Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-02770-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-02770-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2018-02770-00
Consejero ponente: Carmelo Darío Perdomo Cuéter
11 de septiembre de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA – Concejal de San Pedro de los Milagros (Antioquia) / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO – Se aplicaron adecuadamente las normas llamadas a regular el caso / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA – Cómputo no afecta el principio de favorabilidad
[L]a Sala evidencia que el señor Jorge Iván Velásquez Velásquez participó, como concejal de San Pedro de los Milagros, en la aprobación del acuerdo 63 de 20 de diciembre de 2011, en el cual se dispusieron exenciones tributarias a empresas con sede en ese ente territorial, dentro de las que se encontraba la Cooperativa Colanta, donde aquel laboraba como auxiliar de control de calidad. (…) El señor Juan Eduardo Rodas Gutiérrez promovió el medio de control 05001-23-31-000-2017-02538-00 contra el cabildante enunciado en el párrafo precedente, en el que pidió declarar su pérdida de investidura porque incurrió en conflicto de intereses, ya que discutió un proyecto de acuerdo que beneficiaba a su empleadora pese a que debió declararse impedido. (…) El Tribunal Administrativo de Antioquia, con sentencia de 8 de febrero de 2018, negó dicha pretensión, al considerar que si bien el allí demandado era empleado de la Cooperativa Colanta al momento en que intervino en la aprobación del acuerdo 63 de 20 de diciembre de 2011, no obraban elementos de convicción de los cuales se lograra inferir que recibió un beneficio, por el contrario, de algunos de ellos se colegía de que no, como de la certificación laboral emitida por esa empresa, pues luego de la aprobación de esa disposición siguió en el cargo que ocupaba desde que se vinculó a ella. (…) Contra la anterior decisión el allí demandante interpuso recurso de apelación, desatado por el Consejo de Estado (sección primera), mediante fallo de 15 de junio de 2018, en el sentido de revocar el de primera instancia y, en su lugar, declararse inhibido para conocer del asunto, puesto que operó la caducidad de que trata el artículo 6.º de la Ley 1881 de la presente anualidad, norma aplicable al caso concreto en atención al principio constitucional de favorabilidad, pues entre los hechos generadores del supuesto conflicto de intereses y la instauración de la pérdida de investidura, transcurrieron más de cinco (5) años. (…) Aunque el accionante afirma que la providencia objeto de censura incurre en defecto sustantivo, no era dable tener en cuenta la mencionada ley en el caso concreto por cuanto no estaba vigente a la fecha en que se formuló el trámite 05001-23-31-000-2017-02538-00, para la Sala tal argumento no está llamado a prosperar, por cuanto desconoce el mandato de favorabilidad, en virtud del cual se debía tener en cuenta la disposición más beneficiosa al señor Jorge Iván Velásquez Velásquez.
FUENTE FORMAL: DECRETO 2591 DE 1991/ LEY 1881 DE 2018 – ARTÍCULO 6.
NOTA DE RELATORÍA: Respecto a la aplicación del principio de favorabilidad, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del veintiuno (21) de junio de dos mil diecisiete (2017), expediente 11001-03-15-000-2016-01503-00, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER
Bogotá, D. C., once (11) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-02770-00(AC)
Actor: JUAN EDUARDO RODAS GUTIÉRREZ
Demandado: MAGISTRADOS DE LA SECCIÓN PRIMERA (1. ª) DEL CONSEJO DE ESTADO
Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del trámite relacionado con la acción de tutela incoada por el señor Juan Eduardo Rodas Gutiérrez, por la presunta vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia.
I. ANTECEDENTES
La solicitud de amparo (ff. 1 a 25 c. 1). El señor Juan Eduardo Rodas Gutiérrez, por conducto de apoderado, presenta acción de tutela con el fin de obtener la protección de los derechos constitucionales fundamentales a los que se hizo referencia, presuntamente quebrantados por los señores magistrados de la sección primera (1.ª) del Consejo de Estado.
Como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos la sentencia de 15 de junio de 2018, mediante la cual el Consejo de Estado (sección primera) revocó la de 8 de febrero del presente año, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, y se declaró inhibido para decidir el medio de control de pérdida de investidura 05001-23-31-000-2017-02538-00; y, en su lugar, se ordene a las autoridades accionadas dictar una nueva providencia en la que confirmen la decisión de primera instancia emitida en ese trámite contencioso-administrativo.
Hechos.
Relata el accionante que incoó demanda de pérdida de investidura 05001-23-31-000-2017-02538-00 contra el señor Jorge Iván Velásquez Velásquez, quien fue elegido como concejal de San Pedro de los Milagros (Antioquia) para los períodos constitucionales 2008 a 2011 y 2016 a 2019, en razón a que participó en la aprobación del acuerdo 63 de 20 de diciembre de 2011, en el que se fijaron exenciones tributarias a la Cooperativa Colanta, a pesar de que trabajaba para ella en esa fecha, situación que configuró un conflicto de intereses.
Que el Tribunal Administrativo de Antioquia, con fallo de 8 de febrero de 2018, negó la pretensión señalada en el párrafo precedente, al considerar que si bien el allí demandado laboraba en la mencionada empresa, no ocupaba un cargo que involucrara facultad decisoria, ya que era auxiliar de control de calidad, y no se evidenciaba que tuviere un interés directo en la aprobación de dicho acuerdo, máxime cuando en este tenían incidencia todas las cooperativas con sede en el ente territorial.
Dice que contra la anterior providencia interpuso recurso de apelación, bajo el argumento de que el allí accionado incurrió en conflicto de intereses, circunstancia que ameritaba declarar su pérdida de investidura, cuanto más si las pruebas demostraban fehacientemente que pese a estar impedido para conocer de lo reglado en ese acto administrativo, no hizo manifestación alguna al respecto.
Que el Consejo de Estado (sección primera), con sentencia de 15 de junio de 2018, desató la alzada en el sentido de revocar la de primera instancia y, en su lugar, declararse inhibido para dirimir la controversia, comoquiera que había operado la caducidad sobreviniente, pues la demanda no se presentó dentro de los cinco (5) años siguientes al hecho generador de la sanción, tal como lo exige el artículo 6.º de la Ley 1881 de 2018, norma que aunque fue dictada con posterioridad al inicio de las actuaciones ordinarias, resultaba aplicable a estas en virtud del principio constitucional de favorabilidad.
Agrega que la providencia objeto de censura incurre en defecto sustantivo, dado que como el proceso 05001-23-31-000-2017-02538-00 se promovió bajo el vigor de las Leyes 134 y 144 de 1994 y 617 de 2000, debió decidirse con fundamento en esas disposiciones, máxime si el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 consagra que las diligencias judiciales deben surtirse de acuerdo con la normativa vigente al momento en que iniciaron, premisa que impedía a las autoridades accionadas observar la caducidad de que trata la Ley 1881 de 2018.
Que los efectos de esa ley (1881 de 2018) no son retroactivos, por cuanto el sistema jurídico es enfático en indicar que la legislación tiene efectos hacia futuro, regla que no era dable flexibilizar en el pluricitado medio de control de pérdida de investidura, cuya finalidad es castigar a quien desconoció los mandatos inherentes al voto, como no incurrir en conflicto de intereses.
Sostiene que el pronunciamiento atacado provoca que se decrete la caducidad en la mayoría de procesos de ese tipo que se incoaron con anterioridad a la expedición de la Ley 1881 de 2018, pues en cinco (5) años muy pocas son decididas debido a la congestión judicial y a las maniobras dilatorias de los allí demandados, quienes obstaculizan las actuaciones en aras de que aquel plazo expire.
Que los señores magistrados tutelados debieron aplicar la excepción de inconstitucionalidad respecto de la Ley 1881 de 2018 en el proceso 05001-23-31-000-2017-02538-00, con el fin de evitar un fallo inhibitorio, el cual además de ser una forma de denegación de justicia, por cuanto no obedece los principios de la actividad judicial, se convierte en una herramienta con la que los servidores públicos de elección popular eluden su responsabilidad cuando soslayan el ordenamiento jurídico.
II. TRÁMITE PROCESAL
Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a través de auto de 15 de agosto de 2018 (ff. 105 a 107 c. 1), admitió la presente acción, ordenó notificar a los señores magistrados de la sección primera (1.ª) de esta Corporación y dispuso vincular al señor Jorge Iván Velásquez Velásquez, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
2.1 Contestaciones de la acción.
2.1.1 Los señores magistrados de la sección primera (1.ª) del Consejo de Estado (ff. 117 a 134 c. 1), por conducto del ponente de la providencia reprochada, pide desestimar las pretensiones de la acción de tutela de la referencia, en razón a que aquella no desconoce derecho constitucional fundamental alguno, pues se dictó de acuerdo con el marco jurídico.
Que la Ley 1881 de 2018 establece que la «acción» de pérdida de investidura debe instaurarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ocurrencia de la presunta causal de esa sanción, y aunque se expidió luego de que se formulara la demanda 05001-23-31-000-2017-02538-00, dicha disposición resultaba aplicable en ese proceso en virtud del principio constitucional de favorabilidad, el cual impone el deber de inobservar el mandato de irretroactividad de la ley cuando la norma posterior es más beneficiosa que la anterior.
2.1.2 El señor Jorge Iván Velásquez Velásquez (ff. 136 a 144 c. 1), quien actúa en nombre propio, solicita negar el amparo deprecado, por cuanto el fallo atacado no adolece de alguna de las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, ya que en aquel las autoridades accionadas, de manera acertada, atendieron el artículo 6.º de la Ley 1881 de 2018, el cual prevé que el medio de control de pérdida de investidura caduca en cinco (5) años contados desde la ocurrencia de los supuestos hechos irregulares.
Que la anterior premisa era aplicable a su caso en atención al mandato constitucional de favorabilidad, ya que si bien fue instituida luego de que se formulara la demanda ordinaria en su contra, le era más benéfica que las reglas anteriores, situación que imponía a los tutelados abstenerse de acatar el principio de irretroactividad de la ley.
Asevera que al momento en que discutió, en su condición de concejal, la aprobación del acuerdo 63 de 20 de diciembre de 2011, era empleado de la Cooperativa Colanta, pero este hecho no generó un conflicto de intereses, dado que no ocupaba un cargo directivo y, por ende, carecía de influencia, y la expedición de ese acto administrativo no le generó algún beneficio; además, las exenciones tributarias fijadas en esa decisión administrativa fueron dispuestas de manera genérica, esto es, para todas las empresas del municipio, y no solo para la que laboraba.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1 Competencia. Corresponde a esta Colegiatura, en virtud de las reglas de reparto de la acción de tutela, previstas en el Decreto 1382 de 2000, establecer si en el presente caso hay lugar al amparo reclamado por el actor, quien aduce quebranto de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia.
3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3 Problema jurídico.
Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional fundamental que pueda comportar la sentencia de 15 de junio de 2018, mediante la cual el Consejo de Estado (sección primera) revocó la de 8 de febrero de ese año, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, y se declaró inhibido para decidir el medio de control de pérdida de investidura 05001-23-31-000-2017-02538-00, incoado por el tutelante contra el señor Jorge Iván Velásquez Velásquez; y en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia invocadas en la solicitud de amparo.
3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestida de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del procedimiento previsto.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneren o amenacen derechos fundamentales. La regla general de improcedencia de la acción de tutela contra tales decisiones, se expone en la citada providencia al destacar que incluso las sentencias judiciales constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales y, además, porque el valor de cosa juzgada de las sentencias, la garantía del principio de seguridad jurídica y la autonomía e independencia son principios que caracterizan a la jurisdicción en la estructura del poder público.
En otro aparte, en la mencionada decisión se precisó:
[…] 22. Con todo, no obstante que la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales inherente a los fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público; ello no se opone a que en supuestos sumamente excepcionales la acción de tutela proceda contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan derechos fundamentales […].
Así las cosas, se elaboró el test de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con fin de destacar los eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, con el fin de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos puesto que se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; lo anterior porque el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. Al respecto señala la Corte Constitucional que de no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. Dicha irregularidad debe comportar grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse frente a crímenes de lesa humanidad, y la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio, por ello hay lugar a la anulación del juicio. (v) Que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible. Sobre este punto, la Corte anota que esta exigencia es comprensible, pues sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el accionante tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. (vi) Que no se trate de sentencias de tutela, dado el riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
Asimismo, bajo el rótulo de las causales de procedibilidad se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de decisión ilegítima con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga eminente relevancia constitucional resulta procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.
La Sala se ha detenido en el análisis de la posición de la Corte Constitucional en lo concerniente a la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, por las razones que se exponen a continuación:
La primera es que en este aspecto, comparte plenamente la idea cardinal de que en el Estado social de derecho la prevalencia de los derechos constitucionales fundamentales compromete la actuación de «cualquier autoridad pública» (artículo 86 de la CP), incluidos desde luego los jueces de la República de todas las jurisdicciones y rangos.
En segundo lugar, de acuerdo con los derroteros jurisprudenciales de la Corte Constitucional aunque la acción de tutela resulta procedente contra providencias judiciales, esta comporta carácter excepcional y no puede significar, en modo alguno, una prolongación indefinida del debate jurídico.
En tercer lugar, la metodología contenida en la jurisprudencia constitucional para verificar si una decisión judicial debe o no ser tutelada, constituye un valioso mecanismo para resolver el asunto, cuya adopción facilita el análisis de este complejo problema.
Por último, es pertinente destacar que la sala plena de lo contencioso- administrativo del Consejo de Estado, la cual había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales, rectificó su posición, mediante sentencia de 31 de julio de 2012, y dispuso que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos.
3.5 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que: (i) el asunto planteado es de relevancia constitucional, pues recae sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia del actor; (ii) contra el fallo objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que originaron el presunto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) la exigencia de inmediatez está satisfecha, porque la decisión atacada quedó ejecutoriada el 5 de julio de 2018 y la solicitud de amparo se instauró el 13 de agosto siguiente, es decir, dentro de un término prudencial (un mes y 8 días); y (v) la sentencia acusada no decidió una acción de tutela.
3.5.1 Hechos probados. Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, se destaca lo siguiente:
a) El señor Juan Eduardo Rodas Gutiérrez, el 11 de octubre de 2017, incoó el medio de control de pérdida de investidura 05001-23-31-000-2017-02538-00 contra el señor Jorge Iván Velásquez Velásquez, quien fue elegido como concejal de San Pedro de los Milagros (Antioquia) para los períodos constitucionales 2008 a 2011 y 2016 a 2019, en razón a que a pesar de que laboraba en la Cooperativa Colanta, participó en la discusión del acuerdo 63 de 20 de diciembre de 2011, en el cual se fijó el estatuto tributario municipal y se establecieron exenciones a las empresas domiciliadas allí, dentro de las que se encontraba aquella, lo que configura un conflicto de intereses (ff. 2 a 37 c. 2).
b) El Tribunal Administrativo de Antioquia, con sentencia de 8 de febrero de 2018, negó la pretensión de la demanda ordinaria, al considerar que si bien el allí demandado era empleado de la Cooperativa Colanta al momento en que se expidió el acuerdo señalado en la letra precedente, no obraban pruebas en el expediente de que se favoreció con la aprobación de las exenciones, por el contrario, los elementos de convicción demostraban que no recibió beneficio alguno, puesto que ha ocupado siempre el mismo empleo en la compañía (ff. 268 a 287 c. 3).
Que en el mencionado acto administrativo no se estableció expresamente que dicho privilegio tributario era para la mentada cooperativa, pues en aras de acceder a él se debían cumplir ciertos requisitos, circunstancia que permite colegir que fue una medida impersonal.
c) Contra la anterior decisión el demandante interpuso recurso de apelación, bajo el argumento de que era evidente el conflicto de intereses puesto de presente en la demanda contencioso-administrativa, pues pese a que el allí demandado era trabajador de la Cooperativa Colanta, participó, como concejal de San Pedro de los Milagros, en la aprobación de prerrogativas tributarias a favor de aquella (ff. 293 a 304 c. 3).
d) El Consejo de Estado (sección primera), por medio de fallo de 15 de junio de 2018, revocó el de primera instancia y se declaró inhibido para conocer de fondo la controversia, al estimar que se configuró la caducidad de que trata el artículo 6.º de la Ley 1881 del año en curso, por cuanto la pérdida de investidura 05001-23-31-000-2017-02538-00 no se instauró dentro de los cinco (5) años siguientes a la ocurrencia de la supuesta irregularidad que configuró el conflicto de intereses (ff. 55 a 63 c. 4).
Que si bien esa ley se expidió con posterioridad a la presentación de la demanda, era de imperiosa aplicación en el asunto sub judice, en virtud del principio constitucional de favorabilidad.
Hechas las anteriores precisiones fácticas, la Sala efectuará las siguientes acotaciones jurídicas con el propósito de dilucidar si la decisión cuestionada quebranta preceptos superiores.
3.5.2 Defecto sustantivo. El tutelante sostiene que la providencia reprochada incurre en defecto sustantivo, ya que en ella las autoridades accionadas tuvieron en cuenta una norma (Ley 1881 de 2018) que no debió observarse en la pérdida de investidura 05001-23-31-000-2017-02538-00, por expedirse luego de que esta se incoó, situación que les imponía atender las Leyes 144 y 134 de 1994 y 617 de 2000, en atención al artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual prevé que las diligencias judiciales deben surtirse de acuerdo con la normativa vigente al momento en que estas se inician.
Con la finalidad de dilucidar la prosperidad de ese argumento, es menester recordar que el artículo 230 superior prevé que los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En obedecimiento a dicho mandato, las autoridades judiciales deben decidir las controversias conforme a las normas vigentes, con lo que se garantiza el principio de legalidad.
La jurisprudencia constitucional ha señalado que las pronunciamientos proferidos en desconocimiento de preceptos incurren en el denominado defecto sustantivo, que se configura cuando la litis es decidida con fundamento en una disposición inaplicable al caso concreto, bien sea porque fue derogada, declarada inexequible o anulada, versa sobre otro asunto que no tiene relación con el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es irracional u omite emplearla.
Sobre el particular, la Corte Constitucional sostuvo:
Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de los derechos constitucionales.
Ahora bien, con el fin de esclarecer si los señores consejeros accionados acertaron al declarar la caducidad sobreviniente del medio de control de pérdida de investidura 05001-23-31-000-2017-02538-00, es necesario agotar el siguiente análisis jurídico.
3.5.2.1 Efectos de la ley en el tiempo y el principio constitucional de favorabilidad. El inciso 2.º del artículo 29 de la Constitución Política establece que «Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio».
De la lectura de la norma en cita se colige que las leyes proferidas por el Congreso de la República producen efectos hacía el futuro, motivo por el cual no es dable aplicarlas a situaciones acaecidas con anterioridad a su expedición, como regla general, pues de acontecer ello se les daría efectos retroactivos, lo que está proscrito del ordenamiento jurídico.
Sobre la irretroactividad de la ley, la Corte Constitucional explicó:
[…] el ejercicio retroactivo de la ley resulta extraño a la aplicación de sus dispositivos, toda vez que ella sólo entra a regir a partir de su puesta en vigencia, cobijando en adelante y por entero los fenómenos que se subsuman en sus supuestos jurídicos, refrendándose así el principio según el cual los hechos y actos deben regirse por la ley vigente al momento de su ocurrencia. Por donde, lógicamente, las situaciones consolidadas bajo el imperio de una ley se tornan intangibles frente a las mutaciones que el hacer legislativo va configurando permanentemente, con la suficiente abarcadura legal de los nuevos hechos y situaciones […].
Ahora bien, las leyes procesales tienen efecto ipso facto, es decir, son de aplicación inmediata, motivo por el cual resultan exigibles en circunstancias no consolidadas, como en los procesos judiciales en los que no se ha dictado sentencia definitiva, pues son trámites en curso, siempre que algún término no hubiere empezado a correr o determinadas actuaciones no se hayan iniciado, conforme lo estipula el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, cuyo tenor es:
Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.
Cabe advertir que el aparte del artículo 29 de la Carta Política, consistente en que «Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa», se refiere a las normas sustanciales, dado que las procesales, tal como se explicó, son de efecto inmediato, conforme lo consagra el artículo 43 de la citada ley y lo concluyó la Corte Constitucional, así:
[…] la Corte detecta que la legislación colombiana y la tradición jurídica nacional han concluido que las “leyes preexistentes” a que se refiere la norma constitucional son aquellas de carácter sustancial que definen los delitos y las penas. De esta manera se incorpora a nuestro ordenamiento el principio de legalidad en materia penal expresado en el aforismo latino nullum crimen, nulla poena sine praevia lege. Pero las normas procesales y de jurisdicción y competencia, tienen efecto general inmediato.
Es de resaltar que la regla según la cual las normas procesales son de observancia inmediata debe respetar el principio de favorabilidad penal, en aras de salvaguardar el inciso 3.º del artículo 29 superior, que prevé que «En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable».
Resulta oportuno recordar que ese mandato constitucional (favorabilidad), que integra la prerrogativa del debido proceso, hace referencia a la posibilidad de que el sujeto pasivo del ius puniendi estatal, esto es, del derecho sancionador (cuya finalidad es reprimir conductas castigadas por disposiciones penales, fiscales o disciplinarias), sea destinatario del precepto más beneficioso en el evento en que en virtud de un cambio normativo, resulten aplicables al caso concreto más de uno, sin importar que sea anterior o posterior al inicio del procedimiento o proceso.
Tal garantía involucra tanto las disposiciones procesales como sustanciales, conforme lo explicó el alto tribunal constitucional, de la siguiente manera:
[…] el principio de favorabilidad no distingue entre normas sustantivas o procesales, debe aplicarse conforme las circunstancias de cada caso concreto, las cuales deben ser zanjadas por las autoridades judiciales competentes. Para su aplicación se exige que exista una sucesión de normas en el tiempo o tránsito legislativo, la regulación de un mismo supuesto de hecho que conlleve consecuencias jurídicas distintas y la permisibilidad de una disposición frente a la otra.
Además, el principio de favorabilidad también resulta de imperiosa aplicación en el proceso de pérdida de investidura, por cuanto es una expresión del derecho sancionador, comoquiera que es un medio de control mediante el cual se castiga a los servidores públicos elegidos popularmente que desconocen el marco jurídico, cuyo principal propósito es privarlos de la posibilidad de obrar como representantes políticos del pueblo por desatender mandatos implícitos del voto, como obedecer el marco normativo. Sobre el particular, esta Corporación expresó:
[…] la acción de pérdida de investidura, es una acción de tipo punitivo, especial, que tiene por objeto favorecer la legitimidad del Congreso de la República mediante la imposición de la más grave sanción a los Congresistas (y otros servidores de elección popular), cuando se acredita plenamente y con el lleno de garantías procesales que han incurrido en las conductas tipificadas previamente en [la] Constitución y en la ley.
Como se trata entonces de una acción pública que comporta el ejercicio del ius puniendi del Estado, está sujeta a los principios generales que gobiernan el derecho sancionador, tales como la presunción de inocencia, el principio de legalidad, y el principio de favorabilidad en materia sancionatoria.
Desde esta perspectiva, es dable concluir que el principio de favorabilidad es una garantía inherente al ejercicio del ius puniendi estatal, por lo que son beneficiarios de él los servidores públicos de elección popular contra los cuales se adelanta una demanda de pérdida de investidura, siempre que no medie una situación consolidada.
En el asunto sub judice, la Sala evidencia que el señor Jorge Iván Velásquez Velásquez participó, como concejal de San Pedro de los Milagros, en la aprobación del acuerdo 63 de 20 de diciembre de 2011, en el cual se dispusieron exenciones tributarias a empresas con sede en ese ente territorial, dentro de las que se encontraba la Cooperativa Colanta, donde aquel laboraba como auxiliar de control de calidad.
El señor Juan Eduardo Rodas Gutiérrez promovió el medio de control 05001-23-31-000-2017-02538-00 contra el cabildante enunciado en el párrafo precedente, en el que pidió declarar su pérdida de investidura porque incurrió en conflicto de intereses, ya que discutió un proyecto de acuerdo que beneficiaba a su empleadora pese a que debió declararse impedido.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, con sentencia de 8 de febrero de 2018, negó dicha pretensión, al considerar que si bien el allí demandado era empleado de la Cooperativa Colanta al momento en que intervino en la aprobación del acuerdo 63 de 20 de diciembre de 2011, no obraban elementos de convicción de los cuales se lograra inferir que recibió un beneficio, por el contrario, de algunos de ellos se colegía de que no, como de la certificación laboral emitida por esa empresa, pues luego de la aprobación de esa disposición siguió en el cargo que ocupaba desde que se vinculó a ella.
Contra la anterior decisión el allí demandante interpuso recurso de apelación, desatado por el Consejo de Estado (sección primera), mediante fallo de 15 de junio de 2018, en el sentido de revocar el de primera instancia y, en su lugar, declararse inhibido para conocer del asunto, puesto que operó la caducidad de que trata el artículo 6.º de la Ley 1881 de la presente anualidad, norma aplicable al caso concreto en atención al principio constitucional de favorabilidad, pues entre los hechos generadores del supuesto conflicto de intereses y la instauración de la pérdida de investidura, transcurrieron más de cinco (5) años.
Aunque el accionante afirma que la providencia objeto de censura incurre en defecto sustantivo, no era dable tener en cuenta la mencionada ley en el caso concreto por cuanto no estaba vigente a la fecha en que se formuló el trámite 05001-23-31-000-2017-02538-00, para la Sala tal argumento no está llamado a prosperar, por cuanto desconoce el mandato de favorabilidad, en virtud del cual se debía tener en cuenta la disposición más beneficiosa al señor Jorge Iván Velásquez Velásquez.
En otras palabras, si bien para la época en que se inició el pluricitado juicio contencioso-administrativo no existía la Ley 1881 de 2018, por lo que se debía atender la 144 de 1994, la cual no contemplaba un interregno de caducidad de la demanda de pérdida de investidura, una vez se profirió aquella resultaba de imperiosa aplicación al señor Velásquez Velásquez, puesto que ese cambio normativo habilitaba a las autoridades accionadas a considerar la ley posterior al hecho generador de la sanción, en atención a la garantía de favorabilidad.
Ello en razón a que en las diligencias ordinarias no mediaba un fallo ejecutoriado antes de que se expidiera la Ley 1881 de 2018, por lo que no había una situación consolidada que impidiera a los señores consejeros accionados acatar de manera inmediata esa ley, que regula aspectos procesales, y el mandato de favorabilidad, pues el proceso es una serie de actos que solo se define a través de una sentencia en firme, tal como lo explicó la Corte Constitucional, así:
Dado que el proceso es una situación jurídica en curso, las leyes sobre ritualidad de los procedimientos son de aplicación general inmediata. En efecto, todo proceso debe ser considerado como una serie de actos procesales concatenados cuyo objetivo final es la definición de una situación jurídica a través de una sentencia. Por ello, en sí mismo no se erige como una situación consolidada sino como una situación en curso. Por lo tanto, las nuevas disposiciones instrumentales se aplican a los procesos en trámite tan pronto entran en vigencia, sin perjuicio de que aquellos actos procesales que ya se han cumplido de conformidad con la ley antigua, sean respetados y queden en firme.
En virtud de lo anotado y comoquiera que al momento de expedirse la Ley 1881 de 2018 no se había decidido el medio de control de pérdida de investidura 05001-23-31-000-2017-02538-00, los tutelados no solo estaban en la potestad de aplicar aquella norma, sino en la obligación de hacerlo, pues de lo contrario hubieren soslayado el derecho constitucional fundamental al debido proceso del señor Jorge Iván Velásquez Velásquez, por la omisión de atender el principio constitucional de favorabilidad.
Por otra parte, el actor asevera que la decisión atacada ignora el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual consagra que en las diligencias judiciales se deben observar las disposiciones vigentes al momento en que se proponen; empero, tal como se dijo en líneas precedentes, esa regla, al igual que la expresión «leyes preexistentes» de que trata el artículo 29 de la Carta Política, solo resulta aplicable para las de carácter sustancial, dado que las procesales son de inmediato cumplimiento, lo que imponía a las autoridades judiciales accionadas obedecer lo estipulado en la Ley 1881 de 2018.
Así las cosas, en consideración a que el proceso 05001-23-31-000-2017-02538-00 no se había decidido cuando se profirió la Ley 1881 de 2018 (15 de enero de ese año), era menester atender en ese trámite el artículo 6.º ibidem, el cual señala que la demanda de pérdida de investidura debe incoarse dentro de los cinco (5) años posteriores al hecho generador de la sanción, lo que no aconteció, pues el señor Jorge Iván Velásquez Velásquez incurrió en el supuesto conflicto de intereses el 20 de diciembre de 2011, día en que se aprobó el acuerdo 63, con el cual se fijó el estatuto tributario de San Pedro de los Milagros, y solo hasta el 11 de octubre de 2017 el señor Juan Eduardo Rodas Gutiérrez acudió a la jurisdicción contencioso-administrativa, esto es, luego de que tal término feneciera, motivo por el cual era necesario declarar la caducidad sobreviniente, tal como hicieron los señores magistrados de la sección primera (1.ª) del Consejo de Estado en la providencia censurada.
Ahora bien, el tutelante sostiene que en virtud del fallo atacado gran parte de las pérdidas de investidura que se tramitan en la jurisdicción contencioso-administrativa caducarían, por cuanto pocas se deciden dentro de los cinco (5) años siguientes a su presentación; no obstante, para la Sala esa afirmación no tiene asidero, dado que la caducidad es una institución que hace referencia al lapso dentro del cual se debe promover una demanda, por lo que una vez instaurada se interrumpe aquella, de manera que la mora judicial no conlleva a que se configure ese fenómeno procesal.
En otras palabras, no es dable asumir que la observancia del plazo previsto en el artículo 6.º de la Ley 1881 de 2018 provocaría una desbandada de decisiones inhibitorias por no concluirse los procesos de esa naturaleza dentro de cinco (5) años, en razón a que ese interregno solo tiene incidencia antes de presentar la demanda, de manera que así el proceso dure más de ese lapso, si aquella se impetró dentro de él no es posible decretar la caducidad.
Por último, el demandante afirma que los accionados debieron aplicar la excepción de inconstitucionalidad respecto de la norma citada en el párrafo precedente, empero como tal mecanismo solo opera cuando una disposición contraría las superiores, no era menester acudir a él en el trámite 05001-23-31-000-2017-02538-00, pues tal precepto atendía en mayor medida la Constitución Política, que contempla el principio de favorabilidad y la garantía al debido proceso del señor Velásquez Velásquez.
En ese orden de ideas, como la sentencia objeto de controversia obedeció la normativa que regula el lapso dentro del cual debe instaurarse el medio de control de pérdida de investidura y el mandato constitucional de favorabilidad, se impone negar el amparo deprecado, toda vez que el defecto sustantivo aludido en el libelo introductorio no se configuró.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
1. Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, invocados por el señor Juan Eduardo Rodas Gutiérrez, conforme a la parte motiva.
2. Notifíquese esta providencia en la forma y término previstos en el artículo 30 del Decreto ley 2591 de 1991.
3. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, envíese el expediente a la honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
CARMELO PERDOMO CUÉTER
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
No establece el día en que instauró la demanda.
«La demanda deberá presentarse dentro del término de cinco (5) años contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia del hecho generador de la causal de pérdida de investidura, so pena de que opere la caducidad».
«Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones».
«Las leyes concernientes [a] la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar [a] regir. Pero los términos que hubieren empezado [a] correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación».
«Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887».
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
Notificada por estado el 29 de junio de 2018.
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
Sentencia T-259 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Sentencia C-763 de 2002, M. P. Jaime Araújo Rentería.
«Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887».
«La ley preexistente prefiere [a] la ley ex post facto en materia penal. Nadie podrá ser juzgado [o] penado sino por ley que haya sido promulgada antes del hecho que da lugar al juicio. Esta regla solo se refiere [a] las leyes que definen y castigan los delitos, pero no [a] aquellas que establecen los tribunales y determinan el procedimiento, las cuales se aplicarán con arreglo al artículo 40».
Sentencia C-619 de 2001, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
Sentencia T-19 de 2017, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Consejo de Estado, sala plena de lo contencioso-administrativo, sentencia de 21 de junio de 2017, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio, expediente 11001-03-15-000-2016-01503-00.
Sala plena de lo contencioso-administrativo, sentencia de 24 de abril de 2012, C. P. Gerardo Arenas Monsalve, expediente 11001-03-15-000-2011-00084-00.
Sentencia C-619 de 2001, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
Sentencia C-619 de 2001, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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