Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-02419-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2018-02419-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-02419-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2018-02419-00
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández
10 de septiembre de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO Y DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO – Se configura
[L]a Sala advierte que si bien el tribunal accionado en principio rechazó por extemporánea la impugnación presentada por el accionante, luego de revisar el expediente y las notificaciones advirtió que el señor Francisco de Paula Rey Bernal no había sido notificado en debida forma y en consecuencia, resolvió dejar sin efectos dicha decisión y en su lugar conceder el recurso interpuesto, situación que se presentó durante el trámite de la primera instancia de la acción de tutela de la referencia, lo que configura la carencia actual de objeto por hecho superado, en los términos descritos en precedencia. (…) [L]e corresponde a la Sala conceder el amparo del derecho fundamental al debido proceso y acceso a la administración de justicia del accionante, porque en efecto se verificó que dicha vulneración existió; y declarar que en este aspecto se configuró la cesación de la actuación y la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que el tribunal accionado logró acreditar antes de proferirse sentencia de primera instancia, que había subsanado su error, cesando de esta manera la vulneración ius fundamental al dejar sin efectos la providencia que afectó los derechos fundamentales del accionante y en su lugar, concediendo la impugnación interpuesta. Ante estas circunstancias, se pone de presente que proferir una orden de tutela en tal sentido resultaría inocuo al advertirse la cesación de la afectación de los derechos fundamentales. (…) En ese sentido, le corresponde a la Sala negar las pretensiones del accionante concernientes a dejar sin efectos el auto de 28 de mayo de 2018 mediante el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió archivar el incidente de desacato propuesto por el accionante. (…) En este punto pone de presente la Sala que si la inconformidad del accionante versa sobre el cumplimiento integral de la sentencia proferida el 3 de octubre de 2016 por el Tribunal Administrativo de Santander, lo que le corresponde iniciar es un proceso ejecutivo en el que persiga el cumplimiento de dicha decisión judicial y no tramitar una acción constitucional. De conformidad con todo lo anterior, esta Sala de Subsección amparará los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del accionante, vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, al proferir el auto de 13 de abril de 2018 que rechazó por improcedente la impugnación presentada contra la sentencia de tutela de 13 de marzo de 2018. Asimismo, declarará la cesación de la actuación y la carencia actual de objeto por hecho superado y se prevendrá al tribunal accionado para que en lo sucesivo se abstenga de incurrir en actuaciones que impliquen la vulneración de derechos fundamentales, so pena de incurrir en las sanciones consagradas en el Decreto 2591 de 1991.
FUENTE FORMAL: DECRETO 2591 DE 1991
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-02419-00(AC)
Actor: FRANCISCO DE PAULA REY BERNAL
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN TERCERA Y OTROS
Decide la Sala de Subsección la acción de tutela instaurada por el señor FRANCISCO DE PAULA REY BERNAL contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital, a la seguridad social integral, al debido proceso y el derecho a la defensa, ocurrida al interior de la acción de tutela con radicado 25000-23-36-000-2018-00172-00.
ANTECEDENTES
De la demanda se extraen como relevantes los siguientes
Hechos
El Tribunal Administrativo Oral de Santander mediante sentencia de 3 de octubre de 2016, proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho tramitado bajo el radicado 68001-23-33-000-2015-00623-00, ordenó a COLPENSIONES la reliquidación de la pensión del señor Francisco de Paula Rey Bernal, aplicando el 75 % del salario promedio devengado durante el último semestre de servicios, es decir, por el lapso comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 30 de junio de 2009, por tratarse de un funcionario de la Contraloría General de la República.
El 4 de abril de 2017, el accionante formuló petición ante COLPENSIONES en la que solicitó dar cumplimiento a la sentencia referida anteriormente. Mediante Resolución SUB 277654 de 30 de noviembre de 2017, la entidad dio cumplimiento a la providencia judicial proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, y reliquidó la pensión del accionante con el 75% del salario promedio devengado el último año de servicios y no con base en lo devengado el último semestre.
En razón a lo anterior, el accionante presentó peticiones ante la Superintendencia Financiera de Colombia, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y el Director de Control Interno Disciplinario de la Administradora Colombiana de Pensiones, solicitando su intervención.
Ante la negativa de las entidades anteriormente mencionadas, instauró acción de tutela contra las mismas ante el Consejo de Estado, la cual fue remitida por competencia al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde le correspondió por reparto a la Sección Tercera, Subsección C, de dicha Corporación, bajo el radicado 25000-23-36-000-2018-00172-00.
El 13 de marzo de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, profirió sentencia dentro de la referida acción constitucional en la que amparó el derecho fundamental de petición del señor Francisco de Paula Rey Bernal y ordenó a COLPENSIONES dar respuesta a la petición relacionada con la apertura de la investigación disciplinaria solicitada y sobre la corrección del cálculo aritmético de la reliquidación de su pensión.
Contra la anterior decisión el accionante presentó impugnación, la cual fue rechazada por extemporánea, por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto de 13 de abril de 2018, sin tener en cuenta que el accionante no había sido notificado en debida forma de dicha providencia.
Asimismo, el accionante mediante escritos de 7 y 22 de junio de 2018 solicitó la apertura del trámite incidental de desacato en razón al incumplimiento de la orden contenida en la sentencia de 13 de marzo de 2018. A través de auto de 28 de mayo de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió archivar el incidente de desacato por cuanto advirtió el cumplimiento de la orden de tutela por parte de COLPENSIONES.
2. Fundamentos de la acción
El accionante estima vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y el derecho de defensa por cuanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de un lado, rechazó la impugnación interpuesta contra la sentencia de tutela proferida el 13 de marzo de 2018, por considerarla extemporánea, sin tener en cuenta que no le había sido notificada en debida forma dicha providencia; y de otro, por cuanto ordenó el archivo del incidente de desacato propuesto contra COLPENSIONES cuando, en su sentir, dicha entidad no ha cumplido la orden referida a resolver sobre el cálculo aritmético de la reliquidación de su pensión.
Pretensiones
El accionante solicitó lo siguiente (folio 2):
«Honorable Magistrado, ruego a usted se sirva ordenar la suspensión inmediata de la acción perturbadora de mi derecho (VIOLACIÓN AL DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y AL DERECHO DE DEFENSA), ordenando la respectiva actuación del Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DE CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA, así:
a.-) Que se le dé el respectivo tramite (sic) al recurso de apelación interpuesto contra el Fallo de tutela que negó la acción respecto a: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA y solidariamente el MINISTRO DE TRABAJO y PROTECCIÓN SOCIAL, el MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, reiterando que no se hizo la notificación del mismo, siendo la misma por conducta concluyente.
b.-) Que se le dé el respectivo tramite (sic) al incidente de desacato, porque COLPENSIONES hasta la fecha no ha cumplido con lo ordenado en el Fallo de Tutela, o sea, la corrección del cálculo aritmético de mi pensión.
c.-) Lo mismo sucede con el DIRECTOR DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DE LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, Doctor DIEGO JOSE ORTEGA ROJAS, que no ha hecho nada al respecto, o sea, la corrección del cálculo aritmético de mi pensión, según lo ordenado, razón por la cual, debe llamarse a responder de su gestión, es responsable solidario y objeto de sanciones, ya que ha omitido la función propia de su cargo, atendiendo que no saben liquidar el monto pensional a que tengo derecho, siendo muy triste que esto pase en Colombia, un estado social de derecho, donde se confunde el número 12 por el número 6 que es el aplicable para dividir de acuerdo a lo ordenado y al Artículo 7 del decreto 929 de 1976 (“…a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último semestre)» (fol. 5).
4. Trámite procesal
Mediante auto de 26 de julio de 2018, se admitió la presente acción constitucional y se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección C, al Director de COLPENSIONES y al Director de Control Interno Disciplinario de la misma entidad, como accionados, para que en el término de tres (3) días contados a partir de la notificación de la providencia, procedieran a rendir el respectivo informe (folio 94).
5. Intervenciones
5.1. El doctor José Élver Muñoz Barrera, en su calidad de Magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, solicitó se nieguen las pretensiones de la acción de tutela por cuanto se configuró el hecho superado en razón a que si bien, la impugnación presentada por el accionante fue rechazada por extemporánea, mediante auto de 17 de agosto de 2018 se dejó sin efectos dicha decisión y, en su lugar, se resolvió conceder la impugnación por cuanto el Despacho, al revisar el expediente, advirtió que por error involuntario de la secretaría de dicha Corporación se había omitido notificar al accionante del fallo de tutela proferido el 13 de marzo de 2018.
De otra parte, manifestó que el señor Francisco de Paula Rey Bernal cuestiona el auto mediante el cual se resolvió archivar el incidente de desacato propuesto por considerar cumplida la orden de tutela contenida en la sentencia de 13 de marzo de 2018. No obstante, el tutelante no se refirió a ninguna causal especial de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, por lo que no se evidencia que el auto haya incurrido en defecto alguno ni que haya afectado los derechos fundamentales del accionante.
De igual manera señaló que, aún en gracia de discusión, si se entrara a valorar el trámite y la providencia que resolvió archivar el incidente de desacato, se puede observar que el procedimiento adoptado fue el consagrado en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, es decir, se requirió previamente a COLPENSIONES como autoridad incidentada, la cual presentó informe donde advirtió que la entidad efectivamente había dado cumplimiento a la orden de tutela.
5.2. El Gerente de Defensa Judicial de COLPENSIONES solicitó se declare improcedente la acción de tutela de la referencia por cuanto la entidad mediante oficio de 27 de marzo de 2018, dio cumplimiento al fallo de tutela proferido el 13 de marzo de 2018 y, por lo tanto, el Tribunal mediante auto de 29 de junio del mismo año, declaró cumplida la orden judicial.
CONSIDERACIONES
Problema jurídico
Se contrae a determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, vulneró los derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital, a la seguridad social integral, al debido proceso y el derecho a la defensa del señor Francisco de Paula Rey Bernal, al proferir los autos de 13 de abril y 28 de mayo de 2018, mediante los cuales, de un lado, rechazó por extemporánea la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de tutela proferida el 13 de marzo del mismo año; y de otro, resolvió archivar el incidente de desacato propuesto por el accionante.
2. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional vigente aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta Corporación, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, atendiendo a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, mientras que los especiales deben acreditarse para que la protección del derecho fundamental prospere.
En ese orden de ideas, la doctrina constitucional ha señalado las causales especiales, indicando que la acción constitucional resulta procedente únicamente en aquellos eventos en los cuales, con ocasión de la actividad jurisdiccional, se vean afectados derechos fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.
2.1.- En el presente caso, advierte la Sala que la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición.
2.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados se encuentran plenamente individualizados.
2.1.2. Así mismo, se encuentra que la providencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
2.1.3. Se advierte, igualmente, que la interposición del mecanismo constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues las providencias cuestionadas datan del 13 de abril y 28 de mayo de 2018, y la acción de tutela fue interpuesta el 23 de julio del año en curso.
2.1.4. Finalmente, el asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una presunta violación de los derechos fundamentales al debido proceso y el derecho a la defensa.
A pesar de que el accionante en su escrito de tutela no se refirió a los defectos que le atribuye a las providencias judiciales acusadas, esta Sala de Subsección, de conformidad con los fundamentos fácticos del presente asunto, advierte que se trata de los posibles defectos procedimental y fáctico, los cuales se procede a analizar.
3.1. Del defecto procedimental
En lo atinente al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, la Corte Constitucional indicó en la sentencia T-264 de 2009, que éste tiene ocurrencia «cuando un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por esta vía, sus actuaciones devienen en una denegación de justicia». Igualmente, señaló que al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto le subyace una tensión entre las garantías constitucionales al debido proceso y el acceso a la administración de justicia en su faceta de prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho adjetivo, en tanto el acatamiento riguroso de las formas puede implicar el sacrificio del derecho material o, viceversa, el respeto irrestricto del derecho sustantivo podría suprimir importantes principios formales, atentando contra la seguridad jurídica del ordenamiento jurídico y la salvaguarda del debido proceso de las partes. No obstante lo expuesto, precisó la Corte que dicha tensión es tan solo aparente, pues su solución «se encuentra en la concepción de las formas procedimentales como un medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos, y no como fines en sí mismos».
Por tanto, ha reiterado la Corte Constitucional que por disposición del artículo 228 Superior las formas no deben convertirse en un obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, sino que deben propender por su realización. Es decir, que las normas procesales son un medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos y no fines en sí mismas. Así lo sostuvo en la Sentencia C-029 de 1995, precisamente cuando declaró exequible el artículo 4 del Código de Procedimiento Civil.
En la misma línea, en la Sentencia C-131 de 2002, la Corte se refirió al tema de la constitucionalización del derecho procesal de la siguiente manera:
«2. Uno de los espacios en los que mayor incidencia ha tenido el constitucionalismo es el derecho procesal. En la tradición del positivismo formalista el derecho procesal estaba desprovisto de una vinculación sustancial con lo que era materia de litigio; se agotaba en una ritualidad cuya configuración se realizaba fundamentalmente en la instancia legislativa; era ajeno a propósitos que lo conectaran con los fines estatales y la protección de las garantías que lo integraban sólo se brindaba en esas actuaciones y bajo los estrechos parámetros de protección establecidos por el legislador. Así, no llamaba a interés el hecho de que, en materia de derechos, la sustancia que se tenía entre manos se desvaneciera ante las ritualidades y formalidades de unos procedimientos que las más de las veces se explicaban por sí mismos y que perdían puntos de contacto con lo que era objeto de controversia.
Pero esa dimensión del derecho procesal ha sido superada pues el constitucionalismo ha rescatado las garantías centenariamente elaboradas como contenidos del derecho procesal para vincularlas inescindiblemente a la realización de las normas sustanciales. Las ha dotado de una teleología que no se explica a partir del solo rito o procedimiento sino en relación directa con las normas jurídicas que consagran los efectos jurídicos que las partes pretenden. Las ha redimensionado para darles ahora el carácter de facultades irrenunciables, históricamente consolidadas y positivizadas; esto es, para advertir en ellas derechos fundamentales.
Con ello, ha dotado al proceso de una nueva racionalidad pues ya no se trata de agotar ritualismos vacíos de contenido o de realizar las normas de derecho sustancial de cualquier manera sino de realizarlas reconociendo esas garantías irrenunciables pues su respeto ineludible también constituye una finalidad del proceso. (…)» (Negrillas fuera de texto).
En conclusión, el defecto procedimental por “exceso ritual manifiesto” se presenta cuando el funcionario judicial, por un apego extremo y aplicación mecánica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva patente en los hechos, derivándose de su actuar una inaplicación de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial.
3.2. Del defecto fáctico
En lo que tiene que ver con el defecto fáctico, ha dicho la Corte Constitucional que se refiere a un vicio relacionado con la práctica o valoración de las pruebas. Se han identificado dos dimensiones en las que se presentan defectos fácticos: (i) Una dimensión positiva, que se presenta generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada, que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador desconoce la Constitución. (ii) Una dimensión negativa, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez.
De igual forma, ha resaltado la Corte Constitucional que el error fáctico en su dimensión negativa emerge por omisión cuando el juzgador se abstiene de decretar pruebas. Lo anterior trae como consecuencia «impedir la debida conducción al proceso de ciertos hechos que resultan indispensables para la solución del asunto jurídico debatido»; por no valoración del acervo probatorio, cuando el juzgador omite considerar pruebas que obran en el expediente bien sea porque «no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar la decisión respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que de haberse realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido variaría sustancialmente»; y por valoración defectuosa del material probatorio cuando o bien «el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva» dando paso a un defecto fáctico por no excluir o valorar una prueba obtenida de manera ilícita.
En todos los eventos mencionados sobreviene una falta de congruencia entre lo probado y lo resuelto pues, o bien se abstiene el juzgador de confirmar la existencia de un hecho que está probado o da por probado un hecho sin estarlo o valora una prueba obtenida de manera ilícita y con fundamento en lo anterior adopta su decisión.
4. Del caso concreto
En el presente asunto el accionante censura los autos de 13 de abril y 28 de mayo de 2018, proferidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, mediante los cuales, de un lado, rechazó por extemporánea la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de tutela proferida el 13 de marzo del mismo año; y de otro, resolvió archivar el incidente de desacato propuesto por el accionante.
(i) Examinadas las piezas procesales obrantes en el expediente se tiene que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, mediante sentencia de 13 de marzo de 2018, resolvió lo siguiente:
«PRIMERO: NEGAR por improcedente la tutela por (sic) el señor FRANCISCO DE PAULA REY BERNAL, identificado con cédula de ciudadanía número 13.803.687, interpuesta contra la Presidencia de la República, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Trabajo y Protección Social, Procuraduría General de la Nación, Superintendencia Financiera de Colombia, Contraloría General de la República, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: TUTELAR el derecho fundamental de petición al señor FRANCISCO DE PAULA REY BERNAL, identificado con cédula de ciudadanía número 13.803.687, vulnerado por el director de Control Interno Disciplinario y Subdirección de Determinación VII de Colpensiones, conforme a la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR: a) Al director de Control Interno Disciplinario de Colpensiones, Diego José Ortega Rojas, que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, de respuesta de fondo, clara y expresa al derecho de petición (9/01/2018) presentado por el señor FRANCISCO DE PAULA REY BERNAL relacionado con el trámite dado a la solicitud de apertura de investigación disciplinaria; b) A la Subdirección de Determinación VII de Colpensiones que resuelva de fondo, clara y de manera expresa en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, sobre la corrección del cálculo aritmético de la pensión del señor FRANCISCO DE PAULA REY BERNAL, conforme a la parte motiva de la sentencia.
CUARTO. NOTIFICAR este fallo a todos los interesados, por el medio más ágil y eficaz disponible, y si no fuere impugnado, remítase oportunamente el expediente ante la Corte Constitucional, Sala de Revisión, para los fines a que hubiere lugar» (fols. 63 y 64).
Contra la anterior providencia el señor Francisco de Paula Rey Bernal mediante memorial radicado el 10 de abril de 2018, enviado a través de correo electrónico, presentó impugnación contra la sentencia de tutela proferida por el Tribunal (fol. 90).
El tribunal mediante auto de 13 de abril de 2018, rechazó por extemporánea la impugnación presentada por el accionante. Luego, el 16 de agosto del mismo año, profirió auto en el que consideró lo siguiente:
«Revisado el expediente, observa el Despacho que dentro de las notificaciones realizadas por la secretaría del despacho el día 16 de marzo de 2018 (fl. 101) solo se identifican como correos electrónicos de notificaciones a las entidades demandadas, pero no se hace referencia al correo que en principio se envió la notificación del auto admisorio al accionante HYPERLINK "mailto:frapey7@yahoo.es" frapey7@yahoo.es (fl. 6), como tampoco se encuentra telegrama enviado a éste en la dirección de la residencia aportada en la tutela.
En este orden de ideas, en aras de garantizar el principio de acceso a la administración de justicia y el derecho a la doble instancia, se dejará sin efectos el auto proferido por este despacho el 13 de abril de 2018, que no concedió la impugnación, para efectos de conceder el mismo y remitir de forma inmediata al Consejo de Estado, como quiera que esta impugnación se encuentra presentada en tiempo, dado que el señor Francisco de Paula Rey Bernal quedo (sic) notificado por conducta concluyente (art. 301 CGP).
Así las cosas, este Despacho,
RESUELVE:
PRIMERO: Dejar sin efectos el auto del 13 de abril de 2018, conforme a la parte motiva de este auto.
SEGUNDO: Por reunir los requisitos legales, CONCEDER para ante el Honorable Consejo de Estado, la impugnación interpuesta por el señor Francisco de Paula Rey el 10 de abril de 2018, contra el fallo del 13 de marzo de 2018, mediante el cual se tuteló el derecho fundamental de petición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991» (fol. 104).
Ahora bien, de acuerdo con lo manifestado por la Corte Constitucional, la carencia de objeto por hecho superado ocurre cuando, entre el momento en que se interpone la demanda de tutela y el momento del fallo, se satisface completamente la pretensión contenida en la acción de amparo, razón por la que cualquier mandato judicial en tal sentido se vuelve innecesario. Es decir, aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha sucedido antes de que él mismo diera orden alguna, por lo que el máximo tribunal constitucional ha considerado lo siguiente:
«Respecto a la carencia actual de objeto por hecho superado, la Corte Constitucional ha indicado que el propósito de la acción de tutela se limita a la protección inmediata y actual de los derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos expresamente consagrados en la ley. Sin embargo, cuando la situación de hecho que origina la supuesta amenaza o vulneración del derecho desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde su razón de ser, pues en estas condiciones no existiría una orden que impartir.
Así mismo, la carencia de objeto se presenta cuando la vulneración o amenaza del derecho fundamental ha producido el perjuicio que se pretendía evitar con la acción de tutela, de modo tal que ya no es posible hacer cesar la violación o impedir que se concrete el peligro, y lo único que procede es el resarcimiento del daño causado por la vulneración del derecho fundamental.»
El concepto de la «carencia actual de objeto por hecho superado» tiene como característica esencial y principal que la orden judicial de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surtiría ningún efecto, esto es, caería en el vacío. «Si durante el trámite de una acción de tutela sobrevienen hechos o circunstancias que neutralicen el riesgo o hagan cesar la vulneración de los derechos fundamentales cuya protección se hubiere reclamado, queda sin materia el amparo y pierde razón cualquier orden que pudiera impartirse, que ningún efecto produciría, al no subsistir conculcación o amenaza alguna que requiriere protección inmediata». Lo anterior se presenta, generalmente, a partir de dos eventos: el hecho superado o el daño consumado.
En ese sentido, la Sala advierte que si bien el tribunal accionado en principio rechazó por extemporánea la impugnación presentada por el accionante, luego de revisar el expediente y las notificaciones advirtió que el señor Francisco de Paula Rey Bernal no había sido notificado en debida forma y en consecuencia, resolvió dejar sin efectos dicha decisión y en su lugar conceder el recurso interpuesto, situación que se presentó durante el trámite de la primera instancia de la acción de tutela de la referencia, lo que configura la carencia actual de objeto por hecho superado, en los términos descritos en precedencia.
Así las cosas, le corresponde a la Sala conceder el amparo del derecho fundamental al debido proceso y acceso a la administración de justicia del accionante, porque en efecto se verificó que dicha vulneración existió; y declarar que en este aspecto se configuró la cesación de la actuación y la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que el tribunal accionado logró acreditar antes de proferirse sentencia de primera instancia, que había subsanado su error, cesando de esta manera la vulneración ius fundamental al dejar sin efectos la providencia que afectó los derechos fundamentales del accionante y en su lugar, concediendo la impugnación interpuesta.
Ante estas circunstancias, se pone de presente que proferir una orden de tutela en tal sentido resultaría inocuo al advertirse la cesación de la afectación de los derechos fundamentales.
(ii) De otra parte, obra en el expediente que el señor Francisco de Paula Rey Bernal, mediante escrito radicado el 10 de abril de 2018 interpuso incidente de desacato contra COLPENSIONES por el incumplimiento a la orden de tutela contenida en la sentencia proferida el 13 de marzo de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C (fols. 70 y 71).
Mediante auto de 13 de abril de 2018 el Tribunal requirió al representante legal de COLPENSIONES para que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la providencia informara respecto del cumplimiento de la referida orden de tutela (fol. 73 cdno. 2).
La entidad incidentada dio respuesta al anterior requerimiento y mediante oficio BZ2018_4387855 afirmó haber dado cumplimiento a la orden de tutela mediante oficio de 27 de marzo del mismo año y para el efecto aportó dicho documento y constancia de entrega al accionante (fols. 126 a 132 cdno. 2).
El Tribunal mediante auto de 28 de mayo de 2018 encontró cumplida la orden de tutela contenida en la sentencia de 13 de marzo de 2018 y ordenó el archivo de la actuación en razón a que «se allegó Oficio No. BZ2018_4387855 del 8 de mayo de 2018, en donde se informó que a través del Oficio del 27 de marzo de 2018 enviado al accionante a través de la empresa de mensajería visible a folio 130, se observa que se dio cumplimiento al fallo de tutela frente a las órdenes emanadas por el Despacho toda vez que, (i) la Entidad evaluó los (sic) objeto de queja ordenando la indagación preliminar número 247 de 2017, en averiguación de los responsables, y (ii) se le informó sobre el trámite adelantado frente a la petición elevada respecto de la corrección del cálculo aritmético a la pensión del accionante» (SIC) (fol. 177 cdno. 2).
Visible a folio 104 vuelto del cuaderno 2, se observa el oficio BZ 2018_3465561 de 26 de marzo de 2018 proferido por COLPENSIONES en el que respecto de la solicitud de apertura de investigación disciplinaria le comunicó al accionante lo siguiente:
«De manera atenta le informo que la Oficina de Control Disciplinario Interno de Colpensiones, por remisión que hiciera la Procuraduría Regional de Santander, recibió el 07 de noviembre de 2017 oficio número 7638, radicado Procuraduría número IUS 2017-834818, por presunto incumplimiento a sentencia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho expediente No 680012333000-2015-0623-00 radicado en Colpensiones con número 2017_378607. Así las cosas, y de conformidad con las facultades otorgadas por la Ley 734 de 2002, este Despacho evaluó los hechos objeto de queja ordenando la apertura de indagación preliminar número 247 de 2017, en averiguación de responsables.
Así mismo, le informo que de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 90 del Código Disciplinario Único, el quejoso está facultado para presentar y ampliar la queja bajo la gravedad de juramento, aportar las pruebas que tenga en su poder y a recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio, excepto en el evento de que se dicte auto inhibitorio, contra el cual no procede recurso alguno».
De igual manera, reposa en el expediente (folio )el oficio proferido el 27 de marzo de 2018 por COLPENSIONES dirigido al señor Francisco de Paula Rey Bernal en el que le manifestó lo siguiente:
«Respecto a su solicitud de investigación disciplinaria la Oficina de Control Interno Disciplinario Interno indica que mediante la indagación preliminar No. 207-247 del 14 de noviembre de 2017 inició la investigación correspondiente con el fin de determinar la veracidad de los hechos y los responsables de las presuntas irregularidades en el cumplimiento a sentencia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que dieron origen a la queja presentada, trámite que a la fecha se encuentra en periodo probatorio.
Sea del caso mencionar que mediante radicado BZ No. 2018_3465561 del 26 de marzo de 2018, el cual se adjunta, se le comunicó, el estado y la gestión realizada por parte de esa Oficina con relación a los hechos de queja.
En cuanto a la revisión del valor de la mesada pensional la Dirección de Prestaciones Económicas informa que revisado el expediente pensional del señor FRANCISCO DE PAULA REY BERNAL, se observa que esta administradora a través de Acto Administrativo SUB 277654 del 30 de noviembre de 2017, da cumplimiento al fallo judicial proferido el 3 de octubre de 2016 por el Tribunal Superior Administrativo de Santander y en consecuencia reliquida la prestación a favor del señor FRANCISCO DE PAULA REY BERNAL» (fols. 103 y s.s. cdno. 2).
Asimismo, obra la respectiva constancia de envío a través de empresa de mensajería a la dirección que señaló el accionante en su petición, de los referidos oficios, la cual fue emitida el mismo 27 de marzo de 2018. (fol. 108 cdno. 2)
De lo anterior, advierte la Sala de Subsección que le asistió razón al tribunal accionando cuando decidió declarar cumplida la orden contenida en la sentencia de tutela de 13 de marzo de 2018 y en consecuencia ordenar el archivo del incidente de desacato, pues conforme a las pruebas relacionadas se evidencia que efectivamente la entidad incidentada dio respuesta de fondo, clara y precisa en relación con las peticiones planteadas por el accionante referidas a (i) la investigación disciplinaria solicitada y (ii) sobre la reliquidación de su pensión conforme a la orden emitida por el Tribunal Administrativo de Santander.
En ese sentido, le corresponde a la Sala negar las pretensiones del accionante concernientes a dejar sin efectos el auto de 28 de mayo de 2018 mediante el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió archivar el incidente de desacato propuesto por el accionante.
En este punto pone de presente la Sala que si la inconformidad del accionante versa sobre el cumplimiento integral de la sentencia proferida el 3 de octubre de 2016 por el Tribunal Administrativo de Santander, lo que le corresponde iniciar es un proceso ejecutivo en el que persiga el cumplimiento de dicha decisión judicial y no tramitar una acción constitucional.
De conformidad con todo lo anterior, esta Sala de Subsección amparará los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del accionante, vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, al proferir el auto de 13 de abril de 2018 que rechazó por improcedente la impugnación presentada contra la sentencia de tutela de 13 de marzo de 2018. Asimismo, declarará la cesación de la actuación y la carencia actual de objeto por hecho superado y se prevendrá al tribunal accionado para que en lo sucesivo se abstenga de incurrir en actuaciones que impliquen la vulneración de derechos fundamentales, so pena de incurrir en las sanciones consagradas en el Decreto 2591 de 1991.
Asimismo, se negaran las demás pretensiones de la acción de tutela instaurada por el señor Francisco de Paula Rey Bernal, de conformidad con lo expuesto anteriormente.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del señor Francisco de Paula Rey Bernal vulnerado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, al proferir el auto de 13 de abril de 2018 que rechazó por improcedente la impugnación presentada contra la sentencia de tutela de 13 de marzo de 2018.
SEGUNDO: DECLARAR la cesación de la actuación y la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la situación señalada en el numeral anterior.
TERCERO: PREVENIR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de que en lo sucesivo se abstenga de incurrir en actuaciones que impliquen la vulneración de derechos fundamentales, so pena de incurrir en las sanciones consagradas en el Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la tutela formulada por el señor Francisco de Paula Rey Bernal en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO: NOTIFICAR por cualquier medio expedito.
SEXTO: De no ser impugnada esta providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
Sentencia T-591-11.
En una dirección similar puede ser consultada la sentencia T-599 de 2009.
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-264 de 2009.
T-268-10.
Sentencia SU – 132 de 2002.
Sentencia T-814 de 1999.
Ibídem.
Corte Constitucional. Sentencia T 358 de 2014. Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Corte Constitucional. Sentencia T 094 de 2014. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.