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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-02784-00

Tutela contra providencia judicial

Fecha
20 de septiembre de 2018
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-02784-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: SE NIEGA la acción de tutela promovida por el ciudadano José Rafael Serrano Revollo, conforme a lo expuesto en este proveído. Si no fuere impugnada esta decisión dentro del término previsto en el Decreto 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2018-02784-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

20 de septiembre de 2018

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - No configuración / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CAUSAL EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD - Culpa exclusiva de la víctima

¿La apreciación del tribunal respecto a la culpa exclusiva de la víctima, como eximente de responsabilidad por la privación injusta de la libertad, se ajusta a los lineamientos de la jurisprudencia del contencioso administrativo, en cuanto fija el alcance jurídico de la culpa dentro del juicio de responsabilidad extracontractual en contra del Estado?. (…) En el asunto bajo estudio, es claro que el Tribunal Administrativo del Magdalena efectuó un análisis probatorio razonable, para determinar que había suficiente evidencia para que en la investigación penal adelantada en contra del actor, se hiciera necesario ordenar la detención preventiva durante la etapa de la investigación y, posteriormente, en la condena que le fue impuesta. Analizada la situación fáctica, consideró el juzgador que la conducta desplegada por el [actor], se adecuaba a la tipificación culposa que en materia del contencioso de reparación directa, constituye una causal eximente de responsabilidad del Estado, con ocasión de la medida de aseguramiento consistente en la privación de la libertad. Hay que tener presente que esta potestad de la autoridad penal, deviene legítima a partir de lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución Política, en virtud del cual se permite la detención de las personas sobre quien recaiga una orden de carácter judicial, que es lo que ocurrió en el evento de la medida de aseguramiento impuesta al accionante. Por último, tampoco se configuró el desconocimiento del precedente de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en relación con la calificación de la culpa de la víctima que da lugar a la privación de la libertad, pues el análisis efectuado por el Tribunal Administrativo del Magdalena, estuvo respaldado en la interpretación de autoridad que explica aquellos eventos donde se quiebra la relación causal de imputación de responsabilidad en contra del Estado y se ausenta la configuración del daño antijurídico alegado por quien ha debido padecer el rigor de la medida de aseguramiento de privación de la libertad.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veinte (20) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-02784-00(AC)

Actor: JOSÉ RAFAEL SERRANO REVOLLO Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

El señor José Rafael Serrano Revollo y otros, actuando por intermedio de apoderado especial, interponen acción de tutela contra la providencia del 14 de febrero de 2018, proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que negó las súplicas de la demanda de reparación directa instaurada por los accionantes en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación y Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, por considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, a la libertad personal, al debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia.

Pretensiones

Señalan como pretensiones, las siguientes:

[…] amparar al señor José Rafael Serrano Revollo y a su núcleo familiar sus derechos fundamentales a la igualdad, a la libertad personal, al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, los cuales se encuentran expresamente consagrados en el preámbulo y en los artículos 13, 28, 29 y 229 de la Constitución Política de Colombia, entre otros, y, en dicho sentido, ordene dejar sin efecto jurídico alguno la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Magdalena, de fecha 14 de febrero de 2018, ejecutoriada el día 2 de marzo de 2018 mediante proceso radicado N° 47-001-3333-006-2013-00384-01, y, por ende, se le ordene al mismo que en un término no superior a los quince (15) días a la notificación de esta sentencia, emita un nuevo pronunciamiento de fondo en el que se restablezcan los derechos mencionados, según los hechos, la valoración probatoria y los fundamentos jurídicos de juicio pertinentes para ello.

1.2. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes se destacan los siguientes:

El 28 de julio de 2005, la Fiscalía Décima Delegada ante los jueces penales del circuito de Santa Marta, impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva contra del señor José Rafael Serrano Revollo, como alcalde del municipio de Ciénaga Magdalena, dentro de la investigación penal que venía adelantando por la presunta comisión de los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

El 18 de agosto de 2005, al resolver un recurso de reposición, la orden anterior fue revocada.

Contra este proveído, el Ministerio Público interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Fiscalía 51 de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior de Bogotá, que decidió dejar sin efectos la providencia y mantener en firme la medida de aseguramiento, a la vez que ordenó la suspensión inmediata del cargo que venía ejerciendo el investigado, como Alcalde del municipio de Ciénaga.

Posteriormente, ya en la etapa de juzgamiento, el 18 de diciembre de 2005, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Ciénaga, dictó sentencia condenatoria en contra del señor Serrano Revollo, imponiéndole la pena de prisión por diez (10) años, por haberlo encontrado responsable de los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

El implicado apeló la decisión y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, procedió a decretar la nulidad de la sentencia de primera instancia.

Por esta razón, en el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga, se tuvo que proferir el fallo de fecha 4 de diciembre de 2008, mediante el cual se absolvió al señor Serrano Revollo, quien recobró su libertad a partir del 9 de diciembre de 2008, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito de Santa Marta, mediante sentencia del 5 de octubre de 2010.

Por considerar que en su caso se configuró la privación injusta de la libertad, durante el periodo comprendido entre el 3 de mayo de 2006 y el 9 de diciembre de 2008, el señor José Rafael Serrano Revollo y su núcleo familiar, presentaron demanda de reparación directa en contra de la Fiscalía General de la Nación y de la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial, para reclamar la indemnización por los perjuicios materiales, morales y a la vida en relación ocasionados por este hecho.

En primera instancia, el 29 de agosto de 2016, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Santa Marta profirió fallo favorable a las pretensiones de la demanda.

Ambas partes presentaron recurso de apelación contra el fallo emitido por el juzgado, por lo que el Tribunal Administrativo del Magdalena dictó sentencia de segunda instancia el 14 de febrero de 2018, ordenando revocar el fallo de primera instancia y denegó las suplicas de la demanda.

Según el tribunal, en este caso se configuró una culpa grave y exclusiva de la víctima, en razón a su proceder negligente por no verificar que la obligación imputada en el presupuesto municipal que dio origen a la investigación penal por peculado en su contra, ya había sido satisfecha a favor del acreedor y no había lugar a ordenar un doble pago por el mismo contrato, de modo que la medida privativa de la libertad estaba justificada en las circunstancias fácticas y jurídicas que sirvieron de fundamento a la actuación de las autoridades que adelantaron la investigación y juzgaron la conducta punible atribuida al actor.

Por lo tanto, no era procedente establecer el nexo causal para imputarle responsabilidad a las entidades demandadas que decidieron condenar al accionante a la pena privativa de la libertad por diez años.

1.3 Fundamentos jurídicos de la solicitud de amparo constitucional

Sostienen los accionantes, que al haber sido absuelto el señor José Rafael Serrano Revollo de los cargos imputados dentro de la investigación penal adelantada en su contra, quedó evidenciado que no estaba en la obligación de soportar la carga de la privación de su libertad impuesta por el Estado, porque a la luz de las pruebas que determinaron su inocencia, esta medida fue claramente injusta.

Según el actor, la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena incurrió en irregularidad procesal, puesto que no era potestativo del juez contencioso hacer una nueva valoración de las pruebas que demostraron su inocencia en el proceso penal, bajo el argumento de una culpa exclusiva en su comportamiento, para así exonerar de responsabilidad a las entidades que habían sido demandadas.

Además, dice el accionante, en el examen probatorio efectuado por el tribunal, no se tuvo en cuenta que el conflicto suscitado en torno al doble pago por la adquisición de un inmueble perteneciente al municipio y que dio origen a la investigación penal, devino de la necesidad de cumplir una orden judicial emitida también por este tribunal, dentro de un proceso ejecutivo adelantado en contra de la entidad territorial.

De esta manera concluye afirmando que al no haberse desvirtuado su presunción de inocencia, se le deben compensar los perjuicios ocasionados puesto que la medida de privación de la libertad no puede ser aplicada las autoridades judiciales, en forma indiscriminada, general y automática, como ocurrió en su caso, con violación de las garantías procesales y los principios constitucionales.

1.4. Actuación procesal

La acción de tutela fue admitida mediante auto del 21 de agosto de 2018, en el que se dispuso notificar como demandados a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del Magdalena, para que en el término de tres (3) días rindieran su respectivo informe en ejercicio de su derecho de defensa.

1.5. Intervenciones

Luego de ser notificados electrónicamente el 27 de agosto de 2018, el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Nación – Fiscalía General de la Nación y Tribunal Administrativo del Magdalena, manifestaron las razones de oposición a las pretensiones del accionante, en el siguiente orden:

1.5.1 Del Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

La apoderada especial designada por la entidad, señala que la acción de tutela es improcedente en este caso, porque no se ajusta a los requisitos generales y especiales establecidos por la jurisprudencia para su procedibilidad y, porque el actor no acredita que se encuentra ante una situación de perjuicio irremediable, como excepción para acudir a este mecanismo constitucional.

Respecto a la falta de legitimación en la cusa por pasiva, expresa que los derechos alegados por la parte actora como vulnerados, no son consecuencia de una acción u omisión atribuible a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y, por lo tanto, pide su desvinculación del presente trámite constitucional.

1.5.2 Fiscalía General de la Nación

La representante judicial de este organismo, expresa que la acción de tutela es improcedente por falta del requisito de subsidiariedad, toda vez que el accionante debía agotar el recurso extraordinario de revisión y tampoco explica porque dicho mecanismo no resultaba idóneo para amparar sus derechos fundamentales.

Adicionalmente hace énfasis en que no se demostró la existencia de una amenaza inminente que pudiera afectar los derechos del actor o, que estuviera ante una situación de inminente perjuicio en su contra, que lo relevara de agotar este mecanismo para la defensa de su interés jurídico en la causa.

En síntesis, expresa que por no reunir los requisitos de procedibilidad, se debe rechazar la acción de tutela

1.5.3 Tribunal Administrativo del Magdalena

En su informe, la magistrada que representa a la Corporación dice que se atiene a los argumentos que fueron expuestos en la providencia del 14 de febrero de 2018, que negó las súplicas de la demanda dentro del proceso de reparación directa promovido por el accionante.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con el numeral 5º del Artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada», esta Sala es competente para conocer la providencia judicial emitida por el Tribunal Administrativo del Magdalena.

2.2. Problema jurídico

En este caso, la cuestión que debe resolverse es si con la providencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Magdalena, se han vulnerado los derechos fundamentales que alegan los accionantes.

Para abordar el problema se debe verificar (i) el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, especialmente el defecto fáctico y el defecto sustantivo; (ii) los hechos relevantes; (iii) el análisis de la Sala y, (iv) las conclusiones.

2.3. Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó el ejercicio de esta y estableció en sus artículos 11, 12 y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales ejecutoriadas, los cuales fueron declarados inexequibles posteriormente por la Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban contra los principios de cosa juzgada y la seguridad jurídica, además de trasgredir la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por la Constitución.

Sin embargo, dentro de la parte motiva de dicha sentencia, se dejó abierta la posibilidad de utilizar la acción de tutela de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, en casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable», y señala la Corte que en esas hipótesis planteadas, no se puede hablar de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.

En consecuencia, la jurisprudencia constitucional ha evolucionado en cuanto a la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, estableciendo distintas reglas para su estudio, que se encuentran ahora consolidadas en la sentencia C-590 de 2005, en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que buscan verificar la procedencia del amparo una vez confrontada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez; (iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.

Observa la Sala que el asunto bajo examen reviste relevancia constitucional, en tanto se trata de establecer si la decisión de negar las pretensiones propuestas por la parte demandante proferida por el Tribunal Administrativo de Magdalena; vulnera los derechos fundamentales a la igualdad, a la libertad personal, al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, que reclama la accionante.

La decisión impugnada fue proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Magdalena, al decidir el recurso de apelación interpuesto simultáneamente por las partes que intervinieron dentro de un proceso de reparación directa, por lo que se acredita el agotamiento de los medios ordinarios de defensa; adicionalmente, se tiene que la acción fue instaurada dentro de un plazo razonable transcurrido desde que se notificó la providencia cuestionada, el día 27 de febrero de 2018 y la fecha de su presentación, el 13 de agosto de 2018.

2.3.1. Del defecto fáctico

La jurisprudencia Constitucional, ha sostenido que el defecto fáctico se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

En este sentido, ha identificado dos dimensiones en las que se puede configurar el defecto fáctico, así: 1) Una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin justificación da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. 2) Una dimensión positiva, que se presenta generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador desconoce los postulados consagrados en la Constitución Política.

En todo caso, la intervención del juez de tutela, en relación con el juicio probatorio aplicado por el juez natural es de carácter extremadamente reducido. En primer lugar, por el respeto a los principios de autonomía judicial y del juez natural, que le impiden al juez constitucional realizar un examen exhaustivo del material probatorio que figura en el proceso ordinario; así, la Corte Constitucional, en sentencia T-055 de 1997, determinó que, en lo que hace al análisis del material probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia.

Por tal razón, tampoco es procedente la acción constitucional, cuando se encamina a obtener una nueva valoración de la actividad de apreciación probatoria realizada por el juez que ordinariamente conoce del asunto controvertido.

Así lo reseñó la Corte Constitucional en el recuento jurisprudencial que dejó plasmado en su sentencia de unificación SU-424 de 2012:

Para la Corte, el defecto fáctico puede darse tanto en una dimensión positiva, que comprende los supuestos de una valoración por completo equivocada, o en la fundamentación de una decisión en una prueba no apta para ello, así como en una dimensión negativa, es decir, por la omisión en la valoración de una prueba determinante, o en el decreto de pruebas de carácter esencial. Al respecto, esta Corporación ha precisado:

“En punto a los fundamentos y al margen de intervención que tiene el juez de tutela para configurar la ocurrencia de un defecto fáctico, la Corte ha fijado los siguientes criterios de aplicación:
• La intervención del juez de tutela, frente al manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido. El respeto por el principio de autonomía judicial y el principio del juez natural, impiden que en sede de tutela se lleve a cabo un examen exhaustivo del material probatorio.
• Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos. Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar, conforme a los criterios de la sana critica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto. El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo sino que sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima”.

En reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional recordó cuáles son los presupuestos jurídicos que se deben tener en cuenta para determinar cuándo se configura un defecto fáctico en las providencias proferidas por los jueces.

Del pronunciamiento mencionado, se destaca lo siguiente:

4. El defecto fáctico como causal de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

Así, ha indicado que “el error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia (…)”.

[…]

4.2. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte ha concluido que en el defecto fáctico se presentan dos dimensiones:

“la primera ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. La segunda se presenta generalmente cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29 C. P.) o cuando da por establecidas circunstancias sin que exista material probatorio que respalde su decisión, y de esta manera vulnere la Constitución.”

4.3. De tal manera, que el señalado vicio se puede manifestar así:

“(i) Omisión por parte del juez en el decreto y práctica de pruebas. La Corte ha considerado que se configura, cuando el funcionario judicial omite el decreto y la práctica de pruebas, generando en consecuencia la indebida conducción al proceso “de ciertos hechos que resultan indispensables para la solución del asunto jurídico debatido.”

2.4. Hechos probados

De acuerdo con el material probatorio allegado con el expediente en préstamo del proceso de reparación directa, se tendrán por ciertos los siguientes hechos:

2.4.1. Mediante proveído del 28 de julio de 2005, la Fiscalía Décima Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Santa Marta, resolvió la situación jurídica de los sindicados como presuntos responsables de los delitos de fraude procesal y peculado por apropiación, entre ellos, el señor José Rafael Serrano Revollo, a quien se le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva (folios 158 al 183 del cuaderno principal del expediente en préstamo).

2.4.2. Al resolver el recurso de reposición interpuesto por el señor José Rafael Serrano Revollo, la fiscalía profirió auto del 18 de agosto de 2005, revocando el proveído por medio del cual impuso la medida de aseguramiento.

Sin embargo, debido a la apelación interpuesta por el Ministerio Público, la Fiscalía Cincuenta y Uno Delegada de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, decide dejar sin efectos la revocatoria y ordena mantener la medida de aseguramiento, así como la suspensión del cargo del investigado (folios 184 a 200, 221 a 255 del cuaderno principal del expediente en préstamo y 305 al 313 del cuaderno 12 apelación ministerio público).

2.4.3. En el trámite de la etapa de juzgamiento, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Ciénaga profirió sentencia el 18 de diciembre de 2006, por medio de la cual condenó al señor Serrano Revollo, a 10 años de prisión, por los delitos que le fueron imputados (folios 261 al 274 del cuaderno principal del expediente en préstamo).

2.4.4. Al decidir el recurso de apelación interpuesto por el actor, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta decretó la nulidad de la sentencia de primera instancia y ordenó al juzgado revocar la medida de aseguramiento, según figura en proveído del 5 de marzo de 2008 (folios 317 al 331 del cuaderno principal del expediente en préstamo).

Dado que el Juez Primero Penal del Circuito de Ciénaga se declaró impedido para dar cumplimiento al fallo, el proceso pasó al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga, donde se profirió providencia del 4 de diciembre de 2008, resolviendo absolver al señor Serrano Revollo, (folios 332 al 367 del cuaderno principal del expediente en préstamo).

En tal virtud, el señor Serrano Revollo recuperó su libertad el 9 de diciembre de 2008 y la sentencia del juzgado segundo, fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito de Santa Marta (folios 379 a 382 y 390 al 410 del cuaderno principal del expediente en préstamo).

2.4.5. El 26 de septiembre de 2013 el señor José Rafael Serrano Revollo junto con su núcleo familiar, presentaron demanda de reparación directa en contra de la Fiscalía General de la Nación y de la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial, por considerar que se había configurado una falla del servicio por la privación injusta de su libertad (folios 1 al 45 del cuaderno principal del expediente en préstamo)

2.4.6. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Santa Marta conoció en primera instancia del proceso y mediante sentencia del 29 de Agosto de 2016, declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Fiscalía General de la Nación (folio 574 al 602 del cuaderno principal del expediente en préstamo)

2.4.7. Tanto la Fiscalía como la parte demandante interpusieron recurso de apelación, el cual fue desatado por el Tribunal Administrativo del Magdalena mediante proveído del 4 de febrero de 2018, que revocó la sentencia de primera instancia y denegó las suplicas de la demanda, aduciendo que se había configurado culpa exclusiva de la víctima, dando lugar a eximir la responsabilidad de la parte demandada (folios 609 al 622; 636 al 652 y 781 al 803 del cuaderno principal del expediente en préstamo).

2.5. Análisis de la Sala

El accionante cuestiona la sentencia del Tribunal Administrativo del Magdalena, que en segunda instancia negó las súplicas de la demanda de reparación directa porque, a su juicio, se desconoció el precedente del Consejo de Estado, Sección Tercera, de acuerdo con el cual hay obligación de resarcir los perjuicios ocasionados al afectado, cuando la privación injusta de la libertad se configura por la absolución en el proceso penal o, porque se declara la atipicidad de la conducta imputada durante la investigación.

De igual modo, considera que la providencia incurrió en los defectos fáctico y sustantivo, por indebida valoración probatoria y error en la aplicación de las normas del Código Procesal Penal, que regulan la procedencia de la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva del investigado.

Por su parte, el Tribunal Administrativo del Magdalena, considera que debe mantenerse el fallo objeto de la acción de tutela, para lo cual se remite a los argumentos que fueron plasmados en la ponencia del magistrado quien para el momento de rendir el informe ya se encontraba retirado de la Corporación judicial.

Cabe mencionar que el fallo tuvo un salvamento de voto, en el que la magistrada disidente de la opinión mayoritaria, expuso que de las pruebas obrantes en el proceso penal, no se podía concluir la culpa exclusiva de la víctima, puesto que el funcionario implicado no había sido el encargado de suscribir el contrato relacionado con la adquisición de un bien inmueble que originó la investigación penal, por presunto peculado y falsedad ideológica en documento público, ya que su administración como alcalde de Ciénaga, inició con posterioridad a la ocurrencia de los hechos investigados, por lo que no se podía calificar su conducta como negligente o descuidada en el asunto materia de investigación.

De otra parte, manifestó que era procedente adelantar el juicio de responsabilidad desde la perspectiva del régimen objetivo de la falla del servicio, en atención a que la causa eficiente del daño fue la expedición de la resolución que le impuso la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, mientras que en la ponencia se desarrolló el análisis jurídico, a partir del régimen subjetivo de falla del servicio.

Así las cosas, se debe entrar a determinar si la apreciación del tribunal respecto a la culpa exclusiva de la víctima, como eximente de responsabilidad por la privación injusta de la libertad, se ajusta a los lineamientos de la jurisprudencia del contencioso administrativo, en cuanto fija el alcance jurídico de la culpa dentro del juicio de responsabilidad extracontractual en contra del Estado.

Pues bien, el tema de la culpa exclusiva de la víctima en el juicio la presunta falla del servicio judicial por privación injusta de la libertad, empieza a estar regulado desde el artículo 70 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia de 1996, en los siguientes términos:

ARTICULO 70. CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado.

Como quiera que el legislador estatutario no fijó el alcance del ámbito jurídico de la culpa grave y el dolo, el Consejo de Estado, a través de la Sección Tercera, se ha referido al tema en diferentes momentos, de la siguiente manera:

[…]

Tradicionalmente se ha calificado como culpa la actuación no intencional de un sujeto en forma negligente, imprudente o imperita, a la de quien de manera descuidada y sin la cautela requerida deja de cumplir u omite el deber funcional o conducta que le es exigible; y por su gravedad o intensidad, siguiendo la tradición romanista, se ha distinguido entre la culpa grave o lata, la culpa leve y la culpa levísima, clasificación tripartita con consecuencias en el ámbito de la responsabilidad contractual o extracontractual, conforme a lo que expresamente a este respecto señale el ordenamiento jurídico. De la norma que antecede [artículo 63 del Código Civil] se entiende que la culpa leve consiste en la omisión de la diligencia del hombre normal (diligens paterfamilias) o sea la omisión de la diligencia ordinaria en los asuntos propios; la levísima u omisión de diligencia que el hombre juicioso, experto y previsivo emplea en sus asuntos relevantes y de importancia; y la culpa lata u omisión de la diligencia mínima exigible aún al hombre descuidado y que consiste en no poner el cuidado en los negocios ajenos que este tipo de personas ponen en los suyos, y que en el régimen civil se asimila al dolo.

En cuanto a la segunda modalidad subjetiva con la que se califica la conducta del agente, esto es, el dolo, debe entenderse por tal, aquella conducta realizada por el autor con la intención de generar un daño a una persona o a su patrimonio, o en otra concepción, un comportamiento antijurídico, habiéndoselo representado y adecuado a sus posibilidades, con el fin unívoco de obtener un resultado dañino deseado. Así pues, dentro de los aspectos integrantes del dolo, nuestra doctrina ha mencionado que “deben estar presentes dos aspectos fundamentales, uno de carácter intelectivo o cognoscitivo y otro de naturaleza volitiva; o en palabras más elementales, para que una persona se le pueda imputar un hecho a título de dolo es necesario que sepa algo y quiera algo; que es lo que debe saber y que debe querer…”,

Las nociones de culpa grave y dolo establecidas en el régimen civil deben ser acompasadas con la órbita funcional del servidor público, de manera que estos aspectos subjetivos de su actuación deban ser analizados y valorados a la luz del principio de legalidad, porque quienes están al servicio del Estado y de la comunidad, responden por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, precepto constitucional previsto tanto en la Carta de 1991 (art. 6) como en la de 1886 (art. 20).

Más adelante, la Sección expuso los siguientes argumentos:
[…]

La regla general de aplicación de los eximentes de responsabilidad de la (sic), cuenta con una subregla de carácter especial, cuando la administración responsabilidad deviene de la privación de la libertad. En efecto, el artículo 414 del C.P.P. estipula en su parte final que los supuestos en él señalados y que dan lugar a la indemnización por la privación injusta de la libertad, proceden a favor del actor “siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”. De tal modo que la conducta del individuo, su proceder, es susceptible de valoración para llegar a determinar si efectivamente es viable la responsabilidad de la administración en la privación injusta de la libertad. Subregla que además goza de plena compatibilidad con lo consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
[…]

La Sala ha determinado que cuando se trata de acciones de responsabilidad patrimonial, el dolo o culpa grave que allí se considera, se rige por los criterios establecidos en el derecho civil, artículo 63 del Código Civil, que no se corresponden con los del derecho penal (…) con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63 del Código Civil transcrito, la jurisprudencia del Consejo de Estado estudió los conceptos de culpa grave y dolo al analizar los elementos de fondo de la acción de repetición y la Corte Constitucional se pronunció sobre el tema al resolver diversos cargos de inconstitucionalidad contra los artículos 77 y 78 del C.C.A., y de la Ley 678 de 2001(…) Esta tesis ha sido aplicada por la Sección Tercera del Consejo de Estado frente a casos en los que personas que han sido privadas de la libertad por orden judicial y posteriormente absueltas, han contribuido con su actuación en la producción del daño, dando lugar a la configuración de una causal de exoneración en virtud de la culpa exclusiva y determinante de la víctima, posición que si bien no ha sido central en la jurisprudencia de la Corporación, también existe.

En pronunciamiento más reciente, precisó la Sección Tercera, lo siguiente:

3.- La culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad del Estado.

[…]

Particularmente, en lo que respecta al hecho de la víctima, la doctrina tradicional ha entendido desde hace tiempo que la conducta, comportamiento, acción u omisión de la víctima cuando contribuye de manera determinante y exclusiva a la producción del daño constituye una causal eximente de responsabilidad, fundada en el irresistibilidad, imprevisibilidad y carácter externo a la actividad del demandado.
[…]

Igualmente, esta Corporación ha entendido la culpa exclusiva de la víctima como elemento que excluye la responsabilidad del Estado, cuando hay “la violación por parte de ésta [víctima] de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado”, que se concreta en la demostración “de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta”- .

[…]

Por último, la jurisprudencia de la Sección Tercera (y sus Sub-secciones), ha establecido una serie de fundamentos o supuestos en los que cabe o no encuadrar el hecho o culpa de la víctima como eximente de responsabilidad de la administración pública:

(1) se concreta por la experiencia de la víctima en el manejo de objetos, o en el despliegue de actividades;

(2) la “ausencia de valoración del riesgo por parte de las víctimas” puede constituir una “conducta negligente relevante”;

(3) puede constituirse en culpa de la víctima el ejercicio por los ciudadanos de “labores que no les corresponden”;

(4) debe contribuir “decisivamente al resultado final”; (5) para “que la conducta de la víctima pueda exonerar de responsabilidad a la entidad demandada, la misma debe ser causa determinante en la producción del daño y ajena a la Administración”, a lo que agrega, que en “los eventos en los cuales la actuación de la víctima resulta ser la causa única, exclusiva o determinante del daño, carece de relevancia la valoración de su subjetividad”;

(6) la “violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado”, la que “exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño cuando ésta es exclusiva”;

(7) por el contrario no se configura como eximente cuando no hay ni conocimiento de un elemento o actividad que entraña peligro, ni hay imprudencia de la víctima;

(8) se entiende la culpa exclusiva de la víctima “como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado”, lo que cabe encuadrar, matizando, en el primer supuesto porque no sólo opera por virtud del consentimiento de un acto ilícito, sino al despliegue de una conducta que es violatoria de las obligaciones a las que está llamado a cumplir (v.gr., en la conducción de vehículos a la velocidad ordenada, a la distancia de seguridad, a la realización de maniobras autorizadas, al respeto de la señalización, etc.);

(9) debe demostrarse “además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta”, lo que encuadra en el cuarto supuesto dogmático de la imprudencia de la víctima;

(10) que se acrediten los elementos objetivos de la conducta gravemente culposa de la víctima; y,

(11) que la víctima “por sus propios hechos y actuaciones se puso en condiciones de soportar el daño”.

En este sentido y, conforme lo ha manifestado la Sección Tercera del Consejo de Estado, no hay falla del servicio de administración de justicia por la privación injusta de la libertad, cuando se comprueba que la culpa de la víctima fue determinante para adoptar la medida de aseguramiento.

De acuerdo con la anterior línea jurisprudencial, para que se pueda reputar la culpa exclusiva de la víctima en la producción del daño antijurídico, es imprescindible que la persona se encuentre en estado de prohibición, es decir, que su comportamiento en sí mismo constituya la infracción de una regla legal, en sentido objetivo, o que entrañe la infracción a un deber legal o reglamentario, cuando se trate de una víctima que ostenta la calidad de servidor público.

Sobre el particular, el tribunal consideró que la conducta del alcalde José Rafael Serrano Revollo, objeto de la investigación penal por presunto peculado, estuvo circunscrita al hecho incontrovertible de haber ordenado efectuar un pago con cargo al erario municipal por concepto de adquisición de un bien inmueble, sin tener en cuenta que esta obligación ya había sido cumplida por su antecesor con lo cual contribuyó a que se causara un detrimento patrimonial en las finanzas del municipio.

Si bien es cierto que su actuación se desenvolvió en el marco de un proceso ejecutivo, el mandatario estaba llamado a defender el interés público alegando la excepción de inexistencia de la deuda, sin dejar vencer los términos para proponer este medio de defensa, como ocurrió en el presente caso y que fue el motivo por el cual resultó absuelto penalmente.

Sin embargo, a la luz del proceso contencioso administrativo de reparación directa por la presunta privación injusta de la libertad, la imputación de responsabilidad en contra del Estado se desvanece ante la causal eximente de la culpa exclusiva de la víctima, cuando es evidente que la conducta del agente ha sido negligente y descuidada, en cuyo caso la medida de aseguramiento consistente en la privación de su libertad, no constituye una carga excesiva por parte de la administración de justicia

Para arribar a esta conclusión, en el fallo del tribunal se hace una explicación sistemática y consistente sobre la posición jurídica que ha desarrollado la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en cuanto al fundamento de la culpa como causal eximente de la responsabilidad del Estado.

Advierte el tribunal que sin entrar a hacer una nueva valoración de las pruebas que determinaron la absolución del actor dentro del proceso penal, es evidente que su descuido en la administración de los recursos del municipio de Ciénaga bajo su administración como alcalde, ubica su comportamiento en la denominada culpa exclusiva de la víctima que impide la imputación de responsabilidad del Estado por la presunta falla del servicio judicial.

Así pues, preservando la autonomía del juez natural que le otorga libertad para apreciar en su conjunto las pruebas dentro del proceso judicial, la Sala observa que el Tribunal Administrativo del Magdalena, desarrolló una carga argumentativa suficiente para arribar a la conclusión de que la conducta desplegada por el señor José Rafael Serrano Revollo, encajaba dentro de los presupuestos que estructuran la denominada «culpa exclusiva de la víctima» prevista por el legislador estatutario como aquel evento que exonera de responsabilidad al Estado, en aquellos casos donde ha sido necesario ordenar la privación de la libertad, de quien es investigado en la actuación penal.

3 Conclusión

Debe recordarse que la intervención del juez constitucional frente al reproche formulado contra una sentencia judicial, es extremadamente restringida puesto que se debe propender por la prevalencia del principio del juez natural y, en tal sentido, su competencia se contrae de manera específica a la verificación de que los razonamientos que sirven de fundamento a la decisión judicial, se hayan desenvuelto dentro de los linderos del marco jurídico que gobierna la causa y la apreciación imparcial de los medios de prueba que develan la verdad de los hechos.

Bajo este análisis se puede concluir que la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena, no incurrió en defecto fáctico en los precisos términos señalados por la Corte Constitucional, en cuanto indica que «el error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia (…)»

Si bien es cierto que la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, prevé que el Estado debe resarcir los perjuicios ocasionados por la privación injusta de la libertad, también lo es que esta legislación contempla la exclusión de responsabilidad cuando se configure la culpa exclusiva de la víctima.

En el asunto bajo estudio, es claro que el Tribunal Administrativo del Magdalena efectuó un análisis probatorio razonable, para determinar que había suficiente evidencia para que en la investigación penal adelantada en contra del actor, se hiciera necesario ordenar la detención preventiva durante la etapa de la investigación y, posteriormente, en la condena que le fue impuesta.

Analizada la situación fáctica, consideró el juzgador que la conducta desplegada por el señor José Rafael Serrano Revollo, se adecuaba a la tipificación culposa que en materia del contencioso de reparación directa, constituye una causal eximente de responsabilidad del Estado, con ocasión de la medida de aseguramiento consistente en la privación de la libertad.

Hay que tener presente que esta potestad de la autoridad penal, deviene legítima a partir de lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución Política, en virtud del cual se permite la detención de las personas sobre quien recaiga una orden de carácter judicial, que es lo que ocurrió en el evento de la medida de aseguramiento impuesta al accionante.

Por último, tampoco se configuró el desconocimiento del precedente de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en relación con la calificación de la culpa de la víctima que da lugar a la privación de la libertad, pues el análisis efectuado por el Tribunal Administrativo del Magdalena, estuvo respaldado en la interpretación de autoridad que explica aquellos eventos donde se quiebra la relación causal de imputación de responsabilidad en contra del Estado y se ausenta la configuración del daño antijurídico alegado por quien ha debido padecer el rigor de la medida de aseguramiento de privación de la libertad.

Por todo lo anterior, considera la Sala que es procedente negar las súplicas de amparo planteadas en esta acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia, y por la autoridad que le confiere la ley,

FALLA:

SE NIEGA la acción de tutela promovida por el ciudadano José Rafael Serrano Revollo, conforme a lo expuesto en este proveído.

Si no fuere impugnada esta decisión dentro del término previsto en el Decreto 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

RAFAEL FRANCISCO SUAREZ VARGAS
Reiterada en la sentencia SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009. Se pueden ver entre otras, las sentencias T-1082 de 2007, T-417 de 2008, T-808 de 2009, SU-424 de 2012, T-261 de 2013, SU-950 de 2014,SU 406 de 2016. Sentencia T-442 de 1994. Sentencia T-239 de 1996. Extracto de la Sentencia T-264 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). Cfr. Sentencias SU-159 de 2002, T-538 de 1994 y T-061 de 2007. Ver sentencias T-442 de 1994, T-567 de 1998, T-239 de 1996 y SU – 159 de 2002, T-244 de 1997. Cfr. Sentencia SU-159 de 2002. Sentencia T-590 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). SentenciaT-393 de 2017
Corte Constitucional, sentencia T-567 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz). Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011 (MP Humberto Antonio Sierra Porto; SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), reiterada en la sentencia SU-399 de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra Porto; SV Jorge Iván Palacio Palacio; AV Nilson Pinilla Pinilla).
“Corte Constitucional, sentencia T-567 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz)”.
“Cfr. sentencia T-329 de 1996. Para la Corte es claro que, “cuando un juez omite apreciar y evaluar pruebas que inciden de manera determinante en su decisión y profiere resolución judicial sin tenerlas en cuenta, incurre en vía de hecho y, por tanto, contra la providencia dictada procede la acción de tutela. La vía de hecho consiste en ese caso en la ruptura deliberada del equilibrio procesal, haciendo que, contra lo dispuesto en la Constitución y en los pertinentes ordenamientos legales, una de las partes quede en absoluta indefensión frente a las determinaciones que haya de adoptar el juez, en cuanto, aun existiendo pruebas a su favor que bien podrían resultar esenciales para su causa, son excluidas de antemano y la decisión judicial las ignora, fortaleciendo injustificadamente la posición contraria”.
“Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993 (MP Jorge Arango Mejía)”.
“Ver por ejemplo la sentencia T-442 de 1994 (MP Antonio Barrera Carbonell)”. Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz). Algunas decisiones en que la Corte Constitucional ha considerado que se configura un defecto fáctico son: T-996 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-778 de 2005 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-996 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-171 de 2006 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-908 y T-808 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-1065 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-162 de 2007 (MP Jaime Araújo Rentería), T-458 de 2007 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-1082 de 2007 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-417 de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-808 de 2009 (MP Juan Carlos Henao Pérez), T-653 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio; AV Nilson Elías Pinilla Pinilla), T-350 de 2011 (MP María Victoria Calle Correa; SV Mauricio González Cuervo), SU-424 de 2012 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-261 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; AV María Victoria Calle Correa), SU-950 de 2014 (MP Gloria Stella Ortíz Delgado), SU-240 de 2015 (MP Martha Victoria Sáchica Méndez), SU-406 de 2016 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-090 de 2017 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez), entre muchas otras. T-902 de 2005 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra). CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA, Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO; Bogotá, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil diez (2010); radicación número: 52001-23-31-000-1997-08394-01(17933). Actor: MIGUEL HORACIO ESCOBAR Y OTROS. Demandado: NACION-MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO NACIONAL
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA CONSEJERO PONENTE: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA. Bogotá, D.C., veintisiete (27) de noviembre del dos mil diecisiete (2017); Radicación número: 05001-23-31-000-2012-00690-01 (54121)
Actor: Devimed S.A. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, SUBSECCION B. Consejero ponente:

DANILO ROJAS BETANCOURTH. Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil catorce (2014); radicación número: 25000-23-26-000-2001-01145-01(27414)

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 3 de noviembre de 2016. Exp. 29.334
MAZEAUD, Henri-León, Jean MAZEAUD. Lecciones de Derecho Civil. Parte Segunda. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires. 1960, págs. 332 y 333. El hecho de la víctima trae como consecuencia “la absolución completa” cuando “el presunto responsable pruebe la imprevisibilidad y la irresistibilidad del hecho de la víctima. Si no se realiza esa prueba, el hecho de la víctima, cuando sea culposo y posea un vínculo de causalidad con el daño, produce una simple exoneración parcial: división de responsabilidad que se efectúa teniendo en cuenta la gravedad de la culpa de la víctima” (…)“Para constituir una causa ajena, un acontecimiento, ya se trate de acontecimiento anónimo (caso de fuerza mayor stricto sensu), del hecho de un tercero o de una culpa de la víctima, debe presentar los caracteres de la fuerza mayor (lato sensu); es decir, ser imprevisible e irresisitible”. Puede verse Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 2 de enero de 2014, expediente 26956. Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 30 de enero de 2013, expediente 23310. Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 2002, expediente 13744. La Sub-sección C tuvo en cuenta esta argumentación en: Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 30 de marzo de 2011, expediente 19565. Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 2002, expediente 13744. La Sub-sección C tuvo en cuenta esta argumentación en: Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 30 de marzo de 2011, expediente 19565. Posición reiterada en
En el mismo sentido, Secció sentencia de 2 de mayo de 2002, expediente 13262. Puede verse también: Sección Tercera, sentencias de 30 de julio de 1998, expediente 10981; de 28 de febrero de 2002, expediente 13011; de 18 de abril de 2002, expediente 14076; de 20 de abril de 2005, expediente 15784; de 2 de mayo de 2007, expediente 15463. Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, expediente 15463: “Por otra parte, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder ⎯activo u omisivo⎯ de aquélla tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. Y ello como quiera que la Sala ha señalado que el hecho de la víctima, como causal de exoneración de responsabilidad o de reducción del monto de la condena respectiva, debe constituir, exclusiva o parcialmente, causa eficiente del perjuicio reclamado, pues de no ser así se estaría dando aplicación a la teoría de la equivalencia de las condiciones, desechada por la doctrina y la jurisprudencia, desde hace mucho tiempo, para establecer el nexo de causalidad”. Puede verse también: Sección Tercera, sentencia de 18 de octubre 2000, expediente 11981. Sección Tercera, sentencia de 29 de enero de 2004, expediente 14590: “[…] Por la experiencia como radio operador del agente Herrera Beltrán, así como su permanencia en el distrito de policía, podía exigirse de él una conducta dirigida a tomar medidas razonables para evitar el daño, dado que conocía la estructura de la antena y el peligro que implicaban las cuerdas de alta tensión. Esas medidas, que bien pudieron consistir en recurrir a otros compañeros de la estación para realizar la instalación de la antena, eran de fácil adopción […] En suma, que el accidente en el que murió electrocutado el agente José Fernando Herrera Beltrán fue causado por la conducta imprudente de la víctima quien dejó de tomas las debidas precauciones al tratar de instalar la antena de radio de banda ciudadana, para lo cual debió tener en cuenta su peso y longitud, siendo que dichas características implicaban un peligro previsible de que el aparato se cayera y entrara en contacto con los cables de alta tensión que se ubicaban al lado de la edificación”. Sección Tercera, sentencia de 1 de marzo de 2006, expediente 13764.

Sección Tercera, sentencia de 23 de abril de 2008, expediente 16235: “[…] más aún cuando se trata de actividades como la operación de redes eléctricas y la conducción de energía, cuya complejidad y peligrosidad exige que sean ejercidas por las autoridades competentes o por particulares autorizados para el efecto, mediante la utilización de los materiales idóneos y a través de personal capacitado para ello”. Sección Tercera, sentencia de 11 de noviembre de 2009, expediente 17510. Puede verse también: Sección Tercera, sentencia de 11 de noviembre de 2009, expediente 17138. Sección Tercera, sentencia de 26 de mayo de 2010, expediente 19043: “Si la causalidad constituye un aspecto objetivo, material de la responsabilidad, la labor del juez frente a un daño concreto debe limitarse a verificar si dicha conducta fue o no la causa eficiente del daño, sin que para ello importe establecer si al realizarla, su autori omitió el deber objetivo de cuidado que le era exigible, o si su intervención fue involuntaria. Por tal razón, resulta más preciso señalar que la causal de exoneración de responsabilidad del demandado es el hecho de la víctima y no su culpa”. Sección Tercera, Sub-sección B, sentencia de 5 de abril de 2013, expediente 27031. Sección Tercera, Sub-sección A, sentencia de 7 de abril de 2011, expediente 20733. Sección Tercera, Sub-sección A, sentencia de 1 de agosto de 2016, expediente 44492. Sección Tercera, Sub-sección A, sentencia de 27 de abril de 2016, expediente 37802. Sección Tercera, Sub-sección A, sentencia de 1 de agosto de 2016, expediente 44492. Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 2002, expediente 13744. Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 14 de marzo de 2016, expediente 37948. Sección Tercera, Sub-sección B, sentencia de 11 de diciembre de 2015, expediente 40970. Sección Tercera, Sub-sección B, sentencia de 29 de febrero de 2016, expediente 39561. “[…] que le viene aplicable el brocardo según el cual nadie puede sacar provecho de su propia culpa. Es entonces, su propia culpa la que rompe el nexo requerido para que el daño pueda ser imputable al Estado, y por tanto, habrá lugar, con fundamento en ello, a librar a las demandadas, como quiera que uno de los elementos de la estructura de la responsabilidad resultó fallido y, por lo mismo, a confirmar la sentencia apelada”.

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