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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-02436-00

Acción de tutela en concurso de méritos de la rama judicial: convocatoria N. 22

Fecha
17 de septiembre de 2018
Consejero ponente
César Palomino Cortés

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-02436-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA NEGAR la solicitud de amparo invocada por los señores Manuel Fernando Gómez Arenas y Claudia Lucía Rincón Arango contra el Consejo Superior de la Judicatura- Unidad de Administración de Carrera Judicial, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2018-02436-00

Consejero ponente: César Palomino Cortés

17 de septiembre de 2018

ACCIÓN DE TUTELA EN CONCURSO DE MÉRITOS DE LA RAMA JUDICIAL - Convocatoria N. 22 / CARGO DE MAGISTRADO DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL CAQUETÁ - No fue ofertado en vacancia definitiva / CARGO DE MAGISTRADO DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL CAQUETÁ - Ocupado en provisionalidad por una persona en situación de estabilidad laboral reforzada en virtud de un fallo de tutela / VIGENCIA DE LA LISTA DE ELEGIBLES - Cuatro años / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A ACARGOS PÚBLICOS

[S]e observa que el cargo de Magistrado de Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá que solicitan los actores en tutela sea ofertado a quienes hacen parte del Registro de Elegibles vigente a partir del 20 de marzo de 2018, con ocasión de la Convocatoria Nº 22, es ocupado actualmente por el señor [G.S.A], en cumplimiento de un fallo judicial proferido por el Consejo de Estado en trámite de tutela en el que, al confirmar la decisión de primera instancia, se ordenó al Consejo Superior de la Judicatura reubicarlo en un cargo de igual o superior categoría al que desempeñaba, hasta tanto sea incluido a la nómina de pensionados. En este orden de ideas, se tiene que las razones por las cuales el Consejo Superior de la Judicatura no ha ofertado el cargo de Magistrado de Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá que ocupa el señor [G.S.A] se encuentran debidamente motivadas en la orden de tutela que amparó su derecho a la estabilidad laboral reforzada. Al respecto, se aclara que si bien es cierto que las personas que ganan un concurso público de méritos tienen un mejor derecho frente aquellas que gozan de estabilidad laboral reforzada en calidad de provisionales, no se puede desconocer que esta Corporación emitió un pronunciamiento respecto con la condición de prepensionado del señor [G.S.A], en el que definió que sus derechos al mínimo vital y a la seguridad social debían ser salvaguardados (…) Así las cosas, se considera que el Consejo Superior de la Judicatura- Unidad de Administración de Carrera Judicial no ha vulnerado los derechos de los accionantes, pues si bien tienen la expectativa de ser nombrados en el cargo de Magistrado de Consejo Seccional de la Judicatura, por cuanto integran el Registro Nacional de Elegibles (vigente a partir del 20 de marzo de 2018), lo cierto es que de conformidad con el artículo 165 de la Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de la Administración de Justicia), tal registro tiene una vigencia de cuatro años, término durante el cual sus integrantes podrán optar por las vacantes que se presenten; garantía que prevé per se, la salvaguarda del derecho de acceso a cargos públicos por concurso de méritos.

FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 165

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-02436-00(AC)

Actor: MANUEL FERNANDO GOMEZ ARENAS Y OTRO

Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE ADMINISTRACION DE CARRERA JUDICIAL

La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta por los señores Manuel Fernando Gómez Arenas y Claudia Lucía Rincón Arango contra el Consejo Superior de la Judicatura- Unidad de Administración de Carrera Judicial.

ANTECEDENTES

1. La solicitud y las pretensiones

Los señores Manuel Fernando Gómez Arenas y Claudia Lucía Rincón Arango, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, acudieron ante esta Corporación para que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, igualdad, buena fe y de acceso a cargos públicos por concurso de méritos, que estima lesionados por el Consejo Superior de la Judicatura- Unidad de Administración de Carrera Judicial por razón a que no publicó ni ofertó el cargo en vacancia definitiva de Magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá, que se encuentra ocupado en provisionalidad por el señor Germán Darío Saldarriaga Arroyave.

En amparo de los derechos invocados, solicitan:

“(…) Con fundamento en los hecho relacionados Ut Supra y las pruebas allegadas con el presente libelo constitucional, con el debido respeto, solicito al Juez Constitucional, disponga las órdenes necesarias para que la parte accionada cese la vulneración de nuestros derechos fundamentales y despliegue las actuaciones legales y reglamentarias para materializar la provisión en propiedad por el sistema de méritos del cargo de Magistrado de Consejo Seccional de la Judicatura de Caquetá ocupada en provisionalidad por el Doctor el Dr. GERMÁN DARIO SALDARRIAGA ARROYAVE (sic).

Es así que para que se materialicen en su totalidad las etapas del proceso de selección de la Convocatoria 22 (acuerdo 13-9939) y se genere el acto administrativo definitivo de nombramiento y en consecuencia la provisión del cargo en propiedad por el sistema de mérito, se deben ejecutar actos preparatorios por parte de la Dirección de Unidad de Carrera Judicial en virtud de lo preceptuado en el artículo 162 de la Ley 270 de 1996 y por lo que se solicita al Juez Constitucional disponer lo siguiente:

1. Que la Directora de la Unidad de Carrera Judicial, representada por la Doctora CLAUDIA MARCELA GRANADOS R, realice conforme a su competencia y a lo dispuesto en el Acuerdo reglamentario (14-10269 de 2014) la publicación y Oferta de Sede el próximo mes de agosto de 2018 (sic), del cargo en vacancia definitiva de Magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Caquetá, que se encuentra en vacancia definitiva y es ocupada en provisionalidad por el Dr. GERMÁN DARIO SALDARRIAGA.

2. Vencido el término de publicación 8 de agosto de 2018 (5 días hábiles), proceda al día siguiente a conformar la Lista de Candidatos para publicación y remisión expedita al nominador CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. En caso de que la acción no sea fallada antes de finalizar el mes de julio, se disponga la oferta el mes siguiente es decir para el mes de Septiembre de 2018.

3. AL NOMINADOR (CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA), que en los términos del artículo 167 de la Ley 270 de 1996, reciba la lista de candidato, proceda (sic) al nombramiento y provisión en propiedad y en estricto orden de méritos, el cargo de Magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Caquetá.

4. Se ordene a la Directora de la Unidad de Carrera Judicial (…) para que en lo sucesivo se abstenga de realizar actuaciones dilatorias tendientes a impedir la provisión en debida forma de las vacantes definitivas de Magistrados de Consejo Seccional de la Judicatura, pues siendo el Consejo Superior el órgano Constitucional y legal que administra la Carrera Judicial, como lo hemos expresado, debe actuar en forma ejemplarizante y propender por la aplicación de los principios constitucionales establecidos en el artículo 125 de la Constitución, materializando los derechos subjetivos y expectativas legítimas de quienes por el mérito integramos el Registro Nacional de Elegibles en virtud de la Convocatoria 22, dentro de los plazos y términos legalmente establecidos.

5. Las que el señor Juez Constitucional considere conducentes y pertinentes para la protección de nuestros derechos y del DR. SALDARRIAGA ARROYAVE, conforme a las situaciones fácticas esbozadas.

(…)”

2. Hechos

La anterior solicitud se sustentó en los hechos y consideraciones que se resumen a continuación:

Los actores señalan que con ocasión de la Convocatoria Nº 22 (Acuerdo PSAA-139939 de 25 de junio de 2013) se sometieron a concurso de méritos para proveer los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, específicamente para las vacantes definitivas existentes de Magistrado Seccional- antes Magistrado Sala Administrativa, y las que se presentaran durante la vigencia de éste.

Aducen que luego de superadas todas las etapas del concurso, integraron el Registro Nacional de Elegibles vigente a partir del 20 de marzo de 2018.

Manifiestan que desde el 2 de febrero de 2018 han presentado derechos de petición ante la Unidad de Administración de Carrera Judicial para que indicara las razones de la omisión en la publicación y oferta de sedes de las vacantes definitivas de Magistrado Consejo Seccional- antes Magistrado Sala Administrativa de Caquetá y Chocó, generadas por situaciones administrativas de los funcionarios en propiedad, doctores Jaime Arteaga Céspedes y Victoria Eugenia Velásquez Marín.

Relatan que la entidad dio respuesta a lo pedido el 11 de julio de 2018, en el sentido de indicar que en el cargo de Magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá se encuentra nombrado el doctor Germán Darío Saldarriaga Arroyave, en cumplimiento de un fallo de tutela proferido por el Consejo de Estado, por lo que no es posible ofertarlo.

Alegan que la respuesta de la demandada va en contra vía de su derecho a acceder al cargo por el sistema del mérito, toda vez que no existe soporte legal ni constitucional que impida la oferta y provisión en propiedad de la vacante definitiva de Magistrado Consejo Seccional del Caquetá, pues si bien en el año 2016 se dictó un fallo de tutela en el que se ordenó reubicar al doctor Saldarriaga Arroyave en un empleo de igual o mejores condiciones al que en su momento tenía debido a su condición de prepensionado, lo cierto es que las circunstancias han cambiado, en tanto actualmente existe un Registro de Elegibles para ese cargo y debe ser provisto en propiedad. Además, sostienen que el fallo de tutela no es oponible a quienes integran el mencionado registro.

Enfatizan en que tienen un mejor derecho frente a quien viene desempeñando el cargo de Magistrado de Consejo Seccional de la Judicatura en Caquetá como provisional, por razón a que éste goza solo de la calidad de prepensionado por contar con 61 años de edad.

3. Trámite e intervenciones

Mediante auto 25 de julio de 2018, se admitió la tutela y ordenó notificar a la entidad accionada en los términos y para los efectos previstos en el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991. Además, se vincularon a los terceros interesados en las resultas del proceso.

El Consejo Superior de la Judicatura- Unidad de Administración de Carrera Judicial, precisa que en estricto cumplimiento del numeral 7.3 del artículo 3 del Acuerdo de convocatoria 9939 de 2013, la publicación de las vacantes reportadas por el nominador para los diferentes cargos de funcionarios de carrera de la Rama Judicial se ha realizado mes a mes, durante los primeros cinco días, entre estas, las de las vacantes de Magistrados de Consejo Seccional de la Judicatura de la Convocatoria Nº 22.

Indica que para el caso de las vacantes de las doctoras Olga Lucía Ramírez Delgado y Victoria Eugenia Velásquez Marín, en el Chocó, las respectivas listas de candidatos están surtiendo los trámites legales establecidos en la Ley 270 de 1996, entre las que se encuentra en segundo lugar el doctor Manuel Fernando Gómez Arenas, accionante dentro del presente trámite constitucional.

Afirma en cuanto a las vacantes del Caquetá que, la del doctor Mario Valderrama Yague fue publicada el 1 de agosto de 2018 en la página web de la Rama Judicial, para que los integrantes del Registro de Elegibles interesados pudieran optar por ésta y en relación a la del doctor Jaime Arteaga Céspedes, aduce que fue provista con el nombramiento del doctor Germán Saldarriaga Arroyave en cumplimiento de la orden del fallo de tutela con radicado número 44001233300220160018300.

Resalta que a través de la mencionada orden, el 19 de septiembre de 2016, el Tribunal Administrativo de la Guajira amparó los derechos fundamentales del doctor Saldarriaga Arroyave y, en consecuencia, ordenó al Consejo Superior de la Judicatura y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que en caso de remoción del empleo que tenía para ese entonces, debía ser reubicado en un cargo de igual o superior categoría hasta tanto se incluyera en nómina de pensionados. Decisión que fue confirmada por el Consejo de Estado, mediante providencia de 24 de noviembre de 2016.

Señala que el doctor Germán Saldarriaga Arroyave fue nombrado el 13 de octubre de 2016 en el cargo de Magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá, fecha en la que cumplía con los requisitos exigidos para el cargo, teniendo en cuenta además que era la vacante disponible en ese momento y que no existía registro de elegibles vigente para el mismo.

Enfatiza que conforme con lo anterior, se tiene que respecto del cargo ocupado en provisionalidad por el doctor Saldarriaga Arroyave existe una decisión judicial, en la que se encuentra inmersa una condición, y hasta tanto la misma no sea satisfecha, no se puede proceder a publicar tal vacante, salvo que otra decisión judicial disponga lo contrario.

Solicita que se declare la improcedencia de la acción, toda vez que no se evidencia la vulneración de los derechos invocados y la parte actora no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.

El señor Germán Saldarriaga Arroyave, vinculado al presente trámite constitucional a través de auto de 24 de agosto de 2018, manifiesta que ostenta la calidad de prepensionado, faltándole solo el requisito de la edad para adquirir su derecho a una pensión, pues nació el 5 de junio de 1957 y ha cotizado por más de 1845 semanas, según lo acredita Colpensiones.

Relata que mediante el Acuerdo PSAAA-16-10576 de 27 de septiembre de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, se suprimió la Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha y se crearon otras dependencias, motivo por el cual desapareció el cargo de Director Ejecutivo de Administración Judicial que desempeñaba en ese momento. Así las cosas, presentó tutela con el objeto que se ampararan sus derechos fundamentales, en tanto era sujeto de especial protección constitucional por ser prepensionado, acción que fue fallada a su favor y en cumplimiento de ella, fue nombrado como Magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá.

Aduce que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido la estabilidad laboral reforzada de quienes están a menos de tres años de pensionarse, pues tienen la confianza legítima de consolidar su derecho pensional.

Indica que no tiene otra fuente de ingresos económicos distintos a su salario como magistrado y que su derecho al mínimo vital se vulneraría en el evento de tener que salir al mercado laboral a encontrar otra fuente de empleo, dada su edad y el deterioro de sus condiciones físicas y de salud.

Pide que con el fin de evitar la conculcación de sus derechos y la causación de un perjuicio irremediable, no se acceda a lo pretendido en la acción de tutela de la referencia, y que en caso que se amparen los derechos de los accionantes, se garantice su permanencia sin solución de continuidad en cargo igual o de superior categoría, protegiendo así su derecho a la estabilidad laboral reforzada en calidad de prepensionado, hasta tanto sea incluido en nómina de pensionados.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1° del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017.

2. Generalidades de la acción de tutela

Según lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando quiera que sean violados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala la ley, y procede sólo cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de defensa, salvo que la utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que son elementos esenciales de esta acción constitucional su carácter subsidiario y excepcional, lo que implica que ésta sólo pueda ser ejercida frente a la violación de un derecho fundamental cuando no se disponga de otro mecanismo de defensa judicial o, en el evento en que aun existiendo otro medio de protección ordinario, sea necesario decretar el amparo en forma transitoria para evitar que se produzca un perjuicio irremediable, el cual debe estar debidamente acreditado en el proceso respectivo.

3. Problema jurídico

La Sala debe determinar si el Consejo Superior de la Judicatura- Unidad de Administración de Carrera Judicial vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, igualdad, buena fe y de acceso a cargos públicos por concurso de méritos, de los señores Manuel Fernando Gómez Arenas y Claudia Lucía Rincón Arango, al no publicar ni ofertar el cargo de Magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá, en el trámite de la Convocatoria Nº 22.

4. El derecho al debido proceso en materia de concurso de méritos

El concurso es el mecanismo considerado idóneo para que el Estado, con base en criterios de objetividad e imparcialidad, determine el mérito, las capacidades, la preparación, la experiencia y las aptitudes de los aspirantes a un cargo, con el único fin de escoger al mejor, apartándose de toda consideración subjetiva o de influencia de naturaleza política o económica.

Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia SU-133 de 1998, explicó lo siguiente:

“(…) La finalidad del concurso estriba en últimas en que la vacante existente se llene con la mejor opción, es decir, con aquel de los concursantes que haya obtenido el más alto puntaje. A través de él se evalúa y califica el mérito del aspirante para ser elegido o nombrado.

Así concebida la carrera, preserva los derechos al trabajo (arts. 25 y 53 C.P.), a la igualdad (art. 13 C.P.) y al desempeño de funciones y cargos públicos (art. 40, numeral 7, C.P.), realiza el principio de la buena fe en las relaciones entre las personas y el Estado y sustrae la actividad estatal a los mezquinos intereses de partidos políticos y grupos de presión que antaño dominaban y repartían entre sí los cargos oficiales a manera de botín burocrático (…).”

Con relación al debido proceso en el concurso de méritos esta Corporación se ha pronunciado en los siguientes términos:

“(…) El concurso de méritos ha sido considerado el instrumento más idóneo y eficaz, para determinar las aptitudes de los aspirantes a un cargo. Además de los principios que lo inspiran, entre ellos, el mérito, la igualdad en el ingreso, la publicidad y la transparencia, la ejecución de sus reglas debe someterse al estricto cumplimiento del debido proceso y respetar todas y cada una de las garantías que rodean el proceso de selección.

El resultado de la participación en el concurso de méritos es la lista de elegibles, en la que de manera ordenada se indican las personas que alcanzaron los mejores resultados en las diferentes pruebas realizadas, para acceder a los respectivos cargos. La jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional, como de esta Corporación ha sostenido que la provisión de cargos para la carrera administrativa, debe tener en cuenta el orden establecido en el correspondiente registro de elegibles, so pena de afectar diversos derechos fundamentales.

Ahora bien, es posible que en el marco de un concurso de méritos para el ingreso y el ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa, la Administración lesione ciertas garantías y se aparte del debido proceso administrativo, en razón a que, por ejemplo, no efectúa las publicaciones que ordena la ley, no tiene en cuenta el estricto orden de méritos, los instrumentos utilizados para verificar la capacidad y competencias de los aspirantes a acceder a los empleos no gozan de confiabilidad y validez, o no aplica las normas de carrera administrativa, para una situación jurídica concreta.

De este modo, frente a la vulneración del debido proceso administrativo, entendido como “la regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los administrados, de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre a los procedimientos señalados en la ley”, debe el juez de tutela ordenar las medidas que sean pertinentes para reestablecer el derecho conculcado (…).”

6. Caso concreto

Los señores Manuel Fernando Gómez Arenas y Claudia Lucía Rincón Arango alegan la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, igualdad, buena fe y de acceso a cargos públicos por concurso de méritos, porque el Consejo Superior de la Judicatura- Unidad de Administración de Carrera Judicial no publicó ni ofertó el cargo en vacancia definitiva de Magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá, que se encuentra ocupado en provisionalidad por el señor Germán Darío Saldarriaga Arroyave.

Ahora bien, con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala procede a hacer un recuento de los hechos que resultaron probados dentro del presente trámite de tutela.

• En el año 2016, en ejercicio de la acción de tutela, el señor Germán Saldarriaga Arroyave reclamó la protección de los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, mínimo vital y seguridad social, que estimó vulnerados por el Consejo Superior de la Judicatura- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Por consiguiente, solicitó no proveer el cargo de Director Seccional de Administración Judicial de Riohacha que desempeñaba para ese entonces en provisionalidad, y que en caso que se produjera el nombramiento de quienes se encontraban en terna para ocuparlo, fuera reubicado en un cargo similar o de superior categoría, hasta tanto se reconociera su condición de pensionado.

• Mediante sentencia de 19 de septiembre de 2016, el Tribunal Administrativo de La Guajira que conoció de la acción de tutela, accedió al amparo de los derechos invocados, al considerar que el actor tenía derecho a la estabilidad laboral reforzada por tratarse de un servidor público próximo a pensionarse, teniendo en cuenta además, que el retiro del cargo que ocupaba la causaría un perjuicio irremediable. En consecuencia, ordenó al Consejo Superior de la Judicatura y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial:

“(…) que dentro de sus competencias, para la elección en propiedad del cargo de Director Ejecutivo de Administración Judicial Seccional Riohacha, deben realizar una acción afirmativa para la protección de los derechos fundamentales del accionante, por razones constitucionales.

Para el efecto, las autoridades demandadas deberán tener especial consideración de la situación laboral del doctor GERMÁN DARÍO SALDARRIAGA ARROYAVE, bajo el entendido de que el accionante en caso de remoción de su actual empleo, debe ser reubicado en cargo de igual o superior categoría hasta tanto sea incluido en nómina de pensionados, luego que le sea reconocida la condición de pensionado por haber llegado a la edad de 62 años y tener más de 1.300 semanas de servicios cotizados, conforme a la Ley 797 de 2003 a él aplicable. (…)”.

• Dicha decisión fue confirmada el 24 de noviembre de 2016 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, al resolver el recurso de apelación interpuesto en su contra por la entidad demandada.

• A través de la Resolución Nº PSAR16-225 de 13 de octubre de 2016 el Consejo Superior de la Judicatura nombró en provisionalidad, en cumplimiento del citado fallo de tutela, al señor Germán Saldarriaga Arroyave en el cargo de Magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá; cargo en el que se posesionó el 18 de octubre de 2016.

• El Consejo Superior de la Judicatura a través de la Unidad de Administración de Carrera Judicial, mediante la Convocatoria Nº 22, invitó a la ciudadanía a participar en el concurso abierto de méritos para proveer los cargos de jueces y magistrados en todo el país, el cual fue regulado por el Acuerdo número PSAA13-9939 de 25 de junio de 2013.

• Los señores Manuel Fernando Gómez Arenas y Claudia Lucía Rincón Arango se inscribieron a la convocatoria en mención para el cargo de Magistrado Consejo Seccional- antes Magistrado Sala Administrativa y luego de superar todas las etapas del correspondiente proceso, integraron el Registro Nacional de Elegibles vigente a partir del 20 de marzo de 2018.

• Los accionantes presentaron derecho de petición los días 25 de abril y 8 de junio de 2018 ante el Consejo Superior de la Judicatura, en los que le solicitaron “su intervención ante la Unidad de Carrera Judicial para que se oferte la vacante definitiva de magistrado del Caquetá”, entre otras.

• La entidad dio respuesta a la anterior petición a través de Oficio Nº CJO18-2220 de 10 de junio de 2018, en el que informó que:

“(…) En el cargo de Magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá que ocupaba el doctor Jaime Arteaga Céspedes, se encuentra nombrado y posesionado el doctor Germán Darío Saldarriaga Arroyave, en cumplimiento de fallo de tutela proferido por el Consejo de Estado en el radicado 44001233300020160018301 de 2016, de manera que mientras se mantengan las condiciones amparadas por el juez de tutela, no es posible ofertarlo.

Adicional a lo anterior, respecto de su observación sobre el cargo que ocupaba el doctor Saldarriaga, es pertinente anotar que la orden del juez de tutela fue la de reubicarlo en un empleo igual o mejores condiciones (sic) del que tenía y en ese sentido, dicho nombramiento se hizo en cumplimiento del fallo judicial, por ser la vacante disponible en ese momento. (…)”.

De conformidad con lo anterior, se observa que el cargo de Magistrado de Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá que solicitan los actores en tutela sea ofertado a quienes hacen parte del Registro de Elegibles vigente a partir del 20 de marzo de 2018, con ocasión de la Convocatoria Nº 22, es ocupado actualmente por el señor Germán Saldarriaga Arroyave, en cumplimiento de un fallo judicial proferido por el Consejo de Estado en trámite de tutela en el que, al confirmar la decisión de primera instancia, se ordenó al Consejo Superior de la Judicatura reubicarlo en un cargo de igual o superior categoría al que desempeñaba, hasta tanto sea incluido a la nómina de pensionados.

En este orden de ideas, se tiene que las razones por las cuales el Consejo Superior de la Judicatura no ha ofertado el cargo de Magistrado de Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá que ocupa el señor Saldarriaga Arroyave se encuentran debidamente motivadas en la orden de tutela que amparó su derecho a la estabilidad laboral reforzada.

Al respecto, se aclara que si bien es cierto que las personas que ganan un concurso público de méritos tienen un mejor derecho frente aquellas que gozan de estabilidad laboral reforzada en calidad de provisionales, no se puede desconocer que esta Corporación emitió un pronunciamiento respecto con la condición de prepensionado del señor Germán Saldarriaga Arroyave, en el que definió que sus derechos al mínimo vital y a la seguridad social debían ser salvaguardados.

Sobre este punto, se precisa que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para controvertir los motivos por los cuales la Sección Cuarta de esta esta Corporación decidió ordenar a la demandada no retirar del servicio al señor Saldarriaga Arroyave hasta tanto sea incluido a la nómina de pensionados, ni tampoco para dejar sin efectos su nombramiento como magistrado.

Así las cosas, se considera que el Consejo Superior de la Judicatura- Unidad de Administración de Carrera Judicial no ha vulnerado los derechos de los accionantes, pues si bien tienen la expectativa de ser nombrados en el cargo de Magistrado de Consejo Seccional de la Judicatura, por cuanto integran el Registro Nacional de Elegibles (vigente a partir del 20 de marzo de 2018), lo cierto es que de conformidad con el artículo 165 de la Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de la Administración de Justicia), tal registro tiene una vigencia de cuatro años, término durante el cual sus integrantes podrán optar por las vacantes que se presenten; garantía que prevé per se, la salvaguarda del derecho de acceso a cargos públicos por concurso de méritos.

lll. DECISIÓN

Por las anteriores razones, la presente acción de tutela no está llamada a prosperar. En consecuencia, se negará la solicitud de amparo de los derechos invocados por los señores Manuel Fernando Gómez Arenas y Claudia Lucía Rincón Arango.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

NEGAR la solicitud de amparo invocada por los señores Manuel Fernando Gómez Arenas y Claudia Lucía Rincón Arango contra el Consejo Superior de la Judicatura- Unidad de Administración de Carrera Judicial, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Si no fuere impugnada, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Discutida y aprobada en sesión de la fecha.

CÉSAR PALOMINO CORTÉS

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER

Folios 55 a 57 reverso.
Folios 61 a 63 reverso.
Folios 95 a 97 reverso.
Folio 76.
Decreto 1983 de 2017 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela°, “[…] 5. Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada. […]”.
Corte Constitucional. Sentencia T-1110 de 2003.
Estipula el artículo 29 de la Constitución Política: El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Véase, entre otras, las sentencias T-467 de 1995, T-238 de 1996 y T-982 de 2004.
Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 17 de febrero de 2011. M.P. Dra. María Elizabeth García González. Ref: 2010-03113-01.
Folios 35 a 44 reverso.
Folio 98.
Folio 99.
Folio 16.
Folios 28 a 34 reverso.
Folios 22 a 26 reverso.
“ARTÍCULO 165. REGISTRO DE ELEGIBLES. La Sala Administrativa de los Consejos Superior o Seccional de la Judicatura conformará con quienes hayan superado las etapas anteriores, el correspondiente Registro de Elegibles para cargos de funcionarios y empleados de carrera de la Rama Judicial, teniendo en cuenta las diferentes categorías de empleos y los siguientes principios. La inscripción en el registro se hará en orden descendente, de conformidad con los puntajes que para cada etapa del proceso de selección determine el reglamento. La inscripción individual en el registro tendrá una vigencia de cuatro años. Durante los meses de enero y febrero de cada año, cualquier interesado podrá actualizar su inscripción con los datos que estime necesarios y con éstos se reclasificará el registro, si a ello hubiere lugar. Cuando se trate de cargos de funcionarios, o de empleados de las corporaciones judiciales nacionales el concurso y la incorporación al registro se hará por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura; en los demás casos dicha función corresponde a las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura. (Resaltado por la Sala)
(…).”

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