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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-03102-00

Tutela contra providencia judicial

Fecha
25 de octubre de 2018
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-03102-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA SE NIEGA la acción de tutela instaurada por la señora Candelaria Rodríguez Soler y otros, conforme a lo expuesto en este proveído. Si no fuere impugnada esta decisión dentro del término previsto en el Decreto 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2018-03102-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

25 de octubre de 2018

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - No configuración / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CAUSAL EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD - Culpa exclusiva de la víctima

En el presente caso, el accionante le endilga a la providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, haber incurrido en desconocimiento del precedente y defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio dentro del proceso ordinario de reparación directa promovido contra la Fiscalía General de la Nación.(…) [N]o se observa que el tribunal haya incurrido en un razonamiento contraevidente que configure el defecto fáctico que le reprochan los accionantes a la providencia del 8 de marzo de 2018. De otro lado, para sustentar los eventos en que se configura la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad en contra del Estado por el hecho de la privación de la libertad, el tribunal hace el análisis de los fallos proferidos por la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de los cuales se ha decantado la tesis sobre la culpa desde el punto de vista civil, cuando se torna en la causa que determina el daño, en este caso, el de la privación de la libertad. Es decir, que la providencia del tribunal se presenta razonablemente fundamentada y motivada, sin que se aprecie que haya comprometido las garantías fundamentales alegadas por los accionantes. Así pues, preservando la autonomía del juez natural que le otorga libertad para apreciar en su conjunto las pruebas dentro del proceso judicial, la Sala observa que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, desarrolló una carga argumentativa suficiente para arribar a la conclusión de que la conducta desplegada por los [accionantes] encajaban dentro de los presupuestos que estructuran la denominada «culpa exclusiva de la víctima» prevista por el legislador estatutario como el evento que exonera de responsabilidad al Estado, en aquellos casos donde ha sido necesario ordenar la privación de la libertad, de quien es investigado en la actuación penal.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-03102-00(AC)

Actor: CANDELARIA RODRÍGUEZ SOLER Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

La señora Candelaria Rodríguez Soler y otros, actuando por medio de apoderado especial, interponen acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por considerar que se les ha vulnerado el derecho fundamental al debido proceso, con lo decidido en la providencia del 8 de marzo de 2018, que negó las pretensiones incoadas en ejercicio del medio de control de reparación directa, contra la Fiscalía General de la Nación.

Pretensiones

El apoderado de los accionantes, señala como pretensiones las siguientes:

«1. Que le ampare de manera inmediata a los señores CANDELARIA RODRIGUEZ SOLER, SALLY HESNIT PALMERA ROGRIGUEZ, MELVIN JAVIER PALMERA RODRIGUEZ, RUBEN PALMERA CAMPO, JAIME PALMERA CASTRO, SOL MARINA PALMERA CASTRO, DENIS PALMERA CASTRO, ADOLFO PALMERA CASTRO, GERTRUDIS PALMERA MALDONADO, MARCO MARQUEZ RACINI, SERGIO MARQUEZ RACINI, DORIS GOMEZ DE MARQUEZ, PABLO VICENTE MARQUEZ RACINI, JUAN CARLOS MARQUEZ GOMEZ, ADRIANA MARQUEZ GOMEZ, ALEJANDRO MARQUEZ RACINI, BERENICE URZOLA RUIZ, y MARIA LUISA MARQUEZ GUTIERREZ (sic) el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO (sic), contenido en el artículo 29 de la Carta Magna, y se disponga dejar sin valor y efectos jurídicos la sentencia, de fecha 28 de marzo del 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, con ponencia del Dr. ALFONSO SARMIENTO CASTRO (sic), cuya radicación es 110013336033-2012-0034001; y de la misma manera se le ordene al tribunal en mención resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandada conforme a la realidad probatoria y el precedente jurisprudencial, y de la misma manera deberá tener en cuenta la totalidad de las probanzas recaudadas en legal forma para que se haga una debida valoración probatoria de las mismas.».

1.2. Hechos de la solicitud

1.2.1 Narra que los señores Álvaro Palmera Castro, Alejandro Márquez Racini y Marco Márquez Racini, fueron vinculados a una investigación penal por el presunto delito de lavado de activos y contra ellos se dictó medida de aseguramiento consistente en la privación de su libertad en establecimiento carcelario, que duró dos meses y dieciocho días, por orden de la Fiscalía 304 destacada ante el DAS de Bogotá.

1.2.2. El proceso fue reasignado y le correspondió a la Fiscalía Octava Especializada de la Unidad de Lavado de Activos donde se dispuso revocar la medida, bajo el argumento de la ausencia de dolo en la conducta de los sindicados quienes recobraron su libertad el 26 de junio de 2008, pero continuaron vinculados a la investigación penal.

1.2.3. Terminada la investigación, la Fiscalía de conocimiento profirió resolución de acusación en contra de los sindicados; sin embargo, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal de Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, revocó la resolución de acusación debido a que no se había demostrado el dolo de la conducta penal imputada.

1.2.4. Por considerar que se había configurado una privación injusta de la libertad, los accionantes instauraron demanda de reparación directa en contra de la Nación, Fiscalía General de la Nación bajo el radicado 11001-33-36-033-2012-00340-00, de la cual conoció, en primera instancia, el Juzgado 33 Administrativo Oral de Bogotá, donde fueron acogidas las pretensiones de los demandantes, mediante sentencia del 19 de diciembre de 2016.

1.2.5. Ambas partes formularon recurso de apelación contra la sentencia del juzgado, por lo que el 8 de marzo de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, profirió fallo revocando la decisión de primera instancia, argumentando que estaba demostrada la culpa civil de los demandantes quienes con su conducta descuidada y negligente en la participación de la constitución de una sociedad, que presuntamente colaboraba con actividades ilícitas, habían dado lugar a que se iniciara la respectiva investigación penal.

1.3 Fundamentos jurídicos de la parte accionante

Los accionantes, consideran que el fallo del tribunal incurrió en defecto fáctico por errónea valoración probatoria, cargo que encuentra sustento en los siguientes argumentos:

Empiezan por recordar que según el fallo, los demandantes incurrieron en una conducta negligente y descuidada al suscribir la escritura pública número 2345 el 24 de octubre de 2004, mediante la cual se constituyó la sociedad denominada «Financiamiento Estructural S.A.», sin percatarse de sus presuntos fines ilícitos de servir como fachada para desarrollar la actividad ilícita de lavado de dinero.

Al respecto, señalan que la afirmación del tribunal corresponde a un juicio subjetivo sin respaldo probatorio, pues lo que estaba demostrado es que la sociedad se constituyó con un objeto lícito y no se les podía exigir a los demandantes que asumieran un comportamiento diferente de aquel que comúnmente asume quien actúa despojado de cualquier intención de carácter ilícito, razón por la cual no se podía endilgar la culpa civil por negligencia o descuido.

En segundo lugar, dicen los accionantes, que al concluir el tribunal que por esta conducta negligente se abrió la investigación penal en contra de los demandantes, se incurre en un error de apreciación de los hechos, toda vez que dicha investigación se originó fue por el informe policial judicial DAS número 211.DGO.SIES.CGSR, para investigar delitos cometidos por miembros del frente VII de la agrupación autodenominada Farc.

Adicionalmente, aseguran que para esa época en que se inicia la investigación en la Fiscalía, aún no se había creado la sociedad «Financiamiento Estructural S.A.».

Por otra parte, aunque en el escrito de tutela se menciona la presunta violación del precedente judicial, no se desarrolla ningún argumento relacionado con este cargo, así como tampoco se señalan las tesis jurídicas sobre el tema de la privación injusta de la libertad, que presuntamente el tribunal no observó en su fallo.

1.4. Actuación procesal

La acción de tutela fue admitida mediante auto del 10 de septiembre de 2018, en el que se dispuso notificar como demandados a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A; y la Fiscalía General de la Nación, como tercero interesado, ya que actuó como parte demandada dentro del proceso de reparación directa, para que en el término de tres (3) días rindieran informe en ejercicio de su derecho de defensa.

1.5. Intervenciones

1.5.1. Fiscalía General de la Nación

La represente judicial de esta entidad solicita que se declare improcedente la acción de tutela, por dos razones específicamente: porque no se cumple con el requisito de subsidiariedad, ya que el actor no explica la razón por la cual no se agotó el recurso extraordinario de revisión, como mecanismo judicial idóneo para ventilar su pretensión frente al debate probatorio del proceso de reparación directa; y, porque tampoco cumple con la carga argumentativa de señalar y desarrollar jurídicamente los defectos específicos en los que, a su juicio, incurre el fallo del tribunal.

Por último, refiere que no se configuró un desconocimiento del precedente establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C - 037 de 1996, toda vez que para obtener una indemnización con respecto de la privación injusta de la libertad es necesario acreditar que la decisión que conllevó a esta medida fue una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria del procedimiento legal establecido para el efecto, y precisó que si este aspecto no está demostrado en el proceso contencioso administrativo, aún en el evento en que se declare la responsabilidad del Estado, se presentaría una grave lesión del patrimonio público y un desconocimiento de este precedente.

1.5.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A

Dentro del plazo concedido, el tribunal se manifestó frente a los hechos y pretensiones de la accionante expresando lo siguiente:

Expresa que en el presente asunto no se cumplen los criterios establecidos en la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción de tutela, por cuanto no se explican los requisitos específicos y generales de procedencia contra providencias judiciales y, tampoco se advierte que en la sentencia emitida el 8 de marzo de 2018, por la Sala de Decisión de esa Corporación, se hubiera configurado algún defecto orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, decisión sin motivación o la violación directa a la Constitución.

En cuanto al fondo del asunto, resalta la diferencia que existe entre la valoración de la conducta del investigado dentro del proceso penal y la que se hace dentro del proceso contencioso administrativo, que busca determinar si el comportamiento de la víctima constituye causal de exclusión de imputación de responsabilidad en contra del Estado.

En este sentido concluye que en el proceso de reparación directa quedó demostrado que la medida de aseguramiento consistente en la detención de los señores Álvaro de Jesús Palmera Castro, Alejandro Márquez Racini y Marco Antonio Márquez Racini, obedeció a la conducta negligente que asumieron después de haber firmado la escritura de constitución de una sociedad, que de acuerdo con la investigación penal había incurrido en el delito de lavado de activos con fines terroristas.

2. Consideraciones
2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 1º del Decreto 1983 de 2017, que modifica el artículo 2.2.3.1.2.1.del Decreto 1069 de 2015, en cuanto señala que «Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada», esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

2.2. Problema jurídico

Se debe determinar si la tesis jurídica del eximente de responsabilidad del Estado por la culpa exclusiva de la víctima, planteada en el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, del 8 de marzo de 2018, ha incurrido en defecto fáctico por indebida apreciación probatoria y si está conforme con los criterios que sobre el particular ha decantado la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Para abordar el problema se debe verificar (i) el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) la causal de desconocimiento del precedente judicial, (iii) del defecto fáctico como requisito específico de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, (iv) los hechos probados, (v) el caso concreto y (vi) las conclusiones.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció en sus artículos 11, 12 y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales ejecutoriadas, artículos que posteriormente fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban contra los principios de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, además de trasgredir la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por la Constitución.

Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.

En este entendido, la jurisprudencia constitucional ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, desarrollando diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la sentencia C-590 de 2005, en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia misma del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que ésta identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración así como los derechos vulnerados y que se hubiere alegado en el proceso judicial siempre que hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.

Observa la Sala que el asunto bajo examen reviste relevancia constitucional, en cuanto se trata de establecer si la actuación judicial compromete garantías y derechos fundamentales del accionante como el del debido proceso y el acceso a la administración de justicia.

También se verifica que se cumple con el principio de inmediatez, ya que la acción de tutela ha sido instaurada dentro de un plazo razonable, teniendo en cuenta la fecha de ejecutoria de la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.

De igual manera, se han expuesto las razones de inconformidad con la decisión judicial, planteando algunas tensiones de carácter constitucional que pueden ser definidas por el juez de tutela, dentro de los límites restringidos del ámbito de su competencia.

Contra el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, no proceden recursos ordinarios y no se advierte alguna de las causales que pudiera dar lugar a la interposición de un recurso extraordinario, por lo que se encuentra agotada la vía de contradicción frente a la providencia objeto de la acción de tutela.

Además del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, el accionante debe demostrar que la vulneración que imputa a la providencia judicial se adecúa, al menos, a una de las causales específicas de procedibilidad del amparo contra providencias judiciales, es decir, que la actuación judicial se encuentre inmersa en alguno de los siguientes vicios o defectos:

a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

e) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

f) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

g) Desconocimiento del precedente, que ocurre cuando el juzgador se aparta de la línea jurisprudencial establecida por la Corte Constitucional sobre el tema que es objeto de su pronunciamiento, sin que manifieste los motivos por los cuales decide hacerlo.

h) Violación directa de la Constitución, la cual se presenta cuando, de manera ostensible y flagrante, la decisión del órgano judicial contradice los postulados recogidos en la Carta Política.

En el presente caso, el accionante le endilga a la providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, haber incurrido en desconocimiento del precedente y defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio dentro del proceso ordinario de reparación directa promovido contra la Fiscalía General de la Nación.

2.3.2. Desconocimiento del precedente

En la sentencia T-794 de 2011, la Corte indicó los criterios a tener en cuenta para identificar el desconocimiento de precedente judicial, de la siguiente forma: (i) la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa como precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) se trata de un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante; y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia son semejantes o plantean un punto de derecho semejante al que se debe resolver posteriormente.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha diferenciado dos clases de precedentes, teniendo en cuenta la autoridad que profiere la providencia previa, a saber: el precedente horizontal, que hace referencia a aquellas sentencias proferidas por autoridades de la misma jerarquía o por el mismo operador judicial; y, el precedente vertical, que se relaciona con los lineamientos sentados por las autoridades judiciales de cierre, encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional.

Para la mayoría de asuntos, el precedente vertical que deben seguir los funcionarios judiciales lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción; y, en los casos en los que no son susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores.

Así las cosas, serán vinculantes para los jueces las decisiones proferidas por los órganos de cierre en cada jurisdicción, cuando éstas constituyan precedentes, y/o sus propias decisiones en casos idénticos; regla que admite excepción, cuando el caso presenta situaciones no analizadas con anterioridad en otros fallos judiciales.

En esa medida, las autoridades judiciales pueden apartarse de los precedentes judiciales en atención a su autonomía e independencia, siempre que se atiendan las siguientes reglas: «(i) Debe hacer referencia al precedente que abandona, lo que significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido (principio de transparencia), (ii) debe ofrecer una carga argumentativa seria, mediante la cual explique de manera suficiente y razonada los motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía (principio de razón suficiente)»

De esta forma, concluye la Corte que el desconocimiento del precedente judicial, sin debida justificación, configura un defecto sustantivo, pues su acatamiento es una obligación de todas las autoridades judiciales en virtud de los principios del debido proceso, de igualdad y de buena fe, consagrados en la Constitución Política.

2.3.3. Del defecto fáctico

La jurisprudencia Constitucional, ha sostenido que el defecto fáctico se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

En este sentido, ha identificado dos dimensiones en las que se puede configurar el defecto fáctico, así: 1) Una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin justificación da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. 2) Una dimensión positiva, que se presenta generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador desconoce los postulados consagrados en la Constitución Política.

En todo caso, la intervención del juez de tutela, en relación con el juicio probatorio aplicado por el juez natural es de carácter extremadamente reducido, por el respeto que se debe a los principios de autonomía judicial y del juez natural, que le impiden al juez constitucional realizar un examen exhaustivo del material probatorio que figura en el proceso ordinario; así, la Corte Constitucional, en sentencia T-055 de 1997, determinó que, en lo que hace al análisis del material probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia.

Por tal razón, no es procedente la acción constitucional, cuando se encamina a obtener una nueva valoración de la actividad de apreciación probatoria realizada por el juez que ordinariamente conoce del asunto controvertido.

Así lo reseñó la Corte Constitucional en el recuento jurisprudencial que dejó plasmado en su sentencia de unificación SU-424 de 2012:

Para la Corte, el defecto fáctico puede darse tanto en una dimensión positiva, que comprende los supuestos de una valoración por completo equivocada, o en la fundamentación de una decisión en una prueba no apta para ello, así como en una dimensión negativa, es decir, por la omisión en la valoración de una prueba determinante, o en el decreto de pruebas de carácter esencial. Al respecto, esta Corporación ha precisado:

“En punto a los fundamentos y al margen de intervención que tiene el juez de tutela para configurar la ocurrencia de un defecto fáctico, la Corte ha fijado los siguientes criterios de aplicación:
• La intervención del juez de tutela, frente al manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido. El respeto por el principio de autonomía judicial y el principio del juez natural, impiden que en sede de tutela se lleve a cabo un examen exhaustivo del material probatorio.
• Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos. Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar, conforme a los criterios de la sana critica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto. El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo sino que sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima”.

En reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional recordó cuáles son los presupuestos jurídicos que se deben tener en cuenta para determinar cuándo se configura un defecto fáctico en las providencias proferidas por los jueces.

De dicho pronunciamiento, se destaca lo siguiente:

4. El defecto fáctico como causal de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

Así, ha indicado que “el error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia (…)”.

[…]

4.2. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte ha concluido que en el defecto fáctico se presentan dos dimensiones:

“la primera ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. La segunda se presenta generalmente cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29 C. P.) o cuando da por establecidas circunstancias sin que exista material probatorio que respalde su decisión, y de esta manera vulnere la Constitución.”

4.3. De tal manera, que el señalado vicio se puede manifestar así:

“(i) Omisión por parte del juez en el decreto y práctica de pruebas. La Corte ha considerado que se configura, cuando el funcionario judicial omite el decreto y la práctica de pruebas, generando en consecuencia la indebida conducción al proceso “de ciertos hechos que resultan indispensables para la solución del asunto jurídico debatido.”

2.4. Hechos probados con relevancia en relación con los cargos planteados contra el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A

Dentro de la investigación penal que se inició por informe de policía judicial que señala a alias Alirio Rojas, miembro del frente 7 de la Farc, como promotor para para crear la empresa denominada «Financiamiento Estructural S.A.», fueron vinculados como presuntos responsables de los delitos de lavado de activos en concurso con rebelión, los señores Álvaro de Jesús Palmera Castro, Alejandro Márquez Racini y Marco Antonio Márquez Racini, entre otros (folios 3 a 35 del cuaderno número 3 de pruebas contentivo de la actuación penal).

El 20 de abril de 2008, la Fiscalía 304 Seccional Destacado ante el Das, resolvió la situación jurídica de los sindicados e impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, por considerar que había suficiente evidencia en su contra sobre el incremento patrimonial no justificado, que se reflejaba a partir de su participación como socios en la creación de la empresa «Financiamiento Estructural S.A.», auspiciada por alias Alirio Rojas miembro del frente 7 de la Farc (folios 34 y 35 ibídem).

Mediante providencia del 25 de junio de 2008, la Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, Fiscalía Octava Delegada, accedió a una solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento, por considerar que el comportamiento de los incriminados estaba desprovisto de dolo y ordenó en forma inmediata su libertad (folios 37 a 57 ibídem).

El 25 de abril de 2010, la Fiscalía Primera Delegada de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, resuelve recurso de apelación interpuesto contra la resolución de acusación del 3 de abril de 2009, emanada de la Fiscalía Octava Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados, revocando la decisión y ordenando prelucir la investigación (folios 58 a 191 ibídem,).

A raíz de los anteriores hechos, los afectados instauraron demanda de reparación directa contra la Fiscalía General de la Nación, para obtener el pago de los perjuicios ocasionados por la privación injusta de su libertad.

2.5. Análisis de la Sala

Según los accionantes, la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, el 8 de marzo de 2018, que negó las pretensiones de la demanda de reparación directa, incurrió en defecto fáctico por indebida apreciación probatoria respecto a la culpa civil que adujo el fallador como causa justificante de la medida de aseguramiento en virtud de la cual se les privó injustamente de su libertad.

De igual modo, argumentan que de acuerdo con las disposiciones legales del ordenamiento procesal penal, cuando se determina la inocencia del investigado y se absuelve, o cuando su declara la preclusión de la investigación porque la conducta no es imputable a título de dolo o culpa, el Estado tiene la obligación de resarcir los perjuicios ocasionados al afectado, por la privación injusta de la libertad.

Por su parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, concluyó en su providencia que la actuación de la Fiscalía estuvo ajustada a los parámetros de la legislación procesal penal y, que más bien, fue la conducta negligente y descuidada asumida por los accionantes, después de haber participado como socios en la constitución de la empresa «Financiamiento Estructural S.A», lo que conllevó a que se ordenara la medida de detención preventiva en su contra por los indicios de haber colaborado en la comisión de los delitos de lavado de activos en favor de tercero y de rebelión, por lo que no se configura una privación injusta de la libertad imputable al Estado.

Dice el tribunal, que si bien en el proceso penal no se logró demostrar el dolo de los demandantes al momento de constituir la mencionada sociedad, razón por la cual no se tipificó el delito que se les imputaba, no se puede deducir lo mismo respecto de la culpa que se examina en el proceso contencioso administrativo de responsabilidad en contra del Estado, pues de las piezas procesales allegadas a la actuación, se pudo evidenciar que los demandantes se limitaron a prestar su firma en el acto público de constitución de la empresa, sin percatarse de su objeto ni de las condiciones de los demás socios que colaboraban para mimetizar las finanzas de un frente del grupo armado Farc.

En este sentido y, conforme lo ha manifestado la Sección Tercera del Consejo de Estado, no hay falla del servicio de administración de justicia por la privación injusta de la libertad, cuando se comprueba que la culpa de la víctima fue determinante para adoptar la medida de aseguramiento.

Así las cosas, se debe entrar a determinar si la apreciación del tribunal respecto a la culpa exclusiva de la víctima, como eximente de responsabilidad por la privación injusta de la libertad, se ajusta a los lineamientos de la jurisprudencia del contencioso administrativo, en cuanto fija el alcance jurídico de la culpa dentro del juicio de responsabilidad extracontractual en contra del Estado.

Pues bien, el tema de la culpa exclusiva de la víctima en el juicio la presunta falla del servicio judicial por privación injusta de la libertad, está previsto en el artículo 70 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia de 1996, en los siguientes términos:

ARTICULO 70. CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado.

Ahora bien, como quiera que el legislador estatutario no fijó el alcance del ámbito jurídico de la culpa grave y el dolo, el Consejo de Estado, a través de la Sección Tercera, se ha referido al tema en diferentes momentos, de la siguiente manera:

[…]

Tradicionalmente se ha calificado como culpa la actuación no intencional de un sujeto en forma negligente, imprudente o imperita, a la de quien de manera descuidada y sin la cautela requerida deja de cumplir u omite el deber funcional o conducta que le es exigible; y por su gravedad o intensidad, siguiendo la tradición romanista, se ha distinguido entre la culpa grave o lata, la culpa leve y la culpa levísima, clasificación tripartita con consecuencias en el ámbito de la responsabilidad contractual o extracontractual, conforme a lo que expresamente a este respecto señale el ordenamiento jurídico. De la norma que antecede [artículo 63 del Código Civil] se entiende que la culpa leve consiste en la omisión de la diligencia del hombre normal (diligens paterfamilias) o sea la omisión de la diligencia ordinaria en los asuntos propios; la levísima u omisión de diligencia que el hombre juicioso, experto y previsivo emplea en sus asuntos relevantes y de importancia; y la culpa lata u omisión de la diligencia mínima exigible aún al hombre descuidado y que consiste en no poner el cuidado en los negocios ajenos que este tipo de personas ponen en los suyos, y que en el régimen civil se asimila al dolo.

En cuanto a la segunda modalidad subjetiva con la que se califica la conducta del agente, esto es, el dolo, debe entenderse por tal, aquella conducta realizada por el autor con la intención de generar un daño a una persona o a su patrimonio, o en otra concepción, un comportamiento antijurídico, habiéndoselo representado y adecuado a sus posibilidades, con el fin unívoco de obtener un resultado dañino deseado. Así pues, dentro de los aspectos integrantes del dolo, nuestra doctrina ha mencionado que “deben estar presentes dos aspectos fundamentales, uno de carácter intelectivo o cognoscitivo y otro de naturaleza volitiva; o en palabras más elementales, para que una persona se le pueda imputar un hecho a título de dolo es necesario que sepa algo y quiera algo; que es lo que debe saber y que debe querer…”,

Las nociones de culpa grave y dolo establecidas en el régimen civil deben ser acompasadas con la órbita funcional del servidor público, de manera que estos aspectos subjetivos de su actuación deban ser analizados y valorados a la luz del principio de legalidad, porque quienes están al servicio del Estado y de la comunidad, responden por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, precepto constitucional previsto tanto en la Carta de 1991 (art. 6) como en la de 1886 (art. 20).

Más adelante, la Sección expuso los siguientes argumentos:
[…]

La regla general de aplicación de los eximentes de responsabilidad de la (sic), cuenta con una subregla de carácter especial, cuando la responsabilidad deviene de la privación de la libertad. En efecto, el artículo 414 del C.P.P. estipula en su parte final que los supuestos en él señalados y que dan lugar a la indemnización por la privación injusta de la libertad, proceden a favor del actor “siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”. De tal modo que la conducta del individuo, su proceder, es susceptible de valoración para llegar a determinar si efectivamente es viable la responsabilidad de la administración en la privación injusta de la libertad. Subregla que además goza de plena compatibilidad con lo consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
[…]

La Sala ha determinado que cuando se trata de acciones de responsabilidad patrimonial, el dolo o culpa grave que allí se considera, se rige por los criterios establecidos en el derecho civil, artículo 63 del Código Civil, que no se corresponden con los del derecho penal (…) con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63 del Código Civil transcrito, la jurisprudencia del Consejo de Estado estudió los conceptos de culpa grave y dolo al analizar los elementos de fondo de la acción de repetición y la Corte Constitucional se pronunció sobre el tema al resolver diversos cargos de inconstitucionalidad contra los artículos 77 y 78 del C.C.A., y de la Ley 678 de 2001(…) Esta tesis ha sido aplicada por la Sección Tercera del Consejo de Estado frente a casos en los que personas que han sido privadas de la libertad por orden judicial y posteriormente absueltas, han contribuido con su actuación en la producción del daño, dando lugar a la configuración de una causal de exoneración en virtud de la culpa exclusiva y determinante de la víctima, posición que si bien no ha sido central en la jurisprudencia de la Corporación, también existe.

En un pronunciamiento más reciente, precisó la Sección Tercera, lo siguiente:

3.- La culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad del Estado.

[…]

Particularmente, en lo que respecta al hecho de la víctima, la doctrina tradicional ha entendido desde hace tiempo que la conducta, comportamiento, acción u omisión de la víctima cuando contribuye de manera determinante y exclusiva a la producción del daño constituye una causal eximente de responsabilidad, fundada en el irresistibilidad, imprevisibilidad y carácter externo a la actividad del demandado.
[…]

Igualmente, esta Corporación ha entendido la culpa exclusiva de la víctima como elemento que excluye la responsabilidad del Estado, cuando hay “la violación por parte de ésta [víctima] de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado”, que se concreta en la demostración “de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta”- .

[…]

Por último, la jurisprudencia de la Sección Tercera (y sus Sub-secciones), ha establecido una serie de fundamentos o supuestos en los que cabe o no encuadrar el hecho o culpa de la víctima como eximente de responsabilidad de la administración pública:

(1) se concreta por la experiencia de la víctima en el manejo de objetos, o en el despliegue de actividades;

(2) la “ausencia de valoración del riesgo por parte de las víctimas” puede constituir una “conducta negligente relevante”;

(3) puede constituirse en culpa de la víctima el ejercicio por los ciudadanos de “labores que no les corresponden”;

(4) debe contribuir “decisivamente al resultado final”; (5) para “que la conducta de la víctima pueda exonerar de responsabilidad a la entidad demandada, la misma debe ser causa determinante en la producción del daño y ajena a la Administración”, a lo que agrega, que en “los eventos en los cuales la actuación de la víctima resulta ser la causa única, exclusiva o determinante del daño, carece de relevancia la valoración de su subjetividad”;

(6) la “violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado”, la que “exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño cuando ésta es exclusiva”;

(7) por el contrario no se configura como eximente cuando no hay ni conocimiento de un elemento o actividad que entraña peligro, ni hay imprudencia de la víctima;

(8) se entiende la culpa exclusiva de la víctima “como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado”, lo que cabe encuadrar, matizando, en el primer supuesto porque no sólo opera por virtud del consentimiento de un acto ilícito, sino al despliegue de una conducta que es violatoria de las obligaciones a las que está llamado a cumplir (v.gr., en la conducción de vehículos a la velocidad ordenada, a la distancia de seguridad, a la realización de maniobras autorizadas, al respeto de la señalización, etc.);

(9) debe demostrarse “además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta”, lo que encuadra en el cuarto supuesto dogmático de la imprudencia de la víctima;

(10) que se acrediten los elementos objetivos de la conducta gravemente culposa de la víctima; y,

(11) que la víctima “por sus propios hechos y actuaciones se puso en condiciones de soportar el daño”.

De acuerdo con la anterior línea jurisprudencial, se puede reputar la culpa exclusiva de la víctima en la producción del daño antijurídico, entre otras circunstancias, cuando por su conducta negligente no se valoran los riesgos de la actividad desplegada por el afectado y que sirvió de causa eficiente en el resultado o el daño que alega haber padecido, o bien porque con su acción u omisión el afectado participó en la producción del mismo.

Sobre el particular, en la providencia del tribunal se recuerda que «[…] la vinculación de los demandantes a la investigación penal obedeció a la creación de una sociedad denominada “Financiamiento Estructural S.A.”, sociedad que adquirió la finca “El Porvenir”, perteneciente al grupo de finanzas de las FARC, imputando por ello el delito de lavado de activos».

El tribunal continúa con el análisis de los testimonios recaudados durante la investigación adelantada por la Fiscalía y el interrogatorio que rindieron los señores Álvaro de Jesús Palmera Castro, Alejandro Márquez Racini y Marco Antonio Márquez Racini para tener como un hecho cierto que efectivamente participaron en la constitución de la sociedad que según los investigadores servía de fachada para cometer el delito de lavado de activos.

De igual manera hace el examen de las actuaciones procesales registradas en el expediente de la investigación penal, destacando lo que se indicó en la revocatoria de la resolución de acusación, de que «[…] Ciertamente no pueden alegar aquellos buena fe en la conducta que desplegaron cuando firmaron un instrumento público sin siquiera enterarse del contenido del mismo cuando evidentemente el mínimo deber de cuidado que se debe y tener en esos casos es saber a qué se está comprometiendo una persona cuando plasma su firma en un documento de esa naturaleza llegando a tal punto la actitud de los mismos después de suscribir la escritura se desentendieron totalmente de lo que iba a suceder con la supuesta fundación (sic) que habían conformado; […]»

Dentro de este contexto, observa la Sala que el tribunal no actuó en forma caprichosa o deliberada en la construcción de su juicio de valor respecto a la conducta negligente de los accionantes, que finalmente fue la que determinó la procedibilidad de imponer la medida preventiva de detención, sino que tomó como elementos de convicción la apreciación probatoria que se desprendía de la investigación penal.

Por lo tanto, no se observa que el tribunal haya incurrido en un razonamiento contraevidente que configure el defecto fáctico que le reprochan los accionantes a la providencia del 8 de marzo de 2018.

De otro lado, para sustentar los eventos en que se configura la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad en contra del Estado por el hecho de la privación de la libertad, el tribunal hace el análisis de los fallos proferidos por la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de los cuales se ha decantado la tesis sobre la culpa desde el punto de vista civil, cuando se torna en la causa que determina el daño, en este caso, el de la privación de la libertad.

Es decir, que la providencia del tribunal se presenta razonablemente fundamentada y motivada, sin que se aprecie que haya comprometido las garantías fundamentales alegadas por los accionantes.

Así pues, preservando la autonomía del juez natural que le otorga libertad para apreciar en su conjunto las pruebas dentro del proceso judicial, la Sala observa que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, desarrolló una carga argumentativa suficiente para arribar a la conclusión de que la conducta desplegada por los señores Álvaro de Jesús Palmera Castro, Alejandro Márquez Racini y Marco Antonio Márquez Racini
encajaban dentro de los presupuestos que estructuran la denominada «culpa exclusiva de la víctima» prevista por el legislador estatutario como el evento que exonera de responsabilidad al Estado, en aquellos casos donde ha sido necesario ordenar la privación de la libertad, de quien es investigado en la actuación penal.

3 Conclusión

Debe recordarse que la intervención del juez constitucional frente al reproche formulado contra una sentencia judicial, es extremadamente restringida puesto que debe propender por la prevalencia del principio del juez natural y, en tal sentido, su competencia se contrae a la verificación de que los razonamientos que sirven de fundamento a la decisión judicial, se hayan desenvuelto dentro de los linderos del marco jurídico que gobierna la causa y la apreciación imparcial de los medios de prueba que develan la verdad de los hechos.

Como corolario del análisis expuesto, se concluye que la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, no incurrió en defecto fáctico en los precisos términos señalados por la Corte Constitucional, en cuanto indica que «el error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia (…)»

Si bien es cierto que la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, prevé la posibilidad de que se demande al Estado por los perjuicios ocasionados en la privación injusta de la libertad, tal como lo pretenden hacen ver los accionantes en la presente tutela, también lo es que contempla la exclusión de responsabilidad cuando se configure la culpa exclusiva de la víctima.

Desde esta perspectiva, tampoco se configuró el desconocimiento del precedente de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en relación con la calificación de la culpa de la víctima que da lugar a la privación de la libertad, pues el análisis efectuado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, estuvo respaldado en la interpretación de autoridad que explica aquellos eventos donde se quiebra la relación causal de imputación de responsabilidad en contra del Estado y se ausenta la configuración del daño antijurídico alegado por quien ha debido padecer el rigor de la medida de aseguramiento de privación de la libertad.

Se debe tener presente que la potestad de la autoridad penal al definir la situación jurídica de los sindicados, deviene legítima a partir de lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución Política, en virtud del cual se permite la detención de las personas sobre quien recaiga una orden de carácter judicial, que es lo que ocurrió en el evento de la medida de aseguramiento impuesta a los accionantes, por lo que está revestida de legitimidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia, y por la autoridad que le confiere la ley,

FALLA

SE NIEGA la acción de tutela instaurada por la señora Candelaria Rodríguez Soler y otros, conforme a lo expuesto en este proveído.

Si no fuere impugnada esta decisión dentro del término previsto en el Decreto 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Reiteradas en la sentencia SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009. Mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional reunió las causales genéricas y específicas de procedibilidad del amparo contra providencias judiciales, estableciendo un total de ocho causales. Sentencias T-794 de 2011,T-082 de 2011 y T-209 de 2011, entre otras. Corte Constitucional, sentencias T-123 de 1995, T-766 de 2008 y T-794 de 2011. Corte Constitucional, sentencias T-211 de 2008, T-161 de 2010 y T-082 de 2011. Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011 y T-082 de 2011. Sentencias T-049 de 2007, T-288 de 2011, T-464 de 2011 y C-634 de 2011. Se pueden ver entre otras, las sentencias T-1082 de 2007, T-417 de 2008, T-808 de 2009, SU-424 de 2012, T-261 de 2013, SU-950 de 2014,SU 406 de 2016. Sentencia T-442 de 1994. Sentencia T-239 de 1996. Extracto de la Sentencia T-264 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). Cfr. Sentencias SU-159 de 2002, T-538 de 1994 y T-061 de 2007. Ver sentencias T-442 de 1994, T-567 de 1998, T-239 de 1996 y SU – 159 de 2002, T-244 de 1997. Cfr. Sentencia SU-159 de 2002. Sentencia T-590 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). SentenciaT-393 de 2017
Corte Constitucional, sentencia T-567 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz). Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011 (MP Humberto Antonio Sierra Porto; SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), reiterada en la sentencia SU-399 de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra Porto; SV Jorge Iván Palacio Palacio; AV Nilson Pinilla Pinilla).
“Corte Constitucional, sentencia T-567 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz)”.
“Cfr. sentencia T-329 de 1996. Para la Corte es claro que, “cuando un juez omite apreciar y evaluar pruebas que inciden de manera determinante en su decisión y profiere resolución judicial sin tenerlas en cuenta, incurre en vía de hecho y, por tanto, contra la providencia dictada procede la acción de tutela. La vía de hecho consiste en ese caso en la ruptura deliberada del equilibrio procesal, haciendo que, contra lo dispuesto en la Constitución y en los pertinentes ordenamientos legales, una de las partes quede en absoluta indefensión frente a las determinaciones que haya de adoptar el juez, en cuanto, aun existiendo pruebas a su favor que bien podrían resultar esenciales para su causa, son excluidas de antemano y la decisión judicial las ignora, fortaleciendo injustificadamente la posición contraria”.
“Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993 (MP Jorge Arango Mejía)”.
“Ver por ejemplo la sentencia T-442 de 1994 (MP Antonio Barrera Carbonell)”. Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz). Algunas decisiones en que la Corte Constitucional ha considerado que se configura un defecto fáctico son: T-996 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-778 de 2005 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-996 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-171 de 2006 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-908 y T-808 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-1065 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-162 de 2007 (MP Jaime Araújo Rentería), T-458 de 2007 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-1082 de 2007 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-417 de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-808 de 2009 (MP Juan Carlos Henao Pérez), T-653 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio; AV Nilson Elías Pinilla Pinilla), T-350 de 2011 (MP María Victoria Calle Correa; SV Mauricio González Cuervo), SU-424 de 2012 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-261 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; AV María Victoria Calle Correa), SU-950 de 2014 (MP Gloria Stella Ortíz Delgado), SU-240 de 2015 (MP Martha Victoria Sáchica Méndez), SU-406 de 2016 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-090 de 2017 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez), entre muchas otras. T-902 de 2005 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra). CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA, Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO;

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil diez (2010); radicación número: 52001-23-31-000-1997-08394-01(17933). Actor: MIGUEL HORACIO ESCOBAR Y OTROS. Demandado: NACION-MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO NACIONAL
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA CONSEJERO PONENTE: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA. Bogotá, D.C., veintisiete (27) de noviembre del dos mil diecisiete (2017); Radicación número: 05001-23-31-000-2012-00690-01 (54121)
Actor: Devimed S.A. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, SUBSECCION B. Consejero ponente: DANILO ROJAS BETANCOURTH. Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil catorce (2014); radicación número: 25000-23-26-000-2001-01145-01(27414)

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 3 de noviembre de 2016. Exp. 29.334
MAZEAUD, Henri-León, Jean MAZEAUD. Lecciones de Derecho Civil. Parte Segunda. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires. 1960, págs. 332 y 333. El hecho de la víctima trae como consecuencia “la absolución completa” cuando “el presunto responsable pruebe la imprevisibilidad y la irresistibilidad del hecho de la víctima. Si no se realiza esa prueba, el hecho de la víctima, cuando sea culposo y posea un vínculo de causalidad con el daño, produce una simple exoneración parcial: división de responsabilidad que se efectúa teniendo en cuenta la gravedad de la culpa de la víctima” (…)“Para constituir una causa ajena, un acontecimiento, ya se trate de acontecimiento anónimo (caso de fuerza mayor stricto sensu), del hecho de un tercero o de una culpa de la víctima, debe presentar los caracteres de la fuerza mayor (lato sensu); es decir, ser imprevisible e irresisitible”. Puede verse Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 2 de enero de 2014, expediente 26956. Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 30 de enero de 2013, expediente 23310. Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 2002, expediente 13744. La Sub-sección C tuvo en cuenta esta argumentación en: Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 30 de marzo de 2011, expediente 19565. Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 2002, expediente 13744. La Sub-sección C tuvo en cuenta esta argumentación en: Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 30 de marzo de 2011, expediente 19565. Posición reiterada en
En el mismo sentido, Secció sentencia de 2 de mayo de 2002, expediente 13262. Puede verse también: Sección Tercera, sentencias de 30 de julio de 1998, expediente 10981; de 28 de febrero de 2002, expediente 13011; de 18 de abril de 2002, expediente 14076; de 20 de abril de 2005, expediente 15784; de 2 de mayo de 2007, expediente 15463. Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, expediente 15463: “Por otra parte, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder ⎯activo u omisivo⎯ de aquélla tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. Y ello como quiera que la Sala ha señalado que el hecho de la víctima, como causal de exoneración de responsabilidad o de reducción del monto de la condena respectiva, debe constituir, exclusiva o parcialmente, causa eficiente del perjuicio reclamado, pues de no ser así se estaría dando aplicación a la teoría de la equivalencia de las condiciones, desechada por la doctrina y la jurisprudencia, desde hace mucho tiempo, para establecer el nexo de causalidad”. Puede verse también: Sección Tercera, sentencia de 18 de octubre 2000, expediente 11981. Sección Tercera, sentencia de 29 de enero de 2004, expediente 14590: “[…] Por la experiencia como radio operador del agente Herrera Beltrán, así como su permanencia en el distrito de policía, podía exigirse de él una conducta dirigida a tomar medidas razonables para evitar el daño, dado que conocía la estructura de la antena y el peligro que implicaban las cuerdas de alta tensión. Esas medidas, que bien pudieron consistir en recurrir a otros compañeros de la estación para realizar la instalación de la antena, eran de fácil adopción […] En suma, que el accidente en el que murió electrocutado el agente José Fernando Herrera Beltrán fue causado por la conducta imprudente de la víctima quien dejó de tomas las debidas precauciones al tratar de instalar la antena de radio de banda ciudadana, para lo cual debió tener en cuenta su peso y longitud, siendo que dichas características implicaban un peligro previsible de que el aparato se cayera y entrara en contacto con los cables de alta tensión que se ubicaban al lado de la edificación”. Sección Tercera, sentencia de 1 de marzo de 2006, expediente 13764.

Sección Tercera, sentencia de 23 de abril de 2008, expediente 16235: “[…] más aún cuando se trata de actividades como la operación de redes eléctricas y la conducción de energía, cuya complejidad y peligrosidad exige que sean ejercidas por las autoridades competentes o por particulares autorizados para el efecto, mediante la utilización de los materiales idóneos y a través de personal capacitado para ello”. Sección Tercera, sentencia de 11 de noviembre de 2009, expediente 17510. Puede verse también: Sección Tercera, sentencia de 11 de noviembre de 2009, expediente 17138. Sección Tercera, sentencia de 26 de mayo de 2010, expediente 19043: “Si la causalidad constituye un aspecto objetivo, material de la responsabilidad, la labor del juez frente a un daño concreto debe limitarse a verificar si dicha conducta fue o no la causa eficiente del daño, sin que para ello importe establecer si al realizarla, su autori omitió el deber objetivo de cuidado que le era exigible, o si su intervención fue involuntaria. Por tal razón, resulta más preciso señalar que la causal de exoneración de responsabilidad del demandado es el hecho de la víctima y no su culpa”. Sección Tercera, Sub-sección B, sentencia de 5 de abril de 2013, expediente 27031. Sección Tercera, Sub-sección A, sentencia de 7 de abril de 2011, expediente 20733. Sección Tercera, Sub-sección A, sentencia de 1 de agosto de 2016, expediente 44492. Sección Tercera, Sub-sección A, sentencia de 27 de abril de 2016, expediente 37802. Sección Tercera, Sub-sección A, sentencia de 1 de agosto de 2016, expediente 44492. Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 2002, expediente 13744. Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 14 de marzo de 2016, expediente 37948. Sección Tercera, Sub-sección B, sentencia de 11 de diciembre de 2015, expediente 40970. Sección Tercera, Sub-sección B, sentencia de 29 de febrero de 2016, expediente 39561. “[…] que le viene aplicable el brocardo según el cual nadie puede sacar provecho de su propia culpa. Es entonces, su propia culpa la que rompe el nexo requerido para que el daño pueda ser imputable al Estado, y por tanto, habrá lugar, con fundamento en ello, a librar a las demandadas, como quiera que uno de los elementos de la estructura de la responsabilidad resultó fallido y, por lo mismo, a confirmar la sentencia apelada”.

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