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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-02420-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
6 de septiembre de 2018
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernández

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-02420-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NIÉGASE la acción de tutela formulada por los señores ORLANDO MORENO y HENRY AUGUSTO MORENO DE LA HOZ, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2018-02420-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández

6 de septiembre de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO PROCEDIMENTAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – No se configura / CADUCIDAD - Cómputo

[L]a Sala de Subsección, evidencia que los autos expedidos por las accionadas no incurrieron en un defecto procedimental absoluto porque para contabilizar la caducidad se atendió a las disposiciones vigentes y aplicables al caso, esto es, al literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, según el cual el medio de control de reparación directa caduca en el término de dos (2) años a partir del conocimiento del hecho. Tampoco desconocieron el precedente pues está demostrado que como sustento a su resolución tuvieron en cuenta jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación como la sentencia del 26 de febrero de 2018 proferida dentro del radicado 2017-00885, C.P.: Guillermo Sánchez Luque. Asimismo no incurrieron en una violación directa de la Constitución porque contrario a lo afirmado por los accionantes, tanto el Juzgado como el Tribunal accionado, realizaron un estudio de las pruebas y de los hechos expuestos en la demanda, a partir de los cuales concluyeron que el medio de control estaba caducado. Lo anterior, teniendo en cuenta que el hecho que produjo el daño se conoció desde el año 2011, fecha en la que el señor [O.M.] denunció ante la Fiscalía el hurto y la falsificación del cupo de su carro identificado con placas UVZ-146, circunstancia que se encuentra acreditada en folios 29 a 31 del expediente en préstamo, y la demanda solo se presentó hasta el año 2017, cuando ya habían transcurrido los dos años para interponerla. En ese orden de ideas, al no encontrarse demostrada la configuración de los defectos aludidos en contra de las decisiones judiciales atacadas por los accionantes, la Sala de Subsección negará el amparo solicitado.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 164

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-02420-00(AC)

Actor: ORLANDO MORENO Y OTRO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO Y OTRO

La Sección Segunda, Subsección A de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, decide la acción de tutela presentada por los señores ORLANDO MORENO y HENRY AUGUSTO MORENO DE LA HOZ en contra del Tribunal Administrativo del Atlántico y el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla.

ANTECEDENTES

1.1.- PRETENSIONES

Los señores ORLANDO MORENO y HENRY AUGUSTO MORENO DE LA HOZ, en nombre propio, presentaron acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Atlántico y el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, acceso a la administración de justicia e igualdad y los principios de confianza legítima y prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental. En consecuencia, solicitaron:

«5.1. Conceder el amparo constitucional de nuestro derechos fundamentales, al debido proceso, en conexidad con el derecho a la defensa, acceso a la administración de justicia e igualdad en conexidad con el principio de confianza legítima y prevalencia del derecho sustancial.

5.2. Dejar sin efectos la decisión de fecha 22 de marzo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A., mediante la cual resolvió el Auto de fecha 14/12/2017, emitida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, que declaró la caducidad de la acción.

5.3. Ordenar al juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla que profiera nuevo auto interlocutorio, por medio del cual resuelva, continuar la acción de Reparación Directa presentada, de conformidad con los procedentes y orientaciones de la jurisprudencia aquí invocados.» sic en toda la cita.

1.2.- HECHOS

Los accionantes señalaron como fundamentos fácticos de la acción de tutela, los siguientes:

Con motivo de la cancelación de la matrícula de su vehículo identificado con placas UVZ146 por parte de la Secretaría de Movilidad de Barranquilla en razón a un posible hurto, que luego fue revocada por decisión judicial, presentaron demanda de reparación directa contra el Distrito de Barranquilla para que le fueran pagados los perjuicios sufridos con motivo de esa actuación.

Sin embargo, mediante auto de 14 de diciembre de 2017, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla resolvió declarar probada la excepción de caducidad de la acción, decisión que apelaron y que fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

1.3.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA SOLICITUD DE TUTELA

En síntesis los accionantes señalaron que los demandados vulneraron sus derechos fundamentales pues las decisiones judiciales que declararon la caducidad de la demanda incurrieron en (i) defecto procedimental absoluto por no aplicar las disposiciones para determinar la caducidad de la acción de reparación directa, esto es, el literal i del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 en concordancia con el artículo 140 ibídem y el artículo 90 de la Constitución, (ii) desconocimiento del precedente jurisprudencial, porque no atendió a los lineamientos del Consejo de Estado sobre el tema plasmados en las sentencias de la Sección Tercera del 13 de junio de 2013 proferida dentro del radicado 36000-23-26-000-2000-00169-01 (27188) y del 12 de febrero de 2014 en el radicado 68001-23-15-000-1998-01736-01(31583), entre otras, y (iii) violación directa de la Constitución toda vez que no observó el debido proceso frente al derecho de acceso a la administración de justicia.

1.4.- TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto del 27 de julio de 2018, el despacho sustanciador admitió la tutela de la referencia y ordenó notificar a la parte accionada, a los terceros interesados y a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, para que, si a bien lo tuvieren, intervinieran en el proceso.

1.5.- INFORMES

• El Tribunal Administrativo del Atlántico a través de una de sus magistradas se opuso a las pretensiones del accionante y solicitó que se negara o se declarara improcedente la tutela de la referencia.

Al respecto, dijo que la decisión que se profirió estuvo debidamente sustentada en las disposiciones legales que regían el asunto y en las manifestaciones del demandante, de acuerdo con las cuales llegó a la conclusión que la acción estaba caducada.

En ese sentido, indicó que « […] en el análisis de los hechos del libelo, puntos 1.2. y 1.3., en conjunto con el hecho 1.14 se extrajo que el demandante tuvo conocimiento de la cancelación de la matrícula de su vehículo, por supuesto hurto, desde el día 13 de mayo de 2011, y manifiesta que desde esa fecha se vio obligado a dejar de usufructuar el vehículo y guardarlo en un parqueadero, todo lo cual generó los costos y perjuicios económicos por los que formuló el medio de control de reparación directa.[…]»

De acuerdo con lo anterior, determinó que «[…] si el demandante había tenido conocimiento de los hechos que le causaban perjuicio, desde el 13 de mayo de 2011, el conteo de la caducidad conforme lo dispone el artículo 164 numeral 2 en su literal i) debía hacer de desde el día 14 de mayo de 2011, por tanto la oportunidad para presentar la demanda se extendía hasta el 14 de mayo de 2013, no obstante se observó en el acta individual de reparto de la demanda, que el acto interpuso la demanda a fecha 25 de julio de 2017 tiempo para el cual se encontraba a todas luces caduca, como ha bien lo había sostenido el a quo, concluyendo entonces por ello que la decisión de declaratoria de caducidad debía confirmarse.»

• El abogado de la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Social de la Alcaldía de Barranquilla manifestó que la cancelación de la matrícula a los accionantes fue producto de un fraude procesal realizado por terceros de mala fe, circunstancia en la que no vio involucrado ningún funcionario de esa entidad los que, advirtió, no son grafólogos o documentólogos motivo por el cual debió intervenir la justicia penal para determinar la comisión de un delito y los responsables del mismo.

• El Juez Primero Administrativo Oral de Barranquilla indicó que de los alegatos expuestos por los accionantes se infiere que su intención es revivir un proceso ya finalizado en el que se agotaron las etapas procesales pertinentes de modo que pretenden convertir la tutela en una tercera instancia.

De igual forma, expresó que la providencia proferida por ese despacho en audiencia del 14 de diciembre de 2017 que declaró la excepción de caducidad del medio de control y que fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Atlántico fue expedida de conformidad con los criterios jurisprudenciales de la Sección Tercera del Consejo de Estado en los cuales se determina que la fecha para contabilizar la caducidad es el momento en el que se tiene conocimiento del hecho que da lugar al daño antijurídico que para el caso fue el momento en que se tuvo conocimiento de la cancelación de matrícula del vehículo de placas UVZ146 , el 13 de mayo de 2011, cirucnstancia que manifestaron los aquí accionantes en la demanda que presentaron.

CONSIDERACIONES

2.1.- Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, esta Sala es competente para conocer de la presente acción constitucional.

A esta Sala de Subsección le corresponde responder los siguientes cuestionamientos:

• ¿La presente acción de tutela contra providencia judicial cumple con los requisitos generales de procedibilidad?

• ¿Se encuentran configurados el defecto procedimental, el desconocimiento del precedente y la violación directa de la Constitución, alegados por el accionante en contra de las decisiones judiciales del 14 de diciembre de 2017 y 22 de marzo de 2018 proferidas por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Barranquilla y el Tribunal del Atlántico, respectivamente, mediante las cuales se declaró la caducidad del medio de control de reparación directa que presentó?

Planteado de ese modo el debate jurídico en el presente asunto, a continuación, y con el fin de resolver los cuestionamientos formulados, la Sala de Decisión analizará las pruebas obrantes en el expediente frente al marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso

2.3.1.- Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcionalísima, se ha aceptado la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta y grosera de los derechos constitucionales fundamentales de acceso, debido proceso e igualdad.

Ahora bien, sin perder de vista que la acción de tutela es, ante todo, un mecanismo de protección previsto de manera residual y subsidiaria por el ordenamiento jurídico, que en su conjunto está precisamente diseñado para garantizar los derechos fundamentales constitucionales, la Sala adecuó su posición respecto de la improcedencia de esta acción contra providencias judiciales y acogió el criterio de la procedencia excepcional.

Igualmente, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 31 de julio de 2012, radicado 2009-01328-01, aceptó la procedencia de la tutela contra providencia judicial, en los siguientes términos:

«De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. En consecuencia, en la parte resolutiva, se declarará la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.» Resaltados de la Sala

Hechas estas precisiones acerca de la excepcionalísima procedencia de la tutela contra providencias judiciales, la Sala adoptará la metodología aplicada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado.

En esa sentencia la Corte Constitucional precisó que las causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son:

«[…]

Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional;

Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable;

Que se cumpla con el requisito de la inmediatez;

Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora;

Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y

Que no se trate de sentencias de tutela. […]»

Una vez agotado el estudio de estos requisitos, y, siempre y cuando se constate el cumplimiento de todos, es necesario determinar la existencia, de por lo menos, alguna de las causales especiales de procedibilidad, es decir, que la providencia controvertida haya incurrido en: a) defecto orgánico, b) defecto procedimental absoluto, c) defecto fáctico, d) defecto material o sustantivo, e) error inducido, f) decisión sin motivación, g) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y h) violación directa de la Constitución.

2.3.2.- Del defecto procedimental

La jurisprudencia constitucional ha señalado que el defecto procedimental de una sentencia judicial surge cuando el funcionario judicial encargado de adoptar determinada decisión, actúa de forma contraria a los postulados procesales aplicables al caso concreto, desconociendo de manera evidente los presupuestos legales establecidos, lo cual deriva en una decisión arbitraria que desconoce derechos fundamentales.

Así, estaría viciado todo proceso en el que se omitan las etapas señaladas en la ley para el trámite y desarrollo del mismo y se afecten las garantías de los sujetos procesales. Por ejemplo cuando se omite la solicitud y práctica de pruebas o la comunicación con la que se da inicio al pleito, actos que permiten la participación de los sujetos en ejercicio de su derecho de defensa. Uno de los escenarios en que el juez puede incurrir en un defecto procedimental es en el desarrollo de la defensa técnica.

Los criterios que se deben tener en cuenta para establecer si existió un defecto procedimental son: (i) que en el transcurso del proceso no haya sido posible corregir la irregularidad procesal; (ii) que el desconocimiento procesal afecte de manera grave el derecho al debido proceso y tenga repercusiones en la decisión de fondo; (iii) se requiere que el error producido no sea imputable al afectado, y (iv) se omita cumplir los principios mínimos del debido proceso señalados en la Constitución, principalmente, en los artículos 29 y 228.

De hecho, la jurisprudencia constitucional ha establecido que en cualquier actuación prevalece el derecho sustancial frente a las formas, pero también se ha afirmado que el procedimiento es una garantía de la homogeneidad de las actuaciones en el marco de un proceso, bajo supuestos fácticos similares con el fin de impedir la arbitrariedad y que se adopten decisiones subjetivas que desconozcan los derechos fundamentales de los sujetos procesales.

2.3.3.- Del desconocimiento del precedente

La Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 1.896, precisó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 Superior, los jueces sólo están sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión». Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte del juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.

Respecto del precedente vertical, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en sostener, que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial, por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones. A esta conclusión ha llegado en consideración a: 1) el principio de igualdad, que es vinculante para todas las autoridades, e incluso, para algunos particulares que exige, que supuestos fácticos iguales se resuelvan de la misma manera y por consiguiente, con la misma consecuencia jurídica; 2) el principio de cosa juzgada, que otorga a los destinatarios de las decisiones jurídicas, seguridad jurídica y previsibilidad de la interpretación, pues si bien es cierto, el derecho no es una ciencia exacta, sí debe existir certeza razonable sobre la decisión; 3) la autonomía judicial, que no puede desconocer la naturaleza reglada de la decisión judicial, pues sólo la interpretación armónica de esos dos conceptos garantiza la eficacia del Estado de Derecho; 4) los principios de buena fe y confianza legítima, que imponen a la Administración un grado de seguridad y consistencia en las decisiones, pues existen expectativas legítimas con protección jurídica; y 5) por razones de racionalidad del sistema jurídico, porque es necesario un mínimo de coherencia a su interior.

Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio decidendi o razón central de la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge de los presupuestos fácticos relevantes de cada caso. De esta forma, la Corte Constitucional recordó que la ratio decidendi «i) corresponde a la regla que aplica el juez en el caso concreto, ii) se determina a través del problema jurídico que analiza en relación con los hechos del caso concreto y iii) al ser una regla debe ser seguida en todos los casos que se subsuman en la hipótesis prevista en ella».

Ahora bien, a pesar de la marcada importancia de la regla de vinculación a la ratio decidendi y el respeto por el precedente, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que tal entendimiento no puede ser absoluto, pues no se trata de petrificar la interpretación judicial ni de convertir el criterio de autoridad en el único posible para resolver un asunto concreto. Se trata simplemente de armonizar y salvaguardar los principios constitucionales que subyacen a la defensa del precedente. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad y de la independencia judicial; por tanto no podrá reprocharse a la sentencia arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables ningún género de discriminación.

Sin pretender sistematizar todas las situaciones que pueden dar lugar a que un juez unitario o colegiado se aparte del precedente judicial, es posible indicar que un cambio en la jurisprudencia puede provenir de una modificación del ordenamiento jurídico, o de una drástica transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas decisiones, haciendo incoherente una interpretación del derecho frente al contexto social actual.

De igual manera, puede un juez apartarse del precedente cuando el caso juzgado encuentra serias diferencias que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio. En tales situaciones el juez está relevado de obedecer a las decisiones judiciales previas, aunque en cualquier caso debe cumplir una carga de transparencia de acuerdo con la cual debe identificar los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional y por qué esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico y, además de ello, reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad que se derivará de la desobediencia al precedente.

En otros términos, sólo los cambios de jurisprudencia no justificados o no advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en idénticas circunstancias frente a la Ley.

2.3.4.- Violación directa de la Constitución

Esta causal especial de procedibilidad de la acción de tutela encuentra fundamento en que el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce valor normativo a los preceptos superiores, de modo tal que contienen mandatos y previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades y, en determinados eventos, por los particulares.  Por ende, resulta plenamente factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales postulados.

La Corte Constitucional ha señalado que ésta causal se estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce la Carta Política, ya sea porque: (i) deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto; o porque (ii) aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución.

En el primer caso, la Corte ha dispuesto que procede la tutela contra providencias judiciales por violación directa de la Constitución: (a) cuando en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional, (b) cuando se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata, y (c) cuando el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.

En el segundo caso, la jurisprudencia ha sostenido que el juez debe tener en cuenta en sus fallos, que de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política, ésta es norma de normas, y que en todo caso en que encuentre, deduzca o se le interpele sobre una regla que le es incompatible, debe aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia a las legales, mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad.

2.4.- Caso en concreto

De conformidad con el marco normativo y jurisprudencial expuesto y orientados por el primer problema jurídico planteado, la Sala de Subsección evidencia de las pruebas obrantes en el plenario que:

(i) La cuestión que se discute resulta de relevancia constitucional pues se trata de una posible violación al debido proceso, derecho de defensa, acceso a la administración de justicia e igualdad y los principios de confianza legítima y prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental por el actuar de las accionadas;

(ii) se agotaron todos los medios de defensa al alcance del accionante, porque en cuanto a la providencia del Tribunal contra ella no procedía recurso alguno,

(iii) cumplió con el requisito de inmediatez toda vez que la providencia que decidió el recurso de apelación en contra del auto que declaró la caducidad del medio de control data del 22 de marzo de 2018, y la presentación de la tutela es del 23 de julio de 2018,

(iv) de encontrarse probados los defectos alegados estos tienen la vocación de vulnerar derechos fundamentales de los accionantes,

(v) de la lectura del escrito de tutela, se tiene que la parte accionante identificó los hechos que fundamentan la acción y los derechos que a su parecer considera vulnerados en razón a la actuación de la parte accionada, motivo por el cual este requisito se encuentra cumplido, y

(vi) no se trata de una tutela contra tutela toda vez que la decisión reprochada fue proferida por la jurisdicción contencioso administrativa dentro de un proceso de reparación directa.

En el presente asunto, los señores ORLANDO MORENO y HENRY AUGUSTO MORENO DE LA HOZ reprochan las decisiones judiciales del 14 de diciembre de 2017 y 22 de marzo de 2018, proferidas por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Barranquilla y el Tribunal del Atlántico, respectivamente, mediante las cuales se declaró la caducidad del medio de control de reparación directa que presentó.

Ahora bien, analizado el expediente en préstamo, se advierte que el Juzgado Primero Administrativo Oral de Barranquilla, fundamentó su determinación, en los siguientes términos:

«Sea lo primero advertir que en esta jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene raigambre jurisprudencial una teoría francesa que es el principio pro damato y pro actione en los cuales se privilegian cualquier duda sobre la caducidad en el derecho de acción el juez está obligado a admitir la demanda como en efecto sucedió. Luego al revisar la contestación de la demanda y las pruebas en conjunto para esta audiencia inicial, cuidadosamente este Despacho vuelve a revisar los hechos, las afirmaciones del demandante que son prueba de confesión de conformidad con el Código General del Proceso, encontrando en el hecho 1.14 la siguiente afirmación: «desde que el señor HERNANDO MORENO tuvo conocimiento de la cancelación de la matrícula y la cesión del cupo para el taxi de su vehículo (13 de mayo de 2011) se abstuvo de seguir usufructuando dicho bien. Luego en el 2.1., 2.2., de las omisiones que le endilga a la entidad demandada se afirma lo siguiente: «La Secretaría de Movilidad de Barranquilla no verificó mediante el sistema biométrico u otro la identidad de la persona que solicitó de manera fraudulenta –la cancelación de la matrícula y la cesión del cupo del vehículo UVZ146 mediante FUNAL de fecha 03/03/2011». Luego en el 2.2., recalca lo siguiente: «La Secretaría de MOVILIDAD DE Barranquilla no verificó, ante el RUNT, la identidad de la persona que aparecía como propietario del vehículo de Placas UVZ 146, al momento de autorizar la cancelación de la matrícula y la cesión del cupo del vehículo de Placas UVZ 146, mediante FUNAL de fecha 03/03/2011.». Luego nos vamos al folio 5 de la demanda, en el inciso cuarto, dice: « no podría ser de otra manera porque, a pesar que mi representado se enteró, con anterioridad a esa fecha, que habían cancelado la matrícula de su vehículo y cedido su cupo para taxi, no existía certeza, para el organismo de tránsito, sobre si fue él, o no, quien presentó la solicitud, por tanto, tampoco se podía determinar si se había producido el daño a no.

Dicho de otra manera, el señor ORLANDO MORENO y su núcleo familiar, no podían ejercer la acción de reparación, sin que se determinara que aquel no había suscrito el FUNAL a que se hace referencia, pues si resultaba que la firma era de él, ningún daño se habría producido.»

Estos dos hechos que recalca el demandante a su vez son contradictorios con lo indicado en el folio 7 de su demanda cuando dice: «las autoridades competentes determinaron que la firma que aparece en el FUNAL de fecha 03/03/2011 no es del señor ORLANDO MORENO» y luego recalca que «con los medio probatorios aportados, se acredita, fehacientemente, que la matrícula del vehículo de placas UVZ146 fue cancelar , por un supuesto hurto, y que luego de las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, se demostró que mi representado no fue quien suscribió el FUNAL con fecha 03/03/2011, mediante el cual se solicitó la cancelación de la matrícula.»

Si nosotros miramos la prueba que aporta el mismo demandante con la cual pretende poner en duda la caducidad donde dice que no tenía la certeza que no era su firma, que los documentos eran falsos queda desvirtuada pues el mismo demandante en su escrito de demanda acompaña de manera indubitable una denuncia que puso en conocimiento de las autoridades competentes el 30 de septiembre de 2011, fecha de recepción hora 10:40, departamento del Atlántico, municipio de Barranquilla, caso noticia 080016001067201108569, resaltada, datos del denunciante: ORLANDO MORENO, cedula de ciudadanía: 3689256, que coincide con el nombre del demandante y donde le dice a la Fiscalía General de la Nación, lo siguiente:

«VENGO A INTERPONER DENUNCIA EN CONTRA DE LA SEÑORA OLIVA GONZÁLEZ ORDOÑEZ DEBIDO A QUE APROXIMADAMENTE UNOS 4 MESES, ME ENTERE QUE ME HABÍA HURTADO Y FALSIFICADO EL CUPO DEL CARRO, CON PLACAS UVZ-146 MODELO 98 MARCA DAEWO CIELO. (TAXI), Y ESTÁ RODANDO UN CARRO CON MI CUPO CON PLACAS STN-171 AFILIADA A COOCHOTAX (TAXI DE SERVICIO PÚBLICO=. LA SEÑORA OLIVA AFIRMA QUE LE COMPRO EL CUPO AL SEÑOR DANIEL ELLIS ESCORIA, COMPRADO A SU VEZ A DIONISIO MANUEL ARIAS CABARCAS. TODA ESTA INFORMACIÓN FUE POSIBLE OBTENERLA PORQUE NOS REUNIMOS EN LA SEDE DE COOCHOTAX EL DIA 17 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, CON EL FIN DE LLEGAR A UN ACUERDO. LA SEÑORA OLIVA SE HA NEGADO ROTUNDAMENTE EN ENTREGAR LA DIRECCIÓN DE SU DOMICILIO.»

Todos estos hechos, afirmaciones del mismo demandante, con la prueba, son coincidentes en decir que tenía conocimiento del hecho desde el año 2011 y solo la demanda vino a ser presentada en al año 2017, fecha en la cual también interrumpió o pretendió interrumpir la caducidad con el informe y la solicitud ante la Procuraduría General de la Nación de esta Seccional que sirve como ente receptor y tramitador de los requisitos de procedibilidad previstos en el artículo 161 de la Ley 1437 del 2011.

Para esto, es necesario acudir a la jurisprudencia reinante del Consejo de Estado que ha sido ratificada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Oralidad, donde se dice lo siguiente: El Consejo de Estado ha diferenciado al menos tres supuestos diversos de consolidación del daño, daño inmediato, daño continuado o de tracto sucesivo y los daños sucesivos por causa homogénea. En el marco de ese mismo universo ha reconocido la jurisprudencia que ocurre en eventos en los cuales los daños pueden provenir de un acontecimiento agotamiento instantáneo pero también puedan ocasionalmente provenir de un hecho que va produciendo de manera paulatina y progresiva que esas distintas circunstancias se proyectan también en el ámbito de la contabilización del término de caducidad de la acción. En el primer caso no cabe duda en cuanto a que el término par a interponer la demanda resarcitoria debe empezar a contabilizarse a partir del día siguiente en que se produjo el acontecimiento dañoso y esta constituye regla general pero también puede ocurrir que los efectos del daño se agraven con el tiempo o que fenómenos sucesivos u homogéneos puedan producir daños continuos. En eventos como estos últimos, ha señalado por la jurisprudencia que ha de tenerse cuidado de no confundir la producción del daño sucesivo con el agravamiento del mismo daño pues en este último evento el término para ejercer la acción debe empezar a contarse desde el acontecimiento del hecho que le dio origen y no cuando los daños se producen de manera paulatina o como efecto sucesivo o hechos se conocen por causas diversas en el término para reclamar la indemnización.

Es evidente que el daño fue conocido desde el momento mismo en que el demandante acudió a la Fiscalía General de la Nación a presentar la denuncia ya tenía conocimiento que los documentos se los habían falsificado y que se los habían hurtado, con ese evento objetivo y ese conocimiento y la confesión que hace de la misma demanda y la prueba aportada al proceso este Despacho no tiene otro camino que declarar probada la caducidad del medio de control teniendo en cuenta que desde la ocurrencia del hecho hasta la interrupción que se presentó ante la Procuraduría ya habían transcurrido los dos años que establece el artículo 164 de la Ley 1437 del 2011.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, RESUELVE:

Declarase la caducidad del medio de control por las razones antes expuestas.

[…]» Destacado fuera del texto.

Por su parte, luego de la apelación presentada por el apoderado de los demandantes en contra de esa providencia, el 22 de marzo de 2018, el Tribunal Administrativo del Atlántico resolvió confirmarla con sustento en los argumentos transcritos a continuación:

«[…] El señor Orlando Moreno y otros, a través de apoderado judicial, presentaron demanda en ejercicio del medio de control Reparación Directa, consagrado en el artículo 140 de la ley 1437 de 2011, contra el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla y la Secretaría de Movilidad de Barraquilla, el día 25 de Julio de 20177

La demandante, impetra como pretensiones que se declare administrativa y patrimonialmente responsable, por los perjuicios materiales e inmateriales a las entidades demandadas, por los hechos y omisiones cometidos por estas según se relatan en el libelo introductorio.

El Jugado Primero Administrativo Oral de Barranquilla, en audiencia inicial llevada a cabo el día 14 de diciembre de 2017, mediante auto notificado en estrado, declaró el fenómeno de la caducidad respecto a este medio de control, por considerar que el demandante acudió a sede judicial tardíamente, en razón a que debió hacerlo desde el momento en que tuvo conocimiento de la cancelación de la matrícula y cupo del carro, y no cuando la Fiscalía dispuso que habían falsificado la firma del actor.

Expresado lo anterior, y con respecto a la oportunidad para presentar la demanda se tiene que, la ley 1437 de 2011 expone en su artículo 164, numeral segundo, literal I), lo siguiente:

“Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda debe presentarse dentro del término de dos (02) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fie en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”

La normatividad anterior, señala que la caducidad del medio de control reparación directa ocurre cuando éste no se ejerce dentro de los dos (2) años siguientes, contados a partir del día siguiente a la fecha de la ocurrencia de la acción u omisión, o de cuando el demandante tuvo conocimiento del evento.

En esos mismos términos el Consejo de Estado ha precisado que:

“El fenómeno de caducidad se configura cuando vence el término previsto en la ley para acudir ante los jueces para demandar. Límite que está concebido para definir un plazo objetivo e invariable para que quien pretenda ser titular de un derecho, opte por accionar ante las autoridades competentes. La caducidad tiene lugar justamente cuando expira ese término perentorio fijado por la ley.

El término para formular el medio de control de reparación directa, de conformidad con el literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, es de 2 años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.”

Teniendo en cuenta lo anterior descendiendo al sub examine, se extrae de la demanda que asevera el actor en los hechos del libelo, en su hecho 1.2 y 1.3 que fue a la Secretaría de Movilidad a fin de actualizar su documentación y le informaron el estado en que se encontraba la matrícula del vehículo, esto es cancelada, de la misma forma en hecho 1.14 ratifica el demandante que tuvo conocimiento de ello a fecha trece (13) de mayo de 2011, ahora bien haciendo un conteo detenido de los tiempos y aplicando lo establecido en el artículo 164 numeral 2 en su literal I) el señor Moreno, tenía como plazo para demandar en virtud de este medio de control solo hasta el catorce (14) de mayo de 2013, y se observa en el paginario que el actor interpuso la demanda a fecha veinticinco (25) de julio de 2017, tiempo para el cual se encontraba a toda luces caduca, como ha bien lo sostuvo el a quo.

Es del caso precisar que, si bien con la presentación ante la Procuraduría de la solicitud de conciliación prejudicial, establecida como requisito para demanda de conformidad con la Ley 1285/09; se suspendería el término de para que opere el fenómeno jurídico de la caducidad, empero se extra en el sub lite, que la parte actora elevó su solicitud en fecha nueve (9) de mayo de 2017, es decir cuando había operado a bulto la caducidad.

En virtud de lo expuesto y por las razones anotadas, esta Sala CONFIRMARÁ el auto proferido por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Barranquilla, el día catorce (14) de Diciembre del 2017, por encontrarse acreditado el fenómeno de la caducidad del presente medio de control.

[…]» Destacado fuera del texto.

De acuerdo con esos argumentos, la Sala de Subsección, evidencia que los autos expedidos por las accionadas no incurrieron en un defecto procedimental absoluto porque para contabilizar la caducidad se atendió a las disposiciones vigentes y aplicables al caso, esto es, al literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, según el cual el medio de control de reparación directa caduca en el término de dos (2) años a partir del conocimiento del hecho.

Tampoco desconocieron el precedente pues está demostrado que como sustento a su resolución tuvieron en cuenta jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación como la sentencia del 26 de febrero de 2018 proferida dentro del radicado 2017-00885, C.P.: Guillermo Sanchéz Luque.

Asimismo no incurrieron en una violación directa de la Constitución porque contrario a lo afirmado por los accionantes, tanto el Juzgado como el Tribunal accionado, realizaron un estudio de las pruebas y de los hechos expuestos en la demanda, a partir de los cuales concluyeron que el medio de control estaba caducado.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el hecho que produjo el daño se conoció desde el año 2011, fecha en la que el señor ORLANDO MORENO denunció ante la Fiscalía el hurto y la falsificación del cupo de su carro identificado con placas UVZ-146, circunstancia que se encuentra acreditada en folios 29 a 31 del expediente en préstamo, y la demanda solo se presentó hasta el año 2017, cuando ya habían transcurrido los dos años para interponerla.

En ese orden de ideas, al no encontrarse demostrada la configuración de los defectos aludidos en contra de las decisiones judiciales atacadas por los accionantes, la Sala de Subsección negará el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: NIÉGASE la acción de tutela formulada por los señores ORLANDO MORENO y HENRY AUGUSTO MORENO DE LA HOZ, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE por cualquier medio expedito.

TERCERO: DE NO SER IMPUGNADA ESTA PROVIDENCIA, REMÍTASE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Folios 14 a 15 del expediente.
Folios 1 a 2 del expediente.
Folios 2 a 13 del expediente.
Folio 18 del expediente.
Folio 26 a 27 del expediente.
Reverso folio 26 y anverso del folio 27 del expediente.
Ibídem.
Folios 29 a 34 del expediente.
Folios 54 a 60 del expediente.
Ver entre otras, sentencias de 3 de agosto de 2006, Exp. AC-2006-00691, de 26 de junio de 2008, Exp. AC 2008-00539, de 22 de enero de 2009, Exp. AC 2008- 00720-01 y de 5 de marzo de 2009, Exp. AC 2008-01063-01.
T-544 de 2015.
Sentencia T-996 de 2003.
Ver sentencia SU-159 de 2002
Sentencias T-1246 de 2008, T-737 de 2007, entre otras.
Sentencia T-289 de 2005 y T-996 de 2003. En este pronunciamiento, la Corte se refirió a la configuración de un defecto procedimental como consecuencia de la violación del derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales “al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos fundamentales”.
Sentencias T-676 de 2006, T-146 de 2007.
Sentencia C-836 de 2001.
Sentencia T-468 de 2003.
Sentencia C-447 de 1997.
Sentencia T-049-07.
Sentencia T-123-95.
En materia Contencioso Administrativa el reconocimiento del precedente como fuente importante de estabilidad y de garantía del derecho a la igualdad lo constituye el mecanismo de extensión de la jurisprudencia, consagrado en el artículo 102 del nuevo C.P.A.C.A.; y, el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, artículo 256 y siguientes ibídem.
Sentencias T-310 de 2009 M.P. Mauricio González Cuervo y T-555 de 2009 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
En Sentencia C – 590 de 2002 M.P Jaime Córdoba Triviño, la Corte dijo que se deja de aplicar una disposición iusfundamental en los casos en que, “… si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales”.
En la sentencia C – 590 de 2005 M.P Jaime Córdoba Triviño, se reconoció autonomía a esta causal de procedibilidad de la acción de tutela, y se establecieron algunos criterios para su aplicación.
Sentencias T-765 de 1998 M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-001 de 1999 M.P. José Gregorio Hernández. Los derechos de aplicación inmediata están consagrados en el artículo 85 de la C.P, que establece que los derechos de aplicación inmediata son el derecho a la vida, a la integridad personal, a la igualdad, a la personalidad jurídica, intimidad, al buen nombre, la honra, al libre desarrollo de la personalidad, libertad, de conciencia, de cultos, expresión, de petición, a la libertad de escoger profesión u oficio, a la libertad personal, a la libre circulación, al debido proceso, al habeas corpus y a la segunda instancia en materia penal, a la inviolabilidad del domicilio, a la no incriminación, de reunión, de asociación y los derechos políticos.
Ver entre otras, las sentencia T – 199 de 2005 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-590 de 2009 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva y T-809 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
Folio 127 del expediente en préstamo.
Folio 16 del expediente.
CD a folio 120. Audiencia inicial. Min. 6:21 a min. 13:52
Cit. de cit. Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección C, Consejero Ponente Dr. Guillermo Sánchez Luque. RAD. 2017-00885. Bogotá, Sentencia de veintiséis (26) de febrero de 2018.
Folios 128 a 131 del expediente en préstamo.

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