Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-02842-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-02842-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2018-02842-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López
26 de marzo de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - No configuración / TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN EN MATERIA PENSIONAL - 3 años para demandar el reconocimiento del derecho
La Sala advierte que la decisión de la Sección Segunda de declarar de oficio la prescripción de las mesadas pensionales, obedeció a un criterio de interpretación racional del artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968, que hizo como juez de instancia y apoyándose además, en la posición fijada por la misma Sección en sentencia del 2 de febrero de 2017, (…) por lo que no se advierte la configuración del invocado defecto sustantivo. (…) [L]a actora hizo alusión al fallo C-792 del 20 de septiembre de 2006, de la Corte Constitucional proferida en el marco de la acción de inconstitucionalidad, cuya finalidad es garantizar la integridad y la supremacía del orden constitucional objetivo, en consecuencia, la misma no puede considerarse como precedente judicial en la solución de un caso particular, pues el objeto de litigio se circunscribe a la exequibilidad de una norma. Ahora bien, no sobra advertir que, en todo caso, en ese asunto se estudió la demanda promovida en contra el artículo 4 (parcial) de la Ley 712 del 5 de diciembre de 2001, “Por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo”, que modificó el artículo 6º del Código Procesal del Trabajo, que reguló entre otros aspectos, la suspensión del término prescriptivo mientras estaba pendiente el agotamiento de la otrora llamada vía gubernativa, en asuntos de carácter laboral entre particulares y las entidades de la administración pública de cualquier orden, como requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción ordinaria; por contera, no se ocupó de definir el alcance interpretativo del artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968, sobre el cual se sustentó la decisión que ahora se cuestiona. Por contera, tampoco se encuentra configurado el defecto del desconocimiento del precedente.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-02842-01(AC)
Actor: LUZ MARINA ANGULO DE VALENTIERRA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
La Sala decide la impugnación interpuesta por la señora Luz Marina Angulo de Valentierra contra el fallo de tutela del 23 de noviembre de 2018, proferido por la Sección Cuarta de esta Corporación, que negó el amparo de los derechos fundamentales.
1.- SÍNTESIS DEL CASO
La accionante, por conducto de apoderado judicial, promovió acción de tutela en contra de la Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado, solicitando fueran protegidos sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad social en conexidad con el mínimo vital, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la decisión de segunda instancia proferida el 22 de febrero de 2018, en el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, bajo el radicado nro. 76001233300020130037501, en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), para lo cual formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 5.1. Se amparen los derechos fundamentales de Igualdad, Debido Proceso, Acceso a la Administración de Justicia, Seguridad Social en concordancia con el mínimo vital, y además derechos que los Honorables Consejeros consideren que en esta ocasión, se le están violando a mi mandante.
5.2. Que en pro del restablecimiento de tales derechos fundamentales, se ordene a la accionada, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la Sentencia de Tutela, se proceda a revocar parcialmente la Sentencia del 22 de febrero de 2018, proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B., dentro del proceso con radicado 76001-23-33-000-2013-00375-01, mediante la cual se declaró de oficio la prescripción extintiva de mesadas pensionales, y en su lugar se confirme en su integridad la Sentencia del 12 de marzo de 2015, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca en primera instancia, y se disponga el Reconocimiento y pago de una pensión gracia a favor de la señora LUZ MARINA ANGULO DE VALENTIERRA, en la forma pedida con la respectiva demanda que se presentó, por no existir justificación legal alguna para denegar el pago de la mesada pensional desde el 03 de junio de 2005.
5.3. Se ordene a la Corporación Judicial infractora que una vez producida la decisión definitiva en el asunto en cuestión, remita, a su Estrado, copia de las respectivas providencias judiciales con las formalidades de Ley, so pena de las sanciones de Ley por desacato a lo ordenado mediante sentencia de tutela. […]”.
(Destacado en el escrito de tutela)
2. - SITUACIÓN FÁCTICA
La actora sostuvo que cumplió 50 años de edad el 3 de junio de 2005 y laboró por más de treinta años en el sector público, como docente vinculada por distintas entidades territoriales, así: en el Departamento de Nariño, como docente departamental y en el Departamento del Valle del Cauca, fue directora de desarrollo de núcleo educativo, y en la Secretaría de Educación del Municipio de Cali en donde fue nombrada como directora de núcleo, “[l]o cual la hace ser considerada como docente Nacionalizada, consolidándose de esta forma su derecho prestacional de la pensión de jubilación vitalicia denominada PENSIÓN GRACIA, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 1 y 4 de la Ley 114 de 1913. […]”.
Indicó que el 19 de agosto de 2005 solicitó a la extinta Cajanal el reconocimiento de dicha prestación, y para ello, aportó el certificado de tiempo de servicios así como el registro civil de nacimiento, entre otros documentos; sin embargo, le fue negada por la Subdirección General de Prestaciones Económicas de la entidad, mediante la Resolución nro. 61449 del 4 de diciembre de 2006, confirmada por la Resolución nro. PAP 12276 del 31 de agosto de 2010, luego de considerar que no cumplía con el lleno de los requisitos puesto que la labor docente que desarrolló era de carácter nacional y conforme con la normativa vigente no puede recibir dos emolumentos del Tesoro Nacional.
Señaló que contra dichos actos administrativos promovió demanda en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, conocida en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que por sentencia del 12 de marzo de 2015, accedió a las pretensiones y ordenó a la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia, con la inclusión de todos los factores salariales devengados desde el año anterior a la obtención del status y con efecto fiscal a partir del 3 de junio de 2005.
Añadió que la parte allí demandada interpuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión, el cual fue desatado por la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación, en proveído del 22 de febrero de 2018, en el que dispuso confirmar parcialmente lo resuelto por el a quo, modificándola en el sentido de declarar la prescripción de las mesadas pensionales causadas entre la fecha en que adquirió el estatus pensional y el 2 de abril de 2010, de acuerdo con “[l]a línea jurisprudencial y el artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968 […]”.
Manifestó que dicho fallo desconoce el principio de igualdad puesto que no le garantizó el derecho a obtener la prestación reclamada, en los términos previstos en la Ley 114 de 1913; agregó, que conforme a lo previsto por el artículo 55, 59, 62 y 135 del Decreto 01 de 1984, no había lugar a declarar la referida prescripción, por un lado, por cuanto la actuación administrativa se encontraba suspendida con la interposición del referido recurso de reposición, y por otro, entre el momento de cumplirse el estatus pensional y la presentación de la solicitud de reconocimiento no pasaron más de tres años, así como tampoco entre la fecha en que fue resuelto el recurso de reposición y la interposición de la demanda ordinaria, por lo que colige que no hubo inactividad de su parte.
Como sustento de su argumento citó las sentencias proferidas por esta Corporación el 2 de julio de 2015 (sin precisar el consejero ponente ni el número de radicado) y del 21 de junio de 2018 con ponencia del Consejero de Estado William Hernández Gómez (sin indicar el número de radicado), ambas de la Sección Segunda, Subsección A; así como de la Corte Constitucional la C-792 del 20 de septiembre de 2006, concluyendo de dichas providencias que la Sección accionada dio una interpretación indebida a los artículos 41 al Decreto 3135 del 26 de diciembre de 1968, 102 del Decreto 1848 del 4 de noviembre de 1969 y 55 del Decreto 01 de 1984, al hacer una valoración inadecuada de las pruebas aportadas, dado que los actos administrativos fueron producto de una misma y única actuación, por lo que consideró se configura un defecto fáctico.
Sostuvo adicionalmente que la sentencia cuestionada es constitutiva de defecto sustantivo puesto que desconoció los artículos 37, 50, 55, 69, 60, 62 y 135 del Decreto 01 de 1984, que regulaban los trámites administrativos que adelantaba Cajanal, así como el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, dado que no se advirtió la suspensión del término prescriptivo en la actuación surtida ante dicha entidad como lo prevé el Decreto 1848 de 1969, denegando el pago de las mesadas pensionales desde la fecha, en que a su juicio, cumplió con los requisitos para acceder a la prestación reclamada.
Finalmente indicó que también se le está vulnerando su derecho fundamental a la seguridad social y al mínimo vital, dado que no se le permite gozar de su pensión la cual supone la garantía de su subsistencia mínima, en razón a que está cesante, lo que a su vez, le genera un perjuicio irremediable.
3.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA EN PRIMERA INSTANCIA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 17 de agosto de 2018 y correspondió en reparto a la Sección Cuarta de esta Corporación, que por auto del 24 adiado la admitió y ordenó notificar al Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B; asimismo al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por tener interés en las resultas del proceso. Tal orden se cumplió el 30 de agosto y el 3 de septiembre de 2018.
En la misma providencia se solicitó al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca allegar en calidad de préstamo el expediente de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado bajo nro. 76001 23 33 000 2013 00375 01, el cual fue remitido el 11 de octubre de 2018.
3.2. La UGPP, a través del Subdirector de Defensa Judicial Pensional, rindió informe oportunamente solicitando se declare improcedente la presente acción de tutela, pues a su juicio, no se encuentran reunidos los requisitos de procedibilidad de este mecanismo contra providencia judicial, conforme a los parámetros que han sido desarrollados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Consideró que no se vulneró ningún derecho fundamental con la decisión cuestionada, puesto que no hubo una indebida interpretación de las normas que regulan la prescripción de las mesadas pensionales, y, de acuerdo con lo señalado por el artículo 102 del Decreto 3135 de 1968 y la sentencia C-792 de 2006, para interrumpir la prescripción no basta con la presentación sucesiva de memoriales sobre el derecho pretendido, sino que con ellos deben acreditarse como mínimo los hechos y las pruebas sobre las cuales se sustenta la reclamación, por lo que considera que la figura de la prescripción fue bien aplicada.
Finalmente afirmó que existe cosa juzgada puesto que la decisión adoptada que se controvierte, está ajustada a derecho y fue revisada por un órgano judicial competente.
3.3. La Consejera de Estado ponente de la decisión que se cuestiona, rindió informe de manera oportuna, en donde, luego de hacer un recuento del trámite del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho y los argumentos de la solicitud de amparo constitucional, pidió se declare su improcedencia.
Para el efecto indicó que el fallo que profirió la Sección Segunda el 22 de febrero de 2018, da cuenta de la razón de la decisión, a la cual arribó con base en las pruebas allegadas en la demanda, aplicando la normativa vigente y acudiendo a la interpretación que sobre el asunto sometido a discusión ha sentado esta Corporación, como máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Agregó que, con base en dicha jurisprudencia, “[a]l producirse la interrupción de la prescripción por un lapso igual y por una sola vez, el titular del derecho debe presentar la demanda dentro de los 3 años para obtener su reconocimiento sin consecuencias negativas (…), y al tenerse que la demanda fue presentada el 2 de abril de 2013, la fecha de agotamiento de la vía gubernativa, esto es, 10 de agosto de 2005, no puede ser tenida en cuenta para interrumpir la prescripción, pues entre éste momento y el inicialmente mencionado transcurrieron más de 7 años, por lo que el pago de las mesadas pensionales de ser a partir del 2 de abril de 2010, encontrándose prescritas las causadas con antelación. […]”.
Por lo anterior, aseguró que lo pretendido por la actora es utilizar este mecanismo constitucional como una tercera instancia, para reabrir discusiones jurídicas ya concluidas. En cuanto al desconocimiento del precedente resaltó que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política, los jueces deben respetar los precedentes relevantes, como imperativo que deviene del principio de igualdad y que permite, entre otros aspectos, promover la seguridad jurídica, por lo que concluyó que las providencias referidas por el accionante no tienen tal connotación, máxime cuando no existe una sentencia de unificación y la Sección Segunda, Subsección B ha sentado una línea pacífica sobre esa materia.
3.4. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, guardaron silencio.
4.- EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta de esta Corporación, mediante sentencia del 23 de noviembre de 2018, dispuso lo siguiente:
“[…] 1. NEGAR las pretensiones de la tutela instaurada por la señora Luz Marina Angulo de Valentierra.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, envíese a la Corte Constitucional para su eventual Revisión.
3. Notifíquese a las partes por el medio más expedito posible […]” (Negrita de la providencia)
Para arribar a esa decisión analizó lo considerado por la Sección accionada en la providencia cuestionada frente a la declaratoria que hizo de oficio de la prescripción de las mesadas pensionales y dedujo que allí se reiteró el criterio acogido por la misma Sección Segunda en sentencia proferida el 2 de febrero de 2017, expediente con radicado nro. 2013-00718-01 (1218-15), C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Agregó que en materia administrativa laboral, la prescripción trienal opera desde que la obligación se hace exigible y ésta se interrumpe por el término de 3 años con el reclamo escrito presentado por el empleado, según lo prevé el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 y como lo ha interpretado esta Corporación en los fallos del 27 de agosto de 2015 y del 2 de julio del mismo año. Por lo que afirmó que, una vez efectuada la reclamación de un derecho, el interesado cuenta con 3 años para demandar el reconocimiento del mismo, en caso de que la autoridad obligada sea renuente en responder, so pena de operar el fenómeno prescriptivo.
Por ello concluyó que la accionada había interpretado de manera razonada la referida norma conforme a la línea jurisprudencial vigente, y por lo tanto, no incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente; ni la actora demostró la configuración del defecto fáctico, puesto que las pruebas aportadas en el expediente fueron valoradas en debida forma, conforme a la normativa aplicable.
5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN
Inconforme con el fallo de primera instancia, la señora Luz Marina Angulo, a través de apoderado judicial, presentó escrito de impugnación el 11 de diciembre de 2018, esto es, en tiempo, reiterando los argumentos expuestos en su escrito de tutela.
6.- TRÁMITE EN LA SEGUNDA INSTANCIA
Por auto del 14 de diciembre de 2018, la Sección Cuarta de esta Corporación concedió la impugnación interpuesta por la parte actora.
La impugnación fue asignada por acta de reparto del 24 de enero de 2019.
7.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
7.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991, en concordancia con el numeral 2 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, el cual fue modificado por el artículo 1° del Decreto 1983 del 30 de noviembre de 2017 y el numeral 6 del artículo 1º de Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003, disposición relativa a la distribución de negocios entre las secciones del Consejo de Estado, modificado por el Acuerdo nro. 377 de 11 de diciembre de 2018.
7.2. HECHOS RELEVANTES:
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente:
7.2.1. El 19 de agosto de 2005, la señora Luz Marina Angulo de Valentierra solicitó ante la liquidada Cajanal el reconocimiento y pago de la pensión gracia, la cual fue negada mediante Resolución ACMG 61449 del 4 de diciembre de 2006, por cuanto “[n]o demostró el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley, es decir 20 años de servicio en la docencia oficial del orden departamental, municipal o distrital (nacionalizado), sin que perciba otro emolumento de la Nación. […]”.
7.2.2. El 12 de diciembre de 2006, la interesada radicó recurso de reposición en contra del anterior acto administrativo, por lo que la mencionada entidad confirmó lo allí decidido a través de la Resolución nro. PAP 12276 del 31 de agosto de 2010.
7.2.3. En contra de los actos administrativos, la hoy accionante, actuando por conducto de apoderado judicial, promovió demanda en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, la cual fue conocida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que por sentencia proferida en audiencia inicial celebrada el 12 de marzo de 2015, accedió a las pretensiones y ordenó reconocer y pagar la pensión gracia a la actora, a partir del 3 de junio de 2005, sin lugar a prescripción.
7.2.4. Inconforme con la anterior decisión, la UGPP por conducto de su apoderado judicial interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sección Segunda Subsección B de esta Corporación mediante sentencia del 22 de febrero de 2018, confirmó parcialmente lo resuelto por el a quo y modificó el numeral segundo de la parte resolutiva, en el sentido de declarar “[l]a prescripción de las mesadas pensionales causadas entre la fecha del estatus y el 2 de abril de 2010 […]”.
7.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Teniendo en cuenta las argumentaciones del extremo recurrente, corresponde a la Sala resolver el siguiente problema jurídico:
¿Incurre en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente y en defecto fáctico por indebida valoración probatoria, vulnerando los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad social en conexidad con el mínimo vital, la providencia judicial que en un proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho declaró la prescripción de las mesadas pensionales debido a que la demanda no fue promovida dentro de los 3 años siguientes al agotamiento de los recursos en sede administrativa?
7.3.1. El Defecto material o sustantivo
Este defecto alude al aspecto normativo que sustenta las decisiones judiciales y se erige como causal de procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias en consideración a que, si bien la competencia asignada a los jueces para interpretar y aplicar las normas jurídicas se encuentra amparada por los principios de autonomía e independencia, ésta no es absoluta, pues al ser una atribución que emana de la función pública de administrar justicia está limitada por los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.
Ahora bien, los criterios señalados suponen que la irregularidad que se invoca debe ser de tal importancia y gravedad que haya dado lugar a una decisión violatoria de derechos fundamentales, pues la configuración del defecto sustantivo no puede darse a partir de cualquier diferencia con la interpretación en que se funda una decisión judicial; ello, ya que el derecho es dinámico y constituye una ciencia cultural en la que bien pueden debatirse vías jurídicas distintas para resolver un mismo caso, y todas ellas resultar razonables y compatibles con las garantías y derechos fundamentales de los sujetos procesales, pues son distintas las escuelas de pensamiento jurídico y variados los métodos de interpretación que se utilizan para resolver un problema. Precisamente de ello deriva la autonomía de los jueces en su labor de administración de justicia y la necesidad de establecer órganos de cierre.
En tal sentido, resulta pertinente precisar que en la jurisprudencia constitucional se han identificado varias situaciones que ponen de presente la existencia de un defecto material en una providencia judicial. En atención a los presupuestos que las configuran, dichos eventos pueden agruparse en i) el defecto sustantivo que plantea un conflicto en relación con la fuente formal de la providencia que se ataca y, ii) el defecto sustantivo en torno al método de interpretación de la norma jurídica que fundamenta la decisión, a saber:
Defecto sustantivo respecto de la fuente:
Tiene lugar cuando la sentencia se fundamenta en una norma que indiscutiblemente no es aplicable al caso bajo examen por cuanto, a) es inexistente, b) ha sido declarada contraria a la Constitución, o c) está derogada y por tanto perdió vigencia. Asimismo, tiene lugar este defecto cuando de forma manifiestamente arbitraria y grosera se aplica una norma legal que no se adecúa a la situación fáctica del caso, lo cual debe ser debidamente alegado y probado ante el juez constitucional, a riesgo de desconocerse la autonomía del funcionario judicial que dictó la providencia.
Defecto sustantivo en torno al método:
Se configura cuando la fuente formal de la sentencia radica en una norma aplicable al asunto bajo examen, por lo que hay acuerdo al respecto, pero la hermenéutica que de ella se hace no se encuentra dentro del margen de interpretación razonable y aceptable, o “[…] la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes […]”, o cuando se fija el alcance de una norma desatendiendo otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática.
7.3.2. Desconocimiento del precedente judicial:
De manera previa a abordar el alcance del defecto aludido, se debe precisar que la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia ha definido como precedente judicial “la sentencia o conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia o semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”. Al respecto, estableció como criterios para concluir cuando se está ante un precedente, los siguientes: “i) que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente”.
Bajo los parámetros indicados, un precedente se configura cuando la sentencia pretende resolver un idéntico problema, desde la perspectiva jurídica y fáctica, lo que supone un mismo aspecto jurídico a considerar, unos mismos hechos relevantes, probados y debidamente connotados e iguales fundamentos en derecho. A estos efectos, el examen de los requisitos que deben cumplirse para que se ataque la sentencia en sede de tutela por desconocimiento del precedente, impone al actor la carga de identificar el problema jurídico que resolvió la sentencia cuestionada para compararlo con el problema jurídico resuelto por el precedente, determinando consecuentemente su identidad en los hechos y en el derecho.
Visto así, el desconocimiento del precedente supone que la sentencia cuestionada se identifica con aquél en su objeto y causa, entendiéndose por el primero la pretensión jurídica analizada, y por la causa los hechos en que se funda dicha pretensión y los fundamentos normativos de la misma. No habrá entonces desconocimiento del precedente si la sentencia analizada difiere en cualquiera de los aspectos indicados.
Sobre la obligatoriedad de las decisiones que son proferidas por los Altos Tribunales, la Corte ha precisado que, de conformidad con los artículos 234, 237 y 241 de la Constitución, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, como tribunales de cierre de las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa, y la Corte Constitucional, como entidad que tiene la función de salvaguardar la supremacía e integridad de la Constitución, tienen el deber de unificar la jurisprudencia dentro de cada una de sus jurisdicciones, convirtiendo de tal forma en precedente de obligatorio cumplimiento, con fuerza de fuente formal, las decisiones que por ellas sean emitidas.
La función de unificación de la jurisprudencia que tiene el Consejo de Estado como órgano de cierre de la jurisdicción concreta el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley.
En consideración a la función de unificación de la jurisprudencia que tiene el Consejo de Estado como Tribunal Supremo de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sus fallos constituyen parámetro de interpretación y precedente vinculante para los Tribunales y Jueces de la mencionada Jurisdicción, de tal suerte que su desconocimiento injustificado permite configurar el defecto que aquí se analiza.
Ahora bien, debe destacarse que el deber de respeto o sometimiento a los precedentes judiciales no es absoluto. En efecto, una comprensión excesiva del deber de atenerse a ellos podría suponer la negación de los principios de autonomía e independencia judicial (artículos 228 y 230 CP).
Precisamente por lo anterior la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que el juez puede apartarse válidamente de los precedentes, bien sean estos verticales u horizontales, siempre y cuando se justifiquen de manera clara y precisa las razones para ello. A este respecto, dicha Corporación precisó que resulta válido que las autoridades judiciales, merced a la autonomía que les reconoce la Carta Política, puedan en eventos concretos apartarse del precedente; pero aclaró que, en cualquier caso, esa opción argumentativa está sometida a estrictos requisitos, entre otros (i) hacer explícitas las razones por las cuales se aparte de la jurisprudencia en vigor sobre la materia objeto de escrutinio judicial –requisito de transparencia-, y (ii) demostrar suficientemente que la interpretación alternativa que se ofrece desarrolla de mejor manera los derechos, principios y valores constitucionales –requisito de suficiencia-.
En el escenario hasta aquí esbozado, es posible concluir que, cuando un juez desconoce una regla jurisprudencial vinculante y plenamente aplicable a determinada situación, sin cumplir con la carga argumentativa descrita, incurre en la causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, relacionada con el desconocimiento del precedente judicial y, en consecuencia, vulnera el derecho fundamental a la igualdad de las personas que acudieron a la administración de justicia. Contrario sensu, cuando la sentencia que difiere del precedente fundamenta su decisión de manera razonable y suficiente, justificando tal posición, no resultará procedente la acción de tutela por esta causal específica.
Finalmente, la jurisprudencia ha sido reiterativa en señalar las premisas bajo las cuales habrá de interpretarse una decisión judicial acusada de incurrir en el defecto en mención, anotando al respecto que se debe: “i) determinar la existencia de un precedente o de un grupo de precedentes aplicables al caso concreto y distinguir las reglas decisionales contenidas en estos precedentes; ii) comprobar que el fallo judicial impugnado debió tomar en cuenta necesariamente tales precedentes pues de no hacerlo incurriría en un desconocimiento del principio de igualdad; iii) verificar si el juez tuvo razones fundadas para apartarse del precedente judicial por encontrar diferencias fácticas entre el precedente y el caso analizado, o por considerar que la decisión debería ser adoptada de otra manera para lograr una interpretación más armónica en relación con los principios constitucionales, y más favorable a la vigencia y efectividad de los derechos fundamentales, de acuerdo con el principio pro homine.”
7.3.3. Defecto fáctico
La Sala destaca que sólo es factible sustentar una acción de tutela por defecto fáctico cuando se observa que la valoración probatoria hecha por la autoridad judicial en la correspondiente providencia es manifiestamente arbitraria. En ese sentido, el error en el juicio valorativo de la prueba “debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia”.
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el defecto fáctico tiene lugar “cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado.” Así, la jurisprudencia ha entendido que el mencionado defecto surge: “[c]uando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Se estructura, entonces, siempre que existan fallas sustanciales en la decisión, que sean atribuibles a deficiencias probatorias del proceso. Según esta Corporación, el fundamento de la intervención del juez de tutela por deficiencias probatorias en el proceso, radica en que, no obstante las amplias facultades discrecionales con que cuenta el juez del proceso para el análisis del material probatorio, éste debe actuar de acuerdo con los principios de la sana crítica, es decir, con base en criterios objetivos y racionales. […].”
Considera el Alto Tribunal Constitucional que la evaluación del acervo probatorio jamás podrá hacerse por el juez de manera arbitraria y que por ello la valoración que éste realice, necesariamente implica “la adopción de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el juez, racionales, es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas allegadas, y rigurosos, esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente recaudadas”.
Ahora bien, se han identificado dos dimensiones en las cuales es posible se configure el defecto fáctico, a saber:
Una dimensión negativa, que surge cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, situación que se presenta cuando: (i) no decreta, ignora o hace una valoración defectuosa de la prueba, y (ii) sin una razón válida da por no probado un hecho que emerge claramente.
Una dimensión positiva, que se produce cuando: (i) el juez aprecia pruebas que fueron determinantes en la decisión de la providencia cuestionada, las cuales no ha debido tener en cuenta porque, por ejemplo, se recaudaron indebidamente, eran ilegales o ineptas, o (ii) da por ciertas algunas circunstancias sin que exista material probatorio que fundamente su decisión.
Sobre esta última perspectiva, en reciente pronunciamiento el intérprete constitucional indicó: “La dimensión positiva del defecto fáctico por indebida apreciación probatoria se concreta cuando el juez somete a consideración y valoración un elemento probatorio cuya ilegitimidad impide incluirlo en el proceso. Se trata de la inclusión y valoración de la prueba ilegal, es decir, de aquella que ha sido practicada, recaudada, y valorada en contravía de las formas propias de cada juicio, concretamente, del régimen legal de la prueba, o de la prueba inconstitucional, esto es, de aquella prueba que en agresión directa a los preceptos constitucionales, ha sido incluida en el proceso en desconocimiento y afrenta de derechos fundamentales.”
Igualmente, se han precisado las siguientes modalidades que puede asumir el defecto en estudio: (i) defecto fáctico por la omisión en el decreto y la práctica de pruebas, (ii) defecto fáctico por la no valoración del acervo probatorio, y (iii) defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio. Las anteriores categorías se han analizado ampliamente en las sentencias T-902 de 2005, T-458 de 2007 y T-747 de 2009:
7.3.4. Caso concreto:
En el presente caso, la actora manifestó que la sentencia censurada incurrió en defecto sustantivo, por lo siguiente:
“[…] Conforme a los precedentes jurisprudenciales traídos en cita, se puede decir que se discrimina por parte de los Honorables Consejeros accionados a mi representada de forma subjetiva al dar una interpretación indebida a la norma y hacer una valoración indebida a las pruebas aportadas como actos administrativos producto de una misma y única actuación administrativa (vía gubernativa), teniendo el deber jurídico de hacerlo, y por tanto está desconociendo el derecho sustancial y procedimental que le asiste a mi mandante en igualdad de las condiciones establecidas para todos los ciudadanos frente a los procesos judiciales. Máxime cuando existen sentencias judiciales de la misma sala de lo contencioso administrativo – sección segunda, en las cuales se ha fallado en idéntico caso a favor de la demandante, confirmando el reconocimiento de la pensión sin prescripción alguna, tal como se evidencia en la sentencia citada y proferida por el Dr. William Hernández Gómez, como Consejero de Estado.
(…)
En segundo término, la Corporación judicial accionada incurre en un defecto sustantivo al desconocer los artículos 37, 50, 55, 59, 60, 62 y 135 del Decreto 01 de 1984 – C.C.A., con los cuales se regula las actuaciones administrativas que deben surtir las entidades públicas como CAJANAL frente a las peticiones y recursos que se le presentan; como el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, que debían ser aplicables al caso de controversia litigiosa, cuando considera que a lo largo de la actuación administrativa en vía gubernativa acontecida entre el 19 de agosto de 2005 (cuando se presentó la petición), y septiembre de 2010 (cuando se notificó la resolución con la cual se le resolvió el recurso de reposición), no hubo suspensión del término prescriptivo de que trata el decreto 1848 de 1969, anteriormente citado; y por tanto al denegar el derecho prestacional de pago de mesadas desde la fecha del estatus pensional a la señora (…) mediante la declaración de prescripción (…), bajo argumentos que se apartan de manera injustificada no solo de la debida aplicación de la norma legal sino igualmente de los preceptos jurisprudenciales emitidos por la misma sección segunda del Honorable Consejo de Estado. […]” (Resaltado por la actora)
En punto a verificar si se configuró o no el pretendido defecto, la Sala observa que la providencia cuestionada proferida el 22 de febrero de 2018 por la Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado, explicó:
“[…] Ahora bien, se observa que el a quo ordenó el reconocimiento de la pensión gracia a la demandante con efecto a partir del 3 de junio de 2005, al considerar que en esa fecha adquirió el estatus pensional.
Sin embargo, en este particular también se debió tener en cuenta que el agotamiento de la vía gubernativa se produjo el 10 de agosto de 2005, y que conforme al artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968, la prescripción se interrumpe por una sola vez y por un lapso igual con la presentación de la petición; y en tal sentido, es pertinente reiterar que ésta Sala tiene el siguiente criterio:
«De lo anterior se concluye, que el término de prescripción empieza a correr a partir de la fecha en que el derecho se haya hecho exigible, y que la interrupción se presenta en un lapso igual contados desde la presentación de la reclamación administrativa.
Es decir, que luego de presentada la petición de un derecho, el interesado cuenta con 3 años para demandar el reconocimiento del derecho, en caso de que la entidad requerida sea renuente a dar respuesta a la misma, so pena de activarse el fenómeno prescriptivo, y de esta manera evitar la pérdida del derecho a las prestaciones periódicas que se llegaren a ver afectadas por el transcurso del tiempo.» (Negrillas fuera de texto original).
De acuerdo con la línea jurisprudencial mencionada, al producirse la interrupción de la prescripción por un lapso igual y por una sola vez, el titular del derecho debe presentar la demanda dentro de los 3 años para obtener su reconocimiento sin consecuencias negativas reflejadas en las mesadas causadas por el paso del tiempo.
Así las cosas, y al tenerse que la demanda fue presentada el 2 de abril de 2013, la fecha de agotamiento de la vía gubernativa, esto es, 10 de agosto de 2005, no puede ser tenida en cuenta para interrumpir la prescripción, pues entre éste momento y el inicialmente mencionado transcurrieron más de 7 años, por lo que el pago de las mesadas pensionales deber ser a partir del 2 de abril de 2010, encontrándose prescritas las causadas con antelación como se declarará en la resolutiva.
En consecuencia, el numeral segundo de la resolutiva de la sentencia apelada relacionado con el restablecimiento del derecho, se modificará teniendo en cuenta la causación de la pensión y la prescripción de las mesadas como quedó analizado con anterioridad. […]”.
De lo expuesto, la Sala advierte que la decisión de la Sección Segunda de declarar de oficio la prescripción de las mesadas pensionales, obedeció a un criterio de interpretación racional del artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968, que hizo como juez de instancia y apoyándose además, en la posición fijada por la misma Sección en sentencia del 2 de febrero de 2017, con ponencia de la Consejera de Estado Sandra Lisset Ibarra Vélez, y con base en la situación fáctica que encontró acreditada en el plenario; lo cual corresponde al ejercicio de la autonomía judicial prevista en el artículo 228 de la Constitución Política, por lo que no se advierte la configuración del invocado defecto sustantivo.
Finalmente, la actora hizo alusión al fallo C-792 del 20 de septiembre de 2006 de la Corte Constitucional proferida en el marco de la acción de inconstitucionalidad, cuya finalidad es garantizar la integridad y la supremacía del orden constitucional objetivo, en consecuencia la misma no puede considerarse como precedente judicial en la solución de un caso particular, pues el objeto de litigio se circunscribe a la exequibilidad de una norma.
Ahora bien, no sobra advertir que, en todo caso, en ese asunto se estudió la demanda promovida en contra el artículo 4 (parcial) de la Ley 712 del 5 de diciembre de 2001, “Por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo”, que modificó el artículo 6º del Código Procesal del Trabajo, que reguló entre otros aspectos, la suspensión del término prescriptivo mientras estaba pendiente el agotamiento de la otrora llamada vía gubernativa, en asuntos de carácter laboral entre particulares y las entidades de la administración pública de cualquier orden, como requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción ordinaria; por contera, no se ocupó de definir el alcance interpretativo del artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968, sobre el cual se sustentó la decisión que ahora se cuestiona. Por contera, tampoco se encuentra configurado el defecto del desconocimiento del precedente.
En cuanto al defecto fáctico, la accionante afirmó que este se configuró por cuanto la Sección Segunda – Subsección B, en la sentencia cuestionada, omitió que “[l]os actos administrativos aportados como pruebas y requisito de la demanda de nulidad, son producto de una actuación en vía gubernativa, y por ende todo el tiempo que la entidad se tomó para proferirlos mantenían la suspensión del término prescriptivo de que tratan del decreto (sic) 3135 de 1968 y 1848 de 1969, como el artículo 55 del antiguo C.C.A. […]”; sin embargo, la Sala advierte que sus argumentos se dirigen atacar la aplicación de las normas, lo que es propio del análisis del defecto sustantivo analizado en precedencia y no de una indebida valoración probatoria por parte del juez de instancia.
Por lo anterior, debe advertirse que la acción de tutela no fue instituida para impugnar o controvertir asuntos fallados en derecho por los jueces naturales en virtud de su autonomía y competencias constitucionales y legales, como si se tratara de una tercera instancia, pues es un mecanismo excepcional y subsidiario al que pueden acudir los ciudadanos de manera extraordinaria cuando las decisiones judiciales adolezcan de los defectos que ha desarrollado la jurisprudencia constitucional.
Por último, en lo referente al alegado perjuicio irremediable, se tiene que la pretensión de la actora está encaminada a que se revoque la declaratoria de prescripción de las mesadas pensionales, que hizo la Sección Segunda al resolver la segunda instancia en el proceso ordinario; no obstante, no obra prueba en el expediente del que se desprenda el daño alegado ni la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad social en conexidad con el mínimo vital y, en consecuencia, se confirmará la sentencia del 23 de noviembre de 2018, proferida por la Sección Cuarta de esta Corporación, que negó el amparo solicitado.
En ese sentido, la Sala reitera que esta acción no puede convertirse en un medio alterno para controvertir las decisiones judiciales, puesto que ello implicaría desnaturalizar los otros instrumentos judiciales que para la protección de derechos se han diseñado, agotando las competencias del respectivo juez natural.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 23 de noviembre de 2018 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que negó las pretensiones de la tutela instaurada por la señora Luz Marina Angulo de Valentierra, según lo analizado en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.
CUARTO: DEVOLVER el expediente enviado en préstamo por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, ordinario de Nulidad y Restablecimiento del Derecho con radicado nro. 76001 23 33 000 2013 00375 00.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado
Folio 18 del cuaderno de la acción de tutela.
“[…] Articulo 55. EFECTO SUSPENSIVO. <Código derogado por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011_pr007.html" \l "309" 309 de la Ley 1437 de 2011. Entró a regir a partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:> Los recursos se concederán en el efecto suspensivo. […]”
Artículo 59. CONTENIDO DE LA DECISION. <Código derogado por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011_pr007.html" \l "309" 309 de la Ley 1437 de 2011. Entró a regir partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:> Concluido el término para practicar pruebas, y sin necesidad de auto que así lo declare, deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia, si es del caso.
La decisión resolverá todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo hayan sido antes.
“[…] Articulo 62. FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. <Código derogado por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011_pr007.html" \l "309" 309 de la Ley 1437 de 2011. Entró a regir a partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:> Los actos administrativos quedarán en firme:
1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso.
2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido.
3. Cuando no se interpongan recursos, o cuando se renuncie expresamente a ellos.
4. Cuando haya lugar a la perención, o cuando se acepten los desistimientos. […]” (Destacado por el actor)
Artículo 59. CONTENIDO DE LA DECISION. <Código derogado por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011_pr007.html" \l "309" 309 de la Ley 1437 de 2011. Entró a regir partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:> Concluido el término para practicar pruebas, y sin necesidad de auto que así lo declare, deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia, si es del caso.
La decisión resolverá todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo hayan sido antes.
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
“[…] Artículo 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual. […]”
Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.
Artículo 102.- Prescripción de acciones.
1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.
Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968. Folios 1 a 71 del cuaderno de la acción de tutela. Folio 1 del cuaderno de la acción de tutela. Según acta general de reparto visible a folio 74 del cuaderno de la acción de tutela. Folio 76 de la acción de tutela. Folios 77 a 86 cuaderno de la acción de tutela. Folio 135 del cuaderno de la acción de tutela. Folios 90 a 98 y 113 a 121 del cuaderno de la acción de tutela. Folios 108 a 112 del cuaderno de la acción de tutela. Folio 111 y vuelto del cuaderno de la acción de tutela. Folios 137 a 142 del cuaderno de la acción de tutela. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, sentencia del 27 de agosto de 2015, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, expediente radicado nro. 0432-2014. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección A, sentencia del 2 de julio de 2015, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero, expediente con radicado nro. 2621-2014. Folios 149 a 169 del cuaderno de la acción de tutela. Folio 177 del cuaderno de la acción de tutela. Folio 198 del cuaderno de la acción de tutela. El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará. […]”
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.”
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado respecto al reparto de tutelas. Folio 1 al 4 del cuaderno de pruebas del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Folios 5 al 7 del cuaderno de pruebas del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Folios 5 al 36 del cuaderno principal del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Folios 122 a 141 del cuaderno principal del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Folios 143 a 146 del cuaderno principal de del cuaderno principal de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Folios 209 a 2016 del cuaderno principal de del cuaderno principal de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Corte Constitucional, Sentencia T-757 de 2009, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional, Sentencia T-453 de 2017, M.P.: Diana Fajardo Rivera, en la cual se reitera lo señalado en las sentencias SU-399 de 2012 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, SU-400 de 2012 M.P. (e): Adriana María Guillén Arango, SU-416 de 2015 M.P.: Alberto Rojas Ríos y SU-050 de 2017 M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional, Sentencia T-453 de 2017, M.P.: Diana Fajardo Rivera. Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018, T-499 de 2017, T-292 de 2006 y Auto 397 de 2014. Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018 y SU-053 de 2015. Así por ejemplo, en la sentencia T-656 de 2011, la Corte encontró que se configuró la causal denominada “desconocimiento del precedente” debido a que las decisiones objeto de revisión no tuvieron en cuenta los pronunciamientos que se han emitido con relación a la motivación de los actos que declaran la insubsistencia de un funcionario en provisionalidad.
De igual forma, en la sentencia T-410 de 2014, se encontró que incurrió en desconocimiento del precedente el Tribunal Superior de Bogotá al no exponer claramente las razones por las que no tomaba en consideración la regla constitucional establecida en la sentencia T-784 de 2010 sobre acumulación de tiempos laborados ante empleadores privados que antes de la ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento y pago de una pensión.
Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018 y SU-354 de 2017.
Corte Constitucional. Sentencia C-634 de 2011.
Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018 y T-351 de 2011.
Cfr. sentencia T-442 de 1994.
Corte Constitucional, Sentencia T-567 de 1998, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.
Corte Constitucional, Sentencia T-419 de 2011, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Cfr. sentencia SU-1300 de 2001 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. La Corte encontró perfectamente razonable la valoración de las pruebas que hizo el Juez Regional en la sentencia anticipada. El Juez no omitió ni ignoró prueba alguna, ni dio por probado un hecho sin fundamento objetivo. “El hecho de que el incremento patrimonial no justificado del procesado, se derivó de actividades delictivas se probó a través de la confesión de {varios testigos}, y de un conjunto concurrente de indicios, entre los cuales sobresale el hecho de que las cuentas en las cuales se consignaron la mayoría de los 23 cheques recibidos por el peticionario, fueron abiertas por él usando información falsa y las fotocopias de las cédulas de sus empleados que aparecían en los archivos de las empresas constructoras de la familia”.
Cfr. sentencia T-442 de 1994 MP. Antonio Barrera Carbonell.
Cfr. sentencia T-538 de 1994 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. En esa oportunidad se le concedió la tutela al peticionario por la indebida apreciación que hace el juez de la conducta asumida por una de las partes, que se atuvo a la interpretación que de unos términos hizo el secretario del juzgado, que le lleva a negarle la interposición de un recurso del que depende la suerte del proceso penal.
Corte Constitucional, Sentencia SU-159-2002, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa.
Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.
Corte Constitucional, Sentencias T-567 de 1998 y T-417 de 2008, entre otras.
Cfr. Sentencias T-239 de 1996 y T-747 de 2009.
Ver Corte Constitucional, Sentencias T-538 de 1994, T-086 de 2007 y T-747 de 2009, entre otras.
Corte Constitucional, Sentencia T-233 de 2007, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra.
Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.
Folios 17 y 18 del cuaderno de la acción de tutela.
Cita de la providencia: “Copia de Expediente administrativo en medio magnético, (Archivo 9, Derecho de petición), Folio 101.”
Cita de la providencia: “Artículo 41º.- Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.”
El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.”
Cita de la providencia: “Sentencia del 2 de febrero de 2017, exp. 1218-2015, Consejera Ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez.”
Cita de la providencia: “Folios 215 y vuelto del cuaderno principal del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.”
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
Corte Constitucional, sentencia C-223 del 4 de mayo de 2016, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 27 de septiembre de 2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, radicado nro. 11001031500020180183601.
ARTÍCULO 4o. El artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_procedimental_laboral.html" \l "6" 6o. del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social quedará así:
Artículo 6o. Reclamación administrativa. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Las acciones contenciosas contra la Nación, las entidades territoriales y cualquiera otra entidad de la administración pública sólo podrán iniciarse cuando se haya agotado la reclamación administrativa. Esta reclamación consiste en el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda, y se agota cuando se haya decidido o cuando transcurrido un mes desde su presentación no ha sido resuelta.
Mientras esté pendiente el agotamiento de la reclamación administrativa se suspende el término de prescripción de la respectiva acción.
Cuando la ley exija la conciliación extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad, ésta reemplazará la reclamación administrativa de que trata el presente artículo.
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