República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2018-03098-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
28 de marzo de 2019
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - No configuración / FACTORES SALARIALES A TENER EN CUENTA PARA LA RELIQUIDACIÓN DE PENSIÓN A DOCENTE -Aquellos cotizados al sistema / APLICACIÓN DE LA SUBREGLA FIJADA POR LA CORTE CONSTITUCIONAL
Corresponde a la Sala dilucidar si el Tribunal accionado incurrió en defecto sustantivo, al aplicar el contenido de las sentencias SU-395 de 2017 y T-039 de 2018, en materia de factores salariales que deben integrar el ingreso base de liquidación pensional de los docentes.(…) El Tribunal para resolver la disparidad de criterios frente a los factores salariales aplicó el precedente que en su sentir era el actualmente vinculante, expuesto en la sentencia SU-395 de 2017. Allí la Corte estableció que el IBL no es un asunto sometido a régimen de transición, y además señaló que la liquidación de pensiones de regímenes especiales no puede incluir todos los factores salariales, en tanto solo deben incorporarse aquellos sobre los cuales hayan sido realizados los aportes al sistema de seguridad social, lo que explica que su contenido resulte también aplicable al sector docente. Vista la anterior disyuntiva, esta Subsección contrario a lo manifestado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, optó por darle prevalencia al principio de autonomía judicial cuando se acude en sede de tutela a discutir decisiones judiciales en torno al tema en comento, pues debe tenerse en cuenta que el operador judicial estaba frente a dos posiciones debidamente sustentadas y válidas, pero contrarias, de dos órganos de cierre, en donde no resulta apropiado conminarlo para que adopte una u otra posición.(…) La Sala considera que la decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, no se aparta de forma grosera o arbitraria de la línea jurisprudencial que había fijado el Consejo de Estado en materia de IBL en régimen de transición, sino que, por el contrario, fijó su posición de acuerdo con los argumentos expuestos por la Corte Constitucional en múltiples sentencias de unificación de jurisprudencia.(…) De acuerdo con los argumentos expuestos, la Sala considera que no existió defecto sustantivo al aplicar el precedente establecido por la Corte Constitucional relacionado con los factores salariales que deben computarse en la liquidación pensional en el caso de los docentes, por parte del Tribunal Administrativo de Risaralda, debido a que, con fundamento en el principio de autonomía e independencia judicial, los administradores de justicia tienen la potestad de acoger la posición que consideren más ajustada a derecho y a los principios constitucionales, cuando existen las contradicciones que se han expuesto en el presente asunto.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de marzo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-03098-01(AC)
Actor: MARÍA ESTHER ACEVEDO DUQUE
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA
La señora María Esther Acevedo Duque, quien actúa por intermedio de apoderado, promueve acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, por estimar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso.
Pretensiones
Solicita que, en protección de su derecho fundamental, se deje sin efectos la providencia del 18 de abril de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo Risaralda, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento radicado 66001-33-33-002-2017-00056-01 y, en su lugar, se le ordene proferir un nuevo fallo en el cual se tenga en cuenta el precedente jurisprudencial contenido en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 del Consejo de Estado.
1.2. Hechos de la solicitud
El apoderado de la accionante expone como hechos relevantes los siguientes:
Mediante sentencia de 21 de noviembre de 2017, el Juzgado Segundo Administrativo de Pereira declaró la nulidad parcial de la resolución No. 0039 de 29 de enero de 2015 y ordenó reliquidar la pensión de jubilación de la demandante en calidad de docente, incluyendo todos los factores salariales devengados en el año anterior a la fecha de adquisición del estatus de pensionada.
El 18 de abril de 2018 el Tribunal Administrativo de Risaralda revocó la sentencia del a quo, argumentando que para liquidar la pensión de jubilación solo se debía tener en cuenta la asignación básica por cuanto, respecto a los demás factores salariales enunciados por el juez de instancia, no se encuentra probado que se hayan realizado las respectivas cotizaciones, aunado al hecho de que tampoco hacen parte de los factores enlistados en el marco del artículo 1° de la Ley 62 de 1985, modificatorio del artículo 3° de la ley 33 de 1985.
1.3. Fundamentos jurídicos de la accionante
Manifiesta su desacuerdo con el Tribunal, al omitir aplicar la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, pues según dicho precedente las pensiones regidas por la Ley 33 de 1985 se deben liquidar con la inclusión de todos los factores salariales devengados por el trabajador en el último año de servicio, situación definida en forma contraria por la autoridad judicial accionada.
1.4. Actuación Procesal
La acción de tutela se admitió mediante auto de 10 de septiembre de 2018, que ordenó notificar a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de Risaralda como demandados y al Juzgado Segundo Administrativo de Pereira, a la Ministra de Educación Nacional y a la presidenta de Fiduprevisora S.A. encargada de manejar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, quienes actuaron como partes demandadas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 66001-33-33-002-2017-00056-01, como terceros interesados en el resultado de esta acción, para que dentro del término de tres días y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.
1.5. Intervenciones
1.5.1. Del Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda. La magistrada Paola Andrea Gartner Henao alega que en el fallo objeto de censura se acogió la orientación de la Corte Constitucional plasmada en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 201 y SU-395 de 2017, pronunciamientos que han sido unánimes en señalar que el artículo 36 de la ley 100 de 1993 consagra un régimen de transición con el fin de salvaguardar las expectativas legítimas que pudieran verse afectadas con la creación del sistema general de seguridad social y, que dicho beneficio, consiste en la aplicación ultractiva de los regímenes en que se encontraba incurso el afiliado, pero solo en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, excluyendo el aspecto del ingreso base de liquidación.
Dicha posición hoy coincide con la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2018, en la que se fijó la regla jurisprudencial sobre el Ingreso Base de Liquidación (IBL) en el régimen de transición, la que considera debe tenerse en cuenta para efectos de decidir la presente acción. Añade que respecto de la discrepancia de criterios sobre la reliquidación del beneficio pensional, serán los operadores jurídicos quienes dentro del marco de su autonomía e independencia judicial efectúen la interpretación más adecuada para la protección del derecho a la igualdad.
Con fundamento en lo anterior, solicita se nieguen las peticiones de la acción de tutela al no configurarse vulneración del derecho fundamental invocado.
1.5.2. La Dirección de Gestión Judicial de la Fiduciaria La Previsora S.A. sociedad vocera y administradora del patrimonio autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, depreca negar la tutela, toda vez que no cumplió las causales genéricas y específicas para su procedibilidad.
Con fundamento en lo expuesto solicita sea desvinculada del trámite tutelar al no estar legitimada por pasiva.
1.6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante providencia de 31 de enero de 2019, amparó los derechos fundamentales de la señora María Esther Acevedo Duque y dejó sin efectos la sentencia de 18 de abril de 2018 dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda y ordenó dictar una sentencia de reemplazo en la que se tengan en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de la providencia.
Manifiesta que en anterior pronunciamiento en sede de tutela en el que, como ahora, se cuestionaba la forma de reliquidar la pensión de un docente, la discusión se centró en determinar si las reglas jurisprudenciales fijadas por la Corte Constitucional sobre el régimen de transición pensional eran o no aplicables a los docentes. Como se trata del mismo asunto la Sala reiteró las consideraciones expuestas en esa providencia.
Allí expresaron que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, exceptuó de su ámbito de aplicación a los docentes afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, lo que significa que el artículo 36 ibidem, que consagra el régimen de transición pensional, no aplica para los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003. Incluso la sentencia de 28 de agosto de 2018, dictada por la Sala Plena del Consejo de Estado, precisó que los docentes no están sujetos al régimen de transición del artículo 36 de la ley 100 de 1993, por encontrarse exceptuados del ámbito de aplicación por disposición expresa del mencionado artículo 279.
En razón de lo anterior, no es posible aplicar a los docentes vinculados antes de la expedición de la Ley 812 de 2003, las subreglas fijadas en las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, en especial frente al IBL, pues estas sentencias fijan reglas sobre el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, régimen al que no están sometidos los docentes, por el contrario, de aplicarlas se incurriría en defecto sustantivo en la medida en que se da efectos a una regla que no regula el caso concreto.
La Sala advirtió que, si bien el Tribunal Administrativo de Risaralda estimó que los docentes estaban sujetos a normas especiales, concretamente a las contenidas en la Ley 91 de 1989, lo cierto es que terminó aplicando de manera indebida las reglas fijadas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-395 de 2017, que no fijó reglas de interpretación sobre el régimen docente, por lo que la providencia objeto de tutela incurrió en defecto sustantivo por indebida aplicación de las reglas fijadas en la referida sentencia de unificación.
Por último, respecto a la autonomía funcional del juez de primera instancia, sostiene que «esa Sección, como juez de tutela, no puede indicarle la norma que debe aplicar para resolver el caso. Por lo tanto, será el Tribunal Administrativo de Risaralda encargado de dictar la sentencia de reemplazo, conforme con las normas que regulan el asunto».
1.8. Impugnación
El magistrado Leonardo Rodríguez Arango impugna la sentencia proferida el 31 de enero de 2019, señala que el fallo revocado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, es respetuoso del precedente jurisprudencial y contiene un juicioso análisis comparativo de las posturas asumidas por esa Corporación en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 y por la Corte Constitucional en las sentencias SU-395 de 2017 y SU-230 de 2015, así como de la C-258 de 2013, en el tema de factores salariales que deben computarse en la liquidación pensional, en este caso de los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de tal manera que la conclusión de la sentencia cumple con la carga argumentativa para la aplicación del precedente jurisprudencial del la Corte Constitucional, y especialmente, para la aplicación del artículo 48 de la Constitución norma modificada mediante Acto Legislativo No. 01 de 2005, disposición ésta a la cual la sentencia SU-395 de 2017 le da contenido normativo, siendo dicho acto legislativo, el que en últimas limita la posibilidad de inclusión de factores salariales en la liquidación de las pensiones, en cuanto señala que únicamente pueden ser computados en la liquidación pensional, los factores de salario que sirvieron de base a los aportes de seguridad social en pensiones.
Señala que la posición del Tribunal sobre la inclusión de factores salariales en la liquidación de las pensiones de los docentes estuvo orientada por la sentencia SU-395 de 2017, constitutiva del precedente jurisprudencial que debía acatar esa Corporación; sin embargo, manifiesta que el problema jurídico planteado en este caso, también se encuentra definido en el pronunciamiento de la Sala Plena del Consejo de Estado, a través de la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, providencia en la que se consolidó, entre otros temas, lo concerniente al monto de las pensiones de los servidores públicos y señaló que debe estarse a los factores base de liquidación pensional señalados por el legislador, y que el criterio plasmado en la anterior sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, que consideraba la viabilidad del cómputo de emolumentos laborales distintos a los establecidos en la ley, en aplicación de los principios de igualdad material y primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, excede la voluntad de configuración legislativa que enlistó los factores que conforman la base de liquidación pensional y que a dichos factores de ley debe circunscribirse la base de la pensión, aunado al hecho de que va en contravía del principio de solidaridad en materia de seguridad social. Sostiene que el nuevo criterio pretende garantizar la debida correspondencia que en un sistema de contribución bipartita se debe mantener entre lo aportado, lo que el sistema retorna al afiliado y el aseguramiento de la viabilidad financiera del sistema, por lo que no se ve ninguna razón para que los docentes se vean excluidos del anterior planteamiento, con mayor razón cuando estos no tienen un régimen pensional propio sino que los nombrados antes de 2003 están regidos por la Ley 33 de 1985, aplicable a todos los servidores públicos.
Ahora bien, respecto del actual criterio jurisprudencial en el tema de docentes nacionales vinculados con anterioridad al 27 de junio de 2003 -cuando entró en vigencia la Ley 812 de 2003-, fue claro en señalar que les resultan aplicables las normas vigentes para los servidores del sector público nacional y sus pensiones están a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, razón por la cual se rigen por la Ley 33 de 1985; igualmente indicó que los docentes afiliados al dicho fondo se encuentran exceptuados de la aplicación de la Ley 100 de 1993 y que, por lo mismo, no es en razón del régimen de transición de esta última ley que se les aplica las leyes 33 y 62 de 1985, sino en razón de su vinculación a la docencia oficial con anterioridad a la mencionada Ley 812 de 2003, como aparece claro en la sentencia revocada.
No obstante, frente al tema de los factores que hacen parte de la liquidación, dicha discusión se encuentra zanjada, en los términos del precedente emitido por las altas cortes -Consejo de Estado y Corte Constitucional-, conforme a los cuales solo pueden liquidarse las pensiones de cualquier régimen, con los factores salariales que sirvieron de base a los aportes a la seguridad social en pensión, en tanto tal restricción fue prevista para todos los regímenes pensionales.
Siguiendo los lineamientos de la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2018, señala que se planteó una subregla (segunda), y ella es clara en establece que los únicos factores salariales que deben ser computados en la liquidación pensional, son los señalados por el legislador, y en el sub examine es la ley 33 de 1985. Este razonamiento, a juicio del Tribunal, resulta aplicable a los docentes del Fondo Nacional del magisterio, teniendo en consideración que si bien la sentencia de unificación precisó que a los mismos no les es aplicable «la regla establecida en esta providencia, así como la primera subregla», referentes al IBL del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, de la cual están exceptuados, es lo cierto que, en primer lugar, es otra subregla (segunda) la que sienta jurisprudencia en el tema de factores salariales; en segundo lugar, la Ley 33 de 1985 que consagra los factores salariales base de liquidación de aportes al sistema de seguridad social, igualmente aplicable a los docentes afiliados al magisterio vinculados con anterioridad a la expedición de la ley 812 de 2003, como es el caso de la actora; y en tercer lugar, la regla referente a los factores salariales computables para las pensiones, tiene su origen directo en la Constitución Política, conforme al Acto Legislativo N. 01 de 2005, que no exceptuó a los docentes oficiales.
Esta posición ha sido reiterada en reciente jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante providencia de 10 de octubre de 2018, que en un caso similar negó la reliquidación de la pensión de una docente con la inclusión de la totalidad de los factores devengados en el último año de servicios por encontrarse tales factores por fuera de los establecidos en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985 y por no acreditarse que sobre ellos se hicieran cotizaciones.
Conforme lo expuesto, la sentencia proferida por esa Corporación el 18 de abril de 2018, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 66001-33-33-002-2017-00056-01, obedeció a la interpretación, con base en criterios hermenéuticos de las disposiciones normativas y jurisprudenciales, y especialmente, a la aplicación del Acto Legislativo No. 01 de 2005, y al material probatorio allegado al expediente. Este estudio permitió a ese órgano colegiado desestimar en segunda instancia las pretensiones formuladas en la demanda con miras a la reliquidación pensional para la inclusión de todos los factores salariales devengados por la demandante, en cuanto sobre los mismos no se había efectuado o acreditado las cotizaciones en materia pensional.
En mérito de lo anterior, solicita revocar la sentencia de tutela proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante la cual dispuso el amparo constitucional de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de la accionante María Esther Acevedo Duque y, en su lugar, declarar con plenos efectos la sentencia de segunda instancia proferida por ese Tribunal el 18 de abril de 2018.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el artículo 2.° del Acuerdo 377 de 2018, según el cual «las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela proferido por la Sección Primera de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
Se contrae a determinar si el Tribunal Administrativo de Risaralda, afectó el derecho fundamental al debido proceso de la señora María Esther Acevedo Duque, al revocar la decisión del Juzgado Segundo Administrativo de Pereira y negar las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto en contra de la Nación –Ministerio de Educación Nacional y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública».
El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció en sus artículos 11, 12 y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales ejecutoriadas, artículos que posteriormente fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban contra los principios de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, además de trasgredir la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por la Constitución.
Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.
En este entendido, la jurisprudencia constitucional ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, desarrollando diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la sentencia C-590 de 2005, en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia misma del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que ésta identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración así como los derechos vulnerados y que se hubiere alegado en el proceso judicial siempre que hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 2012, unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.
Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia de 5 de agosto de 2014 acogió un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.
2.4 El defecto sustantivo
En sentencia SU-632 de 2017, la Corte Constitucional compendió lo atinente a este defecto al señalar que se configura cuando las decisiones que toman los operadores jurídicos desbordan los límites reconocidos en la Constitución y la ley al apoyarse, para resolver la situación fáctica puesta de presente en los casos concretos, en normas que son evidentemente inaplicables; por lo tanto, la competencia a ellos asignada e instituida en el principio de la autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, no es absoluta.
De acuerdo con el desarrollo jurisprudencial que se ha dado en el tema, una providencia judicial incurre en «defecto material o sustantivo» cuando la autoridad jurisdiccional (i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretación contraevidente —interpretación contra legem— o claramente irrazonable o desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial —horizontal o vertical— sin justificación suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el proceso.
En lo que corresponde con el «defecto sustantivo en la modalidad de desconocimiento de precedente judicial», la Corte ha sostenido que este se configura cuando se desconoce aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.
En la sentencia T-794 de 2011, la Corte indicó los criterios a tener en cuenta para identificar el desconocimiento del precedente judicial, de la siguiente forma: (i) la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa como precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) se trata de un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia son semejantes o plantean un punto de derecho semejante al que se debe resolver posteriormente.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha diferenciado dos clases de precedentes, teniendo en cuenta la autoridad que profiere la providencia previa, a saber, el precedente horizontal, que hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial y el precedente vertical, que se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional.
Así las cosas, los jueces tienen como deber de obligatorio cumplimiento el de acoger las decisiones proferidas por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones, cuando éstas constituyan precedentes, y/o sus propias decisiones en casos idénticos; regla que solo permite excepción, cuando el caso presenta situaciones no analizadas con anterioridad en otros fallos judiciales.
En esa medida, las autoridades judiciales pueden apartarse de los precedentes judiciales en atención a su autonomía y a su independencia, siempre que se atiendan las siguientes reglas: «(i) Debe hacer referencia al precedente que abandona, lo que significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido (principio de transparencia). (ii) En segundo lugar, debe ofrecer una carga argumentativa seria, mediante la cual explique de manera suficiente y razonada los motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía (principio de razón suficiente)».
De esta forma, concluye la Corte que el desconocimiento del precedente judicial, sin debida justificación, configura un defecto sustantivo, pues su respeto es una obligación de todas las autoridades judiciales en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena fe.
2.6. Hechos probados
La Sala extrae del expediente de nulidad y restablecimiento, los siguientes elementos de prueba:
La señora Elizabeth Hernández, ingresó al servicio docente el 12 de marzo de 1981, según se puede extraer del formato único para la expedición de certificado de historia laboral (ff. 38 y 39 CD expediente original).
Mediante Resolución n.º 0030 de 29 de enero 2015, la Secretaria Educación del Municipio de Risaralda, reconoció a favor de la señora María Esther Acevedo Duque, pensión mensual vitalicia de jubilación, efectiva a partir del 16 de octubre de 21014, como docente de vinculación nacionalizado con fundamento en la Leyes 6 de 1945, 33 de 1985, 812 de 2003, 1151 de 2007 y 1250 de 2008 (ff. 34 a 35 CD expediente original).
La base de liquidación se realizó con el 75% del promedio de los factores salariales devengados en el último año de servicios, anterior al estatus pensional, a saber, sueldo y prima de vacaciones (f. 34 CD expediente original).
La señora María Acevedo a través de apoderado, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que solicitó, entre otras pretensiones: (i) declarar la nulidad del acto administrativo por medio del cual se le reconoció la pensión de jubilación, y a título de restablecimiento del derecho, (ii) ordenar reliquidar su pensión incluyendo en la base de liquidación todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior al cumplimiento del estatus de pensionado, a saber: bonificación mensual, prima de escalafón, prima de navidad, prima de servicios y subsidio de alimentación (ff. 1 a 14 CD expediente original).
El Juzgado Segundo Administrativo de Pereira, en sentencia de 21 de noviembre de 2017, declaró la nulidad del acto acusado y ordenó reliquidar la pensión del demandante con todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la configuración del estatus de pensionado, incluyendo, además del salario básico y la prima de vacaciones, también los demás factores salariales con efectos fiscales a partir de 16 de octubre de 2014 (ff. 77 a 82 CD expediente original).
La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión (ff. 84 a 88 CD expediente original).
El recurso de alzada fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de sentencia de 18 de abril de 2018, que revocó la decisión del a quo y negó las pretensiones del medio de control, previas las siguientes conclusiones: (i) que el régimen pensional aplicable al demandante era el contenido en las Leyes 33 de 1985, y (ii) que en materia de factores salariales a incluir dentro del ingreso base de liquidación, se debían tener en cuenta solo aquellos con fundamento en los cuales se efectuaron cotizaciones al Sistema de Seguridad Social, en aplicación de los criterios de interpretación previstos por la Corte Constitucional en sentencias SU-395 de 2017 y T-039 de 2018, y el Acto Legislativo No. 1 de 2005 (ff. 103 a 112 CD expediente original).
2.7. Análisis de la Sala
El argumento central de la impugnación presentada contra la sentencia proferida el 31 de enero de 2019 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, se funda en criterios de interpretación del precedente jurisprudencial sentado por la Corte Constitucional, en especial el contenido en las sentencias SU-395 de 2017 y T- 039 de 2018, relacionado con el tema de los factores salariales que deben computarse en la liquidación pensional de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Considera la Sección Cuarta que aplicarlos implica incurrir en un defecto sustantivo en cuanto los precedentes invocados no regulan el caso concreto, en especial frente al IBL, y dichas sentencias fijan reglas sobre el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al que no están sometidos los docentes.
El Tribunal manifiesta, por su parte, que la Ley 33 de 1985 consagra los factores salariales base de liquidación de los aportes al sistema de seguridad social, el que es igualmente aplicable a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del magisterio vinculados con anterioridad a la Ley 812 de 2003, como es el caso de la actora. De igual manera sostuvo que su posición guarda relación con lo dispuesto en la reforma constitucional introducida en el Acto Legislativo 1 de 2005, que adicionó el artículo 48 superior, el cual estableció un límite en materia de inclusión de factores como ingreso base de liquidación, como quiera que la aludida norma constitucional dispuso en su artículo 1.° que: «Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones», así como lo señalado en la sentencia SU-395 de 2017. Destaca que la providencia revocada se fundamentó en estos tres aspectos relevantes que llevaron a la Corporación a concluir que en la reliquidación de la pensión de la señora María Esther Acevedo Duque, solo se debían incluir los factores salariales que sirvieron de base a los aportes a la seguridad social.
Conforme lo expuesto, corresponde a la Sala dilucidar si el Tribunal accionado incurrió en defecto sustantivo, al aplicar el contenido de las sentencias SU-395 de 2017 y T-039 de 2018, en materia de factores salariales que deben integrar el ingreso base de liquidación pensional de los docentes.
En palabras de la Corte Constitucional, el operador jurídico incurre en «defecto sustantivo» cuando: (i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretación contraevidente —interpretación contra legem— o claramente irrazonable o desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial —horizontal o vertical— sin justificación suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el proceso.
Sea preciso mencionar que en virtud a lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005, parágrafo transitorio 1, vigente para la época en que fue reconocida la pensión de jubilación de la accionante, el régimen pensional aplicable a docentes depende de su fecha de vinculación al servicio, en atención a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, esto es, el 27 de junio de 2003.
De forma tal que si la docente estaba vinculada al servicio público educativo con anterioridad al 27 de junio de 2003 —fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003— el régimen prestacional aplicable es el establecido para el personal docente que regía para esa fecha, es decir, la Ley 91 de 1989 y demás normas concordantes; a su turno, si la docente se vinculó al servicio público educativo a partir del 27 de junio de 2003, se jubilará con el régimen de prima media con prestación definida, establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
Dado que en el sub lite, la fecha de vinculación de la señora María Esther Acevedo Duque al servicio docente ocurrió el 12 de marzo de 1981 (ff. 38 y 39 Cd), esto es, con anterioridad al 27 de junio de 2003, las normas aplicables son las establecidas para el Magisterio que estuvieren vigentes, en este caso, la Ley 91 de 1989.
En la Ley 91 de 1989, artículo 15, numeral 2, se establecen las siguientes previsiones para el personal docente en materia pensional:
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1º de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: […]
2. Pensiones:
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
Para los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional. […]
La redacción de la norma en cita ha dado lugar a dos interpretaciones en materia de reliquidación pensional docente, por parte de los operadores jurídicos.
De un lado, quienes señalan que del texto del artículo 1.°, de la Ley 33 de 1985, en el que se prevé que «se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año», se puede extraer la tasa de reemplazo (75%), el ingreso base de liquidación (salario mensual promedio) y el periodo (último año de servicios), por lo que la remisión al régimen general, se centraría únicamente en materia de requisitos de edad y tiempo de servicios, que son los asuntos no regulados por la norma especial docente.
De otro lado, que del texto del artículo 15, numeral 2, inciso 2, en el que se señala que los docentes que se nombren a partir del 1º de enero de 1990 «gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional», se remite íntegramente a la aplicación del régimen general vigente, de acuerdo con la fecha de vinculación del docente.
Esta última interpretación fue la acogida por el Tribunal accionado, quien señaló que a los docentes vinculados con anterioridad al 27 de junio de 2003, como es el caso de la señora Acevedo Duque se le aplican las normas vigentes para los servidores del sector público nacional y sus pensiones están a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, razón por la cual se rigen por la Ley 33 de 1985, que constituía dicho régimen para la fecha de vinculación de la accionante al servicio docente.
En relación con los factores salariales aplicables conforme a lo normado en la Ley 33 de 1985, el Tribunal señaló el contenido del artículo 1° de la Ley 62 de 1985, donde se determinan los factores salariales que deben tenerse en cuenta en la base de liquidación para realizar aportes, a saber, asignación básica, gastos de representación, primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación, dominicales y feriados, horas extras, bonificación por servicios prestados, y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. Y resaltó que en todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes.
A renglón seguido la autoridad tutelada señaló que frente a los factores salariales que integran el ingreso base de liquidación pensional establecido en las leyes 33 y 62 de 1985, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 4 de agosto de 2010, unificó jurisprudencia y precisó que este no debe interpretarse de forma taxativa sino meramente enunciativa, porque se vulnera el principio de progresividad, de igualdad, de primacía de la realidad sobre las formalidades.
El Tribunal para resolver la disparidad de criterios frente a los factores salariales aplicó el precedente que en su sentir era el actualmente vinculante, expuesto en la sentencia SU-395 de 2017. Allí la Corte estableció que el IBL no es un asunto sometido a régimen de transición, y además señaló que la liquidación de pensiones de regímenes especiales no puede incluir todos los factores salariales, en tanto solo deben incorporarse aquellos sobre los cuales hayan sido realizados los aportes al sistema de seguridad social, lo que explica que su contenido resulte también aplicable al sector docente.
Vista la anterior disyuntiva, esta Subsección contrario a lo manifestado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, optó por darle prevalencia al principio de autonomía judicial cuando se acude en sede de tutela a discutir decisiones judiciales en torno al tema en comento, pues debe tenerse en cuenta que el operador judicial estaba frente a dos posiciones debidamente sustentadas y válidas, pero contrarias, de dos órganos de cierre, en donde no resulta apropiado conminarlo para que adopte una u otra posición.
Ahora bien, la fuerza vinculante de la jurisprudencia emitida por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones implica que las autoridades judiciales acudan a la aplicación del precedente para decidir casos con identidad fáctica y jurídica, sin que ello, de ninguna manera, signifique un desconocimiento de la autonomía judicial de la que gozan los jueces.
Justamente en defensa del principio de autonomía judicial, se ha admitido que los jueces se separen del precedente jurisprudencial cuando, en virtud de su buen juicio y del interés constitucional superior, consideren ajustado a derecho adoptar una decisión diferente a la sentada jurisprudencialmente, caso en el cual aumenta la carga argumentativa del operador de justicia, quien debe exponer en suficiencia las razones de su disentimiento.
Sobre el particular se pronunció la Corte Constitucional en sentencia T-354 de 2014, en donde precisó lo siguiente:
« Los jueces en virtud del principio de la autonomía judicial –artículos 228 y 230 de la Constitución- pueden tener diferentes interpretaciones del contenido de una norma jurídica. No obstante, ese ejercicio hermenéutico encuentra límites en el ordenamiento constitucional vigente y en el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, con lo cual se garantiza a los ciudadanos un margen de seguridad jurídica que impone al juez el deber de respetar y acoger el precedente judicial, el cual a sido distinguido por la jurisprudencia en precedente horizontal y precedente vertical.
4.1.4. El precedente horizontal implica que un juez -individual o colegiado- no puede separarse del precedente fijado en sus propias sentencias; en contraste con el precedente vertical que supone que los jueces no se pueden apartar del precedente fijado, en el caso particular, por el máximo tribunal u órgano de cierre de la respectiva jurisdicción (ordinaria, contencioso administrativa y constitucional).
4.1.4. No obstante, a pesar de que exista un precedente -horizontal o vertical-, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que el juez tiene la posibilidad de apartarse del mismo, sin vulnerar el derecho al debido proceso y a la igualdad, siempre que: (i) haga referencia expresa al precedente (requisito de transparencia); y (ii) explique las razones con base en las cuales se justifica el cambio de posición (requisito de suficiencia)».
En consecuencia, las providencias judiciales en las que un juez decida apartarse del precedente jurisprudencial horizontal o vertical sin esgrimir razones fundadas para hacerlo, incurren en violación del derecho a la igualdad y el debido proceso, susceptible de protección a través de esta vía constitucional. Sin embargo, no ocurre lo mismo cuando se estaba frente a dos posiciones contrarias, como sucede en el sub judice, y el operador judicial decide aplicar una de ellas.
La Sala considera que la decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, no se aparta de forma grosera o arbitraria de la línea jurisprudencial que había fijado el Consejo de Estado en materia de IBL en régimen de transición, sino que, por el contrario, fijó su posición de acuerdo con los argumentos expuestos por la Corte Constitucional en múltiples sentencias de unificación de jurisprudencia.
Así, debido a que a la fecha en que se profirió la decisión de segunda instancia dentro del proceso ordinario cuestionado 18 de abril de 2018, no existía una posición unánime entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre el asunto, no le era exigible a esa autoridad judicial la aplicación de uno u otro criterio, pues, como se indicó, ello iría en contra de las libertades propias del juez natural de la causa.
Por otro lado, la Sala considera necesario precisar que si bien es cierto que por medio de sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, con ponencia del consejero de Estado doctor César Palomino Cortés, se sentó jurisprudencia respecto de que el Índice Base de Liquidación aplicable a las personas beneficiarias del régimen de transición es el dispuesto en la Ley 100 de 1993, tal posición no es aplicable al caso concreto. Sobre el particular sostuvo:
Fijación de la Regla Jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición
92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sienta la siguiente regla jurisprudencial:
“El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985”.
93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes subreglas:
94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:
Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
95. La Sala Plena considera importante precisar que la regla establecida en esta providencia, así como la primera subregla, no cobija a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pues fueron exceptuados del Sistema Integral de Seguridad Social por virtud del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y su regimen pensional está previsto en la Ley 91 de 1989. Por esta razón, estos servidores no están cobijados por el régimen de transición.
La no aplicación de la sentencia de unificación de esta Corporación al asunto bajo estudio, responde a que la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda y que es objeto de análisis en este medio de amparo, fue dictada y notificada con anterioridad a la unificación de criterios respecto del IBL en materia de régimen de transición.
Además, en el numeral 115 de la sentencia de unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018 se dijo lo siguiente:
La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación al precedente de forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia, disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en ese pronunciamiento se aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.
En estas condiciones, los argumentos de la Sección Cuarta de esta Corporación relativos al defecto fáctico por la presunta aplicación equivocada de la jurisprudencia de unificación de la Corte Constitucional contenida en la SU-395 de 2017 a los docentes, resultan respetables pero lo que corresponde es, como se dijo en precedencia, respetar la independencia y autonomía del juez de conocimiento, pues argumentada y razonadamente decidió adoptar la posición de la Corte Constitucional frente a la aplicación del IBL a los beneficiarios del régimen de transición, que le sirvió de sustento para revocar la decisión de primera instancia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Bogotá y denegar las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que, por lo demás, guarda armonía con lo dispuesto actualmente por el Consejo de Estado.
3. Conclusión
De acuerdo con los argumentos expuestos, la Sala considera que no existió defecto sustantivo al aplicar el precedente establecido por la Corte Constitucional relacionado con los factores salariales que deben computarse en la liquidación pensional en el caso de los docentes, por parte del Tribunal Administrativo de Risaralda, debido a que, con fundamento en el principio de autonomía e independencia judicial, los administradores de justicia tienen la potestad de acoger la posición que consideren más ajustada a derecho y a los principios constitucionales, cuando existen las contradicciones que se han expuesto en el presente asunto.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla
Primero: se revoca la sentencia impugnada de 31 de enero de 2019, proferida en primera instancia por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que amparó los derechos fundamentales de la señora María Esther Acevedo Duque.
Segundo: se niega el amparo de los derechos a la igualdad y al debido proceso invocados por el apoderado judicial de la señora Maria Esther Acevedo Duque, de conformidad con las razones esbozadas en las consideraciones del presente fallo.
Ejecutoriada esta providencia remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Sentencia de 20 de octubre de 2018, dictada en el proceso de tutela No. 11001-03-15-000-2018-01772-00. M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. CONSEJO DE ESTADO. Sección Segunda, Subsección A, radicado 05001-23-33-000-2015-00871-01. C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado. Reiteradas en la sentencia SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009. CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González, expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ). CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Sentencias T-462 de 2003, T-087 de 2007, T-436 de 2009, T-161 de 2010, SU-448 de 2001 y SU-448 de 2016, entre otras. Sentencias T-794 de 2011, T-1317 de 2001 y T-292 de 2006, entre otras. Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011 y T-209 de 2011, entre otras. Sentencias T-794 de 2011 y T-082 de 2011. Sentencias T-049 de 2007, T-288 de 2011, T-464 de 2011 y C-634 de 2011.
«El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003». Reconocida mediante Resolución n.º 0039 de 29 de enero de 2015, por la Secretaría de Educación Risaralda.
«Que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario». Al respecto, la Corte en la sentencia T-1130 de 2003 señaló: “(…) El respeto al precedente es presupuesto necesario para garantizar la seguridad jurídica, postulado que permite la estabilidad de la actividad judicial, permitiendo con ello que los asociados tengan cierto nivel de previsibilidad en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico y, de este modo se asegure la vigencia de un orden justo. La realización del principio de seguridad jurídica, además, está relacionada con la buena fe (Art. 83 C.P.) y la confianza legítima, en el entendido que las razones que llevan a los jueces a motivar sus fallos determinan el contorno del contenido de los derechos y las obligaciones de las personas, la forma de resolución de las tensiones entre los mismos y el alcance de los contenidos normativos respecto a situaciones de hecho específicas, criterios que hacen concluir que la observancia del precedente jurisprudencial constituye un parámetro válido para efectuar un ejercicio de control sobre la racionalidad de la decisión judicial.”
Sentencia T-688 de 2003. Además, en esta oportunidad se sostuvo: “El ciudadano tiene derecho a que sus jueces tengan en mente las reglas judiciales fijadas con anterioridad, pues ello garantiza que sus decisiones no son producto de apreciaciones ex novo, sino que recogen una tradición jurídica que ha generado expectativas legítimas. Proceder de manera contraria, esto es, hacer caso omiso, sea de manera intencional o por desconocimiento, introduce un margen de discrecionalidad incompatible con el principio de seguridad jurídica, ahora sí, producto de decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada y que han definido ratio decidendi, que los ciudadanos legítimamente siguen.”
Sentencias T-014 de 2009, T-777 de 2008, T-571 de 2007, T-049 de 2007, T-440 de 2006, T-330 de 2005, T-698 de 2004, T-688 de 2003 y T-468 de 2003, entre otras. Ley 100 de 1993. “Artículo 279. EXCEPCIONES.
El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica […] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida […]”.
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