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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-03149-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
31 de enero de 2019
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-03149-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE Primero.- AMPÁRANSE los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia invocados por Jonatan Vega Rivera, María Helena Rivera Baldovino, Manuel Salvador Vega Hoyos quien actúa en nombre propio y en representación de sus menores hijos Manuel y John Stiven Vega Baquero, Yuliana Vega Baquero y María Alejandra Vega Rivera. En consecuencia, DÉJASE SIN EFECTOS la providencia proferida el 22 de marzo de 2018, por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Segundo.- ORDÉNASE al Tribunal Administrativo de Antioquia que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de este fallo, profiera una decisión de reemplazo conforme a los parámetros aquí fijados. Tercero.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2018-03149-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

31 de enero de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA EN CASO DE LESIONES SUFRIDAS POR CONSCRIPTO - Desde el conocimiento pleno que se tiene del daño / DEFECTO FÁCTICO - Ausencia de elementos probatorios que demostraran que el conocimiento pleno del daño se produjo de manera simultánea con la ocurrencia del hecho / ACTA DE JUNTA MÉDICO LABORAL - Otorgo conocimiento pleno del daño / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / VULNERACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Del análisis de la jurisprudencia citada tanto por la autoridad judicial accionada como fundamento de la decisión objeto de reproche constitucional, así como la señalada por los accionantes como desconocida, encuentra la Sala que todos los pronunciamientos coinciden en establecer que corresponde tomar como referente la fecha en que se tuvo certeza del daño, lo cual se produce, como lo expresó la autoridad judicial accionada, generalmente con la fecha del hecho que dio origen al mismo. Sin embargo, en algunos casos no se presenta esa circunstancia, por lo que deberá el funcionario judicial determinarlo a partir de las particularidades del caso sujeto a su estudio (…) Entonces, resulta claro para la Sala que el Tribunal Administrativo de Antioquia identificó de manera correcta la regla que correspondía aplicar para resolver el caso concreto, la cual resulta armónica con la postura a la que refieren los accionantes como desconocida y con lo establecido en literal i), numeral 2) del artículo 164 del CPACA (…) No obstante, encuentra la Sala que al aplicarla en el estudio del caso concreto, sí hubo un error que deviene en la vulneración de los derechos fundamentales invocados, como pasa a explicarse. El Tribunal Administrativo de Antioquia estableció como fecha en la que se tuvo “conocimiento efectivo del daño”, el día siguiente del accidente de tránsito, al considerar que en ese momento “las lesiones sufridas por el actor fueron evidentes”. Asimismo, sostuvo que con la Junta Médica Laboral se determinaron las secuelas de tales lesiones. Frente a esa conclusión, la Sala advierte que la misma no cuenta con el respaldo probatorio que exige la decisión de declarar la caducidad de la acción conforme a la regla jurisprudencial aplicable para tal efecto. Así, debe señalarse que en la providencia objeto de tutela no se hace alusión a los elementos que le permitieron alcanzar la certeza de que justo en el mismo momento del accidente de tránsito, el [actor] tuvo conocimiento del deterioro permanente en su salud que dejaría ese suceso. En contraste, para la Sala resulta claro que aunque el mismo día del accidente, el afectado pudo haber previsto que su estado de salud se había alterado como consecuencia de ese suceso, la certeza del daño solo pudo alcanzarse con el Acta de la Junta Médica Laboral. (…) A partir de lo anterior, la Sala no encuentra fundamento fáctico para concluir como lo hizo la autoridad accionada en la providencia objeto de tutela, que la certeza del daño se produjo el mismo día del accidente que originó el menoscabo en su salud. Por el contrario, evidencia que fue Junta Médica Laboral de 15 de mayo de 2015, la que determinó la magnitud del daño producto de las lesiones al identificar la naturaleza, la permanencia y el grado de pérdida de capacidad laboral que originaron, por lo tanto, esta es la fecha que corresponde tomar como referente para hacer el conteo del término de caducidad del medio de control de reparación directa.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 - NUMERAL 2 - LITERAL I

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-03149-00(AC)

Actor: JONATAN VEGA RIVERA Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Desconocimiento del precedente judicial. Reparación directa iniciada por soldado conscripto. Conteo del término de caducidad cuando la certeza del daño se obtiene con el acta de junta médica laboral

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la solicitud de tutela promovida, a través de apoderado, por Jonatan Vega Rivera, María Helena Rivera Baldovino, Manuel Salvador Vega Hoyos, quien actúa en nombre propio y en representación de sus menores hijos Manuel y John Stiven Vega Baquero, Yuliana Vega Baquero y María Alejandra Vega Rivera, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, con el fin de que se conceda el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y reparación integral, los cuales consideraron vulnerados con la providencia de 22 de marzo de 2018 que revocó la decisión adoptada por el Juzgado Doce Administrativo Oral de Medellín el 30 de agosto de 2017 y, en su lugar, declaró probada la excepción de caducidad dentro del proceso de reparación directa promovido por los accionantes contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, a fin de obtener la reparación del daño derivado de las lesiones sufridas por Jonatan Vega Rivera en un accidente de tránsito mientras prestaba el servicio militar obligatorio, como soldado regular.

I. ANTECEDENTES

Hechos

Los accionantes presentaron demanda de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa y Ejército Nacional, con el objeto de que se reparara el daño derivado de las lesiones sufridas por Jonatan Vega Rivera en un accidente de tránsito ocurrido el 16 de julio de 2012, cuando conducía una motocicleta. En ese momento se encontraba desarrollando actividades relacionadas con el servicio militar obligatorio que prestaba como soldado regular.

Frente a la demanda, el Ejército Nacional propuso la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa, en tanto el accidente de tránsito que originó el daño sobre el cual se pretende una reparación, ocurrió el 16 de julio de 2012 y la demanda se formuló el 20 de noviembre de 2015, esto es, vencido el plazo de dos años establecido en el literal i), numeral 2) del artículo 164 del CPACA.

En relación con la citada excepción, en audiencia inicial celebrada el 30 de agosto de 2017, el Juzgado Doce Administrativo Oral de Medellín la resolvió en forma desfavorable. Consideró que conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, la caducidad debe contabilizarse desde el momento que se conoció la ocurrencia del daño y la posibilidad de imputación al Estado.

En ese sentido, adujo que en los casos de responsabilidad del Estado por lesiones sufridas por un conscripto, debe tomarse como referente la fecha en que se notificó el acta de la Junta Médica Laboral lo que, en el caso bajo análisis, se produjo el 15 de mayo de 2015.

Inconforme con esa decisión, el Ejército Nacional la apeló. Manifestó que la Junta Médica Laboral tuvo como objeto calificar la pérdida de la capacidad laboral y no determinar las lesiones sufridas, pues las mismas se manifestaron desde el momento mismo del accidente.

Mediante providencia de 22 de marzo de 2018, la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la decisión recurrida y, en su lugar, declaró probada la excepción de caducidad propuesta por el Ejército Nacional.

Para efectos de fundamentar esa decisión, la autoridad judicial accionada desarrolló un estudio de sentencias proferidas por la Sección Tercera de esta Corporación el 5 de diciembre de 2016 y el 24 de mayo de 2017, a fin de precisar que si bien en casos anteriores se ha tomado como referente la fecha del acta de la Junta Medica Laboral para calcular la caducidad del medio de control de reparación directa, la tesis actual del órgano de cierre consiste en contabilizar dicho término desde el conocimiento pleno del daño y no desde la época en que se determinan las secuelas.

Fundamentos de la acción

Los accionantes consideraron vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y reparación integral con la decisión de declarar probada la excepción de caducidad de la acción, adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, porque en su sentir la demanda fue presentada oportunamente. Ello, teniendo como referente la fecha en que se profirió el acta de la Junta Médica Laboral, esto es, 15 de mayo de 2015, en consideración a que conforme a la jurisprudencia de esta Corporación es ahí donde se “determina el grado del daño sufrido”.

Concretamente, acusaron a la autoridad judicial accionada de incurrir en los siguientes defectos:

Fáctico: el cual se habría configurado al valorar de forma inadecuada, elementos probatorios que permitían demostrar que solo en la Junta Médica Laboral se conoció la magnitud del daño y las secuelas derivadas de las lesiones sufridas en el accidente.

Así, los consideraron que no se establecieron las diferencias entre la información contenida en el “informe administrativo por lesiones”, que se señaló que el accidente había causado “trauma de mano derecha, herida en pierna derecha de 4 cm irregular con exposición de tejido óseo” y el acta de la Junta Médica Laboral, que estableció que las lesiones dejaron como secuelas, “cojera con leve acortamiento tibia derecha, callo óseo doloroso y cicatriz traumática con leve defecto estético pierna derecha”.

En relación con este mismo punto, señaló que de manera injustificada el Tribunal Administrativo de Antioquia “creó una duda de la nada” frente al momento en que se concretó el daño y la resolvió en perjuicio de las víctimas. Sostuvo que la autoridad accionada estaba en la obligación de decretar pruebas de oficio para resolver los interrogantes que le surgieron en torno a la fecha que correspondía tomar como referente para calcular la caducidad, en virtud de los principios pro damnato y pro actione.

Sustantivo: en este punto refirió que se configuró un fenómeno denominado por la Corte Constitucional como “defecto sustantivo por omisión probatoria en los procesos de reparación directa por graves violaciones de derechos humanos”. Al respecto, señaló que el mismo se presenta cuando se omite la flexibilidad probatoria en casos de graves violaciones a los derechos humanos.

En relación con esa afirmación, citó distintas providencias proferidas por el Consejo de Estado el 15 de febrero de 1996, el 11 de agosto de 2011, el 14 de agosto de 2014, el 5 de marzo de 2015 y el 11 de agosto de 2016 en las que se ha señalado la posibilidad de contabilizar la caducidad del medio de control de reparación directa a partir de la fecha del acta de la Junta Médica Laboral.

Desconocimiento de precedente: alegó el desconocimiento de la sentencia proferida por la Sección Tercera de esta Corporación el 11 de agosto de 2016, efectuando una transcripción de un aparte de la misma relativa a la caracterización de esta causal específica de procedencia de tutela contra providencias judiciales.

Violación directa de la Constitución: anunció el desconocimiento de preceptos superiores que consagran los derechos al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, igualdad y el artículo 93 de la Constitución Política.

Pretensiones

Los accionantes formularon las siguientes pretensiones:

“6.1. Se amparen los derechos fundamentales al debido proceso legal, acceso a la justicia, reparación integral y derecho a la igualdad.

6.2. Que en consecuencia se revoque el auto interlocutorio del 22 de marzo de 2018, emitido por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala de Oralidad No 005, ordenando que no sea decretada la caducidad frente a la demanda y se continúe con el trámite de la misma en primera instancia y sea decretada una sentencia de fondo”.

4. Pruebas relevantes

Obra en el expediente los siguientes documentos:

Copia del informe administrativo por lesión expedido el 22 de julio de 2012.
Original y copia del expediente Nº 05001333301220150125301 correspondiente al proceso de reparación directa adelantado contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional.

5. Trámite procesal

Mediante auto de 10 de septiembre de 2018, la Magistrada Sustanciadora dispuso la admisión de la demanda y ordenó notificar el contenido de esa providencia a la autoridad judicial accionada, al Juzgado Doce Administrativo Oral de Medellín, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de la misma manera, a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional como terceros interesados.

De la misma manera, solicitó en calidad de préstamo el expediente 050013333012-2015-01253-01.

6. Oposición

La autoridad judicial accionada y las entidades vinculadas guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991, el 13 del Acuerdo 58 de 1999, el 2º [c] del Acuerdo 055 de 2003 (reglamento interno), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados por los accionantes, al declarar probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa que promovieron con el objeto de obtener la indemnización del daño derivado de las lesiones sufridas por Jonatan Vega Rivera en un accidente de tránsito ocurrido en actos del servicio militar obligatorio que prestaba como soldado regular.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los siguientes: (i) Defecto orgánico; (ii) Defecto procedimental absoluto; (iii) Defecto fáctico; (iv) Defecto material o sustantivo; (v) Error inducido; (vi) Decisión sin motivación; (vii) Desconocimiento del precedente y (viiii) Violación directa de la Constitución.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y de la Corte Constitucional.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Cuestión previa. Delimitación del debate

Observa la Sala que los accionantes acusaron la providencia objeto de reproche constitucional de presentar los defectos fáctico, desconocimiento de precedente, sustantivo y violación directa de la Constitución. No obstante, encuentra que únicamente fueron desarrollados los dos primeros como pasa a explicarse:

Frente al defecto sustantivo, los accionantes no expresaron las disposiciones que en su sentir, habrían sido desconocidas por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

En este punto, observa la Sala que hicieron referencia a un fenómeno desarrollado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-926 de 2014 denominado “defecto sustantivo por omisión probatoria en los procesos de reparación directa por graves violaciones a los derechos humanos”, sin explicar el contexto de esta cita y su relación con el caso bajo análisis.

De la misma manera, señalaron que se desconocieron providencias proferidas por esta Corporación en relación con la posibilidad de tener como referente la fecha del acta de la Junta Médica Laboral para contabilizar la caducidad del medio de control de reparación directa, argumento que está relacionado con el defecto por desconocimiento de precedente también alegado y, por lo tanto, será analizado bajo esa causal específica de procedencia.

En relación con la causal violación directa de la Constitución, observa la Sala que los actores se limitaron a indicar los preceptos que consagran los derechos fundamentales respecto de los cuales invoca protección constitucional con lo cual no se desarrolla esta causal específica de procedencia de tutela contra providencias judiciales.

Al respecto, es preciso recordar que el citado defecto, se configura cuando se adopta una decisión judicial que es contraria a la Constitución ya sea porque se dejó de aplicar una disposición superior o porque su aplicación no es conforme a los mandatos superiores. Es decir, que la aparente violación de un derecho fundamental no implica per se la configuración de la causal.

En consecuencia de lo expuesto, la Sala circunscribirá el análisis del caso concreto a la aparente configuración de los defectos fáctico y desconocimiento de precedente.

4.2. Verificación de los requisitos generales de procedencia

El caso bajo estudio cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en tanto (i) goza de relevancia constitucional, en la medida que corresponde a la Sala decidir si con la providencia dictada el 22 de marzo de 2018 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y reparación integral de los accionantes, con el presunto desconocimiento de la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado y por valorar indebidamente elementos probatorios obrantes en el expediente, (ii) la providencia objeto de tutela fue proferida en segunda instancia y, por lo tanto, se encuentran agotados todos los recursos ordinarios dentro del trámite judicial; (iii) el auto acusado fue notificado mediante estado del 23 de marzo de 2018 y la acción de tutela se instauró el 3 de septiembre de 2018, es decir, que transcurrieron 5 meses y 11 días, por lo tanto, fue radicada dentro del término razonable de 6 meses establecido por esta Corporación y la Corte Constitucional; (iv) los hechos y pretensiones fueron desarrollados de manera clara, de tal forma que se puede determinar el debate jurídico y, por último, (v) la acción de tutela no es contra un fallo de la misma naturaleza.

4.3. El Tribunal Administrativo de Antioquia aplicó en forma incorrecta la regla fijada por esta Corporación para determinar la caducidad del medio de reparación directa

4.3.1. Para analizar el defecto por desconocimiento de precedente alegado por la parte actora, la Sala considera necesario efectuar un estudio de las sentencias señaladas como desconocidas.
Ahora bien, como quiera que la decisión objeto de tutela se fundamentó en jurisprudencia de esta Corporación, que la autoridad judicial accionada consideró como precedente actual y vinculante para resolver el caso sometido a su estudio, resulta indispensable efectuar el estudio de las mismas en la constatación del citado defecto.

4.3.2. Los accionantes acusaron a la autoridad judicial accionada de omitir la aplicación de providencias proferidas por esta Corporación el 15 de febrero de 1996, el 11 de agosto de 2011, el 14 de agosto de 2014, el 5 de marzo de 2015 y el 11 de agosto de 2016, en las cuales, para calcular la caducidad del medio de control de reparación directa se tomó como referente la fecha del acta de la Junta Médica Laboral al resolver casos en los cuales se obtuvo certeza del daño en ese momento y no con el hecho dañoso.

En torno a la providencia del 15 de febrero de 1996, observa la Sala que en dicha oportunidad se abordó el estudio de la caducidad de la acción de reparación directa promovida por una persona que pretendía acceder a la indemnización de los perjuicios derivados de las lesiones que produjeron una pérdida de la capacidad laboral del 79.25%.

En esa oportunidad, se calculó la caducidad de la acción teniendo como referente la fecha del acta de la Junta Médica Laboral, en consideración a que si bien “el hecho dañoso ocurrió el 27 de noviembre de 1990, también lo [era] que de los efectos nocivos, solo se tuvo conocimiento hasta el día 4 de marzo de 1994, fecha en la cual se celebró la Junta Médica Laboral”.

En relación a la providencia del 11 de agosto de 2011, que fue señalada por los actores como desconocida, advierte la Sala que en esa oportunidad se resolvió un caso cuyo patrón fáctico no guarda relación con el caso bajo análisis, en tanto estaba relacionado con la responsabilidad del Estado por el daño continuado derivado de la perturbación a la posesión. Por lo tanto, ese pronunciamiento no constituye precedente para resolver el caso sometido a juicio de la autoridad judicial accionada.

Ahora bien, los accionantes efectuaron una transcripción literal de lo que serían apartes de esa providencia, no obstante se realizó una lectura integral de la misma y no se encontró el acápite transcrito, lo que impide a la Sala constatar el desconocimiento alegado sobre esa sentencia.

En el fallo de tutela proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado el 14 de agosto de 2014, se concedió el amparo de los derechos fundamentales invocados por un hombre que resultó herido con arma de fuego mientras prestaba el servicio militar obligatorio en la Armada Nacional. En razón a esa circunstancia, presentó demanda de reparación directa respecto de la cual el Tribunal Administrativo de Sucre declaró la caducidad de la acción.

En esa oportunidad, el actor consideró que debía tenerse como referente para tal efecto, la fecha en que se notificó el acta de la Junta Médica Laboral que determinó el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, porque fue en ese momento en que se conoció la magnitud del daño y no cuando se presentó el hecho en el que se produjo las lesiones.

En ese orden, el juez constitucional encontró que se había desconocido el precedente jurisprudencial relativo a la manera como corresponde calcularse la caducidad en los casos de responsabilidad del Estado por lesiones cuya magnitud se hizo palpable con el Acta de la Junta Médica Laboral.

Al respecto, señaló:
“Los afectados tuvieron certeza de la magnitud del daño sufrido solamente hasta cuando se les realizó la Junta Médico Laboral que determinó la disminución de su capacidad laboral, tal y como sucedió en el sub lite, independientemente de que con anterioridad a dicha calificación ya tuvieran conocimiento de la fecha en que la ocurrió el hecho, omisión u operación que les causó el mencionado daño.

Así las cosas, en estos casos, el afectado o interesado en demandar puede que tenga una referencia de la fecha de cuándo se produjo el hecho que a la postre terminó originándole un daño, pero como en ese momento no hay certeza de su concreción o magnitud, el término de caducidad no podría contarse sino hasta que dicha situación se determine, esto en aras de garantizar el debido proceso y el derecho al acceso a la Administración de Justicia, máxime si se trata de conscriptos, frente a los cuales el Estado asume una posición de garante respecto de su vida y seguridad durante su estadía en la Institución Castrense”.

Bajo fundamentos similares al pronunciamiento anterior, en la sentencia de tutela proferida el 5 de marzo de 2015, el Consejo de Estado, Sección Primera, otorgó la protección constitucional de los derechos fundamentales invocados por un hombre que resultó herido con arma de fuego cuando prestaba el servicio militar obligatorio en el Ejército Nacional.

El actor había presentado demanda de reparación directa a fin de obtener la reparación de los daños derivados de dicho suceso, Sin embargo, el Juzgado Administrativo de Popayán y el Tribunal Administrativo de Cauca declararon la caducidad de la acción teniendo como referente para tal efecto, la fecha de los hechos y no el momento en que se expidió el acta de la Junta Médica Laboral.

En esa oportunidad, el juez constitucional encontró que las autoridades judiciales accionadas “omitieron e interpretaron erradamente la Jurisprudencia vigente y rechazaron la demanda del actor, tomando como fecha para contar la caducidad la de la ocurrencia de los hechos y no el día en que se determinó la magnitud del daño, con lo cual se le violaron ostensiblemente sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la Administración de Justicia”.

En el fallo de tutela proferido el 11 de agosto de 2016, por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, se abordó el caso de un conscripto que sufrió un accidente que le causó lesiones en la mano derecha, produciendo la pérdida de la capacidad laboral del 17.64%. En razón de este hecho, presentó demanda de reparación directa que fue rechazada por haber operado la caducidad de la acción.

El juez constitucional concedió el amparo de los derechos fundamentales invocados por el actor, al considerar que las autoridades judiciales accionadas habían omitido la aplicación de la jurisprudencia de esta Corporación relativa a la manera como correspondía calcular la caducidad de la acción de reparación directa en el caso de conscriptos, esto es, teniendo como referente la fecha del acta de la Junta Médica Laboral, en consideración a que en ese momento se conoció la magnitud del daño. Para tal efecto, el juez constitucional siguió de cerca los argumentos expresados en los anteriores pronunciamientos.

4.3.3. Por su parte, el Tribunal Administrativo de Antioquia fundamentó la decisión de declarar probada la excepción de caducidad, en recientes sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en casos de responsabilidad del Estado por lesiones sufridas por conscriptos, en las cuales tuvo como referente para calcular la caducidad de la acción la fecha de acaecimiento de los hechos que originaron el daño y no la del acta de la Junta Médica Laboral que determinó el porcentaje de pérdida de capacidad laboral.

Concretamente, hizo referencia a los siguientes pronunciamientos:

Sentencia proferida el 5 de diciembre de 2016, por la Sección Tercera, Subsección “B” de esta Corporación, en la que se estudió el caso de un conscripto que sufrió lesiones por causa de la explosión de una mina antipersona y fue calificado con la pérdida de capacidad laboral del 40.89%.

En ejercicio de la acción de reparación directa reclamó la indemnización de los perjuicios derivados de esa circunstancia, sin embargo, se declaró probada la excepción de caducidad teniendo como referente para ese estudio el hecho que originó las lesiones y no, como lo pretendía el demandante, la fecha de la Junta Médica Laboral que determinó el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral.

Al respecto, explicó la Sala de Decisión lo siguiente:

“De acuerdo con lo anterior, se tiene que el hecho que constituye la causa del daño, a partir del cual debe empezar a contarse el término de caducidad, fue la explosión de la mina antipersonal que causó las lesiones al soldado, ocurrida el 21 de junio de 1990.

La Sala difiere de la apreciación de la parte actora sobre la concreción del daño en el momento en que conoció el porcentaje de pérdida de capacidad laboral pues, si bien en específicos casos la jurisprudencia del Consejo de Estado ha flexibilizado el cómputo del término de caducidad, debido a que por las particularidades del caso la parte no pudo tener conocimiento efectivo del daño de manera simultánea con la ocurrencia del hecho que lo causó, en el presente caso no puede predicarse el desconocimiento del daño al momento de su causación, pues se trató de un accidente que causó lesiones evidentes en el instante mismo de su ocurrencia.

Ahora bien, la calificación del porcentaje de diminución de capacidad laboral constituye la valoración de la magnitud del daño y sus secuelas, pero no la concreción del mismo, por lo que este hecho no tiene la vocación de modificar la fecha a partir de la cual debe iniciar el cómputo del término de caducidad, pues el daño, consistente en las lesiones sufridas por el soldado se concretó en el momento mismo de la explosión de la mina antipersonal, situación de la cual el demandante tuvo conocimiento desde el momento de su ocurrencia”.

Sentencia de 24 de mayo de 2017, por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, en la que se resolvió el caso de un conscripto que sufrió lesiones en el pie derecho por causa de la explosión de una mina antipersona. En razón a esa circunstancia, se determinó una pérdida de la capacidad laboral del 42.24%.

El afectado presentó demanda de reparación directa para reclamar la indemnización de los perjuicios derivados del deterioro en su salud, sin embargo, declaró la caducidad de la acción. En esa oportunidad, la Sala de Decisión advirtió que el término de caducidad correspondía contabilizarse a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho y no desde el acta de la Junta Médica Laboral que determinó el porcentaje de pérdida de capacidad laboral.

Para efectos de fundamentar esa decisión, efectuó una transcripción de los siguientes apartes de la sentencia dictada el 14 de abril de 2010 por la Sección Tercera de esta Corporación en un caso similar:

“No comparte la Sala las apreciaciones hechas por la parte demandante, en relación a que la acción no podía instaurarse hasta tanto se conociera la magnitud del daño y las lesiones definitivas – secuelas – causadas con el hecho generador del mismo, toda vez que la conclusión, a la que se llegó con la valoración realizada por la junta médico laboral, fue únicamente respecto de las consecuencias de una lesión que había sido causada con anterioridad.

De otro lado, si bien se ha puntualizado en específicas oportunidades que por regla general el conteo del término de caducidad de la acción de reparación directa, empieza a correr a partir de la ocurrencia del hecho y no desde la cesación de sus efectos perjudiciales, lo cierto es que cuando no puede conocerse, en ese momento su existencia o realidad, debe tenerse en cuenta la fecha en la que se le determina y el paciente tiene conocimiento de ello; no obstante lo anterior, en el asunto sub examine, no se puede predicar esta última hipótesis, pues la parte demandante tuvo pleno conocimiento del daño en el instante en que sufrió el accidente; por lo tanto, la expedición del acta de la Junta Médica y la cesación de la prestación del servicio médico, no altera en modo alguno el cómputo de caducidad, por cuanto de los supuestos fácticos planteados en la demanda, se tiene certeza que el conocimiento del daño se produjo de manera simultánea con la producción del mismo.

Por consiguiente, la valoración médica y la finalización del tratamiento, en el asunto específico, no modifica el conteo de la caducidad, ya que como se señaló, los demandantes fueron conscientes y, por lo tanto, advertidos del daño desde la fecha en que se produjo el incidente, esto es, el 19 de mayo de 1996, sin que en el caso concreto el conocimiento de las secuelas del mismo, ni la cesación del servicio médico influyan en el cómputo del plazo de caducidad, máxime si se tiene en cuenta que la demanda se dirige a que sean indemnizadas las lesiones producto del accidente, no las que devienen de un yerro médico”.

A partir de lo anterior, el Tribunal Administrativo de Antioquia concluyó que para calcular la caducidad del medio de control de reparación directa debía tomarse como referente el momento en que se tuvo conocimiento pleno del daño. Concretamente expresó lo siguiente:

“Precisa la Sala que la tesis actual del órgano de cierre de esta jurisdicción, consiste en contar el término de caducidad en caso de lesiones sufridas por conscriptos desde el conocimiento pleno que se tiene del daño causado, que generalmente concurre con la fecha del hecho u omisión que les da origen, y no desde la época en que se determinan las secuelas que son posteriores, por ejemplo con el Acta de la Junta Médica Laboral cuyo propósito es revaluar las lesiones y calificar la pérdida de la capacidad laboral”. (Negrillas fuera del texto original)

En ese marco, evidenció que las lesiones producto del accidente de tránsito que sufrió Jonatan Vega Rivera cuando conducía la motocicleta fueron evidenciadas en ese mismo momento. De acuerdo con ello, tomó como referente esa fecha para calcular el término de caducidad.

4.3.4. Del análisis de la jurisprudencia citada tanto por la autoridad judicial accionada como fundamento de la decisión objeto de reproche constitucional, así como la señalada por los accionantes como desconocida, encuentra la Sala que todos los pronunciamientos coinciden en establecer que corresponde tomar como referente la fecha en que se tuvo certeza del daño, lo cual se produce, como lo expresó la autoridad judicial accionada, generalmente con la fecha del hecho que dio origen al mismo. Sin embargo, en algunos casos no se presenta esa circunstancia, por lo que deberá el funcionario judicial determinarlo a partir de las particularidades del caso sujeto a su estudio.

Esa postura jurisprudencial fue desarrollada por esta misma Sala de Decisión en sentencia de 28 de noviembre de 2018 al resolver la solicitud de tutela promovida por un conscripto quien mientras cumplía las labores asignadas, sufrió fractura del quinto metacarpiano de la mano izquierda, así como intenso dolor en ojos y oído, lesiones que condujeron a que la Junta Médica Laboral determinara una pérdida de la capacidad laboral correspondiente a un 29.1%

Por esta circunstancia, presentó demanda de reparación directa, sin embargo, el Tribunal Administrativo de Santander declaró la caducidad de la acción, tomando como referente para tal efecto la fecha de ocurrencia de los hechos y no la fecha en la que la Junta Médica Laboral determinó el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral.

En esa oportunidad, la Sección Cuarta del Consejo de Estado encontró vulnerados los derechos fundamentales invocados por el actor, en consideración a que el Tribunal accionado había desconocido el precedente consolidado en esta Corporación, según el cual, para la calcular la caducidad del medio de control de reparación directa corresponde tomarse como referente el momento en que se tiene certeza del daño, para lo cual resulta importante el momento en que es valorado por la Junta Médica Laboral.

Al respecto, la providencia en mención expresó lo siguiente:

“Así, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha manifestado que para contar la caducidad de la acción cuando se demandan los daños derivados de una afectación corporal, no basta con tener en cuenta la fecha en la que se produjo la misma, sino que es preciso determinar el momento en el cual la víctima tuvo conocimiento completo e informado de su naturaleza, su irreversibilidad y de las repercusiones que podría generarle en su vida cotidiana.

También interesa a la Sala destacar el análisis que en esa oportunidad se efectuó respecto de la aplicación de dicha regla en el caso de las lesiones sufridas por conscriptos. En concretó expresó:

“En esa misma línea, para el caso específico de las lesiones de los soldados conscriptos, ha señalado que para contabilizar el término de caducidad, se toma el “día siguiente a la notificación del acta de la Junta Médico Laboral”, porque, es desde entonces que se conoce la magnitud, la gravedad, los efectos, la certeza del daño.

En este punto, vale la pena señalar que el tratamiento más favorable en cuanto al cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa, en tratándose de soldados conscriptos, obedece a que la jurisprudencia de la Corporación distingue entre la responsabilidad aplicable a la administración por daños sufridos en ejercicio del servicio militar obligatorio -y con ocasión del mismo-, de la que surge de aquellos daños padecidos por un integrante de las fuerzas armadas incorporado voluntariamente al servicio. Dicha distinción está justificada porque mientras que en el primer caso la prestación del servicio militar es impuesta a algunos ciudadanos por el ordenamiento jurídico, en la segunda eventualidad la persona ingresa al servicio por iniciativa propia, con lo que asume los riesgos inherentes que implica el desempeño de la carrera militar.

Lo anterior implica que las personas que prestan servicio militar obligatorio, sólo están obligadas a soportar las cargas que son inherentes a éste, tales como la restricción a los derechos fundamentales de libertad y locomoción, pero no los riesgos anormales o excepcionales. En contraste, quienes prestan el servicio en forma voluntaria, asumen todos aquellos riesgos que naturalmente están relacionados con el desempeño de las actividades de la milicia.

Como quedó visto, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la fecha de notificación del acta de la Junta Médico Laboral resulta relevante para establecer el punto de partida para contabilizar el término de caducidad para reclamar los perjuicios derivados del daño que causaron las lesiones del soldado conscripto adquiridas con ocasión y con causa del servicio, porque, es el momento en el que el soldado adquiere conocimiento de las consecuencias que le generó en su salud el hecho dañoso. (Negrillas fuera del texto original)

4.3.5. Entonces, resulta claro para la Sala que el Tribunal Administrativo de Antioquia identificó de manera correcta la regla que correspondía aplicar para resolver el caso concreto, la cual resulta armónica con la postura a la que refieren los accionantes como desconocida y con lo establecido en literal i), numeral 2) del artículo 164 del CPACA que establece que en la demanda de reparación directa “deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.
No obstante, encuentra la Sala que al aplicarla en el estudio del caso concreto, sí hubo un error que deviene en la vulneración de los derechos fundamentales invocados, como pasa a explicarse.

El Tribunal Administrativo de Antioquia estableció como fecha en la que se tuvo “conocimiento efectivo del daño”, el día siguiente del accidente de tránsito, al considerar que en ese momento “las lesiones sufridas por el actor fueron evidentes”. Asimismo, sostuvo que con la Junta Médica Laboral se determinaron las secuelas de tales lesiones.

Frente a esa conclusión, la Sala advierte que la misma no cuenta con el respaldo probatorio que exige la decisión de declarar la caducidad de la acción conforme a la regla jurisprudencial aplicable para tal efecto. Así, debe señalarse que en la providencia objeto de tutela no se hace alusión a los elementos que le permitieron alcanzar la certeza de que justo en el mismo momento del accidente de tránsito, Jonatan Vega Rivera tuvo conocimiento del deterioro permanente en su salud que dejaría ese suceso.

En contraste, para la Sala resulta claro que aunque el mismo día del accidente, el afectado pudo haber previsto que su estado de salud se había alterado como consecuencia de ese suceso, la certeza del daño solo pudo alcanzarse con el Acta de la Junta Médica Laboral.

En efecto, en esa oportunidad se estableció la manera en que esa circunstancia causó un deterioro permanente en su salud, esto es, al determinar que producto de las lesiones Jonatan Vega Rivera presenta “cojera con leve acortamiento tibia derecha, callo óseo doloroso y cicatriz traumática con leve defecto estético pierna derecha”, lo cual devino en la pérdida de la capacidad laboral en un porcentaje de 28.31%.

Al respecto, se observa que el informe administrativo por lesión expedido el 22 de julio de 2012 señaló que el accidente causó al afectado “trauma en mano derecha, herida de pierna derecha de 4 cm irregular con exposición de tejido óseo. Rx muestra fractura abierta de tibia en diáfisis, conminuta desplazada y fractura diáfisis de peroné desplazada de SLR”.

Frente a ese diagnóstico, la Sala advierte que del mismo no era posible establecer una lesión evidente o contundente que conllevara iniciar el conteo de la caducidad desde el momento del accidente, pues el mismo podría presentar modificaciones que hubieran evitado que se concretara la ocurrencia del daño.

Así tampoco, se observa en la historia clínica que obra en el expediente que se hubiese establecido los ya citados efectos permanentes del accidente.

A partir de lo anterior, la Sala no encuentra fundamento fáctico para concluir como lo hizo la autoridad accionada en la providencia objeto de tutela, que la certeza del daño se produjo el mismo día del accidente que originó el menoscabo en su salud. Por el contrario, evidencia que fue Junta Médica Laboral de 15 de mayo de 2015, la que determinó la magnitud del daño producto de las lesiones al identificar la naturaleza, la permanencia y el grado de pérdida de capacidad laboral que originaron, por lo tanto, esta es la fecha que corresponde tomar como referente para hacer el conteo del término de caducidad del medio de control de reparación directa.

4.3. Bajo ese escenario, la Sala encuentra vulnerados los derechos fundamentales invocados por los accionantes y, para materializar el amparo de los mismos, dejará sin efectos la providencia proferida el 22 de marzo de 2018 por el Tribunal Administrativo de Antioquia y dispondrá que se profiera una decisión de reemplazo conforme a los parámetros establecidos en esta sentencia.

III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero.- AMPÁRANSE los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia invocados por Jonatan Vega Rivera, María Helena Rivera Baldovino, Manuel Salvador Vega Hoyos quien actúa en nombre propio y en representación de sus menores hijos Manuel y John Stiven Vega Baquero, Yuliana Vega Baquero y María Alejandra Vega Rivera. En consecuencia, DÉJASE SIN EFECTOS la providencia proferida el 22 de marzo de 2018, por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Segundo.- ORDÉNASE al Tribunal Administrativo de Antioquia que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de este fallo, profiera una decisión de reemplazo conforme a los parámetros aquí fijados.

Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Presidente de la Sección

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejera

MILTON CHAVES GARCÍA
Consejero

JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Consejero
M.P. Ramiro Pazos Guerrero. Expediente 2003-02200-01. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Expediente 2006-00844-01. Sentencia T-926 de 2014. M.P. Jesús María Carrillo Ballesteros. Radicado interno 11239. M.P. Enrique Gil Botero. Expediente 1998-00117-01. M.P. María Elizabeth García González. Expediente 2014-01604-00. M.P. María Elizabeth García González. Expediente 2014-02782-01. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Expediente 2015-02978-01. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Expediente 2015-02978-01. Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972. Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968. Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González. Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. M. P. Jaime Córdoba Triviño. Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras. Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortíz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras. Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Sentencia T-031 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. M.P. Jesús María Carrillo Ballesteros. Radicado interno 11239. M.P. Enrique Gil Botero. Expediente 1998-00117-01. M.P. María Elizabeth García González. Expediente 2014-01604-00. M.P. María Elizabeth García González. Expediente 2014-02782-01. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Expediente 2015-02978-01. M.P. Jesús María Carrillo Ballesteros. Radicado interno 11239. M.P. Enrique Gil Botero. Expediente 85001-23-31-000-1998-00117-01. M.P. María Elizabeth García González. Expediente 2014-01604-00. M.P. María Elizabeth García González. Expediente 2014-02782-01. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Expediente 2015-02978-01. M.P. Ramiro Pazos Guerrero. Expediente 2003-02200-01.
“i) heridas múltiples por esquirlas en miembros inferiores que dejaron como secuelas cicatrices dolorosas, ii) dolor en las rodillas por condromalacia y iii) luxación que causó atrofia y dolor en el hombro derecho”
M.P. Martha Nubia Velásquez Rico. Expediente 2006-00844-01. Expediente 85001233100019990007 01 (19154), M.P. Enrique Gil Botero. M.P.

Milton Chaves García. Expediente 2018-01662-01
Sentencia del del 29 de enero del 2004, (Exp. 18273) C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, reiterada en sentencia del 2 de mayo de 2016, (Exp. 40061), C.P. Danilo Rojas Betancourth. Al respecto, señalan: “(…) esta Corporación ha expresado, en diferentes ocasiones, que si bien el término de caducidad empieza a correr a partir de la ocurrencia del hecho o la omisión, cuando no puede conocerse, en el mismo momento, cuáles son las consecuencias de éstos, debe tenerse en cuenta la fecha en la que se determina que el perjuicio de que se trata es irreversible y el paciente tiene conocimiento de ello. Con mayor razón, entonces, debe entenderse que el término de caducidad no puede comenzar a contarse desde una fecha anterior a aquélla en que el daño ha sido efectivamente advertido”. Ver, entre otras, providencias del: 15 de febrero de 1996. C.P: Jesús María Carrillo Ballesteros; 27 de febrero de 2003 (Exp. 0740); 12 de mayo de 2010 (Exp. 31.582). C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Sentencias del 27 de noviembre de 2006 (Exp. 15.583), del 6 de junio de 2007, C.P. Ramiro Saavedra Becerra de Consejo de Estado, Sección Tercera, del 15 de octubre de 2008, (Exp. 18586), C.P. Enrique Gil Botero, reiteradas en la sentencia del 2 de mayo de 2016 (Exp. 40061) de la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado. Folios 124 y 125 del cuaderno del trámite ordinario. Folio 127 del cuaderno del trámite ordinario. Folio 77.

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