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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-02617-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
4 de abril de 2019
Consejero ponente
Milton Chaves García
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-02617-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Confirmar la sentencia del 11 de septiembre de 2018, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Enviar el expediente de la referencia a la Corte Constitucional para su eventual recisión. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2018-02617-01

Consejero ponente: Milton Chaves García

4 de abril de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DEFECTO SUSTANTIVO - Por indebida interpretación normativa en materia tributaria / VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD / VULNERACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD / SANCIÓN POR INEXACTITUD EN LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS - Derivado de la diferencia entre el saldo a pagar o a favor declarado por el contribuyente y el determinado en la liquidación oficial / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN MATERIA TRIBUTARIA / DEBER DE RELIQUIDAR LA SANCIÓN POR INEXACTITUD CON LA TARIFA MÁS FAVORABLE AL CONTRIBUYENTE – Por aplicación de la ley más favorable

Es procedente la exoneración de la sanción por inexactitud por diferencia de criterios en la interpretación del derecho a aplicar y en subsidio, sí el porcentaje de dicha sanción debió reducirse del 160% al 100% como lo dispone la Ley 1819 de 2016 por aplicación del principio de favorabilidad. (…) Para llegar a esa conclusión debe hacerse un breve estudio del principio de favorabilidad en el régimen sancionatorio tributario, cuyo fundamento constitucional está en el artículo 29 de la Constitución Política. (…) [E]l artículo 282 de la Ley 1819, que modificó el artículo 640 del Estatuto Tributario, en el parágrafo 5º reconoció de manera expresa la aplicación del principio de favorabilidad para aquellas sanciones impuestas con ocasión del pago, determinación o causación de tributos. En cuanto a la sanción por inexactitud, que es la que interesa en este caso, el artículo 288 de la referida ley, modificó el artículo 648 del Estatuto Tributario y fijó como tarifa general de dicha sanción el equivalente al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente. Lo anterior, significa que la cuantía fijada en el artículo 288 de la citada Ley 1819 es más favorable que la establecida en las normas anteriores, por lo que es procedente la aplicación del principio de favorabilidad consagrado en el artículo 282 de la misma ley, que es claro al indicar que debe aceptarse, aunque la norma que resulta más beneficiosa sea posterior. Entonces, el principio de favorabilidad debe invocarse en aquellos casos en los que la sanción por inexactitud se haya impuesto sobre la tarifa del 160% para que sea reducida a la tarifa general del 100%. No obstante, es importante aclarar que tal beneficio es predicable en aquellas situaciones jurídicas que aún no estén consolidadas, esto es que pueden someterse a discusión en vía administrativa o judicial o ya estén en discusión, así lo ha considerado la Sección Cuarta de esta Corporación, especializada en asuntos tributarios, en múltiples pronunciamientos (…) En atención a lo señalado, no queda duda de que la situación jurídica de Agrícola Sevilla S.A.S. referida a la determinación oficial del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2012, para la fecha en la que se dictó fallo de segunda instancia, aún no estaba consolidada, precisamente porque se encontraba en discusión ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. (…) Por lo expuesto, es procedente confirmar el fallo de tutela impugnado en cuanto amparó los derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad y dejó sin efecto la sentencia de 2 de mayo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá, D.C., cuatro (4) de abril de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-02617-01(AC)

Actor: AGRICOLA SEVILLA S.A.S. (EN LIQUIDACIÓN)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la actora contra la sentencia de 11 de septiembre de 2018, dictada por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que decidió:

“PRIMERO: AMPARAR los derechos al debido proceso, de acceso a la administración de justicia e igualdad de la sociedad Agrícola Sevilla S.A.S. con fundamento en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el 2 de 2018 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado número 47-001-3333-003-2015-00389-01 y, en su lugar, ORDENAR al referido Tribunal, que en el término de 30 días siguientes a la notificación de la presente decisión, profiera una nueva providencia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho antes señalado, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en esta providencia.”

I. ANTECEDENTES

Agrícola Sevilla S.A.S. (En Liquidación) solicitó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“ PRETENSIÓN PRINCIPAL: Tutelar los derechos fundamentales vulnerados del Debido Proceso, Acceso a la Administración de Justicia e Igualdad.

PRETENSIÓN CONSECUENCIAL PRIMERA: En consecuencia ordenar al Tribunal Administrativo del Magdalena revocar la sentencia proferida el pasado 2 de mayo de 2018, por violentar el derecho fundamental al Debido Proceso, Acceso a la Administración de Justicia e Igualdad y en el mismo sentido se ordene a proferir sentencia dando aplicación al principio de favorabilidad en la determinación de la sanción por inexactitud en atención a lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016.

PRETENSIÓN CONSECUENCIAL SEGUNDA: Ordenar al Tribunal Administrativo del Magdalena revocar la sentencia proferida el pasado 2 de mayo de 2018, debiendo proferir sentencia en la cual se haga una correcta valoración de las pruebas presentadas y se acepten como deducciones los pagos realizados con ocasión de la convención colectiva de trabajo.”

Hechos

Del escrito de tutela se destacan los siguientes hechos:

Agrícola Sevilla S.A.S. (En Liquidación) presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos, expedidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales [en adelante DIAN] que determinaron un mayor valor a pagar por concepto de impuesto de renta y complementarios, año gravable 2012, y una sanción por inexactitud equivalente al 160%.

El Juzgado Tercero Administrativo Oral de Santa Marta, por auto de 18 de febrero de 2016, admitió la demanda.

El 29 de diciembre de 2016, se expidió la Ley 1819 de 2016, que modificó el artículo 648 del Estatuto Tributario al reducir la sanción por inexactitud del 160% al 100% de la diferencia entre lo declarado por el contribuyente y lo determinado por la Administración Tributaria. Esa misma ley modificó el artículo 640, que en su parágrafo quinto dispuso que el principio de favorabilidad se aplica al régimen sancionatorio.

El Juzgado en sentencia de 17 de mayo de 2017, negó las pretensiones de la demanda y no tuvo en cuenta el principio de favorabilidad que permite reducir la sanción por inexactitud, conforme con la Ley 1819 de 2016.

La sociedad demandante interpuso recurso de apelación con el fin de que se revocara la sentencia de primer grado y, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda. Además solicitó que, en caso de no aceptar la procedencia de las pretensiones se redujera la sanción por inexactitud, en virtud del principio de favorabilidad.

El Tribunal Administrativo del Magdalena, en sentencia de 2 de mayo de 2018, confirmó en todas sus partes la decisión del juez de primera instancia.

Fundamentos de la acción

La sociedad actora manifestó que el Tribunal Administrativo del Magdalena al expedir la sentencia de 2 de mayo de 2018, vulneró los derechos fundamentales invocados e incurrió en defectos sustantivo y fáctico.

Explicó que, para la fecha en la que se profirió la liquidación oficial de revisión, estaba vigente la disposición del artículo 647 del Estatuto Tributario que preveía una sanción por inexactitud del 160% de la diferencia entre el saldo a pagar determinado por la DIAN y el declarado por el contribuyente. Sin embargo, esa sanción fue reducida al 100%, conforme con el artículo 288 de la Ley 1819 de 2016.

Sobre el principio de favorabilidad en materia tributaria explicó que, inicialmente, su desarrollo fue jurisprudencial hasta que el artículo 197 de la Ley 1602 de 2012 previó en forma expresa su aplicación para las sanciones. Aunque ese artículo quedó derogado, con la expedición de la Ley 1819 de 2016, la favorabilidad quedó consagrada en el artículo 640 del Estatuto Tributario.

A pesar de que en su caso era aplicable el principio de favorabilidad, de manera que la sanción por inexactitud debía reducirse al 100% de la diferencia de lo determinado por la DIAN y lo declarado, conforme con la ley más favorable [L.1819/16], el Tribunal Administrativo del Magdalena advirtió que a la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, la situación de la sociedad estaba consolidada porque la administración ya había adoptado decisión y, en ese entendido, rechazó la aplicación del principio de favorabilidad.

La anterior consideración es equivocada, dado que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, las situaciones jurídicas no están consolidadas si están discutiéndose ante la administración o ante el juez administrativo.

Adicionalmente, la Sección Cuarta del Alto Tribunal ha aceptado la aplicación del principio de favorabilidad a las situaciones jurídicas que estuvieran en discusión judicial para la fecha de publicación de la Ley 1819 de 2016.

Teniendo en cuenta lo anterior, concluyó que el Tribunal Administrativo del Magdalena incurrió en defecto sustantivo al no aplicar el principio de favorabilidad consagrado en el ordenamiento jurídico y se apartó de la línea jurisprudencial y pacífica que ha tenido el Consejo de Estado sobre su aplicación.

En cuanto al defecto fáctico, advirtió que el Tribunal se equivocó en la valoración de las pruebas aportadas para demostrar que la sociedad demandante suscribió la convención colectiva de trabajo, la que sirve de soporte para acreditar los gastos sindicales llevados como deducibles en la declaración del impuesto de renta.

En este punto, indicó que no existe alguna sociedad nominada Agropecuaria La Luz S.A.S.. El hecho de que ese nombre figure en la convención colectiva de trabajo obedece a un error de redacción, pues lo correcto es Agrícola Sevilla S.A.S, esta sociedad fue la que suscribió la convención colectiva y así consta en la denuncia de la referida convención presentada ante el Ministerio de Trabajo. En ese sentido, la actora considera que se cumplen los requisitos de deducibilidad de los gastos exigidos en el artículo 107 del Estatuto Tributario.

Trámite previo

Mediante auto del 6 de agosto de 2018, se admitió la acción de tutela, se ordenó notificar a las partes y se vinculó a la DIAN, como tercera interesada en el resultado del proceso.

Oposición

El magistrado Adonay Ferrari Padilla, integrante del Tribunal Administrativo de Magdalena y ponente de la providencia atacada por vía de tutela, pidió declarar improcedente el amparo, atendiendo las siguientes razones:

Esa Corporación no incurrió en defecto sustantivo porque la sentencia de 2 de mayo de 2018 se fundamentó en normas legales preexistentes y lineamientos jurisprudenciales vigentes del Consejo de Estado aplicables al caso concreto. Si bien, se consideró la aplicación de la Ley 1819 de 2016, en el caso particular la situación ya estaba consolidada porque la administración había adoptado la decisión conforme con las normas vigentes al presentar la declaración de renta.

En lo que al defecto fáctico incumbe, estimó que ese cargo carece de fundamento puesto que en la providencia se hizo un estudio riguroso y concienzudo de los elementos probatorios aportados al expediente y se concluyó que el hecho de que la convención colectiva estuviera suscrita por quien figura como representante legal de Agrícola Sevilla S.A.S. no desvirtúa que aparezcan como partes Agropecuaria La Luz y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria SINTRAINGO y no Agrícola Sevilla S.A.S. La denuncia de la convención colectiva presentada ante el Ministerio de Trabajo tampoco logró demostrar el alegado error de redacción.

Por lo anterior, el Tribunal no vulneró los derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad invocados, si se tiene en cuenta que la providencia atacada respetó las garantías básicas fundamentales que estructuran los citados derechos.

Intervención

La Subdirectora de Gestión de Representación Externa de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN solicitó negar el amparo por improcedente porque con el actuar judicial no se vulneró derecho fundamental alguno ni existe un perjuicio irremediable. Es claro que lo que pretende la sociedad actora es utilizar la tutela como mecanismo extraordinario de tercera instancia para debatir nuevamente los mismos hechos y eventos previamente examinados.

Providencia Impugnada

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de 11 de septiembre de 2018, accedió al amparo de los derechos al debido proceso, de acceso a la administración de justicia e igualdad de la sociedad Agrícola Sevilla S.A.S. En consecuencia, dejó sin efectos la providencia de 2 de mayo de 2018 dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena y, en su lugar, le ordenó proferir una nueva decisión en el proceso de nulidad y restablecimiento No. 47-001-3333-003-2015-00389-01.

Las razones que apoyaron la anterior decisión son las siguientes:

En primer lugar, precisó que la situación de la sociedad actora no se encontraba consolidada porque la liquidación oficial de revisión era objeto de estudio de legalidad por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Agrícola Sevilla S.A.S.

En relación con el principio de favorabilidad, acudió a la jurisprudencia de la Sección Cuarta de esta Corporación para concluir que en casos similares se ha sostenido que cuando la sanción prevista en los artículos 287 y 288 de la Ley 1819 de 2016 es menos gravosa que la establecida por las normas vigentes al momento de la imposición de la sanción equivalente al 160%, procede reliquidar la sanción por inexactitud con la tarifa del 100%.

En virtud de la anterior consideración, advirtió que el Tribunal demandado incurrió en vía de hecho por defecto sustantivo al dictar la sentencia de 2 de mayo de 2018, dado que desconoció el principio de favorabilidad de la parte actora. Explicó que la regulación de la sanción por inexactitud establecida en la Ley 1819 de 2016, resulta más beneficiosa para Agrícola Sevilla S.A.S. al disminuir el valor al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente.

En lo atinente al defecto fáctico alegado por la actora, encontró que el Tribunal dio un alcance probatorio coherente y válido a los documentos allegados al proceso ordinario.

Impugnación

7.1. La apoderada de la sociedad actora impugnó el fallo de tutela de primer grado para insistir en que el Tribunal Administrativo del Magdalena incurrió en una indebida valoración de las pruebas aportadas al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado contra la DIAN, con las que se demostró que Agrícola Sevilla S.A.S. suscribió la convención colectiva de trabajo que sirve de soporte para acreditar la relación de causalidad entre los gastos incurridos por la sociedad y su actividad productora de renta, lo que hace procedentes las deducciones.

Aceptó que en la suscripción del convenio sindical con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria- SINTRAINGRO hubo un error de transcripción al indicar que el nombre de la sociedad contratante era Agropecuaria La Luz S.A.S., pero que ello se debió a una confusión con el nombre de la finca en la que opera Agrícola Sevilla que se llama La Luz.

Al respecto, aclaró que no existe una sociedad que tenga esa denominación. En la página del Registro Único Empresarial (RUES) no aparece ningún resultado ante la búsqueda de Agropecuaria La Luz S.A.S.

Así que el análisis realizado por el Tribunal no atiende el criterio de la sana crítica, puesto que en la denuncia que se hace al Ministerio de Trabajo consta indudablemente que quien suscribió la convención colectiva es Agrícola Sevilla S.A.S. y no Agropecuaria La Luz.

Advirtió que el Tribunal incurrió en un error ostensible, flagrante y manifiesto en la apreciación de las pruebas, puesto que a su juicio los gastos generados con ocasión de ese contrato sindical no son necesarios ni tienen relación de causalidad con la actividad productora de renta. Por el contrario, si se logra demostrar la suscripción de la convención colectiva por parte de Agrícola Sevilla S.A.S. procederá la deducción de los gastos realizados con ocasión de pagos sindicales. De forma que tal prueba tiene una incidencia directa en la decisión tomada por el Tribunal.

7.2. El doctor Adonay Ferrari Padilla, magistrado del Tribunal Administrativo del Magdalena, interpuso impugnación contra el fallo de primer grado para que se revoque y, en su lugar, se declare improcedente el amparo. Sus argumentos básicamente son los mismos expuestos en la oposición, en cuanto a que en la sentencia de 2 de mayo de 2018 no se incurrió en defecto alguno, pues en el caso de Agrícola Sevilla S.A.S. no procedía la aplicación del principio de favorabilidad ante la consolidación de la situación jurídica antes de la promulgación de la Ley 1819 de 2016

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en casos concretos y excepcionales.

Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela contra providencias judiciales es procedente. Así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Por esto, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales y especiales que deben cumplirse de forma estricta. Si no se cumplen todos los requisitos generales y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales la acción no será procedente.

En todo caso, como su procedencia es excepcional, la interpretación de los requisitos generales y de los defectos específicos de la providencia debe ser restrictiva, a la luz de los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso de amparo, y exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la providencia judicial objeto de la acción.

3. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse el fallo impugnado, en cuanto al amparo de los derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad y la configuración del defecto sustantivo al dictarse la sentencia de 2 de mayo de 2018, por cuanto el Tribunal Administrativo del Magdalena no aplicó a Agrícola Sevilla S.A.S. el principio de favorabilidad para reducir la sanción por inexactitud impuesta en la liquidación oficial de revisión que modificó el impuesto sobre la renta, año gravable 2012.

Además debe analizarse si, como insiste la tutelante, el Tribunal incurrió en defecto fáctico al no valorar en debida forma las pruebas que demuestran que Agrícola Sevilla S.A.S. suscribió la convención colectiva de trabajo que tuvo como soporte para llevar como deducciones unos pagos sindicales.

Entonces debe verificarse la configuración de los defectos alegados o si por el contrario, tal como lo sostiene el Tribunal Administrativo del Magdalena, la sentencia atacada se ajusta a derecho, por lo que debe revocarse el amparo y, en su lugar, declararlo improcedente.

Analizado el escrito de tutela se observa que en el presente caso se cumplen los requisitos generales de procedibilidad, por lo que se pasará a analizar los defectos invocados y la aplicación del principio de favorabilidad al caso concreto.

3.1. Defecto sustantivo

Según lo ha precisado la Corte Constitucional, el defecto sustantivo se configura cuando la autoridad judicial desconoce las disposiciones de rango legal o infralegal aplicables en un caso determinado. Concretamente cuando el fallador (i) aplica una disposición que perdió vigencia; (ii) aplica un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho que estudia no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; (iii) realiza una interpretación contraevidente -interpretación contra legem- o claramente irrazonable o desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial –horizontal o vertical- sin justificación suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el proceso.

3.2. Defecto fáctico

La Corte Constitucional ha definido que se constituye vía de hecho por defecto fáctico es necesario que: “(…) se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al proceso, o que en la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya desconocido manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos casos, que la prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal trascendencia que sea capaz de determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos supuestos es posible la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, de manera que cuando los mismos no satisfagan estas exigencias, no procede el amparo constitucional pues se trata de situaciones que se sustraen al ámbito funcional de esta jurisdicción.”

Solución al caso concreto

Agrícola Sevilla interpuso la presente acción de tutela con el fin de que se deje sin efectos la sentencia de 2 de mayo de 2018 del Tribunal Administrativo de Magdalena, que confirmó la decisión de primera instancia denegatoria de las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

Según el actor, la autoridad judicial demandada incurrió en defectos sustantivo y fáctico y vulneró los derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad al no aplicar el principio de favorabilidad para la reducción de la sanción por inexactitud impuesta a su cargo y no valorar en debida forma las pruebas aportadas al expediente ordinario, con las que se demuestra que los pagos sindicales podían registrarse como deducciones.

En el presente caso, de la revisión del expediente, se tienen como antecedentes que dieron origen a la presente acción los siguientes:

Agrícola Sevilla S.A.S. presentó la declaración de renta por el año gravable 2012, en la que registró costos por $934.207.000, entre ellos unos pagos laborales efectuados en ejecución de una convención colectiva de trabajo suscrita con el Sindicato de Trabajadores de la Industria Agropecuaria- SINTRAINAGRO. Como renta líquida gravable registro el valor de $61.826.000, un impuesto a cargo de $20.403.000, un saldo a pagar de $0 y un saldo a favor de $4.144.000. La contribuyente solicitó devolución del saldo a favor.

Previo requerimiento especial, la DIAN expidió la Liquidación Oficial de Revisión 192414014000008 de 9 de junio de 2014, en la que rechazó algunos costos y concretamente frente a los gastos operacionales originados por la convención colectiva de trabajadores suscrita entre Agropecuaria La Luz S.A. y SINTRAINAGRO, sostuvo que en su contenido no relaciona las agropecuarias que están representadas por esa sociedad, ni se extrae el compromiso de asumir gastos de transporte ni viáticos de los trabajadores para asistir a reuniones sindicales. En consecuencia, determinó una renta líquida de $122.647.000, un impuesto a cargo de $40.074.000, una sanción por inexactitud de $26.824.000, una sanción por corrección de $ 827.000, un saldo a pagar de $40.272.000 y un saldo a favor de $0.

La sociedad actora radicó recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de revisión. Por Resolución 900.001 de 7 de julio de 2015, la DIAN confirmó el acto recurrido.

Inconforme con los anteriores actos administrativos, Agrícola Sevilla S.A.S., en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pidió la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión 192414014000008 de 9 de junio de 2014 y la Resolución 900.001 de 7 de julio de 2015 y como restablecimiento del derecho que se acepten los costos y gastos registrados en la declaración de renta, año gravable 2012.

Como quedó dicho en los antecedentes de esta providencia, el Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta, en sentencia de 17 de mayo de 2017, negó las pretensiones de la demanda.

La demandante interpuso recurso de apelación en el que insistió en los argumentos de la demanda tendientes a demostrar que los gastos rechazados por la DIAN cumplen los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario para su deducibilidad. Sobre la suscripción de la convención colectiva de trabajo advirtió, tal como lo hizo en la demanda, que Agropecuaria La Luz S.A.S. no existe y que su inclusión en el contrato sindical se debió a un error, dado que Agrícola Sevilla S.A.S. opera en la finca La Luz.

En relación con la sanción por inexactitud, puso de presente las modificaciones de la Ley 1819 de 2016 en materia sancionatoria, por lo que debe tenerse en cuenta que dicha sanción bajó del 160% al 100%, pero al respecto nada dijo el juez de primera instancia, a pesar de ser aplicable en virtud del principio de favorabilidad.

El Tribunal Administrativo del Magdalena, en fallo de 2 de mayo de 2018, confirmó en todas sus partes la decisión de primera instancia. La acción de tutela se dirige contra esta decisión de segunda instancia, con la que se puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Agrícola Sevilla S.A.S.

En primera instancia, la Sección Segunda de esta Corporación al analizar la referida decisión advirtió vulnerados los derechos fundamentales invocados y la configuración del defecto sustantivo. En consecuencia, dejó sin efecto la sentencia de 2 de mayo de 2018 y ordenó al Tribunal dictar una de reemplazo.

Expuestos los antecedentes, es procedente hacer el correspondiente estudio en esta instancia, para lo cual debe analizarse la sentencia atacada en tutela.

El Tribunal Administrativo demandado en la sentencia de 2 de mayo de 2018 planteó como problemas jurídicos, los siguientes:

“1) Sí en efecto los pagos laborales efectuados en ejecución de la Convención Colectiva, otros gastos operacionales como gastos médicos y medicinas, gastos ornamentales, elementos de aseo y cafetería, cumplen con los requisitos para que sean considerados como gastos necesarios;

2) Sí los soportes aportados con relación a los gastos causados en el año 2011, gastos realizados por terceros y los tiquetes de máquinas registradoras cumplen con los requisitos para su deducibilidad;

3) Sí los actos administrativos enjuiciados se encuentran inmersos en la causal de falta y/o falsa motivación y

4) Sí es procedente la exoneración de la sanción por inexactitud por diferencia de criterios en la interpretación del derecho a aplicar y en subsidio, sí el porcentaje de dicha sanción debió reducirse del 160% al 100% como lo dispone la Ley 1819 de 2016 por aplicación del principio de favorabilidad.”

En lo que interesa a esta tutela, se acudirá a las consideraciones expuestas por el Tribunal para resolver los planteamientos de los numerales 1 y 4, puesto que Agrícola Sevilla S.A.S. nada dijo sobre los demás tópicos.

Frente a los gastos sindicales expuso expresamente:

“Gastos sindicales

En efecto se observa que las razones por las cuales tanto la DIAN en sede administrativa, como el Juez de Primera Instancia en vía judicial, consideraron que los gastos sindicales correspondientes a viáticos y otros beneficios reconocidos a través de la Convención Colectiva que obra a folio 116 al 186 del cuaderno principal, no eran deducibles, atienden al hecho de que evidentemente comoquiera que en la referida convención pese a estar suscrita por el representante legal de la Sociedad AGRÍCOLA SEVILLA S.A.S., quienes vislumbra participan de la referida negociación, vienen la AGROPECUARIA LA LUZ S.A.S. para la Finca La Luz y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria Sintraingro, sin que se vislumbre o mencione a la sociedad AGRÍCOLA SEVILLA S.A.S.

Por su parte el recurrente manifiesta que lo anterior se trata de un mero error de transcripción a la hora de hacer mención de la sociedad empleadora en la referida convención, lo cual en su parecer es comprobable con la denuncia de la convención colectiva realizada por el representante legal de la sociedad AGRÍCOLA SEVILLA S.A.S., ante el Ministerio de Trabajo, y que tal yerro se debió a que la sociedad Agrícola Sevilla S.A.S. opera en las instalaciones de la Finca La Luz.

Ahora bien, en efecto observa la Sala que en la mencionada Convención Colectiva se señala como suscrita “ENTRE AGROPECUARIA LA LUZ S.A. PARA LA FINCA LA LUZ Y EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA AGROPECUARIA SINTRAINGRO”, y en efecto no se señala en ninguno de sus apartes a la Sociedad AGRÍCOLA SEVILLA S.A.S., pese a que la misma es suscrita por su representante legal, no obstante, el hecho de que esté firmada por la persona que tenía la representación legal de la sociedad demandante, tal como lo señaló el A- quo, no se constituía en un hecho que inequívocamente llevara a la conclusión de que se trataba de la sociedad AGRÍCOLA SEVILLA S.A.S., por cuanto, nada obsta para que una persona pueda ejercer la representación legal de más de una persona jurídica de derecho privado.

De otra parte, para esta Corporación la denuncia de la Convención Colectiva en mención, no se constituye un argumento que permita indefectiblemente arribar a la inferencia de que la mencionada AGROPECUARIA LA LUZ que se señala en el título o encabezado del documento contentivo de la Convención Colectiva, se trata de la misma SOCIEDAD AGRÍCOLA SEVILLA S.A.S., habida cuenta que, en la referencia de la denuncia se hace mención a que esta es presentada por LA LUZ, sin embargo, al margen de lo anterior, tampoco este documento se constituye una prueba que evidencie el yerro aducido por el recurrente, habida cuenta que se trata de un documento suscrito por el representante legal de la parte demandante, sin que se tenga certeza de que la misma fue resuelta o desatada por el MINISTERIO DEL TRABAJO considerándola como si se tratara de la Sociedad AGRÍCOLA SEVILLA S.A.S.

Finalmente, es conveniente abordar el argumento igualmente esbozado tanto por la DIAN como por el A-quo bajo el cual, consideraron que al margen de lo anteriormente esbozado, el hecho de que convencionalmente se obligue a la Empresa a sufragar los viáticos de las directivas sindicales a cursos, talleres o asambleas propias de su asociación, no significa que tales pagos correspondan a expensas necesarias conforme al artículo 107.

[…]

En ese orden de ideas, se tiene que, a criterio del H. Consejo de Estado aunque los gastos sindicales, o los gastos originados en las convenciones colectivas pueden resultar convenientes e incluso contribuir a incentivar el derecho de asociación y su pago se constituya en obligatorio si no guardan relación directa con la actividad productora de la renta declarada no puede considerarse como un gasto necesario, pues no cumple con el requisito de relación de causalidad previsto en la norma tributaria.

[…]”.
Es respecto de las anteriores consideraciones que la tutelante alega la configuración de un defecto fáctico; sin embargo, tal como lo consideró la Sección Segunda de esta Corporación en el fallo impugnado, el Tribunal dio un alcance probatorio coherente y válido a los documentos arrimados al expediente ordinario.

En efecto, la Sala observa que la Convención Colectiva de Trabajo celebrada con SINTRAINAGRO y la denuncia a la misma fueron valoradas como pruebas oportuna y legalmente aportadas, diferente es que el alcance dado por el Tribunal no sea el mismo que pretende darle la actora, precisamente porque en esos documentos no se menciona a Agrícola Sevilla S.A.S. como parte contratante y ante esa omisión es razonable la conclusión a la que llega la Corporación demandada en tutela en cuanto a que no es evidente el error de transcripción aducido, para considerar que al mencionar a la Agropecuaria La Luz debe entenderse que se refiere a Agrícola Sevilla S.A.S.

Ahora bien, aunque se hubiera podido demostrar que Agrícola Sevilla S.A.S. suscribió la referida convención colectiva de trabajo, de todas formas el resultado sería el mismo, esto es el rechazo de los gastos sindicales, puesto que el Tribunal consideró que no guardan relación directa con la actividad productora de renta.

En los anteriores términos, no son aceptables los cargos aducidos por Agrícola Sevilla S.A.S para demostrar que el Tribunal incurrió en defecto fáctico. Valga indicar que el error de transcripción cometido en el contrato sindical no quedó demostrado con los documentos aportados y aunque así hubiera sido, esa prueba no tenía la facultad de determinar el sentido del fallo, puesto que no cambiaría la conclusión de que los gastos sindicales no eran expensas necesarias y, en ese entendido, no eran deducibles en los términos del artículo 107 del Estatuto Tributario.

Procede ahora resaltar las consideraciones expuestas por el Tribunal para negar la reducción del valor de la sanción por inexactitud impuesta a Agrícola Sevilla S.A.S, en aplicación del principio de favorabilidad:

“De la Sanción por Inexactitud

Es menester acotar que en cuanto a este tópico, al tenor de lo normado en el artículo 647 del Estatuto Tributario para que haya lugar a la sanción por inexactitudes que se presenten en las declaraciones tributarias, se requiere que como consecuencia de las mismas se genere un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable, no obstante, se tiene que esta regla general tiene por excepción, cuando el menor valor a pagar se cause por virtud de errores de apreciación o por diferencias de criterio entre la DIAN y el declarante con relación a la interpretación del derecho a aplicar, siempre y cuando los supuestos fácticos y los guarismos que están siendo denunciados sean completos y verdaderos. […]

Así las cosas, de conformidad con el criterio jurisprudencia pretranscrito se tiene que la imposición de la sanción no está falsamente motivada, pues está demostrado que el actor incluyó en su declaración costos inexistentes y datos desfigurados de los cuales derivó un menor saldo a pagar, y en este sentido no se trata de una mera diferencia de criterios o de interpretación del derecho a aplicar como lo aduce el demandante, habida cuenta que al no encontrarse soportados los gastos efectuados, los mismos se torna inexistentes, y al no cumplir con los requisitos para su deducción los mismos se tornan inexactos.

Ahora bien, en cuanto al argumento del recurso atinente a la aplicación del principio de favorabilidad bajo el cual considera se le debe reducir el porcentaje de la sanción por inexactitud al 100% como prevé la Ley 1819 de 2016, por tornarse más favorable que el porcentaje del 160%, establecido antes de dicha reforma, este Tribunal considera que no hay lugar al pago de los mismos, en virtud de las razones que seguidamente se pasan a exponer.

En efecto, tanto la H. Corte Constitucional con (sic) el H. Consejo de Estado han sido coincidentes en señalar en su jurisprudencia, que en materia sancionatoria tributaria cuando se expida una norma que se torne más beneficiosa al contribuyente, esta podrá ser aplicada sin que con ellos se desconozca el principio de irretroactividad de la Ley, o implique la vulneración del artículo 338 constitucional.

Pues bien, se advierte que la Ley 1819 de 2016, contentiva de la reforma tributaria en su artículo 647 estableció una modificación de la sanción por inexactitud del 100%, la cual es más favorable al contribuyente que la establecida por el anterior régimen tributario del 160%.

Pues bien, conviene precisar que el H. Consejo de Estado en pronunciamiento reciente con relación a la sanción por inexactitud modificada por la Ley 1819 de 2016, ha considerado que debe dársele aplicación al principio de favorabilidad tributaria, pese a ser posterior a los hechos o actos que son objeto de sanción empero siempre y cuando no se trate de situaciones jurídicas ya consolidadas.

Es menester acotar que si bien es cierto la DIAN profirió el Concepto 18128 del 19 de junio de 2015 en el cual estableció que la favorabilidad en materia tributaria se tornaba inexistente por cuanto, los tributos no son sanciones sino la manera como los contribuyentes aportan al estado para el cumplimiento de sus fines esenciales, de suerte pues, que no se trata de la misma situación que se presenta en materia penal o disciplinaria, por cuanto no se trata propiamente de una sanción. No obstante lo anterior, la Sala advierte que el anterior concepto fue suspendido por parte del Consejo de Estado dentro del proveído de fecha 7 de diciembre de 2016 al abordar el estudio de la medida cautelar solicitada dentro del proceso radicado con el consecutivo 110010327000201600020-00 (22421) con ponencia del Consejero HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS, [….].

De suerte pues que el H. Consejo de Estado reconoce la aplicabilidad del principio de favorabilidad para el régimen sancionatorio tributario.

Es menester acotar igualmente que al aplicar la norma más beneficiosa para el contribuyente en materia sancionatoria, hace referencia más al fenómeno de la retrospectividad de la ley y no al de la irretroactividad en sí, toda vez que esta solo sería aplicable a las situaciones jurídicas que aún no estén consolidadas, sin embargo, estima la Sala que este no es el caso del caso concreto, habida cuenta que la situación ya se encontraba consolidada a la fecha de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016 contentiva de la reforma tributaria, por cuanto la administración ya había adoptado decisión conforme a las normas vigentes al momentos de presentar la correspondiente declaración de renta, y bajo esta perspectiva, muy a pesar que el principio de favorabilidad si es aplicable en materia sancionatoria tributaria, no es menos cierto que este no puede atentar en contra de la seguridad jurídica sobre la situación ya consolidada bajo la normativa anterior.

[…]”.

De lo antes transcrito, se advierte que el Tribunal consideró que en materia sancionatoria tributaria es aplicable la norma más beneficiosa al contribuyente sin que implique desconocimiento del principio de irretroactividad de la ley o vulneración del artículo 338 de la Constitución Política. Igualmente que la Ley 1819 de 2016 modificó el artículo 647 del Estatuto Tributario y redujo la sanción por inexactitud al 100%, lo que resulta más favorable al contribuyente que la norma anterior que establecía la cuantía en el 160%.

Precisó además que, conforme con la posición del Consejo de Estado, en relación con la sanción por inexactitud, modificada por la Ley 1819 de 2016, la reducción en virtud del principio de favorabilidad es aplicable siempre que se trate de situaciones jurídicas no consolidadas. Que en el caso concreto de Agrícola Sevilla S.A.S la situación estaba consolidada a la vigencia de la citada ley porque la administración tributaria ya había decidido según la normativa vigente a la fecha de presentación de la declaración de renta, en consecuencia no podía acudirse al principio de favorabilidad.

Sobre ese particular, la Sala estima que el Tribunal Administrativo del Magdalena incurrió en defecto sustantivo al desconocer las normas más favorables que en materia sancionatoria tributaria le son aplicables a Agrícola Sevilla S.A.S. Para llegar a esa conclusión debe hacerse un breve estudio del principio de favorabilidad en el régimen sancionatorio tributario, cuyo fundamento constitucional está en el artículo 29 de la Constitución Política.

El artículo 197 de la Ley 1607 de 2012 consagró el principio de favorabilidad aplicable al régimen sancionatorio tributario, esa norma quedó derogada por el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016. Sin embargo, el artículo 282 de la citada Ley 1819, que modificó el artículo 640 del Estatuto Tributario, en el parágrafo 5º reconoció de manera expresa la aplicación del principio de favorabilidad para aquellas sanciones impuestas con ocasión del pago, determinación o causación de tributos. La citada norma dispone:

“Artículo 282. Modifíquese el artículo 640 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
“Artículo 640. Aplicación de los principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad en el régimen sancionatorio. Para la aplicación del régimen sancionatorio establecido en el presente estatuto se deberá atender a lo dispuesto en el presente artículo.
[…]
Parágrafo 5. El principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior.” (Resaltado de la Sala)

En cuanto a la sanción por inexactitud, que es la que interesa en este caso, el artículo 288 de la referida ley, modificó el artículo 648 del Estatuto Tributario y fijó como tarifa general de dicha sanción el equivalente al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente. En efecto, el artículo 288 de la Ley 1819 de 2016 dispone:

“Artículo 288. Modifíquese el artículo 648 del Estatuto Tributario el cual quedara así:

‘Artículo 648. Sanción por inexactitud. La sanción por inexactitud será equivalente al ciento por ciento (100%) de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente, agente retenedor o responsable, o al quince por ciento (15%) de los valores inexactos en el caso de las declaraciones de ingresos y Patrimonio.

Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo que se genere al modificar el impuesto declarado por el contribuyente.

[…]” (Resaltado de la Sala)

Lo anterior, significa que la cuantía fijada en el artículo 288 de la citada Ley 1819 es más favorable que la establecida en las normas anteriores, por lo que es procedente la aplicación del principio de favorabilidad consagrado en el artículo 282 de la misma ley, que es claro al indicar que debe aceptarse aunque la norma que resulta más beneficiosa sea posterior.

Entonces, el principio de favorabilidad debe invocarse en aquellos casos en los que la sanción por inexactitud se haya impuesto sobre la tarifa del 160% para que sea reducida a la tarifa general del 100%.

No obstante, es importante aclarar que tal beneficio es predicable en aquellas situaciones jurídicas que aún no estén consolidadas, esto es que pueden someterse a discusión en vía administrativa o judicial o ya estén en discusión, así lo ha considerado la Sección Cuarta de esta Corporación, especializada en asuntos tributarios, en múltiples pronunciamientos.

Es necesario resaltar los más recientes pronunciamientos en los que la Sección Cuarta, en segunda instancia, sin importar si las pretensiones prosperan o no, ha aplicado la norma más favorable y, en consecuencia, declara la nulidad parcial de los actos demandados solo en lo atinente al valor de la sanción por inexactitud, practica una nueva liquidación del impuesto y recalcula el monto de la sanción sobre el 100% [y no el 160%] y el total del saldo a pagar.

Sentencia de 5 de febrero de 2019 dictada en segunda instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Julio Efrén Gómez Moreno contra los actos de determinación del impuesto sobre la renta- año 2001, expedidos por la DIAN. En este proceso prosperaron parcialmente las pretensiones en relación con la sanción por inexactitud. En efecto, se sostuvo:

“Sanción por inexactitud - Reiteración Jurisprudencial.

El artículo 647 del Estatuto Tributario establece que, procede la sanción por inexactitud, entre otros eventos, cuando en la declaración se incluyen costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos inexistentes, o se utilizan datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados de los que se derive un menor impuesto a cargo o un mayor saldo a favor del contribuyente.

En este caso, en la demanda se alegó que no se dieron los presupuestos previstos en el artículo 647 del Estatuto Tributario, porque la comprobación insuficiente de costos y deducciones no se puede confundir con la inexistencia de los mismos, pero la Sala considera que es procedente la sanción, porque el actor incluyó en su declaración datos equivocados de los cuales se derivó un menor valor a pagar, lo que constituye inexactitud sancionable.

Ahora bien, la Sala pone de presente que mediante el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016, que modificó el artículo 640 del Estatuto Tributario, se estableció en el parágrafo 5 que «el principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior».

Al respecto, se observa que la sanción por inexactitud consagrada en el artículo 647 del Estatuto Tributario, fue modificada por la Ley 1819 de 2016, al establecer una sanción más favorable, en tanto disminuyó el valor del 160% -establecido en la legislación anterior- al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor determinado en las liquidaciones oficiales y el declarado por el contribuyente.

En consideración a lo anterior, la Sala dará aplicación al principio de favorabilidad y establecerá el valor de la sanción por inexactitud en el 100% y no el 160% impuesto en los actos demandados.

Por lo tanto, la Sala revocará el numeral segundo de la sentencia apelada, en el sentido declarar la nulidad parcial de los actos demandados, solo en lo referente al valor de la sanción por inexactitud, conforme con lo expuesto en esta providencia.[…]”

Sentencia de 21 de febrero de 2019 proferida en segunda instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Olga Lucía Macías Azuero contra los actos de determinación del impuesto sobre la renta- año 2007, expedidos por la DIAN. En este proceso prosperaron parcialmente las pretensiones de la demanda y frente a la sanción por inexactitud se consideró:

“8- Además, la Sala debe modificar la sanción por inexactitud determinada en los actos acusados en cuantía de $120.339.000, por dos circunstancias: de una parte porque el enjuiciamiento adelantado por esta judicatura llevó a que disminuyera la base sobre la cual se calcula la sanción (i.e. la diferencia entre el saldo a pagar determinado y el autoliquidado por el contribuyente); y, de otra parte, porque después de que se profirieron los actos acusados se adelantó una reforma legislativa con la cual se redujo el porcentaje de sanción por la elaboración de autoliquidaciones inexactas.

Señaladamente, con las modificaciones adoptadas por los artículos 287 y 288 de la Ley 1819 de 2016 sobre los artículos 647 y 648 del ET, se redujo del 160 al 100% el porcentaje de sanción aplicable a la conducta infractora consistente en determinar un menor impuesto como resultado de incluir en la declaración tributaria costos inexistentes.

En consecuencia, en el sub lite, con posterioridad a la comisión de la conducta, se estableció una pena menor para la infracción cometida. Dada esa circunstancia, resulta imperativo para la Sala atender al mandato previsto en el inciso 3.º del artículo 29 constitucional, de conformidad con el cual «en materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable»; reproducido en el actual parágrafo 5.º del artículo 640 del ET (en la redacción introducida por el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016), que señala que «el principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior».”

Sentencia de 21 de febrero de 2019 dictada en segunda instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Grupo Akkar Colombia Ltda contra los actos de determinación del impuesto sobre las ventas- 6º bim-2010, expedidos por la DIAN. En este proceso no se accedió a las pretensiones de la demanda y frente a la sanción por inexactitud se consideró:

“4. Sanción por inexactitud

4.1. Según la demandante, no es procedente la sanción por inexactitud porque los datos declarados son reales. En este caso, se presenta una diferencia de criterio en cuanto a la aplicación del derecho aplicable.

4.2. El artículo 647 del Estatuto Tributario dispone que habrá lugar a la sanción por inexactitud cuando exista omisión de ingresos, de impuestos generados por operaciones gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles de gravamen, inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos inexistentes y en general, la utilización en las declaraciones de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable.

Sin embargo, el contribuyente se puede exonerar de la sanción cuando el menor valor a pagar derive de errores de apreciación o diferencias de criterios entre la autoridad tributaria y el declarante, relativos a la interpretación del derecho aplicable, y siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos.

4.3. La Sala encuentra que en la declaración presentada, el actor incurrió en una de las conductas tipificadas como inexactitud sancionable, como es la omisión de ingresos gravados y el IVA derivado de los mismos, lo que condujo a la determinación de un menor impuesto.

Adicionalmente, la Sala encuentra que en este caso no presenta una diferencia de criterios en relación con la interpretación del derecho aplicable porque, como se observó, las pruebas en el expediente demuestran que la actora prestó un servicio de intermediación y la normativa tributaria es clara en señalar que el mismo se encuentra sujeto al impuesto sobre las ventas.

Por tanto, procede la imposición de la sanción por inexactitud.

4.4. Sin embargo, la Sala pone de presente que mediante el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016, que modificó el artículo 640 del Estatuto Tributario, se estableció que “el principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior”.

Al compararse la regulación de la sanción por inexactitud consagrada en el artículo 647 del Estatuto Tributario, con la modificación efectuada por la Ley 1819 de 2016, la Sala aprecia que ésta última establece la sanción más favorable para el sancionado en tanto disminuyó el valor del 160% -establecido en la legislación anterior- al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente.

4.5. En consideración a lo anterior, la Sala dará aplicación al principio de favorabilidad y establecerá el valor de la sanción por inexactitud en el 100% y no el 160% impuesto en los actos demandados. […]”

Sentencia de 28 de febrero de 2019, dictada en segunda instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por C. I. Mundo Metal S.A. En Liquidación contra los actos de determinación del impuesto sobre la renta- año 2007, expedidos por la DIAN. En este proceso prosperaron parcialmente las pretensiones de la demanda y frente a la sanción por inexactitud se consideró:

“ 1. Sanción por inexactitud

Habida consideración que se encuentra demostrado que el contribuyente declaró costos inexistentes, debe mantenerse la sanción por inexactitud frente a estos y solamente procede levantarla frente el cargo que prospera parcialmente. Además, se encuentra que en este caso no se presenta una diferencia de criterios en relación con la interpretación del derecho aplicable porque, como se observó, las pretensiones de la sociedad demandante se resolvieron desfavorablemente por falta de soporte probatorio, y en tanto la Administración demostró que las cifras declaradas por la contribuyente no eran reales.

La Sala pone de presente que el artículo 282 parágrafo 5 de la Ley 1819 de 2016 reconoció, expresamente, la aplicación del principio de favorabilidad en materia sancionatoria, previsto en el artículo 29 de la Constitución Política.

Por su parte, los artículos 287 y 288 de la citada ley modificaron la sanción por inexactitud de las declaraciones tributarias en el siguiente sentido: […]

Así, de conformidad con el principio de favorabilidad y por ser, en este caso, menos gravosa la sanción prevista en los artículos 287 y 288 de la Ley 1819 de 2016, que la establecida por las normas vigentes al momento en que se impuso la sanción equivalente al 160%, procede reliquidar la sanción por inexactitud a la tarifa general del 100%.

No es viable la reducción de la sanción a que se refiere el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016, que modificó el artículo 640 del Estatuto Tributario, porque uno de los supuestos para dicha reducción, cuando la sanción es impuesta por la autoridad tributaria, es que esta sea aceptada y la infracción sea subsanada por el contribuyente, situación que no se presenta en esta oportunidad.

Las razones anteriores son suficientes para revocar el numeral segundo de la sentencia apelada. En su lugar, se determina la sanción por inexactitud a la tarifa del 100% de la diferencia entre el saldo a pagar determinado por la contribuyente y el fijado por la Sala.”

En atención a lo señalado, no queda duda de que la situación jurídica de Agrícola Sevilla S.A.S. referida a la determinación oficial del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2012, para la fecha en la que se dictó fallo de segunda instancia, aún no estaba consolidada, precisamente porque se encontraba en discusión ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Entonces, la conclusión a la que llegó el Tribunal Administrativo del Magdalena para negar la aplicación del principio de favorabilidad en cuanto a la sanción por inexactitud es irrazonable, pues a pesar de que en sus consideraciones precisa que opera para aquellas situaciones jurídicas no consolidadas, a su juicio la situación jurídica de Agrícola Sevilla S.A.S. se consolidó porque la DIAN ya había adoptado la decisión con base en las normas que regían antes de la Ley 1819 de 2016.

Esa interpretación se aleja del alcance dado por la Sección Cuarta de esta Corporación, que tiene una posición reiterada al entender como consolidadas solo aquellas situaciones jurídicas que no son susceptibles de controversia ante la administración o ante las autoridades judiciales.

En ese entendido, el Tribunal debió anular parcialmente los actos administrativos para reducir la sanción por inexactitud a la tarifa general del 100%, la cual resulta más favorable en comparación a la impuesta que es la equivalente al 160% de la diferencia entre lo determinado oficialmente y lo declarado por Agrícola Sevilla S.A.S.

Por lo expuesto, es procedente confirmar el fallo de tutela impugnado en cuanto amparó los derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad y dejó sin efecto la sentencia de 2 de mayo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta- Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Confirmar la sentencia del 11 de septiembre de 2018, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Enviar el expediente de la referencia a la Corte Constitucional para su eventual recisión.

Notificar a las partes por el medio más expedito posible.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Presidente de la Sección

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

MILTON CHAVES GARCÍA

JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Fl. 81
Fls. 24-25
Auto de 10 de mayo de 2018, Exp. 25000-23-15-000-2002-02147-01 (PI); Sentencia de 27 de octubre de 2005, Exp. 14979.
Sentencias de 2 de febrero de 2017, Exp. 20517; 15 de junio de 2017, Exp. 21864; 3 de mayo de 2018, Exp. 20727; 3 de mayo de 2018, Exp. 21865; entre otras.
Fl. 34
Fls. 40-43
Fls. 45-47
Sentencias de 14 de junio de 2018, Exp. 18001-23-33-000-2013-00198-01 (21164), M.P. Milton Chaves García; de 15 de junio de 2017, Exp. 15001-23-33-000-2013-00613-01 (21864), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y de 2 de febrero de 2017, Exp. 05001-23-31-000-2011-01299-01 (20517), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
Fls. 87-95
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; y v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela.
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución.
Copia de este fallo obra a fls. 351-370 del anexo 4.
Sentencia T-102 de 2014
Fl. 32 del Anexo 4
Fls. 70-75 del Anexo 4
Esta sanción se liquidó sobre el 160% de la suma del saldo a pagar [$12.621.000] y el saldo a favor [$4.144.000] registrado en la declaración privada del impuesto de renta. Fl. 75 del Anexo 4
Fls. 206-224 del Anexo 4
Fls. 1-26 del Anexo 4
Fls. 313-317 del Anexo 4
Fls. 318-326 del Anexo 4

Fls. 351-370
Vistas a folios 116-186 y 188-192 del Anexo 4.
Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. […] En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”
“Artículo 197. Las sanciones a que se refiere el régimen Tributario Nacional se deberán imponer teniendo en cuenta los siguientes principios: (…) FAVORABILIDAD. En materia sancionatoria la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. (….)”
Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones.
Artículo 647. Sanción por inexactitud. […]
La sanción por inexactitud será equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial, y el declarado por el contribuyente o responsable. Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo que se genere al modificar el impuesto declarado por el contribuyente.

Sentencias del 23 de julio de 2009, Exp. 16404, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; del 11 de marzo de 2010, exp. 17617, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; del 16 de junio de 2011, exp. 17922, M.P. William Giraldo Giraldo y de 28 de septiembre de 2016, Exp. 21614, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
Exp. 05001-23-31-000-2007-00032-01 [20851], M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
Se reitera el criterio expuesto por la Sala en sentencias del 20 de febrero de 2017, Exp. 20623, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas (E) y 9 de marzo de 2017, Exp. 19823, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, entre otras.
«Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal y se dictan otras disposiciones».
E.T. «Artículo 647. Sanción por inexactitud. (…) La sanción por inexactitud será equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial, y el declarado por el contribuyente o responsable. Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo que se genere al modificar el impuesto declarado por el contribuyente».
Artículo 288 de la Ley 1819 de 2016, que modificó el artículo 648 del E.T.
Exp. 08001-23-31-000-2012-00335-01 [21366], M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
Exp. 25000-23-37-000-2014-00843-01(22510), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez
Exp. 25000-23-37-000-2012-00054-01 (20844), M.P. Milton Chaves García

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