RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2018-02194-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-02194-01

Acción de tutela contra providencia judicial: sentencia de segunda instancia que niega pretensiones de la demanda

Fecha
9 de mayo de 2019
Consejero ponente
Alberto Yepes Barreiro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-02194-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 14 de agosto de 2018 por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B” declaró la improcedencia de la acción para, en su lugar, NEGAR la solicitud de amparo presentada por la señora Gabriela Restrepo Pérez en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2018-02194-01

Consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro

9 de mayo de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Sentencia de segunda instancia que niega pretensiones de la demanda / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA - Solicitud de indemnización de perjuicios por desaparición forzada y muerte de civil a cargo de grupos al margen de la Ley / DESAPARACIÓN FORZADA - Perpetuada por las AUC / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR INCUMPLIMIENTO DE SUS DEBERES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD - Debe acreditarse mediante pruebas directas o indiciarias / PRUEBA INDICIARIA - Relevante en casos de desaparición forzada / DENUNCIA POR DESAPARICIÓN DE UNA PERSONA - No es suficiente para concluir que el daño es atribuible al Estado / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

A juicio de la Sección Quinta no le asiste la razón a la parte actora al señalar que la valoración que realizó el Tribunal de las pruebas aportadas al expediente fue irracional o desconoció los criterios del Consejo de Estado, Sección Tercera y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para comenzar, porque (…) el asunto de la referencia no se trataba de un típico caso de desaparición forzada perpetrado por agente del Estado, lo que implicaba que para atribuirle responsabilidad a la demandada debía acreditarse mediante pruebas directas o indiciarias que el Estado incumplió de manera eficiente y determinante con un deber que generó el daño. La Sala considera razonable la conclusión del Tribunal Administrativo de Antioquia según la cual, si bien los familiares del señor [L.R.P] denunciaron su desaparición el 28 de octubre de 2003, solo este hecho y la ausencia de acreditación de algún procedimiento en específico por parte de las entidades demandadas para encontrar al señor [L.R.P], no pueden entenderse como elementos suficientes a efectos de declarar la responsabilidad del Ministerio de Defensa, Policía Nacional, por la desaparición de un ciudadano, esto debido a que al Estado no puede atribuírsele responsabilidad por todas las violaciones a los derechos humanos que se presentan en su territorio, pues como se dijo resultaba indispensable un juicio de imputación que en el asunto no logró satisfacerse. Encuentra la Sección que para que en este caso pudiese atribuirse responsabilidad del Estado debía probarse que, además de realizar al denuncia de la desaparición de la víctima por parte de las AUC, la persona desaparecida era objeto de amenazas y que ante eso, la Policía Nacional omitió sus deberes de manera determinante, es decir, dejó de probarse que hubo la aquiescencia del Estado ante el actuar del tercero o una omisión que ocasionó el resultado dañino de la desaparición y muerte del señor [L.R.P] (…) En el sub judice tal como lo aseguró el Tribunal acusado la Policía Nacional no conoció de manera previa acerca del riesgo o amenaza contra la vida y libertad del señor [L.R.P], solo se dio noticia a las autoridades cuando el mismo había desparecido y no se allegaron elementos que permitieran inferir que el actuar de la Policía Nacional hubiese podido evitar la desaparición y posterior asesinato de la víctima. El Consejo de Estado, Sección Quinta no desconoce el deber que tienen las autoridades de actuar ante una denuncia sobre la desaparición de una persona, como lo indica la parte actora. Sin embargo, la existencia de la denuncia y que en el proceso ordinario los testigos aseguraran que en la zona para la época de los hechos las AUC extorsionaban a los ciudadanos, no era suficiente para concluir que el daño consistente en la desaparición y posterior muerte del señor [L.R.P] era atribuible al Estado. Ahora en lo que se refiere a la sentencia del Consejo de Estado de 25 de septiembre de 2013, si bien la actora adujo que no se pidió que se analizara como prueba trasladada, sino para que se tuviera en cuenta que lo sucedido hacía parte de las violaciones al Derecho Internacional Humanitario y era un delito de lesa humanidad, donde exigir el aporte de la prueba puede ser imposible, dada la manifiesta imposibilidad para su consecución. Para la Sala también resultan razonables las consideraciones expuestas por el Tribunal acusado en la medida en que la realidad probatoria arrimada a un proceso no puede invocarse como precedente con el fin de que se den como probados hechos en otro proceso.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO

Bogotá, D.C., nueve (09) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-02194-01(AC)

Actor: GABRIELA RESTREPO PÉREZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Se pronuncia la Sala sobre la impugnación presentada por la parte actora en contra de la sentencia de 14 de agosto de 2018, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B” declaró la improcedencia de la acción.

ANTECEDENTES

Solicitud

La señora Gabriela Restrepo Pérez, mediante escrito radicado el 26 de junio de 2018 en la Oficina de Correspondencia del Consejo de Estado, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta, autoridad judicial que conoció del proceso de reparación directa radicado con el número 05001-33-31-006-2011-00438 iniciado en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, el Ejército Nacional y la Policía Nacional.

Lo anterior, por considerar que sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia fueron vulnerados con la expedición de la providencia de 13 de diciembre de 2017, con la que el tribunal cuestionado confirmó el fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda de reparación directa, promovida por la desaparición forzada y muerte del señor Libardo Restrepo Pérez.

Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

El señor Libardo Restrepo Pérez desapareció el 23 de octubre de 2003 del perímetro urbano del municipio de Sonsón, Antioquia. Por ello, el 28 de octubre de 2003 su hermano, el señor Conrado de Jesús Restrepo Pérez, presentó denuncia de la desaparición ante la Inspección Municipal de Policía.

El 21 de mayo de 2010, la Fiscalía 178 de la Subunidad de Apoyo de Exhumaciones de Medellín certificó que los restos exhumados el 22 de abril de 2009, en el municipio de Sonsón, correspondían al señor Libardo Restrepo Pérez, luego de que en el Laboratorio de Medicina Legal y Ciencias Forenses se realizara el cotejo genético.

Con sustento en los anteriores hechos los señores Juan Antonio Restrepo Cadavid en calidad de padre del fallecido, actuando en nombre propio y en representación de su cónyuge difunta Efigenia Pérez de Restrepo; (ii) Gabriela, Guillermo, Fernando, Joaquín Antonio, Conrado de Jesús, Rubiela y Gustavo Restrepo Pérez, en calidad de hermanos del causante; (iii) Jhon Freddy Restrepo Ospina, en calidad de sobrino de la víctima - su padre en vida atendía al nombre Reinaldo Restrepo Pérez –, y (iv) María Fabiola Ospina Montoya, en calidad de cónyuge supérstite de éste último, en nombre propio y en representación de sus hijos quienes para la época eran menores de edad, Reinaldo y Daniela Restrepo Ospina, contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Ejército Nacional.

En la demanda se expuso que “la responsabilidad derivaba de la desaparición y posterior asesinato del señor Libardo Restrepo Pérez a manos de un grupo al margen de la ley, (…) [y] se aleg[ó] la especial posición de garante que tiene el Estado a través de la fuerza pública”. Además, se señaló que el daño era atribuible a las entidades demandadas porque incurrieron en una evidente omisión a su posición de garante, del deber de protección y seguridad ya que no garantizaron la vida e integridad de la víctima atendiendo a la denuncia sobre su desaparición y, las condiciones de seguridad y de aislamiento del municipio.

Como fundamentos de derecho citó las sentencias: (a) C-580 de 2002 que estudió la constitucionalidad de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada (b) de la CIDH sobre la desaparición forzada en los casos (i) Velázquez Rodríguez vs. Honduras de 29 de julio de 1988, (ii) la masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia de 31 de enero de 2006, (iii) Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador de 4 de julio de 2007, (iv) La Cantuta vs. Perú de 29 de noviembre de 2006, (v) Goiburú y otros vs. Paraguay de 22 de septiembre de 2006; (vi) Myrna Mack Chang vs. Guatemala de 25 de noviembre de 2003; (vii) Heliodoro Portugal vs. Panamá de 12 de agosto de 2008, (c) del Consejo de Estado, Sección Tercera las siguientes providencias de (i) 28 de noviembre de 2002, Exp. 1281, Magistrado Ponente: Ricardo Hoyos Duque, (ii) 3 de octubre de 2007, Exp. 19.286, Magistrada Ponente: Ruth Stella Correa, (iii) 19 de octubre de 2007, Exp. 29273, Magistrado Ponente: Enrique Gil Botero, (iv) 7 de septiembre de 2015, Exp. 52892, Magistrado Ponente: Jaime Orlando Santofimio.

La demanda fue radicada con el número 05001-33-31-006-2011-00438 y el Juzgado 41 Administrativo del Circuito de Bogotá mediante sentencia del 14 de febrero de 2017, negó las pretensiones de la demanda y declaró probada de oficio la falta de legitimidad en la causa por activa del señor Juan Antonio Restrepo Cadavid para actuar en representación de su cónyuge fallecida, la señora Efigenia Pérez de Restrepo.

Como premisas de su decisión expuso las siguientes:

(a) El 28 de octubre de 2003 se denunció la desaparición del señor Libardo Pérez Restrepo y solo para esa fecha (cuando se profirió la sentencia de primera instancia) se realizaron las labores de búsqueda, cuando se le solicitó información por el juzgado de conocimiento del proceso penal.

(b) No se logró establecer la identidad de los “autores materiales y/o intelectuales” de los hechos relacionados con la denuncia.

(c) Si bien con oficio de 7 de marzo de 2007, suscrito por el Fiscal 120 Seccional de Sonsón, dirigido a la Secretaria del Juzgado Promiscuo de Familia de esa ciudad, informó del radicado 4393 “delito desaparición, víctima Libardo Restrepo Pérez” e indicó que al parecer el señor Libardo Restrepo Pérez, alias “pillo” fue muerto por miembros de las autodefensas, sin precisarse sitio exacto. Lo cierto es que como no se recibieron los testimonios de las personas citadas en el mencionado oficio, por lo mismo, no se pudo valorar la veracidad de dicha información, pues se desconocía la fuente de su dicho.

(d) Mediante sentencia del Tribunal Superior de Antioquia de 19 de septiembre de 2007, se declaró la muerte presunta del señor Libardo Restrepo Pérez y se fijó como fecha del fallecimiento el 23 de octubre de 2005.

(e) En el registro civil de defunción del señor Libardo Restrepo Pérez, se anotó la referida fecha de defunción y al pie de página la nota “mediante oficio No 181/2010 F-178 del 20 de abril de 2010 de la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz determinó que mediante resultado de genética se determinó la plena identidad del señor Libardo Restrepo Pérez. Sonsón Abril 27 de 2010”.

(f) Los restos óseos de la víctima fueron encontrados en marzo del año 2009, por un tercero que afirmó haber sido miembro de las AUC y quien llevo al señor Conrado Restrepo Pérez (hermano de la víctima directa) al lugar donde reposaban, los cuales, fueron plenamente identificados como de quien en vida respondió al nombre de Libardo Restrepo Pérez. Se calculó de forma científica que la muerte de aquella persona ocurrió entre uno y tres años atrás, esto es, como máximo en el año 2006.

(g) La señora Edilma Flórez, quien testificó en el proceso de reparación directa “relató el lamentable y reprochable episodio de que fue víctima a partir del cual señaló el autor de la muerte del señor Libardo – El comandante Freddy- [Sin embargo], lo cierto es, que al preguntarle si había informado a las autoridades competentes, respondió que únicamente su padre solicitó protección para ella”.

Con sustento en los anteriores razonamientos concluyó que “… no obraba en el expediente elemento probatorio alguno del cual inferir que las autoridades demandadas conocieron de la amenaza contra la vida del señor Libardo Pérez Restrepo, que aquél hubiera solicitado protección oficial o que se les hubiere informado oportunamente dato que los condujera a los autores de esas incalificables conductas; tampoco de que las autoridades instituidas para proteger la vida, honra y bienes de la población hubieran participado en la desaparición o permitido con aquiescencia la misma, ni siquiera que supieron del señalamiento de que el señor Restrepo Pérez había sido obligado a salir del terreno urbano de su lugar de habitación, contra su voluntad, o que conocieron del lugar en donde se encontraba el cuerpo de dicha víctima y que omitieron investigar, ni siquiera a través de indicios contingentes leves pues no existen hechos indicadores concretos que llevan al hecho que se pretender indicar”.

Finalmente, indicó que el señor Juan Antonio Restrepo Cadavid no tenía legitimación para actuar en representación de la señora Efigenia Pérez de Restrepo porque ella no ejerció su derecho de acción en vida y este no podía transferirse ni con la muerte ni ser ejercido por representación.

Inconforme con la anterior decisión la parte actora presentó recurso de apelación. Se opuso a la declaratoria de oficio de la excepción de falta de legitimación del señor Juan Antonio Restrepo Cadavid por considerar que los daños que sufrió en vida una persona que fallece sí pueden ser objeto de reparación, máxime si se trata del cónyuge mediante la figura de la sucesión procesal.

Refutó las valoraciones probatorias realizadas por el juez de primera instancia e insistió en la responsabilidad del Estado, derivada de la omisión de las autoridades en la protección de la vida de la víctima, pues no ejecutaron ningún acto material con el fin de encontrarla luego de la denuncia de desaparición presentada por su familiar, a lo que se suma que de acuerdo con las pruebas recaudadas se pudo concluir que el fallecido fue sometido a torturas por largo tiempo.

Agregó que “… era de tal conocimiento la amistad y aquiescencia de las autoridades del municipio que mediante sentencia del CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SALA PLENA Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil trece (2013) Radicación número: 05001-23-31-000-2001-00799-01(36460) Actor: INES DEL SOCORRO GOMEZ AGUDELO Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIÓNAL, se condena : NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIÓNAL, a indemnizar a unos sujetos, pues se presento uno de los tantos abusos u omisiones de la autoridad. Los hechos reseñados en esta sentencia corresponden a las mismas fechas en las que desapareció el señor LIBARDO RESTREPO PÉREZ en el municipio de Sonsón y dan cuenta que las autoridades legalmente constituidas en el municipio de Sonsón fueron omisivas y cohonestaron con los grupos paramilitares que ejercían control territorial en el municipio, sin querer prestar los servicios de seguridad que les asigna la Constitución”.

El Tribunal Administrativo de Antioquia con sentencia del 13 de diciembre de 2017, confirmó la sentencia de primera instancia, al considerar que si bien no se discutía que la muerte del señor Restrepo Pérez fue consecuencia de los grupos al margen de la Ley, lo cierto fue que no se demostró la actitud omisiva, permisiva o indiferente de la Policía Nacional frente a la situación de orden público del municipio y la muerte de la víctima.

Expuso que el Consejo de Estado ha indicado que se puede imputar al Estado los daños sufridos por las víctimas de hechos violentos cometidos por terceros, cuando en la producción del hecho interviene la Administración, a través de una acción u omisión constitutivas de una falla del servicio, por ejemplo, cuando el hecho se ejecuta con la complicidad de miembros activos del Estado, o, se había solicitado protección a las autoridades y éstas no la brindaron, o en razón de las especiales circunstancias que se vivían en el momento, se podía prever el hecho y no se realizó ninguna actividad dirigida a evitar o enfrentar eficientemente el ataque.

Frente a la valoración probatoria a realizar indicó que conforme la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014 del Consejo de Estado Sala Plena de la Sección Tercera, Radicación número 05001-23-25-000-1999-01063-01 (32988), frente a graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario debe permitirse la flexibilidad en la apreciación y valoración de los medios probatorios, por ello era procedente que en el asunto se acudiera a la prueba indiciaria “atendiendo a que la actividad probatoria es muy compleja en tratándose del fenómeno de la desaparición forzada cuando en los hechos se encuentran implicados miembros de la fuerza pública” por lo que exigir una prueba directa haría imposible demandar.

Encontró como acreditado del expediente que (a) la víctima desapareció el 23 de octubre de 2003, hecho que fue denunciado por su hermano, (b) en el proceso de declaratoria por muerte presunta se fijó como fecha del fallecimiento del señor Restrepo Pérez el 23 de octubre de 2005, (c) la muerte del occiso fue violenta y (d) perpetrada por miembros de las AUC.

No obstante lo anterior, expuso que no se logró probar que las autoridades fueron omisivas y cohonestaron con los grupos al margen de la ley porque (e) no era procedente efectuar la misma declaratoria de responsabilidad que hizo el órgano de cierre en la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera de 25 de septiembre de 2013 “… en tanto si bien en la sentencia referida analizaron hechos ocurridos en el Municipio de Sonsón por la misma época en la que se dio la desaparición forzada del señor Libardo Pérez Restrepo, lo cierto es que dicha providencia no puede tenerse como prueba en el presente proceso, en tanto no fue trasladada, ni mucho menos al paginario se allegaron los elementos suasorios que permiten fundar la responsabilidad del Estado en los sucesos por los que hoy se demanda y los aportados no permiten llegar a tal conclusión”.

(f) Aún cuando los testigos fueron consistentes en señalar que las autodefensas “vacunaban a la población” y la desaparición del señor Restrepo Pérez fue perpetrada por este grupo, no obraba en el expediente elemento probatorio que permitiera concluir que (i) la declarante Edilma Flórez Gallego o su padre denunciaron ante las autoridades que presenciaron que alias “Fredy” retenía a Restrepo Pérez y amenazó a Flórez Gallego con el fin de que no denunciara, (ii) después de la denuncia las autoridades tenían indicios sobre el paradero de la víctima, (iii) la Policía sí tenía conocimiento de la desaparición y muerte de la víctima, pues no se tiene certeza de cómo los declarantes obtuvieron esa información.

Señaló “…. Ahora, en cuanto a la censura realizada por la parte actora en contra de las entidades demandadas derivada de la omisión de haber adelantado labores de investigación para hallar al señor Libardo, se deberá precisar que no obstante el hecho que se afirme que en el año 2009, el hermano de éste realizó un reporte ante la Personería Municipal, cuando un desmovilizado encontró la fosa en donde estaba el cuerpo, lo cierto es que si bien obran unos oficios en ese sentido los mismos no tienen constancia de recibido. Contrario a lo anterior, se aprecia que una vez se informó a la Fiscalía General de la Nación del hallazgo del cadáver, esta procedió a disponer la exhumación previo cumplimiento de los protocolos y estudios pertinentes”.

Finalmente, indicó que además de lo anterior y en atención a que no obraba de manera detallada los procedimientos realizados por las entidades demandadas para lograr el esclarecimiento de los hechos con posterioridad a que fuera denunciada la desaparición forzada del señor Libardo Restrepo, lo cierto es que de esta necesariamente no podía desprenderse un nexo causal con el daño por el cual se demandó, esto es el fallecimiento del familiar de los actores.

En conclusión expuso que resultaba “… evidente que no se allegaron al paginario piezas procesales con las que se acreditara que previo al acaecimiento de los hechos se hubiese presentado una solicitud expresa de protección a las autoridades y que estas las hayan negado, omitido o hubiesen sido deficientes, teniendo en cuenta los medios de su naturaleza, ni que mucho menos la ciudadanía hubiese solicitado que se reforzara la seguridad en el municipio de Sonsón por la presencia del grupo al margen de la ley, de ahí que no se pueda concluir que para la fecha del acaecimiento de la desaparición y posterior muerte existieran indicios o unas especiales circunstancias que hicieran que estos eventos fueran previsibles para las entidades demandadas, porque si bien es conocido que el orden público de varios municipios de Antioquia se encontraba alterado para el año 2003, en el caso particular del fallecido no mediaban solicitudes de protección a su integridad a las entidades demandadas, lo que en definitiva permite establecer que no se dieron elementos que permitieran prever lo sucedido, y atendiendo a lo dicho de cara a la relatividad de la falla del servicio, se reitera que bajo ese título de imputación no procede imputarse responsabilidad a estas”.

De otra parte, concluyó que en el caso si era procedente que se presentara la demanda reclamando la indemnización de perjuicios generados a la señora Efigenia Pérez de Restrepo por la muerte de su hijo, el señor Libardo Restrepo Pérez, pese a que esta hubiese fallecido antes de incoarse la acción. No obstante lo anterior, el señor Juan Antonio Restrepo Cadavid no se encontraba legitimado en la causa por activa para reclamar los perjuicios padecidos por la señora Efigenia Pérez de Restrepo “… en primer lugar, por cuanto estos debieron ser solicitados a favor de la masa sucesoral de ésta, y en segundo lugar porque al ser analizado el artículo 68 del Código General del Proceso, invocado por la parte actora en el recurso de alzada, el mismo no es aplicable al asunto sub lite, pues aquel hace referencia a aquellos eventos en que el proceso ya se encuentra en curso y actor fallece, lo que no ocurrió en el caso concreto pues la señora Efigenia falleció antes de que se trabara la litis y, por último por cuanto en el proceso no reposa prueba alguna que permita tener por acreditado que el señor Juan Antonio fuera esposo de la citada”.
Esta decisión fue notificada mediante edicto fijado entre el 15 y el 17 de enero de 2018.

Fundamentos de la acción

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al proferir la providencia de 13 de diciembre de 2017, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda de reparación directa promovida por la desaparición forzada y muerte del señor Libardo Restrepo Pérez.

1.3.1. De un lado, indicó que al concluirse que el señor Juan Antonio Restrepo Cadavid no se encontraba legitimado en la causa por activa para reclamar los perjuicios padecidos por la señora Efigenia Pérez de Restrepo se desconocieron las sentencias (i) SU-540 de 2007 en la que se expuso que los derechos fundamentales de una persona fallecida pueden ser amparados vía tutela cuando la vulneración produce efectos en la familia o los herederos del difunto y, (ii) T-437 de 2000 en la que la Corte Constitucional “… concedió la tutela invocada porque los efectos del daño causado se dieron en los derechos del difunto pero se proyectaron en los seres más cercanos a él -tal es el caso de los derechos prestacionales y el derecho al buen nombre (que puede resultar vulnerado inclusive con posterioridad a la muerte de la persona, sin que se haya solicitado la protección constitucional) tal como se explicó anteriormente. En el presente caso todo su dolor, angustia y tristeza acelero su muerte y no resulta ser óbice para negar el derecho a la reparación que debe ser otorgado y puesto a su masa sucesoral”.

1.3.2. Por otra parte aseguró que el Tribunal, al considerar que no existía responsabilidad del Estado por la muerte del señor Libardo Restrepo Pérez incurrió en:

1.3.2.1. Defecto fáctico porque omitió tener en cuenta el material probatorio que demostraba que las autoridades demandadas no adoptaron las medidas pertinentes para preservar la vida y la integridad personal del señor Libardo Restrepo Pérez, lo que en últimas implicó una retención ilegal por parte de grupos al margen de la ley que actuaron en virtud de las actitudes permisivas de las instituciones legalmente constituidas.

Se opuso a las premisas esbozadas por los jueces de instancia para llegar a la conclusión de que en el caso “se rompió el nexo de imputación”, así:

PREMISAS DE LOS JUECES DE INSTANCIA
PRUEBAS RELEVANTES Y VICIOS ALEGADOS POR LA PARTE ACTORA
a)

El 28 de octubre de 2003 se denunció la desaparición del señor Libardo Pérez Restrepo. Y solo para esa fecha (cuando se profirió la sentencia de primera instancia) se realizaron las labores de búsqueda, cuando se le solicitó información por el juzgado de conocimiento del proceso penal.

A juicio de la parte actora, en el “HECHO SEXTO” de la demanda se indicó que la desaparición del señor Restrepo Pérez fue puesta en conocimiento de la autoridad, así como la suspensión del transporte a las diferentes veredas.

Agregó que a pesar de la existencia de la denuncia por desaparición, la Policía Nacional no hizo nada para procurar su búsqueda, ni si quiera activó instrumentos de alerta, solo “se limitó a actuar como Notario de la denuncia desplegada limitándose a archivarla en sus expedientes, sin que hubiera ejecutado materialmente actividad alguna con el fin de lograr el paradero de la víctima”.

Expuso que esto constituye una manifiesta omisión, pues frente a una persona desparecida la policía no desplegó ninguna actuación que hubiera procurado la conservación de la vida de la persona que finalmente resulto fallecida, ello a pesar de ser su labor constitucional y legal, por lo que se debe tener por plenamente acreditada la falla en el servicio.
b)
No se logró establecer la identidad de los ”autores materiales y/o intelectuales” de los hechos relacionados con la denuncia

Señaló la peticionaria que conforme a:

El “REGISTRO DE HECHOS ATRIBUIBLES A GRUPOS ORGANIZADOS AL MARGEN DE LA LEY” de 22 de abril de 2009 (folio 44 cuaderno anexo del expediente ordinario).

“Desapareció días previos a elecciones del año 2003 fue sacado del pueblo por 2 hombres armados y uniformados con prendas militares, el día lunes después de las elecciones los habitantes de la vereda Roblal avisaron que había un cadáver enterrado con los pies a la vista. Un paramilitar de la zona confirmo el hecho e indico el lugar donde estaba enterrado”

El “FORMATO NACIÓNAL PARA BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS” de 22 de abril de 2009 (folio 39 a 42 del cuaderno anexo del expediente ordinario)

“cuando ocurrieron los hechos operaba en la zona el frente JOSE LUIS ZULUAGA – del Magdalena ½, y localmente era comandado por alias “Fredy”

“Lo sacaron 2 hombres uniformados, militarmente y se lo llevaron hasta el sector puerto machete lugar donde se encontró la fosa (…)”

El testimonio de la señora Edilma Flórez Gallego (Folios 317 a 323 del cuaderno número 1 del expediente ordinario).

Resultaba claro que (i) para la fecha y en lugar de la desaparición del señor Libardo Restrepo Pérez operaban los grupos AUC o paramilitares del frente JOSE LUIS ZULUAGA – del Magdalena medio comandados por alias “Fredy”, (ii) la señora Edilma Flórez Gallego presenció que los paramilitares llevaban al señor Restrepo Pérez por lo cual fue amenazada y “amarrada”, (iii) el padre de la señora Edilma Flórez Gallego informó vía telefónica a la Policía Nacional sobre los hechos ocurridos tanto la detención de Restrepo Pérez como la amenazas en contra de Flórez Gallego.
c)

Si bien con oficio de 7 de marzo de 2007 suscrito por el Fiscal 120 Seccional de Sonsón, dirigido a la Secretaria del Juzgado Promiscuo de Familia de esa ciudad, informó del radicado 4393 “delito desaparición, víctima Libardo Restrepo Pérez” e indicó que al parecer el señor Libardo Restrepo Pérez, alias “pillo” fue muerto por miembros de las autodefensas, sin precisarse sitio exacto. Lo cierto es que como no se recibieron los testimonios de las personas citadas en dicho oficio, por lo mismo, no se pudo valorar la veracidad de dicha información, pues se desconocía la fuente de su dicho.

Expone la tutelante que “Tal como aparece en el expediente el oficio es de la Estación de Policía de Sonsón Antioquia, y signado por el capitán Nicolás Zapata Restrepo, Comandante de la Estación de Policía de esta localidad, es un certificado que goza de autenticidad y veracidad de la información en el contenida, toda vez que se aporto en original y solicitar una ratificación del mismo resulta exagerado a más que la fuente de la prueba documental es precisamente un funcionario vinculado a una de las entidades demandadas”.

Agrego que aun cuando el documento fue aportado en copia simple, su contenido debió ser valorado al interior del proceso, junto con las demás piezas que reposan en el expediente, daban cuenta de que la versión sobre la autoría de la muerte era plenamente coherente con los otros medios de prueba.

d)
Mediante sentencia del Tribunal Superior de Antioquia de 19 de septiembre de 2007 se declaró la muerte presunta del señor Libardo Restrepo Pérez y se fijó como fecha del fallecimiento el 23 de octubre de 2005.

Asegura la actora que lo que se desprende del proceso de muerte por desaparecimiento es totalmente cierto, y fue fundamental para realizar procesos jurídicos, pues en ese momento no se tenía conocimiento del paradero del señor Restrepo Pérez, solo se tuvo esta certeza con la comunicación de fecha 21 de mayo de 2010, de la Fiscal 178 de la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz – Grupo de Exhumaciones de la ciudad de Medellín, que certificó que el día 22 de abril del año 2009, la doctora Fanny Esperanza Hinestroza García, se desplazó hasta el Municipio de Sonsón – Antioquia, Corregimiento Alto de Sabana, Vereda Alto Roblal, Finca el Encanto, lugar donde se rescataron unos restos óseos con identificación preliminar como N.N. o LIBARDO RESTREPO PÉREZ, restos óseos que fueron plenamente identificados en el laboratorio de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la ciudad de Medellín, mediante cotejo genético y plasmado en informe pericial No. DRRNC-LGEF-1340-2009.
e)

En el registro civil de defunción del señor Libardo Restrepo Pérez, se anotó la referida fecha de defunción y al pie de página la nota “mediante oficio No 181/2010 F-178 del 20 de abril de 2010 de la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz determinó que mediante resultado de genética se determinó la plena identidad del señor Libardo Restrepo Pérez. Sonsón Abril 27 de 2010”
Indicó que solo se tuvo conocimiento de este hecho mediante comunicación de 21 de mayo de 2010 de la Fiscal 178 de la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz – Grupo de Exhumaciones de la ciudad de Medellín.

f)
Los restos óseos de la víctima fueron encontrados en marzo del año 2009, por un tercero quien afirmó haber sido miembro de las AUC y quien llevo al señor Conrado (hermano de la víctima directa) y, fueron plenamente identificados de quien en vida respondió al nombre de Libardo Restrepo Pérez. Se calculó de forma científica que la muerte de aquella persona ocurrió entre uno y tres años atrás, esto es, como máximo en el año 2006.

Señaló que se desconoció el “INFORME DE LABORATORIO ESTUDIO DE ANALISIS ANTOPOLOGICO GIENNDES CASO 689 NRO.56681149”, remitido por la Fiscalía General de la Nación, del que se extrae que el periodo de inhumación es de 5 a 15 años, ya que el parámetro de 3 años no aparece soportado en estudio alguno, pues la conclusión resulta ser errónea y discordante con lo señalado en el documento, teniendo en cuenta la identificación de la persona, las narraciones de los testigos los documentos que soportan el desaparecimiento y lo señalado en la interpretación al hacer coincidir el cuerpo con la del sujeto desaparecido.

“Pues de ser fecha posterior al año 2003, conforme a los estudios el cuerpo, se encuentra en “Periodo de reducción esquelética: en término medio de 2 a 3 años pudiendo ser hasta 5 años, todas las partes blandas desaparecen a través de la licuefacción, los elementos más resistentes suelen ser los del tejido conectivo como cartílago, tendones, ligamentos. Puede el esqueleto avanzar hasta la pulverización en un tiempo de 50 años, inhumado; si el cadáver se encuentra a la intemperie la pulverización puede presentarse en 5 años”

g)
No se probaron todos los elementos necesarios para edificar una condena en contra del Estado por falla en el servicio de vigilancia y protección, frente a un caso de desaparecimiento forzado.

Porque aún cuando los testigos fueron consistentes en señalar que las autodefensas “vacunaban a la población” y la desaparición del señor Restrepo Pérez fue perpetrada por este grupo, no obraba en el expediente elemento probatorio que permitiera concluir que (i) la declarante Edilma Flórez Gallego o su padre denunciaron ante las autoridades que presenciaron que alias “Fredy” retenía a Restrepo Pérez y amenazó a Flórez Gallego con el fin de que no denunciara, (ii) después de la denuncia las autoridades tenían indicios sobre el paradero de la víctima, (iii) la Policía sí tenía conocimiento de la desaparición y muerte de la víctima, pues no se tiene certeza de cómo los declarantes obtuvieron esa información.

Afirmó que los jueces desconocieron el estado de violencia que enfrenta el país, y que la víctima contrario a tener una persona amenazas contra su integridad, era un buen ciudadano; al no pertenecer a ningún grupo delincuencial, al contrario lo que se demuestra con creces en el proceso es la omisión de los demandados, conforme lo ilustra el testimonio de la señora Edilma Flórez Gallego.

Insistió en que con los testimonios de Flórez Gallego, Orlando de Jesus Henao Henao, Antonio Jose Ospina Cadavid se probó que las autoridades conocieron de los hechos y mantuvieron una actitud omisiva frente a ellos.

h)
La señora Edilma Flórez, relato el lamentable y reprochable episodio de que fue víctima a partir del cual señaló el autor de la muerte del señor Libardo – El comandante Freddy-. No obstante al preguntarle si había informado a las autoridades competentes, respondió que únicamente su padre solicito protección para ella.
Indicó que es errónea la apreciación del juez al pretender que una persona en el campo, aislada de la civilización y con grupos armados alrededor pueda dar aviso personalmente a la Policía, por lo que acudió a la colaboración de su progenitor y quien a su vez lo hizo saber a las autoridades, quienes no realizaron ninguna labor para evitar el sufrimiento de la testigo, ni para conservar y mantener el orden.

Agregó que no resulta lógico el querer del juez, en el estado factual en que se desarrollan los hechos. “La falta de sentido común de la juez de primera instancia al querer poner a la víctima como un héroe quien en una situación de acorralamiento permanente está en la obligación de denunciar directamente ante las autoridades y solicitar también directamente protección personal resulta absurda”. El juez debe ser capaz de fallar correctamente considerando las especialísimas circunstancias de violencia diaria que se vivían en este tipo de poblaciones sin poder exigirle a la víctima o a sus familiares actividades diferentes a las que razonablemente pueden llevar a cabo.

Agregó que con la declaración de la señora Edilma Flórez, resultaba probado una vez más el conocimiento del ejército y policía por su comportamiento omisivo en el resultado de graves violaciones a los derechos humanos.

Luego de lo anterior concluyó que (i) sí se puso en conocimiento de las demandadas la desaparición de la víctima el 28 de octubre de 2003 y la suspensión del transporte hacia las otras veredas frente a lo cual no desplegaron ninguna actividad, (ii) el municipio de Sonsón estaba tomado por los paramilitares; (iii) se logró acreditar la identidad de los autores de los hechos y la amistad entre los paramilitares y la Policía (iv) que el señor Libardo Restrepo Pérez fue víctima de desaparecimiento y torturas, (v) que solo se tuvo certeza del paradero del señor Restrepo Pérez el 21 de mayo de 2010 cuando la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz – Grupo de Exhumaciones de la ciudad de Medellín comunicó del resultado del cotejo genético de los restos óseos encontrados en el municipio de Sonsón.

Agregó que en sentencia de 25 de septiembre de 2013 el Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena condenó al Estado (Radicado 05001-23-31-000-2001-00799-01(36460) por hechos que corresponden a las mismas fechas en las que desaparecido el señor Libardo Restrepo Pérez en el municipio de Sonsón y, dan cuenta de que las autoridades legalmente constituidas en el municipio de Sonsón fueron omisivas y cohonestaron con los grupos paramilitares que ejercían control territorial en el municipio, sin querer prestar los servicios de seguridad que les asigna la Constitución.

Expuso que en el proceso ordinario no se pidió que se tuviera la sentencia del Consejo de Estado como prueba trasladada, “lo que resulta ser imposible pues los dos procesos se estaban llevando al mismo tiempo y era imposible determinar el sentido del fallo o hacer parte del proceso, por no tener interés legitimo conforme a la ley para actuar”, sino para que se tuviera en cuenta que lo sucedido hacía parte de las violaciones al Derecho Internacional Humanitario y era un delito de lesa humanidad, donde exigir el aporte de la prueba puede ser imposible, dada la manifiesta imposibilidad para su consecución.

Indicó que la postura del Tribunal en relación con ese antecedente judicial es además un exceso ritual manifiesto, pues ese texto está publicado en la página web del Consejo de Estado y es un material de convicción valioso para efectos de tener claridad sobre la forma en que en ciertos municipios del Departamento de Antioquia cohonestaban grupos paramilitares y fuerzas ordinarias del Estado y, Sonsón es justamente uno de esos municipios.

1.3.3. Desconocimiento del precedente: Destacó que de acuerdo con el criterio del Consejo de Estado, basado en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos - CIDH, la desaparición forzada es un hecho de difícil demostración “…pues esta forma de represión se caracteriza por procurar la supresión de todo elemento o evidencia que permita comprobar el secuestro, el paradero y a suerte de las víctimas”, por ello se permite que se acredite mediante pruebas indiciarias o circunstanciales.

Agregó que de acuerdo con un sin número de pronunciamientos de la referidas autoridades judiciales se ha flexibilizado la carga probatoria de las víctimas y la valoración de los medios de convicción cuando existen graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, los jueces acusados exigieron pruebas y testigos directos de los hechos ocurridos lo cual resulta una carga desproporcionada.

1.3.3.1. Para sustentar este argumento citó las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera de (i) 28 de noviembre de 2002, Exp. 12.812, Magistrado Ponente: Ricardo Hoyos Duque, (ii) 3 de octubre de 2007, Exp. 19.286, Magistrada Ponente: Ruth Stella Correa, (iii) 19 de octubre de 2007, Exp. 29.273, Magistrado Ponente: Enrique Gil Botero, (iv) 7 de septiembre de 2015, Exp. 52.892, Magistrado Ponente: Jaime Orlando Santofimio.
Además transcribió in extenso un documento denominado “La jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de desaparición forzada” en el que se hace un resumen de casos en los que se ha declarado la responsabilidad del Estado por hechos de desaparición forzada y de ejecuciones extrajudiciales que ocurren con posterioridad a la detención.

Transcribió los siguientes apartes del escrito:

“… En general, esto ha sido posible porque dentro del expediente existen pruebas suficientes para tener por probados ciertos hechos que sirven como indicativos de la conducta punible. Estos hechos son, en la mayoría de los casos, (i) la retención de la persona por agentes estatales; (ii) la negativa a suministrar información sobre su paradero, sea que se formule o no un requerimiento expreso a las autoridades; (iii) y el total desconocimiento sobre la suerte que corrió la víctima o el posterior hallazgo de su cadáver con signos de haber fallecido de manera violenta.

Nótese que los hechos que sirven como indicadores de que se ha cometido una desaparición forzada y que ésta es imputable al Estado coinciden con los elementos constitutivos del tipo penal: la privación de la libertad y la falta de información sobre su paradero o la negativa a reconocer tal privación de la libertad. (...)

Tampoco cuando la desaparición forzada ha sido seguida de una ejecución extrajudicial, el Tribunal ha exigido prueba sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo el homicidio. Si la muerte está acreditada, es posible responsabilizar al Estado cuando existen otro conjunto de hechos probados a partir de los cuales puede inferirse razonablemente que ésta ha sido cometida por un agente estatal o, en otras palabras, que existe un nexo causal entre el daño (la muerte) y la actuación de los agentes estatales (la detención seguida de la falta de información sobre su paradero).

Obviamente, en estos casos, el Consejo de Estado ha exigido que exista un enlace o conexión precisa y directa entre el hecho indicativo y lo que de él se infiere pues, de lo contrario, el hecho indicado aparecerá como el producto de un análisis amañado y caprichoso, y no como el resultado de un razonamiento lógico o de una inferencia cognitiva. Así, si bien se reconoce que el juez goza de autonomía para escoger los hechos básicos que le sirven de fundamento para la elaboración de la inferencia, así como para deducir sus consecuencias.

Interesa destacar en este punto, que entre el conjunto de elementos que han sido utilizados por el Consejo de Estado para la construcción y valoración de la evidencia indiciaria, no sólo se encuentran las pruebas que han sido practicadas dentro del proceso contencioso administrativo o que han sido trasladadas de los procesos penales o disciplinarios. También están los informes sobre Colombia elaborados por organismos del sistema universal de protección de derechos humanos, y que denuncian las prácticas o hechos que son atribuibles al Estado e incompatibles con el respeto y protección de los derechos humanos. Estos documentos deben ser considerados no solo como parte del bloque de constitucionalidad –como lo ha reconocido la Corte Constitucional colombiana-, sino también como de lo que podría llamarse el “bloque de elementos probatorios a ser analizados”. Así, en un caso reciente, el Tribunal valoró las pruebas aportadas al proceso en conjunto con el informe elaborado en el año 2010, por el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, y concluyó que el Estado era responsable de la muerte de cuatro personas que habían sido presentadas como guerrilleros muertos en combate, cuando en realidad se trataba de campesinos de la región. La coincidencia existente entre los hechos que fueron probados en el curso del proceso y las prácticas denunciadas por el Relator Especial, le permitieron concluir que se trataba en realidad de un caso de “falso positivo”.

La aplicación del concepto de garante antes de que la Corte IDH empleara este concepto para atribuir responsabilidad al Estado colombiano por las masacres cometidas por grupos paramilitares El Consejo de Estado – siguiendo de cerca la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre los derechos de las personas privadas de la libertad– ya había señalado que el Estado es el garante de los derechos de las personas que se encuentran privadas de la libertad, sea de forma definitiva o transitoria, de manera que si éstas no regresan a la sociedad en las mismas condiciones en que fueron retenidas, aquél debe reparar el daño, aunque el hecho que lo ocasiona no le sea imputable desde el punto de vista fáctico, esto es, aunque el hecho no haya sido cometido por uno de sus agentes:

En síntesis, frente a los retenidos el Estado tiene una obligación específica de protección y seguridad, porque éstos se encuentran en una situación de particular sujeción, en razón de la cual ven limitados sus derechos y libertades y la autonomía para responder por su propia integridad y por lo tanto, deben gozar del pleno amparo de las autoridades frente a los posibles daños y peligros que los amenacen. Las obligaciones que asumen las autoridades de la República frente a los retenidos son de dos clases: 1) de hacer, esto es, de prever y controlar los peligros que pueda sufrir una persona retenida desde el momento mismo en que se produce la privación material de la libertad, hasta el momento en que ella es devuelta a la sociedad y 2) de no hacer, referida a la abstención de cualquier conducta que pueda vulnerar o poner en peligro los derechos que no hayan sido limitados con la medida cautelar. (…) Lo anterior significa que si el Estado no devuelve al ciudadano en las mismas condiciones en que lo retuvo, debe responder patrimonialmente por los perjuicios que éste haya sufrido durante el tiempo de la retención, aunque haya puesto en funcionamiento todos los recursos de que dispone para proteger al retenido y evitarle la causación de cualquier daño, salvo que haya intervenido una causa extraña, pues frente al retenido la obligación del Estado no es un comportamiento sino la realización efectiva de un resultado determinado

El concepto de “garante” se refiere, entonces, a la posición jurídica que ocupa una autoridad pública frente a un particular y que lo obliga, no sólo a abstenerse de realizar cualquier acto que pueda poner en peligro su vida, su seguridad o su integridad física o mental, sino también a adoptar medidas para prevenir y enfrentar amenazas a sus derechos fundamentales que provengan de terceros particulares o de otras autoridades oficiales.

El Consejo de Estado se valió de este criterio –inicialmente utilizado en casos de detenciones injustas, sin desaparecimiento- para imputar responsabilidad al Estado por casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en los que solamente existía prueba de que la persona había sido detenida por agentes oficiales y que posteriormente había sido asesinada.

Este estándar de prueba derivado de la desaparición en los casos que han sido estudiados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es también aplicable a los casos de retención ilegal de grupos armados al margen de la ley que actúan en virtud de las actitudes permisivas de las instituciones legalmente constituidas”

Concluyó que de acuerdo con lo acreditado en el proceso durante el año 2003 en el municipio de Sonsón existían unas graves condiciones de perturbación del orden público como son: (i) municipio tomado por los paramilitares, (ii) estos grupos ejercían control territorial y de personas (iii) sustituyeron materialmente la autoridad estatal y, (iv) la autoridad estatal formalmente existía pero materialmente quien ejercía el poder sobre la población era el grupo paramilitar.

Insistió que en el caso está claro que el grupo paramilitar fue quien torturó y asesinó al señor Libardo Restrepo por la actitud omisiva de las autoridades de policía, más sin embargo la sentencia considera que no existe la falla en el servicio de seguridad, conclusión errónea y por ello debe ser revocada.

1.3.3.2. Indicó que en el caso es procedente realizar el control de convencionalidad y se refirió a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso (i) Velázquez Rodríguez vs. Honduras de 29 de julio de 1988 para señalar que si bien en los casos de desaparición forzada la carga de la prueba recae, por regla general, en la parte interesada en que se condene al Estado, lo cierto es que la misma Corte ha considerado que la desaparición forzada es un hecho de difícil demostración porque “esta forma de represión se caracteriza por procurar la supresión de todo elemento o evidencia que permita comprobar el secuestro, el paradero y la suerte de las víctimas”

Asimismo, citó varios apartes de la sentencia de la CIDH en el caso (ii) Heliodoro Portugal vs. Panamá de 12 de agosto de 2018 para concluir que en su caso se demostró la desaparición forzada del señor Libardo Restrepo Pérez por parte de las AUC y que la responsabilidad del Estado consintió en su actuar omisivo frente a la denuncia y sus deber legal y constitucional, relativo a la protección de los bienes de los ciudadanos y con esto el bien más valioso, la vida:

“(…) 112. En este sentido, la desaparición forzada consiste en una afectación de diferentes bienes jurídicos que continúa por la propia voluntad de los presuntos perpetradores, quienes al negarse a ofrecer información sobre el paradero de la víctima mantienen la violación a cada momento. Por tanto, al analizar un supuesto de desaparición forzada se debe tener en cuenta que la privación de la libertad del individuo sólo debe ser entendida como el inicio de la configuración de una violación compleja que se prolonga en el tiempo hasta que se conoce la suerte y el paradero de la presunta víctima. De conformidad con todo lo anterior, es necesario entonces considerar integralmente la desaparición forzada en forma autónoma y con carácter continuo o permanente, con sus múltiples elementos complejamente interconectados. En consecuencia, el análisis de una posible desaparición forzada no debe enfocarse de manera aislada, dividida y fragmentalizada sólo en la detención, o la posible tortura, o el riesgo de perder la vida, sino más bien el enfoque debe ser en el conjunto de los hechos que se presentan en el caso en consideración ante la Corte, tomando en cuenta la jurisprudencia del Tribunal al interpretar la Convención Americana, así como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas para los Estados que la hayan ratificado.

115. Aunado a lo anterior, la Corte ha entendido que de la obligación general de garantizar los derechos humanos consagrados en la Convención, contenida en el artículo 1.1 de la misma, deriva la obligación de investigar los casos de violaciones del derecho sustantivo que debe ser amparado, protegido o garantizado. Así, en casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Tribunal ha considerado que la realización de una investigación ex officio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos que se ven afectados o anulados por esas situaciones, como los derechos a la libertad personal, integridad personal y vida. Al respecto, en el capítulo correspondiente al análisis de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, el Tribunal procederá a analizar las actuaciones del Estado en relación con la investigación de los hechos del presente caso.

“(…) 116. Por último, la Corte recuerda que la desaparición forzada supone el desconocimiento del deber de organizar el aparato del Estado para garantizar los derechos reconocidos en la Convención, lo cual propicia las condiciones de impunidad para que este tipo de hechos vuelvan a repetirse; de ahí la importancia de que aquél adopte todas las medidas necesarias para evitar dichos hechos, investigue y, en su caso, sancione a los responsables.”

Agregó que la desaparición del señor Libardo Pérez Restrepo es un típico caso de omisión de la posición de garante del Estado y que resultaba ilógico y desbordado con la realidad el solicitar a las autoridades la protección de su vida e integridad personal del señor Libardo Restrepo PÉREZ, pues si hubiera tenido conocimiento de que estaba presto a ser desaparecido por un grupo al margen de la ley, no solo hubiera solicitado protección, sino que además hubiera salido del territorio, pues nadie y menos con tantas obligaciones, está dispuesto a ponerse en peligro.

Concluyó que de tenerse por válida la posición del tribunal podría colegirse que todos los administrados tienen el deber de solicitar medidas de protección para su vida, pues el país viene padeciendo del flagelo de la violencia y los efectos de una violencia desatada por grupos al margen de la institucionalidad (pero en alianza con la misma) y la peligrosidad que encierran las fuerzas armadas de Colombia.

1.4. Pretensiones:

A título de amparo se formuló la siguiente:

“… Dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia en el radicado 05001-33-31-006-2011-000438-02 (sic). En su lugar ordenar que se emita sentencia de reemplazo en la que se le otorgue pleno valor probatorio a la prueba testimonial que fue arrimada al expediente”.

Trámite de la acción

El Magistrado Ponente del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, con auto de 4 de julio de 2018 admitió la tutela y ordenó su notificación a la peticionaria y a los Magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia, en calidad de autoridades judiciales demandadas, para que en un término de 2 días rindieran informe sobre los hechos expuestos en la solicitud de amparo.

En la misma providencia se vincularon, en calidad de terceros interesados en las resultas del proceso, a la Nación – Ministerio de Defensa, a la Policía Nacional, al Ejército Nacional y a los señores “…Efigenia Pérez de Restrepo, Rubiela, Conrado de Jesús, Guillermo, Fernando y Juan Antonio Restrepo Pérez…”. Asimismo, ofició al Juzgado 32 Administrativo de Medellín para que remitiera el expediente ordinario.

1.6. Contestaciones

Ordenada la notificación y surtidas las respectivas comunicaciones no contestaron el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional, ni los señores Efigenia Pérez de Restrepo, Rubiela, Conrado de Jesús, Guillermo, Fernando y Juan Antonio Restrepo Pérez.

Los demás vinculados indicaron:

El Tribunal Administrativo de Antioquia

El Magistrado Daniel Montero Betancur expuso que la acción de tutela no estaba llamada a prosperar porque de la lectura de la providencia acusada se desprendían con claridad las razones que condujeron a negar las pretensiones de la demanda y, se justificó por qué no se adoptó la misma decisión a la que arribó el Consejo de Estado en el proceso con radicado interno 36460.

La Policía Nacional

El Secretario General de la entidad solicitó denegar las pretensiones de la solicitud de tutela, por considerar que no se logró demostrar la vulneración aludida por la parte actora.

Señaló que la tutela no cumple con la carga necesaria para demostrar la configuración de un defecto fáctico porque no se especificaron los medios de prueba que dejaron de valorarse o fueron valorados erróneamente. Sobre el punto, indicó que el Tribunal acusado realizó un análisis exhaustivo de los medios de prueba allegados al plenario, sin que de ellos pudiera extraerse la responsabilidad de las entidades demandadas.

De otra parte señaló que el Estado no es responsable por todos los daños causados a los ciudadanos por terceros. Y que en el caso concreto no logró acreditarse el nexo causal entre el desaparecimiento y posterior fallecimiento del señor Restrepo Pérez y alguna falla por omisión de parte de la Policía Nacional.

Fallo de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B con providencia de 14 de agosto de 2018, resolvió declarar la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de inmediatez.

Indicó que la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 13 de diciembre de 2017 fue notificada mediante edicto fijado el 15 de enero de 2018 y desfiijado el “17 de enero de 2017 (sic)”, quedando ejecutoriada el 22 de enero de 2018. Entre tanto, la presente solicitud de tutela fue presentada “el 26 de julio (sic) de 2018”, es decir dentro de un término que no es prudencial ni razonable, por lo cual no se cumplió el requisito de inmediatez.

Solicitud de aclaración y complementación

1.8.1. Con escrito presentado el 1 de noviembre de 2018 la señora Gabriela Restrepo Pérez presentó solicitud de aclaración y/o complementación de la sentencia de tutela.

Pidió que se aclarara porque en el caso no se tuvo en cuenta que conforme con el artículo 302 del CGP la decisión acusada cobró fuerza ejecutoria el “… 23 de enero de 2018” y que además la tutela fue remitida por correo certificado el 25 de junio de 2018 “… pues el vencimiento de los seis meses, se daba para el día 23 de junio que es sábado y conforme al artículo 70 del Código Civil, se pasa al día hábil siguiente (…) por lo que se remite el día siguiente hábil el 25 de junio de 2018, estando radicada en la secretaría del Consejo de Estado el día 26 de junio por lo que la misma se presentó en tiempo”.

Asimismo, solicitó que se aclararan las razones por las que se desconocieron en el caso, entre otras, las sentencias T-0128 de 2010, T-069 de 2015, T-1110 de 2005, T-692 de 2006, T-299 de 2009, T-835 de 2014, T-205 de 2015, T-644 de 2015, T-740 de 2015 y T-060 de 2016 en las que se superó el requisito de inmediatez teniendo en cuenta la permanencia de la vulneración de derechos y la situación especial de los accionantes, como lo es, en el caso, la distancia geográfica de los peticionarios quienes viven en zonas rurales alejadas del municipio de Sonsón Antioquia, su baja escolaridad y avanzada edad.

1.8.2. Con auto de 20 de noviembre de 2018 el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B” negó la solicitud de aclaración. Expuso que mediante la figura de la aclaración no es procedente reformar ni revocar la sentencia pronunciada.

Este auto fue notificado mediante correos electrónicos enviados el 11 de enero de 2019.

Impugnación

Con escrito presentado 16 de enero de 2019 la actora impugnó la sentencia de primera instancia. Como punto de partida de su escrito expuso que en el caso el término para impugnar la sentencia de primera instancia debe contarse una vez resuelta la solicitud de aclaración.

1.9.1. Superado lo anterior, indicó que el juez de tutela de primera instancia no hizo un análisis sustancial respecto del caso porque no encontró superado el requisito de inmediatez.

Frente al punto, insistió en los argumentos expuestos en la solicitud de aclaración, es decir, reiteró que (i) en el caso no se tuvo en cuenta que conforme con el artículo 302 del CGP la decisión acusada cobró fuerza ejecutoria el “… 23 de enero de 2018” y que además la tutela fue remitida por correo certificado el 25 de junio de 2018 “… pues el vencimiento de los seis meses, se daba para el día 23 de junio que es sábado y conforme al artículo 70 del Código Civil, se pasa al día hábil siguiente (…) por lo que se remite el día siguiente hábil el 25 de junio de 2018, estando radicada en la secretaría del Consejo de Estado el día 26 de junio por lo que la misma se presentó en termino”, (ii) las sentencias T-0128 de 2010, T-069 de 2015, T-1110 de 2005, T-692 de 2006, T-299 de 2009, T-835 de 2014, T-205 de 2015, T-644 de 2015, T-740 de 2015 y T-060 de 2016 en las que se superó el requisito de inmediatez teniendo en cuenta la permanencia de la vulneración de derechos y la situación especial de los accionantes, como lo es, en el caso, la distancia geográfica de los peticionarios quienes viven en zonas rurales alejadas del municipio de Sonsón Antioquia, su baja escolaridad y avanzada edad.

Agregó que “… el juez de primera instancia realizó una simple validación formal entre fechas calendario, como si el cumplimiento del requisito de inmediatez fuera un asunto milimétrico que se satisface con una cinta de medir”.

Además refirió que de acuerdo con las sentencias SU-072 de 2018 y SU-053 de 2015 el precedente de las Altas Cortes es vinculante y esto redunda en una mayor coherencia del sistema jurídico colombiano, asegura la seguridad jurídica y el derecho de igualdad entre los ciudadanos por cuanto casos semejantes son fallados de igual manera.

1.9.2. Insistió en que en el caso las autoridades judiciales incurrieron en defecto fáctico y desconocimiento del precedente del Consejo de Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con la carga probatoria en los casos de desaparición forzada.

El expediente fue recibido en la Sección Quinta el 31 de enero de 2018.

Trámite en segunda instancia

Auto de nulidad saneable

1.10.1.1. Mediante providencia de 8 de febrero de 2018 este Despacho advirtió que no se había vinculado efectivamente al trámite a los señores Gustavo Restrepo Pérez, Fernando Restrepo Pérez, Guillermo Restrepo Pérez, Daniela Restrepo Ospina, Reinaldo Restrepo Ospina, Jhon Freddy Restrepo Ospina y María Fabiola Ospina Montoya, todos en calidad de terceros con interés en el resultado de la presente acción de constitucional por haber fungido como demandantes en el marco del medio de control de reparación directa.

Por ello, se ordenó (i) a la Secretaría General del Consejo de Estado notificar de la tutela de la referencia a los terceros interesados, en sus respectivas direcciones físicas, electrónicas y líneas telefónicas obtenidas por el Despacho mediante llamada telefónica el 4 de febrero de 2019; (ii) a efectos de notificar a los terceros interesados respecto de los cuales no se obtuvo información, se ordenó a la Alcaldía del municipio de Sonsón, Antioquia, que se realizara una publicación de la parte resolutiva de presente auto, tanto en un diario de amplia circulación como en una de las emisoras del municipio de Sonsón, Antioquia y (iii) a la Oficina de Sistemas que publicara la información de este asunto en la página web de la Corporación, a fin de notificar a todos los interesados en el resultado de la solicitud de amparo.

1.10.1.2. En cumplimiento de lo anterior, el municipio de Sonsón, Antioquia, mediante correo electrónico de 6 de marzo de 2019 y recibido en el Despacho el 8 de marzo de 2019, acreditó la realización de la publicación del auto de nulidad saneable en un diario de amplia circulación. No obstante, no aportó prueba de la difusión de la misma providencia en una emisora del municipio.

1.10.1.3. Con escrito recibido el 17 de febrero de 2019 el señor Gustavo Restrepo Pérez intervino en la tutela sin alegar la nulidad. Expuso que el escrito de tutela inicial no la pudo firmar “… por el mismo tema del plazo y del afán para presentarla porque solo se podía hacer a los 6 meses” y señaló que alguien tiene que corregir el error del Tribunal.

1.10.1.4. Los señores Joaquín Antonio Restrepo Pérez y Rubiela Restrepo Pérez mediante correo electrónico enviado el 24 de febrero de 2019 intervinieron expresando idénticos argumentos a los expuestos por el señor Gustavo Restrepo Pérez.

Auto de 11 de marzo de 2019

1.10.2.1. Con proveído de 11 de marzo de 2019 el Despacho Ponente ordenó requerir a la alcaldía del municipio de Sonsón, Antioquia para que de manera inmediata acreditara el cumplimiento íntegro de la orden impartida en el auto de 8 de febrero de 2018, pues si bien se acreditó la publicación de la providencia en el diario de amplia circulación, no aportó constancia de la difusión radial del auto en alguna de las emisoras del municipio.

Asimismo, se ordenó notificar al Juzgado 41 Administrativo de Bogotá por el medio más expedito, en calidad de tercero con interés en las resultas del proceso, toda vez que fue la autoridad judicial que profirió decisión de primera instancia en el marco del proceso de reparación directa 05001-33-31-006-2011-00438 cuya resolución motivó la interposición de la acción de la referencia y, poner en su conocimiento la posible configuración de la causal de nulidad prevista por el artículo 133, numeral 8º, del Código General del Proceso, para los efectos previstos en el artículo 137 ibídem.

Quien notificado en debida forma, no intervino en el trámite quedando saneada la nulidad que presentaba el proceso.

1.10.2.2. Con memorial enviado por correo electrónico el 2 de abril de 2019 el Comunicador de la alcaldía del municipio de Sonsón certificó que el 20 de febrero de 2018 a las 10:15 a.m. en las emisoras Capiro Estéreo y Radio Sonsón se realizó la publicación ordenada en el auto de 8 de febrero de 2019.

El expediente regresó al Despacho Ponente el 4 de abril de 2019.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación interpuesta por la parte actora en contra de la sentencia de tutela de 14 de agosto de 2018, con la que se declaró la improcedencia de la acción, de conformidad con lo establecido por el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017 y el Acuerdo 377 de 2018 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si conforme a los argumentos expuestos en el escrito de tutela procede confirmar, modificar o revocar la providencia de 14 de agosto de 2018 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, que declaró la improcedencia de la acción de tutela presentada por la señora Gabriela Restrepo Pérez en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, con el fin de reclamar el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la Sala sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva y; (iii) del caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

Esta Sección, mayoritariamente, venía considerando que la acción de tutela contra providencia judicial era improcedente por dirigirse contra una decisión judicial. Solo en casos excepcionales se admitía su procedencia, eventos éstos que estaban relacionados con un vicio procesal ostensible y desproporcionado que lesionara el derecho de acceso a la administración de justicia en forma individual o en conexidad con el derecho de defensa y contradicción.

Sin embargo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Señaló la Sala Plena en el fallo en mención:

“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.” (Negrilla fuera de texto)

A partir de esa decisión de la Sala Plena, la Corporación debe modificar su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de reciente sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

A partir de esa decisión, se dejó en claro que la acción de tutela se puede interponer contra decisiones de las Altas Cortes, específicamente, las del Consejo de Estado, autos o sentencias, que desconozcan derechos fundamentales, asunto que en cada caso deberá probarse y, en donde el actor tendrá la carga de argumentar las razones de la violación.

En ese sentido, si bien la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, no ha distinguido con claridad cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -improcedencia sustantiva- y cuáles impiden analizar el fondo del asunto -improcedencia adjetiva-.

Por tanto, la Sección verificará que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

Cumplidos esos parámetros, corresponderá adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá principalmente: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

Estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva

La Sala precisa que no existe reparo alguno en cuanto hace referencia al juicio de procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra decisión de tutela, pues la providencia que se censura corresponde a una decisión proferida en el marco de un proceso de reparación directa promovida por la desaparición forzada y muerte del señor Libardo Restrepo Pérez.

Ahora bien, en cuanto hace referencia al juicio de procedibilidad en relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, evidencia el Consejo de Estado, Sección Quinta que el juez a quo de tutela en el fallo de primera declaró la improcedencia de la acción por incumplimiento de esta exigencia.

Al efecto, indicó en el fallo impugnado “se observa que la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 13 de diciembre de 2017 fue notificada mediante edicto fijado el 15 de enero de 2018 y desfiijado el 17 de enero de 2017, quedando ejecutoriada el 22 de enero de 2018. Entre tanto, la presente solicitud de tutela fue presentada el 26 de julio (sic) de 2018, es decir dentro de un término que no es prudencial ni razonable, por lo cual no se cumple el requisito de inmediatez”.

En el escrito de impugnación la parte actora expuso que en el caso no se tuvo en cuenta que (i) conforme con el artículo 302 del CGP la decisión acusada cobró fuerza ejecutoria el “… 23 de enero de 2018” y que además la tutela fue remitida por correo certificado el 25 de junio de 2018 “… pues el vencimiento de los seis meses, se daba para el día 23 de junio que es sábado y conforme al artículo 70 del Código Civil, se pasa al día hábil siguiente (…) por lo que se remite el día siguiente hábil el 25 de junio de 2018, estando radicada en la secretaría del Consejo de Estado el día 26 de junio por lo que la misma se presentó en termino”, (ii) en las sentencias T-0128 de 2010, T-069 de 2015, T-1110 de 2005, T-692 de 2006, T-299 de 2009, T-835 de 2014, T-205 de 2015, T-644 de 2015, T-740 de 2015 y T-060 de 2016 la Corte Constitucional superó el requisito de inmediatez teniendo en cuenta la permanencia de la vulneración de derechos y la situación especial de los accionantes, como lo es, en el caso, la distancia geográfica de los peticionarios quienes viven en zonas rurales alejadas del municipio de Sonsón Antioquia, su baja escolaridad y avanzada edad.

Agregó que “… el juez de primera instancia realizó una simple validación formal entre fechas calendario, como si el cumplimiento del requisito de inmediatez fuera un asunto milimétrico que se satisface con una cinta de medir”.
Pues bien, para esta Sala es necesario precisar que la providencia de segunda instancia, acusada como vulneradora de derechos fundamentales, fue proferida el 13 de diciembre de 2017, notificada mediante edicto fijado entre el 15 y el 17 de enero de 2018 por lo que cobró fuerza de ejecutoria el 22 de enero de 2018 y, la solicitud de amparo constitucional se presentó el 26 de junio de 2018 y no el 25 de julio 2018 como lo concluyó el juez a quo de tutela, tal como se desprende del folio 44 del expediente, donde consta el sello de recibido de la Oficina de Correspondencia del Consejo de Estado.

Hecha la anterior precisión debe recordarse que cuando el origen de la vulneración de los derechos fundamentales proviene de una providencia judicial, es a partir del día siguiente de la ejecutoria de la decisión judicial acusada que se analiza el cumplimiento del requisito inmediatez.

En tal sentido, como el fallo censurado cobro ejecutoria el 22 de enero de 2018 la parte actora tenía como plazo prudencial para presentar la acción de tutela hasta el 23 de julio de 2018 y, toda vez que la radicó el 26 de junio de 2018, para Sala se tiene por superado el requisito de inmediatez sin que sea necesario estudiar o referirse a las circunstancias particulares que, a juicio de la parte actora, podrían flexibilizar el análisis de inmediatez en esta acción.

2.4.3. Por otra parte, en consideración a la subsidiariedad, se tiene que la parte accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial distinto a la tutela para conjurar la eventual transgresión que las aludidas decisiones pudieran irrogarle a sus derechos fundamentales.

Esto teniendo en cuenta que en contra de la sentencia de segunda instancia no procede ningún recurso ordinario y que los cargos alegados por la parte actora no encajan en las causales que hacen procedente el recurso extraordinario de revisión.

Ahora bien, la parte actora cita como desconocida la sentencia de 25 de septiembre de 2013 proferida por el Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera (Radicado interno 36460) la cual unificó jurisprudencia sobre los topes de la indemnización por los perjuicios morales provenientes de una conducta punible del Estado, lo que en principio haría pensar que el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia previsto en el artículo 256 del CPACA es procedente en el caso porque la providencia acusada es una sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que se opone la decisión de unificación del Consejo de Estado.

No obstante, teniendo en cuenta que para la procedencia del recurso en mención el artículo 257 numeral 5° indica que “tratándose de sentencias de contenido patrimonial o económico, el recurso procederá siempre que la cuantía de la condena o, en su defecto, de las pretensiones de la demanda, sea igual o exceda los siguientes montos vigentes al momento de la interposición del recurso: (…) 5. Cuatrocientos cincuenta (450) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos de reparación directa…”. y que las pretensiones de la demanda ordinaria fueron estimadas en “$267.800.000” (folio 3 del expediente de reparación directa), no se supera el requisito de procedencia del recurso.

Superado lo anterior, corresponde a la Sección analizar los cargos propuestos en la tutela por la parte actora.

Caso concreto

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al proferir la providencia de 13 de diciembre de 2017, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda de reparación directa promovida por la desaparición forzada y muerte del señor Libardo Restrepo Pérez.

Corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado establecer si, de acuerdo con los cargos expuestos por la parte actora en el escrito de impugnación, en el caso se configuraron las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Solo se estudiarán los argumentos contenidos en la impugnación sin hacer analizar las censuras relativas a la declaratoria de falta de legitimación por activa del señor José Antonio Restrepo Cadavid para reclamar los perjuicios sufridos en vida por la señora Efigenia Pérez toda vez que el asunto no fue objeto de impugnación.

Por efectos metodológicos la Sala abordará los cargos planteados por la actora así:

Primero (2.5.1) estudiará las reglas de decisión que pueden extraerse de las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos - CIDH, citadas como desconocidas por la parte actora, respecto de la valoración probatoria y la forma en la que se acredita el daño cuando éste proviene de una desaparición forzada.

Seguidamente (2.5.2.) se referirá al defecto fáctico y determinará frente a cuáles de los cargo constitutivos de este requisito específico de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial la parte actora cumplió con la carga de identificar cuáles fueron las pruebas que no fueron valoradas o valoradas irracionalmente por parte de los funcionarios judiciales acusados y la incidencia que su falta de valoración tenía en la decisión que debía adoptar.

Superado lo anterior, (2.5.3.) se analizarán de manera conjunta los defectos propuestos por la parte actora, desconocimiento del precedente y defecto fáctico, por estar intrínsecamente relacionados.

Es decir, se determinará si con la decisión atacada se desconocieron los parámetros fijados por el Consejo de Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos al analizar los medios de prueba obrantes en el proceso de reparación directa y concluir que en el caso no se logró acreditar la responsabilidad del Estado derivaba de la omisión a su posición de garante, del deber de protección y seguridad ya que no garantizaron la vida e integridad de la víctima atendiendo a la denuncia sobre su desaparición y, las condiciones de seguridad y de aislamiento del municipio.

Reglas de decisión respecto de la valoración probatoria y la forma en la que se acredita el daño cuando éste proviene de una desaparición forzada

2.5.1.1. La Sala debe referirse de manera sucinta a lo que ha definido como “precedente”, este entendido como ratio de la decisión o la regla o subregla que permite definir o resolver al juez el asunto sometido a su discernimiento, es la razón que ella contiene o define la argumentación jurídica del asunto, como tal solo puede ser establecido por las Altas Cortes u órganos de cierre de cada jurisdicción.

2.5.1.2. En lo que se refiere a los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 15 de noviembre de 2017, Radicado 11001-03-25-000-2014-00360-00 (1131-2014) Demandante: Gustavo Francisco Petro Urrego, Demandado: Nación - Procuraduría General de la Nación señaló que “De conformidad con el texto de la CADH, la Corte IDH es un órgano supraestatal establecido para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Partes en esta Convención. Se trata de un medio de protección para la efectividad de las normas convencionales (artículo 33 convencional). Al ser la Corte IDH un medio de protección y el intérprete autorizado de las normas convenidas en la CADH, sus decisiones tienen efectos vinculantes y de obligatoria observancia para los Estados Partes, de tal manera que ellos están sometidos a verificar que las normas de su ordenamiento jurídico interno sean compatibles con las normas convenidas multilateralmente y que, en caso de que ello no lo sea, se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento. Esto es lo que la jurisprudencia interamericana ha denominado como control de convencionalidad”.

2.5.1.3. La parte actora aseguró que de acuerdo con el criterio del Consejo de Estado, basado en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos - CIDH, la desaparición forzada es un hecho de difícil demostración “…pues esta forma de represión se caracteriza por procurar la supresión de todo elemento o evidencia que permita comprobar el secuestro, el paradero y la suerte de las víctimas”, por ello se permite que se acredite mediante pruebas indiciarias o circunstanciales.

Agregó que de acuerdo con un sin número de pronunciamientos de la referidas autoridades judiciales se ha flexibilizado la carga probatoria de las víctimas y la valoración de los medios de convicción cuando existen graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Indicó que a pesar de lo anterior, los jueces acusados exigieron pruebas y testigos directos de los hechos ocurridos, lo cual, resulta una carga desproporcionada para los demandantes en el proceso de reparación directa.

2.5.1.4. Con el anterior contexto, es necesario hacer mención a las sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado y la CIDH, citadas como desconocidas por la parte actora, en relación con las cuales, únicamente se analizará las reglas de derecho sobre la actividad probatoria que le es exigible a las partes y al juez y, la forma en la que se acredita el daño cuando éste proviene de una desaparición forzada, teniendo en cuenta que es frente a este específico punto que se citaron como desconocidas los pronunciamientos judiciales por la parte actora.

Además de lo anterior, debe precisar la Sección que si bien en las providencias que se analizarán a continuación las situaciones fácticas son disímiles a la ocurrida en el proceso de reparación directa cuya decisión originó la interposición de la acción de tutela de la referencia, pues lo cierto es que en aquellos casos la desaparición forzada se endilgó directamente a autoridades del Estado (agentes del DAS, Ejército Nacional, personas vinculadas con las Fuerzas Armadas o bajo su dirección); mientras que en el presente asunto se le atribuyó responsabilidad al Estado por una actuación realizada por un tercero, es decir, a un grupo al margen de la ley (AUC) toda vez que no cumplió su posición de garante; lo cierto es que ello no es óbice para no tener en cuenta las reglas de decisión en lo que se refiere a la actividad probatoria frente a casos de desaparición forzada.

2.5.1.4.1. Consejo de Estado, Sección Tercera

La parte actora invocó 4 pronunciamientos del Consejo de Estado, Sección Tercera que, a su juicio, fueron desconocidos por el Tribunal Administrativo de Antioquia al momento de decidir su caso.

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de noviembre de 2002, Rad. No. 70001-23-31-000-1993-4561-01(12812) (reparación directa). Magistrado Ponente: Ricardo Hoyos Duque.

Hechos
Consideraciones que la parte actora considera aplicables a su caso

Un ciudadano formuló denuncia ante el DAS argumentando ser objeto del delito de extorsión. Por lo anterior, la Fiscalía Cuarta Unidad de Patrimonio Económico de Sincelejo (Sucre) inició el 16 de noviembre de 1992, investigación por el delito de extorsión en contra de los señores Jorge Enrique Salgado, Gerson Jairzinho González Arroyo, Donaldo Arias y Gonzalo Gómez.

El padre de Gerson Jairzinho González Arroyo, el señor Luis Adolfo González Espinosa recibió la noticia de que el 20 de noviembre de 1992 su hijo había sido obligado a abordar una camioneta Toyota color blanco cuatro puertas, por unos sujetos, al parecer, del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-.

Desde la fecha de la retención del señor González Arroyo no se ha tenido noticia suya. Por estos hechos se iniciaron sendas investigaciones en la Procuraduría y en la Fiscalía General de la Nación.

II. La desaparición forzada de personas es considerada en el derecho internacional como delito de lesa humanidad porque compromete no sólo los intereses de la victima sino, además, la convivencia social, la paz y la tranquilidad de la humanidad y por lo tanto, cualquier Estado puede pretender que se investigue y sancione al infractor de la misma.

(…)

El artículo 2 de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada define esta conducta como “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

(…)

En decisiones anteriores, la Corporación ha condenado patrimonialmente al Estado en eventos de desaparición forzada. En tales providencias se ha destacado que las autoridades públicas no están legitimadas para aplicar sanciones extrajurídicas a los infractores de la ley. Quien sea sorprendido en flagrancia o capturado en virtud de orden de autoridad judicial como sindicado de la comisión de un delito debe ser puesto a disposición de los jueces competentes para que se decida su situación, con el respeto de todas las garantías procesales.

(…)

III. Antes de entrar en el análisis de la prueba en el caso concreto, debe anticiparse que la actividad probatoria en los eventos de desaparición forzada es muy compleja. Regularmente no existen pruebas directas porque el hecho se comete en las condiciones de mayor ocultamiento o porque a pesar de que se haga a la luz pública es difícil obtener la declaración de los testigos, quienes callan la verdad por temor a las represalias. De tal manera que en la generalidad de los casos las decisiones judiciales se fundamentan en indicios.

(…)

En síntesis, la persistencia del señor Adolfo González para que se investigara la desaparición de su hijo desde el mismo momento en que ésta se produjo; la sindicación que hizo a los agentes del DAS desde el comienzo en razón de las información que recibió; el hecho de que los agentes del DAS no hubieran realizado la detención de los autores de las llamadas extorsivas, a pesar de haberlos sorprendido en flagrancia y además, pretender demostrar la inutilización del vehículo durante las horas en que se produjo la retención de Gerson Gonzáles, aunado a las pruebas testimoniales, que aunque ameritan críticas de manera individual, en su conjunto son unánimes al manifestar que aquél fue retenido por agentes del DAS en una camioneta blanca de la entidad, proporcionan a la Sala suficientes elementos de juicio que permiten afirmar que el Estado debe responder por la desaparición forzada de que fue víctima Gerson González porque agentes de seguridad a su servicio, prevalidos de esa condición, utilizando un vehículo de propiedad de la entidad demandada y en ejercicio de sus funciones resolvieron retenerlo y no lo pusieron a disposición de las autoridades judiciales competentes para que lo juzgaran por su actuación, respetando todas las garantías procesales.

Es cierto que la prueba testimonial no es contundente y la mayoría de los testigos citados niegan haber tenido conocimiento directo del hecho, pero el fallador no puede perder de vista, de acuerdo con las reglas de la experiencia, que en este tipo de eventos los testigos asumen esa actitud por temor, porque no quieren comprometer su integridad ni sufrir la misma suerte frente a quienes demostraron infringir impunemente la ley y desconocer derechos los fundamentales de las personas.

No obstante que las investigaciones penal y disciplinaria que se adelantaron con el fin de establecer la identidad de los autores del crimen han resultado infructuosas, porque las dudas existentes han sido resueltas a favor de los inculpados, ésta situación no es óbice para que se condene al Estado porque la falla del servicio es anónima, es decir, no se requiere que exista certeza sobre la identidad del servidor público causante del daño, ya que basta con que se acredite que éste es imputable al Estado.

Reglas de decisión que pueden extraerse del caso 12812
La desaparición forzada de personas es considerada en el derecho internacional como delito de lesa humanidad (ii) es una conducta que puede ser cometida por el Estado directamente o por personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado; (iii) seguida de falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.
(iv) La actividad probatoria en los eventos de desaparición forzada es muy compleja de manera que en la generalidad de los casos las decisiones judiciales se fundamentan en indicios, (v) aun cuando el delito ocurra públicamente, obtener la declaración de los testigos resulta muy difícil porque tienen temor a las represalias, no quieren comprometer su integridad ni sufrir la misma suerte de las víctimas.

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de octubre de 2007, Rad. No. 25000-23-26-000-1994-00381-01(19286) (reparación directa). Magistrada Ponente: Ruth Stella Correa Palacio.

Hechos
Consideraciones que la parte actora considera aplicables a su caso

El señor Gustavo Salgado Ramírez -quien trabajaba en una ONG dedicada a los derechos humanos- desapareció en noviembre de 1992, en la ciudad de Bogotá, cuando se dirigía de su casa al sitio de labores y a partir de ese momento no se volvió a tener noticia alguna de su paradero.

Aseguraron los demandantes que los responsables de la desaparición del señor Salgado Ramírez fueron agentes del DAS, toda vez que había recibido amenazas contra su vida y que la organización en la que trabajaba era investigada por el Departamento Administrativo de Seguridad.

“De modo que para que pueda hablarse de desaparición forzada deben reunirse las siguientes condiciones: i) Que se haya privado a una persona de la libertad en cualquier forma, ii) Que dicha privación haya sido cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con su autorización, apoyo o consentimiento; iii) Que haya sido seguida de la falta de información o la negativa a reconocer la privación de la libertad o a informar sobre el paradero de la persona y iv) Que en consecuencia se impida el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

(…)

Es necesario precisar que esta Sala ha puesto de presente que la actividad probatoria es muy compleja en tratándose del fenómeno de la desaparición forzada de personas como que enfrenta una evidente dificultad al momento de acreditarse en el proceso, en tanto de ordinario no es posible acudir a pruebas directas para demostrar la autoría de ese ilícito, como tampoco de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se ejecutó y en consecuencia decretar la responsabilidad patrimonial de la administración. Al decir de la jurisprudencia administrativa: “Regularmente no existen pruebas directas porque el hecho se comete en las condiciones de mayor ocultamiento o porque a pesar de que se haga a la luz pública es difícil obtener la declaración de los testigos, quienes callan la verdad por temor a las represalias. De tal manera que en la generalidad de los casos las decisiones judiciales se fundamentan en indicios.”

En efecto, suele acudirse a pruebas indirectas en las que está separado el objeto de la prueba y el objeto de percepción, en particular a los indicios, toda vez que exigir la prueba directa supondría demandar una “prueba imposible”, lo que impone acudir al juicio lógico del fallador quien a través de su raciocinio evalúa algunos rastros y máximas de la experiencia de varios hechos probados, infiere conclusiones desconocidas y así procura establecer cuál ha sido la participación de agentes del Estado en el hecho dañoso.

(…)

Al descender las premisas anteriores al caso objeto de estudio, la Sala encuentra que la responsabilidad patrimonial de la entidad estatal demandada por la desaparición forzada de Gustavo Salgado Ramírez, decretada por el a quo, habrá de revocarse, habida consideración a que no se acreditó que la misma fuese causada por agentes del DAS, ni tampoco que se hubiesen denunciado ante las autoridades competentes las amenazas telefónicas que se afirma que recibió la víctima.

(…)

2.5. Ahora, si bien está acreditado que Gustavo Salgado Ramírez desapareció, no se logró probar que dicha desaparición tuviera el carácter de “forzada”, esto es que fuera atribuible a agentes del Estado.

La Sala no comparte la valoración que hizo el Tribunal A Quo de la prueba, que lo llevó a concluir que en el plenario mediaba prueba indiciaria que daba cuenta de que la desaparición forzada era atribuible a la entidad demandada en tanto el conjunto indiciario esbozado no tiene la coherencia y rigor lógico que este medio de prueba exige.

(…)

Al margen de las controversias que se suscitan en la doctrina en relación con su naturaleza jurídica (si son medio de prueba o si son objeto de prueba), puede afirmarse que el indicio está integrado por los siguientes elementos:
i) Los hechos indicadores, o indicantes: son los hechos conocidos, los rastros o huellas que se dejan al actuar, la motivación previa, etc., son las partes circunstanciales de un suceso, el cual debe estar debidamente probado en el proceso;
ii) Una regla de experiencia, de la técnica o de la lógica o de la ciencia, es el instrumento que se utiliza para la elaboración del razonamiento;
iii) Una inferencia mental: el razonamiento, la operación mental, el juicio lógico crítico que hace el juzgador; la relación de causalidad entre el hecho indicador y el hecho desconocido que se pretende probar;
iv) El hecho que aparece indicado, esto es, el resultado de esa operación mental.

En el sub lite, es cierto, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, que la ONG donde laboraba Gustavo Salgado Ramírez fue objeto de investigación por parte del DAS a raíz de un “anónimo”, lo mismo que la víctima meses antes recibió una serie de amenazas telefónicas y que el desaparecido era una persona dedicada a su familia lo que hace poco probable que súbitamente la abandonara. Sin embargo, la prueba de estos supuestos fácticos, no es suficiente - a juicio de la Sala- para concluir quiénes desaparecieron a Salgado Ramírez.

(…)

En síntesis, las pruebas que obran en el expediente no indican que los autores de la desaparición de Gustavo Salgado Ramírez pudieron ser miembros del DAS, en otros términos, los medios de prueba en el sub judice no apuntan a establecer con claridad meridiana una autoría material del daño antijurídico en un agente del Estado, en ejercicio de sus funciones, por lo que no se configuró un presupuesto fundamental para entrar a estudiar la responsabilidad de la Administración. Presupuesto indispensable también en la jurisprudencia de la Corte Interamericana que, desde el fallo Velásquez Rodríguez de 29 de julio de 1988 dejó en claro que si bien no es indispensable evaluar la intención del agente o si está identificado sino “dilucidar si una determinada violación a los derechos humanos reconocidos por la Convención ha tenido lugar con el apoyo o la tolerancia del poder público, o si este ha actuado de manera que la trasgresión se haya cumplido en defecto de toda prevención o impunemente”. Por lo expuesto, se revocará la sentencia impugnada”.
Regla de decisión que pueden extraerse del caso 19286
La actividad probatoria en los eventos de desaparición forzada es muy compleja de manera que en la generalidad de los casos las decisiones judiciales se fundamentan en indicios, (ii) Al ser el indicio una prueba indirecta que construye el juez con apoyo en la lógica, partiendo de la existencia de unos hechos debidamente acreditados en el proceso, tal construcción demanda una exigente labor crítica en la que debe existir una causalidad precisa entre los hechos indicadores y el hecho que aparece indicado, explicada a través de una regla de la experiencia y el proceso lógico.

Consejo de Estado, Sección Tercera sentencia de 19 de octubre de 2007, Rad. No. 05001-23-31-000-1998-02290-01(29273A) (reparación directa). Magistrado Ponente: Enrique Gil Botero.

Hechos
Consideraciones que la parte actora considera aplicables a su caso

La parte actora pidió que se declarara patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa -Ejército Nacional, de los daños ocasionados con motivo de la muerte de los señores Fabio Zuleta Zabala y Omar Ortiz Carmona, imputable a miembros del Ejército Nacional, en hechos que tuvieron ocurrencia el 22 de octubre de 1997, en el municipio de Ituango, Departamento de Antioquia.

Como fundamento de sus pretensiones, los demandantes, narraron que el 22 de octubre de 1997, a eso de las 6:30 de la noche aproximadamente, se hicieron presentes soldados del Ejército Nacional en la finca de los señores Fabio Zuleta y Omar Ortiz, los increparon, según adujeron, por ser colaboradores de la guerrilla; luego de conversar con ellos durante un lapso aproximado de 10 minutos, procedieron a darles muerte y, adicionalmente, amenazaron a los trabajadores para que guardaran silencio sobre lo acontecido.

Es un principio del derecho internacional que el incumplimiento de un compromiso, por parte de un Estado, genera su responsabilidad, la cual se traduce en la obligación de reparar de una forma adecuada. Dentro del sistema interamericano de derechos humanos, la responsabilidad de los Estados que han ratificado la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, se deriva no sólo de la suscripción de la misma (Estados miembros de la OEA), sino que, también, se presenta cuando los Estados, adicionalmente a su participación en la Declaración, han ratificado la Convención Americana, aceptando la jurisdicción y competencia de la Corte Interamericana.

El Estado colombiano adoptó la Convención Americana sobre Derechos Humanos mediante la ley 16 de 1972, realizó el depósito de ratificación el 31 de julio de 1973, y aceptó la competencia de la Corte a partir del 21 de julio de 1985; por tal razón, al ratificar este instrumento internacional y al aceptar la competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado colombiano se ha obligado de forma voluntaria a acatar las decisiones de este tribunal, en los casos que resulte comprometida su responsabilidad

(…)

En ese contexto, la Corte Interamericana al atribuir la responsabilidad internacional a un Estado en particular, examina si ha existido alguna conducta que se constituya como violatoria de alguna obligación internacional, bien sea por acción u omisión, siempre que, en términos de la Convención Americana se haya faltado a los deberes de respeto y garantía, o cuando aquel Estado no ha adoptado la supresión de normas y prácticas de cualquier naturaleza que impliquen una violación a lo previsto en la Convención Americana o también como consecuencia de la no expedición de normas y el no desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías.

Así las cosas, se podría inferir que, en materia de responsabilidad en el sistema interamericano de derechos humanos, la Corte Interamericana, si bien manifiesta aplicar el régimen objetivo de responsabilidad, lo cierto es que a la luz de nuestra tradición jurídica, este tipo de imputación encuadraría en el régimen subjetivo, denominado por la jurisprudencia Colombiana como la falla o falta en el servicio, la cual consiste en el incumplimiento de una obligación a cargo del Estado
Regla de derecho que puede extraerse del caso 29273A
Al atribuir responsabilidad al Estado por inobservancia a una obligación internacional debe analizarse si los agentes del Estado incurrieron en una acción u omisión que transgrede la Convención Americana de Derechos Humanos.

Consejo de Estado, Sección Tercera sentencia de 7 de septiembre de 2015, Rad. No. 17001-23-31-000-2009-00212-01(52892) (reparación directa) Magistrado Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

Hechos
Consideraciones que la parte actora considera aplicables a su caso

Los familiares del fallecido Adrián Vélez Londoño, quien no pertenecía a ningún grupo ilegal, demandaron al Estado alegando que su muerte ocurrió a manos del Ejército Nacional y obedeció a los denominados “falsos positivos”, en virtud de los cuales se presenta ante los superiores jerárquicos de la institución militar y ante los medios de comunicaciones [sic] operaciones exitosas en contra de la subversión o cualquier otro actor al margen de la ley en procura de acceder a beneficios o reconocimientos, pero en verdad se trata de dar muerte a ciudadanos que nada tienen que ver con el conflicto armado.

“Cuando se trata de eventos, casos o hechos en los que se encuentra comprometida la violación de derechos humanos o del derecho internacional humanitario, por afectación de miembros de la población civil [desaparecidos, forzosamente, desplazados forzadamente, muertos, torturados, lesionados, o sometidos a tratos crueles e inhumanos] inmersa en el conflicto armado, por violación de los derechos fundamentales de los niños, por violación de los derechos de los combatientes, por violación de los derechos de un miembro de una comunidad de especial protección, o de un sujeto de especial protección por su discapacidad o identidad-situación social [incluida la marginación por desarrollo de actividades de delincuencia común provocadas (…)], la aplicación de las reglas normativas procesales [antes Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso] “debe hacerse conforme con los estándares convencionales de protección” de los mencionados ámbitos, “debiendo garantizarse el acceso a la justicia en todo su contenido como garantía convencional y constitucional [para lo que el juez contencioso administrativo obra como juez de convencionalidad, sin que sea ajeno al respeto de la protección de los derechos humanos, dado que se estaría vulnerando la Convención Americana de Derechos Humanos, debiendo garantizarse el acceso a la justicia en todo su contenido como derecho humano reconocido constitucional y supraconstitucionalmente (para lo que el juez contencioso administrativo puede ejercer el debido control de convencionalidad), tal como en la sentencia del caso Manuel Cepeda contra Colombia se sostiene. (…) Lo que implica, interpretada la Convención Americana de Derechos Humanos, en especial los artículos 1.1, 2, 8.1 y 25 y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es esencial que en la valoración de las pruebas trasladadas se infunde como presupuesto sustancial la convencionalidad, de manera que en eventos, casos o hechos en los que se discuta la violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario se emplee “como principio básico la llamada prueba racional o de la “sana crítica”, que tiene su fundamento en las reglas de la lógica y de la experiencia, ya que la libertad del juzgador no se apoya exclusivamente en la íntima convicción, como ocurre con el veredicto del jurado popular, ya que por el contrario, el tribunal está obligado a fundamentar cuidadosamente los criterios en que se apoya para pronunciarse sobre la veracidad de los hechos señalados por una de las partes y que no fueron desvirtuados por la parte contraria”. (…) A lo anterior cabe agregar que en el ordenamiento jurídico internacional la Corte Internacional de Justicia ha procurado argumentar que el juez debe orientarse por el principio de la sana crítica y de la libertad de apreciación de los medios probatorios que obren en los procesos, y que debe desplegar un papel activo. (…) Establecidos los presupuestos y los fundamentos con base en los cuales la Sala sustenta la prueba trasladada, debe examinarse la situación de los medios probatorios allegados en el expediente. (…) Con fundamento en lo anterior, la Sala como juez de convencionalidad y contencioso administrativo tendrá, valorara y apreciara los medios probatorios [documentos, testimonios, indagatorias y fotografías”.

Regla de derecho que puede extraerse del caso 52982

En casos de desaparición forzada la valoración del juez debe (i) tener como fundamento las reglas de la lógica y de la experiencia (ii) desplegar un papel activo; (iii) fundamentar cuidadosamente los criterios en que se apoya para pronunciarse sobre la veracidad de los hechos señalados por una de las partes y que no fueron desvirtuados por la parte contraria.

La Sala puede extraer las siguientes reglas de derecho de las decisiones invocadas por la parte actora, proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado:

Primera, (i) la desaparición forzada de personas es considerada en el derecho internacional como delito de lesa humanidad (ii) es una conducta que puede ser cometida por el Estado directamente o por personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado; (iii) seguida de falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes,

Segunda, la actividad probatoria en los eventos de desaparición forzada es muy compleja de manera que en la generalidad de los casos las decisiones judiciales se fundamentan en indicios.

Al ser el indicio una prueba indirecta que construye el juez con apoyo en la lógica, partiendo de la existencia de unos hechos debidamente acreditados en el proceso, tal construcción demanda una exigente labor crítica en la que debe existir una causalidad precisa entre los hechos indicadores y el hecho que aparece indicado, explicada a través de una regla de la experiencia y el proceso lógico.

Tercera, aun cuando el delito ocurra públicamente, obtener la declaración de los testigos resulta muy difícil porque tienen temor a las represalias, no quieren comprometer su integridad ni sufrir la misma suerte de las víctimas.

Cuarto, en casos de desaparición forzada la valoración del juez debe (i) tener como fundamento las reglas de la lógica y de la experiencia (ii) desplegar un papel activo; (iii) fundamentar cuidadosamente los criterios en que se apoya para pronunciarse sobre la veracidad de los hechos señalados por una de las partes y que no fueron desvirtuados por la parte contraria.

2.5.1.4.2. Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH

La señora Gabriela Restrepo Pérez en su escrito de tutela indicó que en el caso era procedente realizar el control de convencionalidad y se refirió a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos (i) Velázquez Rodríguez vs. Honduras de 29 de julio de 1988 y (ii) Heliodoro Portugal vs. Panamá de 12 de agosto de 2018.

Corte Interamericana de Derechos Humanos sentencia de 29 de julio de 1988. Caso Velázquez Rodríguez vs. Honduras:

Hechos
Consideraciones que la parte actora considera aplicables a su caso

El señor Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, desapareció el 12 de septiembre de 1981, entre las 16:30 y las 17:00 horas, en un estacionamiento de vehículos en el centro de Tegucigalpa, secuestrado por varios hombres fuertemente armados, vestidos de civil, que utilizaron un vehículo Ford de color blanco, sin placas y, a la fecha de la sentencia continuaba desaparecido, por lo que se supuso que había muerto.

El secuestro fue llevado a cabo por personas vinculadas con las Fuerzas Armadas o bajo su dirección como parte de una práctica sistemática ocurrida durante los años de 1981 a 1984, en el país de Honduras cuando un número de personas, entre 100 y 150, desapareció sin que de muchas de ellas se haya vuelto a tener noticia alguna.

“129. La Corte no puede ignorar la gravedad especial que tiene la atribución a un Estado Parte en la Convención del cargo de haber ejecutado o tolerado en su territorio una práctica de desapariciones. Ello obliga a la Corte a aplicar una valoración de la prueba que tenga en cuenta este extremo y que, sin perjuicio de lo ya dicho, sea capaz de crear la convicción de la verdad de los hechos alegados.

130. La práctica de los tribunales internacionales e internos demuestra que la prueba directa, ya sea testimonial o documental, no es la única que puede legítimamente considerarse para fundar la sentencia. La prueba circunstancial, los indicios y las presunciones, pueden utilizarse, siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos.

131. La prueba indiciaria o presuntiva resulta de especial importancia cuando se trata de denuncias sobre la desaparición, ya que esta forma de represión se caracteriza por procurar la supresión de todo elemento que permita comprobar el secuestro, el paradero y la suerte de las víctimas.

(…)

147. La Corte entra ahora a determinar los hechos relevantes que considera probados, a saber:

a) Que en la República de Honduras, durante los años de 1981 a 1984, un número de personas, entre 100 y 150, desapareció sin que de muchas de ellas se haya vuelto a tener noticia alguna (testimonios de Miguel Ángel Pavón Salazar, Ramón Custodio López, Efraín Díaz Arrivillaga, Florencio Caballero y recortes de prensa).

b) Que tales desapariciones tenían un patrón muy similar, que se iniciaba mediante el secuestro violento de las víctimas, muchas veces a la luz del día y en lugares poblados, por parte de hombres armados, vestidos de civil y disfrazados que actuaban con aparente impunidad, en vehículos sin identificación oficial y con cristales polarizados, sin placas o con placas falsas (testimonios de Miguel Ángel Pavón Salazar, Ramón Custodio López, Efraín Díaz Arrivillaga, Florencio Caballero y recortes de prensa).

c) Que la población consideraba como un hecho público y notorio que los secuestros se perpetraban por agentes militares, o por policías o por personal bajo su dirección (testimonios de Miguel Ángel Pavón Salazar, Ramón Custodio López, Efraín Díaz Arrivillaga, Florencio Caballero y recortes de prensa).

d) Que las desapariciones se realizaban mediante una práctica sistemática, (…)

e) Que Manfredo Velásquez desapareció el 12 de septiembre de 1981, entre las 16:30 y las 17:00 horas, en un estacionamiento de vehículos en el centro de Tegucigalpa, secuestrado por varios hombres fuertemente armados, vestidos de civil, que utilizaron un vehículo Ford de color blanco, sin placas y que hoy, casi siete años después, continúa desaparecido, por lo que se puede suponer razonablemente que ha muerto (testimonios de Miguel Angel Pavón Salazar, Ramón Custodio López, Zenaida Velásquez, Florencio Caballero, Leopoldo Aguilar Villalobos y recortes de prensa).

f) Que ese secuestro fue llevado a cabo por personas vinculadas con las Fuerzas Armadas o bajo su dirección (testimonios de Ramón Custodio López, Zenaida Velásquez, Florencio Caballero, Leopoldo Aguilar Villalobos y recortes de prensa),

g) Que el secuestro y desaparición de Manfredo Velásquez corresponde al marco de la práctica de desapariciones a que se refieren los hechos que se consideran probados en los literales a) a d) inclusive.(…)

h) Que no aparece en el expediente prueba alguna de que Manfredo Velásquez se hubiera unido a grupos subversivos, salvo una carta del Alcalde de Langue, según la cual se rumoreaba que andaba con grupos subversivos. Esa versión no fue complementada con ningún otro elemento probatorio por el Gobierno, lo que, lejos de demostrar la veracidad de ese supuesto rumor, más bien indica que se le vinculaba con actividades juzgadas peligrosas para la seguridad del Estado. Tampoco hay prueba de que hubiera sido secuestrado por obra de delincuentes comunes o de otras personas desvinculadas con la práctica de desapariciones entonces vigente.

148. Por todo lo anterior, la Corte concluye que han sido probadas en el proceso: 1) la existencia de una práctica de desapariciones cumplida o tolerada por las autoridades hondureñas entre los años 1981 a 1984; 2) la desaparición de Manfredo Velásquez por obra o con la tolerancia de esas autoridades dentro del marco de esa práctica; y 3) la omisión del Gobierno en la garantía de los derechos humanos afectados por tal práctica.
Regla de decisión que puede extraerse del caso Velásquez Rodríguez
La prueba indiciaria es muy relevante en casos de desaparición forzada porque en sí mismo el fenómeno se caracteriza por la supresión de elementos de prueba de carácter directo.

Corte Interamericana de Derechos Humanos sentencia de 12 de agosto de 2018. Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá.

Hechos
Consideraciones que la parte actora considera aplicables a su caso

El señor Heliodoro Portugal fue dirigente estudiantil y posteriormente simpatizante y promotor del “Movimiento de Unidad Revolucionaria” liderado por el señor Floyd Britton, quien era un opositor al régimen militar.

De acuerdo con la Comisión de la Verdad la aprehensión de Heliodoro Portugal se produjo el 14 de mayo de 1970, encontrándose éste “en el Café Coca-Cola ubicado en el Parque de Santa Ana, cuando un taxi, una camioneta de color rojo se detuvo frente al Café. Del carro se bajaron dos señores vestidos de civil; lo detuvieron, lo introdujeron a la fuerza en el carro y se lo llevaron. Estuvo detenido en la “Casa de Miraflores”, considerado por dicha Comisión de la Verdad como uno de los centros clandestinos de interrogatorios y torturas durante los primeros años de la dictadura.

Como consecuencia de unas excavaciones en el antiguo cuartel de “Los Pumas” en Tocumen, el 22 de agosto de 2000, se determinó que los restos encontrados en el ex cuartel de “Los Pumas” pertenecían al señor Heliodoro Portugal-

“(…) 112. En este sentido, la desaparición forzada consiste en una afectación de diferentes bienes jurídicos que continúa por la propia voluntad de los presuntos perpetradores, quienes al negarse a ofrecer información sobre el paradero de la víctima mantienen la violación a cada momento. Por tanto, al analizar un supuesto de desaparición forzada se debe tener en cuenta que la privación de la libertad del individuo sólo debe ser entendida como el inicio de la configuración de una violación compleja que se prolonga en el tiempo hasta que se conoce la suerte y el paradero de la presunta víctima. De conformidad con todo lo anterior, es necesario entonces considerar integralmente la desaparición forzada en forma autónoma y con carácter continuo o permanente, con sus múltiples elementos complejamente interconectados. En consecuencia, el análisis de una posible desaparición forzada no debe enfocarse de manera aislada, dividida y fragmentalizada sólo en la detención, o la posible tortura, o el riesgo de perder la vida, sino más bien el enfoque debe ser en el conjunto de los hechos que se presentan en el caso en consideración ante la Corte, tomando en cuenta la jurisprudencia del Tribunal al interpretar la Convención Americana, así como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas para los Estados que la hayan ratificado.

115. Aunado a lo anterior, la Corte ha entendido que de la obligación general de garantizar los derechos humanos consagrados en la Convención, contenida en el artículo 1.1 de la misma, deriva la obligación de investigar los casos de violaciones del derecho sustantivo que debe ser amparado, protegido o garantizado. Así, en casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Tribunal ha considerado que la realización de una investigación ex officio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos que se ven afectados o anulados por esas situaciones, como los derechos a la libertad personal, integridad personal y vida. Al respecto, en el capítulo correspondiente al análisis de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, el Tribunal procederá a analizar las actuaciones del Estado en relación con la investigación de los hechos del presente caso.

“(…) 116. Por último, la Corte recuerda que la desaparición forzada supone el desconocimiento del deber de organizar el aparato del Estado para garantizar los derechos reconocidos en la Convención, lo cual propicia las condiciones de impunidad para que este tipo de hechos vuelvan a repetirse; de ahí la importancia de que aquél adopte todas las medidas necesarias para evitar dichos hechos, investigue y, en su caso, sancione a los responsables.”

Regla de decisión que puede extraerse del caso Velásquez Rodríguez
Al abordar un caso de desaparición forzada el juez no debe enfocarse de manera aislada, dividida y fragmentada sólo en la detención, o la posible tortura, o el riesgo de perder la vida, sino más bien el enfoque debe ser en el conjunto de los hechos que se presentan en el caso.

De las anteriores sentencias se pude entender que: (i) La prueba indiciaria es muy relevante en casos de desaparición forzada porque en sí mismo el fenómeno se caracteriza por la supresión de elementos de prueba de carácter directo, (ii) al abordar un caso de desaparición forzada el juez no debe enfocarse de manera aislada, dividida y fragmentada sólo en la detención, o la posible tortura, o el riesgo de perder la vida, sino más bien el enfoque debe ser en el conjunto de los hechos que se presentan en el caso.

Defecto fáctico

Esta causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial “se encuentra íntimamente relacionado con las anomalías que se presentan en el curso del proceso, frente a la actividad intelectual que realiza el juzgador en materia de decreto, práctica y valoración probatoria. Tiene asidero en la defensa de una de las tantas garantías que componen el derecho fundamental al debido proceso, como lo es el derecho de defensa y contradicción y la necesidad de que la decisión se funde en los hechos acreditados en el proceso”.

Con sentencia de 12 de noviembre de 2015, la Sección Quinta del Consejo de Estado fijó ciertos parámetros de conformidad con los cuales “…en todos los eventos [en los que se alega la configuración del defecto fáctico] corresponde al solicitante indicar con mediana precisión el cargo que plantea y brindar al juez constitucional todos los elementos que acrediten, además de la configuración del defecto, su incidencia en la decisión judicial, pues el solo señalamiento o acreditación del primer elemento no resulta por sí solo suficiente para fundamentar el cargo. Ello, porque aun cuando se acepte que el fallador pudo equivocarse frente al discernimiento que hizo sobre las pruebas, si dicha circunstancia no constituye la causa eficiente del sentido de la decisión, no hay razón para afectar la indemnidad de la providencia, cuando hacerlo, no produciría ningún impacto en el ordenamiento jurídico”.

En la misma providencia la Sala aclaró que al ser la tutela contra providencia judicial, un mecanismo de amparo restringido y excepcional, surge para la parte interesada el deber de asumir una carga argumentativa considerable para lograr la prosperidad de su cargo, comoquiera que cuando el recurso se utiliza para censurar el contenido de una decisión judicial, la cual goza de doble presunción de legalidad y acierto, básicamente se desconocen principios de alto valor para la comunidad en general, como el de la seguridad jurídica que se deriva de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución Política y la cosa juzgada, los cuales en algún momento dieron certeza a la providencia cuestionada, que el asunto sometido a consideración del Estado había sido resuelto, no así ocurre con las tutelas que se dirigen contra otra autoridad.

Así pues, esta Sala de Decisión acogió el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, según el cual el defecto fáctico puede presentarse cuando el juez: (i) omite decretar o practicar las pruebas que resultan indispensables para tomar una decisión, (ii) desconoce, de manera injustificada, el acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos, (iii) valora de manera irracional o arbitraria las pruebas y, (iv) dicta sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación al debido proceso.

De acuerdo con el criterio de la Sección Quinta, el segundo supuesto, se presenta cuando el juez omite considerar elementos probatorios que obran dentro del expediente, y que resultan decisivos para establecer la verdad sobre los hechos materia del proceso.

Cuando se alega el desconocimiento es indispensable que la parte interesada: a) identifique los elementos probatorios que no fueron valorados por el juez, b) demuestre que los aportó en oportunidad legal y con el cumplimiento de las exigencias legales, c) argumente el por qué éstos resultaban relevantes para la decisión y; d) exponga las razones por las cuales, su análisis, hubiera podido variar el sentido del fallo.

Y, el tercer supuesto supone una valoración probatoria manifiestamente equivocada o arbitraria y por ello, el valor demostrativo de la prueba se entiende alterado.

Al momento de predicar su existencia, se impone que los accionantes indiquen con claridad a) cuál o cuáles han sido las pruebas objeto de una valoración indebida por parte del funcionario judicial y, b) por qué en cada caso, las consideraciones del juez se alejan de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana critica, al punto de tornarse arbitrarias o si se quiere absurdas.

Al abordar el defecto fáctico lo primero que debe analizar la Sala es si la parte actora cumplió con la carga de identificar cuáles fueron las pruebas que no fueron valoradas o valoradas irracionalmente por parte de los funcionarios judiciales acusados y la incidencia que su falta de valoración tenía en la decisión que debía adoptar.

La parte actora aseguró que el Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió el caso con sustento en unas premisas que consideró erradas y debatió, en resumen, porque:

(a) Sí acreditó en el proceso que se informó a las autoridades sobre la desaparición del señor Libardo Restrepo Pérez sin que éstas actuaran conforme a sus competencias;

(b) Sí se logró establecer que el asesinato de la víctima fue perpetrado por la AUC;

(c) No se le dio valor probatorio al Oficio de 7 de marzo de 2007, al no ser ratificado por su autor en el proceso, que indicaba que Libardo Restrepo Pérez fue asesinado por las AUC y su cadáver fue sepultado en la vereda la Loma;

(d y e) De acuerdo con el material probatorio aportado al proceso, específicamente la comunicación de la Fiscal 178 de la Unidad Nacional de la Fiscalía, la familia de la víctima solo tuvo conocimiento del paradero del cuerpo del señor Libardo Restrepo Pérez el 21 de mayo de 2010;

(f) Según indica la prueba técnica o Informe de Laboratorio Estudio de Análisis Antropológico GIENNDES Caso 689 NRO.56681149, remitido por la Fiscalía General de la Nación el periodo de inhumación del cuerpo era de 5 a 15 años y no de 3 como lo concluyó el juez;

(g) Mediante los testimonios aportados al proceso sí se logró acreditar que las autoridades conocían de los hechos y mantuvieron una actitud omisiva frente a ellos y;

(h) Se valoró de manera contraevidente el testimonio de la señora Edilma Flórez Gallego al pretender que a pesar de estar embarazada y las circunstancias de orden público del lugar expusiera su vida con el fin de denunciar directamente que presenció cómo los miembros de las AUC llevaban a la fuerza al señor Libardo Restrepo Pérez

Lo primero que advierte el Consejo de Estado, Sección Quinta es que para sustentar el defecto fáctico la parte actora reprodujo, casi en su totalidad, el recurso de apelación presentado en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 41 Administrativo del Circuito de Bogotá mediante sentencia del 14 de febrero de 2017.

En vista de lo anterior, los argumentos (b) y (c) no serán analizados en la medida en que no se dirigen a atacar las razones expuestas por la autoridad atacada de segunda instancia, es decir, el Tribunal Administrativo de Antioquia sino esbozados por el juez a quo ordinario y, que además no fueron reproducidos por el ad quem.

En efecto, el Tribunal Administrativo de Antioquia en la sentencia de 13 de diciembre de 2017 expuso que la muerte del señor Libardo Restrepo Rodríguez fue violenta y perpetrada por las AUC y, teniendo como sustento para el efecto el Oficio de 7 de marzo de 2007.

Ahora bien en lo que respecta a los cargos (d), (e) y (f) la parte actora indica que la familia de la víctima solo tuvo conocimiento del paradero del cuerpo del señor Libardo Restrepo Pérez el 21 de mayo de 2010 y que de acuerdo con una prueba técnica, el cuerpo de aquél tenía un proceso de inhumación de 5 años y no de 3 años como lo concluyó el Tribunal.

Aun cuando la parte actora indicó qué pruebas dan cuenta de lo anterior, no explicó cuál es la incidencia que tendría en la decisión final llegar a la conclusión de que solo se conoció del paradero de la víctima el 21 de mayo de 2010 o la fecha probable de su muerte, cuestión que tampoco es posible evidenciar para la Sección en la medida en que la razón por la cual no se accedió a las pretensiones de la demanda de reparación directa no se relacionó con la fecha en la que se encontró el cuerpo de la víctima o cuándo tuvieron conocimiento del hecho sus familiares o el tiempo que llevaba sepultado el cadáver, sino en la falta de pruebas acerca de la actitud omisiva, permisiva o indiferente de la Policía Nacional frente a la situación de orden público del municipio y la muerte de la víctima.

En vista de lo anterior la Sección solo analizará los argumentos (a), (h) y (g), pues frente a ellos la parte actora cumplió con la carga de indicar los elementos probatorios que fueron indebidamente valorados y su influencia en la decisión que se acusa como vulneradora de derechos fundamentales.

Es decir, la Sala estudiara si (a) se acreditó en el proceso que se informó a las autoridades sobre la desaparición del señor Libardo Restrepo Pérez sin que estás actuaran conforme a sus competencias lo que constituye una manifiesta omisión, pues frente a una persona desparecida la policía no desplegó ninguna actuación que hubiera procurado la conservación de la vida de la persona que finalmente resultó fallecida, ello a pesar de ser su labor constitucional y legal, por lo que se debe tener por plenamente acreditada la falla en el servicio (g) mediante los testimonios aportados al proceso sí se logró acreditar que las autoridades conocían de los hechos y mantuvieron una actitud omisiva frente a ellos y; (h) se valoró de manera contraevidente el testimonio de la señora Edilma Flórez Gallego al pretender que a pesar de estar embarazada y las circunstancias de orden público del lugar expusiera su vida con el fin de denunciar directamente que presenció cómo los miembros de las AUC llevaban a la fuerza al señor Libardo Restrepo Pérez.

2.5.3. Análisis de los defectos propuestos en la tutela

La Sala recuerda que se estudiarán de manera conjunta los cargos propuestos por la parte actora, desconocimiento del precedente y defecto fáctico, por estar intrínsecamente relacionados, en tanto se refieren a las reglas que debía seguir el Tribunal Administrado de Antioquia en el análisis probatorio y las conclusiones a las que arribó el mismo, en el marco del proceso de reparación directa iniciado por la desaparición forzada de la que fue víctima el señor Libardo Restrepo Pérez por parte de la Autodefensas Unidas de Colombia – AUC, imputado por los demandantes al Estado como consecuencia de la omisión a su posición de garante, del deber de protección y seguridad ya que no garantizaron la vida e integridad de la víctima atendiendo a la denuncia sobre su desaparición y, las condiciones de seguridad y de aislamiento del municipio.

La Sala determinará si con la decisión atacada se desconocieron los parámetros fijados por el Consejo de Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos al analizar los medios de prueba obrantes en el proceso de reparación directa y concluir que en el caso no se logró acreditar la responsabilidad del Estado derivaba de la omisión a su posición de garante, del deber de protección y seguridad ya que no garantizaron la vida e integridad de la víctima atendiendo a la denuncia sobre su desaparición y, las condiciones de seguridad y de aislamiento del municipio.

2.5.3.1. Para la Sección Quinta no cabe duda acerca de que en criterio del Consejo de Estado, Sección Tercera y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando se discute la responsabilidad del Estado como consecuencia de un hecho que se constituye como violatorio de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, la carga probatoria que se le exige a la parte demandante debe ser más flexible teniendo en cuenta el propio flagelo y, por ello, se permite que el juez llegue al convencimiento acerca de la responsabilidad del Estado a través de pruebas indiciarias que permiten arribar a través del juicio lógico del operador judicial a hechos indicados constitutivos de responsabilidad extracontractual.

Como se señaló en precedencia de acuerdo con las decisiones del Consejo de Estado y la Corte Interamericana, citadas como inaplicadas al caso por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, a efectos del análisis probatorio de la responsabilidad del Estado se deben tener en cuenta las siguientes reglas:

Primera, (i) la desaparición forzada de personas es considerada en el derecho internacional como delito de lesa humanidad (ii) es una conducta que puede ser cometida por el Estado directamente o por personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado; (iii) seguida de falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

Segunda, la actividad probatoria en los eventos de desaparición forzada es muy compleja de manera que en la generalidad de los casos las decisiones judiciales se fundamentan en indicios.

La prueba indiciaria es muy relevante en casos de desaparición forzada porque en sí mismo el fenómeno se caracteriza por la supresión de elementos de prueba de carácter directo

Al ser el indicio una prueba indirecta que construye el juez con apoyo en la lógica, partiendo de la existencia de unos hechos debidamente acreditados en el proceso, tal construcción demanda una exigente labor crítica en la que debe existir una causalidad precisa entre los hechos indicadores y el hecho que aparece indicado, explicada a través de una regla de la experiencia y el proceso lógico.

Tercera, aun cuando el delito ocurra públicamente, obtener la declaración de los testigos resulta muy difícil porque tienen temor a las represalias, no quieren comprometer su integridad ni sufrir la misma suerte de las víctimas.

Cuarto, en casos de desaparición forzada la valoración del juez debe (i) tener como fundamento las reglas de la lógica y de la experiencia (ii) desplegar un papel activo; (iii) fundamentar cuidadosamente los criterios en que se apoya para pronunciarse sobre la veracidad de los hechos señalados por una de las partes y que no fueron desvirtuados por la parte contraria.

Quinto, el juez no debe enfocarse de manera aislada, dividida y fragmentada sólo en la detención, o la posible tortura, o el riesgo de perder la vida, sino más bien el enfoque debe ser en el conjunto de los hechos que se presentan en el caso.

2.5.3.2. Para la Sección es evidente que el propio Tribunal Administrativo de Antioquia en el marco conceptual de su providencia acápite “5.2.5 Flexibilidad en la apreciación y valoración de los medios de probatorios frente a graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario” consideró que en el caso del señor Libardo Restrepo Pérez el análisis probatorio debía ser flexible teniendo en cuenta que se alegaba la existencia de un hecho constitutivo de lesa humanidad como lo fue su desaparición forzada a manos de las AUC.

En efecto, el Tribunal Administrativo de Antioquia en la providencia acusada de 13 de diciembre de 2017 citó in extenso las consideraciones expuestas por el Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, Radicación número 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988) en la que unificó jurisprudencia “en cuanto a la reparación de los perjuicios inmateriales derivados de afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, de conformidad con las consideraciones de la presente sentencia”.

Se refirió en específico al acápite 7.4. de la providencia del Consejo de Estado relacionado con la flexibilidad en la apreciación y valoración de los medios probatorios frente a graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, para señalar que en estos casos el juez administrativo debe acudir a criterios flexibles, privilegiar la valoración de medios de prueba indirectos e inferencias lógicas guiadas por las máximas de la experiencia, a efectos de reconstruir la verdad histórica de los hechos y lograr garantizar los derechos fundamentales a la verdad, justicia y reparación de las personas afectadas.

Transcribió los siguientes apartes e indicó que analizaría el caso bajo el régimen subjetivo de la falla del servicio y teniendo en cuenta que la conducta que se le reprochó a la administración “… deviene de una omisión traducida en la negligencia de las accionadas para repeler y defender a la población civil del ataque de terceros, a sabiendas de la posible ocurrencia del mismo”:

7.4.2 Lo anterior resulta razonable y justificado, ya que en graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, se rompe el principio de la dogmática jurídico procesal tradicional según el cual las partes acceden al proceso en igualdad de condiciones y armas, pues en estos eventos las víctimas quedan en una relación diametralmente asimétrica de cara a la prueba; estas circunstancias imponen al juez de daños la necesidad de ponderar la situación fáctica concreta y flexibilizar los estándares probatorios.

7.4.3. Esta postura resulta acorde con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos, que al respecto ha señalado que en casos de responsabilidad por violación de derechos humanos, el juez goza de una amplia flexibilidad en la valoración de la prueba:

[L]os tribunales internacionales tienen la potestad de apreciar y valorar las pruebas según las reglas de la sana crítica, [y] han evitado siempre adoptar una rígida determinación del quantum de la prueba necesaria para fundar un fallo. Este criterio es especialmente válido en relación con los tribunales internacionales de derechos humanos, los cuales disponen, para efectos de la determinación de la responsabilidad internacional de un Estado por violación de derechos de la persona, de una amplia flexibilidad en la valoración de la prueba rendida ante ellos sobre los hechos pertinentes, de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia.

7.4.4. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que en casos de violaciones a derechos humanos es el Estado quien tiene el control de los medios para desvirtuar una situación fáctica: “a diferencia del derecho penal interno en los procesos sobre violaciones de derechos humanos la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas, cuando es el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio”.

7.4.5. Bajo esos mismos presupuestos, en tratándose de casos de desaparición forzada y ejecuciones sumarias, comprendidos como violaciones a los derechos humanos, la Corte Interamericana ha manifestado que por el hecho de que el Estado haya consentido tales eventos, el estándar probatorio le es más exigente, y por ello, le asiste una carga probatoria mayor: “La Corte no puede ignorar la gravedad especial que tiene la atribución a un Estado Parte en la Convención del cargo de haber ejecutado o tolerado en su territorio una práctica de desapariciones. Ello obliga a la Corte a aplicar una valoración de la prueba que tenga en cuenta este extremo y que, sin perjuicio de lo ya dicho, sea capaz de crear la convicción de la verdad de los hechos alegados”.

2.5.3.3. Ahora, a la Sala le corresponde analizar si al estudiar el caso sub examine la autoridad acusada aplicó los criterios decantados por el Consejo de Estado, Sección Tercera y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuestión que solo podrá dilucidarse al abordar el defecto fáctico, es decir, al establecer si al concluir que no se acreditó en el proceso de reparación directa el actuar omisivo del Ministerio de Defensa – Policía Nacional se le exigió a la parte actora cuestiones imposibles de acreditar o se analizaron de manera contraevidente los medios de prueba allegados al proceso.

La Sección debe recordar que los demandantes en el proceso de reparación directa y las autoridades judiciales de primera y segunda instancia, coincidieron en señalar que en el caso se alegó como daño atribuible al Estado la desaparición y posterior muerte del señor Libardo Restrepo Pérez, a juicio de la parte demandante debido a la omisión a su posición de garante y del deber de protección y seguridad que tenía el Ministerio de Defensa, Policía Nacional de garantizar la vida e integridad de la víctima atendiendo a la denuncia sobre su desaparición y, las condiciones de seguridad y de aislamiento del municipio.

Lo anterior implica que el asunto no es un típico caso de desaparición forzada a manos de los agentes del Estado, sino de un evento en el que desde el punto de vista fáctico el daño se atribuyó a un tercero -las AUC- y en el que la parte demandante aseguró que la entidad demandada –Policía Nacional- era responsable desde un análisis de imputación jurídica, pues se abstuvo de manera relevante y determinante a cumplir con sus deberes de protección y seguridad a fin de prevenir o evitar el resultado dañoso.

Al respecto, la Sección debe citar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, de 20 de junio de 2017, Radicado número 25000-23-26-000-1995-00595-01(18860), Magistrado Ponente: Ramiro Pazos Guerrero, en la que se expuso que conforme con la jurisprudencia de la Sección Tercera sobre responsabilidad del Estado por actos violentos de terceros converge con la postura asumida por el sistema interamericano de protección de los derechos humanos en cuanto a que ha aceptado la posibilidad de imputar responsabilidad al Estado por violaciones de derechos humanos cometidos por agentes no estatales. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que no puede atribuirse responsabilidad al Estado por todas las violaciones a los derechos humanos que se presentan en su territorio; así que tratándose de actos violentos cometidos por terceros que no han actuado en convivencia con la fuerza pública y en los cuáles no hay un hecho imputable a un agente estatal, la doctrina y la jurisprudencia internacional comparten en estructurar la responsabilidad estatal sobre la base de que se reúnan dos elementos: i) que el Estado incumpla con los deberes de diligencia que le son exigibles en la evitación de graves violaciones a los derechos humanos y ii) que se trate de riesgos inminentes y cognoscibles.

En la misma sentencia el Consejo de Estado, Sección Tercera expuso:

14.7. Además, siguiendo lo dicho por la jurisprudencia interamericana de derechos humanos, particularmente en el caso Rodríguez Vera y otros (desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia, cuando la violación de los derechos humanos es atribuible a la conducta de actores estatales, el Estado quebranta una obligación de resultado y la responsabilidad estatal se verá comprometida, mientras que si es resultado de un acto violento de un agente no estatal, surge el interrogante de si la conducta del tercero es atribuible o no al Estado y, para ello, es indispensable constatar tres elementos: i) las autoridades conocían o debían tener conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo, grupo de individuos determinado o determinable o la misma población civil; ii) se utilizaron los instrumentos razonables y necesarios para prevenir o evitar ese riesgo; y iii) la calidad de la respuesta estatal. Estos aspectos enlistados se determinan usualmente a través del estándar de diligencia debida. Al respecto, el Comentario General n.° 31 del Comité Internacional del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, señala:

[L]as obligaciones positivas de los Estados Parte por asegurar los derechos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos sólo serán cumplidas si los individuos son protegidos por el Estado, no sólo por la violación del Pacto por parte de sus agentes, sino también por actos cometidos por personas o entidades privadas. Puede haber circunstancias en que la falta de garantía de los derechos del Pacto, tal como se exige en el artículo 2º, produciría violaciones de esos derechos por los Estados Partes, como resultado de que los Estados Partes permitan o no que se adopten las medidas adecuadas o se ejerza la debida diligencia para evitar, castigar, investigar o reparar el daño causado por actos de personas o entidades privadas.

14.9. En conclusión, frente a los actos violentos de terceros, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado considera que el concepto de falla del servicio opera como fundamento de reparación cuando: i) en la producción del daño estuvo suficientemente presente la complicidad por acción u omisión de agentes estatales; ii) se acredita que las víctimas contra quienes se dirigió de modo indiscriminado el ataque habían previamente solicitado medidas de protección a las autoridades y estas, siendo competentes y teniendo la capacidad para ello, no se las brindaron o las mismas fueron insuficientes o tardías, de tal manera que su omisión es objeto de reproche jurídico (infracción a la posición de garante); iii) la población, blanco del ataque, no solicitó las medidas referidas; no obstante, el acto terrorista era previsible, en razón a las especiales circunstancias fácticas que se vivían en el momento, pero el Estado no realizó ninguna actuación encaminada a evitar de forma eficiente y oportuna el ataque; y iv) el Estado omitió adoptar medidas de prevención y seguridad para evitar o atender adecuadamente una situación de riesgo objetivamente creada por este”.

2.5.3.4. La parte actora consideró que los raciocinios expuestos por el Tribunal tutelado fueron errados porque (a) sí se acreditó en el proceso que se informó a las autoridades sobre la desaparición del señor Libardo Restrepo Pérez sin que estás actuaran conforme a sus competencias, lo que constituye una manifiesta omisión, pues frente a una persona desparecida la policía no desplegó ninguna actuación que hubiera procurado la conservación de la vida de la persona que finalmente resultó fallecida, ello a pesar de ser su labor constitucional y legal, por lo que se debe tener por plenamente acreditada la falla en el servicio, (g) mediante los testimonios aportados al proceso sí se logró acreditar que las autoridades conocían de los hechos y mantuvieron una actitud omisiva frente a ellos y; (h) se valoró de manera contraevidente el testimonio de la señora Edilma Flórez Gallego al pretender que a pesar de estar embarazada y las circunstancias de orden público del lugar expusiera su vida con el fin de denunciar directamente que presenció cómo los miembros de las AUC llevaban a la fuerza al señor Libardo Restrepo Pérez.

Las pruebas alegadas como desconocidas por la parte actora indican:

Testimonio de Edilma Flórez Gallego Fl.318-58, dice:

“PREGUNTADA: sírvase decir al despacho que conoció usted de los hechos relacionados con la desaparición del señor LIBARDO RESTREPO PÉREZ. CONTESTO: Yo había oído decir que él estaba desaparecido, pero por suerte me toco a mi casi ver la muerte de él, yo venía por la carretera para mi casa en esas entonces yo vi un montón de gente, entre ellas un paraco que me distinguía, cuando Fredy le pregunto quién es, el me paro dijo es Edilma la de la casita, ya Fredy gritó dígale que pase pero no diga nada, que porque este carro va a explotar, yo mire y vi que el tenia una persona, ya seguía para mi casa que era a la media cuadra ya fue donde comenzó toda la noche el maltrato(…).

PREGUNTADA. Sírvase decir al Despacho si la persona de la que habló es el señor Libardo Restrepo Pérez, de ser afirmativo porque lo reconoció. CONTESTO. Si estoy hablando de Libardo, yo se que era él y al otro día de haber pasado eso fredy al otro día, me llevo amenazada (…)

(…)

PREGUNTADA. Sírvase decir al despacho si usted sabe la razón por la cual desaparecieron al señor LIBARDO RESTREPO PÉREZ. CONTESTO. Como Fredy cogió tanto poder por allá, que hasta al final asesinaba por ver caer uno así supiera las cosas no las podía decir porque uno temía (…)”

PREGUNTADA: Dígale al Despacho si usted tuvo oportunidad de informarle a la fuerza pública ya sea policía o EJÉRCITO lo que estaba sucediendo con el señor Libardo Restrepo Pérez, (…) CONTESTO: al otro día por la mañana mi papa que se llama Pedro José se dio cuenta y entonces llamó a la policía para que me protegieran a mi pero igual no pararon bolas.

(…)
“me amarro, me amenazó y toda palabra fea que exista en el mundo me la decía delante de la gente, que porque yo había dicho que él había matado a Libardo en tal parte, pero la gente decía que me diera otra oportunidad que viera el estado en que yo estaba, me tuvo todo el día amarrada, desde las 6 de la mañana hasta las dos de la tarde y (…) –fl 59-319- la policía se la pasaba de para arriba y para abajo y nunca entraban a revisar y ellos sabían todo el trauma, no hacían nada porque ellos eran aliados, pues ellos sabían y no entraron a revisar”

PREGUNTADA: Sírvase manifestar al despacho si la Policía o el EJÉRCITO tenían conocimiento acerca de lo sucedido. CONTESTO: Si porque ellos al bajar y saber los hechos nunca prestaban atención” (sic).

Testimonio de Orlando de Jesus Henao Henao Fl. 321:

“PREGUNTADO: Sírvase manifestar al Despacho si la policía o el EJÉRCITO tenían conocimiento de la muerte y desaparecimiento del señor LIBARDO RESTREPO. CONTESTO. Si tuvieron conocimiento, creo yo que debieron de ir ahí mismo supieron les dio verriondera ir a traerlo, porque no fueron pues por él.

(…)

PREGUNTADO: Sabe usted porque la policía o el EJÉRCITO no fueron a buscarlo. CONTESTO. No sé porque, pero me imagino que sería por miedo (…).

PREGUNTADO. Sírvase manifestar al despacho que acciones adelanto la policía o el EJÉRCITO al conocer el cobro de vacunas y el desaparecimiento de personas. CONTESTO. Ellos no hicieron ninguna acción por miedo.”(sic)

Testimonio de Antonio José Ospina Cadavid, Fl. 327:

“PREGUNTADO. Sabe usted si la policía o ejército conocía del cobro de vacunas a las personas por paramilitares. CONTESTO. Si deben haberse dado cuenta pero ellos guardaban todo para ellos solos.”

2.5.3.5. Las razones que llevaron al Tribunal Administrativo de Antioquia a concluir que en el caso no se demostró ni con pruebas directas ni indirectas la actitud omisiva, permisiva o indiferente de la Policía Nacional frente a la situación de orden público del municipio y la muerte de la víctima, se pueden resumir en que “…no se allegaron al paginario piezas procesales con las que se acreditara que previo al acaecimiento de los hechos se hubiese presentado una solicitud expresa de protección a las autoridades y que estas las hayan negado, omitido o hubiesen sido deficientes, teniendo en cuenta los medios de su naturaleza, ni que mucho menos la ciudadanía hubiese solicitado que se reforzara la seguridad en el municipio de Sonsón por la presencia del grupo al margen de la ley, de ahí que no se pueda concluir que para la fecha del acaecimiento de la desaparición y posterior muerte existieran indicios o unas especiales circunstancias que hicieran que estos eventos fueran previsibles para las entidades demandadas, porque si bien es conocido que el orden público de varios municipios de Antioquia se encontraba alterado para el año 2003, en el caso particular del fallecido no mediaban solicitudes de protección a su integridad a las entidades demandadas, lo que en definitiva permite establecer que no se dieron elementos que permitieran prever lo sucedido, y atendiendo a lo dicho de cara a la relatividad de la falla del servicio, se reitera que bajo ese título de imputación no procede imputarse responsabilidad a estas”.

Para arribar al anterior raciocinio el Tribunal señaló que, de un lado, no era procedente efectuar el misma declaratoria de responsabilidad que hizo el órgano de cierre en la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera de 25 de septiembre de 2013 “… en tanto si bien en la sentencia referida analizaron hechos ocurridos en el Municipio de Sonsón por la misma época en la que se dio la desaparición forzada del señor Libardo Pérez Restrepo, lo cierto es que dicha providencia no puede tenerse como prueba en el presente proceso, en tanto no fue trasladada, ni mucho menos al paginario se allegaron los elementos suasorios que permiten fundar la responsabilidad del Estado en los sucesos por los que hoy se demanda y los aportados no permiten llegar a tal conclusión”.

De otra parte, indicó que aún cuando los testigos fueron consistentes en señalar que las autodefensas “vacunaban a la población” y la desaparición del señor Restrepo Pérez fue perpetrada por este grupo, no obraba en el expediente elemento probatorio que permitiera concluir que (i) la declarante Edilma Flórez Gallego o su padre denunciaron ante las autoridades que presenciaron que alias “Fredy” retenía a Restrepo Pérez y amenazó a Flórez Gallego con el fin de que no denunciara, (ii) después de la denuncia las autoridades tenían indicios sobre el paradero de la víctima, (iii) la Policía sí tenía conocimiento de la desaparición y muerte de la víctima, pues no se tiene certeza de cómo los declarantes obtuvieron esa información.

Y consideró que “….no obra de manera detallada los procedimientos realizados por las entidades demandadas para lograr el esclarecimiento de los hechos con posterioridad a que fuera denunciada la desaparición forzada del señor Libardo Restrepo, lo cierto es que de esta necesariamente no puede desprenderse un nexo causal con el daño por el cual se demanda, esto es el fallecimiento del familiar de los actores”.

2.5.3.6. A juicio de la Sección Quinta no le asiste la razón a la parte actora al señalar que la valoración que realizó el Tribunal de las pruebas aportadas al expediente fue irracional o desconoció los criterios del Consejo de Estado, Sección Tercera y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Para comenzar, porque como se indicó anteriormente el asunto de la referencia no se trataba de un típico caso de desaparición forzada perpetrado por agente del Estado, lo que implicaba que para atribuirle responsabilidad a la demandada debía acreditarse mediante pruebas directas o indiciarias que el Estado incumplió de manera eficiente y determinante con un deber que generó el daño.

La Sala considera razonable la conclusión del Tribunal Administrativo de Antioquia según la cual, si bien los familiares del señor Libardo Restrepo Pérez denunciaron su desaparición el 28 de octubre de 2003, solo este hecho y la ausencia de acreditación de algún procedimiento en específico por parte de las entidades demandadas para encontrar al señor Libardo Restrepo Pérez, no pueden entenderse como elementos suficientes a efectos de declarar la responsabilidad del Ministerio de Defensa, Policía Nacional, por la desaparición de un ciudadano, esto debido a que al Estado no puede atribuírsele responsabilidad por todas las violaciones a los derechos humanos que se presentan en su territorio, pues como se dijo resultaba indispensable un juicio de imputación que en el asunto no logró satisfacerse.

Encuentra la Sección que para que en este caso pudiese atribuirse responsabilidad del Estado debía probarse que, además de realizar al denuncia de la desaparición de la victima por parte de las AUC, la persona desaparecida era objeto de amenazas y que ante eso, la Policía Nacional omitió sus deberes de manera determinante, es decir, dejó de probarse que hubo la aquiescencia del Estado ante el actuar del tercero o una omisión que ocasionó el resultado dañino de la desaparición y muerte del señor Restrepo Pérez.

Además de lo anterior, aun cuando la autoridad demandada conociera de la desaparición del señor Libardo Restrepo Pérez perpetrada a manos de la AUC que operaban en la zona, desde el punto de vista fáctico y jurídico ello no era suficiente para que se declarara la responsabilidad de la Policía Nacional, pues debía demostrarse que los hechos constitutivos del daño eran imputables al Estado porque conocía de manera previa tenía conocimiento cierto del riesgo real e inmediato que sufría la víctima y que sus agentes podían de manera real y razonable evitar ese riesgo mediante los instrumentos a su disposición.

En el sub judice tal como lo aseguró el Tribunal acusado la Policía Nacional no conoció de manera previa acerca del riesgo o amenaza contra la vida y libertad del señor Restrepo Pérez, solo se dio noticia a las autoridades cuando el mismo había desparecido y no se allegaron elementos que permitieran inferir que el actuar de la Policía Nacional hubiese podido evitar la desaparición y posterior asesinato de la víctima.

El Consejo de Estado, Sección Quinta no desconoce el deber que tienen las autoridades de actuar ante una denuncia sobre la desaparición de una persona, como lo indica la parte actora. Sin embargo, la existencia de la denuncia y que en el proceso ordinario los testigos aseguraran que en la zona para la época de los hechos las AUC extorsionaban a los ciudadanos, no era suficiente para concluir que el daño consistente en la desaparición y posterior muerte del señor Libardo Restrepo Pérez era atribuible al Estado.

Ahora en lo que se refiere a la sentencia del Consejo de Estado de 25 de septiembre de 2013, si bien la actora adujo que no se pidió que se analizara como prueba trasladada, sino para que se tuviera en cuenta que lo sucedido hacía parte de las violaciones al Derecho Internacional Humanitario y era un delito de lesa humanidad, donde exigir el aporte de la prueba puede ser imposible, dada la manifiesta imposibilidad para su consecución. Para la Sala también resultan razonables las consideraciones expuestas por el Tribunal acusado en la medida en que la realidad probatoria arrimada a un proceso no puede invocarse como precedente con el fin de que se den como probados hechos en otro proceso.

Conclusión

En virtud de lo anterior, considera la Sección Quinta del Consejo de Estado que en el caso concreto debe negarse el amparo solicitado por la parte actora toda vez que no se materializaron los defectos alegados en la acción de tutela, debido a que la negativa de las pretensiones de la demanda obedeció a una valoración razonable y ajustada al criterio del Consejo de Estado y la Corte Interamericana de Derecho Humanos de las pruebas aportadas al proceso, de la cual concluyó que no se le logró acreditar mediante pruebas indirectas o indiciarias que el señor Libardo Restrepo Pérez se encontraba en una situación que ameritara reforzar las medidas de prevención por parte de las demandadas para salvaguardar su vida e integridad, tampoco la intervención directa de los agentes del Estado o su aquiescencia en los hechos.

En consecuencia, se modificará la sentencia de 14 de agosto de 2018 por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B” declaró la improcedencia de la acción por incumplimiento del requisito de inmediatez para, en su lugar, negar la solicitud de amparo.

3. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 14 de agosto de 2018 por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B” declaró la improcedencia de la acción para, en su lugar, NEGAR la solicitud de amparo presentada por la señora Gabriela Restrepo Pérez en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La presente decisión se discutió y aprobó en sesión de la fecha.

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Magistrada

ALBERTO YEPES BARREIRO
Magistrado
Ver folios 1 a 44 del expediente de tutela.
El conocimiento del proceso correspondió en primera instancia al Juzgado Sexto Administrativo de Medellín pero en virtud de las medidas de descongestión adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo No. PSAA16-10529 del 2016, dicho proceso fue remitido al Juzgado 41 Administrativo del Circuito de Bogotá.
En esta sentencia se unificó jurisprudencia “en cuanto a la reparación de los perjuicios inmateriales derivados de afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, de conformidad con las consideraciones de la presente sentencia”.

Folios 647 del expediente ordinario. Este documento fue elaborado por el ex Magistrado del Consejo de Estado Danilo Rojas Betancourth y puede consultarse en el siguiente link
HYPERLINK "http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/biblioteca/revistas/edi00/doc/art1.pdf"http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/biblioteca/revistas/edi00/doc/art1.pdf
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de noviembre de 2002, exp. 12.812, M.P. Ricardo Hoyos Duque. En el mismo sentido, véase, sentencia de 17 de junio de 1998, exp. 10.650, M.P. Ricardo Hoyos Duque. Corte IDH, caso Velásquez Rodríguez, sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 134. Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 142; Caso Zambrano Vélez y otros, supra nota 17, párr. 88, y Caso La Cantuta, supra nota 16, párr. 110. Cfr. Caso Myrna Mack Chang, supra nota 37, párr. 156; Caso La Cantuta, supra nota 16, párr. 115, y Caso Goiburú y otros, supra nota 23, párr. 89. Cfr. Caso Goiburú y otros, supra nota 23, párr. 89, y Caso La Cantuta, supra nota 16, párr. 115. CIDH. Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, sentencia de 12 de agosto de 2008.
“Por posición de garante debe entenderse aquélla situación en que coloca el ordenamiento jurídico a un determinado sujeto de derecho, en relación con el cumplimiento de una específica obligación de intervención, de tal suerte que cualquier desconocimiento de ella acarrea las mismas y diferentes consecuencias, obligaciones y sanciones que repercuten para el autor material y directo del hecho.”
Folios 44 del expediente de tutela. Folio 47 el expediente de tutela. Folios 102-103 del expediente. Folio 233 del expediente de tutela. Folios 257 y 258 del expediente de tutela. Folios 259 y 260
El conocimiento del proceso correspondió en primera instancia le correspondió al Juzgado Sexto Administrativo de Medellín pero en virtud de las medidas de descongestión adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo No. PSAA16-10529 del 2016, dicho proceso fue remitido al Juzgado 41 Administrativo del Circuito de Bogotá. Sobre el particular, el Magistrado Ponente mantuvo una tesis diferente sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial que se puede consultar en los salvamentos y aclaraciones de voto que se hicieron en todas las acciones de tutela que conoció la Sección. Ver, por ejemplo, salvamento a la sentencia Magistrada Ponente: Dra. Susana Buitrago Valencia. Radicación: 11001031500020110054601. Accionante: Oscar Enrique Forero Nontien. Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, y otro. Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia. Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005. El salario mínimo certificado por el DANE para el 2018 ascendió a $781.242, por lo que $267.800.000 equivalen a 342.7 smlmv. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, Sentencia de 28 de noviembre de 2002, Rad.:

70001-23-31-000-1993-4561-01(12812), Actor: Luis Adolfo González Espinosa, Demandado: Nación –DAS, M.P. Ricardo Hoyos Duque. Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 142; Caso Zambrano Vélez y otros, supra nota 17, párr. 88, y Caso La Cantuta, supra nota 16, párr. 110. Cfr. Caso Myrna Mack Chang, supra nota 37, párr. 156; Caso La Cantuta, supra nota 16, párr. 115, y Caso Goiburú y otros, supra nota 23, párr. 89. Cfr. Caso Goiburú y otros, supra nota 23, párr. 89, y Caso La Cantuta, supra nota 16, párr. 115. CIDH. Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, sentencia de 12 de agosto de 2008. Consejo de Estado, Sección Quinta. Magistrada Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Rad. No. 11001-03-15-000-2015-01471-01. Accionante: Jaime Rodríguez Forero. Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “A”. Consejo de Estado, Sección Quinta. Magistrada Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Rad. No. 11001-03-15-000-2015-01471-01. Accionante: Jaime Rodríguez Forero. Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “A”. El conocimiento del proceso correspondió en primera instancia al Juzgado Sexto Administrativo de Medellín pero en virtud de las medidas de descongestión adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo No. PSAA16-10529 del 2016, dicho proceso fue remitido al Juzgado 41 Administrativo del Circuito de Bogotá. La Subsección B de la Sección Tercera en sentencia del 27 de septiembre del 2013, rad. 19939, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo, al resolver un caso de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario acudió a la flexibilización de los estándares probatorios en materia de prueba documental: “Puestas las cosas en los términos anteriormente señalados y tratándose, como en el presente caso, del deber de reparar integralmente a víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos y/o del derecho internacional humanitario, sean directas o indirectas, resulta indispensable aplicar el principio de equidad y, en consecuencia, flexibilizar el estándar probatorio. Es que las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, en un caso como el presente –en el que, además, como lo revelan los hechos y lo reconoce la sentencia de primera instancia, las autoridades en lugar de facilitar la búsqueda del desaparecido entorpecieron las labores de su madre y hermanos–, ocupan el lado más débil de la balanza así que, de conformidad con lo ordenado por el artículo 13 superior, requieren mayor soporte y protección. Se reitera en este lugar lo ya afirmado arriba y es que en estos casos los principios de verdad, de justicia y de reparación integral han sido catalogados como derechos fundamentales que rigen en virtud del ius cogens, por lo que no cabe alegar obstáculos de orden normativo interno para efectos de dificultar su realización”. Esta postura de flexibilización de los medios de prueba ante graves violaciones a los derechos humanos fue adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las siguientes sentencias: 15 de septiembre del 2005, caso Mapiripán vs. Colombia, párr. 73; sentencia del 24 de junio del 2005, caso Acosta Calderón vs. Ecuador, párr. 41; sentencia del 23 de junio del 2005, casto Yatama vs. Nicaragua, párr. 108; sentencia del 20 de junio del 2005, caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, 45; sentencia del 2 de julio del 2004, caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, párr. 57. Se remite a los siguientes pronunciamientos jurisprudenciales: sentencia del 6 de julio del 2009, caso Escher y otros vs. Brasil, párr. 127; sentencia del 29 de julio de 1988, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, párr. 135; sentencia del 28 de enero del 2009, caso Ríos y otros vs. Venezuela, párr. 98; sentencia del 3 de abril del 2009, caso Kawas Fernández vs. Honduras, párr. 95. Sentencia del 29 de julio de 1988, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, párr.

135.

Cfr. Organización de las Naciones Unidas, Asamblea General, 56 períodos de sesiones, Res. 56/83 (enero 28, 2002), Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, art. 2, pp. 9 a 10. Cfr. HYPERLINK "http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/478/00/PDF/N0147800.pdf?OpenElement" http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/478/00/PDF/N0147800.pdf?OpenElement (01/04/2016);
cfr. MONTEALEGRE LYNETT, Eduardo, “La responsabilidad internacional del Estado por el hecho de terceros”, Trabajo de posesión como miembro correspondiente de la Academia Colombiana de jurisprudencia, Bogotá, 1º de noviembre de 2007. Ver: HYPERLINK "http://www.acj.org.co/o/sist_info/?p=productsMore&iProduct=1279" http://www.acj.org.co/o/sist_info/?p=productsMore&iProduct=1279 (01/04/2016). Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, sentencia del 31 de enero del 2006, serie C, n.° 140, párr. 123-124; Caso Castillo González y otros vs. Venezuela, sentencia del 27 de noviembre del 2012, serie C, n.° 256, párr. 128-129; Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, sentencia del 27 de noviembre de 2008, serie C, n.° 192, párr. 78. Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Comentario General nº. 31, Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Parte en el Pacto, Documento CCPR/C/21/Rev.1/ Add.13, 26 de mayo de 2004. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de septiembre de 1997, rad. 10.140, M.P. Jesús María Carrillo Ballesteros. También ver la sentencia del 29 de mayo de 2014 de la Subsección B, Sección Tercera, rad. 30.377, M.P, Stella Conto Díaz del Castillo, en la que se absolvió al Estado porque no se acreditó la participación de agentes de la fuerza pública en la masacre de la Vereda La Fagua, Chía, ni se probó que los miembros de la comunidad que conocieron del riesgo de la realización de homicidios selectivos en dicha vereda entablaron denuncias o puesto en conocimiento de las autoridades esta situación ni tampoco que el atentado fuera previsible. Con fundamento en ese título de imputación se accedió a las pretensiones de los demandantes en sentencias de la Sección Tercera de 11 de diciembre de 1990, rad. 5.417, M.P. Carlos Betancur Jaramillo; 21 de marzo de 1991, rad. 5.595, M.P. Julio César Uribe Acosta; 19 de agosto de 1994, rad. 9.276 y 8.222, M.P. Daniel Suárez Hernández; 2 de febrero de 1995, rad. 9.273, M.P. Juan de dios Montes; 16 de febrero de 1995, rad. 9.040, M.P. Juan de dios Montes; 30 de marzo de 1995, rad. 9.459, M.P. Juan de dios Montes; 27 de julio de 1995, rad. 9.266, M.P. Juan de dios Montes; 6 de octubre de 1995, rad. 9.587, M.P. Carlos Betancur Jaramillo; 14 de marzo de 1996, rad. 11.038, M.P. Jesús María Carrillo Ballesteros; 29 de agosto de 1996, rad. 10.949, M.P. Daniel Suárez Hernández y 11 de julio de 1996, rad. 10.822, M .P. Daniel Suárez Hernández, entre muchas otras. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de diciembre de 2013, rad. 30.814, M.P. Danilo Rojas Betancourth. En este sentido, véase la sentencia el 11 de julio de 1996, rad. 10.822, M.P. Daniel Suárez Hernández, mediante la cual la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por la muerte del comandante de guardia de la cárcel del municipio de Cañasgordas (Antioquia) durante un ataque armado perpetrado por presuntos guerrilleros, aprovechando las deficientes condiciones de seguridad que presentaba el establecimiento carcelario. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de noviembre de 2008, rad. 20511, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Este fue el título de imputación a partir del cual se declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados a las víctimas de la toma del Palacio de Justicia. Al respecto, véanse, entre otras, las sentencias del 16 de febrero de 1995, rad. 9.040, M.P. Juan de Dios Montes; del 27 de junio de 1995, rad. 9.266, M.P.

Juan de Dios Montes; del 3 de abril de 1995, rad. 9.459, M.P. Juan de Dios Montes; y del 29 de marzo de 1996, rad. 10.920, M.P. Jesús María Carrillo. La sentencia del 12 de noviembre de 1993, rad. 8233, M.P. Daniel Suárez Hernández, responsabiliza al Estado por los daños causados con la destrucción de un bus de transporte público por parte de la guerrilla del ELN, en protesta por el alza del servicio de transporte entre los municipios de Bucaramanga y Piedecuesta (Santander). A juicio de la Sala, el daño es imputable a título de falla del servicio porque, aunque la empresa transportadora no solicitó protección a las autoridades, éstas tenían conocimiento que en esa región “el alza del transporte genera reacciones violentas de parte de subversivos en contra de los vehículos con los cuales se presta ese servicio público”. Ver igualmente: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de junio de 1997, rad. 11.875, M.P. Daniel Suárez Hernández. Este no es un acto típico de terrorismo; no obstante, esta fue la postura asumida por la Sección Tercera del Consejo de Estado al resolver la acción de reparación directa originada en la toma guerrillera a la base militar de Las Delicias en el departamento de Putumayo, sentencia de 25 de mayo de 2011, rad. 15.838, 18.075, 25.212 (acumulados). M.P. Jaime Orlando Santofimio.

Radicado: 11001-03-15-000-2018-02194-01
Actora: Gabriela Restrepo Pérez

PAGE \* MERGEFORMAT 20

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2019-00496-00
Actor: Gustavo Enrique González Polo

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.