República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2018-02750-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
20 de septiembre de 2018
MORA JUDICIAL - No configuración / DILACIÓN JUSTIFICADA POR ALTA CARGA LABORAL / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO
¿El Tribunal Administrativo de Bolívar afectó los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, mínimo vital y vida en condiciones dignas de la tutelante al no haber proferido decisión definitiva dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho? (…) [D]entro del presente asunto no existe una mora injustificada por parte del Tribunal Administrativo de Bolívar, que alegó y procuró demostrar la alta carga laboral. Además, también hizo referencia a la falta de unificación por parte del Consejo de Estado (para la fecha de interposición de este medio de amparo) respecto del tema objeto de demanda, el cual corresponde al IBL aplicable a los beneficiarios del régimen de transición. (…) De acuerdo con los argumentos expuestos, la Sala concluye que la presente acción de tutela es improcedente debido a que no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable, pues si bien se hicieron algunas afirmaciones relacionadas con el estado de salud de la accionante, no se procuró probarlo siquiera sumariamente, pues no se allegó ningún tipo de anexo con el escrito de tutela.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veinte (20) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-02750-00(AC)
Actor: FLOR MARÍA CASTILLO HERNÁNDEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR
Flor María Castillo Hernández, quien actúa en nombre propio, interpone acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Bolívar para que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, a la vida en condiciones dignas, seguridad social y a la igualdad.
Pretensiones
Fueron concretadas de la siguiente forma:
PRIMERO: Se TUTELEN MIS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, SEGURIDAD SOCIAL, VIDA DIGNA, DERECHO A LA IGUALDAD.
SEGUNDO: como consecuencia de la declaración anterior se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, que en el término de CUARENTA Y OCHO (489 horas o el término presencial que esa H. Corporación fije, se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, dicte SENTENCIA que corresponda en el expediente adelantado por la suscrita contra la UGPP, radicado bajo el No. 13001-23-33-000-2014-00270-00.
1.2. Hechos de la solicitud
La parte accionante señala como hechos relevantes los siguientes:
Nació el 11 de enero de 1953, es decir que para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 tenía más de 35 años de edad y había cumplido con más de 15 años de servicio, lo que la hace beneficiaria del régimen de transición que dispuso el artículo 36 de la mencionada norma.
Para obtener el reconocimiento de su asignación pensional interpuso demanda en uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con radicado 13001-23-33-000-2014-00270-00 que correspondió al Tribunal Administrativo de Bolívar.
La demanda ingresó al despacho para fallo el 2 de mayo de 2016, pero a la fecha de interposición de este medio de amparo no se ha proferido una decisión definitiva y de fondo sobre el asunto. La demora del juez de conocimiento afecta sus derechos en mayor medida debido a que sufre de fibromialgia, síndrome de Sjogren y lupus eritematoso sistemático.
Al no haberse resuelto su situación pensional debe asumir los costos que le genera la patología que padece, además del pago de seguridad social y aportes a salud, circunstancia que afecta sus derechos fundamentales.
Por último, existen una serie de procesos en los que se persiguen los mismos derechos pensionales que ella procura, en los cuales ya se ha proferido una decisión de fondo, a pesar de haber sido interpuestos con posterioridad a su demanda, por lo que se evidencia un irrespeto al sistema de turnos.
1.3. Fundamentos jurídicos del accionante
La tutelante solicita que se protejan sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, igualdad, debido proceso, mínimo vital y acceso a la administración de justicia, consagrados en los artículos 11, 13, 29, 53 y 229 de la Constitución Política de 1991.
1.4 Trámite en primera instancia
La presente acción de tutela fue admitida por medio de auto del 6 de agosto de 2018, en donde se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Bolívar como demandado y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP como tercera interesada en la resultas de este proceso, para que dentro de los 3 días siguientes a su notificación ejercieran su derecho de defensa (folio 6).
1.5. Intervenciones
El Tribunal Administrativo de Bolívar allegó memorial del 29 de agosto de 2018, en el que aseguró que no existe ningún tipo de vulneración a los derechos fundamentales alegados por la señora Flor María Castillo, pues si bien es cierto no se ha proferido decisión dentro del proceso promovido por ella, tal situación no obedece a una actuación negligente de esa autoridad judicial.
Después de hacer un recuento del fundamento de la demanda ordinaria y del trámite procesal surtido, indicó que la mora obedece a la excesiva carga laboral que maneja el despacho encargado del conocimiento del proceso, debido a la falta de personal, hecho que es de conocimiento público y que comporta un problema estructural de la Rama Judicial.
Precisó que al proceso de la hoy tutelante se le ha dado el trámite que corresponde y se han respetado los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia, en tanto a la demanda en comento se le ha concedido un turno para ser resuelto.
Indicó que el asunto a estudiar dentro del proceso ordinario no ha sido objeto de unificación jurisprudencial por parte del órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa, razón por la que se han causado serias dificultades al proferir decisiones que con posterioridad son revocadas por el mismo Consejo de Estado o por la Corte Constitucional, debido a la disparidad de criterios entre ambas Corporaciones (folios 11 al 20).
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social allegó memorial del 30 de agosto de 2018, en el que argumentó una falta de legitimación en la causa por pasiva, debido a que el presente medio de amparo se dirige exclusivamente contra el Tribunal Administrativo de Bolívar.
Sostuvo que debido a que los hechos de los cuales se deriva la afectación de los derechos fundamentales solo se endilga a la Corporación judicial que conoce del medio de control, no hay razón para que la Unidad permanezca vinculada al presente proceso y, en consecuencia, solicita que se le separe del presente asunto (folios 23 al 28).
2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con lo previsto en el numeral 5 del artículo 1. º del Decreto 1983 de 2017, que modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, según el cual «las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada», la Sala es competente para conocer del presente asunto.
2.2. Problema jurídico
El problema jurídico consiste en dilucidar si el Tribunal Administrativo de Bolívar afectó los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, mínimo vital y vida en condiciones dignas de la tutelante al no haber proferido decisión definitiva dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 13001-23-33-000-2014-00270-00.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos caracteres dan cuenta del ámbito restringido de procedencia de las peticiones elevadas en ejercicio de esta acción, ya que el ordenamiento jurídico ha establecido diversas acciones ordinarias encaminadas igualmente a la defensa de los derechos que no se pueden pasar por alto.
Por ello el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 establece como causal de improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable».
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado que el juez de tutela debe analizar los asuntos que llegan a su conocimiento observando estrictamente el carácter subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que sólo tiene lugar cuando dentro de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo para proteger objetivamente el derecho que se alegue conculcado.
También tiene lugar el amparo cuando a pesar de disponer de otro medio de defensa judicial idóneo para proteger su derecho, el ciudadano acuda a la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá probar. De no tener en cuenta estos parámetros se desconocería el principio de subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez constitucional en contravía del sistema jurídico.
2.4. Hechos probados
De acuerdo al material probatorio obrante en el plenario, se tendrán por ciertos los siguientes hechos:
La señora Flor María Castillo Hernández interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP (sistema de gestión).
El proceso ingresó a despacho para fallo el 2 de mayo de 2016 (sistema de gestión).
2.5. Análisis de la Sala
La señora Flor María Castillo Hernández interpuso acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Bolívar para que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, a la vida en condiciones dignas, seguridad social y a la igualdad y que, en consecuencia, se ordene a la parte accionada proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 13001-23-33-000-2014-00270-00.
La parte accionada asegura que ha dado el trámite que corresponde al proceso ordinario y que la falta de pronunciamiento de fondo obedece a la gran carga laboral que debe asumir y la falta de personal, circunstancia que es de amplio conocimiento y que impide mayor celeridad en la resolución de las demandas de su conocimiento.
Vistos los argumentos expuestos por ambas partes, la Sala debe indicar que el derecho de acción de los particulares se encuentra respaldado por derechos como el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, pues quien acude a la jurisdicción en procura del reconocimiento de un derecho guarda la confianza en que su situación será resuelta bajo el apego de la ley y en un tiempo prudencial.
En ese sentido, la inobservancia injustificada de los términos puede comportar una afectación a los derechos e intereses de las partes intervinientes en un proceso judicial. No obstante, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que tal dilación debe ser arbitraria, pues el simple incumplimiento de los plazos no comporta en sí mismo una violación de derechos fundamentales.
De acuerdo con lo anterior, en casos de mora judicial deben tenerse en cuenta una serie de derroteros definidos por la Corte Constitucional en sentencia T-366 de 2005, en donde precisó lo siguiente:
La no resolución en forma oportuna de un asunto sometido al conocimiento de un funcionario por parte de este, genera violación al debido proceso siempre y cuando se analicen y tengan en cuenta las circunstancias especiales de cada caso, a saber: (i) el volumen de trabajo y el nivel de congestión de la dependencia, (ii) el cumplimiento de las funciones propias de su cargo por parte del funcionario, (iii) complejidad del caso sometido a su conocimiento y (iv) el cumplimiento de las partes de sus deberes en el impulso procesal.
Además, la misma Corporación ha considerado que la acción de tutela no es el medio judicial procedente para procurar el impulso de un proceso ordinario y que solo puede admitirse en aquellos casos en los que se está frente a la ocurrencia de un perjuicio irremediable, lo que quiere decir que la acción de tutela « no procede automáticamente ante el incumplimiento de los plazos legales por parte de los funcionarios, sino que debe acreditarse también que tal demora es consecuencia directa de la falta de diligencia de la autoridad pública ».
Así, es claro que dentro del presente asunto no existe una mora injustificada por parte del Tribunal Administrativo de Bolívar, que alegó y procuró demostrar la alta carga laboral. Además también hizo referencia a la falta de unificación por parte del Consejo de Estado (para la fecha de interposición de este medio de amparo) respecto del tema objeto de demanda, el cual corresponde al IBL aplicable a los beneficiarios del régimen de transición.
Lo anterior puede corroborarse en el cd que reposa en el folio 21 aportado por la parte accionada en donde se observan los estados del presente año y donde se evidencia el volumen de decisiones proferidas por ese despacho, razón por la que no puede entenderse que la mora obedezca a razones ajenas a la carga laboral
3. Conclusión
De acuerdo con los argumentos expuestos, la Sala concluye que la presente acción de tutela es improcedente debido a que no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable, pues si bien se hicieron algunas afirmaciones relacionadas con el estado de salud de la accionante, no se procuró probarlo siquiera sumariamente, pues no se allegó ningún tipo de anexo con el escrito de tutela.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla
Se rechaza por improcedente la presente acción de tutela interpuesta por la señora Flor María Castillo Hernández, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.
En caso de no ser impugnada la presente decisión, dentro de los diez (10) días siguientes a su ejecutoria, debe remitirse el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.
Que se copie, se notifique y se cumpla.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
CORTE CONSTITUCIONAL, sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T-972 de 2006, T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 211, T-890 de 2011 y T-205 de 2012, entre muchas otras
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-336 del 8 de abril de 2005. M.P Dra. Clara Inés Vargas Hernández.
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