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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-02530-01

Fecha
16 de mayo de 2019
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-02530-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Niégase las solicitudes de desvinculación propuestas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la fiduciaria La Fiduprevisora S.A. y Asesores en Derecho S.A.S., por los motivos descritos en precedencia. SEGUNDO: Revócase el fallo de 28 de marzo de 2019, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante el cual se declaró improcedente la acción de tutela de la referencia y, en su lugar, ampáranse los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de los señores José Octavio Gómez Marín, Juan Enrique López y Jaime Enrique Ríos Lara, conforme a lo expuesto en las consideraciones de este proveído. TERCERO: En consecuencia, déjese sin efectos el auto de 13 de julio de 2018, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, mediante el cual se abstuvo de iniciar el incidente de desacato promovido con el propósito de obtener el cumplimiento de la orden impartida en la sentencia de 7 de mayo de 2015, por la Sección Cuarta de esta Corporación dentro del proceso 25000-23-42-000-2015-00394-00 y, ordénase a dicha corporación que en el término de diez (10) días, contado a partir de la notificación de esta sentencia, profiera una decisión de reemplazo en la cual verifique los nuevos hechos acaecidos en el asunto sub judice y las manifestaciones expuestas en la solicitud presentada por la parte actora y, de esta forma, determine si hay lugar a dar apertura al incidente de desacato, de acuerdo con las razones anotadas anteriormente. CUARTO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2018-02530-01

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

16 de mayo de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTO QUE NIEGA APERTURA DE INCIDENTE DE DESACATO - Ampara / VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS AL DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - El Tribunal rechazó la apertura del incidente de desacato replicando lo explicado en un auto que resolvió una solicitud previa

[S]e puede concluir que le asiste razón a la parte actora al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, teniendo en cuenta que el tribunal (…) al resolver el incidente de desacato (…) se limitó a replicar lo explicado en el proveído que rechazó la solicitud presentada anteriormente, mas no se orientó a resolver ni desvirtuar los planteamientos que se hicieron en esa oportunidad, los cuales si bien giraban en torno a la misma controversia, lo cierto es que ameritaban un pronunciamiento en atención a que con éstos se debatió precisamente el incumplimiento de la medida tutelar, en cuanto al traslado del valor del bono pensional a Colpensiones, para que haga parte de las semanas cotizadas, por haber laborado en la extinta Flota Mercante, lo cual no ha ocurrido. (…) Cabe recordar al tribunal que el levantamiento de la sanción impuesta en el trámite del incidente no es óbice para que posteriormente la parte interesada “si advierte que no se ha cumplido totalmente la orden de tutela pueda iniciar nuevamente el correspondiente incidente de desacato”, máxime si se tiene en cuenta que existen órdenes que no se cumplen en un solo instante, sino que requieren de la actuación de varias entidades y el previo agotamiento de varias etapas, como ocurre en el asunto bajo estudio. (…) razón por la cual se revocará el fallo de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela para, en su lugar, conceder el amparo solicitado (…).

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 52 / DECRETO 1069 DE 2015 / DECRETO 1983 DE 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-02530-01(AC)

Actor: JOSÉ OCTAVIO GÓMEZ MARÍN Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo de 28 de marzo de 2019, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante el cual se declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

La petición de amparo

Los señores José Octavio Gómez Marín, Juan Enrique López y Jaime Enrique Ríos Lara, actuando en nombre propio, ejercieron acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la seguridad social y a la igualdad, los cuales consideraron vulnerados con ocasión del auto proferido el 13 de julio de 2018, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, mediante el cual se abstuvo de iniciar el incidente de desacato que promovieron con el propósito de obtener el cumplimiento de la orden de tutela impartida en la sentencia de 7 de mayo de 2015, por la Sección Cuarta de esta Corporación, dentro del proceso 25000-23-42-000-2015-00394-00.

En consecuencia, los actores solicitaron:

“… ORDENAR a la Magistrada Luz Myriam Espejo Rodríguez que dé inicio y adelante con celeridad y eficacia acción de cumplimiento e incidente de desacato, hasta tanto Fiduprevisora S.A., haya girado a Colpensiones o a la AFP Porvenir S.A., el valor de los bonos pensionales liquidados por Asesores en Derecho por el tiempo laborado al servicio de la Flota Mercante, con el objeto que podamos computar como semanas cotizadas a pensiones el tiempo laborado al servicio del empleador y acceder a la pensión de vejez por aportes.”

La petición de tutela, tuvo como fundamento los siguientes:

Hechos

La parte actora relató que presentó acción de tutela contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio del Trabajo, la Superintendencia de Sociedades, la Federación Nacional de Cafeteros y el patrimonio autónomo Panflota, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital.

Lo anterior, puesto que no fueron incluidos en el cálculo actuarial que realizó el liquidador de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante (CIFM), pese a que se les adeuda los bonos pensionales correspondientes a los años laborados en la sociedad liquidada y dicho beneficio les fue reconocido a varios de sus compañeros en la sentencia T-674 de 2002 por la Corte Constitucional.

Informó que del proceso conoció en segunda instancia la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que en providencia de 7 de mayo de 2015 resolvió revocar la decisión adoptada por el a quo para, en su lugar, conceder transitoriamente el amparo solicitado y, en consecuencia, dispuso lo siguiente:

“… los accionantes deberán acudir a la jurisdicción laboral ordinaria, en un término no superior a 4 meses, contado a partir de la notificación de este fallo. Vencido ese plazo, la protección cesará y corresponderá a la jurisdicción ordinaria definir la situación de los demandantes.

3. ORDENAR a la persona que ejerza como mandatario con representación de la CIFM, hoy liquidada, o el patrimonio autónomo PANFLOTA, que, en un plazo razonable que no exceda de tres meses, abra actuación administrativa, tendiente a establecer el tiempo laborado por los señores…

4. ORDENAR a la persona que ejerza como mandatario con representación de la CIFM, hoy liquidada, o el patrimonio autónomo PANFLOTA, que, en el término de 30 días, siguiente a la notificación de esta sentencia, analice la situación particular de los señores… y determine el bono pensional que les corresponda.

5. Establecido el bono pensional a que tuvieran derecho… la persona que ejerza como mandatario con representación de la CIFM, hoy liquidada, o el patrimonio autónomo PANFLOTA deberá enviar dicha información a La Fiduciaria.

6. ORDENAR al representante legal de La FIDUPREVISORA S.A., en su calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo PANFLOTA, que traslade el valor actualizado de los aportes a que se refiere el numeral anterior con destino a COLPENSIONES. Para el efecto, La Fiduprevisora S.A. deberá analizar las gestiones del caso ante la Federación Nacional de Cafeteros – Fondo Nacional del Café, a fin de que esa entidad gire los recursos necesarios para que se cumplan las órdenes aquí impartidas…”.

Adujo que el 23 de septiembre de 2015, presentó incidente de desacato ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, el cual fue desatado en proveído de 19 de agosto de 2016, por medio del cual se declaró en desacato a los representantes legales de la sociedad Asesores en Derecho, la Fiduprevisora y la Federación Nacional de Cafeteros, toda vez que no acreditaron el cumplimiento cabal de la orden de tutela porque la Federación Nacional de Cafeteros no desembolsó el dinero correspondiente de los bonos pensionales reconocidos por el mandatario del patrimonio autónomo de Panflota.

Afirmó que la Sección Cuarta de esta Corporación, en grado jurisdiccional de consulta, modificó la decisión adoptada en el trámite del desacato con auto de 3 de octubre de 2016, en el sentido de sancionar sólo a la Federación Nacional de Cafeteros, pues aunque conocía de la existencia de las resoluciones expedidas por Asesores en Derecho S.A.S. con las cuales se reconocieron los bonos pensionales de los actores se rehusó al pago de los mismos.

Manifestó que con proveído de 26 de enero de 2017, dicha colegiatura levantó la sanción impuesta al encontrar acreditado que la Federación Nacional de Cafeteros le entregó a la Fiduprevisora S.A. el valor de $595.996.603, correspondientes al importe de los bonos pensionales liquidados por Asesores en Derecho.

Señaló que a pesar de lo anterior, la Fiduprevisora S.A. no envió los recursos a Colpensiones pues los tiene en su tesorería desde hace 1 año y medio, motivo por el cual promovió “acción de cumplimiento e incidente de desacato”, el cual fue rechazado el 1º de febrero de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C.

Expresó que dicha autoridad judicial consideró que se había dado cabal cumplimiento a la medida de amparo dado que en el fallo de tutela no se fijó el monto de los bonos pensionales, de modo que si se estimaba que el mismo era incorrecto podía acudir ante la jurisdicción ordinaria; además porque en sede de consulta se exoneró de responsabilidad a la Fiduprevisora S.A.

Sostuvo que elevó un tercer incidente de desacato pues, a su juicio, la exoneración de responsabilidad de la Fiduprevisora S.A. obedeció a que no había recibido el monto de los bonos pensionales y ello no era una razón para que los recursos no se giraran a Colpensiones, pero el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en proveído de 13 de julio de 2018 se abstuvo de abrir el trámite.

Lo anterior, al reiterar que las autoridades cuestionadas acreditaron la materialización de la orden impartida en el fallo de tutela, de ahí que el Consejo de Estado en sede de consulta levantara la sanción impuesta por desacato, y que los actores pueden acudir ante los mecanismos judiciales pertinentes para controvertir las resoluciones proferidas por las distintas entidades implicadas, mediante las cuales se efectuó el reconocimiento y posterior pago de los bonos pensionales.

3. Sustento de la petición

A juicio de los tutelantes, la decisión objeto de reproche trasgredió sus derechos fundamentales invocados, es un “fallo contra evidente” y sin motivación, debido a que la autoridad cuestionada rechazó el último incidente de desacato con respaldo en los mismos argumentos que expuso en el proveído de 1º de febrero de 2018.

Esto, sin hacer referencia a los nuevos reparos que planteó, es decir, (i) que la Sección Cuarta de esta Corporación, en sede de consulta, exoneró de responsabilidad a la Fiduprevisora S.A. pues en ese momento la Federación Nacional de Cafeteros no le había entregado el valor de los bonos pensionales, situación que luego cambió cuando recibió los recursos, pero no los entregó a Colpensiones, y (ii) que el hecho de que la justicia ordinaria pueda revisar el monto de los bonos pensionales no era un impedimento para que el tribunal enjuiciado se pronunciara respecto a la actuación reprochada a la mencionada fiduciaria.

4. Actuación procesal en primera instancia

Mediante auto de 31 de julio de 2018, la Sección Cuarta de esta Corporación admitió la solicitud de amparo y ordenó notificar en calidad de tutelados, a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C; por tener interés en el presente trámite vinculó a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Ministerio del Trabajo, a la Superintendencia de Sociedades, a la Federación Nacional de Cafeteros, al patrimonio autónomo Panflota y a la Fiduciaria S.A.

Con auto de 14 de enero de 2019, (i) se declaró fundados los impedimentos manifestados por los magistrados Stella Jeannette Carvajal Basto y Jorge Octavio Ramírez Ramírez, en consecuencia, se apartaron del conocimiento de la presente solicitud de amparo y se solicitó el sorteo de un conjuez para integrar el quórum necesario; además (ii) se comunicó la iniciación de la presente acción de tutela al mandatario con representación de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante (CIFM), a la sociedad Asesores en Derecho S.A.S. y a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones.

Remitidas las respectivas comunicaciones, intervinieron como sigue:

4.1. Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Con escrito enviado vía electrónica el 9 de agosto de 2018, la asesora de la cartera ministerial solicitó declarar improcedente la acción de tutela y arguyó que no tiene legitimación en la causa por pasiva pues carece de competencia para emitir algún pronunciamiento frente a los reparos planteados por los accionantes, comoquiera que éstos controvierten son las providencias proferidas por el tribunal censurado.

4.2. Fiduciaria La Previsora S.A.

Se pronunció en calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo de Panflota por intermedio de la directora de procesos judiciales y administrativos de la entidad, quien sostuvo que no está legitimado en la causa por pasiva debido a que no vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte actora, razón por la cual solicitó su desvinculación.

Advirtió que luego de recibir los recursos girados por la Federación Nacional de Cafeteros ofició más de 9 oportunidades a Colpensiones para que elabore los comprobantes de pago para cada uno de los actores a cargo de extinta Flota Mercante. Como respaldo de lo anterior anexó oficio 20180041224731 de 8 de agosto de 2018.

4.3. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C

La magistrada ponente del proveído objeto de reproche se opuso a las pretensiones planteadas en la solicitud de amparo y afirmó que comparte la tesis sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por ello solicitó que se asuma el análisis del auto proferido el 13 de julio de 2018 por dicha corporación en aras de verificar que la decisión adoptada en el mismo se profirió conforme a derecho.

4.4. Asesores en Derecho S.A.S.

Mediante memorial radicado el 23 de enero del presente año, el representante legal de la sociedad, que a su vez actúa como mandataria con representación con cargo al Panflota, pidió su desvinculación del presente trámite en atención a que los reparos se formularon contra una autoridad judicial y a que la orden de tutela a cargo de Panflota se cumplió.

Agregó que se encuentran en curso procesos judiciales ante los jueces laborales dentro de los cuales se definirá la existencia de la obligación a pagar a los actores por los bonos pensiones y su cuantía, por lo que estimó que no hay lugar para que el juez constitucional intervenga en dicho debate.

5. Sentencia de primera instancia

La Sección Cuarta del Consejo de Estado en providencia de 28 de marzo de 2019, declaró improcedente la solicitud de amparo, al considerar que la parte actora no argumentó ni demostró que el asunto controvertido se ajustara a alguna de las causales señaladas por la Corte Constitucional para que “procediera la acción de tutela contra providencias proferidas dentro de un trámite de tutela”, sino que advirtió que los actores se encuentra inconformes con el análisis realizado por la autoridad censurada al momento de resolver el incidente de desacato.

6. Impugnación

Con escrito radicado el 10 de abril del año en curso, en la Secretaría General de la Corporación, la parte actora solicitó revocar la providencia de primera instancia, pues lo cierto es que el asunto sub judice no trata de una tutela contra tutela, sino de una solicitud de amparo que se dirige a controvertir un proveído proferido al momento de resolver “la acción de cumplimiento e incidente de desacato”, debido a que la autoridad cuestionada se niega a hacer cumplir la orden judicial que salvaguardó sus garantías constitucionales.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación promovida contra la sentencia emitida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 28 de marzo de 2019, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, el numeral 2° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 del 30 de noviembre de 2017, y el artículo 2º del Acuerdo 377 de 2018 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión Previa

Previo a resolver el fondo del asunto, observa la Sala que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Fiduciaria La Fiduprevisora S.A. y la sociedad Asesores en Derecho S.A.S., en sus escritos de contestación de la tutela, solicitaron su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, sin que ello hubiese sido resuelto por el a quo, por lo que se realizará el pronunciamiento que corresponda en la presente providencia.

Al respecto, se advierte que dicha petición no procede teniendo en cuenta que su vinculación se hizo en atención al interés que les asiste en las resultas del presente trámite debido a que actuaron como parte cuestionada en el incidente de desacato dentro del cual se originó el proveído controvertido, mas no como autoridades contra las cuales se encuentre dirigida la solicitud de amparo.

2.3. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la decisión proferida en primera instancia, acorde con las razones consignadas en la impugnación, para lo cual deberá analizar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección C, vulneró los derechos fundamentales invocados por lo actores al proferir el auto 13 de julio de 2018, mediante el cual se abstuvo de iniciar el incidente de desacato que promovieron con el propósito de obtener el cumplimiento de la orden de tutela impartida en la sentencia de 7 de mayo de 2015.

Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisión proferida al interior del incidente de desacato; (ii) estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva; y (iii) análisis del caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra los autos que resuelven el incidente de desacato

Sobre el particular, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones asumidas en el trámite de un incidente de desacato, en los siguientes términos:

“Tratándose de solicitudes de amparo en contra de las providencias proferidas en el curso de un incidente de desacato, como aquella que resuelve el incidente, la Corte ha establecido que procede la acción de tutela excepcionalmente, siempre que logre verificarse la existencia de una vía de hecho. Lo anterior, por cuanto es claro que por medio del incidente de desacato, las autoridades judiciales toman decisiones que pueden llegar a vulnerar los derechos fundamentales de las partes. Entonces, siendo procedente de forma excepcional la acción de tutela, debe tenerse presente que durante el trámite de tal incidente no se deberán ventilar asuntos que afecten la ratio decidendi, ni la decisión que con base en ésta se adoptó en el fallo de tutela, y que sirve como fundamento para promover el incidente de desacato. Así, el estudio de una acción de tutela interpuesta contra un incidente de desacato deberá limitarse, en todo caso, a la conducta desplegada por el juez durante el incidente mismo, sin consideración alguna del fallo que le sirve de trasfondo. Lo contrario sería revivir un asunto debatido que hizo tránsito a cosa juzgada.”

Del texto trascrito se puede colegir que en principio la acción de tutela resulta procedente en los casos en que se le atribuye la presunta vulneración de los derechos fundamentales a las providencias proferidas dentro del trámite de un incidente de desacato. No obstante, en sentencia SU - 627 de 2015 el Alto Tribunal Constitucional fijó las reglas para que proceda la solicitud de amparo, en los siguientes términos:

“4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia.

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional”. (Subrayado fuera del texto original)

En ese orden, el incumplimiento de una sentencia de tutela constituye una vulneración al derecho de acceso a la administración de justicia, así como la violación a los derechos fundamentales, dado que las órdenes que allí se impartieron, pretenden precisamente que los mismos no se sigan transgrediendo.

Se resalta que precisamente el objetivo de un incidente de desacato es lograr que el obligado obedezca la orden judicial que le fue impuesta, y de advertirse una omisión, el juez constitucional deberá sancionar dicha conducta; por lo que procede, sin que medie solicitud de parte, la consulta ante el superior jerárquico, para que éste verifique la “legalidad de la decisión adoptada por el inferior”.

2.5. De la procedencia de la acción constitucional en el caso concreto

De acuerdo con lo expuesto en el sub lite, se tiene que la Sección Cuarta de esta Corporación declaró improcedente la solicitud de amparo, por cuanto la parte actora no atestiguó en debida forma que sus reparos se ajustan a alguna de las causales señaladas por la Corte Constitucional en las sentencias SU-627 de 2015 y SU-034 de 2018, relativas a la procedencia de “la acción de tutela contra providencias proferidas dentro de un trámite de tutela” y al evidenciar que lo planteado es un inconformismo con el análisis realizado por el tribunal tutelado que lo llevó a abstenerse de iniciar el trámite incidental.

No obstante, en criterio de esta Sala la presente acción de tutela sí es procedente teniendo en cuenta que no está dirigida a cuestionar el fallo de 7 de mayo de 2015, mediante el cual se concedió de manera transitoria el amparo de los derechos fundamentales de los actores, sino la decisión adoptada el 13 de julio de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en el marco del incidente de desacato que presentaron éstos ante el incumplimiento de la medida tutelar.

Esto, en atención en la postura fijada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-627 de 2015, consistente en que es dable abordar el estudio de este mecanismo constitucional de manera excepcional cuando se (i) controvierte un proveído proferido en el trámite de un incidente de desacato, (ii) la petición de amparo se invoca con la finalidad de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido presuntamente quebrantado en el trámite del incidente de desacato y (iii) se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, pues lo que está prohibido es que el juez de tutela ahonde y se pronuncie sobre la decisión proferida en sede de tutela, la cual sirvió como base para promover el incidente.

En ese orden de ideas, la Sala verificará si en el asunto sub judice se cumplen las causales de procedencia adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial:

En el presente asunto se cumple con el requisito de inmediatez pues la acción de tutela pretende cuestionar el auto proferido el 13 de julio de 2018, notificado el 16 del mismo mes y año, y si bien el término para calcular el plazo prudencial para promover la solicitud de amparo se contabiliza a partir del día siguiente de la ejecutoria de la decisión reprochada, lo cierto es que la presente tutela fue presentada el 27 de julio de 2018, lo que desde ya implica un ejercicio oportuno de este mecanismo constitucional.

En relación con el requisito de la subsidiariedad, la Sala advierte que en el asunto sub examine el actor pone en tela de juicio el auto mediante el cual el tribunal censurado rechazó el incidente de desacato promovido por el apoderado de los señores José Octavio Gómez Marín, Juan Enrique López y Jaime Enrique Ríos Lara, ante el incumplimiento de la sentencia de 7 de mayo de 2015 proferida por la Sección Cuarta de esta Corporación y, en consecuencia, se abstuvo de iniciar su trámite.

Así las cosas, se observa que la parte actora no cuenta con recursos ordinarios ni extraordinarios para controvertir la decisión censurada con la presente solicitud de amparo, en concordancia con la postura de la Corte Constitucional según la cual, “contra el auto que deniega la apertura del incidente de desacato no caben recursos”.

Superados los requisitos adjetivos de procedencia de la tutela contra la providencia que rechazó el incidente de desacato objeto de análisis, la Sala abordará el estudio del reproche formulado por los actores.

2.6. Caso concreto

La parte actora afirma que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en el proveído de 13 de julio de 2018, vulneró sus derechos fundamentales invocados, toda vez que rechazó el último incidente de desacato que promovió con el propósito de obtener el cumplimiento de la orden de tutela contenida en la sentencia de 7 de mayo de 2015 y, en consecuencia, se abstuvo de iniciar el trámite incidental.

Por lo anterior, sostuvo que la referida autoridad judicial incurrió, en el auto cuestionado, en falta de motivación debido a que sustentó su decisión en los mismos argumentos que expuso en la providencia de 1º de febrero de 2018 –que resolvió la solicitud de desacato que presentó anteriormente–, sin hacer referencia a los nuevos reparos, es decir, (i) que la Sección Cuarta de esta Corporación, en sede de consulta, no sancionó a la Fiduprevisora S.A. pues en ese momento la Federación Nacional de Cafeteros no le había entregado el valor de los bonos pensionales, situación que ahora cambió pues a pesar de que recibió los recursos los retuvo y no los entregó a Colpensiones con ocasión a que ésta última entidad no expidió los comprobantes de pago, situación que evidencia que no se cumplió integralmente la medida de amparo; y (ii) que el hecho de que la justicia ordinaria pueda revisar el monto de los bonos pensionales no impedía que ese tribunal se pronunciara frente a la actuación cuestionada a la aludida fiduciaria.

Pues bien, lo primero que resulta importante precisar es que en atención a la naturaleza del desacato, que es la de verificar si el funcionario encargado materializó la medida de amparo señalada en un fallo de tutela para, de esta forma, determinar si proceden o no las sanciones establecidas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, la decisión que adopte la autoridad judicial está supeditada a lo señalado sólo en la providencia que se considera incumplida, esta es, en el presente caso la proferida el 7 de mayo de 2015 por la Sección Cuarta de esta Corporación, que se emitió en los siguientes términos:

“1. REVOCAR la sentencia impugnada, y en su lugar, AMPARAR, como mecanismo transitorio, el derecho fundamental a la seguridad social de los señores JOSÉ OCTAVIO GÓMEZ MARÍN, JUAN ENRIQUE LÓPEZ Y JAIME ENRIQUE RÍOS LARA.

2. Los accionantes deberán acudir a la jurisdicción laboral ordinaria, en un término no superior a 4 meses, contado a partir de la notificación de este fallo. Vencido ese plazo, la protección cesará y corresponderá a la jurisdicción ordinaria definir la situación de los demandantes.

3. ORDENAR a la persona que ejerza como mandatario con representación de la CIFM, hoy liquidada, o el patrimonio autónomo PANFLOTA, que, en un plazo razonable que no exceda de tres meses, abra actuación administrativa, tendiente a establecer el tiempo laborado por los señores…

4. ORDENAR a la persona que ejerza como mandatario con representación de la CIFM, hoy liquidada, o el patrimonio autónomo PANFLOTA, que, en el término de 30 días, siguiente a la notificación de esta sentencia, analice la situación particular de los señores… y determine el bono pensional que les corresponda.

5. Establecido el bono pensional a que tuvieran derecho… la persona que ejerza como mandatario con representación de la CIFM, hoy liquidada, o el patrimonio autónomo PANFLOTA deberá enviar dicha información a La Fiduciaria.

6. ORDENAR al presentante legal de La FIDUPREVISORA S.A., en su calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo PANFLOTA, que traslade el valor actualizado de los aportes a que se refiere el numeral anterior con destino a COLPENSIONES. Para el efecto, La Fiduprevisora S.A. deberá analizar las gestiones del caso ante la Federación Nacional de Cafeteros - Fondo Nacional del Café, a fin de que esa entidad gire los recursos necesarios para que se cumplan las órdenes aquí impartidas.

7. EXHORTAR al Ministerio del Trabajo y a la Superintendencia de Sociedades, que, en el marco de sus competencias, ejerzan la vigilancia necesaria para hacer efectivos el derecho a la seguridad social de los señores José Octavio Gómez Marín, Juan Enrique López Y Jaime Enrique Ríos Lara”.

De la revisión del material probatorio obrante en el plenario se puede evidenciar que la parte actora el 25 de septiembre de 2015 promovió incidente de desacato, al considerar que no se había cumplido la medida de protección dado que la Federación Nacional de Cafeteros no desembolsó el dinero correspondiente a los bonos pensionales reconocidos por el mandatario del patrimonio autónomo de Panflota.

De modo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en auto de 19 de agosto de 2016 declaró en desacato a los representantes legales de la sociedad Asesores en Derecho S.A.S, de la Federación Nacional de Cafeteros y de la Fiduprevisora S.A. por incumplimiento de la orden de tutela impartida en la sentencia de 7 de mayo de 2015 y los sancionó con multa de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Dicha decisión fue modificada en auto de 3 de octubre de 2016 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, al resolver el grado jurisdiccional de consulta, en los siguientes términos:

“SEGUNDO. DECLARA renuente de cumplimiento del fallo de tutela proferido el 07 de mayo de 2015, al representante de la Federación Nacional del Café (sic), Dr. Roberto Vélez o quien haga sus veces.

TERCERO. En consecuencia, ORDENAR al representante legal de la Federación Nacional del Café (sic), Dr. Roberto Vélez o quien haga sus veces, cumplir de forma inmediata la sentencia de 07 de mayo de 2015.

CUARTO. IMPONER al representante legal de la Federación Nacional del Café (sic)… una multa equivalente en pesos a dos (2) salarios mínimo legales mensuales vigentes…”.

Como sustento de lo anterior, se indicó que sólo era procedente sancionar al representante de la Federación Nacional de Cafeteros, pues aunque conocía de la existencia de las resoluciones expedidas por Asesores en Derecho S.A.S. con las cuales se reconocieron los bonos pensionales de los actores se rehusó al pago de los mismos.

Además, teniendo en cuenta que Fiduprevisora S.A. (i) solicitó al Fondo Nacional de Cafeteros el traslado de los recursos correspondientes a los bonos pensionales al patrimonio autónomo Panflota, actuación con la que se concluyó que había “cumplió parcialmente” el numeral 6º del fallo de tutela, pues inició los trámites correspondientes para su pago y (ii) aportó copias de los oficios presentados a Colpensiones el 25 de agosto de 2016, en los cuales requirió que se profirieran los respectivos comprobantes de pago a cargo de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante Gran Colombiana.

No obstante, el 26 de enero de 2017 la Sección Cuarta de esta Corporación, al resolver la solicitud de levantamiento de la sanción presentada por el apoderado de la Federación Nacional de Cafeteros, revocó los autos de (i) 19 de agosto de 2016 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, y (ii) 3 de octubre siguiente, por medio del cual se resolvió el grado jurisdiccional de consulta y se modificó la sanción impuesta. Esto, por encontrar acreditado que la referida entidad acató el numeral 6º del fallo de tutela al trasladar la suma de $565.996.603 a la fiduciaria La Previsora S.A.

Posteriormente, la parte actora en memorial radicado el 12 de julio de 2017 solicitó al tribunal cuestionado abstenerse de archivar el expediente y, en su lugar, conminar a la Fiduprevisora S.A. al cumplimiento de la orden de tutela debido a que no había efectuado el pago de los bonos pensionales a Colpensiones y, por ello, no figuraban como semanas cotizadas al sistema de seguridad social, el tiempo laborado por los actores al servicio de la extinta Flota Mercantil, pues la referida adminstradora de pensiones solicitó a la fiduciaria que radicara varios documentos para el cálculo actuarial de los bonos, sin que ésta efectuara alguna gestión al respecto lo que, a su vez, ocasionó que se liquidara el monto con base en el salario mínimo, mas no con el valor real devengado.

La referida solicitud de desacato fue reiterada en escrito radicado el 18 de octubre de 2017, en el cual se mencionó que Colpensiones en vez de expedir los comprobantes de pago –que es el formato interno diseñado para el recaudo de bonos pensionales– se limitó a requerir información a la Fiduprevisora S.A. en aras de “corregir la cifra” y cobrar otro valor, la cual nunca fue suministrada por la fiduciaria y paralizó el proceso de entrega de dineros de la seguridad social a la administradora del régimen de prima media con prestación definida; incidente que fue rechazado con auto de 1º de febrero de 2018 por la autoridad tutelada al señalar que:

“… resulta palmario que el H. Consejo de Estado adoptó una decisión definitiva cuando a través de sus autos de 03 de octubre de 2016 –mediante el cual decidió el grado jurisdiccional de consulta- y de 26 de enero de 2017, concluyó que todas y cada una de las órdenes dispuestas en la providencia de tutela, fueron debidamente acatadas por Fiduprevisora S.A., la firma Asesores de Derecho S.A.S. y finalmente por el Fondo Nacional de Cafeteros, entidad que cumplió con la sentencia al trasladar la suma de dinero de los bonos pensionales a la fiduciaria.

(…)

Así entonces, está definido para esta jurisdicción que el alcance de la orden de tutela se acompasa con las actividades realizadas por las entidades accionadas, como quiera que, si bien tardíamente, actuaron para garantizar a los accionantes el pago de los bonos pensionales a que tienen derecho; desplegaron las actuaciones pertinentes en el marco de sus competencias a fin de lograr la remisión de los dineros correspondientes y acreditaron que expidieron los actos administrativos que soportaron tales decisiones…

(…)

En este orden de ideas, no es posible predicar la contumacia de las autoridades, puesto que probaron ante esta instancia y ante el Consejo de Estado que cumplieron de manera efectiva la orden proferida en el fallo que se discute, máxime cuando a la fecha existe una decisión en firme proferida por la más alta autoridad jurisdiccional de lo contencioso administrativo, que, además ata a esta instancia a estarse a lo dispuesto por esa Corporación, quien coligió el efectivo cumplimiento de la sentencia.

(…)

Aunado a lo expuesto es necesario recordar a los actores que si consideran que el monto por el cual les fue reconocido el bono pensional reclamado por vía de tutela no es acorde con lo que a su juicio corresponda, en cualquier oportunidad pueden acudir ante los mecanismos judiciales pertinentes para controvertir las resoluciones proferidas por las distintas entidades implicadas con las que efectuó el reconocimiento y posterior pago de los bonos pensionales mencionados…”.

Ahora bien, los actores el 3 de julio de 2018 promovieron un tercer incidente de desacato contra la fiduciaria La Previsora S.A., Colpensiones y Porvenir, al insistir en que la medida de amparo contenida en el fallo de 7 de mayo de 2015 no se cumplió cabalmente pues si bien la Federación Nacional de Cafeteros entregó a la Fiduprevisora S.A. el valor de los bonos pensionales, lo cierto es que no han sido girados a Colpensiones o Porvenir ante la falta de expedición de los comprobantes de pago por la suma liquidada, “sino que permanecen en la Tesorería Fiduprevisora S.A. desde hace un (1) año y medio”.

Adicionalmente, advirtieron que no era de recibo que el despacho conductor del trámite incidental se abstuviera de iniciar alguna acción contra la mencionada fiduciaria ante la existencia de otros medios judiciales para controvertir el monto de los bonos pensionales y por el hecho de que fue exonerada de responsabilidad en la providencia proferida el 3 de octubre de 2016 por la Sección Cuarta de esta Corporación, pues lo cierto es que dicha decisión “versó sobre una situación de facto totalmente diferente cuando, en ese entonces, Fiduprevisora no había recibido los dineros de la Federación Nacional de Cafeteros”.

Es así, como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en auto de 13 de julio de 2018 nuevamente rechazó la solicitud de desacato y se abstuvo de iniciar el trámite respectivo, para lo cual reiteró los argumentos que expuso en el proveído de 1º de febrero de 2018, trascrito anteriormente.

Precisado lo anterior la Sala advierte, a partir de los argumentos expuestos en el escrito de la tutela, que la parte actora invocó la configuración del defecto denominado “decisión sin motivación” como causal de procedencia de la presente acción de tutela.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha sostenido que este yerro tiene la finalidad de salvaguardar los derechos de los ciudadanos de obtener respuestas razonadas de la administración de justicia, lo que implica que “el juez de tutela debe tener en cuenta, que la falta de motivación de una decisión judicial, supone una clara vulneración al derecho del debido proceso ya que existe un deber en cabeza de los funcionarios judiciales, el cual tiene que presentar las razones fácticas y jurídicas que sustentan el fallo, acción que se genera en virtud de un principio base de la función judicial.”

A su vez, el Alto Tribunal Constitucional ha señalado que la autoridad judicial puede incurrir en esta irregularidad en los siguientes eventos: cuando (i) no da cuenta de los hechos y los argumentos que trajeron a colación los sujetos vinculados al proceso, “particularmente cuando resultan esenciales para el sentido de la decisión”; (ii) no justifica el motivo por el cual se abstiene de pronunciarse sobre ciertos temas o; (iii) los despacha de manera insuficiente, bajo consideraciones retóricas o en conjeturas carentes de sustento probatorio o jurídico alguno.

Bajo este contexto, se puede concluir que le asiste razón a la parte actora al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, teniendo en cuenta que el tribunal cuestionado al resolver el incidente de desacato promovido el 3 de julio de 2018, se limitó a replicar lo explicado en el proveído que rechazó la solicitud presentada anteriormente, mas no se orientó a resolver ni desvirtuar los planteamientos que se hicieron en esa oportunidad, los cuales si bien giraban en torno a la misma controversia, lo cierto es que ameritaban un pronunciamiento en atención a que con éstos se debatió precisamente el incumplimiento de la medida tutelar, en cuanto al traslado del valor del bono pensional a Colpensiones, para que haga parte de las semanas cotizadas, por haber laborado en la extinta Flota Mercante, lo cual no ha ocurrido.

Adicionalmente, se observa que la colegiatura tutelada se refirió a las circunstancias que tuvo en cuenta la Sección Cuarta de esta Corporación en la providencia de 3 de octubre de 2016, a partir de la cuales esa autoridad pudo colegir que en ese momento no había lugar a imponer una sanción por desacato a la Fiduprevisora S.A., por estimar que “cumplió parcialmente con el numeral 6º del fallo de tutela pues inició los trámites correspondientes para el pago del bono pensional”, pero prescindió de las nuevas situaciones que los actores le pusieron de presente, con las cuales se pretendía evidenciar que dicha entidad no acató cabalmente la orden de tutela.

Cabe recordar al tribunal que el levantamiento de la sanción impuesta en el trámite del incidente no es óbice para que posteriormente la parte interesada “si advierte que no se ha cumplido totalmente la orden de tutela pueda iniciar nuevamente el correspondiente incidente de desacato”, máxime si se tiene en cuenta que existen órdenes que no se cumplen en un solo instante, sino que requieren de la actuación de varias entidades y el previo agotamiento de varias etapas, como ocurre en el asunto bajo estudio.

La situación descrita permite concluir que la autoridad cuestionada vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de los actores, razón por la cual se revocará el fallo de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela para, en su lugar, conceder el amparo solicitado.

En consecuencia, se dejará sin efectos el auto de 13 de julio de 2018, proferido en el trámite incidental con radicado 25000-23-42-000-2015-00394-00 y se ordenará al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que profiera una decisión de reemplazo en la cual verifique los nuevos hechos acaecidos en el asunto sub judice y las manifestaciones expuestas en la solicitud presentada por la parte actora y, de esta forma, determine si hay lugar a dar apertura al incidente de desacato bajo los parámetros previstos en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, en consonancia con el lineamiento trazado por la Corte Constitucional en sentencia C-367 de 2014.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Niégase las solicitudes de desvinculación propuestas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la fiduciaria La Fiduprevisora S.A. y Asesores en Derecho S.A.S., por los motivos descritos en precedencia.

SEGUNDO: Revócase el fallo de 28 de marzo de 2019, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante el cual se declaró improcedente la acción de tutela de la referencia y, en su lugar, ampáranse los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de los señores José Octavio Gómez Marín, Juan Enrique López y Jaime Enrique Ríos Lara, conforme a lo expuesto en las consideraciones de este proveído.

TERCERO: En consecuencia, déjese sin efectos el auto de 13 de julio de 2018, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, mediante el cual se abstuvo de iniciar el incidente de desacato promovido con el propósito de obtener el cumplimiento de la orden impartida en la sentencia de 7 de mayo de 2015, por la Sección Cuarta de esta Corporación dentro del proceso 25000-23-42-000-2015-00394-00 y, ordénase a dicha corporación que en el término de diez (10) días, contado a partir de la notificación de esta sentencia, profiera una decisión de reemplazo en la cual verifique los nuevos hechos acaecidos en el asunto sub judice y las manifestaciones expuestas en la solicitud presentada por la parte actora y, de esta forma, determine si hay lugar a dar apertura al incidente de desacato, de acuerdo con las razones anotadas anteriormente.

CUARTO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Magistrada

ALBERTO YEPES BARREIRO
Magistrado

Mediante escrito radicado el 27 de julio de 2018 ante la Secretaría General de esta Corporación.
Folio 7.
Cabe aclarar que, si bien la parte actora sostuvo que presentó “la acción de cumplimiento e incidente de desacato”, lo cierto es que el escrito que promovió corresponde es a un incidente de desacato.
Folio 62.
Folios 113 y 114.
Folios 63 a 72 y 115 a 127.
Folios 73 a 77.
Folios 81 a 88.
Folio 108.
Folios 137 a 177.
1. José Octavio Gómez Marín, Juzgado 27 Laboral del Circuito de Bogotá, exp. 2015-792.
2. Jaime Ríos Lara, Juzgado 19 Laboral del Circuito de Bogotá, exp. 2015-775.
Juan Enrique López, Juzgado 34 Laboral del Circuito de Bogotá, exp. 2016-301.
Folios 179 a 187.
Como respaldo de su decisión citó apartes de las sentencias SU-627 de 2015 y SU-034 de 2018.
Folios 217 a 221. Impugnación que fue presentada dentro del término establecido por el artículo 31 del Decreto No. 2591 de 1991, teniendo en cuenta que el fallo de primera instancia se notificó a la parte actora el 5 de abril del presente año, de acuerdo con la constancia visible a folio 188.
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.”
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.”
Corte Constitucional, sentencia T-482 de 2013.
Corte Constitucional, sentencia SU-627 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
Sentencia T-896 de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
“Artículo 52. Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar…”.
Corte Constitucional, sentencia SU-635 de 2015.
Corte Constitucional, sentencia T-407 de 2016.
Ver entre otras, sentencia de 31 de enero de 2019, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 19001-23-33-000-2016-00508-03.
“4.3.4.9. De no cumplirse el fallo, entre otras consecuencias, la persona puede ser objeto del poder jurisdiccional disciplinario, que se concreta en el incidente de desacato. Este incidente sigue un procedimiento de cuatro etapas, a saber: (i) comunicar a la persona incumplida la apertura del incidente del desacato, para que pueda dar cuenta de la razón por la cual no ha cumplido y presente sus argumentos de defensa; (ii) practicar las pruebas solicitadas que sean conducentes y pertinentes para la decisión; (iii) notificar la providencia que resuelva el incidente; y (iv) en caso de haber lugar a ello, remitir el expediente en consulta al superior. Para imponer la sanción se debe demostrar la responsabilidad subjetiva del sancionado en el incumplimiento del fallo, valga decir, que éste es atribuible, en virtud de un vínculo de causalidad, a su culpa o dolo…”.

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