República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2018-02548-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
15 de noviembre de 2018
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INMEDIATEZ Y SUBSIDIARIEDAD / RECURSO ESPECIAL DE REVISIÓN - Medio idóneo
Tratándose de acciones de tutela contra providenciales judiciales promovidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, existe una clara excepción a la regla general de inmediatez, en atención al estado de cosas inconstitucionales decretado en el caso Cajanal. (…) La Corte consideró que en casos donde se cuestionan fallos judiciales que imponen el pago de prestaciones periódicas a la UGPP, resulta viable la acción de tutela para verificar la configuración de la irregularidad advertida y adoptar las medidas respectivas, en atención a que la afectación del erario público con ocasión de una prestación evidentemente reconocida con abuso del derecho tiene la vocación de generar un perjuicio irremediable a las finanzas del Estado. De manera que para que el juez de tutela aplique la pretermisión de los requisitos de subsidiaridad e inmediatez en casos donde demanda la UGPP, la entidad debe demostrar que en el caso sometido a revisión se está ante un evidente abuso del derecho. Por lo expuesto, es claro para esta Sala de decisión, que los anteriores elementos no se cumplen en el caso, pues es visible que lo pretendido por la entidad con el uso de la presente acción de tutela, es subsanar su falta de cuidado en la interposición del recurso de revisión. (…) [L]a acción interpuesta por la UGPP, no supera el examen de procedencia, pues siguiendo los lineamientos presentados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016, se evidencia que no se agotó el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 para cuestionar la providencia objeto de debate, pues dejó pasar el término de los cinco años previsto en el artículo 251 del CPACA para su interposición.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., quince (15) de noviembre de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-02548-01(AC)
Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARA FISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - PAULINO HERNÁNDEZ Y OTRO
Decide la Sala la impugnación formulada por la parte actora contra la sentencia del 15 de junio del 2018, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera.
1. La acción de tutela
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP, a través de apoderado, promueve acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección «B», el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bogotá y el señor Paulino Hernández Cordero, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la administración de justicia en conexidad con el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional.
Pretensiones
El apoderado de la accionante solicitó lo siguiente:
Primero. Conforme a lo anterior, solicito de manera respetuosa, sean amparados los derechos fundamentales deprecados por la UGPP, en atención al desconocimiento de los principios generales de la Seguridad Social, al incurrir en los defectos material sustantivo, desconocimiento del precedente constitucional y violación directa a la constitución, así como derivar en un abuso del derecho; al interpretar erróneamente el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y desconocer el precedente constitucional preferente y vinculante proferido por la sala plena de la Corte Constitucional en sentencias C-168 de 1995.
Segundo. Como consecuencia de lo anterior:
a- Sírvase dejar sin efectos las sentencias proferidas por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bogotá el 26 de octubre del 2009 y (sic) Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda, Subsección “B” del 06 de mayo de 2010, dentro del proceso contencioso administrativo No. 250002325000200507004-02.
b- Consecuentemente sirva ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, dictar nueva sentencia ajustada a derecho disponiendo liquidar la pensión de vejez del señor Paulino Hernández Cordero aplicando el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de respetar del régimen anterior lo que respecta a la edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, pero teniendo en cuenta como IBL el promedio del tiempo que le hiciere falta o de los últimos 10 años conforme lo establece el inciso 3 y el artículo 21 de la referida norma, así como los factores salariales relacionados en el Decreto 1158 de 1994.
1.2. Hechos de la solicitud
El apoderado de la accionante señala como hechos relevantes los siguientes:
1.2.1. El 7 de abril de 1995, nació el señor Paulino Hernández Cordero, quien prestó sus servicios en el Departamento de Seguridad «DAS», desde el 8 de octubre de 1979 hasta el 27 de diciembre de 1980 y desde el 10 de junio de 1981 hasta el 30 de diciembre de 2003.
1.2.2. El último cargo desempeñado fue el de detective profesional 207-11, adquiriendo su estatus jurídico de pensionado el 7 de octubre de 1999.
1.2.3. El 17 de abril de 2001, mediante la Resolución 008879, Cajanal hoy extinguida, le reconoció al señor Paulino Hernández Cordero su pensión de vejez con el 75% del promedio devengado en los últimos 10 años de servicio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y con la inclusión de los factores salariales en el Decreto 1158 de 1994, con una cuantía de $629.139.88 m/cte, «efectiva a partir del 01 de agosto de 2000, condicionado a demostrar el retiro definitivo del servicio oficial para su disfrute».
1.2.4. El 29 de abril de 2005, por medio de la Resolución 013021, Cajanal reliquidó la mesada pensional por retiro definitivo del servicio «liquidando con el 75% del promedio de lo devengado sobre el salario promedio devengado entre el 01 de abril de 1994 hasta el 30 de junio de 2000, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y sentencia 168 del 20 de abril de 1995 de la Corte Constitucional, elevando la cuantía de la misma a la suma de $737.578,69 m/cte., efectiva a partir del 01 de enero de 2004».
1.2.5. El señor Paulino Hernández inconforme con la decisión, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual le correspondió al Juzgado sexto administrativo del circuito de Bogotá con radicado 250002325000200507004-02, que mediante sentencia de primera instancia del 26 de octubre de 2009, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.
1.2.6. El anterior fallo fue apelado, conociendo en segunda instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que mediante sentencia del 6 de mayo de 2010, confirmó la sentencia del 26 de octubre de 2009, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bogotá.
1.2.7. La sentencia mencionada quedó ejecutoriada el 21 de mayo de 2010.
1.2.8. El 24 de octubre de 2012, Cajanal dio cumplimiento a los fallos y reliquidó la pensión de vejez del señor Paulino Hernández, «elevando la cuantía de la misma a la suma de $956.302 m/cte., efectiva a partir del 01 de enero de 2004».
1.2.9. El 19 de marzo de 2014, por medio de la Resolución No. RDP 009371 la UGPP negó la extensión de jurisprudencia solicitada por el señor Paulino Hernández Cordero, debido a que se encontraban con el fenómeno de la cosa juzgada.
1.2.10. Aclara que la obligación impuesta a Cajanal EICE en liquidación, fue trasladada a la UGPP, por lo que la entidad en este momento está a cargo de reportar a FOPEP el pago de la mesada pensional.
1.2.11. Actualmente, el señor Paulino Hernández Cordero, se encuentra activo en
la nómina de pensionados, de conformidad con la Resolución UGM 014478 del 24 de octubre de 2011, con una cuantía de $1.859.981, 26 m/cte. Sin embargo, los fallos mencionados son adversos a derecho, debido a que dichos pronunciamientos van en contra de la jurisprudencia, del debido proceso y de los principios de sostenibilidad financiera y solidaridad del sistema General de la Seguridad Social, pues se dispuso reliquidar la pensión con el 75% de lo devengado en el último año de servicios y con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el mismo periodo, incurriendo en el desconocimiento de las sentencias de la Corte Constitucional como la C-168 de 1995, C-596 de 1997, C-147 de 41997 y C-789 de 2002.
1.3. Fundamentos jurídicos del accionante
Sustenta su acción en los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia en conexidad con el principio de sostenibilidad financiera del sistema de pensiones de la UGPP, configurándose una vía de hecho con las decisiones adoptadas en las sentencias de primera y segunda instancia.
Asimismo, señala que se incurrió en el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial del máximo Tribunal Constitucional en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU- 230 de 2015, SU- 427 de 2016, SU- 2010 del 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 del 2017, SU-631 del 2017 y T-039 del 2018, entre otras, y porque viola los criterios de sostenibilidad financiera del sistema pensiona.
1.4. Trámite en primera instancia
La acción de tutela fue admitida mediante auto de 3 de agosto del 2018, en el que se ordenó notificar a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección «B» y al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bogotá como demandados, y al señor Paulino Hernández Cordero, como tercero interesado en las resultas del proceso, para que dentro del término de tres (3) días y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.
1.6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado de Estado, Sección Primera, mediante providencia del 24 de agosto de 2018, declaró improcedente la presente acción de tutela, al considerar que la accionante tuvo la oportunidad de presentar el recurso extraordinario de revisión establecido en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca hasta el 12 de junio de 2018, razón por la cual no se cumplía con el requisito de subsidiariedad.
Asimismo, indicó que el recurso especial de revisión es el medio idóneo para controvertir las decisiones hoy objeto de debate, pues así lo ha establecido la Corte Constitucional en su sentencia SU-427 del 2016, donde señaló que «la tutela no es la vía para debatir las decisiones judiciales cuando la UGPP invoca el amparo en contra de la providencia judicial que reconoce una prestación periódica, en tanto que para ello la entidad cuenta con el instrumento previsto por el artículo 20 de la Ley 797 de 2003».
1.7. Impugnación
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP, por intermedio del Subdirector de Defensa Judicial Pensional, impugnó la decisión de primera instancia por las siguientes razones:
REFERENTE AL REQUISITO DE INMEDIATEZ
Señaló que el Decreto 2591 de 1991, ha establecido dentro de las características especiales del mecanismo la inmediatez, esto es, la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, y frente a la exigencia como requisito trascribió un aparte de la sentencia SU-499 de 2016, magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, asi:
En primer lugar, proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que se rompe congruencia entre el medio de protección y la finalidad que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos fundamentales de las personas. En segundo lugar, impedir que el amparo se convierta en factor de inseguridad [jurídica]. En tercer lugar, evitar el uso de este mecanismo constitucional como herramienta supletiva de la propia negligencia en la agencia de los derechos.
Asimismo, indicó que la Corte Constitucional se ha pronunciado determinando que las acciones presentadas por la UGPP, son procedentes de conformidad con las siguientes sentencias T-546 de 2014, T-835 de 2014, T-581 de 2015 y T-060 de 2016.
RESPECTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD
Trascribió apartes de la sentencia SU-427 de 2016, proferida por la Corte Constitucional en la cual se pronunció frente al requisito de subsidiariedad, en las acciones interpuestas por la UGPP, de la siguiente manera:
(…)
(b) Ante la existencia de dicho recurso de revisión, en principio, las acciones de tutela interpuestas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP- contra providencias judiciales en las que presuntamente se incurrió en un abuso del derecho en el reconocimiento y/o liquidación de una prestación periódica son improcedentes, salvo en aquellos casos en los que de manera palmaria se evidencia la ocurrencia de dicha irregularidad.
(…)
DEL CUMPLIMIENTO DEL PRECEDENTE Y DE LAS SENTENCIAS DE UNIFICACIÓN
En este punto, manifiesta que frente a las sentencias de unificación debe haber un cumplimiento obligatorio por parte de todas las autoridades judiciales, debido a que son proferidas por el máximo órgano de protección e interpretación de la Constitución.
Por lo anterior, para la entidad los argumentos expresados en la sentencia de primera instancia no son de recibió, por cuanto el requisito de subsidiariedad se encuentra descartado, al existir un flagrante abuso del derecho, tal y como lo ha señalado la Corte Constitucional en su sentencia SU 427 de 2016.
Señala que en el presente caso del señor Paulino Hernández Cordero, se pudo verificar el aumento que sufriría su mesada pensional al darle cumplimiento a la orden, de la siguiente manera:
IBL ajustado a derecho
$1.347.141
IBL en cumplimiento de la orden judicial
$1.746.141
Diferencias entre las dos liquidaciones
$399.484
Finalmente, aduce que para que no se configure un perjuicio irremediable, se deben decretar las siguientes pretensiones:
1. Se sirva REVOCAR el fallo impugnado el cual fue proferido por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, Magistrado Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO, de fecha 24 de agosto de 2018.
2. Como consecuencia de lo anterior:
a.- Se DECLARE la procedencia de presente acción constitucional y por ende el amparo a los derechos deprecados.
b.- Dejar sin efectos los fallos dictados por el Juzgado sexto administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá del 26 de octubre de 2009 y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda Subsección “B” del 06 de mayo de 2010, dentro del proceso contencioso administrativo No. 250002325000200507004-02, en razón a que dichos fallos contraría los postulados legales – Ley 100 de 1993- y jurisprudenciales- sentencias C-168 de 1995 ratificada en el Auto No. 229 de 2017, C-258 de 2013, T-078 de 2013, Su-230 de 2015, SU 427 de 2016 y SU 395 de 2017 que fundamentan el régimen de transición y que generan un absoluto detrimento a la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional por la evidente irregularidad sustancial en las órdenes impartidas.
c.- Se sirva ORDENAR AL Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dictar una nueva sentencia ajustada a derecho disponiendo reliquidar la pensión de vejez del señor Paulino Hernández Cordero, aplicando el artículo 36 de la ley 100 de 1993, es decir, respetando el régimen anterior pero teniendo en cuenta como IBL el 75% del promedio de los últimos años de servicios calificados, incluyendo únicamente los factores señalados en el Decreto 1158 de 1994.
SUBSIDIARIAS
En caso de que las anteriores pretensiones no seas aceptadas y en cumplimiento de las funciones conferidas al juez de tutela en la sentencia SU 427 de 2016, solicitamos:
1. Se sirva REVOCAR el fallo impugnado el cual fue proferido por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA, Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS de fecha 24 de agosto de 2018, notificado a la UGPP el 19 de septiembre de 2018.
1. (sic) COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR:
a.- Se DECLARE la procedencia transitoria de la presente acción constitucional y por ende en la misma forma el amparo de los derechos deprecados.
b.- SUSPENDER los fallos proferidos por el Juzgado Sexto administrativo del Circuito de Bogotá del 26 de octubre de 2009 y (sic) Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda Subsección “B” del 06 de mayo de 2010, dentro del proceso contencioso administrativo No. 250002325000200507004-02, hasta que se resuelva por la autoridad judicial competente la acción que presentara esta Unidad dentro de los 4 meses siguientes a la notificación del fallo de tutela.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con el literal B del artículo segundo del Acuerdo 55 de 2003 del Consejo de Estado, según el cual «Las impugnaciones contra providencias expedidas en los procesos de qué trata el inciso primero del numeral 2 del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000, serán repartidas a la sección o subsección que siga en orden a aquélla que dictó la providencia, esta sala es competente para conocer de la presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por la Sección Primera de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si la providencia de primera instancia con fecha del 19 de septiembre de 2018, mediante la cual la Sección Primera del Consejo de Estado, rechazó por improcedente la acción de la referencia presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección «B», el Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá y el señor Paulino Hernández Cordero, debe ser confirmada, revocada o modificada de conformidad con los argumentos expuestos por la parte accionante en el escrito de impugnación.
2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública».
El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció en sus artículos 11, 12 y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales ejecutoriadas. Estos artículos, posteriormente fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional, en sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban contra los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, además de trasgredir la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por la Constitución.
Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.
En este entendido, la jurisprudencia constitucional ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, desarrollando diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la sentencia C-590 de 2005, en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar su procedencia una vez cotejada la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedibilidad las siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza «excepcional».
En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad, aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: (i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente, (viii) violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales, vicios o defectos.
El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 2012, unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.
Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia de 5 de agosto de 2014 acogió un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, termino de inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.
2.4.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
(i) El asunto tiene relevancia constitucional, pues se discute la presunta vulneración de derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia en conexidad con el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional.
(ii) La acción de tutela no cumple con el requisito de inmediatez, según se pudo verificar en el expediente, toda vez que la sentencia de segunda instancia dentro del proceso con Radicado 2005-07004, fue proferida el 6 de mayo de 2010, quedando ejecutoriada el 21 del mes y año en mención, y la acción de tutela se radicó ante esta Corporación el 27 de julio del 2018.
En este sentido, la Sala considera innecesario continuar con el examen de los demás requisitos generales de procedibilidad, por lo que pasará al desarrollo del caso atendiendo a la inmediatez de la acción de tutela cuando, como en el presente asunto, la tutelante presentó por fuera del término establecido la acción de la referencia.
Lineamientos jurisprudenciales en relación con las excepciones al requisito de inmediatez
Si bien es cierto el ejercicio de la acción de tutela no cuenta con un término de caducidad o prescripción, la jurisprudencia constitucional ha sido clara en señalar que, dado el carácter preferente y sumario de protección que encierra la solicitud de amparo, esta debe interponerse dentro de un término razonable y proporcionado a partir del evento generador de la supuesta amenaza o violación de los derechos fundamentales. Lo anterior con el fin de proteger los derechos de terceros, impedir
que el amparo se convierta en un factor de inseguridad jurídica, y evitar su uso como herramienta supletoria de la negligencia en la agencia de derechos, pues todo ello desnaturalizaría la finalidad de la acción.
Respecto de la tutela, el artículo 86 de la Constitución Política dispone que con ella se busca la «protección inmediata» de los derechos fundamentales conculcados, de ahí que el requisito general de inmediatez se configure como un factor para su procedencia y en especial cuando se dirige contra providencias judiciales, pues del uso de este mecanismo se puede derivar una grave afectación a los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
No obstante lo anterior, la Corte también ha señalado que la razonabilidad del plazo debe determinarse de conformidad con los hechos de cada caso concreto, por lo que, a modo de desarrollo jurisprudencial, ha identificado tres excepciones que justifican el transcurso de un lapso prolongado entre la vulneración del derecho y la interposición de la acción:
(i) Ante la existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser, por ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente las circunstancias previas, entre otras.
(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación desfavorable como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia de la inmediatez no es imponer un término de prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de que se trate de una amenaza o violación de derechos fundamentales que requiera, en realidad, una protección inmediata.
(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente autorizado por el artículo 13 de la Constitución que ordena que el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
En ese sentido, el examen de la inmediatez no puede reducirse a verificar el paso del tiempo entre el hecho generador de la vulneración de un derecho fundamental y la interposición de la demanda de tutela, sino que, además, debe comprender la valoración de la razonabilidad del plazo, la cual ha de estar sujeta a los hechos que configuran el caso concreto y a los criterios establecidos por la Corte Constitucional en la citada jurisprudencia.
2.4. Hechos probados
De acuerdo al material probatorio allegado al expediente se tendrán por ciertos los siguientes hechos:
2.4.1. El señor Paulino Hernández presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Caja Nacional de Previsión Social, en la que solicitó la nulidad de la Resolución 13021 del 29 de abril de 2005, que se le reconoció parcialmente la reliquidación de su pensión y, a título de restablecimiento del derecho, la reliquidación de su pensión de jubilación, teniendo en cuenta el 75% de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios (f 21).
2.4.2. El Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 26 de octubre 2009, accedió a las súplicas de la demanda (f. 23).
2.4.3. La anterior providencia fue apelada por las partes y el 6 de mayo del 2010, mediante sentencia de segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, confirmó el fallo del 6 de mayo de 2009 (f.f. 21 a 29).
2.4.4. La acción de tutela se presentó el 27 de julio del 2018 (f. 14).
2.5. Análisis de la Sala
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP, solicita la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia en conexidad con el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá, en las sentencias de 26 de octubre de 2009 y 6 de mayo de 2010, donde se accedió a las pretensiones de la demanda y se declaró la nulidad de unos actos administrativos que negaban la reliquidación del señor Paulino Hernández Cordero.
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el requisito de la inmediatez constituye un requisito de procedibilidad de la acción de tutela, por lo que se debe observar un plazo oportuno y razonable en relación con la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a la presunta violación o amenaza de los derechos fundamentales invocados por el interesado.
Por tanto, la solicitud de amparo debe presentarse dentro de lapso de tiempo cercano al momento en que sucedieron los eventos que se entienden violatorios de los derechos deprecados.
De ahí que no se haya establecido un plazo de caducidad para la acción (salvo en los casos de tutela contra providencia judicial, donde si bien no se habla de término de caducidad, se considera extemporánea la que se presente pasados seis meses desde la notificación de la resolución judicial). La razón, es que de concebirse, se estaría afectando el alcance jurídico que le fue dado por la Constitución al amparo, desvirtuándose su naturaleza como instrumento de protección actual, inmediato y efectivo de los derechos fundamentales.
En consecuencia, la inactividad o la demora del interesado para ejercer las acciones ordinarias, cuando estas ofrecen una protección eficaz, impide que resulte procedente la acción de tutela. Del mismo modo, si se trata de la interposición tardía de la tutela, es aplicable el requisito de inmediatez pues la falta de ejercicio oportuno de los medios que la ley ofrece para el reconocimiento de los derechos al interesado no puede alegarse para el beneficio propio del sujeto de la omisión o la tardanza.
La regla jurisprudencial acerca del requisito de la inmediatez, ordena al juez de tutela constatar si existe un motivo válido, el cual debe entenderse como la justa causa para no ejercitar la acción constitucional de manera oportuna.
Encuentra la Sala que en el presente asunto, el término de inmediatez se debe contabilizar desde la ejecutoria de la providencia del 6 de mayo de 2010, en la cual, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, resolvió la segunda instancia en el proceso con Radicado 2005-07004.
De conformidad con lo anterior, se logra verificar que dicha providencia fue notificada el 13 de mayo de 2010 (f.29 vuelto), quedando ejecutoriada el 19 de mayo del año en mención, de manera que al momento de radicar la acción de tutela, ya había trascurrido más de 8 años y 2 meses.
Sin embargo, tratándose de acciones de tutela contra providenciales judiciales promovidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, existe una clara excepción a la regla general de inmediatez, en atención al estado de cosas inconstitucionales decretado en el caso Cajanal.
En la sentencia SU-427 de 2016 la Corte Constitucional legitimó a la UGPP para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, para interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, como vía para cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se hayan reconocido pensiones bajo hipótesis de «abuso del derecho», tomando como referente el término previsto en el artículo 251 del CPACA, esto es, dentro del término de cinco años, contado a partir de que la UGPP asumió las funciones de la extinta Cajanal, es decir, con posterioridad al 12 de junio de 2013, para fallos emitidos con anterioridad a esta fecha.
Por lo que ante la existencia de otro mecanismo judicial como lo es el recurso de revisión consagrado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en principio, las acciones de tutela interpuestas por la UGPP para cuestionar decisiones judiciales en las que presuntamente se haya incurrido en un abuso del derecho son improcedentes.
No obstante, la Corte consideró que en casos donde se cuestionan fallos judiciales que imponen el pago de prestaciones periódicas a la UGPP, resulta viable la acción de tutela para verificar la configuración de la irregularidad advertida y adoptar las medidas respectivas, en atención a que la afectación del erario público con ocasión de una prestación evidentemente reconocida con abuso del derecho tiene la vocación de generar un perjuicio irremediable a las finanzas del Estado.
De manera que para que el juez de tutela aplique la pretermisión de los requisitos de subsidiaridad e inmediatez en casos donde demanda la UGPP, la entidad debe demostrar que en el caso sometido a revisión se está ante un evidente abuso del derecho.
Por lo expuesto, es claro para esta Sala de decisión, que los anteriores elementos no se cumplen en el caso, pues es visible que lo pretendido por la entidad con el uso de la presente acción de tutela, es subsanar su falta de cuidado en la interposición del recurso de revisión.
Tal como se dejó visto, en la sentencia SU-427 de 2016, la Corte abrió la posibilidad de solicitar la revisión de las providencias en las que se hayan reconocido pensiones bajo hipótesis de «abuso del derecho», dentro del término de cinco años contado a partir de que la UGPP asumió las funciones de la extinta Cajanal, es decir, con posterioridad al 12 de junio de 2013, para fallos emitidos con anterioridad a esta fecha y para las providencias proferidas con posterioridad al 12 de junio de 2013, continúan el cómputo normal del recurso extraordinario de revisión.
Finalmente, la acción interpuesta por la UGPP, no supera el examen de procedencia, pues siguiendo los lineamientos presentados por la Corte Constitucional en la sentencia su-427 de 2016, se evidencia que no se agotó el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 para cuestionar la providencia objeto de debate, pues dejó pasar el término de los cinco años previsto en el artículo 251 del CPACA para su interposición.
Conclusión
De esta manera, la Sala concluye que en el caso examinado, la acción de tutela no supera el examen de procedencia, en consecuencia, se confirmará la providencia del 24 de agosto de 2018, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección «A» administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
Falla
Confirmar la sentencia de 24 de agosto de 2018, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, de conformidad con las razones expuestas en este proveído.
Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
Reiteradas en la sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
Sentencia T-187 de 2012 presenta la línea jurisprudencial al respecto.
Sentencias T-433 de 2016, T-584 de 2011, T-1028 de 2010, T-792 de 2007 y, T-158 de 2006, entre otras.
Sentencia T-332 de 2015.
Corte Constitucional. Sentencias T-301 de 2009 y T - 416 de 2005.
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