciones y actividades que cumplen las distintas dependencias de la Fiscalía General de la Nación, compatibles con el tema de la asignación de vehículos tanto para atender necesidades operativas, entre las que están las actividades de policía judicial e investigación criminalística, como las de apoyo operativo destinadas a garantizar la operación y cumplimiento de las funciones básicas de la entidad.

Con estas consideraciones, resolvió negar la acción de tutela por los cargos de defecto sustantivo y fáctico.

1.6. Impugnación

Las razones de inconformidad del actor, frente a la decisión de primera instancia, se pueden sintetizar así:

Con respecto al defecto orgánico, insiste en que ante la flagrante falta de competencia del Tribunal Administrativo del Cesar y de la Sección Quinta del Consejo de Estado «no existe otro mecanismo de defensa judicial, en consideración a que la única vía jurídica sería el recurso de revisión, pero en este caso no opera, por cuanto la falta de competencia no es una causal prevista en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo».

A juicio del actor, la exigencia de haber discutido la incompetencia de las autoridades judiciales durante el trámite del proceso, constituye una carga adicional no prevista en el ordenamiento legal para acreditar la procedencia de la acción de tutela.

En lo atinente al defecto sustantivo, el accionante vuelve sobre los argumentos desarrollados desde la demanda de nulidad simple y presenta una confrontación entre las disposiciones contenidas en los actos reglamentarios que consideró vulnerados y el contenido de la resolución 736 de 2002, que es el acto acusado de ilegalidad, para afirmar que se mantiene la apreciación equivocada sobre lo que es la asignación de vehículos de apoyo operativo con la de vehículos para necesidades operativas.

Por último, en relación con el defecto fáctico, aduce que fue inadecuado el apoyo probatorio de la Sección Quinta del Consejo de Estado, para concluir «que si los vehículos para apoyo operativo están destinados a las diferentes dependencias de la Fiscalía, lo que incluye al CTI, y éste a su vez requería vehículos para una actividad no investigativa de policía judicial, aquellos podrían asignársele a la Dirección Seccional del CTI de Valledupar atendiendo los condicionamientos fijados por la Circular 0003».

Finaliza su exposición diciendo que todo lo anterior configura una violación al debido proceso, por haberse emitido la providencia judicial con desconocimiento de las disposiciones reglamentarias que prevén el trámite y las condiciones para la asignación de vehículos según la actividad que se vaya a desarrollar en las respectivas dependencias de la Fiscalía General de la Nación.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con el literal b del artículo segundo del Acuerdo 55 de 2003 del Consejo de Estado, según el cual «Las impugnaciones contra providencias expedidas en los procesos de que trata el inciso primero del numeral 2 del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000, serán repartidas a la sección o subsección que siga en orden a aquélla que dictó la providencia, teniendo en cuenta las secciones o subsecciones que conocen de este tipo de acciones en los términos del presente acuerdo», esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por la Sección Primera de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

El debate gira en torno a establecer si la providencia del 22 de febrero de 2018, adoptada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, dentro del proceso de nulidad simple radicado 20001-23-31-000-2012-00150-01, se encuentra afectada por «defecto orgánico, sustantivo y fáctico», de acuerdo con los cargos que formula el accionante.

2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció en sus artículos 11, 12 y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales ejecutoriadas. Estos artículos, posteriormente fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional, en sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban contra los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, además de trasgredir la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por la Constitución.

Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.

En este entendido, la jurisprudencia constitucional ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, desarrollando diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la sentencia C-590 de 2005, en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar su procedencia una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedibilidad las siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza «excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad, aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: (i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente, (viii) violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales, vicios o defectos.

Sobre el cumplimiento de los requisitos generales y específicos para que proceda la presenta acción de tutela, la Sala acoge en su integridad el test de verificación que realizó la Sección Primera del Consejo de Estado, en el fallo impugnado.

2.3.1 Del principio de subsidiaridad de la acción de tutela

La jurisprudencia, tanto de la Corte Constitucional como la de esta Corporación, ha sostenido que, debido al carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, en principio, este medio de defensa judicial resulta improcedente cuando el accionante (i) dejó de interponer los recursos judiciales ordinarios que estaban a su alcance para confrontar la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales, toda vez que no tiene la vocación de sustituir aquellos mecanismos ordinarios de defensa que, por negligencia, descuido o incuria de quien solicita el amparo constitucional, no fueron utilizados a su debido tiempo o, (ii) acude directamente a la acción de tutela a pesar de existir otro mecanismo de defensa judicial a su disposición.

No obstante, la mencionada regla tiene algunas excepciones. En relación con el primero de los casos, la acción de tutela resulta procedente cuando el accionante logre demostrar que: (a) el amparo es el único mecanismo de defensa que tiene para protegerse de un daño gravísimo e inminente y, (b) no utilizó los instrumentos ordinarios de defensa por encontrarse en una situación insuperable. En cuanto al segundo de los eventos, la excepción se configura cuando los otros mecanismos (i) no resultan idóneos para proteger el derecho fundamental presuntamente vulnerado y/o, (ii) no son expeditos para evitar la ocurrencia del perjuicio irremediable.

Así las cosas, antes de pretenderse la defensa por vía de tutela, el interesado debe buscar la protección a través de otros medios judiciales, bien sea por la vía ordinaria o bien por la vía de los mecanismos extraordinarios, siempre que resulten eficaces y se puedan ejercer dentro de los plazos previstos en la ley, puesto que la acción de tutela no tiene la virtud para desplazar aquellos mecanismos legítimos previstos en el ordenamiento jurídico vigente, para controvertir las decisiones judiciales.

Consecuente con lo anterior, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia del 5 de agosto de 2014, reiteró que la Corporación comparte los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales fijados por la Corte Constitucional y, en lo que toca con la acción de tutela contra sentencias del Consejo de Estado, se refirió a cada uno de ellos en los siguientes términos.

[…]

3.3.1.- Identificar el derecho fundamental presuntamente vulnerado y precisar los hechos y las razones en que se fundamenta la acción

El actor tiene la carga de identificar, de manera razonable, los hechos que generaron la vulneración, así como los derechos fundamentales presuntamente afectados por la providencia del Consejo de Estado.

3.3.2.- Explicar la presunta vulneración de los derechos fundamentales y agotar todos los mecanismos ordinarios y extraordinarios al alcance

Sin perjuicio del deber del Juez, el actor tiene la carga de indicar en qué etapa del proceso judicial ocurrió la vulneración de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la decisión del Consejo de Estado, – o de cualquier juez, agregaría la Sala – y en qué términos fue resuelta.

Ahora bien, en caso de que el actor hubiese contado con la posibilidad de plantear tal vulneración en el proceso judicial –mediante el ejercicio de un medio de defensa ordinario o extraordinario– y no hubiese cumplido con su carga procesal, siempre que no exista una justificación razonable para tal omisión, lo indicado es rechazar o declarar, según el caso, improcedente la tutela.

Esta condición, tal como lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, supone que la acción de tutela,

“… sólo puede operar cuando todos los mecanismos anteriores han fallado y siempre que la persona hubiere acudido a ellos de manera diligente. En este sentido, la acción de tutela no suplanta ni reemplaza a los mecanismos ordinarios ni puede servir para remediar la negligencia de alguna de las partes procesales. Se trata, simplemente, de una revisión extraordinaria y excepcional de la constitucionalidad de las decisiones judiciales cuando la persona presuntamente afectada ha agotado todos los recursos a su alcance y se encuentra, por lo tanto, en condiciones de indefensión. Si las acciones y recursos judiciales ordinarios y extraordinarios han operado adecuadamente, nada nuevo tendrá que decir el juez de tutela, pues los jueces ordinarios habrán cumplido a cabalidad con la tarea de garantizar los derechos fundamentales concernidos. […]

El incumplimiento de este requisito supone un reproche a la falta de actividad diligente del actor para cuestionar la presunta vulneración de sus derechos fundamentales en el proceso, esto es, mediante el ejercicio de los recursos ordinarios y extraordinarios procedentes.

Entonces, la subsidiariedad, como condición para la procedencia de la acción de tutela, implica que el actor no cuente o no haya contado con otro medio, ordinario o extraordinario de defensa judicial, para cuestionar la decisión objeto de la solicitud de amparo constitucional o que, aun contando con el mecanismo alternativo, el actor demuestra que los efectos de la providencia le causa un perjuicio iusfundamental irremediable.

En términos de la jurisprudencia constitucional, esta carga se deriva del deber del actor de «desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos», condición, además, que se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal b) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.

En caso de que exista un mecanismo judicial, siempre que no se acredite un eventual perjuicio irremediable, con independencia de las posibilidades de éxito de las pretensiones del actor, deberá rechazarse o declararse improcedente, según las circunstancias.

Desde luego que la idoneidad de los medios de defensa a favor del ciudadano, se encuentra estrechamente ligada al derecho superior de obtener una tutela judicial efectiva la cual comprende el deber de las autoridades de velar porque las decisiones se materialicen a través de su efectivo cumplimiento y que la respuesta sea oportuna, es decir, que se produzca dentro de un término razonable.

En este sentido, la Corte Constitucional ha precisado lo siguiente:

[…]

El artículo 229 de la Constitución Política consagra expresamente el derecho de acceso a la administración de justicia, también llamado derecho a la tutela judicial efectiva, que se traduce en la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para obtener la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes.

[…]

Teniendo en cuenta su importancia política, la jurisprudencia constitucional le ha venido reconociendo al acceso a la administración de justicia el carácter de derecho fundamental de aplicación inmediata, integrándolo a su vez con el núcleo esencial del derecho al debido proceso. Esto último, por cuanto la proclamación del derecho a la tutela judicial efectiva es el medio a través del cual se asegura el acceso al servicio público de la administración de justicia -cuando se dan las circunstancias requeridas-, de manera que, sin su previo reconocimiento, no podrían hacerse plenamente efectivas el conjunto de garantías sustanciales e instrumentales que han sido estatuidas para gobernar y desarrollar la actuación judicial.

[…]

Por razón de su vinculación directa con el debido proceso y con otros valores constitucionales como la dignidad, la igualdad y la libertad, el acceso a la administración de justicia se define también como un derecho medular, de contenido múltiple o complejo, cuyo marco jurídico de aplicación compromete, en un orden lógico: (i) el derecho de acción o de promoción de la actividad jurisdiccional, el cual se concreta en la posibilidad que tiene todo sujeto de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que allí se proporcionan para plantear sus pretensiones al Estado, sea en defensa del orden jurídico o de sus intereses particulares; (ii) el derecho a que la promoción de la actividad jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a las pretensiones que han sido planteadas; (iii) el derecho a que existan procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de las pretensiones y excepciones debatidas; (iv) el derecho a que los procesos se desarrollen en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garantías propias del debido proceso y, entre otros, (v) el derecho a que subsistan en el orden jurídico una gama amplia y suficiente de mecanismos judiciales -acciones y recursos- para la efectiva resolución de los conflictos.

2.3.2. Del defecto fáctico

La jurisprudencia Constitucional, ha sostenido que el defecto fáctico se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

En este sentido, ha identificado dos dimensiones en las que se puede configurar el defecto fáctico, así: 1) Una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin justificación da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. 2) Una dimensión positiva, que se presenta generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador desconoce los postulados consagrados en la Constitución Política.

En todo caso, la intervención del juez de tutela, en relación con el juicio probatorio aplicado por el juez natural es de carácter extremadamente reducido. En primer lugar, por el respeto a los principios de autonomía judicial y del juez natural, que le impiden al juez constitucional realizar un examen exhaustivo del material probatorio que figura en el proceso ordinario; así, la Corte Constitucional, en sentencia T-055 de 1997, determinó que, en lo que hace al análisis del material probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia.
Por tal razón, tampoco es procedente la acción constitucional, cuando se encamina a obtener una nueva valoración de la actividad de apreciación probatoria realizada por el juez que ordinariamente conoce del asunto controvertido.

Así lo reseñó la Corte Constitucional en el recuento jurisprudencial que dejó plasmado en su sentencia de unificación SU-424 de 2012:

Para la Corte, el defecto fáctico puede darse tanto en una dimensión positiva, que comprende los supuestos de una valoración por completo equivocada, o en la fundamentación de una decisión en una prueba no apta para ello, así como en una dimensión negativa, es decir, por la omisión en la valoración de una prueba determinante, o en el decreto de pruebas de carácter esencial. Al respecto, esta Corporación ha precisado:

“En punto a los fundamentos y al margen de intervención que tiene el juez de tutela para configurar la ocurrencia de un defecto fáctico, la Corte ha fijado los siguientes criterios de aplicación:
• La intervención del juez de tutela, frente al manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido. El respeto por el principio de autonomía judicial y el principio del juez natural, impiden que en sede de tutela se lleve a cabo un examen exhaustivo del material probatorio.
• Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos. Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar, conforme a los criterios de la sana critica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto. El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo sino que sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima”.

En reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional recordó cuáles son los presupuestos jurídicos que se deben tener en cuenta para determinar cuándo se configura un defecto fáctico en las providencias proferidas por los jueces.

De dicho pronunciamiento, se destaca lo siguiente:

4. El defecto fáctico como causal de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

Así, ha indicado que “el error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia (…)”.

[…]

4.2. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte ha concluido que en el defecto fáctico se presentan dos dimensiones:

“la primera ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. La segunda se presenta generalmente cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29 C. P.) o cuando da por establecidas circunstancias sin que exista material probatorio que respalde su decisión, y de esta manera vulnere la Constitución.”

4.3. De tal manera, que el señalado vicio se puede manifestar así:

“(i) Omisión por parte del juez en el decreto y práctica de pruebas. La Corte ha considerado que se configura, cuando el funcionario judicial omite el decreto y la práctica de pruebas, generando en consecuencia la indebida conducción al proceso “de ciertos hechos que resultan indispensables para la solución del asunto jurídico debatido.”

2.3.3.- Defecto material o sustantivo

Una providencia judicial adolece de defecto sustantivo cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador o cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución Política le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada).

El defecto sustantivo se presenta cuando se interpreta una norma en forma incompatible con las circunstancias fácticas del asunto y, por tanto, la interpretación dada por el juez resulta a todas luces improcedente. Sobre ello, en sentencia T- 043 de 2005, en la que la Corte Constitucional señaló:

«La procedencia de la tutela debido a la existencia de un defecto sustantivo, se presenta cuando la decisión adoptada por el fallador se funda en una norma claramente inaplicable al caso concreto, bien porque (i) ha sido derogada y no produce efectos en el ordenamiento jurídico; (ii) porque resulte claramente inconstitucional y ante ello no se aplicó la excepción de inconstitucionalidad; (iii) porque la aplicación al caso concreto es inconstitucional; (iv) por declaratoria de inexequibilidad declarada por la Corte Constitucional, o (v) porque a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador.» Negrillas y subraya de la Sala

En relación con las características de las llamadas «vías de hecho por interpretación», la Corte Constitucional ha reiterado la posición de que éstas sólo proceden cuando las providencias objeto de amparo carecen de fundamento objetivo «por basarse en una interpretación ostensible y abiertamente contraria a la norma jurídica aplicable»”.

Por su parte, la sentencia T-567 de 1998 precisó los supuestos para la configuración de vía de hecho por interpretación, al señalar que «cuando la labor interpretativa realizada por el juez se encuentra debidamente sustentada y razonada, no es susceptible de ser cuestionada, ni menos aún de ser calificada como una vía de hecho, y por lo tanto, cuando su decisión sea impugnada porque una de las partes no comparte la interpretación por él efectuada a través del mecanismo extraordinario y excepcional de la tutela, ésta será improcedente», posición con la que se encuentra de acuerdo esta Sala de Subsección.

En igual sentido, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que no procede la acción de tutela para controvertir decisiones judiciales cuyo fundamento sea una interpretación plausible, entre varias posibles, de las normas aplicables. En efecto, en sentencia T-359 de 2003, la Corte Constitucional afirmó que « […] en tratándose de casos en los cuales los jueces optan por una entre las posibles interpretaciones de las normas jurídicas en juego la tutela es improcedente […]».

No obstante, pese a la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso en concreto, determinar su forma de aplicación y establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, no les es dable en esta labor apartarse de las disposiciones consagradas en la Constitución o la ley, pues, de hacerlo, se constituye en una causal de procedencia de la acción de tutela contra la decisión adoptada.

3. Análisis de la Sala

En el escrito de impugnación, el accionante se refiere a los defectos que a su juicio afectan la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad simple en el que se juzgó la legalidad de la resolución DSAF 736 de 2002, mediante la cual la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de la Fiscalía General de la Nación, asignó un vehículo de apoyo operativo a la Dirección Seccional del CTI de Valledupar.

Según el actor, la primera irregularidad en la que incurrió el fallo, es que no advirtió la incompetencia del Tribunal Administrativo del Cesar para conocer del litigio en primera instancia, con lo cual incurre en un defecto orgánico.

Al respecto, la Sección Primera del Consejo de Estado en el fallo proferido el 31 de julio de 2018, que es objeto de la impugnación, señaló que frente a este cuestionamiento se debía declarar la improcedencia de la tutela debido a que el actor no acreditó que hubiera controvertido ante el tribunal ni ante el juzgado administrativo, que inicialmente se pronunció sobre el factor de la competencia, dicha presunta irregularidad procesal.

Para el accionante, con este pronunciamiento, se le está creando una carga adicional no prevista en la ley, ya que según su argumento no contaba con ningún mecanismo judicial para enderezar el trámite irregular del proceso de nulidad simple.

Sobre el particular, considera la Sala que no le asiste razón al actor en su planteamiento, ya que de acuerdo con el ordenamiento legal, cuando la providencia haya sido proferida por autoridad incompetente se podrá solicitar la nulidad de lo actuado para corregir dicho yerro procesal.

Sin embargo, en el plenario no figura que el actor hubiera manifestado su oposición en la oportunidad pertinente, por lo que su conducta omisiva se adecúa al incumplimiento del requisito de subsidiariedad en la forma como quedó explicado en las consideraciones del presente proveído.

Por lo tanto en lo que tiene que ver con el cargo de defecto orgánico endilgado a la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, la Sala comparte los argumentos esbozados en el fallo de tutela de la primera instancia, pues debe tenerse de presente que este mecanismo de amparo constitucional no está previsto para subsanar las omisiones en que haya incurrido la parte que intervino dentro del proceso ordinario, en cualquiera de los extremos de la relación jurídico procesal.

Ahora bien, aunque desde el inicio de la acción de tutela el actor plantea los defectos sustantivo y fáctico, los argumentos de inconformidad giran sobre la misma circunstancia de apreciación entre lo que es la asignación de un vehículo para apoyo operativo, que se debe efectuar a través de la Coordinación de Transportes de las Direcciones Seccionales Administrativas y Financieras, y la asignación para atender necesidades operativas en cuyo caso se efectúa a través de las Direcciones Nacional y Seccionales del CTI.

En este punto se debe advertir que el juicio ordinario que promovió el señor Félix Ramiro Sánchez Pardo, es el de la nulidad simple contra el acto administrativo de carácter general contenido en la resolución DASF 736 de 2002, «Por medio de la cual se asigna en forma provisional y se ordena la entrega de una camioneta», es decir, que no se trata de un acto administrativo que haya creado alguna situación particular y concreta, o que por sus efectos, se haya modificado un derecho subjetivo o personal del accionante.

Como es sabido, los procesos de nulidad simple se circunscriben al trámite contencioso objetivo de legalidad, dentro del cual el interés jurídico prevalente es el de la verificación de la conformidad de un acto administrativo de contenido general, o de contenido particular en los casos expresamente señalados en el artículo 137 del CPACA, con las normas superiores que le sirvieron de fundamento a su expedición, con el fin de asegurar la estabilidad del ordenamiento jurídico.

En este sentido, examinada la providencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, se observa que efectivamente el acto acusado fue sometido a la confrontación con las disposiciones reglamentarias que el demandante había señalado como violadas en libelo inicial, arribando a la conclusión de que no se advertía oposición alguna entre con los actos generales que reglamentan el tema de la asignación de vehículos dentro de las dependencias de la Fiscalía General de la Nación.

Así las cosas, el disenso que el actor tenga frente al examen jurídico que realiza la autoridad judicial competente, no conlleva en sí mismo un defecto sustantivo o fáctico que amerite ordenar el reemplazo del fallo judicial puesto que con ello se vería afectada la estabilidad jurídica de las decisiones proferidas por los jueces de la República.

Debe recordarse que la función constitucional de administración de justicia, es de carácter público y en esencia la aplicación e interpretación que hacen los jueces de la República de las disposiciones legales al resolver una controversia sometida a su conocimiento, es una expresión de autoridad del poder público judicial, que obliga a sus destinatarios a acatarlas y respetarlas.

En el caso concreto, se observa que la pretensión del actor es prolongar la controversia en torno a la legalidad del acto contenido en la resolución DSAF 736 de 2002, convirtiendo el mecanismo de amparo constitucional en una instancia adicional para verificar sus motivos de inconformidad frente al acto administrativo que estima violatorio de las demás normas reglamentarias, referentes a la forma como se asignan los vehículos de acuerdo con las necesidades del servicio, en la Fiscalía General de la Nación.

A lo largo de este debate, el actor no ha demostrado que la manera como se hizo la asignación del automotor marca ford, color azul de placas OIR 119 a la Dirección Seccional del CTI en Valledupar, le haya ocasionado una vulneración a sus derechos fundamentales de carácter personal o haya trasgredido alguna situación de carácter particular y concreta, que amerite la intervención del juez constitucional.

Lo único que ha manifestado el actor, es la presunta violación al debido proceso, pero sin mencionar cuales garantías de las que conforman este derecho constitucional, se han visto comprometidas o menguadas con la actuación judicial. Por el contrario, su planteamiento vuelve a vaciarse sobre la presunta infracción del acto acusado frente a normas del mismo linaje reglamentario de carácter interno de la Fiscalía General de la Nación

Recuérdese que conforme a lo indicado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia del 5 de agosto de 2014, «[…] El actor tiene la carga de identificar, de manera razonable, los hechos que generaron la vulneración, así como los derechos fundamentales presuntamente afectados por la providencia del Consejo de Estado».

En síntesis, la Sala considera que la sentencia proferida el 22 de febrero de 2018, por la Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad simple que revisó la legalidad del acto administrativo general contenido en la resolución DSAF 736 de 2002, no ha incurrido en ninguno de los defectos planteados por el accionante en esta actuación constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

SE CONFIRMA el fallo proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado, el 31 de julio de 2018, de conformidad con lo expuesto en este proveído.
Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Cuando la acción de tutela se promueva contra un funcionario o corporación judicial, le será repartida al respectivo superior funcional del accionado. T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. Reiteradas en la sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009. Corte Constitucional, Sentencia T-011 de 2007, MP. Rodrigo Escobar Gil: « (…) En este orden de ideas, si la parte afectada no interpuso en su debido momento, los recursos establecidos en el ordenamiento jurídico para salvaguardar los derechos amenazados o vulnerados, es innegable que la acción de amparo constitucional no tiene la virtualidad de revivir los términos vencidos ni de convertirse en un recurso adicional o supletorio de las instancias ordinarias previstas en el desarrollo de cada actuación procesal, como de forma reiterada lo ha manifestado esta Corporación (…)». Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal e) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005. Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal e) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005. Sentencia C-590 de 2005, fundamento jurídico 41. Sentencia C-426 de 2002. Magistrado Rodrigo Escobar Gil. Se pueden ver entre otras, las sentencias T-1082 de 2007, T-417 de 2008, T-808 de 2009, SU-424 de 2012, T-261 de 2013, SU-950 de 2014,SU 406 de 2016. Sentencia T-442 de 1994. Sentencia T-239 de 1996. Extracto de la Sentencia T-264 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). Cfr. Sentencias SU-159 de 2002, T-538 de 1994 y T-061 de 2007. Ver sentencias T-442 de 1994, T-567 de 1998, T-239 de 1996 y SU – 159 de 2002, T-244 de 1997. Cfr. Sentencia SU-159 de 2002. Sentencia T-590 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). SentenciaT-393 de 2017
Corte Constitucional, sentencia T-567 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz). Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011 (MP Humberto Antonio Sierra Porto; SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), reiterada en la sentencia SU-399 de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra Porto; SV Jorge Iván Palacio Palacio; AV Nilson Pinilla Pinilla).
“Corte Constitucional, sentencia T-567 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz)”.
“Cfr. sentencia T-329 de 1996. Para la Corte es claro que, “cuando un juez omite apreciar y evaluar pruebas que inciden de manera determinante en su decisión y profiere resolución judicial sin tenerlas en cuenta, incurre en vía de hecho y, por tanto, contra la providencia dictada procede la acción de tutela. La vía de hecho consiste en ese caso en la ruptura deliberada del equilibrio procesal, haciendo que, contra lo dispuesto en la Constitución y en los pertinentes ordenamientos legales, una de las partes quede en absoluta indefensión frente a las determinaciones que haya de adoptar el juez, en cuanto, aun existiendo pruebas a su favor que bien podrían resultar esenciales para su causa, son excluidas de antemano y la decisión judicial las ignora, fortaleciendo injustificadamente la posición contraria”.
“Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993 (MP Jorge Arango Mejía)”.
“Ver por ejemplo la sentencia T-442 de 1994 (MP Antonio Barrera Carbonell)”. Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz). Algunas decisiones en que la Corte Constitucional ha considerado que se configura un defecto fáctico son:

T-996 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-778 de 2005 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-996 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-171 de 2006 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-908 y T-808 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-1065 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-162 de 2007 (MP Jaime Araújo Rentería), T-458 de 2007 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-1082 de 2007 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-417 de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-808 de 2009 (MP Juan Carlos Henao Pérez), T-653 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio; AV Nilson Elías Pinilla Pinilla), T-350 de 2011 (MP María Victoria Calle Correa; SV Mauricio González Cuervo), SU-424 de 2012 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-261 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; AV María Victoria Calle Correa), SU-950 de 2014 (MP Gloria Stella Ortíz Delgado), SU-240 de 2015 (MP Martha Victoria Sáchica Méndez), SU-406 de 2016 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-090 de 2017 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez), entre muchas otras. T-902 de 2005 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra). Corte Constitucional, sentencia SU-159 del 6 de marzo de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Sentencia SU-962 de 1999. M.P. Fabio Morón Díaz. M.P. Jaime Araújo Rentería

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