Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-02263-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2018-02263-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-02263-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2018-02263-00
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez
21 de agosto de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / PRELACIÓN EN LA PRÁCTICA DE EMBARGOS SALARIALES SUCESIVOS / APLICACIÓN DE LA REGLA PRIMERO EN EL TIEMPO PRIMERO EN EL DERECHO / MATERIALIZACIÓN DEL EMBARGO DECRETADO – En el orden de llegada de las cautelas
Se advierte que la situación que generó el presente debate se produjo por la existencia de dos órdenes judiciales de retención de salario respecto de una misma persona, siendo el motivo de inconformidad de la accionante, la preferencia que se le dio a una de aquellas y que al tiempo impidió la materialización de la decretada a su favor, pues según alegó, esta fue puesta en conocimiento del pagador del funcionario gravado, antes de la cautela que fue efectivamente efectuada. Con fundamento en lo anterior aseveró que se desconoció el principio según el cual “primero en el tiempo primero en el derecho”. (…) Conforme a los presupuestos fácticos expuestos, de entrada, la Sala advierte que en el trámite motivo de controversia no se desconoció el debido proceso, pues la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto dio estricto cumplimiento a las normas que lo regulan, en el sentido de preferir el embargo del que tuvo conocimiento en primer lugar, a saber, el que le fue comunicado el 4 de mayo de 2018, y asignar el turno número uno al que le fue informado el 10 siguiente, condicionando la materialización de este último al pago de la primera deuda, dada la imposibilidad de hacer concurrir las cautelas, so pena de exceder el monto máximo de retención salarial para asegurar una obligación civil. Así las cosas, la actuación desplegada por el pagador del funcionario objeto de la medida, lejos de incurrir en un proceder contrario a las reglas de preferencia de créditos en caso de embargos sucesivos en materia salarial, lo que en realidad hizo fue acogerlas de manera íntegra, al respetar el orden en su aplicación y el límite impuesto por el legislador, adicionalmente se observa que, mediante las respuestas emitidas a las varias peticiones de la beneficiaria de la garantía que quedó pendiente, explicó las razones de su proceder, las que se insisten, están ajustadas a derecho.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-02263-00 (AC)
Actor: NELLY PATRICIA RAMOS HERNÁNDEZ
Demandado; CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, EL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE PASTO Y LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PASTO
La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Nelly Patricia Ramos Hernández, por intermedio de apoderado judicial, en contra del Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Consejo Seccional de la Judicatura de Pasto y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto, por la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, como consecuencia de la delantera inscripción de un embargo radicado con posterioridad al auto que ordenó una medida cautelar de igual naturaleza a su favor, situación que impidió el registro de la suya.
EL ESCRITO DE TUTELA.
Para una mejor comprensión del asunto, la Sala se permite resumir de la siguiente forma los supuestos fácticos y jurídicos planteados por la parte demandante:
La accionante relató que, en el Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá cursa el proceso ejecutivo 2018-141, que adelanta en contra de un funcionario judicial, sostuvo que, al interior de aquel, a través de auto de 25 de abril de 2018, se decretó el embargo y retención de la quinta parte del excedente del salario del apremiado.
Manifestó que el juez de la ejecución expidió el oficio 00610 de 25 de abril de 2018, mediante el cual “ordenó al PAGADOR DE LA RAMA JUDICIAL proceder a practicar la medida cautelar de conformidad con el artículo 593 del Código General del proceso”, por lo que al día siguiente su abogado radicó tal documento “ante la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA”.
Sostuvo que el 3 de mayo de 2018 “la Directora Administrativa de la División de Tesorería de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, envío el Oficio 000610 al Director Seccional de Administración Judicial de Pasto-Nariño, informando la medida cautelar de embargo y retención”.
Manifestó que, como la medida no se registraba, el 6 de junio de 2018 presentó petición “ante el PAGADOR DE LA RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA” encaminada a obtener información relacionada con la práctica de aquella, razón por la cual, el 26 de junio de 2018, la directora de tesorería de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial envió un comunicado al Director Seccional de Administración Judicial de Pasto, pidiéndole que informara sobre las actuaciones desplegadas para el efecto.
Narró que frente a la anterior solicitud, la requerida informó que como el salario del ejecutado estaba gravado con el embargo ordenado “en el proceso mixto 2017-00530 proveniente del Juzgado Quinto Civil Municipal de Pasto, radicado en nuestra dependencia el día 4 de mayo de 2018”, la medida preventiva dispuesta a favor del señor Ramos Hernández “quedó pendiente de ingreso a nómina en el turno de cada uno”.
Que, en vista de lo anterior, su abogado radicó 2 dos peticiones una “ante el PAGADOR DE LA RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL (20 de junio de 2018) y otro ante el CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE PASTO (21 de junio de 2018), solicitándole que corrijan el gravísimo error cometido al haber dado prelación a un embargo radicado el 4 de mayo, cuando sabían perfectamente que se había decretado otro embargo con anterioridad, el día 26 DE ABRIL DE 2018, a favor de NELLY PATRICIA RAMOS”.
Sostuvo que dicha solicitud fue atendida el 26 de junio de 2018, por la Coordinadora del Área de Talento Humano de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto, “con absoluto desacierto jurídico dando a entender que las seccionales funcionan de manera independiente y autónoma respecto de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL (…), olvidando que los recursos que financian la RAMA JUDICIAL tanto en funcionamiento y personal, se desprenden del fisco de la Nación y no de los recursos regionales de Pasto-Nariño”.
De otro lado, señaló que la directora administrativa de la división de tesorería de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, le envió “un comunicado al director Seccional de Administración Judicial de Pasto, pidiéndole que dé una explicación y que proceda a aclarar el tema”.
En ese orden, la tutelante hizo consistir la vulneración del debido proceso, en la inscripción de otra cautela con antelación a la decretada a su favor, pese a que la suya fue comunicada al pagador del embargado, mucho antes de la que efectivamente se práctico, en otros términos, su inconformidad deviene de la omisión por parte de las accionadas, de la regla según la cual “primero en el tiempo primero en el derecho”, ya que si la hubieran observado su embargo sería el vigente y no el que está pendiente de ingreso a nómina.
Pretensión.
Como consecuencia de lo anterior, la parte actora solicitó “REVOCAR la inscripción y práctica del embargo del Oficio 833 radicado en la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto el día 4 de mayo de 2018 proveniente del Juzgado 5 Civil Municipal de Pasto, y en su lugar, ORDENAR la práctica del embargo del Oficio 000610 radicado con anterioridad en la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial el día 26 de abril de 2018, proveniente del Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá D.C a favor de NELLY PATRICIA RAMOS HERNÁNDEZ”.
Asimismo pidió a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto “que todas las sumas de dinero que hayan sido descontadas del salario del Magistrado Édgar Guillermo Cabrera Ramos, en virtud del Oficio de embargo proveniente del Juzgado 5 Civil Municipal de Pasto, pasen a la cuenta de Depósitos Judiciales del Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá D.C en virtud de que el Oficio de embargo proveniente de este Juzgado en favor de Nelly Patricia Ramos Hernández, se radicó primero y con anterioridad en la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial”.
ACTUACIÓN PROCESAL DE INSTANCIA.
Mediante auto de 10 de julio de 2018, la Magistrada Ponente del asunto admitió la acción de tutela de la referencia, y ordenó notificar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Dirección Seccional de Pasto de Administración Judicial y Consejo Seccional de la Judicatura de Pasto en calidad de accionadas; asimismo, al Juzgado Quinto Civil Municipal del Pasto y Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogotá, como terceros interesados, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 y concordantes del Decreto 2591 de 1991.
INFORMES RENDIDOS EN EL PROCESO
El Juzgado Quinto Civil Municipal de Pasto
El Juez titular del Despacho confirmó que, mediante auto de 22 de febrero de 2018, decretó las medidas cautelares solicitadas dentro del proceso ejecutivo iniciado en contra de un funcionario judicial, entre estas, “el embargo y retención de la quinta parte que exceda el salario mínimo mensual legal vigente que perciba Edgar Guillermo Cabrera Ramos”, el cual fue comunicado al tesorero pagador de la Rama Judicial mediante Oficio 822 de 05 de marzo de 2018, no obstante, aclaró que en el plenario no obraba prueba del recibido, por lo que desconocía si fue materializado y en qué fecha se radico dicho oficio
El Consejo Superior de la Judicatura
Precisó que la práctica del embargo y retención del salario devengado por un funcionario judicial, vinculado a la seccional de Pasto, no es de su competencia sino de la Dirección Seccional de Administración Judicial de la referida ciudad, razón por la cual solicitó su desvinculación del presente trámite.
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Pasto-Nariño
Explicó que el 4 de mayo de 2018 fue radicado en sus dependencias el oficio 833 de 5 de marzo de 2018, proferido dentro del proceso 2017-00530 que cursa en el Juzgado Quinto Civil Municipal de Pasto, en el que se transcribe lo resuelto en el auto de 22 de febrero de 2018 y que decreta el embargo y retención de la quinta parte que exceda el salario mínimo mensual vigente que percibe el funcionario Edgar Guillermo Cabrera Ramos como empleado de esa entidad.
Señaló que el 10 de mayo de 2018 recibió el Oficio DEAJPRO18-2298, a través del cual la directora administrativa de la División de Tesorería de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial le remitió por competencia y para el respectivo registro, el oficio 00610 de 25 de abril de 2018, proferido por el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogotá, dentro del proceso ejecutivo singular No. 2018-00141, decretando el embargo y retención de la quinta parte del excedente del salario mínimo del funcionario en mención.
Con base en las referidas fechas de recepción de los aludidos oficios, afirmó que atendiendo a la regla según la cual los embargos deben ser registrados en orden de llegada, el Área de Talento Humano ingresó la novedad en nómina correspondiente a la orden del Juzgado Quinto Civil Municipal de Pasto, por ser la primera que recibió la entidad y por lo tanto dejando pendiente el turno número uno a la mediada proveniente del Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogotá, objeto de controversia.
Conforme a las actuaciones relatadas, afirmó que “salvo mejor criterio el actuar de esta instancia Administrativa se encuentra ajustado a la ley” de manera que lejos de vulnerar el derecho al debido proceso de la accionante ha procurado dar estricto cumplimiento al principio que reza “primero en el tiempo primero en el derecho”, pero tomando como fechas de referencia las radicaciones de las órdenes de embargo en esa Seccional “pues conforme a la Ley 270 de 1996 es la encargada de dar trámite a las mentadas solicitudes al tratarse de un Funcionario Judicial que pertenece a” esa la planta de personal”.
Área de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pasto-Nariño
Luego de reiterar las fechas en las que recibió uno y otro oficio de embargo, señaló que atendiendo la regla según la cual la inscripción de las cautelas procede en orden de llegada, procedió a reportar la novedad contenida en el primer memorial que recibió, este es, el proveniente del Juzgado Quinto Civil Municipal de Pasto.
Consejo Seccional de la Judicatura de Pasto Nariño
Indicó que “una vez el doctor Carlos Iván Moreno Machado, radicó en las instalaciones de esta Corporación copia del derecho de petición de que se radique y practique el embargo librado dentro del proceso ejecutivo que adelanta por demanda instaurada en nombre y representación de la señora Nelly Patricia Ramos Hernández” lo re direccionó a la Dirección Ejecutiva Seccional, por ser a la cual estaba dirigido.
Agregó que la referida autoridad atendió el petitorio en comento, así concluyó que no evidenciaba vulneración alguna a los derechos de la actora por lo que solicitó se negara la pretensión de amparo.
CONSIDERACIONES
Atendiendo a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) competencia para conocer del asunto; ii) la determinación del problema jurídico; iii) la embargabilidad de los salarios y prestaciones sociales y iv) la solución del caso concreto.
Competencia para conocer del asunto
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para conocer de la presente solicitud de tutela ejercida contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Consejo Seccional de la Judicatura de Pasto y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto, en virtud de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, referente a las reglas de reparto de esta acción constitucional.
Problema Jurídico
En el presente asunto el problema jurídico consiste en determinar si: ¿se vulnera el derecho al debido proceso de la actora al no haberse practicado la medida cautelar decretada a su favor, como consecuencia de la prevalencia que se le dio otro embargo, supuestamente, posterior al ella?
De la embargabilidad del salario
Respecto de la embargabilidad de los salarios de los empleados públicos, el Decreto 3135 de 1968 “por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales”, establece en su artículo 12 lo siguiente:
“Los habilitados cajeros y pagadores no pueden deducir suma alguna de los sueldos de los empleados y trabajadores sin mandamiento judicial o sin orden escrita del trabajador, a menos que se trate de cuotas sindicales, de previsión social, de cooperativas o de sanción disciplinaria conforme a los reglamentos.
No se puede cumplir la deducción ordenada por el empleado o trabajador cuando afecte el salario mínimo legal o la parte inembargable del salario.
Es embargable hasta la mitad del salario para el pago de las pensiones alimenticias de que trata el artículo 411 del Código Civil y de las demás obligaciones que para la protección de la mujer o de los hijos establece la ley. En los demás casos, sólo es embargable la quinta parte del exceso del respectivo salario mínimo legal".
Así mismo, el Decreto 1848 de noviembre 4 de 1969, “por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968”, en su artículo 96 prevé:
"Artículo 96.- 1. Es embargable hasta la mitad del salario para el pago de las pensiones alimenticias que se deban conforme a lo dispuesto en el artículo 411 del Código Civil, lo mismo que para satisfacer las obligaciones impuestas por la ley para la protección de la mujer y de los hijos.
2. En los demás casos, solamente es embargable la quinta parte de lo que excede del valor del respectivo salario mínimo legal” (Subrayas fuera del texto).
Bajo esta óptica es posible concluir que los salarios de los empleados públicos, incluidos los funcionarios de la Rama Judicial, son embargables hasta la quinta parte del exceso del respectivo salario mínimo.
Aunado a lo anterior el artículo 35 del Decreto 546 de 1971 "Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, del Ministerio Público y sus familiares", dio un trato especial a las obligaciones alimentarias y las adquiridas con cooperativas legalmente constituidas, estableciendo respecto de aquellas la posibilidad de que el embargo comprenda hasta el 50% del salario o prestación, para asegurar su cumplimiento.
En ese orden, por regla general únicamente habrá lugar a retenerse como garantía de una acreencia la quinta parte del excedente del salario mínimo legal, salvo que la cautela se constituya para garantizar deberes alimentarios o deudas a favor de cooperativas, casos en los cuales aquella podrá cubrir hasta el 50% del salario o prestación respectiva.
De las citadas normas es posible clasificar el tipo de deudas sobre las que procede el embargo del salario o prestaciones, en dos grandes grupos:
1. Las que se generan por incumplir la obligación legal de alimentos y aquellas que se ocasionan por deberes adquiridos con Cooperativas, como puede ser por préstamos o aportes de sostenimiento. Hipótesis en los cuales el embargo puede comprender hasta el 50% del salario o prestación respectiva, y
2. Las generales, es decir, todos aquella no encajen en la anterior clasificación, frente a los cuales al juez le es dable embargar sólo hasta la quinta parte de lo que exceda el Salario Mínimo Mensual.
Ahora, en relación con el proceder frente a los embargos sucesivos que puedan presentarse sobre un mismo salario Ley 79 de 1988 en su artículo 144, señaló al referirse a la práctica de la medida para garantizar el pago de las obligaciones adquiridas con un cooperativa que estas “tendrán prelación sobre cualquier otro descuento por obligaciones civiles, salvo las judiciales por alimentos”.
Luego el artículo 9 de la Ley 1391 de 2010, señaló que: “El orden de prelación en que se aplicarán las retenciones y entrega de dineros, cuando la misma persona natural o jurídica deba efectuar dos o más retenciones respecto del mismo trabajador, jubilado o pensionado, en favor de varias de las entidades solidarias titulares de este beneficio, se establecerá a partir del principio general del derecho de que la primera en el tiempo será la primera en el derecho”, (subrayado fuera del texto), principio que hoy recoge la Ley HYPERLINK "http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1527_2012.htm" \l "Inicio" 1527de 2012.
Conforme a lo anterior es factible concluir que los embargos judiciales por deudas alimentarias a las que hace alusión el artículo 411 del Código Civil (y demás normas concordantes), tiene prevalencia sobre las deducciones por concepto de deudas a favor de las cooperativas, tal como lo dispuso la legislación antes señalada, que buscó establecer las reglas que fijan el orden y la forma en que deben pagarse los créditos en determinada materia. No obstante se aclara que cuando se trata de obligaciones civiles distintas a las relacionadas con alimentos, los descuentos a favor de las cooperativas, por mandato del citado artículo 144, tienen prelación sobre ellas.
Sobre el particular señaló la Corte Constitucional lo siguiente:
“Conforme a la normativa, le asiste al empleador una obligación legal, clara y ligada indisolublemente al respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores, y es la de priorizar y computar los descuentos que le aplicará a los salarios de los trabajadores, por una parte, los que tienen origen en una orden judicial según las reglas de prelación de créditos que el juez señale en el oficio de embargo y, por otra parte, los autorizados expresamente por el trabajador. Para todos el empleador debe tener en cuenta, (i) el orden de llegada, es decir, corresponde aplicar el primer descuento ordenado judicialmente o autorizado por el trabajador, según las reglas de prelación de créditos, y los demás, deben esperar su turno hasta el pago de la primera deuda, y así sucesivamente; (ii) la aplicación de los descuentos no deberá afectar el derecho fundamental al mínimo vital del trabajador, cuando se confronte casos de trabajadores en los que el salario constituye la única fuente de subsistencia y la de su núcleo familiar a cargo” (subrayado fuera del texto).
En ese sentido la actuación del pagador frente al cual se presenten sucesivas órdenes de embargo sobre el mismo trabajador, se rige bajo los siguientes presupuestos:
Ante la presencia de varios créditos sin prelación, es decir, los que se clasificaron como generales, se aplica la premisa de "primero en el tiempo, primero en el derecho", de manera que el primer embargo que sea notificado al pagador será el practicado, y si llegaré a quedar un remanente, esto es, que el monto de la cautela esté por debajo de la quinta parte que exceda el salario mínimo mensual vigente, respecto de aquel se aplicará el segundo embargo y sucesivamente.
Si la cautela se expidió por virtud de una deuda con preferencia, esto es, en razón de obligaciones alimentarias insolutas o aquellas adquiridas con cooperativas, se aplicará siempre por encima de cualquier otra y sin importar el orden de llegada la medida destinada a asegurar el debito alimentario que puede ser de hasta el 50% del salario, si este no es el caso, entonces se le dará prioridad a la cautela que asegure la satisfacción de los créditos adquiridos con cooperativas, que tiene el mismo límite, si son varias de esta clase de materializa la primera en notificarse.
Solución al caso concreto
Conforme a los supuestos fácticos expuestos en la demanda, la señora Nelly Patricia Ramos Hernández estima vulnerado su derecho fundamentale al debido proceso, al considerar que la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto practicó, preferentemente, el embargo decretado por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Pasto, sobre el salario de uno de sus funcionarios, pese a que aquel fue notificado con posterioridad a la medida que de igual naturaleza dispuso el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogotá, a su favor, respecto de la asignación salarial del mismo trabajador.
En ese orden, se advierte que la situación que generó el presente debate se produjo por la existencia de dos órdenes judiciales de retención de salario respecto de una misma persona, siendo el motivo de inconformidad de la accionante, la preferencia que se le dio a una de aquellas y que al tiempo impidió la materialización de la decretada a su favor, pues según alegó, esta fue puesta en conocimiento del pagador del funcionario gravado, antes de la cautela que fue efectivamente efectuada. Con fundamento en lo anterior aseveró que se desconoció el principio según el cual “primero en el tiempo primero en el derecho”.
Así, teniendo en cuenta las consideraciones que preceden, en donde se dejó sentado que en caso de sucesivas solicitudes de retención salarial a una misma persona, la regla a seguir indica que debe dársele prevalencia a la orden que primeramente se notifique al pagador, salvo las excepciones ya explicadas, conviene reseñar las actuaciones relacionadas con la comunicación de ambas cautelas y la práctica de la ordenada por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Pasto.
En ese sentido, de la documental allegada al expediente y los hechos relatados tanto por la tutelante como por las accionadas, se observa que:
-El 4 de mayo de 2018, se radicó en la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto, el oficio 833 de 5 de marzo de 2018, a través del cual se comunicó el embargo y retención de la quinta parte que exceda el salario mínimo mensual vigente que perciba el señor Edgar Guillermo Cabrera Ramos como magistrado del Tribunal Administrativo de Nariño, decretado por el Juzgado Quinto Civil Municipal de esa ciudad para que el tesorero pagador realizara las retenciones del caso y las depositara a órdenes del referido juzgado, teniendo como límite la suma de $72.859.000.
-El 10 de mayo de 2018, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto recibió el oficio DEAJPRO18-2298 del día 3 de los mismos mes y año, mediante el cual la Directora Administrativa de la División de Tesorería de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial remitió por competencia y para el respectivo registro el oficio 00610 del 25 de abril de 2018, el cual fue presentado ante esa entidad el 26 de abril de 2018.
-A través del referido documento, el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito informó del embargo y retención de la quinta parte del excedente del salario que devengue el señor Édgar Guillermo Cabrera Ramos como magistrado del Tribunal Administrativo de Nariño, dispuesto dentro del ejecutivo singular que se adelanta en su contra por la tutelante.
-El Área de Talento Humano de la Dirección Seccional de Pasto ingresó la novedad relativa a la retención ordenada por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Pasto, la cual, se reitera, le fue comunicada al pagador el 4 de mayo de 2018, por lo que dejó pendiente en el turno número 1 la garantía prescrita por el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogotá, precisando que una vez estuviera asegurada la deuda que dio lugar al embargo que está vigente, practicaría el que le sigue, en tanto, el actual comprendeme el monto máximo previsto en la ley, es decir, la quinta parte del excedente del salario mínimo del funcionario gravado.
Conforme a los presupuestos fácticos expuestos, de entrada, la Sala advierte que en el trámite motivo de controversia no se desconoció el debido proceso, pues la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto dio estricto cumplimiento a las normas que lo regulan, en el sentido de preferir el embargo del que tuvo conocimiento en primer lugar, a saber, el que le fue comunicado el 4 de mayo de 2018, y asignar el turno número uno al que le fue informado el 10 siguiente, condicionando la materialización de este último al pago de la primera deuda, dada la imposibilidad de hacer concurrir las cautelas, so pena de exceder el monto máximo de retención salarial para asegurar una obligación civil, previsto en las normas relacionadas en el acápite de las consideraciones.
Así las cosas, la actuación desplegada por el pagador del funcionario objeto de la medida, lejos de incurrir en un proceder contrario a las reglas de preferencia de créditos en caso de embargos sucesivos en materia salarial, lo que en realidad hizo fue acogerlas de manera íntegra, al respetar el orden en su aplicación y el límite impuesto por el legislador, adicionalmente se observa que, mediante las respuestas emitidas a las varias peticiones de la beneficiaria de la garantía que quedó pendiente, explicó las razones de su proceder, las que se insisten, están ajustadas a derecho.
Ahora, si bien el abogado de la ejecutante, actualmente tutelante, el 26 de abril de 2018 radicó el oficio que comunicaba de la cautela en mención a su favor de su representada, ello ocurrió ante el Consejo Superior de la Judicatura, el cual carece de competencia para practicarlo, razón por la que tal fecha de presentación no puede ser tenida en cuenta.
Repárese en que la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto, es la pagadora del funcionario embargado, como se infiere del numeral 2º del artículo 103 de la Ley 270, que dentro de las funciones asignadas a la cabeza de dicha división , le encarga la de “2. Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización”.
En consecuencia la eficacia de las retenciones salariales a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial está sujeta a la verificación por parte del interesado, de la seccional encargada de pagar el emolumento objeto de la caución, ello por la obvia razón de que solo esta tendrá la posibilidad de realizar la respectiva deducción, a contario sensu las solicitudes que en ese sentido se hagan a autoridades distintas de las encargadas de cancelar el salario al servidor judicial, no producirán resultado alguno, porque se insiste no les sería factible aplicar el descuento, por no tener control sobre el concepto objeto de gravamen.
Bajo ese contexto, el orden de llegada de las cautelas se verifica a partir de la comunicación efectuada a la dirección seccional competente, en esos términos, para el caso concreto, la priorización se predica de la cautela radicada el 4 de mayo de 2018, es decir, la que ciertamente se realizó, razón por la cual es evidente que no se vulneró el derecho al debido proceso de la reclamante.
Se le recuerda al apoderado de la tutelante que esta senda excepcional tiene un carácter subsidiario y especial, que impide emplearla como mecanismo para subsanar las posibles falencia o yerros en los que haya podido incurrir la parte promotora, en los trámites de los que pretenda derivar la presunta vulneración, lo que se traduce, en que el mecanismo de amparo no está instituido para solventar los errores de los profesionales del derecho, menos aún cuando se les intenta presentar como un defecto atribuile a terceros, siendo evidente que la actuación que produjo la consecuencia indeseada, deriva de su propio proceder falto de diligencia.
En conclusión, esta Sala de decisión observa que las autoridades accionadas no incurrieron en la vulneración endilgada, debido a que la materialización del embargo ordenado por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Pasto, antes del decretado a favor de accionante, si se produjo como resultado de la aplicación de la regla “primero en el tiempo primero en el derecho”, que rige la materia objeto de debate.
De conformidad con todo lo expuesto, la Sala negará el amparo del derecho al debido proceso de la señora Nelly Patricia Ramos Hernández con ocasión de la acción de tutela por esta presentada, contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Consejo Seccional de la Judicatura de Pasto y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. NEGAR el amparo del derecho al debido proceso de la señora Nelly Patricia Ramos Hernández, dentro de la acción de tutela por ella presentada en contra del Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Consejo Seccional de la Judicatura de Pasto y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR esta providencia por telegrama o por el medio más expedito de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.
TERCERO. En acatamiento de las disposiciones del artículo 31 ibídem, DE NO SER IMPUGNADA dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER
El proceso de la referencia subió al Despacho con el informe de la Secretaría General de la Corporación el 3 de agosto de 2018, visible a folio 72 del expediente.
Fl. 1 a 13.
Fls. 25 vto.
Fl. 35
Fl. 38 a 40.
Fl. 42 a 45.
Fls. 49 y 50.
Fl 70.
“ Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia y a prevención, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto”.
Aplicable a los empleados y funcionarios de la Rama Judicial, por remisión expresa del artículo 32 del Decreto 1848 de 1969 “Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares”.
Sobre la interpretación de la referida regla ver sentencia la sentencia C-183 de 1999 que declaró la exequibilidad del artículo en mención y la Sentencia T-191/04.
"Por la cual se actualiza la Legislación Cooperativa".
“Por medio de la cual se modifica el Decreto-ley 1481 de 1989 y se dictan otras disposiciones”.
Sentencia T-168/16, CP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
dentro del ejecutivo mixto 2017-00530, adelantado por el Banco Pichincha en contra de aquel,
Folio 51 reverso.
Folio 32.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.