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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-03215-00

Acción de tutela contra providencia judicial: auto que rechaza demanda por caducidad

Fecha
4 de octubre de 2018
Consejero ponente
William Hernández Gómez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-03215-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A Primero: Negar el amparo solicitado por el señor Wilman Johanes Chavarro Buitrago, mediante la acción de tutela instaurada en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, de conformidad con lo aquí expuesto. Segundo: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días siguientes a su notificación (art. 31 Dcto. 2591 de 1991). Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el cuaderno original de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2018-03215-00

Consejero ponente: William Hernández Gómez

4 de octubre de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Auto que rechaza demanda por caducidad / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Contra actos administrativos expedidos en ejercicio del poder disciplinario / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - A partir del día siguiente a la ejecutoria de la decisión sancionatoria / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Se configura / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

[E]n el caso bajo estudio, se observa que el demandante estima que la caducidad de la demanda debió contabilizarse a partir de la notificación del Decreto 1875 del 23 de noviembre de 2016 y no desde la fecha de ejecutoria de la actuación administrativa disciplinaria, como lo efectuaron las autoridades judiciales. Sin embargo, se advierte que no es posible iniciar el conteo desde la fecha pretendida por el [actor], por las razones que a continuación se exponen. En primer lugar, es importante mencionar que el literal del numeral 2º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 dispone que el afectado con un acto administrativo tiene cuatro meses contados a partir del día siguiente a la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto administrativo, para demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo su nulidad y el consecuente restablecimiento del derecho. De no hacerlo su derecho a accionar fenece y, por tanto, el asunto no puede decidirse de fondo, salvo, claro está, que se trate de una prestación que tenga el carácter de periódica, la cual puede ser demandada en cualquier tiempo. En segundo lugar, se observa que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que cuando el acto impugnado a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es de carácter disciplinario e implica la suspensión o destitución del funcionario, el término de caducidad se computa a partir del día siguiente del acto de ejecución de la sanción. Esto con el fin de hacer honor al principio pro homine de interpretación y a la garantía de derechos como el de defensa, debido proceso y acceso a la administración de justicia que asisten al disciplinado (…) Por tanto, la Subsección considera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F analizó la jurisprudencia del Consejo de Estado en relación con el término para presentar la demanda y acertadamente concluyó que dicho cómputo debía iniciarse a partir de la fecha de ejecutoria del acto que resolvió la situación jurídica particular del demandante, a saber, de la decisión sancionatoria de segunda instancia por medio del cual se dio por concluida la actuación administrativa disciplinaria.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 / DECRETO 1875 DE 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D.C., cuatro (04) de octubre de dos mil dieciocho (2018).

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-03215-00(AC)

Actor: WILMAN JOHANES CHAVARRO BUITRAGO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN F Y OTRO

ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de tutela, decide la acción de la referencia.

HECHOS RELEVANTES

a) Llamamiento a calificar servicios y proceso disciplinario

El accionante afirmó que mediante Decreto 1787 del 9 de septiembre de 2015 fue retirado del servicio activo de la Policía Nacional por llamamiento a calificar servicios.

Explicó que el 15 de diciembre de 2015 el Inspector General de la Policía Nacional emitió fallo disciplinario de primera instancia en la que impuso como sanción disciplinaria la destitución e inhabilidad general de 12 años. Decisión que fue apelada por el accionante.

Indicó que el 11 de agosto de 2016 el Director General de la Policía Nacional confirmó parcialmente el fallo sancionatorio, en el sentido de disminuir la inhabilidad general, la cual fue fijada en 11 años.

Precisó que el Gobierno Nacional a través del Decreto 1875 del 23 de noviembre de 2016 ejecutó la sanción disciplinaria impuesta en su contra. El citado acto fue notificado de manera personal a su apoderado el 12 de diciembre de la misma anualidad.

b) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

El señor Chavarro Buitrago instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Ministerio de Defensa, Policía Nacional, con la finalidad de que se declarara la nulidad de los actos administrativos sancionatorios emitidos en el proceso disciplinario.

El 17 de octubre de 2017 el Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá rechazó la demanda por caducidad, por lo cual interpuso el recurso de apelación y el 2 de marzo de 2018 la Sección Segunda, Subsección F del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la anterior decisión.

El 16 de marzo de 2018 interpuso incidente de nulidad en contra de la sentencia de segunda instancia, el cual fue rechazado mediante proveído del 8 de junio de la misma anualidad.

c) Inconformidad

Consideró que las autoridades judiciales demandadas desconocieron la realidad fáctica y jurídica que sirven de fundamento para la contabilización del término de la caducidad, puesto que la sanción disciplinaria generó dos consecuencias, una el retiro de la Policía Nacional y otra la inhabilidad para ocupar cargos públicos durante un período de 11 años, situaciones ambas que se materializaron en el Decreto 1875 del 23 de noviembre de 2016, razón por la cual es a partir de la notificación del referido acto administrativo que debe empezar a contabilizarse la caducidad.

Asimismo, precisó que el retiro de la Policía Nacional por llamamiento a calificar servicios y la destitución son distintos, porque mientras el primero es un mecanismo legal en virtud del cual cesa la obligación del miembro de la Institución de prestar servicio e ingresa a la reserva activa, la segunda figura se erige en una sanción establecida en el régimen disciplinario, de manera que su retiro definitivo y absoluto, así como la inhabilidad, quedaron materializados en el Decreto 1875 del 23 de noviembre de 2016 y, por ende, el término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho debió contabilizarse a partir de la notificación de dicho acto.

PRETENSIONES

Solicitó amparar los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y la aplicación de los principios de legalidad, buena fe y vigencia de un orden justo. En consecuencia, requirió declarar la nulidad de las providencias proferidas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho a través de las cuales se declaró la caducidad y, en su lugar, se disponga continuar con el trámite.

CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO

Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo de Bogotá (f. 40)

La juez Luz Dary Ávila Dávila precisó que la decisión adoptada en el auto interlocutorio del 17 de octubre de 2017, por el cual rechazó la demanda interpuesta por el señor Chavarro Buitrago y que fue confirmado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en proveído del 2 de marzo de 2018, se fundó en el criterio definido por el Consejo de Estado en el auto de unificación del 25 de febrero de 2016.

Asimismo, arguyó que el órgano de cierre en el referido pronunciamiento definió que el cómputo del término de caducidad cuando se controvierten actos administrativos de carácter disciplinario, en los eventos en que la sanción no es ejecutada en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 172 de la Ley 734 de 2002, o cuando dicho acto no implica la materialización de la sanción, debe iniciarse a partir de la ejecutoria del acto que resolvió la situación jurídica particular, esto es, del fallo mediante el cual concluyó la actuación administrativa disciplinaria.

Así, indicó que en el caso de la demanda incoada por el tutelante no es posible iniciar el conteo de la caducidad a partir de la notificación del Decreto 1875 del 23 de noviembre de 2016, primero porque es un acto de ejecución no susceptible de control judicial y, segundo, en virtud del criterio definido en el proveído de unificación referenciado.

Policía Nacional (ff. 37-38)

El Secretario General de la Institución señaló que la acción de la referencia es improcedente, puesto que no se está ante el acontecimiento de un perjuicio irremediable o de una amenaza injustificada que amerite la protección de los derechos fundamentales invocados, máxime cuando el accionante no hizo uso de otras vías judiciales idóneas para resolver la litis.

CONSIDERACIONES

Competencia

La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 5º. del artículo 1°. del Decreto 1983 de 2017, el cual regula que: «[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada […]».

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ha sido admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia (defectos).

La posición actual ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional, entre otras providencias, empezando por la tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993 y su redefinición en la T-949 de 2003, hasta llegar a su sistematización en la sentencia C-590 de 2005.

Por su parte el Consejo de Estado en sentencia de unificación por importancia jurídica, del 5 de agosto de 2014, con ponencia de Jorge Octavio Ramírez, concluyó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional. Veamos:

Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la vía de hecho planteada. Ello son los siguientes:(i) La cuestión que se discute tiene relevancia constitucional; (ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) se cumple el requisito de inmediatez; (iv) no se argumentó una irregularidad procesal; (v) se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo estudio; y; (vi) la providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de una acción de tutela.

Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de forma absoluta de competencia; b) defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actúa completamente al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto ocurre cuando: el juez carece de apoyo probatorio, la valoración es absolutamente equivocada o no tiene en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir la decisión; d) defecto material o sustantivo, el cual se origina cuando exista un error judicial ostentoso, arbitrario y caprichoso que desconozca lineamientos constitucionales y/o legales, específicamente ocurre cuando: se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas o exista una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación; g) desconocimiento del precedente judicial y h) violación directa de la Constitución Política.

Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en una cualesquiera de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional.

Problema jurídico

Antes de plantear el problema jurídico, se aclara que se realizará el análisis únicamente sobre la decisión adoptada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F.

En el caso concreto se cumplen los requisitos generales de procedibilidad, por tanto, la parte motiva se ocupará de las causales específicas, que para el asunto bajo examen se centra en el análisis del defecto sustantivo.
El problema jurídico en esta instancia puede resumirse en la siguiente pregunta:

¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F debió contabilizar el término de caducidad desde la fecha de notificación en que le fue notificado al señor Chavarro Buitrago el Decreto 1875 de 2016, mediante el cual fue ejecutada la sanción disciplinaria impuesta?

Para resolver el problema así planteado se abordarán las siguientes temáticas: (I) defecto sustantivo: caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Veamos:

Defecto sustantivo

En diferentes pronunciamientos, la Corte ha denominado el defecto sustantivo como una condición de procedibilidad de la acción de tutela contra las providencias judiciales. Al respecto, ha señalado que se presenta por las siguientes razones:

1. La decisión cuestionada se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable al caso concreto, bien sea, porque la norma empleada no se ajusta al caso, no se encuentra vigente por haber sido derogada, o ha sido declarada inconstitucional.

2. La interpretación o aplicación que se hace de la norma en el caso concreto, desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance.

3. Se fija el alcance de una norma desatendiendo otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática.

4. La norma pertinente es inobservada y, por ende, inaplicada.

5. Se aplica una norma que a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a ésta, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador.

6. Evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

7. Insuficiencia en la sustentación o argumentación que afecte los derechos fundamentales.

Análisis del caso bajo estudio

El accionante sostuvo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F transgredió sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia y desconoció los principios de legalidad, buena fe y orden justo al no tener en cuenta que el término de caducidad comenzó a correr desde el 12 de diciembre de 2016, fecha en la cual le fue notificado el Decreto 1875 del 23 de noviembre de esa misma anualidad, acto administrativo de ejecución de la sanción impuesta en el proceso disciplinario.

Precisó que la sanción de destitución e inhabilidad general se materializó en el referido Decreto, razón por la cual es a partir de la notificación de ese acto administrativo que debe empezar a contabilizarse la caducidad, puesto que a partir de allí se produjo su desvinculación definitiva de la Institución, máxime si se tiene en cuenta que el retiro de la Policía Nacional por llamamiento a calificar servicios y la destitución son distintos, porque mientras el primero es un mecanismo legal en virtud del cual cesa la obligación del miembro de la Institución de prestar servicio e ingresa a la reserva activa, la segunda figura se erige en una sanción establecida en el régimen disciplinario.

Pues bien, para resolver la anterior inconformidad es necesario realizar un recuento de las actuaciones efectuadas dentro del proceso cuya decisión de rechazo se controvierte, con el fin de determinar si la autoridad judicial incurrió en alguna causal específica de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales.

Así, se observa que el señor Wilman Johanes Chavarro Buitrago instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, con la intención de obtener la nulidad de los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia proferidos el 15 de diciembre de 2015 y 11 de agosto de 2016 expedidos por la Policía Nacional y del Decreto 1875 del 23 de noviembre de 2016, que ejecutó la sanción.

El 17 de octubre de 2017 el Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo de Bogotá rechazó la demanda presentada, puesto que encontró probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control (ff. 162-164 Anexo). El 23 del mismo mes y año la parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la decisión (ff. 167-172 ibidem).

En virtud de lo anterior, el 2 de marzo de 2018 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, confirmó la providencia de primera instancia al considerar que no era posible tener como fecha para contabilizar el término de caducidad la notificación del Decreto 1875 del 23 de noviembre de 2016, toda vez que desde el 9 de septiembre de 2015 el señor Chavarro Buitrago ya no sostenía vínculo profesional con la Policía Nacional, de tal suerte que al haberse producido el fallo sancionatorio disciplinario con posterioridad a la terminación de la relación laboral, el referido cómputo inició a partir de la ejecutoria del acto definitivo del proceso administrativo disciplinario.

Ahora bien, en el caso bajo estudio, se observa que el demandante estima que la caducidad de la demanda debió contabilizarse a partir de la notificación del Decreto 1875 del 23 de noviembre de 2016 y no desde la fecha de ejecutoria de la actuación administrativa disciplinaria, como lo efectuaron las autoridades judiciales. Sin embargo, se advierte que no es posible iniciar el conteo desde la fecha pretendida por el señor Chavarro Buitrago, por las razones que a continuación se exponen.

En primer lugar, es importante mencionar que el literal del numeral 2.º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 dispone que el afectado con un acto administrativo tiene cuatro meses contados a partir del día siguiente a la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto administrativo, para demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo su nulidad y el consecuente restablecimiento del derecho. De no hacerlo su derecho a accionar fenece y, por tanto, el asunto no puede decidirse de fondo, salvo, claro está, que se trate de una prestación que tenga el carácter de periódica, la cual puede ser demandada en cualquier tiempo.

En segundo lugar, se observa que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que cuando el acto impugnado a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es de carácter disciplinario e implica la suspensión o destitución del funcionario, el término de caducidad se computa a partir del día siguiente del acto de ejecución de la sanción. Esto con el fin de hacer honor al principio pro homine de interpretación y a la garantía de derechos como el de defensa, debido proceso y acceso a la administración de justicia que asisten al disciplinado.

Ahora bien, esta Corporación en providencia del 25 de febrero de 2016, unificó su posición al respecto, en el sentido de indicar que en aquellos casos en los que haya sido emitido un acto ejecutando una sanción disciplinaria de retiro temporal o definitivo del servicio, y éste materialice la situación laboral del servidor público, debe preferirse la interpretación según la cual el término de caducidad de la acción contenciosa debe computarse a partir del acto de ejecución, en la medida en que ésta constituye una garantía para el administrado y una forma de facilitar el control de los actos de la administración.

Asimismo, en dicha decisión el Consejo de Estado precisó que la situación es distinta cuando no existe un acto que ejecute la sanción disciplinaria de retiro del servicio, o cuando dicho acto no tiene relevancia frente a los extremos temporales de la relación laboral, situaciones que impiden aplicar el criterio expuesto en el párrafo anterior y frente a las cuales debe contarse el término de caducidad a partir de la ejecutoria del acto definitivo que culminó el proceso administrativo disciplinario.

En ese orden de ideas, para la Subsección es claro que, por regla general, el término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se controvierten actos de carácter disciplinario empezará a computarse a partir del día siguiente del acto de ejecución de la sanción. Sin embargo, dicho criterio no resulta aplicable a los casos en que la decisión adoptada en el proceso disciplinario no es ejecutada en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 172 de la Ley 734 de 2002, o en que dicho acto no implica la materialización de la sanción. En tales supuestos, el cómputo del término de caducidad debe realizarse a partir de la ejecutoria del acto que resolvió la situación jurídica particular, esto es, del fallo mediante el cual se dio por concluida la actuación administrativa disciplinaria.

Así, en el presente asunto se tiene certeza que el señor Chavarro Buitrago al momento de expedirse la decisión sancionatoria de segunda instancia ya había sido desvinculado de la institución. De manera que si bien la Policía Nacional expidió el Decreto 1875 de 2016, por medio del cual se ejecutó la sanción disciplinaria impuesta, la destitución no se materializó con tal decreto, pues precisamente y como el mismo acto administrativo lo señala, el demandante estaba retirado del servicio, luego, no pueden contabilizarse los cuatro meses desde el día siguiente a su ejecución, de conformidad con lo expuesto en párrafos precedentes.

Por tanto, la Subsección considera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F analizó la jurisprudencia del Consejo de Estado en relación con el término para presentar la demanda y acertadamente concluyó que dicho cómputo debía iniciarse a partir de la fecha de ejecutoria del acto que resolvió la situación jurídica particular del demandante, a saber, de la decisión sancionatoria de segunda instancia por medio del cual se dio por concluida la actuación administrativa disciplinaria.

En ese orden de ideas, no se advierte que la autoridad judicial demandada haya incurrido en un defecto sustantivo y, consecuentemente, transgredido los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad o acceso a la administración de justicia al declarar la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En consecuencia, se negará el amparo solicitado por el señor Wilman Johanes Chavarro Buitrago, mediante la acción de tutela instaurada en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, de conformidad con lo aquí expuesto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A

Primero: Negar el amparo solicitado por el señor Wilman Johanes Chavarro Buitrago, mediante la acción de tutela instaurada en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, de conformidad con lo aquí expuesto.

Segundo: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días siguientes a su notificación (art. 31 Dcto. 2591 de 1991). Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el cuaderno original de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto: Háganse las anotaciones correspondientes en el programa “Justicia Siglo XXI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

LYGR

Por medio del cual se modificaron los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015 referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.
Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015.
Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, T-176 de 2016, SU-573 de 2017, entre otras.
Ver entre otras, sentencias T-364 de 2009, T-189 de 2005, T-205 de 2004, T-800 de 2006, SU-159 de 2002.
Corte Constitucional, Sentencia T-781 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
Ver entre otras, las sentencias del 15 de febrero y 5 de julio de 2018 proferidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, expedientes 110010325000201200123 00 (0539-2012) y 110010325000201300919 00 (2008-2013), respectivamente.
Consejo de Estado. Sección Segunda. Auto del 25 de febrero de 2016. Radicación: 11001-03-25-000-2012-00386-00(1493-12). Actor: Rafael Eberto Rivas Castañeda.
Que establece quiénes son los funcionarios competentes para ejecutar las sanciones disciplinarias.
Código Disciplinario Único.
Así lo dispuso la decisión de unificación ya referenciada.

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