Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-02282-01
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Improcedencia de la acción de tutela contra providencia judicial: incumplimiento del requisito de subsidiariedad - Existencia…
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-02282-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2018-02282-01
Consejero ponente: César Palomino Cortés
21 de febrero de 2019
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Incumplimiento del requisito de subsidiariedad - Existencia de otro medio de defensa judicial / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD - En trámite - El accionante puede participar como coadyuvante de la parte demandada / PERJUICIO IRREMEDIABLE - Inexistencia / CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS - Suspensión convocatoria 429 de 2016 de la CNSC
[S]e observa que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante escrito radicado el 23 de mayo de 2018 , en su condición de parte demandada dentro del proceso de simple nulidad, presentó recurso de súplica contra el auto de 17 de mayo de 2018 que decretó la medida cautelar de suspensión provisional del concurso de méritos contentivo de la Convocatoria Nº 429 de 2016, el cual no se ha resuelto por esta Corporación, lo que significa que la suspensión provisional que recae sobre los Acuerdos CNSC 20161000001356 del 12 de Agosto de 2016, CNSC 20161000001406 del 29 de Septiembre de 2016 y la Resolución 2016010037205 del 18 de octubre de 2016, no se encuentra en firme, ya que está en trámite un recurso ordinario. Lo anterior, permite advertir que el proceso de nulidad no ha avanzado lo suficiente, al punto que aún no se ha adelantado audiencia inicial, por lo que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley 1437 de 2011 , el cual establece la figura de la coadyuvancia en los procesos de simple nulidad, la accionante tiene la posibilidad de participar en el proceso en el que se cuestiona la legalidad de los actos administrativos que regulan la Convocatoria Nº 429 de 2016, en calidad de coadyuvante de la parte demandada (…) Para la Sala, es evidente que la accionante cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, para obtener la protección de sus derechos, como es su intervención en el proceso de simple nulidad, a través del cual puede coadyuvar los argumentos de la Comisión Nacional del Servicio Civil y defender la legalidad de los actos administrativos que regulan la Convocatoria Nº 429 de 2016, con el fin preservar la normativa que le permita continuar con el proceso de selección.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 223 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 235
ACCIÓN DE TUTELA EN CONCURSO DE MÉRITOS - Convocatoria N 429 de 2016 de la CNSC / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN – Petición sin resolver por encontrarse suspendido el concurso de méritos
Del informe de tutela allegado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, se extrae que la [actora] presentó oportunamente su reclamación contra los resultados de la prueba funcional, sin embargo, no se dio respuesta a dicha petición, debido a la suspensión del concurso de méritos ordenada por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, mediante auto de 17 de mayo de 2018. Sin embargo, se debe destacar que la Comisión Nacional del Servicio Civil en su página web, publicó el Auto No. CNSC-20182110005664 de 21 de mayo 2018 , por medio del cual se acata la medida cautelar decretada por la Sección Segunda, Subsección “A” de esta Corporación, con lo que los participantes tuvieron la oportunidad de conocer dicha medida (…) la Sala considera que la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad de Pamplona no vulneraron el derecho de petición de la accionante, toda vez que resulta evidente la existencia de una situación jurídica que le impedía a las entidades emitir pronunciamiento de fondo al requerimiento de la actora, en virtud de la suspensión de los efectos de los actos administrativos que regulan la Convocatoria Nº 429 de 2016, decretada por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, a través del auto de 17 de mayo de 2018, por lo que tal situación no permitía continuar con las etapas el concurso de méritos. No obstante lo anterior, se debe aclarar que la resolución de la reclamación formulada por la actora quedó sujeta a la definición del trámite de nulidad simple que se encuentra en curso, por lo que en el evento en que la autoridad judicial accionada disponga levantar la medida cautelar o deniegue las pretensiones de nulidad invocadas por el Departamento de Antioquia contra los actos administrativos que regulan la Convocatoria Nº 429 de 2016, la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad de Pamplona quedan habilitadas para resolver el requerimiento planteado por la [actora] contra los resultados obtenidos en la prueba de competencias funcionales y comportamentales.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-02282-01(AC)
Actor: NURY DEL SOCORRO VILLA PATIÑO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
ACCIÓN DE TUTELA – Fallo de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada contra el fallo del 12 de diciembre de 2018 proferido por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, por medio del cual se declaró improcedente el amparo de tutela solicitado por la señora Nury del Socorro Villa Patiño.
ANTECEDENTES
La solicitud y las pretensiones
La señora Nury del Socorro Villa Patiño, en ejercicio de la acción de tutela, solicitó la protección de sus derechos fundamentales de acceso a cargos públicos, defensa, debido proceso y libertad de escogencia de trabajo y oficio, que estimó vulnerados por el Consejo de Estado – Sección Segunda - Subsección A, al proferir, los autos de 2 de febrero de 2017 y 17 de mayo de 2018, dentro del proceso de nulidad simple promovido por el Departamento de Antioquia contra la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Adicionalmente, la actora pidió el amparo de su derecho de petición presuntamente vulnerado por la Comisión Nacional del Servicio Civil y por la Universidad de Pamplona, al no emitir respuesta alguna a la reclamación formulada el 17 de mayo de 2018.
En amparo de los derechos fundamentales invocados, la parte actora solicitó:
“(…)1. Amparar los derechos expuestos en el escrito de esta acción de Tutela.
2. Que se me integre como parte de la Litis en este proceso.
3. Que se revoque de forma inmediata la medida cautelar decretada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el Auto de fecha 2 de febrero de 2017 de admisión de la demanda de nulidad (radicado 11001-03-25-000-2016-01071-00) contra la convocatoria 429 de 2016 presentada por el gobernador de Antioquia mediante apoderado judicial en contra del derecho al mérito en el empleo público, en tanto afecta mi derecho a participar por un empleo público en la Alcaldía de Medellín.
4. Que se le exija a la Comisión Nacional del Servicio Civil y a la Universidad de Pamplona la REVISIÓN CLARA y MINUCIOSA DE MI PRUEBA de COMPETENCIAS FUNCIONALES y COMPORTAMENTALES al empleo al que accedí, Nº Empleo 44789 profesional universitario, código 219, código de inscripción 55131051, que se me reintegre al concurso toda vez que se encuentran irregularidades en la calificación de mi prueba de Competencias Funcionales y Comportamentales, me causa duda la nota enviada por la Universidad de Pamplona en mi examen, de un lado me sentí más segura en la prueba de Competencias Funcionales donde me enviaron una nota de 28.6 puntos, a diferencia de la prueba de Competencias Básicas en la cual saque 82 puntos.
5. En la citación dada por la Universidad de Pamplona para revisar las pruebas FUNCIONALES y COMPORTAMENTALES, la cual anexo, identifique campos y numeraciones corridas, sin número y sin letras, lo óvalos de relleno estaban totalmente corridos y destazados en la hoja que me entregaron, le informe al coordinador de salón y de la logística de revisión de la prueba y su respuesta era que yo tenía razón que no entendían la HOJA DE RESPUESTA DE MI PRUEBA porque estaba totalmente ILEGIBLE y que no había manera de revisarla, que ni ellos mismos lograban entender nada.
6. Solicitó se exija la respuesta de mi RECLAMACIÓN que le realice, a la Comisión Nacional del Servicio Civil y a la Universidad de Pamplona, a la fecha no se me ha dado respuesta la cual realice un día después de la citación que me enviaron para que revisará la prueba de Competencias Funcionales y Comportamentales, la cual les envíe el 17 de mayo de 2018.
7. Que como consecuencia de lo anterior, se dé continuidad efectiva a la convocatoria 429 de 2016, con el objeto de que, no solamente se ofrezca debida respuesta a las reclamaciones aún pendientes de resolver, sino que se continúe con la etapa de valoración de antecedentes y publicaciones de listas de elegibles para la provisión de los cargos de esta convocatoria (…)”.
Los hechos y las consideraciones del accionante
La accionante expuso como fundamento de su solicitud los hechos que se resumen a continuación:
Indico que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante la Convocatoria 429 de 2016, regulada por el Acuerdo CNSC 20161000001356 del 12 de agosto de 2016, convocó a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de carrera administrativa de algunas entidades públicas del Departamento de Antioquia.
Señaló que se inscribió en la Convocatoria 429 de 2016, para el cargo de profesional universitario, grado 2, código 219, perteneciente a la planta de personal de la Alcaldía de Medellín.
Expresó que el 4 de marzo de 2018 realizó el examen de competencias básicas, funcionales y comportamentales, cuyos resultados se publicaron el 23 de marzo de 2018, en los cuales obtuvo una calificación de 82 puntos en la prueba básica general y, el 27 de abril de 2018, se dieron a conocer las resultas de la prueba básica funcional, en la que se le asignó un puntaje de 28.06, por lo que fue excluida del concurso de méritos.
Sostuvo que el 17 de mayo de 2018, dentro del término previsto en el Acuerdo CNSC 20161000001356 del 12 de agosto de 2016, presentó la reclamación contra los resultados de la prueba de competencias básicas, funcionales y comportamentales, la cual no ha sido decidida por la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad de Pamplona.
Informó que el concurso de méritos tiene un avance evaluado del 80%, correspondiente a las pruebas presentadas por los aspirantes y queda pendiente el 20% asignado a la verificación de antecedentes, previa publicación de la lista de elegibles, por lo que se han adelantado muchas epatas, en las que se han invertido 2 años y 4 meses aproximadamente.
Afirmó que el Departamento de Antioquia en ejercicio del medio de control de nulidad simple, solicitó la nulidad y suspensión provisional de: (i) los Acuerdos CNSC 20161000001356 del 12 de agosto de 2016 y CNSC 20161000001406 del 29 de septiembre de 2016, suscritos por el presidente de la CNSC, (ii) la Resolución 20162010034365 del 28 de septiembre de 2016, que resolvió la solicitud de revocatoria directa interpuesta contra el primero de los acuerdos mencionados, y (iii) la Resolución 2016010037205 del 18 de octubre de 2016, mediante la que el Departamento de Antioquia dispuso el recaudo de recursos para financiar el concurso.
Dijo que el proceso correspondió al Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A, que, mediante providencia de 2 de febrero de 2017 admitió la demanda y, posteriormente, con auto del 17 de mayo de 2018, decretó la suspensión provisional de los Acuerdos CNSC 20161000001356 de 2016 y CNSC 20161000001406 de 2016, y de la Resolución 2016010037205 de 2016, argumentando que la CNSC había iniciado el concurso de manera unilateral, y sin tener en cuenta la realidad financiera de las entidades. Así mismo, en esta última decisión, denegó la suspensión de la Resolución 20162010034365 de 2016.
Manifestó que las providencias proferidas por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, desconocen su derecho a participar por un empleo público en la Alcaldía de Medellín y los principios de la buena fe y confianza legítima, pues cuando se inscribió en el concurso consideró “que asistía a una convocatoria en la que se iba a respetar sus derechos y expectativas como participante”, lo que además, resulta contrario a lo dispuesto en las sentencias T-147 de 2013 y T-682 de 2016.
Relató que la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad de Pamplona vulneraron su derecho de petición, porque no han dado respuesta de fondo a la reclamación que presentó el 17 de mayo de 2018 por el resultado obtenido en la prueba de competencias funcionales y comportamentales, en la cual cuestionó la calificación y puso en conocimiento las irregularidades ocurridas durante el examen, relativas a la hoja de respuestas que se le entregó, que resultaba ilegible. Lo cual impide que pueda continuar con las demás etapas del proceso de selección y su expectativa de ocupar un cargo público.
Adujo que, de acuerdo con las declaraciones realizadas ante los medios de comunicación por algunos miembros de Concejo de Medellín, lo que pretende el Departamento de Antioquia al interponer la demanda de nulidad simple contra los actos administrativos del concurso de méritos es mantener la provisionalidad de los funcionarios que se encuentran actualmente ocupando los cargos ofertados.
Agregó que la Corte Constitucional, en sentencia T-147 de 2013 señaló que las personas que ocupan en provisionalidad cargos de carrera administrativa no tienen la misma estabilidad laboral de quienes han superado los concursos de méritos, por ende sus derechos se restringen únicamente a la motivación del acto que dispone el retiro, como garantía de los derechos de defensa y contradicción.
Trámite procesal
El Consejo de Estado – Sección Cuarta mediante auto de 10 de agosto de 2018 admitió la demanda, ordenó la notificación a la autoridad accionada, es decir, el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y puso en conocimiento el escrito de tutela a los terceros interesados en las resultas del proceso, esto es, el Departamento de Antioquia, la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Universidad de Pamplona y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Informe de las entidades accionadas
4.1 El Departamento de Antioquia solicitó que se niegue el amparo de tutela, con fundamento en lo siguiente:
Señaló que el departamento le solicitó a la Comisión Nacional del Servicio Civil la revocatoria directa del Acuerdo CNSC 20161000001356 de 2016, con fundamento en el concepto del 19 de agosto de 2016, emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que señaló que la CNSC no tiene competencia para convocar de forma autónoma y unilateralmente los concursos públicos de méritos, ni para afectar el presupuesto de otras entidades, ni para cobrarles coactivamente los recursos que éstas tuvieran que destinar para esos procesos de selección. Sin embargo la CNSC, mediante Resolución Nº 20162010034365 de 28 de septiembre de 2016 negó la petición.
Relató que en virtud de lo anterior presentó demanda de nulidad simple contra los actos administrativos que buscaban proveer los empleos vacantes de carrera administrativa de las plantas de personal de las entidades públicas del Departamento de Antioquia, tomando como fundamento el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, que establece que la convocatoria al concurso debe ser suscrita por la CNSC y la entidad en la que se encuentren los cargos a proveer, pues se trataba de un deber que no se cumplió en el Acuerdo CNSC 20161000001356 de 2016, que no fue suscrito por los representantes legales de las entidades cuyos empleos se ofertaron en la Convocatoria Nº 429 de 2016.
Sostuvo que el departamento de Antioquia no pretende entorpecer la Convocatoria 429 de 2016 ni transgredir los derechos de los ciudadanos que se han postulado a las vacantes ofertadas en la Convocatoria 429 de 2016, teniendo en cuenta que fue presentada el 9 de noviembre de 2016 y para esa fecha no se había iniciado la etapa de inscripción de los aspirantes, pues la apertura de la misma se dio el 29 de noviembre de 2016.
4.2 El Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, mediante memorial de 23 de agosto de 2018, indicó que “la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para solicitar la vinculación procesal en los procesos ordinarios y, en segundo lugar, que la medida cautelar de suspensión provisional del proceso objeto de la presente tutela fue decidida mediante auto de fecha 17 de mayo de 2018, y actualmente se resolvieron las peticiones de aclaración y corrección, y los recursos de súplica interpuestos”.
4.3 La Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC solicitó que se niegue el amparo de tutela, con fundamento en lo siguiente:
Indicó que la señora Nury del Socorro Villa Patiño se inscribió a la Convocatoria Nº 429 de 2016, al OPEC Nº 44789, para el cargo de profesional universitario.
Afirmó que la actora obtuvo un resultado en la prueba básica general de 82 puntos y en la prueba básica funcional de 28,06 puntos, por lo que fue excluida de la convocatoria.
Señaló que la accionante, el 17 de mayo de 2018, dentro del término previsto en el acuerdo que regula la convocatoria, presentó una reclamación contra los resultados obtenidos en la prueba funcional, pero la misma no ha sido resulta debido a la suspensión de la convocatoria ordenada por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado.
Adujo que en cumplimiento de la referida orden judicial se suspendieron todas actividades inherentes a la convocatoria, lo que incluye la respuesta a las reclamaciones, la aplicación de la prueba de entrevista, la valoración de antecedentes, la publicación de resultados, la adopción y la conformación de las listas de elegibles, entre otras, por lo que dicha actuación fue debidamente informada a los participantes mediante aviso publicado en la página web de la entidad, a través del link: HYPERLINK "https://www.cnsc.gov.co/index.php/acciones-constitucionales-429-de-2016-antioquia" https://www.cnsc.gov.co/index.php/acciones-constitucionales-429-de-2016-antioquia.
Aseveró que la CNSC presentó recurso de súplica en contra del auto de 17 de mayo de 2018 dictado por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, que decretó la suspensión provisional del concurso de méritos, el cual se encuentra en trámite, por lo que aún no se tiene certeza por cuánto tiempo estará suspendida la convocatoria.
Por otra parte indicó que la CNSC no tiene dentro de sus competencias la obligación de notificar a los aspirantes o partes interesadas en el proceso de nulidad simple, toda vez que esto es un asunto que le corresponde a la autoridad judicial, que le compete comunicar en los términos de la Ley 1437 de 2011, para efectos de vincular a los terceros con interés.
4.3 La señora Ana Yolanda Pinto Correa, mediante escrito visible a folios 73 y 74 presentó solicitud de coadyuvancia en favor de la parte tutelante, argumentando que se inscribió en la convocatoria Nº 429 de 2016 para el cargo de Profesional Universitario Grado 20, en el cual obtuvo un puntaje de 90,92 en la prueba básica general, 81,56 en la prueba de competencias comportamentales y 91,75 en la prueba de competencias funcionales, lo que le permitió continuar en el concurso.
Señaló que en su condición de participante de la Convocatoria Nº 429 de 2016, con más del 80% del proceso adelantado y con serias expectativas en acceder al cargo para el cual se postuló, consideró que tiene le asiste un interés legítimo y fundado en el resultado del trámite constitucional, pues la acción de amparo está dirigida a levantar la suspensión del concurso, para que se continúe con el mismo, en procura de restablecer los derechos al mérito en el empleo público, al trabajo y la igualdad de los aspirantes.
4.4 La Universidad de Pamplona y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no se pronunciaron sobre los hechos y pretensiones expuestos en la demanda de tutela.
La providencia impugnada
El Consejo de Estado – Sección Cuarta, mediante sentencia de 12 de diciembre de 2018, negó la acción de tutela respecto del derecho de petición y declaró improcedente el amparo de tutela invocado por la señora Nury del Socorro Villa Patiño frente a las pretensiones elevadas contra el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, con fundamento en las siguientes razones:
Señaló que en el expediente de tutela se demostró que la accionante, el 17 de mayo de 2018 presentó reclamación ante la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad de Pamplona, cuestionando los resultados obtenidos en la prueba de competencias funcionales y comportamentales.
Indicó que de acuerdo con el informe allegado por la CNSC al trámite constitucional se constató que no se ha emitido respuesta a la tutelante, teniendo en cuenta que la convocatoria Nº 429 de 2016 fue suspendida a través de una medida cautelar decretada por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, dentro de la acción de simple nulidad con radicado Nº 11001032500020160107100, promovida por el Departamento de Antioquia contra los actos administrativos que convocaron a concurso de méritos para proveer los empleos vacantes de la planta de personal de las entidades públicas del departamento.
Adujo que de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Nº CNSC 20161000001356 de 12 de agosto de 2016, que regula la Convocatoria Nº 429 de 2016, los concursantes pueden interponer reclamaciones, con el fin de controvertir los resultados obtenidos en las pruebas que se les hayan practicado, a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad – SIMO, como una garantía de su derecho de defensa y contradicción.
No obstante lo anterior precisó que en el caso concreto la CNSC y la Universidad de Pamplona no vulneraron el derecho de petición de la actora, pues en virtud de la suspensión del concurso de méritos (Convocatoria Nº 429 de 2016) decretada por el Consejo de Estado, no era posible resolver las reclamaciones presentadas por los participantes frente a los resultados obtenidos, ya que, esto hace parte de la etapa de aplicación de pruebas, por consiguiente, se encuentra suspendida provisionalmente mientras se resuelve el trámite de nulidad simple que se encuentra en curso.
Resaltó que que la CNSC publicó en su página web el Auto No. CNSC-20182110005664 de 21 de mayo 2018, por medio del cual se acata la medida cautelar decretada por el Consejo de Estado - Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación, por lo que los participantes tuvieron la oportunidad de conocer dicha medida.
Por otra parte, afirmó que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de subsidiariedad, pues la pretensión de dejar sin efectos los autos de 2 de febrero de 2017 y 17 de mayo de 2018, respectivamente, que admitió la demanda y decretó la medida suspensión provisional del concurso de méritos (Convocatoria Nº 429 de 2016), fueron proferidos por el Consejo de Estado – Sección Segunda - Subsección A, dentro de un proceso de nulidad simple promovido por el Departamento de Antioquia contra la Comisión Nacional del Servicio Civil, cuyo trámite se encuentra en curso.
Precisó que el proceso ordinario está activo y, por ende, la accionante tiene la posibilidad de participar como coadyuvante de la parte demandada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 223 del CPACA, el cual establece que quienes acrediten tener interés legítimo podrán participar como coadyuvantes del demandante o del demandado, dentro del medio de control de nulidad simple, desde la admisión de la demanda y hasta en la audiencia inicial, donde podrá efectuar de forma independiente todos los actos procesales permitidos a la parte a la que ayuda, siempre y cuando no se oponga a sus intereses, como lo ha reiterado esta Corporación.
Agregó que, de conformidad con lo previsto en el artículo 235 del CPACA, el demandado o el afectado tiene la posibilidad de solicitar el levantamiento, modificación o revocatoria de la medida cautelar decretada dentro de dicho trámite judicial.
Adujo que por las condiciones fácticas y jurídicas del caso concreto, no era posible a través de esta acción constitucional ordenar la vinculación de la actora al trámite de nulidad simple pues dispone de otros instrumentos jurídicos idóneos y eficaces para acudir al proceso ordinario, toda vez que nada le impide que se presente al mismo en calidad de coadyuvante.
Resaltó que la decisión de decretar la suspensión de los actos administrativos demandados fue proferida de acuerdo con las facultades que el inciso 1º del artículo 229, del CPACA, le otorga a las autoridades judiciales, para decretar las medidas cautelares que considere necesarias con el fin de proteger y garantizar provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, tales como, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, la suspensión de un procedimiento o actuación administrativa y ordenar la adopción de una decisión administrativa, entre otras (art. 230 CPCA).
Aseveró que en el proceso de nulidad simple, el Consejero Ponente dispuso suspender los actos administrativos de la Convocatoria Nº 429 de 2016, porque constató que dichos actos fueron proferidos “con vulneración de la norma en que debería fundarse, ordinal 1° del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, y con desconocimiento de las formalidades propias de los actos complejos”, pues el CNSC no tiene “la facultad de llevar a cabo el procedimiento de manera unilateral y sin tener en cuenta las necesidades de la entidad y la realidad financiera que presenta, pues se reitera, la función establecida en el artículo 11 literal c) de la Ley 909 de 2004 debe interpretarse armónicamente con el ordinal 1.° el artículo 31 ibídem, por cuanto el cumplimento de ambas representa el acatamiento de los principios de coordinación y colaboración señalados en los artículos 113 y 209 de la Constitución Política de 1991”. Dicha argumentación comporta un análisis razonable del ordenamiento jurídico, que no impone la intervención inmediata y urgente del juez de tutela.
La impugnación
La accionante impugnó la sentencia del Consejo de Estado – Sección Cuarta, solicitando su revocatoria y que se acceda al amparo de tutela, con fundamento en las siguientes razones:
Señaló que no se da credibilidad, ni se resuelve en justica los argumentos expuestos en el escrito de tutela, pues la sentencia impugnada no accedió favorablemente a su derecho de petición, ni se pronunció sobre las irregularidades existentes en el resultado de las pruebas funcionales y comportamentales, desconociendo que el Consejo de Estado, debe garantizar la protección de sus derechos como participante de la convocatoria Nº 429 de 2016, pues el examen no se realizó de manera honesta, transparente e integral, ya que la hoja de respuestas que le suministraron no era legible y la calificación no fue la correcta, por ello acudió a la tutela, para que se subsanara la situación irregular suscitada en la revisión de la prueba, sin esperar la declaratoria de improcedencia de la acción constitucional.
Agregó que en la prueba de competencias básicas obtuvo una calificación de 82 puntos, mientras que en la funcional solo le dieron 28.06 puntos, lo cual es ajeno a la realidad, porque en esta última tuvo una mejor actuación, por ello estimó que no fue bien calificada, siendo merecedora de una recalificación que le permita revisar las respuestas dadas en cada uno de los puntos.
CONSIDERACIONES
Competencia.
La Sala es competente para conocer la impugnación interpuesta contra el fallo de primera instancia en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, el cual reglamenta la acción de tutela.
Problema jurídico
La Sala debe decidir si se confirma, la decisión de primera instancia proferida por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, que negó el amparo del derecho de petición invocado por la señora Nury del Socorro Villa Patiño y declaró improcedente la acción contra los autos de 2 de febrero de 2017 y 17 de mayo de 2018, proferidos por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, o, si la el mecanismo constitucional es procedente para ordenar su vinculación al medio de control de simple nulidad promovido por el Departamento de Antioquia contra la Comisión Nacional del Servicio Civil y levantar la medida cautelar decretada frente a los actos administrativos demandados.
De igual manera se debe determinar si la Comisión Nacional del Servicio Civil vulneró el derecho de petición de la accionante, al no pronunciarse sobre solicitud presentada el 17 de mayo de 2018, mediante la cual cuestionaba los resultados obtenidos en la prueba de competencias básicas, funcionales y comportamentales de la Convocatoria Nº 429 de 2016.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ha sido admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia (defectos).
Al respecto, la Corte Constitucional en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993, analizó la procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales en los eventos que se prueba la configuración de una vía de hecho. Dicha posición fue redefinida por la misma Corporación a través de la sentencia C-590 de 2005, decisión en la cual se fijaron las reglas de procedibilidad de este mecanismo constitucional contra decisiones judiciales como se conocen actualmente.
Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia jurídica del 5 de agosto de 2014, con ponencia del Doctor Jorge Octavio Ramírez, precisó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales, siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos destacados por la Corte Constitucional. Así:
Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la acción de tutela. Estos requisitos son los siguientes: (i) La cuestión que se discute tiene relevancia constitucional; (ii) Se agotaron todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) Se cumple el requisito de inmediatez; (iv) No se argumentó una irregularidad procesal; (v) Se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo estudio; y (vi) La providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de una acción de tutela.
Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) Defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) Defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir decisión; d) Defecto material o sustantivo, el cual se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) Error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) Decisión sin motivación; g) Desconocimiento del precedente judicial y h) Violación directa de la Constitución Política.
Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para conceder el amparo constitucional.
De las características principales del derecho de petición
La Constitución Política establece en el artículo 23 que: “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”. En tal sentido, las autoridades y organizaciones privadas no pueden dilatar la respuesta a las solicitudes que les sean planteadas.
Por su parte, la Ley 1755 de 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, en su artículo 14, previó que las autoridades cuentan con un término de 15 días para resolver las peticiones que se les presenten y de 10 días para pronunciarse sobre requerimientos de documentos e información, so pena de ser sancionadas disciplinariamente:
“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes. (…)”
La Corte Constitucional en reiteradas providencias ha señalado que el núcleo esencial del derecho fundamental de petición consiste en la certidumbre “de que, independientemente de lo que se solicita, se habrá de obtener una respuesta oportuna y de fondo”.
Sobre las características que debe tener la respuesta, la Corte también ha señalado:
“(…) El derecho a una pronta resolución no se reduce al simple deber estatal de dar contestación. La respuesta de la administración debe ser coherente y referirse al fondo de la materia sometida a análisis por parte de los interesados. No se haría efectiva la facultad de suscitar la intervención oficial en un asunto de interés general o particular, si bastara a la administración esgrimir cualquier razón o circunstancia para dar por respondida la petición (…)”.
De igual manera ha precisado que también hace parte del núcleo esencial de este derecho, que la respuesta sea notificada de manera oportuna al peticionario, pues de nada sirve obtener un pronunciamiento de la administración si no se tiene conocimiento del contenido del mismo.
Esta Subsección considera que la garantía constitucional del artículo 23 no se satisface simplemente al obtener una respuesta de las autoridades, pues es necesaria una resolución clara, precisa y congruente con lo solicitado, independiente que sea contraria o favorable a los intereses del suplicante, además, ésta debe ser puesta en conocimiento del interesado.
Caso concreto
4.1 Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
La Sala advierte que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, toda vez que los hechos alegados pueden llevar consigo una violación de los derechos fundamentales de acceso a cargos públicos, defensa, debido proceso y libertad de escogencia de trabajo y oficio, los cuales constituyen bienes jurídicos constitucionalmente amparados.
Respecto al cumplimiento del requisito de inmediatez, se observa que la providencia, proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y que hoy se cuestiona en tutela, esto es, el auto de 17 de mayo de 2018, se notificó a las partes por anotación en Estado, el 21 de mayo de 2018 y la demanda de tutela se presentó el 4 de julio de 2018, es decir, dentro de un término prudencial.
Adicionalmente, se observa que la accionante plantea de forma clara los hechos por los cuales considera que se vulneran sus derechos fundamentales; y que la providencia que se cuestiona en el asunto de la referencia no fue proferida dentro de una acción de tutela, sino que se dictó dentro de un proceso de nulidad simple.
En cuanto a la existencia de otros medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial con los cuales la accionante pueda lograr la protección de los derechos invocados, la Sala estima necesario precisar lo siguiente:
La señora Nury del Socorro Villa Patiño en el escrito de tutela e impugnación plantea la vulneración de sus derechos de acceso a cargos públicos, defensa, debido proceso, libertad de escogencia de trabajo y oficio y los principios de la buena fe y confianza legítima, porque considera que el Consejo de Estado – Sección Segunda –Subsección A, al proferir los autos de 2 de febrero de 2017 y 17 de mayo de 2018 con los que se admitió la demanda de simple nulidad y se decretó la suspensión provisional de los actos administrativos de la Convocatoria Nº 429 de 2018, impiden continuar con las distintas etapas del proceso de selección, restringiendo sus expectativas de ocupar un empleo dentro de la planta de personal de la Alcaldía de Medellín, para el que se postuló.
Agregó que la autoridad accionada omitió vincularla al proceso de simple nulidad, impidiéndole ejercer la defensa del proceso de selección de la Convocatoria Nº 429 de 2016.
Con el fin de resolver la inconformidad de la actora, la Sala estima necesario precisar lo siguiente:
El Departamento de Antioquia presentó demanda de simple nulidad ante el Consejo de Estado, solicitando la nulidad y suspensión provisional de: (i) los Acuerdos CNSC 20161000001356 del 12 de agosto de 2016 y CNSC 20161000001406 del 29 de septiembre de 2016, suscritos por el presidente de la CNSC, (ii) la Resolución 20162010034365 del 28 de septiembre de 2016, que resolvió la solicitud de revocatoria directa interpuesta contra el primero de los acuerdos mencionados, y (iii) la Resolución 2016010037205 del 18 de octubre de 2016, mediante la que el Departamento de Antioquia dispuso el recaudo de recursos para financiar el concurso.
El asunto fue asignado al Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, que mediante autos de 2 de febrero de 2017, respectivamente, dispuso admitir la demanda de simple nulidad y correr traslado a la Comisión Nacional del Servicio Civil de la solicitud de suspensión provisional invocada por el Departamento de Antioquia, de conformidad con lo previsto en el artículo 233 del CPACA.
El Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “A”, a través de auto de 17 de mayo de 2018 decretó la suspensión provisional invocada por el Departamento de Antioquia en los siguientes términos:
“(…)1. Decretar la suspensión provisional de los siguientes actos administrativos:
• Acuerdo CNSC 20161000001356 del 12 de agosto de 2016 “por el cual se convoca a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta de personal pertenecientes al sistema general de carrera administrativa de algunas de las entidades públicas del Departamento de Antioquia “Convocatoria 429 de 2016-Antioquia”.
• Acuerdo CNSC 20161000001406 del 29 de septiembre de 2016 «Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo 2016100001356 del 12 de agosto de 2016».
• Resolución 2016010037205 del 18 de octubre de 2016 «Por el cual se dispone el recaudo de unos recursos por parte de la Gobernación de Antioquia para financiar los costos que le corresponden en desarrollo de proceso de selección por mérito adelantada través de la convocatoria pública 429 de 2016-Antioquia» en los partes que aún tienen vigencia.
2. Denegar la suspensión provisional solicitada respecto de la Resolución 20162010034365 del 28 de septiembre de 2016 “Por la cual se resuelve la solicitud de revocatoria directa interpuesta contra el Acuerdo 20161000001356 el 12 de agosto de 2016” (…)”.
El Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “A” por auto de 18 de julio de 2018 concedió los recursos de súplica contra el auto emitido el día 17 de mayo de 2018, presentados por la Comisión Nacional del Servicio Civil y los ciudadanos que fueron reconocidos como coadyuvantes en el proceso de simple nulidad.
De acuerdo con el Sistema de Información Judicial – Justicia Siglo XXI, el 6 de febrero de 2019, el cuaderno de medidas cautelares pasó al Despacho del Magistrado que sigue en turno para resolver el recurso de súplica, lo cual se encuentra en trámite pendiente por decisión.
De acuerdo con lo anterior, se observa que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante escrito radicado el 23 de mayo de 2018, en su condición de parte demandada dentro del proceso de simple nulidad, presentó recurso de súplica contra el auto de 17 de mayo de 2018 que decretó la medida cautelar de suspensión provisional del concurso de méritos contentivo de la Convocatoria Nº 429 de 2016, el cual no se ha resuelto por esta Corporación, lo que significa que la suspensión provisional que recae sobre los Acuerdos CNSC 20161000001356 del 12 de Agosto de 2016, CNSC 20161000001406 del 29 de Septiembre de 2016 y la Resolución 2016010037205 del 18 de octubre de 2016, no se encuentra en firme, ya que está en trámite un recurso ordinario.
Lo anterior, permite advertir que el proceso de nulidad no ha avanzado lo suficiente, al punto que aún no se ha adelantado audiencia inicial, por lo que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley 1437 de 2011, el cual establece la figura de la coadyuvancia en los procesos de simple nulidad, la accionante tiene la posibilidad de participar en el proceso en el que se cuestiona la legalidad de los actos administrativos que regulan la Convocatoria Nº 429 de 2016, en calidad de coadyuvante de la parte demandada, teniendo en cuenta que en los términos del referido artículo 223, “(…) desde la admisión de la demanda y hasta en la audiencia inicial, cualquier persona podrá pedir que se la tenga como coadyuvante del demandante o del demandado (…)”. (Subrayado fuera de texto).
De esta manera, una vez la accionante sea reconocida en el proceso de nulidad, como coadyuvante de la parte demandada tiene la posibilidad de efectuar “todos los actos procesales permitidos a la parte a la que ayuda, en cuanto no esté en oposición con los de esta”, por lo que puede solicitar el levantamiento, modificación o revocatoria de la medida cautelar decretada dentro de dicho trámite judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley 1437 de 2011.
Para la Sala, es evidente que la accionante cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, para obtener la protección de sus derechos, como es su intervención en el proceso de simple nulidad, a través del cual puede coadyuvar los argumentos de la Comisión Nacional del Servicio Civil y defender la legalidad de los actos administrativos que regulan la Convocatoria Nº 429 de 2016, con el fin preservar la normativa que le permita continuar con el proceso de selección.
Ahora, si bien es cierto que a pesar de la existencia de otros medios de defensa judicial, la tutela excepcionalmente puede proceder, cuando se advierta un perjuicio irremediable, en el caso concreto, la Sala no observa la existencia de una daño de tal naturaleza, pues el concurso de méritos era una expectativa para los participantes de acceder a un empleo público, pero no constituía un derecho, toda vez que se encontraba en trámite en su fase inicial.
Así pues, teniendo en cuenta que dicho asunto se encuentra en trámite, sin que hasta el momento se haya proferido decisión definitiva, resulta evidente que la actora aún cuenta con otros mecanismos de defensa judicial para cuestionar la decisión judicial que le resulta desfavorable a sus intereses, por lo que la solicitud de amparo no resulta procedente, como lo advirtió el fallo impugnado, máxime cuando no se evidencia la existencia de un perjuicio de naturaleza irremediable.
En este orden, es importante señalar que dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, este no es el escenario para pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos que regulan la Convocatoria Nº 429 de 2016, como lo pretende la accionante, pues para ello existe otras vías o instrumentos previstos en el ordenamiento jurídico para ese propósito, por tal razón, la Sala considera que no hay lugar a emitir pronunciamiento sobre el tema, toda vez que el asunto es objeto de discusión dentro del proceso de simple nulidad con radicado Nº 11001-03-25-000-2016-01071-00, que se adelanta ante el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, quien es el competente para dirimir este conflicto.
En este orden de ideas, teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad de la tutela, los conflictos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales deben ser en principio resueltos por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas y sólo ante la ausencia de dichas vías o cuando las mismas no resultan idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de amparo constitucional.
En efecto, el carácter subsidiario de la acción de tutela impone a la interesada la obligación de desplegar todo su actuar dirigido a emplear los instrumentos ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales. Tal imperativo constitucional pone de relieve que para acudir a la acción de tutela la peticionaria debe haber actuado con diligencia en los procesos y procedimientos ordinarios, pero también que la falta injustificada de agotamiento de los recursos legales deviene en la improcedencia del mecanismo de amparo.
4.2 La presunta vulneración del derecho de petición
La señora Nury del Socorro Villa Patiño señaló que la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad de Pamplona vulneraron su derecho de petición, porque no han dado respuesta de fondo a la reclamación que presentó el 17 de mayo de 2018 por el resultado obtenido en la prueba de competencias funcionales y comportamentales, en la cual cuestionó la calificación y puso en conocimiento las irregularidades ocurridas durante el examen, relativas a la hoja de respuestas que se le entregó, que era resultaba ilegible. Lo cual impide que pueda continuar con las demás etapas del proceso de selección y su expectativa de ocupar un cargo público.
De igual manera, la actora en el escrito de impugnación indicó que el juez de tutela debe garantizar la protección de sus derechos como participante de la convocatoria Nº 429 de 2016, pues el examen no se realizó de manera honesta, transparente e integral, ya que la hoja de respuestas que le suministraron no era legible y la calificación no fue la correcta, por ello acudió a la tutela, para que se subsanara la situación irregular suscitada en la revisión de la prueba, ordenando una recalificación que le permita revisar las respuesta dadas en el examen.
Revisado el expediente de tutela, se observa que la accionante presentó solicitud de reclamación, el 17 de mayo de 2018, ante la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad de Pamplona, por los resultados obtenidos en la prueba de competencias funcionales y comportamentales, en los siguientes términos:
“ASUNTO: RECLAMACIÓN Y COMPLEMENTO DE LA REVISION DE PRUEBAS FUNCIONALES Y COMPORTAMENTALES - CARGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO DE EMPLEO 44789 - CÓDIGO DE INSCRIPCION 55131051
Respetuosamente me dirijo a ustedes con la finalidad de que sea revisada nuevamente mi prueba.
El día de ayer 16 de mayo de 2018, me dirigí al colegio Concejo de Medellín donde fui citada para la revisión de la prueba de COMPETENCIAS FUNCIONALES Y COMPORTAMENTALES, allí encontré muchas inconsistencias las cuales describo a continuación:
Se me entregó una fotocopia ILEGIBLE de la hoja de respuestas.
La copia no tenía NUMERACIÓN de la 1 a la 50, de las preguntas de la prueba de COMPETENCIAS FUNCIONALES, de igual manera tampoco tenía numeración de la prueba de COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES.
La copia se encontraba sin las LETRAS (A, B, C, D)
Los óvalos de relleno estaban totalmente CORRIDOS, no se veía ni los números, ni las letras ni los recuadros
Se denoto total dificultad para encontrar los recuadros con las opciones de respuestas marcadas
Los recuadros estaban desalineados tanto vertical como horizontal
En la hoja de respuestas y claves dada por ustedes aparecían 3 preguntas ELIMINADAS, la 32, 34 y 39, según el delegado dijo que fueron eliminados para todos los que presentaron la prueba del cargo al cual yo me presente; porque no eran acordes, una vez verifiqué las PREGUNTAS, 32, 34 Y 39 en el cuadernillo de mi examen, las encuentro acordes al objeto y funciones del cargo; no entiendo porque fueron ELIMINADAS. Adicional a esto y con todo el respeto que ustedes se merecen expreso mi INCONFORMIDAD toda vez que NO se me garantiza que haya sido eliminada para los que presentaron la prueba al cargo 44789, muchas de las personas citadas a la revisión del examen de otros cargos expresaron que a ellos también les habían ELIMINADO 3 preguntas.
Ante tanta inconformidad por parte de los presentes citados en el aula Nº 105, se solicitó a la niña que cuidaba el salón, se llamara al delegado y organizador de la revisión de las pruebas, allí acudió el DELEGADO WILMAR GONZALEZ, personalmente le solicite analizara la fotocopia de la hoja de respuestas mía, él mismo expreso la dificultad para revisar UNA a UNA las RESPUESTAS dadas por mí, esto debido a que todo estaba ILEGIBLE CORRIDO, SIN NUMEROS Y SIN LETRAS y procedió él mismo a marcarlas en la parte de Competencias Funcionales, más sin embargo le fue difícil porque los recuadros estaban corridos.
En aras de la transparencia que los caracteriza y de una manera amable solicito se mire cuidadosamente mi hoja de RESPUESTAS ORIGINAL y se CALIFIQUE NUEVAMENTE mi prueba, toda vez que el puntaje que me fue dado tanto en la PRUEBA FUNCIONAL de 28,06 como en la COMPORTAMENTAL 67,81. Estoy totalmente en DESACUERDO e INCONFORMIDAD, toda vez que observo y lo pude constatar en la revisión del examen anomalías en la CALIFICACIÓN.
Agradezco su REVISIÓN OBJETIVA Y MINUCIOSA de cada una de las preguntas con sus respuestas, de las pruebas FUNCIONALES Y COMPORTAMENTALES, estoy completamente segura de que NO fue bien CALIFICADA, no sé si obedece a un problema técnico”
Del informe de tutela allegado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, se extrae que la señora Nury del Socorro Villa Patiño presentó oportunamente su reclamación contra los resultados de la prueba funcional, sin embargo, no se dio respuesta a dicha petición, debido a la suspensión del concurso de méritos ordenada por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, mediante auto de 17 de mayo de 2018.
Sin embargo, se debe destacar que la Comisión Nacional del Servicio Civil en su página web, publicó el Auto No. CNSC-20182110005664 de 21 de mayo 2018, por medio del cual se acata la medida cautelar decretada por la Sección Segunda, Subsección “A” de esta Corporación, con lo que los participantes tuvieron la oportunidad de conocer dicha medida.
Es importante resaltar que de acuerdo con lo dispuesto Acuerdo Nº CNSC 20161000001356 de 12 de agosto de 2016, que regula el concurso de méritos de la Convocatoria Nº 429 de 2016, los concursantes tienen la posibilidad de interponer reclamaciones contra los resultados obtenidos en las pruebas que se les hayan practicado, lo cual hace parte de la etapa de aplicación de cada prueba del proceso de selección.
En este contexto, la Sala considera que la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad de Pamplona no vulneraron el derecho de petición de la accionante, toda vez que resulta evidente la existencia de una situación jurídica que le impedía a las entidades emitir pronunciamiento de fondo al requerimiento de la actora, en virtud de la suspensión de los efectos de los actos administrativos que regulan la Convocatoria Nº 429 de 2016, decretada por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, a través del auto de 17 de mayo de 2018, por lo que tal situación no permitía continuar con las etapas el concurso de méritos.
No obstante lo anterior, se debe aclarar que la resolución de la reclamación formulada por la actora quedó sujeta a la definición del trámite de nulidad simple que se encuentra en curso, por lo que en el evento en que la autoridad judicial accionada disponga levantar la medida cautelar o deniegue las pretensiones de nulidad invocadas por el Departamento de Antioquia contra los actos administrativos que regulan la Convocatoria Nº 429 de 2016, la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad de Pamplona quedan habilitadas para resolver el requerimiento planteado por la señora Nury del Socorro Villa Patiño contra los resultados obtenidos en la prueba de competencias funcionales y comportamentales.
Así las cosas, se tiene que la situación planteada por la accionante podría desaparecer al decidirse el recurso de súplica, que se encuentra actualmente en trámite o en su defecto al momento de proferirse sentencia dentro del proceso de nulidad simple.
Por otra parte es importante señalar que la acción de tutela no es un mecanismo efectivo para cuestionar los resultados que la actora obtuvo en la prueba de competencias funcionales y comportamentales, pues se trata de un asunto que en principio debe resolver la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Universidad de Pamplona, sin embargo, como el proceso de selección se encuentra suspendido, cualquier decisión que se adopte por la administración o por el juez de tutela no tendrá efecto útil, hasta tanto no se adopte una decisión definitiva sobre la medida cautelar que recae en el concurso de méritos, por tal razón, no es procedente analizar las supuestas irregularidades alegadas por la tutelante, respecto del examen que realizó en la convocatoria 429 de 2018.
III. DECISIÓN
En atención a las consideraciones anteriormente expuestas, la Sala confirmará la sentencia de 12 de diciembre de 2018 proferida por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, que negó la protección del derecho de petición de la señora Nury del Socorro Villa Patiño y declaró improcedente el amparo de tutela invocado por la actora contra los autos de 2 de febrero de 2017 y 17 de mayo de 2018, proferidos por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, dentro del proceso de nulidad simple promovido por el Departamento de Antioquia contra la Comisión Nacional del Servicio Civil.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
CONFIRMAR la sentencia de 12 de diciembre de 2018 proferida por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, que negó la protección del derecho de petición de la señora Nury del Socorro Villa Patiño y declaró improcedente el amparo de tutela invocado por la actora contra los autos de 2 de febrero de 2017 y 17 de mayo de 2018, proferidos por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
Remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Envíese copia de esta providencia al despacho de origen.
Esta providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
Folios 1 - 7
Que modificó parcialmente el Acuerdo 20161000001356 del 12 de agosto de 2016.
Bajo la radicación 11001-03-25-000-2016-01071-00 (4780-2016).
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Folio 31
Folio 55
Folios 32 - 34
Folio 47 - 50
Consejero ponente: Germán Alberto Bula Escobar, bajo la radicación número: 11001-03-06-000-2016-00128-00(2307).
Artículo 31. Etapas del proceso de selección o concurso. El proceso de selección comprende:
1. Convocatoria. La convocatoria, que deberá ser suscrita por la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Jefe de la entidad u organismo, es norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes.
(…).
Folio 53
Folios 56 - 60
Folios 89 - 96
Disponible en: https://www.cnsc.gov.co/index.php/acciones-constitucionales-429-de-2016-antioquia, última consulta realizada el 16 de octubre de 2018.
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 8 de junio de 2017, exp. Nº 11001-03-15-000-2017-00933-00, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; sentencia de 4 de octubre de 2017, exp. Nº 11001-03-15-000-2017-01371-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
“ARTÍCULO 235. Levantamiento, modificación y revocatoria de la medida cautelar. El demandado o el afectado con la medida podrá solicitar el levantamiento de la medida cautelar prestando caución a satisfacción del Juez o Magistrado Ponente en los casos en que ello sea compatible con la naturaleza de la medida, para garantizar la reparación de los daños y perjuicios que se llegaren a causar.
La medida cautelar también podrá ser modificada o revocada en cualquier estado del proceso, de oficio o a petición de parte, cuando el Juez o Magistrado advierta que no se cumplieron los requisitos para su otorgamiento o que estos ya no se presentan o fueron superados, o que es necesario variarla para que se cumpla, según el caso; en estos eventos no se requerirá la caución de que trata el inciso anterior” (subrayado por la Sala).
Providencia disponible en: http://anterior.consejodeestado.gov.co/testmaster/nue_actua.asp?mindice=11001032500020160107100, última consulta realizada el 22 de agosto de 2018.
Providencia disponible en: http://anterior.consejodeestado.gov.co/testmaster/nue_actua.asp?mindice=11001032500020160107100, última consulta realizada el 22 de agosto de 2018.
Ibíd.
Folio 104
Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015.
Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n. º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, entre otras.
Sentencias T-244 de 1993 MP Hernando Herrera Vergara; T-279 de 1994 MP Eduardo Cifuentes Muñoz; T 021 de 1998 MP José Gregorio Hernández Galindo.
Sentencia T- 125 de 1995 M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Sentencia T-1001 de 2003. M. P. Eduardo Montealegre Lynett.
Información verificada en el Sistema de Información Judicial – Justicia Siglo XXI, para el proceso de nulidad simple con radicado Nº 11001-03-25-000-2016-01071-00, Demandante: Departamento de Antioquia.
Folio 6
“Por el cual se convoca a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta de personal pertenecientes al sistema general de carrera administrativa de algunas de las entidades públicas del Departamento de Antioquia “Convocatoria Nº 429 de 2016”
Que modificó parcialmente el Acuerdo 20161000001356 del 12 de agosto de 2016.
Información verificada en la página web de la rama judicial, en el link de consulta de procesos, http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos/ConsultaJusticias21, correspondiente al proceso de nulidad simple con radicado Nº 11001-03-25-000-2016-0107100, demandante: Departamento de Antioquia.
ibidem
“ARTÍCULO 233. PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. La medida cautelar podrá ser solicitada desde la presentación de la demanda y en cualquier estado del proceso.
El Juez o Magistrado Ponente al admitir la demanda, en auto separado, ordenará correr traslado de la solicitud de medida cautelar para que el demandado se pronuncie sobre ella en escrito separado dentro del término de cinco (5) días, plazo que correrá en forma independiente al de la contestación de la demanda.
Esta decisión, que se notificará simultáneamente con el auto admisorio de la demanda, no será objeto de recursos. De la solicitud presentada en el curso del proceso, se dará traslado a la otra parte al día siguiente de su recepción en la forma establecida en el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_procedimiento_civil_pr003.html" \l "108" 108 del Código de Procedimiento Civil. (…)”.
Información verificada en la página web de la rama judicial, en el link de consulta de procesos, http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos/ConsultaJusticias21, correspondiente al proceso de nulidad simple con radicado Nº 11001-03-25-000-2016-0107100, demandante: Departamento de Antioquia.
Información verificada en el Sistema de Información Judicial – Justicia Siglo XXI
ibidem
ibidem
Recurso presentado el 23 de mayo de 2018
“ARTÍCULO 223. COADYUVANCIA EN LOS PROCESOS DE SIMPLE NULIDAD. En los procesos que se tramiten con ocasión de pretensiones de simple nulidad, desde la admisión de la demanda y hasta en la audiencia inicial, cualquier persona podrá pedir que se la tenga como coadyuvante del demandante o del demandado.
El coadyuvante podrá independientemente efectuar todos los actos procesales permitidos a la parte a la que ayuda, en cuanto no esté en oposición con los de esta.
Antes del vencimiento del término para aclarar, reformar o modificar la demanda, cualquier persona podrá intervenir para formular nuevos cargos o para solicitar que la anulación se extienda a otras disposiciones del mismo acto, caso en el cual se surtirán los mismos traslados ordenados para la reforma de la demanda principal”.
Ley 1437 de 2011. Artículo 223.
“ARTÍCULO 235. Levantamiento, modificación y revocatoria de la medida cautelar. El demandado o el afectado con la medida podrá solicitar el levantamiento de la medida cautelar prestando caución a satisfacción del Juez o Magistrado Ponente en los casos en que ello sea compatible con la naturaleza de la medida, para garantizar la reparación de los daños y perjuicios que se llegaren a causar.
La medida cautelar también podrá ser modificada o revocada en cualquier estado del proceso, de oficio o a petición de parte, cuando el Juez o Magistrado advierta que no se cumplieron los requisitos para su otorgamiento o que estos ya no se presentan o fueron superados, o que es necesario variarla para que se cumpla, según el caso; en estos eventos no se requerirá la caución de que trata el inciso anterior” (subrayado por la Sala).
Folio 27
Folios 56 - 60
Disponible en: HYPERLINK "https://www.cnsc.gov.co/index.php/acciones-constitucionales-429-de-2016-antioquia" https://www.cnsc.gov.co/index.php/acciones-constitucionales-429-de-2016-antioquia, última consulta realizada el 16 de octubre de 2018.
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