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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-02885-00

Tutela contra providencia judicial

Fecha
27 de septiembre de 2018
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Vélez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-02885-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- NEGAR el amparo del derecho al debido proceso y acceso a la administración de justicia de la señora Elsa Rojas Bernal con ocasión de la acción de tutela por ella presentada en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.- NOTIFICAR a las partes esta providencia por telegrama o por el medio más expedito de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines allí contemplados. TERCERO: En acatamiento de las disposiciones del artículo 31 ibídem, DE NO SER IMPUGNADA dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia, REMITIR el expediente a Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en Sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2018-02885-00

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez

27 de septiembre de 2018

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / TUTELA CONTRA AUTO QUE DECLARA PROBADA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD EN MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

[El problema jurídico consiste en determinar:] ¿El Tribunal accionado vulneró los derechos fundamentales señalados por la actora, con ocasión de la decisión de confirmar el auto que profirió el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, a través del cual declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa del cual hizo uso? (…) [E]n el presente caso, no ocurren los supuestos de las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela, es decir, la providencia de 21 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que confirmó la decisión del Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, de fecha 5 de julio de 2017, por medio de la cual se declaró probada la excepción de caducidad, no presenta defecto fáctico ni material o sustantivo, contrario al decir de la parte actora, por ende, no se desconocieron los derechos fundamentales de libre acceso a la administración de justicia y debido proceso. // Lo anterior, toda vez que de acuerdo con la prueba que hace parte del proceso ordinario y de la acción de tutela, la demandante tuvo la oportunidad de acceder ante un juez de la República para que estudiara y decidiera sobre la posible afectación de sus derechos con la presunta omisión de las autoridades del municipio de Tunja frente a la situación de deslizamiento y caída de piedras que se presentaba en el barrio donde vive la actora, solo que su actuación fue tardía, ya que no se acudió a la jurisdicción dentro del plazo que el artículo 164, literal i) de la Ley 1437 de 2011 previó para la interposición del medio de control de Reparación Directa. // Igualmente, de la prueba se puede concluir que se surtieron todas las etapas procesales establecidas en la ley para esta clase de procesos; así, la providencia del Tribunal Administrativo de Boyacá fue motivada cumpliendo de esta manera con el principio de publicidad, y no puede ser tachada como vía de hecho, por cuanto se observa sustentada en la ley y la jurisprudencia; además, de ser congruente con las pretensiones planteadas en el recurso de apelación, y contener un análisis del material probatorio. // Así las cosas, esta Sala de decisión observa que la corporación judicial accionada no incurrió en los defectos sustantivo ni fáctico endilgados a la providencia acusada, debido a que la misma fue proferida conforme a las normas reguladoras de su función judicial y aquella se apoyó en el material probatorio obrante en el proceso para efectuar la interpretación que consideró más ajustada al caso concreto, además de la normativa aplicable al caso, frente a lo cual se debe advertir que el juez natural del asunto goza de autonomía funcional y se presume la buena fe en sus decisiones.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 LITERAL I

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-02885-00(AC)

Actor: ELSA ROJAS BERNAL

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Y OTRO

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Elsa Rojas Bernal, a través de apoderado contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, por haber proferido el auto 21 de febrero de 2018, por medio del cual se confirmó la decisión de primera instancia de 5 de julio de 2017 del Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, en la que se declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa por ella interpuesto, lo cual asegura desconoce sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso.

ANTECEDENTES

El escrito de tutela

Para una mejor comprensión del asunto, la Sala se permite resumir los supuestos fácticos y jurídicos planteados en el escrito de tutela:
La demandante dijo que vive en el municipio de Tunja en la carrera 6A Nº 20 – 08, sobre la Avenida Oriental, y que en dicho lugar se presentó un deslizamiento de tierra debido a filtraciones de agua que provienen de la cuadra en donde se encuentran ubicados las antiguas residencias universitarias, hoy en remodelación, el Taller de Artes de Boyacá, la antigua Escuela de Enfermería y el parqueadero de vehículos de la Gobernación de Boyacá.

Señaló que la zona comprendida entre la calle 18 a la calle 21 con carrera 6ª, sobre la Avenida Oriental, se catalogó como zona de alto riesgo, por lo que no se permite realizar construcciones de ninguna clase.

Relató que en el año 2010 una casa lote contigua a su vivienda identificada con el Nº 20-24 fue vendida al señor Fidel Cano, quien construyó un edificio a la orilla del barranco sin medir las consecuencias, y que debido al peso que generó esa construcción se ocasionaron precipitaciones de rocas y desestabilización del terreno. Agregó que el citado señor Cano le había manifestado que la construcción la estaba haciendo sin permiso o licencia, pues tenía a una hija que trabajaba en la administración municipal, por lo que no le iban a causar ninguna molestia; pero que él conocía el terreno y que era una zona de alto riesgo, conforme se estableció en el Plan de Ordenamiento Territorial.

Informó que cuando en el año 2011 empezó la ola invernal frente a la construcción del señor Cano, por el costado de la Avenida Oriental, se presentó un deslizamiento de terreno lo que originó la caída de rocas y que el talud se desestabilizó. Ante esta emergencia, se hizo presente el alcalde de la época y, según la demandante, se apersonó de la situación pero que ello duró poco tiempo y no se cumplió con la demolición del inmueble de la carrera 6A Nº 20-24 del Barrio San Ignacio de Tunja.

Dijo que se pidieron los conceptos y valoraciones al CLOPAD, para que se diera a conocer el trámite del proceso de demolición y se dejó claro que por el sector no transitarían vehículos.

La situación que presentaba el sector donde se encuentra ubicada la residencia de la demandante Elsa Rojas Bernal generó en su vivienda daños, por los cuales inició demanda contra el Municipio de Tunja, en ejercicio del medio de control de Reparación Directa y le correspondió al Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, quien en el desarrollo de la Audiencia Inicial del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, declaró probada la excepción de caducidad del medio de control decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá al resolver el recurso de apelación que se interpuso contra la decisión del A quo.

Pretensiones

La accionante solicita la protección de sus derechos fundamentales de libre acceso a la administración de justicia y debido proceso y, en consecuencia, se le ordene a las autoridades tuteladas que en el término de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, se dicte nueva decisión mediante la cual se admita la demanda.

Trámite de instancia

Mediante auto de 22 de agosto de 2018, se admitió la acción de tutela ejercida por la señora Elsa Rojas Bernal, y se ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá, en calidad de demandados, para que rindieran informe sobre los hechos en que se sustenta la acción de tutela.

Igualmente, se ordenó la vinculación de Juez Once Administrativo del Circuito Judicial de Tunja y al Municipio de Tunja, en calidad de terceros, se requirió para que en el término de 2 días se enviara copia del expediente de reparación directa radicado con el Nº 2016-00142; y, finalmente, se reconoció personería al apoderado de la demandante.

Informes rendidos

• El Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Tunja

La titular del Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Tunja rindió el informe solicitado y manifestó que en la Audiencia Inicial llevada a cabo el 5 de julio de 2017, se declaró probada la excepción de caducidad del medio de control, decisión que se adoptó con sustento en los criterios legales y jurisprudenciales aplicables, sin desconocimiento de las garantías constitucionales de los extremos procesales.

Señaló que al revisar los elementos de prueba que obran en el proceso, se verificó que el daño invocado por la actora se evidenció el 25 de abril de 2011 cuando la demandante puso en conocimiento de la administración municipal de Tunja, la afectación sufrida, y esa fecha se tomó como la de consolidación del daño.

Por lo anterior concluyó que el término de los 2 años previstos en el literal i) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, para la interposición del medio de control de reparación directa venció el 26 de abril de 2013, el trámite de conciliación se presentó el 8 de febrero de 2013, la constancia se expidió el 8 de abril de 2013, quedándole el plazo de 2 meses y 18 días para interponer la demanda, plazo que vencía el 8 de julio de 2013, y como la demanda se presentó el 14 de abril de 2015, ya para esta fecha había caducado el medio de control, y así se declaró al resolver la excepción, lo cual fue confirmado por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

El Tribunal Administrativo de Boyacá

Manifestó en su informe que tal como lo advirtió el juez, las afectaciones al inmueble de la actora se pusieron en conocimiento de la administración del municipio de Tunja mediante derecho de petición de fecha 25 de abril de 2011, en el cual se señaló que desde el año 2001, se radicaron oficios y solicitudes exponiendo la situación que se presentaba en el sector de la vivienda de la demandante.

Dijo que al incoarse el derecho de petición, la actora aseveró que los daños a su bien se venían presentando desde el momento en que se construyó el inmueble aledaño y que al presentarse la ola invernal del año 2011, ocurre el deslizamiento del terreno y la caída de rocas.

Señaló que se consideró acertada la contabilización del término de caducidad a partir de la fecha en que se presentó el derecho de petición ante la administración de Tunja, es decir, desde el 25 de abril de 2011, por lo que el término de los 2 años que contempla el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, para instaurar el medio de control de Reparación Directa, vencieron el 25 de abril de 2013; y no obstante que se interrumpió el término de caducidad con la presentación de trámite del requisito de procedibilidad, el día 8 de febrero de 2013, solo fue por 2 meses y 17 días, por ende, la suspensión solo operó hasta el 8 de abril de 2013 y en esta fecha se expide la constancia de conciliación.

Indicó que tal como lo señaló el juez de primera instancia, los 2 meses y 17 días que faltaban para vencerse el término de caducidad se cumplieron el 25 de junio de 2013, pero la demanda solo se presentó el 14 de abril de 2015, cuando el término de caducidad había operado.

El municipio de Tunja

En la contestación de la acción de tutela se refirió a los hechos señalando que algunos son ciertos, otros no le consta y otros no son ciertos y por ende necesitan ser probados.

Citó jurisprudencia para referirse a la falta de legitimación en la causa por pasiva y señalar que el municipio de Tunja, no es responsable de la acción u omisión que reclama la demandante, y que lo que se observa es una inconformidad con el criterio y los razonamientos expuestos por el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Tunja y por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

La apoderada constituida por el Municipio de Tunja, se opone a la prosperidad de las pretensiones de la accionante, pues, en su sentir, en este caso, no se ha vulnerado ningún derecho constitucional ni legal.

CONSIDERACIONES

Atendiendo a los argumentos expuestos en el escrito tutelar y las pruebas que obran en el expediente, se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) Competencia, ii) Determinación del problema jurídico iii) Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y iv) Solución del asunto.

Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 2° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, en cuanto estipula que «Cuando la acción de tutela se promueva contra un funcionario o corporación judicial, le será repartida al respectivo superior funcional del accionado […]», esta Sala es competente para conocer de la presente acción constitucional contra el Tribunal Administrativo de Boyacá.

Determinación del problema jurídico.

En el presente asunto, la Sala debe establecer si ¿La acción de tutela es procedente para cuestionar la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con los requisitos generales de procedibilidad?

De ser superado el anterior derrotero, definir si ¿El Tribunal accionado vulneró los derechos fundamentales señalados por la actora, con ocasión de la decisión de confirmar el auto que profirió el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, a través del cual declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa del cual hizo uso?

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Sobre el particular, tanto la Corte Constitucional como esta Corporación, inicialmente consideraron que la acción de tutela no procedía contra providencias judiciales; posición que fue variada por la Corte al aceptar la procedencia excepcional y restringida del referido mecanismo constitucional de comprobarse la existencia de una vía de hecho y de un perjuicio irremediable, y por parte de algunas Secciones del Consejo de Estado, cuando se evidenciara la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Posteriormente, en la Sentencia C-590 de 2005 la Corte Constitucional reiteró la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, pero supeditada ya no a la existencia de una vía de hecho, sino a la verificación de unos requisitos de forma y de procedencia material fijados por la misma Corte. Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012, con ponencia de la Consejera María Elizabeth García González, finalmente aceptó que la acción de tutela es procedente contra una providencia judicial, “cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales”.

Respecto a los requisitos de forma o generales de procedencia, señaló: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tengan una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones; ii) Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y, vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela.

En el presente asunto, concretamente de las pruebas allegadas al expediente, se evidencia que: a) La cuestión que se discute tiene relevancia constitucional, b) Se agotaron los medios ordinarios de defensa judicial existentes, c) La tutela se interpuso dentro de un término razonable, y d) Dentro del escrito de tutela se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que llevan a la parte actora a atacar por esta vía la providencia judicial, proferida dentro de un proceso ordinario.

Por lo anterior, la Sala encuentra reunidos los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

Solución del caso concreto.

En este caso, se aduce en la demanda de tutela que la providencia del Tribunal Administrativo de Boyacá incurre en las causales genéricas de procedencia de la acción de tutela contra las providencias dictadas por el Juez Once Administrativo del Circuito Judicial de Tunja y por el Tribunal Administrativo de Boyacá. Además, también se presentan las causales específicas de la acción de tutela en este caso, tales como el defecto fáctico, el defecto material sustantivo y la violación directa de la Constitución.

Pues bien, como lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el defecto factico ocurre cuando no se valoran de una manera adecuada las pruebas aportadas para determinar, en este caso, si la demanda de reparación de directa se presentó dentro de la oportunidad prevista en la ley.

Por su parte, el defecto sustantivo se presenta en aquellos casos aquellos casos en los cuales se decide con base en normas no aplicables o inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión, que para el caso sería que los tutelados toman en cuenta «la norma que establece el término de caducidad de la acción de reparación, prevista en el Código Contencioso Administrativo, sin hacer ninguna argumentación de los criterios doctrinarios y jurisprudenciales para determinar cómo se ha de contar el término de la caducidad de la acción, teniendo en cuenta la consumación efectiva o el conocimiento del daño».

En el sub lite, la decisión de primera instancia la profirió el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, en desarrollo de la Audiencia Inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 y mediante la cual declara probada la excepción de caducidad del medio de control de Reparación Directa. El A quo, se expresó así:

«[…] A efectos de resolver la excepción previa de caducidad de la acción, dirá el Despacho que de conformidad con lo previsto en el artículo 140 del C.P.A.C.A., en los términos del artículo 909 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. Así mismo, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. No obstante, la misma codificación en su artículo 164, al establecer las oportunidades para la presentación de la demanda, señaló en el literal i), que cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de 2 años contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

Lo anterior, hace referencia al fenómeno jurídico de la caducidad, el cual constituye uno de los presupuestos que debe observarse dentro del estudio de admisibilidad de la demanda, y que por demás, se configura cuando vence el término legalmente establecido para su presentación, sin que el interesado hay ejercido el derecho de acción, generándose como consecuencia la pérdida de oportunidad procesal para acudir a la jurisdicción e interponer el medio de control pertinente. Sobre el particular, la Corte Constitucional refirió que las normas de caducidad de las acciones obedecen a la necesidad de otorgar seguridad jurídica a las partes de un conflicto y a la obligación de colaborar con la Administración de Justicia, lo que justifica la existencia de términos perentorios para el ejercicio del derecho de acción.

Al respecto de cómo se computa la caducidad, el Consejo de Estado ha señalado que: “… la caducidad, por regla general, inicia cuando nace o se consolida el daño reclamado, pues antes de la existencia del daño no existe acción indemnizatoria. Si el daño nace de forma instantánea, la caducidad inicia concomitantemente, a pesar de que los perjuicios se extiendan o se agraven con el tiempo. Si el daño se consolida en forma sucesiva o continua, el inicio del cómputo de la caducidad se postergará hasta el momento en que tenga o se deba tener conocimiento cierto del daño, sin que deba confundir el nacimiento de este daño con la permanencia o agravación en el tiempo de los perjuicios generador por un daño ya consolidado y conocido. Y si se presentan daños sucesivos por una misma causa nociva, la caducidad deberá correr independiente por cada uno de estos eventos sucesivos (…)” (Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia de 26 de febrero de 2016. Radicación interna (36231). C.P: Ramiro de Jesús Pazos Guerrero).

Así mismo, el Consejo de Estado se ha referido respecto de la continuidad del daño, en los siguientes términos:
“(…) En desarrollo de esto, la doctrina ha diferenciado entre (1) daño instantáneo o inmediato; y (2) daño continuado o de tracto sucesivo; por el primero se entiende entonces, aquél que resulta susceptible de identificarse en un momento preciso de tiempo, y que si bien, produce perjuicios que se pueden proyectar hacia el futuro, él como tal, existe únicamente en el momento en que se produce. A título de ejemplo puede citarse la muerte que se le causa a un ser humano, con ocasión de un comportamiento administrativo.

(…) En lo que respecta, al (2) daño continuado o de tracto sucesivo, se entiende por él, aquél que se prolonga en el tiempo, sea de manera continua o intermitente. Se insiste, la prolongación en el tiempo no se predica de los efectos de éste o si se quiere de los perjuicios causados, sino del daño como tal. La doctrina lo ejemplifica en relación con las conductas omisivas.

(…) Finalmente, vale la pena señalar, que no debe confundirse el daño continuado, con la agravación de éste. En efecto, en algunas oportunidades se constata que una vez consolidado el daño (sea este inmediato o continuado) lo que acontece con posterioridad es que éste se agrava, como por ejemplo el daño estructural de una vivienda que se evidencia con grietas y cimentaciones diferenciadas, y tiempo después se produce la caída de uno de sus muros”. (Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 10 de diciembre de 2014. Radicación interna (52034). C.P.; Hernán Andrade Rincón).

De acuerdo con lo anterior, para el caso que nos ocupa se observa que no estamos ante un daño continuado ni permanente como aduce la parte actora, sino ante un daño inmediato que se produjo presuntamente por deslizamientos de tierra, piedra u filtraciones de agua que se vienen evidenciando desde el 2010, agravándose al decir de la actora por la construcción aledaña, lo que devino en la afectación de su inmueble en el año 2011, cuando la demandante mediante oficio del 25 de abril de 2011, puso en conocimiento de la Administración Municipal la afectación sufrida poniendo de presente la causa del daño y los perjuicios generados, pues según el decir de la parte actora “… lo ocurrido anteriormente fueron simples incomodades..” (fl. 272). Por lo que se observa que las afectaciones sufridas sobre el inmueble se fueron agravando y a su vez generando la desvalorización del inmueble que se reclama, no pudiendo por tanto tales agravaciones causantes de la desvalorización confundirse con el daño propiamente dicho.
Por lo que se reitera que aunque el daño sobre la vivienda se haya agravado con el paso del tiempo – tal como alega la parte actora -, ello no significa que se trata de un daño permanente y por ende, que el término de caducidad se extienda indefinidamente. Al respecto, el Consejo de Estado ha señalado:

“…, Es posible que en específicas ocasiones el daño se prolongue con posterioridad al momento de acaecimiento de los hechos que sirven de fundamento para las pretensiones, sin que esto signifique que el término de caducidad se postergue de manera indefinida, pues el inicio del cómputo de la caducidad deberá empezar a partir del día siguiente a su configuración, esto es, la fecha en que fenece el suceso o fenómeno que genera el daño, de no ser así se confundiría a aquél con sus secuelas o efectos.

Así pues, en estos eventos se ha establecido que el término de dos años previstos en la ley deberá contabilizarse a partir del momento en que el daño adquiere notoriedad -cuando esta última no coincide con la causación de aquél, es decir, cuando a pesar de haberse producido, la víctima se encuentra en la imposibilidad de conocerlo-, o cuando aquel se entiende consolidado –en los eventos en que el daño se prolonga en el tiempo-, circunstancias que se analizan teniendo en cuenta las particularidades de cada caso.

Con todo, es pertinente advertir que, en ocasiones, tanto el daño instantáneo como el continuado pueden llegar a provocar secuelas o efectos que se extienden en el tiempo, pero que, de todos modos, pueden llegar a ser concurrentes – tracto sucesivo – y prolongarse mucho más allá de cuando adquiere notoriedad o se consolida, lo que no quiere significar que en esos precisos casos la contabilización del término de caducidad deba variar. (Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia de 1º de diciembre de 2016. Radicación interna: (54792). C.P. Hernán Andrade Rincón…”

Sobre el caso concreto, el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, al revisar la documental allegada al proceso, consideró lo siguiente:

«[…] De acuerdo con los elementos obrantes en el expediente, se observa que:

i) En el 2001 el área donde se ubica el predio fue catalogada zona de amenaza por inestabilidad de taludes, según se desprende del POT (Acuerdo 0014 de 2001) (fl. 102, 179 y vuelto);

ii) que mediante oficio fechado el 13 de febrero de 2001 dirigido al Alcalde Municipal, la señora Elsa indicó que: “algunas viviendas construidas sobre el sector están corriendo peligro por lo que se ha venido corriendo la tierra y piedra que acomodaban un barranco; (…); además viendo que las casas se encuentran al borde del deslizamiento no se han tomado las previsiones necesarias (…) (fl. 134 s).

iii) que mediante oficios de fechas 25 de abril de 2011 dirigidos al Alcaldía Municipal, a la Oficina de Planeación, a la Secretaría de Infraestructura, al CLOPAD Municipal y Departamental, la demandante reiteró el inminente peligro a que están sometidos los residentes sobre la Avenida Oriental y la carrera 6 entre carrera 18 y 21 Barrio San Ignacio, como el de las viviendas por la caída o desplazamiento de piedras y tierra. Adicionalmente indicó: “que el sector (sic) en se encuentra mi vivienda, no presentaba ninguna tipo de abertura, ni desplazamiento de tierra, ni menos caída de piedra, pero con la construcción de vivienda contigua a lado y otras en dicho sector, comenzó a presentarse la caída de piedras como lo evidencia los rastros que existe hoy en el trayecto de su sitio de origen a la Avenida, así mismo el lodo que apareció el fin de semana, acompañado de la grieta aproximada de 30 cm y un desfase del nivel del piso de 20cm. Hoy elevo ante usted la petición para que intervenga como autoridad pública para satisfacción de los intereses de la comunidad en la que me encuentro y soy uno de los afectados por el peligro inminente que allí se vive y que se está afectando el derecho de vida, el derecho a la vivienda...” (fl. 136-137).

iv) que mediante queja presentada el 17 de agosto de 2011 ante la Procuraduría, la demandante insistió en que desde el 2001 se viene presentando la caída de rocas y más desestabilización del terreno, en los siguientes términos: “…se presentó el primer deslizamiento de tierra a consecuencia de infiltraciones de agua, que provienen de la cuadra donde se encuentran ubicados, la antigua residencia universitaria, hoy en remodelación Taller de Artes de Boyacá y antigua Escuela de Enfermería (CURIA), como el parqueadero de carros de la Gobernación de Boyacá. (…)

Indicó que anterior a la ola invernal, hubo otra circunstancia que fue la promotora del deslizamiento del talud, como fue la construcción de apartamentos pues “…En el año 2010 a comienzos del año, habiéndose vendido una casa lote contigua a nuestra vivienda con el número de nomenclatura 20-24, fue vencida al señor CANO, quien construyó sin mediar consecuencias a orilla del barranco que está situado sobre la Avenida Oriental y del sobre peso, ocasionó la precipitación de rocas y desestabilización del terreno (…) y por consiguiente el talud desestabilizó también el terreno de sobre la avenida oriental de las viviendas aledañas (fl.162-163). Además señaló que según la administración de turno se dijo que dicha vivienda se iba a demoler y que se iba a desviar el tráfico vehicular que pasaba por dicho sector (…).

v) Las anteriores situaciones fueron reiteradas en la acción popular presentada el 04 de octubre de 2011, por la demandante en contra del Municipio de Tunja, radicada con el Nº 15001333300720110017800 (fl. 174).

Así las cosas, se observa que los perjuicios materiales y morales que se imputan a la entidad demandada por concepto de la desvalorización de los inmuebles ubicados en la carrera 6ª Nº 20-08 y carrera 6ª Nº 20-18, no tuvieron origen en el año 2001, fecha en la que si bien es cierto mediante comunicación del 13 de febrero de ese año la demandante advirtió que se estaba corriendo la tierra y piedra, y que las casas que se encontraban en el sector estaban al borde del deslizamiento advirtiendo que debían adoptarse medidas preventivas, también lo es, que en ese momento el daño no se había consolidado pues solo persistía un posible riesgo para las viviendas del sector, más aún cuando se habían adelantado algunas obras por parte de la Administración Municipal para contener la inestabilidad del talud que fueron puestas de presente por la accionante tal como se verifica al folio 165 al señalar que se realizó la demolición de un muro de contención, excavación y retiro de piedra, construcción de anclajes en concreto, instalación de tuberías subterráneas de drenaje, recubrimiento de capa asfáltica sobre la superficie donde se presentó deslizamiento, construcción de red de alcantarillado -2001-. (fl. 165-166).

Entonces, el referido daño solo fue advertido en el año 2011, cuando la demandante el 25 de abril de esa anualidad, puso en conocimiento de la Administración Municipal la afectación sufrida poniendo de presente los perjuicios causados con posterioridad a la construcción de una edificio-casa contiguo a la vivienda en el año 2010 que contribuyó a la desestabilización del terreno y por ende afectó su inmueble; oportunidad en que la actora señaló expresamente que en el sector donde se ubica su inmueble no se presentaba ninguna tipo de abertura, ni desplazamiento de tierra, ni menos caída de piedra, pero con la construcción de la vivienda contigua y otras en dicho sector, comenzó a presentarse la caída de piedras, grietas y desfase del nivel del piso, circunstancias que se agravaron con la ola invernal, la remodelación al parqueadero de la Gobernación de Boyacá, la ruptura del alcantarillado que fue objeto la vivienda y que tuvo lugar el 20 y 21 de julio de 2011, con lo cual persistieron las filtraciones de agua, sin adoptarse medida alguna, situaciones estas que dieron lugar a fisuras, grietas, humedad, daños en la estructura de la vivienda que hicieron inhabitable la misma.

Así entonces, para el caso que nos ocupa se tiene como fecha de consolidación del daño la correspondiente al 25 de abril de 2011, toda vez que en dicha fecha la actora era consciente y conocía de la desestabilización del terreno y de los daños sobre su propiedad, por lo que el término de los 2 años de que trata el literal i), del artículo 164 del C.P.A.C.A. para interponer de manera oportuna la demanda de reparación directa vencía el día 26 de abril de 2013, y como quiera que el 08 de febrero de 2013 solicitó trámite de conciliación extrajudicial respecto de las pretensiones de declaratoria de responsabilidad del Municipio de Tunja por cuenta de los deslizamientos que afectaron el inmueble de propiedad de la demandante, habiéndose expedido la constancia que daba por agotado el requisito de procedibilidad el día 08 de abril de 2013, teniendo entonces dos (2) meses y dieciocho (18) días para interponer la demanda, los cuales vencían el 08 de julio de 2013, razón por la cual no se entiende por qué aun cuando el requisito de procedibilidad se agotó en el año 2013, sumado al hecho de que los poderes de representación judicial para el trámite de la demanda de la referencia tienen presentación personal de los demandantes de fecha 26 de abril de 2013, solo se presentó la demanda hasta el 14 de abril de 2015 (fl. 18 y 42), cuando ya había operado la caducidad del medio de control de acuerdo a la exposición precedente respecto de la consolidación del daño, por lo que es del caso declarar probada la excepción de caducidad[…]».

Contra la anterior decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue desatado por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante auto de 22 de febrero de 2018, en el que confirma la decisión del A quo, bajo las siguientes consideraciones:

«[…] Del análisis efectuado hasta aquí y especialmente, de la providencia acabada de citar, se colige que cuando se demanda la responsabilidad del Estado por omisión de alguna autoridad administrativa, el término de partida para la contabilización de la caducidad inicia desde el momento en que se incumpla la obligación legal, siempre que ese incumplimiento coincida con la producción del daño, pues en caso contrario, el término de caducidad deberá contarse a partir de dicha existencia o manifestación fáctica del mismo, ya que ésta es la primera condición para la procedencia de la acción reparatoria.

De igual forma, se colige que aunque la omisión se mantenga en el tiempo o el daño sea permanente, dicho término no se extiende de manera indeterminada.

Como se anotó en precedencia, los demandantes aducen una diversidad de daños como el desplome de tierra y la aparición de fisuras y grietas en el inmueble de su propiedad, los cuales, según su dicho, se vienen presentando aproximadamente desde el año 2001 y tuvieron lugar con ocasión a la actividad de particulares.

No obstante, el daño que se demanda en esta oportunidad se concreta en la depreciación del inmueble propiedad de los demandantes y el daño moral generado a sus propietarios por la falta de acción de parte del Municipio de Tunja al no exigir al colindante de dicho predio, la obtención de las licencias pertinentes para efectuar la construcción del edificio aledaño a su casa de habitación y que es el que les ha venido ocasionando tales daños.

En este orden de ideas, como quiera que la fuente de responsabilidad en este caso es la omisión del Municipio de Tunja, se deduce que a efectos de contabilizar el término de caducidad del medio de control, debe atenderse a la fecha en que la administración municipal tuvo conocimiento de las afectaciones al inmueble de los demandantes y aun así, dejó de actuar u omitió su deber de adelantar actividades tendientes a prevenir, controlar o mitigar los daños derivados de las obras e inmuebles que se construyeron y que generaron tal afectación.

Examinado el expediente, observa la Sala que tal como lo advirtió la a quo, las afectaciones al inmueble de su propiedad fueron puestas en conocimiento de la administración municipal de Tunja mediante derecho de petición de fecha 25 de abril de 2011 (fls.136 y 137), en el que se le señaló que desde antes del año 2001 se radicaron oficios y solicitudes escritas para exponerle la situación que se venía presentando en el sector donde está ubicada la vivienda, por la caída y desplazamiento de piedras y tierra.

En igual sentido, en dicha oportunidad se efectuó solicitud de intervención en los siguientes términos:

“(…) Hoy informo y manifiesto que el sector en se encuentra mi vivienda, no presentaba ningún tipo de abertura, ni desplazamiento de tierra, ni menos caída de piedra, pero con la construcción de vivienda contigua al lado y otras en dicho sector, comenzó a presentarse la caída de piedras como lo evidencia los rastros que existe hoy, en el trayecto de su sitio de origen a la Avenida, así mismo el lado que apareció el fin de semana, acompañado de la grieta aproximada de 30 cm y un desfase de nivel del piso de 20 cm.

Hoy elevo ante usted la petición para que intervenga como autoridad pública para satisfacción de los intereses de la comunidad en la que me encuentro y soy uno de los afectados por el peligro inminente que allí se vive y que está afectando el derecho a la vida, el derecho a la vivienda y el derecho a la igualdad de que goza todo ciudadano Colombiano, derechos fundamentales protegidos y garantizados por la Constitución Nacional”.

Como se observa, al momento de incoar el derecho de petición ante la administración municipal de Tunja, los señores Carlos A. Santamaría y Elsa Rojas Bernal pusieron de presente que los daños a su bien se venían presentando específicamente desde el momento en que se construyó el bien aledaño, y de acuerdo con el hecho 7 de la demanda, una vez tuvo inicio la ola invernal en el año 2011 se presentó el deslizamiento de terreno y caída de rocas.

Por consiguiente, para la Sala, resulta acertada la contabilización del término de caducidad a partir de la fecha en que se incoó el derecho de petición ante la administración municipal de Tunja, momento a partir del cual se podría predicar su omisión en el desarrollo de actuaciones tendientes a mitigar el daño producido en el bien.

Ahora, se tiene que resultar acertado contabilizar el término de caducidad a partir de dicha data puesto que para tal fecha ya se tenía conocimiento por parte de los demandantes sobre los daños ocasionados al inmueble de su propiedad.

Ahora, a pesar de que en su alzada, el apoderado demandante manifiesta que se trata de daños permanentes, lo cierto es que ello no es óbice para iniciar el conteo del término de caducidad, más aun cuando lo que se endilga a la administración es la desvalorización del predio, causada por efecto de su omisión administrativa, aspecto del cual ya se tenía conocimiento para el momento de incoar la petición ante la administración.

En ese orden de ideas, el término a partir del cual debió contabilizarse la caducidad del presente medio de control, en criterio de la Sala, es el 25 de abril de 2011, fecha en la cual se puso en conocimiento de la administración municipal de Tunja, los daños que se venían ocasionando al predio de los demandantes, por lo que el término de los 2 años de que trata el artículo 164 del C.P.A.C.A., venció el 25 de abril de 2013.

No obstante haberse interrumpido el término de caducidad con la presentación de las solicitud de conciliación extrajudicial, lo cual se hizo el 8 de febrero de 2013 (fl. 39), tal suspensión que se hizo por un lapso de 2 meses y 17 días, tan solo operó hasta el 8 de abril de 2013, fecha en que se expidió la constancia de no conciliación.

Por tanto, los 2 meses y 17 días que faltaban para vencerse el término de caducidad se cumplían el 25 de junio de 2013, pero la demanda se presentó hasta el 14 de abril de 2015 (fl. 18). Es decir, para el momento de radicarse la demanda de reparación directa, ya había operado el término de caducidad […]».

Pues bien, lo expuesto hasta aquí permite a la Sala establecer que en el presente caso, no ocurren los supuestos de las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela, es decir, la providencia de 21 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que confirmó la decisión del Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, de fecha 5 de julio de 2017, por medio de la cual se declaró probada la excepción de caducidad, no presenta defecto fáctico ni material o sustantivo, contrario al decir de la parte actora, por ende, no se desconocieron los derechos fundamentales de libre acceso a la administración de justicia y debido proceso.

Lo anterior, toda vez que de acuerdo con la prueba que hace parte del proceso ordinario y de la acción de tutela, la demandante tuvo la oportunidad de acceder ante un juez de la República para que estudiara y decidiera sobre la posible afectación de sus derechos con la presunta omisión de las autoridades del municipio de Tunja frente a la situación de deslizamiento y caída de piedras que se presentaba en el barrio donde vive la actora, solo que su actuación fue tardía, ya que no se acudió a la jurisdicción dentro del plazo que el artículo 164, literal i) de la Ley 1437 de 2011 previó para la interposición del medio de control de Reparación Directa.

Igualmente, de la prueba se puede concluir que se surtieron todas las etapas procesales establecidas en la ley para esta clase de procesos; así, la providencia del Tribunal Administrativo de Boyacá fue motivada cumpliendo de esta manera con el principio de publicidad, y no puede ser tachada como vía de hecho, por cuanto se observa sustentada en la ley y la jurisprudencia; además, de ser congruente con las pretensiones planteadas en el recurso de apelación, y contener un análisis del material probatorio.

Así las cosas, esta Sala de decisión observa que la corporación judicial accionada no incurrió en los defectos sustantivo ni fáctico endilgados a la providencia acusada, debido a que la misma fue proferida conforme a las normas reguladoras de su función judicial y aquella se apoyó en el material probatorio obrante en el proceso para efectuar la interpretación que consideró más ajustada al caso concreto, además de la normativa aplicable al caso, frente a lo cual se debe advertir que el juez natural del asunto goza de autonomía funcional y se presume la buena fe en sus decisiones.

De conformidad con todo lo expuesto, la Sala negará el amparo del derecho al debido proceso y acceso a la administración de justicia de la señora Elsa Rojas Bernal con ocasión de la acción de tutela por ella presentada en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO.- NEGAR el amparo del derecho al debido proceso y acceso a la administración de justicia de la señora Elsa Rojas Bernal con ocasión de la acción de tutela por ella presentada en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- NOTIFICAR a las partes esta providencia por telegrama o por el medio más expedito de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines allí contemplados.

TERCERO: En acatamiento de las disposiciones del artículo 31 ibídem, DE NO SER IMPUGNADA dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia, REMITIR el expediente a Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en Sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER
El expediente ingresó al Despacho para fallo el 12 de septiembre de 2018, según informe de la secretaría General de la Corporación.
Folio 2 y siguientes

Folio 1
Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela. En sentencia C-543 de 1992, proferida con ocasión del análisis de constitucionalidad de los artículos 11, 12, 25 y 40 del Decreto Ley 2591 de 1991, la Corte sostuvo, que atendiendo al querer del Constituyente, a la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y a la preservación de valores supremos como la seguridad jurídica, cosa juzgada y autonomía judicial, la tutela no era procedente cuando tuviera por objeto cuestionar providencias judiciales. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante decisión de 29 de enero de 1992 (AC-009) con ponencia de la Consejera Dolly Pedraza de Arenas, consideró que la acción de tutela era improcedente contra providencias judiciales, inaplicando para el efecto lo establecido en los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991. Esta tesis fue reiterada por la misma Sala Plena mediante sentencias de 3 de febrero de 1992 con ponencia del Consejero Luis Eduardo Jaramillo Mejía (AC-015), 14 de octubre de 1993 con ponencia del Consejero Libardo Rodríguez (AC-1247) y 29 de junio de 2004 con ponencia del Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda (AC-10203). Ver sobre el particular las sentencias T-483 de 1997, T-204 de 1998, T-766 de 1998 y SU-563 de 1999. Al respecto ver, entre otras, las siguientes Sentencias: Sección Primera, de 9 de julio de 2004, Exp. No. 2004-00308; y, Sección Segunda – Subsección A, de 27 de mayo de 2010, Exp. No. 2010-00559. Sentencia en la que se analizó la legalidad del artículo 185 de la Ley 906 de 2004. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias T-1009 de 1999, SU-1031 de 2001, SU-1184 de 2001, SU-159 de 2002, T-774 de 2004. También denominados requisitos generales de procedencia, y que son: i. Que el asunto tenga relevancia constitucional; ii. Que se hayan agotado los medios ordinarios y extraordinarios de defensa; iii. Que se cumpla con el requisito de inmediatez; iv. Que si se trata de una irregularidad procesal tenga efecto decisivo o determinante en la sentencia y afecte los derechos fundamentales; v. Que el interesado exponga los hechos que generan la vulneración o amenaza de sus derechos y que, además y de haber sido posible, hubiera alegado esta situación en el proceso; y, vi. Que no se trate de sentencias de tutela. También llamados requisitos generales de procedibilidad y que hacen referencia a la configuración de uno o varios de los siguientes defectos: i. Sustantivo o material; ii. Fáctico; iii. Orgánico; iv. Procedimental; vi. Desconocimiento del precedente; vii. Error inducido; viii. Ausencia de motivación; o, ix. Violación directa de la Constitución. Sobre la descripción de requisitos de forma y materiales ver la Sentencia T-007 de 2013. Al respecto ver lo sostenido en las Sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-377 de 2009 y T-178 de 2012. También es importante resaltar que ya en la Sentencia SU-014 de 2001 la Corte consideró la necesidad de superar dicho concepto y dar paso a lo que, posteriormente, se denominó error inducido [Sentencia T-462 de 2003]. Emitida en el expediente 110010315000200901328 01. T-173 de 1993
T-504 de 2000. Contra la decisión judicial cuestionada no procedía ningún otro recurso ordinario, dado que el de apelación ya había sido agotado, y es precisamente el auto que resuelve el hoy cuestionado. La acción de tutela se instauró a los 6 meses de que se notificara la providencia de segunda instancia dentro de la demanda de reparación directa cuestionada. Folio 19
Corte Constitucional, sentencia T-869 de 13e de noviembre de 2014, expediente T-4.442.069, MP, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

El ya citado autor RICARDO DE ANGEL YAGÜEZ distingue los daños duraderos de los continuados, entendiendo por los primeros, no en estricto sentido “daños” sino efectos de estos que se extienden en el tiempo, mientras que refiere a los segundos como ocurridos con ocasión de una “conducta normalmente omisiva – que comienza y permanece, produciendo daños continuados a lo largo de toda su duración” como se observa, en esta conceptualización de daño, se confunde a éste entendido como circunstancia material, con la conducta que lo produce, aspectos estos diferenciados, como se dijo, por el derecho positivo colombiano, con ocasión de lo previsto en el artículo 47 de la Ley 472 de 1998. Sobre la diferencia ente el daño y la agravación del mismo, puede consultarse: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 28 de enero de 1994. Expediente Nº 8610. Consejero Ponente. Carlos Betancur Jaramillo. Ver también sentencia del 1º de diciembre de 2016. Radicación interna: (54792). C.P.: Hernán Andrade Rincón. Sobre el particular, pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 30 de abril de 1997, exp. 11.350, C.P. Jesús María Carrillo; 11 de mayo de 2000, exp. 12.200, C.P. María Elena Giraldo; 2 de marzo de 2006, exp. 15.785, C.P. María Elena Giraldo y b27 de abril de 2011, exp. 15.518, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Condición que, como se deriva de lo sostenido por la Sala Plena de la Sección Tercera, debe analizarse de manera rigurosa. En efecto, en palabras de esta última: Frente a estos supuestos la Sala aclara, como lo ha hecho en otras oportunidades, que el término de caducidad opera por ministerio de la ley, y no puede depender de la voluntad de los interesados para ejercer las acciones sometidas a dicho término (nota Nº 9 del auto en cita: “Ver, entre otras, la sentencia del 24 de abril de 2008. C.P. Myriam Guerrero Escobar. Radicación Nº 16.699. Actor: Gilberto Torres Bahamón”), razón por la cual, en los casos en que el conocimiento del hecho dañoso por parte del interesado es posterior a su acaecimiento, debe revisarse en cada situación que el interesado tenga motivos razonablemente fundados para no haber conocido el hecho en un momento anterior pues, si no existen tales motivos, no hay lugar a aplicación de los criterios que ha establecido la sala para el cómputo del término de caducidad en caso especiales”. Auto de 9 de febrero de 2011. Exp. 38271, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 18 de octubre de 20097, exp. AG-2001-00029. C.P. Enrique Gil Botero. Sobre la diferencia entre el daño y la agravación del mismo, puede consultarse: sentencia del 28 de enero de 1994. Expediente Nº 8610. M:P: Dr. Carlos Betancur Jaramillo.

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