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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-02896-00

Acción de tutela contra providencia judicial: sentencia de segunda instancia que modifica la condena impuesta

Fecha
6 de junio de 2019
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-02896-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE Primero.- AMPÁRANSE los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de Brian Ríos Parra y Margarita Beatriz Parra Colorado. En consecuencia, DÉJASE SIN EFECTOS la providencia de 14 de junio de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”. Segundo.- ORDÉNASE al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, que en un término no mayor a veinte (20) días, contados a partir de la notificación de esta providencia, emita una decisión de reemplazo dentro del proceso de reparación directa promovido por los demandantes (expediente Nº 11001-33-36-034-2014-00051-01), con base en las razones expuestas en esta providencia. Tercero.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2018-02896-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

6 de junio de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Sentencia de segunda instancia que modifica la condena impuesta / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA - Solicitud de reconocimiento de perjuicios por lesiones ocasionados a soldado conscripto / DEFECTO FÁCTICO - Indebida valoración probatoria del acta de la Junta Médico Laboral / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL / VALOR PROBATORIO DEL ACTA DE JUNTA MÉDICO LABORAL PARA EL RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS MATERIALES E INMATERIALES EN FAVOR DE SOLDADO CONSCRIPTO - Existe posición uniforme en la Sección Tercera del Consejo de Estado / ACTA DE JUNTA MÉDICO LABORAL - Constituye una prueba idónea para acreditar los perjuicios materiales e inmateriales / DAÑO MORAL Y A LA SALUD - Se debe tazar conforme al porcentaje de perdida de la capacidad laboral / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD

[S]e observa que el fallo dictado por el tribunal accionado consideró que no accedía al reconocimiento el daño material (lucro cesante), toda vez que no se aportó una prueba diferente al acta de la Junta Médica Laboral que demuestre la alteración o pérdida funcional o su afectación anatómica que le restrinjan, limite o impidan su desempeño social o familiar (…) [S]e observa que el accidente sufrido en la pierna derecha le causó una Gonalgia Crónica Derecha, lo que le generó una pérdida de la capacidad laboral del 29.96%, razón por la cual el lucro cesante debió tasarse conforme a dicho porcentaje, teniendo como prueba conducente el acta de la Junta Médica Laboral (…) Así mismo, en sentencia de 19 de mayo de 2019, la Sala advirtió que “el acta de la junta médico laboral de las fuerzas militares determina el grado de discapacidad respecto de la actividad militar, así lo dispone el decreto 1796 de 2000, de tal manera que la liquidación por lucro cesante se efectúa con base en lo acreditado dentro del proceso y en todo caso, recuérdese que el Consejo de Estado Sección Tercera, a través de las diferentes Subsecciones, utiliza unas presunciones de hecho que, en el evento en que no sean desvirtuadas por la entidad demandada, se aplican para efectos de dicha liquidación”. En ese orden de ideas, la Sala mantiene su posición antes trascrita, toda vez que la Sección Tercera del Consejo de Estado en la decisión de unificación como en otros pronunciamientos, ha reconocido el lucro cesante partiendo del acta de la Junta Médica Laboral, razón por la cual la autoridad judicial accionada debió acceder a dicha pretensión. Por consiguiente, se demostró la ocurrencia de un defecto fáctico por la falta de valoración del acta de la Junta Médica Laboral con el fin de determinar la tasación del lucro cesante (…) [E]s claro que la autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente judicial, pues al señor [B.R.P] se le diagnosticó una pérdida de la capacidad laboral del 29.96%, tal como quedó plasmada en el acta de la Junta Médica Laboral, lo que equivale a una tasación del daño a la salud por 40 SMLMV y no de 20 SMLMV, que fue lo reconocido por el tribunal demandado. Además de lo anterior, se debe aclarar que la verificación de la alteración o cambio del comportamiento de la persona en el entorno social, es una circunstancia para tener en cuenta si se pretende superar los montos establecidos en las tablas de acuerdo a la pérdida de la capacidad laboral, circunstancia que si se llegase a probar en el proceso ordinario aumentaría el monto de la indemnización, pero no un requisito para establecer el reconocimiento de dicho perjuicio, pues diferente es el reconocimiento a la tasación del perjuicio (…) Ahora bien, el hecho de que la autoridad judicial accionada redujera el monto de la tasación del daño a la salud por debajo del tope establecido para el porcentaje de perdida de la capacidad que se le impuso al demandante, bajo los argumentos ya puestos de presente por la Sala, desconoce la regla jurisprudencial establecida por la Sección Tercera del Consejo de Estado en su sentencia de unificación.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., seis (6) de junio de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-02896-00(AC)

Actor: BRIAN RÍOS PARRA Y MARGARITA BEATRIZ PARRA COLORADO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela contra providencia judicial. Defecto fáctico. Reparación directa por daño a la salud y lucro cesante de soldado conscripto. Aplicación de topes fijados en sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la solicitud de tutela promovida por Brian Ríos Parra y Margarita Beatriz Parra Colorado, quienes actúan a través de apoderado, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, en la que piden el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, que consideró vulnerados con la sentencia de 14 de junio de 2018, que modificó la decisión del Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo de Bogotá de 21 de febrero de 2017, en la que declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños sufridos como consecuencia de la mengua que se le causó al actor durante la prestación del servicio militar obligatorio y redujo lo relativo al daño a la salud.

I. ANTECEDENTES

Hechos

De la lectura de los expedientes de tutela y ordinario, se destaca la siguiente información:

El señor Brian Ríos Parra ingresó al Ejército Nacional para prestar el servicio militar obligatorio y el 3 de junio de 2013, durante su turno de centinela se le derrumbó un muro de una construcción del batallón ASPC Nº 14 “Cacique Pipatón”, el cual le generó una fractura en su pierna derecha.

La Dirección de Sanidad del Ejército Nacional elaboró el acta de Junta Médica Laboral Nº 70.608 de 12 de agosto de 2014, donde se determinó que el demandante quedó con secuelas físicas de carácter permanente en su extremidad inferior derecha, así como una incapacidad laboral equivalente al 29.96%.

Los accionantes interpusieron demanda de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, con el fin de que se declarara la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que sufrió el señor Brian Ríos Parra durante la prestación del servicio militar obligatorio.

El Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo de Bogotá en audiencia de alegaciones y juzgamiento de 21 de febrero de 2017, concedió las pretensiones de la demanda y condenó al Estado al pago en favor de Brian Ríos Parra por el daño moral ($29´508.680), a la salud ($29.508.680, equivalentes a 40 SMLMV) y el lucro cesante ($64.058.858), y a Margarita Beatriz Parra Colorado por el daño moral (29´508.680).

Contra la anterior decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, mediante sentencia de 14 de junio de 2018, la modificó en el sentido de que al señor Brian Ríos Parra se le reconociera el daño moral (40 SMLMV) y a la salud (20 SMLMV), y a la señora Margarita Beatríz Parra Colorado (40 SMLMV). Por lo demás, negó el daño material, en razón a que no se demostró que las secuelas que sufrió fuesen de la magnitud que le impidan desarrollar una actividad económica.

2. Fundamentos de la acción

Los demandantes consideraron que la autoridad judicial accionada incurrió en “defecto fáctico por desconocimiento de la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado”, toda vez que no analizó en debida forma la prueba del acta de la Junta Médica Laboral al momento de estudiar el perjuicio material (lucro cesante) y, además, desconoció la providencia de 28 de agosto de 2014, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado en la cual se estableció una regla para liquidar el daño a la salud de las personas lesionadas, pues de acuerdo a esta se le debió reconocer 40 SMLMV por daño a la salud y no de 20 SMLMV como se estableció en la sentencia atacada.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela los demandantes pidieron que “se modifique parcialmente y/o deje sin efectos jurídicos la sentencia dictada el día 14 de junio de 2018 y notificada por correo electrónico el día 26 de junio dentro del medio de control de Reparación Directa No. 11001 33 36 034 2014-00051-01 actor: Brian Ríos Parra y Otra contra: La Nación – Ministerio de Defensa (Ejército Nacional), y en su lugar, se ordene emitir una nueva decisión en donde se condene a la entidad pública demandada al pago de los perjuicios materiales y daño a la salud sufridos por el peticionario”.

4. Pruebas relevantes

El demandante aportó los siguientes documentos:

Copia del acta de la audiencia de alegaciones y juzgamiento de 21 de febrero de 2017, dictada por el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo de Bogotá, por medio de la cual se declaró la responsabilidad patrimonial del Estado en el proceso de reparación directa que inició los accionantes contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.
Copia de la providencia de 14 de junio de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”.

5. Trámite procesal

En auto de 24 de agosto de 2018, el despacho admitió la demanda y ordenó notificar a los demandantes y a la autoridad judicial demandada. Igualmente, al Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo de Bogotá, al Ministerio de Defensa Nacional, al Ejército Nacional y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 80907, 80908, 80909, 80910, 80911, 80912 y 80913, todos del 31 de agosto de 2018, a fin de darle cumplimiento a la referida decisión.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”

En escrito de 4 de septiembre de 2018, la magistrada ponente pidió que no se ampararan los derechos fundamentales invocados, toda vez que la decisión judicial proferida se dictó con total apego a las pruebas aportadas al expediente y atendiendo el precedente judicial del Consejo de Estado.

Señaló que no se incurrió en defecto fáctico, toda vez que se valoró en debida forma el acta de la Junta Médica Laboral de la cual se concluyó que esa prueba no acreditaba el lucro cesante que reclamaron los accionantes.

Indicó que para tasar la indemnización por daño a la salud, no es relevante el porcentaje de la disminución de la capacidad laboral, pues lo que realmente determina es la gravedad de la alteración psicofísica del afectado, es decir, la gravedad de las lesiones, por lo que insistió que los dictámenes que determinan la disminución de la capacidad productiva no constituyen la única prueba que se debe tener en cuenta para acreditar el mencionado perjuicio.

Finalmente, aseguró que la razonabilidad del argumento ha sido acogida en sede de tutela por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en la sentencia de 14 de julio de 2018.

6.2. Respuesta del Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo de Bogotá

En memorial radicado el 5 de septiembre de 2018, la titular del despacho solicitó que se denieguen las pretensiones invocadas en la acción de tutela, pues la sentencia dictada en primera instancia tuvo en cuenta el acta de la Junta Médica Laboral y con total apego a la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014 de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

6.3. Respuesta del Ministerio de Defensa Nacional

En escrito de 4 de septiembre de 2018, la coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional pidió que se nieguen las pretensiones de los demandantes al resultar improcedente la solicitud de amparo, pues la autoridad judicial accionada tuvo en consideración la totalidad del acervo probatorio allegado al proceso en el que se demostró que no allegó algún elemento de convicción que demostrara los perjuicios materiales y el daño a la salud que le fueron causados por parte de la entidad.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

Delimitación y planteamiento del problema jurídico

2.1. Los demandantes en el escrito de tutela afirmaron que la autoridad judicial accionada incurrió en “defecto fáctico por desconocimiento de la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado”. Sin embargo, del desarrollo de sus argumentos la Sala observó que el defecto fáctico está relacionado con la indebida valoración del acta de la Junta Médica Laboral frente al lucro cesante y, por otra parte, el desconocimiento del precedente judicial lo invocó respecto al daño a la salud y su tasación.

2.2. Por lo anterior, le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, mediante la decisión de 14 de junio de 2018, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, bajo el argumento de que incurrió en i) defecto fáctico por valorar defectuosamente el acta de la Junta Médica Laboral como elemento de convicción que demostraba el perjuicio material en la modalidad de lucro cesante y ii) en desconocimiento del precedente judicial, al no aplicar la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado relativa a la tasación del daño a la salud.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los siguientes: (i) Defecto orgánico; (ii) Defecto procedimental absoluto; (iii) Defecto fáctico; (iv) Defecto material o sustantivo; (v) Error inducido; (vi) Decisión sin motivación; (vii) Desconocimiento del precedente y (viiii) Violación directa de la Constitución.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y de la Corte Constitucional.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. El acta de la Junta Médica Laboral como prueba idónea para la acreditación y reconocimiento del lucro cesante derivado de lesiones, según la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado

Con el fin de garantizar coherencia y unidad en las decisiones judiciales, la Sala seguirá las pautas jurisprudenciales trazadas en la sentencia de 15 de mayo de 2019, efectuando algunas variaciones relevantes para el caso concreto.

En diferentes decisiones adoptadas por las Subsecciones de la Sección Tercera del Consejo de Estado, se ha indicado cuál es la prueba idónea para la acreditación y reconocimiento de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante en los eventos de los daños causados a miembros de la fuerza pública, específicamente, los conscriptos o soldados regulares. Algunas de esas decisiones, son las siguientes:

En sentencia del 1° de julio de 2004 (expediente 1995-04903-01), la Sección Tercera del Consejo de Estado liquidó la indemnización por lucro cesante de conformidad con el porcentaje de pérdida de capacidad laboral determinada por la Junta Médico Laboral. Es decir, fue reconocida la indemnización por lucro cesante con base en la estimación de pérdida de capacidad laboral realizada por la Junta Médico Laboral. La liquidación de la indemnización por lucro cesante fue realizada así:

“Para efectuar la liquidación se tendrán en cuenta dos períodos, consolidado y futuro, y las siguientes pautas:

Se parte de $193.751, valor del salario devengado por el demandante el 1º de marzo de 1994, día de ocurrencia del hecho, el cual fue certificado por el Jefe de la Unidad de Informática oficina de planeación de la Policía Nacional (fol. 92 c. ppal).

Se sigue con la actualización de esa base económica desde la ocurrencia del hecho hasta la fecha de la sentencia.

Y se liquida sobre 45.71% de esa suma actualizada, porcentaje que corresponde a la disminución de la capacidad laboral”.

En sentencia del 10 de marzo de 2011 (expediente 19159), la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado estudió el caso de una persona lesionada durante la prestación del servicio militar obligatorio en la Policía Nacional y que perdió el 39,8% de la capacidad laboral, de conformidad con el acta de la Junta Médico Laboral. En esta oportunidad, el porcentaje de pérdida de capacidad laboral fue adoptado como factor para efectos de calcular la indemnización por lucro cesante. En lo que interesa, la Sección Tercera dijo:

“Frente a lo anterior precisa la Sala que, mientras esté establecido el carácter cierto del daño —pérdida o disminución de la capacidad laboral— aunque en ese preciso momento la víctima no desarrolle una actividad económicamente productiva —el joven A.G. se encontraba prestando el servicio militar obligatorio—, tiene derecho a que se le indemnice, a título de lucro cesante, la pérdida o aminoración de la posibilidad que tenía de ganarse la vida en una actividad lucrativa empleando el 100% de su capacidad laboral. Tal razonamiento deriva de entender a la víctima a partir de su dignidad e integridad humanas, que no pueden verse quebrantadas a raíz del daño y que deben permanecer indemnes a pesar de él, para que pueda quedar en una posición frente a la vida y a las posibilidades que ella le ofrezca, como si el daño no hubiera ocurrido o lo más cercano a una situación tal.

49. En el caso bajo análisis se tiene acreditado que como consecuencia de las lesiones sufridas el 15 de abril de 19XX, el exsoldado C.A.A.G. quedó con una pérdida de su capacidad laboral de forma definitiva y permanente, en una proporción del 39.58%, con base en la cual, procede la Sala a liquidar tanto el lucro cesante consolidado, como el futuro.

50. En cuanto al período de tiempo a indemnizar, este va desde el momento en el cual el perjuicio se evidenció, esto es, el 17 de julio de 19XX, fecha en la que el soldado A.G. fue licenciado por tiempo de servicio militar cumplido, es decir, a partir de ese día el joven A.G. se encontraba en la posibilidad de desempeñar una actividad económicamente productiva, con el uso del 100% de sus capacidades, lo cual no ocurrió en tanto que durante su período de conscripción le sobrevino una lesión que lo dejo con su capacidad laboral aminorada; hasta el límite de la vida probable del lesionado”.

En sentencia del 7 de junio de 2011 (expediente 22462), al estudiar el caso de un conscripto lesionado durante la prestación del servicio militar obligatorio, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado reconoció y liquidó los perjuicios por lucro cesante con base en el porcentaje de pérdida de capacidad laboral estimado por la Junta Médico Laboral. En lo que interesa, esa providencia señala lo siguiente:

“La suma correspondiente al valor del salario mínimo, $535.600, deberá incrementarse en un 25%, por concepto de prestaciones sociales, esto es $669.500, y a ésta se le calculará el 30.04% correspondiente a la pérdida de la capacidad laboral dictaminada por la Junta Medica Laboral, lo cual arroja como resultado $201.117, suma a partir de la cual se liquidará la indemnización debida y futura reclamada por el actor”.

En el mismo sentido, la propia sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, expediente 31172, en el que se demandó por la responsabilidad del Estado por las lesiones padecidas por el soldado regular, se tuvo en cuenta el acta de la junta médica laboral del Ejército Nacional para el reconocimiento de los perjuicios del orden material

Así las cosas, la Sala advierte que existe una línea uniforme en la Sección Tercera del Consejo de Estado, aun cuando no se haya dictado sentencia de unificación, en cuanto a que, el acta de la Junta Médico Laboral, corresponde a una prueba idónea para la determinación y liquidación de los perjuicios materiales en la modalidad del lucro cesante, en los eventos de daños causados a miembros de la fuerza pública (soldados regulares). No existe disposición o norma dentro del ordenamiento jurídico que determine que dicha acta, como prueba documental, sea insuficiente para acreditar el grado de discapacidad.

Con todo, el acta de la junta médico laboral de las fuerzas militares determina el grado de discapacidad respecto de la actividad militar, así lo dispone el decreto 1796 de 2000, de tal manera que la liquidación por lucro cesante se efectúa con base en lo acreditado dentro del proceso y en todo caso, recuérdese que el Consejo de Estado Sección Tercera, a través de las diferentes Subsecciones, utiliza unas presunciones de hecho que, en el evento en que no sean desvirtuadas por la entidad demandada, se aplican para efectos de dicha liquidación.

5. El daño a la salud en materia de responsabilidad extracontractual del Estado y la posición de la Sección Tercera del Consejo de Estado

En el ordenamiento jurídico colombiano el derecho a la salud está consagrado en el artículo 49 de la Constitución Política. Así mismo, la Corte Constitucional lo ha catalogado como una garantía fundamental de naturaleza autónoma, sin que sea necesario demostrar la conexidad con otro derecho, lo que posteriormente se elevó a rango de Ley Estatutaria 1751 de 2015.

El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de forma expresa se reconoce el derecho a la salud. Igualmente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 12 reconoce “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, lo que se acompasa con lo previsto en el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador), consagra que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el grado de bienestar más alto a nivel físico, mental y social.

Aunado a lo anterior, se observa que toda esta normatividad está en armonía con la definición de salud que ha dado la Organización Mundial de la Salud, OMS, según la cual “es el estado completo de bienestar físico, psíquico y social, no circunscrito a la ausencia de afecciones y enfermedades”, definición que también fue acogida por la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional.

Por lo anterior, la Sección Tercera del Consejo de Estado, órgano especializado en asuntos de responsabilidad civil contractual y extracontractual del Estado, en sus pronunciamientos desarrolló el daño a la salud como una tipología autónoma consistente en las lesiones graves que afecten la integridad psicofísica del ciudadano.

En las sentencias de unificación de 14 de septiembre de 2011, la Sección Tercera del Consejo de Estado se refirió al daño a la salud en los siguientes términos:

“El daño a la salud gana claridad, exactitud y equidad donde los precisados perjuicios la pierden, puesto que siempre está referido a la afectación de la integridad psicofísica del sujeto, y está encaminado a cubrir no sólo la modificación de la unidad corporal sino las consecuencias que las mismas generan, razón por la que, sería comprensivo de otros daños como el estético, el sexual, el psicológico, entre otros, sin que existiera la necesidad de ampliar en demasía la gama o haz de daños indemnizables, con lo que se conseguiría una sistematización del daño no patrimonial. En otros términos, se insiste, en Colombia el sistema indemnizatorio está limitado y no puede dar lugar a que se abra una multiplicidad de categorías resarcitorias que afecten la estructura del derecho de daños y la estabilidad presupuestal que soporta un efectivo sistema de responsabilidad patrimonial del Estado, motivo por el que, se itera, cuando el daño se origine en una lesión psíquica o física de la persona el único perjuicio inmaterial, diferente al moral que será viable reconocer por parte del operador judicial será el denominado “daño a la salud o fisiológico”, sin que sea posible admitir otras categorías de perjuicios en este tipo de supuestos y, mucho menos, la alteración a las condiciones de existencia, categoría que bajo la égida del daño a la salud pierde relevancia, concreción y pertinencia para indemnizar este tipo de afectaciones. En ese orden de ideas, el concepto de salud comprende diversas esferas de la persona, razón por la que no sólo está circunscrito a la interna, sino que comprende aspectos físicos y psíquicos, por lo que su evaluación será mucho más sencilla puesto que ante lesiones iguales corresponderá una indemnización idéntica. Por lo tanto, no es posible desagregar o subdividir el daño a la salud o perjuicio fisiológico en diversas expresiones corporales o relacionales (v.gr. daño estético, daño sexual, daño relacional familiar, daño relacional social), pues este tipo o clase de perjuicio es posible tasarlo o evaluarlo, de forma más o menos objetiva, con base en el porcentaje de invalidez decretado por el médico legista.

(…)

El “daño a la salud” –esto es el que se reconoce como proveniente de una afectación a la integridad psiocofísica– ha permitido solucionar o aliviar la discusión, toda vez reduce a una categoría los ámbitos físico, psicológico, sexual, etc., de tal forma que siempre que el daño consista en una lesión a la salud, será procedente establecer el grado de afectación del derecho constitucional y fundamental (artículo 49 C.P.) para determinar una indemnización por ese aspecto, sin que sea procedente el reconocimiento de otro tipo de daños (v.gr. la alteración de las condiciones de existencia), en esta clase o naturaleza de supuestos.

(…)

Se adopta el concepto de daño a la salud, como perjuicio inmaterial diferente al moral que puede ser solicitado y decretado en los casos en que el daño provenga de una lesión corporal, puesto que el mismo no está encaminado al restablecimiento de la pérdida patrimonial, ni a la compensación por la aflicción o el padecimiento que se genera con aquél, sino que está dirigido a resarcir económicamente –como quiera que empíricamente es imposible– una lesión o alteración a la unidad corporal de la persona, esto es, la afectación del derecho a la salud del individuo”.

El daño a la salud lo definió la Sección Tercera de esta Corporación como el perjuicio o mengua proveniente de una lesión corporal o alteración a la unidad corporal de la persona, el cual se debe resarcir si se demuestra dentro del proceso ordinario.

Ahora bien, en los mencionados pronunciamientos, se estableció que el daño a la salud se repara con base en dos componentes:

“i) uno objetivo determinado con base en el porcentaje de invalidez decretado y ii) uno subjetivo, que permitirá incrementar en una determinada proporción el primer valor, de conformidad con las consecuencias particulares y específicas de cada persona lesionada. Así las cosas, el daño a la salud permite estructurar un criterio de resarcimiento fundamentado en bases de igualdad y objetividad, de tal forma que se satisfaga la máxima ‘a igual daño, igual indemnización’” . (Negrilla y subraya de la Sala)

La Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencias de unificación el 28 de agosto de 2014, estableció que por regla general la indemnización de dicho daño, se realizará de la siguiente forma:

“Para la reparación del daño a la salud se reiteran los criterios contenidos en las sentencias de unificación del 14 de septiembre de 2011, exps. 19031 y 38222, proferidas por esta misma Sala, en el sentido de que la regla en materia indemnizatoria, es de 10 a 100 SMMLV, sin embargo en casos de extrema gravedad y excepcionales se podrá aumentar hasta 400 SMMLV, siempre que esté debidamente motivado.

Lo anterior, en ejercicio del arbitrio iudice, para lo cual se tendrá en cuenta la gravedad y naturaleza de la lesión padecida, para tal efecto se utilizarán –a modo de parangón– los siguientes parámetros o baremos:

GRAVEDAD DE LA LESIÓN

Víctima

Igual o superior al 50%

100 SMMLV
Igual o superior al 40% e inferior al 50%

80 SMMLV
Igual o superior al 30% e inferior al 40%

60 SMMLV
Igual o superior al 20% e inferior al 30%

40 SMMLV
Igual o superior al 10% e inferior al 20%

20 SMMLV
Igual o superior al 1% e inferior al 10%

10 SMMLV

(…)”.

Por otro lado, una vez fijada la regla general de indemnización, también se estimó que en los casos de extrema gravedad y excepcionales se podrá aumentar hasta 400 SMMLV, siempre que esté debidamente motivado. Dicho criterio se precisó en la sentencia de unificación del mismo día correspondiente al expediente Nº: 28804 (M.P.: Stella Conto Díaz del Castillo), en los siguientes términos:

“En primer lugar, es necesario aclarar que, a la luz de la evolución jurisprudencial actual, resulta incorrecto limitar el daño a la salud al porcentaje certificado de incapacidad, esto es, a la cifra estimada por las juntas de calificación cuando se conoce. Más bien se debe avanzar hacia un entendimiento más amplio en términos de gravedad de la afectación corporal o psicofísica, debidamente probada dentro del proceso, por cualquiera de los medios probatorios aceptados, relativa a los aspectos o componentes funcionales, biológicos y psíquicos del ser humano. Para lo anterior el juez deberá considerar las consecuencias de la enfermedad o accidente que reflejen alteraciones al nivel del comportamiento y desempeño de la persona dentro de su entorno social y cultural que agraven la condición de la víctima. Para estos efectos, de acuerdo con el caso, se podrán considerar, entre otras, las siguientes variables:

• La pérdida o anormalidad de la estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica (temporal o permanente)
• La anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura corporal o mental.
-La exteriorización de un estado patológico que refleje perturbaciones al nivel de un órgano.
• La reversibilidad o irreversibilidad de la patología.
• La restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad normal o rutinaria.
• Excesos en el desempeño y comportamiento dentro de una actividad normal o rutinaria.
• Las limitaciones o impedimentos para el desempeño de un rol determinado.
• Los factores sociales, culturales u ocupacionales.
• La edad.
• El sexo.
• El dolor físico, considerado en sí mismo.
• El aumento del riesgo vital o a la integridad
• Las condiciones subjetivas que llevan a que una determinada clase de daño sea especialmente grave para la víctima (v.gr. pérdida de una pierna para un atleta profesional)

Prima facie, la distinción podría parecer un simple matiz, por lo que se ha de insistir en las implicaciones de esta precisión. Básicamente, se cambia de una concepción primordialmente cuantitativa en donde el criterio de tasación consiste en un porcentaje, a una concepción cualitativa del daño objetivo, en la que lo que predomina es la noción de gravedad de la alteración psicofísica, frente a la cual existe libertad probatoria. Sobre este punto la Sala a de insistir en que no hay en la Constitución o en la normatividad infraconstitucional fundamento alguno para constituir los dictámenes sobre porcentajes de invalidez de las juntas de calificación de invalidez en prueba única e incontestable de la gravedad del daño.

Por lo demás, se ha de notar que el concepto cualitativo de alteración psicofísica tiene una mayor extensión el relacionado con el mero porcentaje de incapacidad, especialmente cuando éste se entiende referido a lo meramente laboral. Esto es así porque existen circunstancias de afectación a la integridad física o de limitación de funciones, cuya gravedad y aptitud para afectar la calidad de vida no se alcanzan a reflejar adecuadamente en la medición meramente cualitativa de la incapacidad. Este es el caso de lo que en algunas ocasiones se ha llamado daño estético (subsumido dentro de esta dimensión del daño a la salud) o la lesión de la función sexual, componentes del daño a la salud que muy difícilmente se consideran constitutivos de incapacidad.
(…)

En conclusión se puede decir que se avanza a una noción más amplia del daño a la salud, que se pasa a definir en términos de alteración psicofísica que el sujeto no tiene el deber de soportar, sin importar su gravedad o duración y sin que sea posible limitar su configuración a la existencia de certificación sobre la magnitud de la misma”.

De acuerdo con lo anterior, se observa que las sentencias de unificación establecieron (i) como regla general una tasación del daño a la salud de 10 a 100 SMLMV y, (ii) excepcionalmente, en casos de extrema gravedad hasta de 400 SMLMV. Frente a estos últimos, se pasó de una concepción cuantitativa del criterio de incremento de tasación, consistente en un porcentaje, a una concepción cualitativa del daño objetivo, en la que predomina la noción de gravedad de la alteración psicofísica, con el fin de que aquellas lesiones que afectan la integridad física y que no se alcanzan a reflejar adecuadamente, puedan ser reconocidas y tasadas.

Así las cosas, lo que se pretendió fue ampliar la noción del daño a la salud, pues de acuerdo a la sentencia de unificación, la tasación con la óptica cuantitativa se limitaba a lo establecido en el porcentaje determinado en las juntas de calificación, cuando en algunos casos la afectación superaba el mencionado porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral, es decir, se podían generar alteraciones a nivel del comportamiento y desempeño de la persona dentro de su entorno social y cultural que agravan la condición de la víctima, factores que no son tenidos en cuenta en las actas de dichas juntas y que debían ser tasados.

En consecuencia, cuando se trate de un caso excepcional y de extrema gravedad, es posible incrementar el monto reconocido hasta 400 SMLMV, siempre que esté debidamente motivado en las pruebas que se aporten en debida forma al proceso, todo ello con aplicación del prudente juicio del juez (arbitrio iudice), para lo cual se tendrá en cuenta la gravedad y la naturaleza de la lesión padecida.

6. Estudio y solución del caso concreto

6.1. Verificación de los requisitos generales de procedibilidad

La Sala encuentra que los requisitos generales están cumplidos en el asunto bajo estudio, por cuanto goza de la relevancia constitucional necesaria para el estudio de fondo por parte del juez de tutela. La providencia atacada se dictó en el marco del recurso de apelación, por lo que la actora no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial. Igualmente, la acción de tutela se instauró dentro de los 6 meses establecidos como plazo razonable precisado por esta Corporación. Asimismo, los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de manera clara y, por último, la acción de tutela no es contra un fallo de la misma naturaleza.

6.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, incurrió en defecto fáctico por no valorar en debida forma el acta de la Junta Médica Laboral frente al reconocimiento de los perjuicios materiales en su modalidad de lucro cesante

6.2.1. Frente a la valoración probatoria de las autoridades judiciales, es necesario precisar que la Corte Constitucional ha sostenido que se configura un defecto fáctico cuando el juez ha “dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al proceso, o que en la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya desconocido manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos casos, que la prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal trascendencia que sea capaz de determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos supuestos es posible la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, de manera que cuando los mismos no satisfagan estas exigencias, no procede el amparo constitucional pues se trata de situaciones que se sustraen al ámbito funcional de esta jurisdicción”.

Así mismo, ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse defecto fáctico: 1) Una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez; 2) Una dimensión positiva, que se presenta generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador desconoce la Constitución.

6.2.2. Ahora bien, descendiendo al caso bajo estudio, se constató que en la sentencia de 14 de junio de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, modificó la providencia de primera instancia con el fin de reducir la tasación reconocida por concepto de daño a la salud y negó el lucro cesante. Por consiguiente, frente al perjuicio material manifestó lo siguiente:

“5. La indemnización del daño material

(…)
45. Por su parte, la apelante indicó que no se acreditó que la víctima desempeñara alguna labor antes de ingresar a la institución castrense, como tampoco que después de retirarse de la institución castrense no hubiese podido conseguir empleo como consecuencia del hecho dañoso, por lo que la indemnización reconocida por este perjuicio debe ser revocada.

46. Al respecto, la sala advierte que le asiste razón al apelante, pues no se acreditó que por estos hechos el demandante no hubiese podido desempeñar alguna actividad productiva con posterioridad a su desvinculación de la institución castrense.

47. Además, esta sala considera que las secuelas que el demandante sufrió como consecuencia del hecho (callo óseo doloroso tibia derecha – B) gonalgia derecha crónica), estas no son de tal magnitud que le impidan desarrollar una actividad economía (sic).

(…)

49. Entonces, es claro que la valoración realizada al demandante por parte de la Junta Médica Laboral, estableció su disminución de la capacidad laboral en función del desempeño militar, y no de una actividad laboral diferente a aquella.

50. Por lo anterior, es evidente que la parte demandante no probó que la enfermedad que adquirió en desarrollo de su servicio militar obligatorio le hubiese causado algún tipo de detrimento en su patrimonio, por el que fuera necesario indemnizarlo por este concepto”.

Al respecto, se observa que el fallo dictado por el tribunal accionado consideró que no accedía al reconocimiento el daño material (lucro cesante), toda vez que no se aportó una prueba diferente al acta de la Junta Médica Laboral que demuestre la alteración o pérdida funcional o su afectación anatómica que le restrinjan, limite o impidan su desempeño social o familiar.

Pese a lo anterior, la Sala constató que en el acta de la Junta Médica Laboral Nº 70608 de 12 de agosto de 2014, al señor Brian Ríos Parra se le diagnosticó lo siguiente:

“1). PACIENTE QUIEN DURANTE ACTOS DEL SERVICIO SUFRE FRACTURA DIAFISIARIA DE TIBIA DERECHA VALORADO Y TRATADO POR ORTOPEDIA Y FISIATRIA QUE DEJA COMO SECUELA A) CALLO OSEO DOLOROSO TIBIA DERECHA – B) GONALGIA DERECHA CRONICA FIN DE LA TRASCRIPCIÓN”.

De lo trascrito, se observa que el accidente sufrido en la pierna derecha le causó una Gonalgia Crónica Derecha, lo que le generó una pérdida de la capacidad laboral del 29.96%, razón por la cual el lucro cesante debió tasarse conforme a dicho porcentaje, teniendo como prueba conducente el acta de la Junta Médica Laboral.

Ahora bien, esta Sección en pronunciamiento de 7 de marzo de 2018, resolvió un asunto similar, en el que se afirmó que dicha acta demostraba la configuración del lucro cesante, con sustento en lo siguiente:

“En primer lugar, la Sala advierte que si bien la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 no se ocupó de analizar si el acta de la Junta Médico Laboral Militar es prueba suficiente para reconocer perjuicios por lucro cesante, lo cierto es que esa providencia reconoció lucro cesante y lo tasó conforme con la pérdida de capacidad laboral que dictaminó la Junta Médico Laboral Militar.

(…)

Es decir, en esa sentencia, la Sección Tercera del Consejo de Estado no discurrió sobre si la pérdida de capacidad laboral comprendía únicamente el servicio militar u otro tipo de actividades económicas. De hecho, en las demás sentencias que invocó el demandante para sustentar el desconocimiento del precedente, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha reconocido y liquidado el perjuicio por lucro cesante a partir de la pérdida de capacidad laboral que se establece en el acta de la Junta Médica Laboral Militar.

(…)

En consecuencia, la Sala estima que la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sí debió disponer el reconocimiento de los perjuicios por daño a la salud y lucro cesante, que debió tasar conforme con los parámetros establecidos por la Sección Tercera de esta Corporación”.

Así mismo, en sentencia de 19 de mayo de 2019, la Sala advirtió que “el acta de la junta médico laboral de las fuerzas militares determina el grado de discapacidad respecto de la actividad militar, así lo dispone el decreto 1796 de 2000, de tal manera que la liquidación por lucro cesante se efectúa con base en lo acreditado dentro del proceso y en todo caso, recuérdese que el Consejo de Estado Sección Tercera, a través de las diferentes Subsecciones, utiliza unas presunciones de hecho que, en el evento en que no sean desvirtuadas por la entidad demandada, se aplican para efectos de dicha liquidación” .

En ese orden de ideas, la Sala mantiene su posición antes trascrita, toda vez que la Sección Tercera del Consejo de Estado en la decisión de unificación como en otros pronunciamientos, ha reconocido el lucro cesante partiendo del acta de la Junta Médica Laboral, razón por la cual la autoridad judicial accionada debió acceder a dicha pretensión. Por consiguiente, se demostró la ocurrencia de un defecto fáctico por la falta de valoración del acta de la Junta Médica Laboral con el fin de determinar la tasación del lucro cesante.

6.3. La autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente de la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, respecto a la tasación del daño a la salud

6.3.1. Cuando se hace referencia al precedente judicial, se alude a la forma en que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado y que sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso.

La Corte Constitucional ha dicho que la aplicación del precedente judicial implica que: «un caso pendie nte de decisión debe ser fallado de conformidad con el (los) caso (s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación».

6.3.2. Descendiendo al sub examine, la autoridad judicial accionada manifestó que “la sola prueba constituida por el concepto de la Junta Médico Militar respecto de la capacidad sicofísica del lesionado, no es indicativa de que por causa de tales lesiones, él presente alguna alteración o anomalías, defectos o pérdidas de tal gravedad, que restrinjan, limiten o impidan su desempeño social o familiar al punto de un reconocimiento que justifique el reconocimiento del tope máximo fijado por la jurisprudencia para un porcentaje de disminución de la capacidad laboral del 29.96% (40 smlmv), como lo indicó el a quo”, razón por la cual los redujo a 20 SMLMV.

Al respecto, se debe precisar que de acuerdo a la sentencia de 28 de agosto de 2014, la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó la jurisprudencia para la tasación del daño a la salud, en los siguientes términos:

GRAVEDAD DE LA LESIÓN

VÍCTIMA

Igual o superior al 50%

100 SMMLV
Igual o superior al 40% e inferior al 50%

80 SMMLV
Igual o superior al 30% e inferior al 40%

60 SMMLV
Igual o superior al 20% e inferior al 30%

40 SMMLV
Igual o superior al 10% e inferior al 20%

20 SMMLV
Igual o superior al 1% e inferior al 10%

10 SMMLV

Por lo anterior, es claro que la autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente judicial, pues al señor Brian Ríos Parra se le diagnosticó una pérdida de la capacidad laboral del 29.96%, tal como quedó plasmada en el acta de la Junta Médica Laboral, lo que equivale a una tasación del daño a la salud por 40 SMLMV y no de 20 SMLMV, que fue lo reconocido por el tribunal demandado.

Además de lo anterior, se debe aclarar que la verificación de la alteración o cambio del comportamiento de la persona en el entorno social, es una circunstancia para tener en cuenta si se pretende superar los montos establecidos en las tablas de acuerdo a la pérdida de la capacidad laboral, circunstancia que si se llegase a probar en el proceso ordinario aumentaría el monto de la indemnización, pero no un requisito para establecer el reconocimiento de dicho perjuicio, pues diferente es el reconocimiento a la tasación del perjuicio. De hecho, basta recordar la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la que se estableció que la alteración o cambio del comportamiento de la persona en el entorno social es tan solo uno de los factores que deben ser considerados por el juez natural al momento de tasar el monto a reconocer, en tanto no basta la sola valoración del porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral del acta del Junta Médica Laboral para cuantificar el daño, sino que se deben verificar los factores que mencionó dicha providencia.

Ahora bien, el hecho de que la autoridad judicial accionada redujera el monto de la tasación del daño a la salud por debajo del tope establecido para el porcentaje de perdida de la capacidad que se le impuso al demandante, bajo los argumentos ya puestos de presente por la Sala, desconoce la regla jurisprudencial establecida por la Sección Tercera del Consejo de Estado en su sentencia de unificación.

Adicionalmente se puede observar que en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 se establecieron unos parámetros o criterios para el reconocimiento de los perjuicios en estudio, sin que dentro de dicha decisión se hubiere previsto un “criterio de proporcionalidad” el cual fue edificado y aplicado ni siquiera de manera unánime, por el Tribunal accionado. Cuestión diferente es que el interesado pretenda una tasación mayor a la establecida en las tablas, pues en estos casos habrá que demostrar que la lesión o mengua corporal, refleja alteraciones al nivel de su comportamiento y desempeño dentro de su entorno social y cultural, lo que agrava su condición de víctima, para lo cual deberá allegar los elementos de convicción que prueben dicha situación.

Por otra parte, es necesario aclarar que la sentencia de tutela de 14 de julio de 2018, proferida por esta Sección y que trae a colación el tribunal demandado, es una decisión marginal, en la cual no se realizó un estudio de fondo en los términos efectuados en este fallo.

En consecuencia, la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales de los demandantes al reducir la tasación de daño a la salud bajo el mencionado argumento, pues como se explicó dichos requisitos establecidos en la sentencia de unificación antes mencionada son criterios que debe tener en cuenta el juez natural al momento de superar los topes establecidos en la tabla.

6.4. Así las cosas, se concederá el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad. Por consiguiente, se dejará sin efectos la sentencia de 14 de junio de 2018, con el fin de que se pronuncie nuevamente frente al reconocimiento del daño a la salud y el perjuicio material (lucro cesante), con base en las consideraciones expuestas.

7. Razón de la decisión

La Sala accederá a las pretensiones del amparo constitucional, toda vez que se constató que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, incurrió en defecto fáctico y en desconocimiento del precedente judicial, toda vez que valoró defectuosamente el acta de la junta médica laboral que le realizaron al señor Brian Ríos Parra como consecuencia de la lesión que sufrió en la pierna derecha, la cual le dejó como secuela una gonalgia crónica derecha y desatendió sin una justificación suficiente la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014 de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero.- AMPÁRANSE los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de Brian Ríos Parra y Margarita Beatriz Parra Colorado. En consecuencia, DÉJASE SIN EFECTOS la providencia de 14 de junio de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”.

Segundo.- ORDÉNASE al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, que en un término no mayor a veinte (20) días, contados a partir de la notificación de esta providencia, emita una decisión de reemplazo dentro del proceso de reparación directa promovido por los demandantes (expediente Nº 11001-33-36-034-2014-00051-01), con base en las razones expuestas en esta providencia.

Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Presidente de la Sección
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejera

MILTON CHAVES GARCÍA
Consejero
JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Consejero
ACLARO VOTO SALVO VOTO

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2018-02896-00
Demandante: BRIAN RÍOS PARRA Y MARGARITA BEATRIZ PARRA COLORADO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “A”

Salvamento de voto

Con el respeto acostumbrado por las decisiones de la Sección Cuarta, salvo el voto frente a la decisión de la referencia, por la que se amparan los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso del señor Brian Ríos Parra y Margarita Parra Colorado y, en consecuencia, se deja sin efecto la sentencia proferida el 14 de junio de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A.

Contrario a lo decidido por la mayoría, considero que la acción de tutela no estaba llamada a prosperar porque no hubo vulneración del precedente judicial, específicamente de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las siguientes razones:

1. Si bien es cierto que en la sentencia del 28 de agosto de 2014 la Sección Tercera, en aras de promover la seguridad jurídica y los principios de igualdad, buena fe y confianza legítima, fijó criterios para el reconocimiento de los perjuicios morales en caso de lesiones, esas pautas indemnizatorias son referentes para el juez, no reglas de carácter vinculante como se sostiene en la providencia de la que me aparto.

Como se expuso en esa sentencia de unificación, es papel del juez verificar la gravedad o levedad de la lesión causada a la víctima directa, pues eso determina en cada caso el rango de los salarios mínimos en el que puede moverse para reconocer la indemnización de los perjuicios morales.

No se trata, pues, de una regla absoluta, de una especie de “tarifa legal” para la apreciación de las pruebas y la consecuente y automática tasación de los perjuicios morales, sino de una guía para el juez con el fin de que se decidan de forma similar casos semejantes.

Así lo ha entendido la propia Sección Tercera. Por ejemplo, en sentencia del 8 de junio de 2017, se precisó que “para garantizar el principio de igualdad entre quienes acuden a la jurisdicción de lo contencioso administrativo con pretensiones similares, mediante sentencia de 27 de agosto de 2014, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado estableció algunos criterios o baremos que deben ser tenidos en cuenta por el juzgador al momento de decidir el monto a indemnizar en razón de los perjuicios morales causados con ocasión de una lesión corporal, sin perjuicio de que puedan ser modificados cuando las circunstancias particulares del caso así lo exijan”.

2. Como lo ha sostenido la Sección Cuarta por vía de tutela y la Sección Tercera en procesos de reparación directa, la tasación de perjuicios morales hace parte de la discrecionalidad judicial, que no es equivalente a arbitrariedad, “pues la naturaleza subjetiva e individual y, por tanto, inconmensurable del dolor moral, impide que su valoración pueda estar sujeta a tablas de medición o a parámetros cuantitativos”.

Es por eso que se ha insistido en la necesidad del arbitrio judicial en cualquier ordenamiento jurídico, pues “el legislador –y mucho menos el juez, se agrega, dada su papel de resolver conflictos particulares y concretos- no puede contemplar todas y cada una de las hipótesis y variables que se pueden presentar en el proceso judicial, razón por la cual queda un margen de maniobra a cargo del operador judicial que, lejos de ser catalogado como arbitrariedad, constituye un campo de discreción racional en el que con fundamento en las reglas de la experiencia y la sana crítica traza derroteros para colmar esas lagunas o vacíos que están contenidos en la ley”.

Eso sí, el ejercicio de esa potestad exige que la fijación del quantum del perjuicio se realice de conformidad con las circunstancias y pruebas del caso concreto. Y deberán atenderse las exigencias dispuestas por el Consejo de Estado –carga argumentativa en el apartamiento judicial- en caso de que, por razones excepcionales o específicas del proceso, se vayan a superar o disminuir los límites establecidos en la sentencia de unificación –topes máximos y mínimos-.

3. Una conclusión contraria vulneraría dos principios rectores de la administración de justicia: la autonomía e independencia judicial.

Como lo explicó la Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2014, la autonomía y la independencia judicial son principios básicos de la administración de justicia que se instituyen como garantías institucionales de la separación de poderes. Pero, además de ser una garantía para el juez son también un derecho fundamental de las partes.
La autonomía e independencia judicial se relacionan con la facultad de ejercer el poder judicial “de manera imparcial, es decir sin consideración a cualquier otro estímulo que no sea el sometimiento exclusivo al imperio de la ley”. De tal suerte que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 270 de 1996, ningún superior jerárquico en el orden administrativo o jurisdiccional pueda insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un funcionario judicial para imponerle las decisiones o criterios que deba adoptar en sus providencias.

Cosa diferente es el papel de las sentencias de unificación como guía y referente de interpretación para los jueces, que se profieren con el fin de lograr seguridad jurídica y garantizar los principios de igualdad, buenas fe y confianza legítima. Pero, en ningún caso, puede usarse esta herramienta judicial –las sentencias de unificación- para imponer criterios de tasación de los perjuicios cuando ello debe obedecer, necesariamente, al análisis de las pruebas que obran en cada proceso y al de las particularidades de cada situación.

Si ello no fuera así, cabría preguntarnos, entonces, ¿cuál es el papel del juez?, ¿será mejor –más eficiente y menos costoso-, programar computadores para que determinen la solución de todos los casos basados en los mismos criterios de apreciación de las pruebas y tasación de los perjuicios?

En estos términos dejo expuestos los argumentos que fundamentan mi desacuerdo con la sentencia aprobada por la mayoría de la Sala.

Atentamente,

JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Magistrado

Folio 267 del expediente ordinario.
Radicado Nº 50001-23-15-000-1999-32601, M.P.: Olga Mélida Vale de De La Hoz.
Folio 66 del cuaderno de tutela.
Radicado Nº 11001-03-15-000-2017-01133-01, M.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto.
Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972.
Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968.
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortíz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
Exp. 11001-03-15-000-2018-02795-00. Actor: Julián Andrés Flórez Jiménez. M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley.

Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad.

La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria.

Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad.

El porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica. Con fines preventivos y rehabilitadores la ley establecerá medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas que consuman dichas sustancias. El sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere el consentimiento informado del adicto. Así mismo el Estado dedicará especial atención al enfermo dependiente o adicto y a su familia para fortalecerla en valores y principios que contribuyan a prevenir comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud de las personas y, por consiguiente, de la comunidad, y desarrollará en forma permanente campañas de prevención contra el consumo de drogas o sustancias estupefacientes y en favor de la recuperación de los adictos. Ver sentencias T-757 de 2010 y T-893 de 2010. Ley 74 de 1968 “por la cual se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966”. Ley 319 de 1996 “Por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988”.
http://www.who.int/suggestions/faq/es/
Ver sentencia de 24 de agosto de 2014, radicado Nº: 23001-23-31-000-2001-00278-01, M.P.: Stella Conto Díaz Del Castillo. Ver sentencias: T-597 de 1993, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz,  T-395 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-307 de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-548 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-940 de 2012, M.P. Nilson Pinilla Pinilla y T-894 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Dictadas en los procesos Nº 19031 y 38222, M.P.: Enrique Gil Botero. Ibídem. M.P.: Stella Conto Díaz del Castillo, expediente Nº: 28804, M.P.: Olga Valle de De la Hoz, expediente Nº: 31172, M.P.: Enrique Gil Botero, expediente Nº: 31170 y M.P.: Danilo Rojas Betancourth, expediente Nº: 28832. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 27 de agosto de 2014, exp. 31172, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 27 de agosto de 2014, M.P.: Enrique Gil Botero, expediente Nº: 31170. M.P.: Stella Conto Díaz del Castillo, expediente Nº: 28804. Sobre la incidencia del componente estético como elemento del daño a la salud cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 9 de marzo de 2011, radicación, 50001-23-31-000-1997-06394-01(18587). C.P. Gladys Agudelo Ordóñez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 6 de diciembre de 2013, radicación. 25000232600019990091701(24386). C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 12 de diciembre de 2013, radicación 25000232600019961266101(27493). C.P, Stella Conto Díaz del Castillo; y Sentencia de 29 de agosto de 2013, radicación 25002232600020040211301 (36725), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. La providencia atacada se notificó el 26 de junio de 2018 y la acción de tutela se presentó el 22 de agosto de 2018, por lo que transcurrieron 1 mes y 25 días. Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Sentencia T-066 de 2005. M.P.: Rodrigo Escobar Gil. Sentencia T-781 de 2011. M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto. Folios 76 a 77 del expediente ordinario. Radicado Nº: 11001-03-15-000-2017-01947-01, M.P.: Julio Roberto Piza Rodríguez.

Sentencias: i) del 7 de marzo de 2007, expediente 17001-23-31-000-1993-05009-01; ii) del 11 de abril de 2016, expediente 50001-21-31-000-2000-20274-01; iii) del 12 de junio de 2014, expediente 76001-23-31-000-2008-00170-01; iv) del 27 de marzo de 2014, expediente 08001-23-31-000-1996-00104-01; v) del 14 de mayo de 2014, expediente 76001-23-33-000-2000-02656-01; vi) del 20 de febrero de 2014, expediente 20001-23-31-000-2001-011388-01; vii) del 27 de septiembre de 2013, expediente 05001-23-31-000-1999-02915-01, y viii) del 25 de agosto de 2009, expediente 18001-23-31-000-1995-05743-01. Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 15 de mayo de 2019, Exp. Nº 11001-03-15-000-2018-02795-00. Actor: Julián Andrés Flórez Jiménez. M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Sentencia T-158 de 2006. Consejo de Estado, Sala Plena, Sección Tercera, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz, radicado 31172. En estos términos la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado se refirió en asunto que resolvió en sede de tutela en segunda instancia en sentencia de28 de marzo de 2019, expediente: 110010315000201803551-01. C.P: Martha Nubia Velásquez Rico. El presente caso tiene supuestos fácticos similares debido a que se trató de un soldado conscripto que en demanda de reparación directa en segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, redujo el monto de la indemnización por daño morales en lesiones, redujo la indemnización por concepto de daño a la salud y negó los perjuicios reclamados a título de lucro cesante. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección “B”. Proceso No. 05001-23-31-000-2006-03139-01(48540). Sentencia del 8 de junio de 2017. Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 28 de noviembre d e2018. Proceso 11001-03-15-000-2018-00836-01. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Consejo de Estado. Sección Tercera - Subsección A. Sentencia del 12 de junio de 2013. CP Hernán Andrade Rincón. Expediente 36415. Sentencia del 14 de marzo de 2012. CP Enrique Gil Botero. Expediente 21859. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 14 de marzo de 2012. CP Enrique Gil Botero. Expediente 21859. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014. Proceso 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). RICO, José María y SALAS, Luis. “Independencia Judicial en América Latina: Replanteamiento de un tema tradicional”. En: “Independencia y autonomía judicial”, Berbiquí, Revista del Colegio de Jueces y Fiscales, Edición Especial, 2000, pág. 69.

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