Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2018-02911-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de tutela contra providencia judicial: sentencia de segunda instancia que accede a las pretensiones de la demanda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2018-02911-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2018-02911-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas (e)
4 de marzo de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Sentencia de segunda instancia que accede a las pretensiones de la demanda / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Reliquidación de pensión de jubilación / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Inexistencia / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL - Aplicación / APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JUDICIAL - Establecido por la Corte Constitucional / BENEFICIARIO DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PENSIONAL - De la Ley 100 de 1993 / INGRESO BASE PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN - No es un aspecto sujeto al régimen de transición pensional / FACTORES DE LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN - Aquellos objeto de cotización / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS
[La actora] consideró en el escrito de tutela que el Tribunal Administrativo de Risaralda en la sentencia proferida el seis (06) de julio de dos mil dieciocho (2018) desconoció el precedente jurisprudencial señalado por el Consejo de Estado en la providencia del cuatro (04) de agosto de dos mil diez (2010) y además que aplicó de manera equivocada el precedente de la Corte Constitucional (…) [P]ara la Sala es claro que el Tribunal accionado ordenó la reliquidación pensional de [la actora] con fundamento en las sentencias SU-230 de 2015, SU-395 de 2017 y T-039 de 2018 según las cuales el régimen de transición únicamente comprende los conceptos de edad, monto y semanas de cotización y excluye el IBL (…) En ese orden de ideas, la Sala considera que el Tribunal Administrativo de Risaralda no vulneró los derechos que le asisten a [la actora] toda vez que no incurrió en desconocimiento del precedente, pues adoptó la decisión con fundamento en la interpretación que le permitía la autonomía judicial reconocer como la correcta respecto a los factores salariales que debía aplicar para la liquidación de las pensiones de las personas beneficiarias del régimen de la Ley 33 de 1985.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 228 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 230 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 21 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 36
NOTA DE RELATORÍA: Con aclaración de voto del Consejero Guillermo Sánchez Luque, sin medio magnético a la fecha (12/04/2019).
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS(E)
Bogotá, D.C., cuatro (04) de marzo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-02911-01(AC)
Actor: MARÍA AMPARO ZULUAGA MARÍN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA
La Sala decide la impugnación interpuesta por María Amparo Zuluaga Marín en contra de la sentencia del veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, que en el trámite de la acción de la referencia, resolvió negar “la acción de tutela”.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La peticionante interpuso la acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Risaralda con el objeto de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con la providencia proferida el seis (06) de julio de dos mil dieciocho (2018) por medio de la cual ordenó la reliquidación pensional de conformidad con las sentencias de unificación de la Corte Constitucional SU – 230 de 2015, 395 de 2017 y T – 039 de 2018, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por la tutelante en contra de Colpensiones.
II. ANTECEDENTES
2.1.- La solicitud de amparo constitucional
El presente asunto tiene origen en la solicitud de amparo constitucional que presentó María Amparo Zuluaga Marín contra el Tribunal Administrativo de Risaralda en cuanto consideró que esa Corporación al resolver de fondo el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 2015-00081-01 desconoció el precedente del Consejo de Estado según el cual para liquidar las pensiones de los servidores públicos amparados con el régimen de transición se deben tener en cuenta la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de servicio.
2.2.- Sentencia de tutela de primera instancia
En efecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado decidió en la sentencia del veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), negar las pretensiones de amparo constitucional formuladas por María Amparo Zuluaga Marín, al encontrar que el Tribunal Administrativo de Risaralda no vulneró los derechos invocados por cuanto si bien se apartó del precedente jurisprudencial fijado por esta Corporación en la sentencia del cuatro (04) de agosto de dos mil diez (2010), lo cierto es que “en virtud de los principios de autonomía e independencia judicial” se encontraba facultado para “aplicar el precedente fijado en sentencia de unificación de la Corte Constitucional”.
El fallo de tutela de primera instancia fue notificado por correo electrónico el dieciocho (18) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).
2.3.- La impugnación
El apoderado de la parte actora impugnó la sentencia de primera instancia mediante memorial del catorce (14) de enero de dos mil diecinueve (2019) en el que solicitó que se revoque la sentencia del veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado por cuanto consideró que:
2.3.1.- El Ad quem, al resolver el recurso de alzada, tuvo en cuenta los criterios de las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-395 de 2017 de la Corte Constitucional que, a su juicio, no son aplicables al caso sub judice por los siguientes motivos:
“En este caso, la sentencias de la honorable Corte Constitucional que repelen la unificación jurisprudencial sentada por el honorable Consejo de Estado para el 4 de agosto de 2010 (C – 258 de 2013, SU – 230 de 2015 y SU – 395 de 2017) se producen con más de quince (15) años de posterioridad del retiro definitivo del servicio oficial de la señora Zuluaga Marín, verificado el 31 de julio de 1997, razón por la cual, para este caso en particular se presenta una enorme y considerable asimetría y desproporción en relación con los lapsos o intervalos producidos entre una y otra unificación jurisprudencial, tornándose definitivamente injusto e inequitativo aplicar precisamente aquella que restringe los derechos sociales de la accionante, de manera posterior y sobreviniente incluso al proceso adelantado por la accionante ante la jurisdicción contenciosa administrativa”.
2.3.3.- El Tribunal Administrativo de Risaralda se apartó del precedente del Consejo de Estado señalado en la sentencia de unificación del cuatro (04) de agosto de dos mil diez (2010), en la que se señaló que para liquidar las pensiones de los servidores públicos amparados con el régimen de transición se deben tener en cuenta la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de servicio.
III. CONSIDERACIONES
3.1.- Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación interpuesta por María Amparo Zuluaga Marín en contra del fallo de tutela proferido por la Sección Segunda del Consejo de Estado el veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo de Sala Plena del Consejo de Estado No. 377 del 11 de diciembre de 2018 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”.
3.2.- Problema jurídico.
La Sala procede a decidir si el Tribunal Administrativo de Risaralda vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia al desconocer el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado según el cual para liquidar las pensiones de los servidores públicos amparados con el régimen de transición se deben tener en cuenta la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de servicio.
3.3.- Consideraciones sobre los problemas jurídicos - Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
La Corte Constitucional en sentencia C – 590 de 2005 reconoció que la acción de tutela contra providencias judiciales es procedente “si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad” dentro de los que se distinguen los siguientes:
Requisitos generales: (i) Que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; y (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela.
Ahora bien, si el juez de tutela encuentra que dichos parámetros no se cumplieron, procede a declarar improcedente el amparo constitucional solicitado, pero si los mismos se encuentran reunidos procede a analizar los siguientes requisitos, con el fin de determinar si se vulneraron o no los derechos fundamentales del peticionante.
Requisitos específicos: (i) defecto orgánico que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; (ii) defecto procedimental que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; (v) defecto por error inducido que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) defecto por falta de motivación que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; (vii) defecto por desconocimiento del precedente; y (viii) defecto por violación directa de la Constitución.
Así las cosas, la acción de tutela “como mecanismo de protección inmediata de los derechos fundamentales, procede de manera excepcional para controvertir el sentido y alcance de las decisiones judiciales, siempre que (i) se cumplan los requisitos generales de procedibilidad, (ii) la decisión debatida por esta vía haya incurrido en uno o varios defectos o vicios específicos, y (iii) se determine que el vicio o defecto es de tal trascendencia que implica la amenaza o la afectación de derechos fundamentales”.
En virtud de lo anterior y encontrándose superados los requisitos generales de procedebilidad por el juez constitucional A quo y no habiendo sido objeto de la impugnación, la Sala procede a analizar si en el caso de autos se encuentra configurado el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente señalado por la demandante.
3.3.1.- Solución del problema jurídico – análisis del defecto sustantivo por desconocimiento del precedente en el caso de autos.
Al respecto, la Sala considera que debido a que el cargo que se presenta en la impugnación es el desconocimiento del precedente del Consejo de Estado, procede a puntualizar sobre el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente.
Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que una providencia judicial adolece de defecto sustantivo cuando la autoridad jurisdiccional se “aparta del precedente judicial – horizontal o vertical – sin justificación suficiente” pues el precedente es de carácter obligatorio, en atención a que de acuerdo con el artículo 230 de la Constitución Política, los jueces si bien “tienen una autonomía interpretativa e independencia para fallar” deben “hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley”.
Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional ha precisado que es procedente apartarse del precedente jurisprudencial siempre y cuando se dé cumplimiento a los siguientes requisitos: (i) hacer una referencia expresa, amplia y suficiente del precedente aplicado a casos similares; (ii) exponer las razones suficientes por las que considera que el mismo no resulta ajustado al asunto estudiado.
Con fundamento, la Sala procede a determinar si en el caso de autos, el Tribunal Administrativo de Risaralda vulneró los derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad que le asisten a María Amparo Zuluaga Marín al apartarse del precedente jurisprudencial fijado por la Sección Segunda del Consejo de Estado el cuatro (04) de agosto de dos mil diez (2010), según el cual para liquidar las pensiones de los servidores públicos amparados con el régimen de transición se deben tener en cuenta la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de servicio.
En virtud de lo anterior, la Sala procede a analizar la forma como la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han analizado el tema referente a la normativa que debe aplicarse para fijar el índice base de liquidación (IBL) de los beneficiarios del régimen de transición, para efectos de resolver el presente asunto constitucional.
(I) Posición de la Corte Constitucional sobre los factores salariales y el IBL para liquidar las pensiones de las personas beneficiarias del régimen de transición y de la Ley 33 de 1985.
La Corte Constitucional en sentencia C - 258 de 2013 resolvió la demanda de inconstitucionalidad contra el régimen especial de los congresistas establecido en el artículo 17 de la Ley 4º de 1992, en el sentido de declarar inexequible la expresión “durante el último año” contenida en la norma demandada y la constitucionalidad del resto del precepto condicionado a que se entienda que las reglas sobre el ingreso base de liquidación (IBL) aplicables a todos los beneficiarios de este régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993.
En este sentido, el Alto Tribunal Constitucional consideró que al no ser el ingreso base de liquidación (IBL) un aspecto sujeto a transición, se debe seguir la regla general del ingreso base de liquidación según la cual, la pensión se debe liquidar de acuerdo al promedio de los aportes cotizados durante los últimos años y que se encuentra contenida en los artículos 21 y 36 inciso tercero de la Ley 10 de 1993.
La Corte declarará la inexequibilidad de la expresión “durante el último año”, contenida en el primer inciso del artículo 17 de la Ley 4 de 1992. Además, teniendo en cuenta que, de un lado, la declaración de inconstitucionalidad de la expresión referida creará un vacío en materia de regla de Ingreso Base de Liquidación, y de otro, tal vacío puede conducir a una situación de inconstitucionalidad aún más grave, pues haría imposible la liquidación de las pensiones y limitaría entonces de forma absoluta el derecho a la seguridad social en pensiones de los beneficiarios del régimen especial bajo estudio, la Sala, por medio de un condicionamiento, debe establecer un criterio compatible con la Constitución dentro del respeto al margen de configuración del Legislador.
Para el efecto, la Corte acudirá a la regla general de Ingreso Base de Liquidación prevista en los artículos 21 y 36 de la Ley 100. En efecto, el artículo 36 estableció dos reglas específicas en la materia: (i) para quienes el 1° de abril de 1994, les faltara menos de 10 años para pensionarse, el IBL sería (a) “el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta” para reunir los requisitos para causar el derecho a la pensión, o (b) el promedio de lo “cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE”. (ii) En los demás casos, es decir, en la hipótesis de las personas a quienes el 1° de abril de 1994 les faltaban más de 10 años para reunir los requisitos de causación de la pensión, a falta de regla especial en el artículo 36 y teniendo en cuenta que el inciso segundo ibídem solamente ordena la aplicación ultractiva de las reglas de los regímenes especiales sobre edad, tiempo de cotización o servicios prestados, y tasa de reemplazo, se les debe aplicar la regla general del artículo 21 de la Ley 100 de 1993”. (Subrayado fuera de texto)
Esta posición fue reiterada por el Tribunal Constitucional en sede de revisión de tutela, mediante sentencia SU – 230 de 2015 . En este sentido, señaló:
“Aunque la interpretación de las reglas del IBL establecidas en la Sentencia C-258 de 2013 se enmarcan en el análisis del régimen especial consagrado en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, con fundamento (i) en que dicho régimen vulneraba el derecho a la igualdad al conceder privilegios a una de las clases más favorecidas de la sociedad y (ii) en la medida en que el régimen especial de congresistas y magistrados contiene ventajas desproporcionadas frente a los demás regímenes especiales, ello no excluye la interpretación en abstracto que se realizó sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de establecer que el IBL no es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en este las que deben observarse para determinar el monto pensional con independencia del régimen especial al que se pertenezca”.
Acto seguido, la Corte Constitucional hizo referencia a cuándo debía o no aplicarse el precedente relacionado con el IBL, en sentencia T – 615 de 2016, así:
“Lo anterior evidencia, sin ningún asomo de duda que la señora del Río Arellano adquirió su estatus pensional antes de haber sido proferida la sentencia C-258 de 2013, dado que cumplió los requisitos exigidos para ello el 4 de junio de 2006. En ese sentido, no hay lugar a acceder a las pretensiones de la UGPP, por cuanto ello implicaría aplicar de manera retroactiva dicha providencia, lo cual no es de recibo porque, a menos que la Corte Constitucional module sus efectos, las sentencias que esta Corporación profiere deben ser aplicadas a partir del momento de su publicación.
Así las cosas, los parámetros establecidos en la sentencia C-258 de 2013, no resultan aplicables a aquellas pensiones consolidadas con anterioridad a su expedición, en razón a que constituyen derechos adquiridos, los cuales solo pueden ser modificados luego de agotar el procedimiento dispuesto en la ley para los casos en que las pensiones fueron reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. Lo anterior, en plena observancia del artículo 48 Superior, según el cual en materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos y donde “el Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas”.
(Subrayado fuera de texto)
Sin embargo, el Alto Tribunal Constitucional resolvió mediante auto No. 229 de diez (10) de mayo de dos mil diecisiete (2017) declarar la nulidad de la anterior decisión por cuanto consideró que el fallo objeto de la decisión no tuvo en cuenta el precedente contenido en las sentencias C – 258 de dos mil trece (2013) y SU -230 de dos mil quince (2015).
Finalmente, el Alto Tribunal Constitucional mediante sentencia SU – 395 de 2017, sostuvo:
“Vistas así las cosas, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 consagra un régimen de transición con el fin de salvaguardar las expectativas legítimas que pudieran verse afectadas con la creación del sistema general de seguridad social. Dicho beneficio consiste en la aplicación ultractiva de los regímenes a los que se encontraba afiliado el peticionario, pero solo en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, excluyendo el ingreso base de liquidación. Lo anterior, evita que se reconozcan pensiones con abuso del derecho, en especial, con fundamento en vinculaciones precarias derivadas de encargos que buscan distorsionar la relación entre el monto de cotización y el monto de la pensión.
8.18. A similar conclusión también se arribó en la Sentencia SU-210 de 2017 previamente referida, en el sentido de advertir que el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, está circunscrito únicamente a los aspectos de la edad, tiempo de servicios o cotización, y el monto de la pensión, en la medida en que “lo atinente a las demás condiciones y requisitos pensionales que no estén regulados por dicho artículo, como el ingreso base de liquidación, deben regirse por las normas contenidas en la ley, correspondientes al sistema general de pensiones”.
8.19. Con todo, no sobra agregar que la Ley 100 de 1993, al regular el régimen de transición, no estableció un derecho autónomo. Por el contrario, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/SU395-17.htm" \l "_ftn173" \o "" (i) la estabilidad del régimen pensional, si bien no da lugar a un derecho adquirido, sí protege una expectativa legítima, (ii) esa especial protección se deriva no sólo de la confianza legítima a la estabilidad de las reglas pensionales, sino también del carácter progresivo de los derechos sociales, y, por consiguiente, (iii) el Legislador solo puede reformar ese régimen, cuando la modificación se encuentre suficientemente justificada y respete criterios de razonabilidad y proporcionalidad HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/SU395-17.htm" \l "_ftn174" \o "" . Es por estos motivos que el propio constituyente derivado reformó (Acto Legislativo 01 de 2005) el artículo 48 Superior, debido a que el régimen de transición no es, en sí mismo, indefinido en el tiempo”. (Subrayado fuera de texto)
Igualmente, la Corte Constitucional en aquella oportunidad hizo referencia a las consideraciones expuestas en las sentencias T – 078 de 2014, SU – 230 de 2015, T – 060 de 2016, SU -427 de 2016 y SU – 210 de 2017 en donde se dejó claro que el modo de promediar la base de liquidación no puede ser la estipulada en la legislación anterior, en razón a que el régimen de transición únicamente comprende los conceptos de edad, monto y semanas cotizadas y excluye el IBL.
(II) Posición del Consejo de Estado sobre los factores salariales y el IBL para liquidar las pensiones de las personas beneficiarias del régimen de transición y de la Ley 33 de 1985.
En una primera etapa, la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 04 de agosto 2010, señaló que las pensiones de las personas beneficiarias del régimen de transición y de la Ley 33 de 1985 se calculaban de acuerdo con todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.
“De acuerdo con el anterior marco interpretativo y en aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios”. (Subrayado fuera de texto)
Posteriormente, el Consejo de Estado consideró, en sentencia de unificación jurisprudencial del 25 de febrero 2016, que la sentencia C-258 de 2013 no constituía precedente para extender la interpretación que allí se dispuso a la generalidad de las pensiones del régimen de transición, en tanto que los argumentos de la sentencia de constitucionalidad se limitaba al artículo 17 de la Ley 4° de 1992 y no a la interpretación de múltiples normas jurídicas en que se ha sustentado la liquidación de las pensiones del régimen de transición de los regímenes especiales del sector público.
Sin embargo, la Sección Quinta del Consejo de Estado dejó sin efectos la anterior decisión, el quince (15) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), motivo por el que la Sección Segunda de esta Corporación nuevamente profirió sentencia, el nueve (09) de febrero de dos mil diecisiete (2017) en la que señaló que el régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 debe interpretarse de manera armónica, integral y en aplicación del principio de inescendibilidad normativa.
Finalmente, la Sala Plena del Consejo de Estado, recientemente, en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, fijó la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición, en el sentido de aclarar que el IBL del inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 forma parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.
Para el efecto, se fijaron dos subreglas, la primera de ellas consiste en el período que debe tenerse en cuenta al liquidar la pensión y, la segunda, en los factores que deben incluirse en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios del régimen de transición.
Específicamente, en lo que tiene que ver con el período computable en la liquidación pensional se dijo que:
(i) Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el IBL será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del IPC, según certificación que expida el DANE.
(ii) Si faltare más de diez (10) años, el IBL será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Y en lo concerniente a los factores salariales se advirtió que únicamente deberán incluirse en la liquidación pensional aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al sistema de pensiones.
Con fundamento en lo anterior, la Sala concluye que en una etapa inicial las posiciones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado fueron contrarias en cuanto a los factores y el periodo a liquidar que debe cubrir el régimen de transición que establece el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues para la primera, esta no incluye el ingreso base de liquidación – IBL y para el segundo, aquel si es un ítem que está cobijado por este régimen.
Sin embargo, la Subsección evidencia que el conflicto planteado fue superado con la providencia proferida por el Consejo de Estado el veintiocho (28) de agosto de dos mil dieciocho (2018) en la que fijó la regla sobre jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición en el sentido de aclarar que el IBL del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 forma parte del régimen de transición.
3.3.1.1.- La sentencia discutida y la aplicación del precedente de la Corte Constitucional.
María Amparo Zuluaga Marín consideró en el escrito de tutela que el Tribunal Administrativo de Risaralda en la sentencia proferida el seis (06) de julio de dos mil dieciocho (2018) desconoció el precedente jurisprudencial señalado por el Consejo de Estado en la providencia del cuatro (04) de agosto de dos mil diez (2010) y además que aplicó de manera equivocada el precedente de la Corte Constitucional.
En este sentido, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo de Risaralda a través del fallo del seis (06) de julio de dos mil dieciocho (2018) resolvió:
“1.- MODIFICASE el numeral 3 de la parte resolutiva de la sentencia proferida en este proceso por el Juzgado Primero (1º) Administrativo del Circuito de Pereira, por las razones expresadas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar se dispone:
“Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se condena a la entidad demandada a liquidar la pensión de vejez de la señora María Amparo Zuluaga Marín, a partir del 1º de agosto de 1997 en el 75% del promedio de los factores salariales sobre los cuales cotizó la actora durante el tiempo que le hacía falta para adquirir el derecho pensional, al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, incluyendo, además del salario básico, el factor salarial “recargos, festivos y dominicales”, con efectos fiscales a partir del 18 de mayo de 2009, suma que recibirá con los incrementos anuales de la ley”.
(…)”. (Subrayado fuera de texto)
Como argumento de su decisión y luego de hacer un recuento de las posiciones fijadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, el Tribunal de la referencia decidió apartarse de la posición del Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo por los siguientes motivos:
“(…) Frente a la fuerza vinculante de estas providencias [sentencias SU -395 de 2017 y T – 039 de 2018] en recientes pronunciamientos el Tribunal Máximo Constitucional al revisar la constitucionalidad de unas normas que le dan alcance al precedente judicial de los órganos de cierre ordinario y de lo contencioso administrativo, concluyó que tales precedentes jurisprudenciales deben respetar la interpretación vinculante que efectué dicha Corporación “la cual es prevalente en materia de interpretación de los derechos fundamentales y de la Constitución en general”, en consecuencia, precisó el criterio según el cual las autoridades administrativas y judiciales al emitir una decisión de su competencia no sólo deben tener en cuenta el precedente judicial de su respectivo superior jerárquico sino que deben tener en cuenta de manera preferente y prevalente los pronunciamientos del máximo órgano constitucional “que interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia. Esto sin perjuicio del carácter obligatorio erga omnes de las sentencias que efectúan el control abstracto de constitucionalidad”.
Por lo tanto, es obligatorio para las autoridades dar prioridad al precedente jurisprudencial constitucional antes que a los pronunciamientos expedidos por su órgano de cierre, por cuanto este deber nace del sometimiento general a la Constitución Política.
(…)
De acuerdo con lo anterior, concluye el Tribunal que las sentencias de unificación 395 de 2017 y T – 039 de 2018 emanadas de la Corte Constitucional, constituyen el precedente jurisprudencial que debe acatar esta Corporación judicial para resolver el problema jurídico de inclusión de factores en la liquidación de la pensión reconocida en favor de la demandante”.
Así las cosas y con fundamento en el precedente jurisprudencial señalado por la Corte Constitucional en las sentencias SU – 230 de 2015, SU -395 de 2017 y T-039 de 2018, el Tribunal Administrativo de Risaralda consideró en el caso bajo examen:
“(…) De conformidad con todo lo discurrido, ha quedado de manifiesto que si bien la actora es beneficiaria del régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993, lo cual le otorga el derecho a la aplicación de la norma especial en pensiones contenida en la Ley 33 de 1985, el ingreso base de liquidación pensional corresponde al señalado en la Ley 100 de 1993, conforme las sentencias de unificación SU – 230/ 15, SU – 395 de 2017 y T – 039 de 2018, consistente en este caso en el 75% del promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó la actora durante el tiempo que le hacía falta, al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, para adquirir el derecho pensional y con los factores salariales sobre los cuales se hubiere efectuado cotización al sistema de seguridad social en pensiones, por lo que se revocará el reconocimiento conforme quedó precisado en el párrafo anterior”.
En consecuencia, para la Sala es claro que el Tribunal accionado ordenó la reliquidación pensional de María Amparo Zuluaga con fundamento en las sentencias SU -230 de 2015, SU – 395 de 2017 y T – 039 de 2018 según las cuales el régimen de transición únicamente comprende los conceptos de edad, monto y semanas de cotización y excluye el IBL.
En este sentido, la Sala observa que ante la diferencia de criterios fijados por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, el Tribunal accionado adoptó el que consideró apropiado, haciendo uso de su libertad de interpretación y su autonomía judicial reconocida en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, de la cual se desprende su facultad para apartarse de los fallos de sus superiores o adoptar una de las tesis cuando sobre el mismo asunto versen diversas posiciones, siempre y cuando su decisión se encuentre motivada de manera clara, explicita y suficiente como ocurre en el caso bajo examen.
En ese orden de ideas, la Sala considera que el Tribunal Administrativo de Risaralda no vulneró los derechos que le asisten a María Amparo Zuluaga Marín toda vez que no incurrió en desconocimiento del precedente, pues adoptó la decisión con fundamento en la interpretación que le permitía la autonomía judicial reconocer como la correcta respecto a los factores salariales que debía aplicar para la liquidación de las pensiones de las personas beneficiarias del régimen de la Ley 33 de 1985.
En este mismo sentido, esta Corporación decidió en anteriores oportunidades:
“No puede afirmarse que el ad quem desconoció los derechos que le asisten a la parte accionante, pues su decisión la adoptó con fundamento en la interpretación que consideró era la correcta respecto a los factores salariales que debía aplicarse para las pensiones de las personas beneficiarias del régimen de la Ley 33 de 1985.
La autoridad demandada no incurrió en desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado, toda vez que ante la disparidad de criterios sobre el mismo asunto, decidió acoger una de las posiciones desarrolladas al respecto por las Altas Cortes”.
En virtud de lo anterior, la Subsección en sede de tutela procede a confirmar la sentencia proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018) en la que se negó el amparo solicitado por María Amparo Zuluaga Marín por las razones aquí expuestas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018) proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado que negó la solicitud de amparo constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión, previo envío de copia de la misma al tribunal de origen.
COPIESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Presidente de Sala
Magistrado
Aclaración de voto Cfr Rad. 11001-03-15-000-2018-03386-01/19
MCC / 1 Cuaderno + 1 exp en préstamo (2 cuadernos + 5 cd´s)
Fls.140-145 C.P
Fls.1-14 C.P
Fls.140-145 C.P
Fls.146-153 C.P
Fls.155-168 C.P
Fls.140-145 C.P
Artículo 37. Primera instancia. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud. Adicionándose un numeral al artículo 13 del reglamento del Consejo de Estado, en lo que se refiere a la competencia de la Sección Tercera para conocer del trámite de acciones de tutela. Corte Constitucional. Sentencia C – 590 de 08 de junio de 2005. Los presentes requisitos fueron reconocidos por el Consejo de Estado en sentencia del 05 de agosto de 2014. Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 8 de noviembre de 2018. Rad. 11001-03-15-000-2018-02775-01(AC)
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 8 de noviembre de 2018. Rad. 11001-03-15-000-2018-02775-01(AC)
Corte Constitucional. Sentencia SU-337/2017. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 16 de agosto de 2018. Rad. 11001-03-15-000-2018-01138-01 (AC). Sobre el precedente horizontal y vertical, la Corte Constitucional ha señalado: “Esta Corporación ha diferenciado entre dos clases de precedentes, el horizontal y el vertical HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-102-14.htm" \l "_ftn23" \o "" , de conformidad con quién es el que profiere la providencia previa. El primero hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial, y el segundo se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para la mayoría de asuntos, el precedente vertical que deben seguir los funcionarios judiciales es determinado por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. En los casos en los que no son susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores”. Corte Constitucional. Sentencia T -794 de 2011, T-082 de 2011, T-209 de 2011 y T -102 de 2014
Corte Constitucional. Sentencia T -102 de 2014
Corte Constitucional. Sentencia T -446 de 2013
ARTÍCULO 21. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo. ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN.
La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014*, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. (…) El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Corte Constitucional. Sentencia C – 258 del 7 de mayo de 2013. Corte Constitucional. Sentencia SU – 230 de 29 de abril de 2015
Corte Constitucional. Sentencia T – 615 de 9 de noviembre de 2016
Corte Constitucional SU – 395 de 22 de junio de 2017
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 4 de agosto de 2010. Exp. 25000-23-25-000-2006-07509-01(0112-09)
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 25 de febrero de 2016. Exp. 25000-23-42-000-2013-01541-01
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 15 de diciembre de 2016. Exp. 1001-03-15-000-2016-01334-01. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 09 de febrero de 2017. Rad. 25000-23-42-000-2013-01541-01
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia del 28 de agosto de 2018. Rad. 52001-23-33-000-2012-00143 - 01
Fls.87-115 C.P
Fls.107-110 C.P
Fls.112 C.P
ARTICULO 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo. ARTICULO 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 16 de enero de 2019. Rad. 11001-03-15-000-2018-03749-01(AC)
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Acción de Tutela – Rad. 11001-03-15-000-2018-02911-01
Actor: María Amparo Zuluaga Marín
Contra: Tribunal Administrativo de Risaralda
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