Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2018-03251-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2018-03251-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2018-03251-01
Consejero ponente: Ramiro Pazos Guerrero
20 de febrero de 2019
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - No configuración / RELIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN PARA BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN - Promedio de los factores salariales cotizados al sistema durante los últimos 10 años de servicio / APLICACIÓN DE LA LÍNEA JURISPRUDENCIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL – Coincide con la posición unificada del Consejo de Estado
¿Implica desconocimiento del precedente, el que la Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la sentencia atacada, haya adoptado los criterios fijados por la Corte Constitucional en materia de reliquidación de pensiones y en cuanto al monto de liquidación del IBL de una persona beneficiaria del régimen de transición, en contravía de lo dispuesto por las sentencias de unificación del Consejo de Estado sobre el mismo tema, vigentes para esa fecha? (…) [A]l momento de analizar el caso concreto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca advirtió que la [actora] estaba amparada por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y le era aplicable la norma anterior, esto es, la Ley 33 de 1985. (…) [P]ara solucionar el caso, conforme a los criterios de la Corte Constitucional, dijo que no era posible acceder a la pretensión de inclusión de todos los factores salariales percibidos durante el último año de servicios, ya que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, a la demandante le faltaban más de 10 años para consolidar su derecho a la pensión, por manera que la cuantía de la prestación debía fijarse en razón de un 75% del promedio de los salarios que le sirvieron de base para los aportes hechos durante los últimos 10 años. De este modo, tal como los consideró la Sección Segunda en el fallo de primera instancia emitido dentro de este proceso de tutela, se tiene que si bien el tribunal accionado se apartó de la jurisprudencia sentada por el Consejo de Estado y vigente hasta ese momento, derivada de la sentencia del 4 de agosto de 2010, la sola circunstancia de no acatar esa interpretación, no puede considerarse en este caso particular como desconocimiento del precedente, pues el fallador no solo dejó ver las diferentes posturas existentes, sino que también justificó las razones por las cuales consideraba que era mejor adoptar los criterios dados por la Corte Constitucional, cumpliendo así con la carga argumentativa mínima que se requiere para apartarse de la posición contraria. (…) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en uso de su autonomía judicial, cumplió con la carga mínima y transparente de exponer las razones por las cuales estimó más adecuado acoger las posturas de la Corte Constitucional, de suerte que no puede predicarse un defecto en su decisión por desconocimiento del precedente judicial, máxime cuando en sede de tutela, el tribunal constitucional es quien unifica la materia.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: RAMIRO PAZOS GUERRERO
Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-03251-01(AC)
Actor: MARÍA LUZMILA MEJÍA SANDOVAL
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “C”
1. Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la señora María Luzmila Mejía Sandoval, en contra de la sentencia de primera instancia proferida el 18 de octubre de 2015 por la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda de tutela.
SÍNTESIS DEL CASO
2. La señora María Luzmila Mejía Sandoval ataca mediante tutela la providencia del 18 de abril de 2018, proferida por la Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual revocó la sentencia del 19 de febrero de 2016, del Juzgado 49 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que había accedido a las pretensiones de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho dentro del expediente n. º 2014-00067-02. La demandante alega el desconocimiento del precedente jurisprudencial del Consejo de Estado fijado en la sentencia del 4 de agosto de 2010, sobre la forma de calcular el ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen de transición.
ANTECEDENTES
a.- Solicitud de amparo
3. Mediante escrito del 10 de septiembre de 2018, la señora María Luzmila Mejía Sandoval presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, por la presunta vulneración a los derechos al debido proceso, mínimo vital, vida digna, igualdad, acceso a la administración de justicia y desconocimiento del principio de favorabilidad. En consecuencia solicitó:
Primera: TUTELAR a la accionante los derechos fundamentales al debido proceso, vida digna, igualdad, pago oportuno de pensiones legales, principio de favorabilidad, seguridad jurídica y acceso a la administración de justicia.
Segunda: Como consecuencia de la declaración anterior, se ordene DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C” de 18 de abril de 2018 y en su lugar se ORDENE al operador judicial de segunda instancia, que en un término prudencial dicte una nueva sentencia mediante la cual se respeten los derechos fundamentales reclamados por el accionante, confirmando en su integridad y en cada una de sus partes la sentencia dictada por el Juzgado 49 Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, de 19 de febrero de 2016. .
b. Hechos
4. Los hechos en que se fundamentó la demanda, fueron los siguientes (fl. 1-8, c.1):
5. El 17 de noviembre de 2009, mediante Resolución n.º 03369, el SENA le reconoció a la señora María Luzmila Sandoval su pensión de jubilación, conforme al artículo 1º de la Ley 33 de 1985, con un ingreso base de liquidación correspondiente al promedio de los ingresos laborales devengados durante el último año de servicios, y teniendo en cuenta como factor salarial la asignación básica y bonificación por servicios, con una tasa de reemplazo del 75%.
6. La accionante instauró demanda bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para efectos de lograr la reliquidación de su pensión, en proceso conocido por el Juzgado 49 Administrativo del Circuito de Bogotá, que mediante sentencia del 19 de febrero de 2016 decretó la nulidad del acto administrativo acusado y le ordenó al SENA reliquidar la pensión de la señora Mejía Sandoval en cuantía igual al 75% del salario promedio devengado en el año inmediatamente anterior a su retiro, incluyendo además de los factores ya reconocidos, las primas de servicio, vacaciones, prima de navidad y el subsidio de alimentación.
7. No obstante, en sede de apelación, mediante fallo del 18 de abril de 2018, la Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la sentencia impugnada y negó las pretensiones de la demanda.
c.- Fundamentos de la vulneración
8. Estimó la demandante que se han vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, vida digna, igualdad, “pago oportuno de pensiones legales”, favorabilidad, seguridad jurídica y acceso a la administración de justicia.
9. Alegó que su empleador, al no efectuar los aportes a pensiones en la forma en la que la preceptúan los artículos 2º de la Ley 4º de 1996, 2º del Decreto 1743 de 1966, 3º de la Ley 33 de 1985, 19 del Decreto 3063 de 1985 y 17 de la Ley 100 de 1993, provocó un menoscabo en el monto de su pensión.
10. Aludió a un defecto sustantivo, ya que según los artículos 48 de la Ley 270 de 1996 y 36 del Decreto 2591 de 1991, las sentencias de la Corte Constitucional adoptadas en sede de tutela solo producían efectos inter partes, de manera que en este caso no era aplicable la sentencia SU-230 de 2015. Igualmente dijo que ese tipo de providencias, conforme al artículo 45 de la Ley 270 de 1996 solo regían hacia el futuro, de suerte que la sentencia C-258 de 2013 no podía tener un efecto retroactivo.
11. Dentro de ese defecto, también se refirió al principio de favorabilidad contenido en el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo y al de inescindibilidad, previsto en la Ley 153 de 1887.
12. Planteó el desconocimiento del precedente vertical, esto es, el que se deriva de la sentencia del 4 de agosto de 2010 del Consejo de Estado, en donde se consideró que los beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tenían derecho a que se les aplicara la totalidad de la ley anterior cuando ello resultara más favorable.
13. Adujo el desconocimiento de precedentes constitucionales referentes al principio de favorabilidad y de los efectos “inter comunis” de las sentencias de tutela. Al respecto, citó los siguientes fallos: C-024 de 2018, T-149 de 2016, SU-230 de 2015, T-569 de 2015, C-284 de 2015, y C-258 de 2013.
14. Señaló como preceptos vulnerados los artículos 1º, 2º, 4º, 13, 29, 46, 48, 58 y 230 de la Constitución Política.
15. Finalmente afirmó que se presentaba una “violación a los derechos humanos”, especialmente los consagrados en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.3ª del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (fl. 1 a 14, c1)
d.- Trámite procesal
16. El 14 de septiembre de 2018, fue admitida la tutela y se ordenó la notificación, en calidad de parte demandada, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”; y en calidad de terceros con interés al Juzgado 49 Administrativo del Circuito de Bogotá y al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA (fl. 42).
17. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, manifestó que la sentencia del 18 de abril de 2018 se encuentra ajustada a derecho, pese proferirse con anterioridad al fallo de unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018, expediente n.º 52001-23-33-000-2012-00143-01, con el cual guarda total armonía, razón por la que no era viable predicar la vulneración de derecho fundamental alguno (fl. 48 y 49).
18. El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA dijo acompañar en su integridad el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante el cual se negaron las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, pues consideró que el precedente fijado por la Corte Constitucional sobre la reliquidación de la pensión de los beneficiarios del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 debía prevalecer sobre el del Consejo de Estado, pues era claro que la normativa pensional anterior solo era aplicable en cuanto a edad, tiempo y semanas de cotización, pero no en los demás requisitos.
19. Además, dijo que acorde con la sentencia SU-427 de 2016, la tesis de integralidad del IBL en los regímenes de transición era inconstitucional, porque llevaba a la concesión de un beneficio no previsto por el legislador, decisión que se acompasaba con el reciente pronunciamiento de la Sala Plena del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018, dentro del expediente n.º 52001-23-33-000-2012-00143-01 (fl. 52 a 57).
20. El Juzgado 49 Administrativo del Circuito de Bogotá guardó silencio.
e.- Sentencia de primera instancia.
21. El 18 de octubre de 2018, la Subsección “A”, Sección Segunda del Consejo de Estado, profirió sentencia de primer grado en la que denegó las pretensiones de la demanda de tutela, por las siguientes razones:
22. Encontró acreditados los requisitos generales planteados por la jurisprudencia para la interposición de la tutela contra providencias judiciales.
23. Se refirió al contenido de los requisitos de defecto sustantivo y desconocimiento del precedente, como causales específicas de procedencia. Sobre este último destacó que pese a la importancia de la vinculación del precedente y de la ratio decidendi, dicho entendimiento no podía ser absoluto, pues si los jueces en sus providencias justificaban de manera suficiente y razonable el cambio de una línea jurisprudencial seguida en casos similares, no podía reprochárseles una conducta arbitraria.
24. Sobre el caso concreto, se refirió al contenido de la sentencia del 18 de abril de 2018,emitida por la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y observó que en esta se hizo un recuento jurisprudencial sobre lo que en la materia habían expresado el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, a partir de lo cual había optado por la jurisprudencia de esta última corporación, según la cual el régimen de transición contenido en el artículo 36 la Ley 100 de 1993 no era aplicable para el cálculo del IBL.
25. En consecuencia, el a-quo estimó que aunque la sentencia del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010 había advertido que quienes estaban cobijados por la Ley 33 de 1985 se les debía liquidar la pensión con el 75% del salario devengado durante el último año de servicios, era aceptable que el tribunal de instancia se apartara de tales lineamientos, en virtud de los principios de autonomía e independencia judicial.
26. Aunado a lo anterior, adujo que ante la existencia de posiciones diversas provenientes de dos altas corporaciones, el tribunal cumplió con la carga de transparencia al exponer las razones por las cuales acogió la postura de la Corte Constitucional, de manera que se trataba de una decisión basada en argumentos ponderados y razonables que debían respetarse por tratarse del juez natural de la causa, a fin de preservar la autonomía e independencia judicial (fl. 66 a 73, c.1).
f. Impugnación
27. Notificada la parte actora de la sentencia, el 18 de enero de 2019 presentó recurso de apelación, en el que insistió en los argumentos expuestos en la demanda de tutela, esto es: (i) la existencia de responsabilidad del empleador por no descontar de la nómina ni realizar los aportes pensionales sobre los factores devengados por el trabajador; (ii) la configuración de un defecto sustantivo, por la inaplicación de normas legales tales como el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo y el Decreto 1158 de 1994; (iii) una vía de hecho por el desconocimiento de precedentes constitucionales sobre la aplicación del principio de favorabilidad; (iv) la configuración de un derecho adquirido por parte de la señora María Luzmila Mejía, por cuanto adquirió el estatus de pensionada el 26 de mayo de 2009, fecha en que cumplió los presupuestos para acceder a la jubilación; y (v) la prevalencia de la supremacía constitucional en el sentido dado por la sentencia SU-298 de 2015 (fl. 79 a 88).
28. El 25 de enero de 2019, el Consejero Ponente de la Sección Segunda concedió el recurso de impugnación presentado contra la providencia del 18 de octubre de 2018 (fl. 90).
II. CONSIDERACIONES
a.- Competencia
29. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del fallo de tutela del 18 de octubre de 2018, dictado por el la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y el Acuerdo No. 377 de 2018 de la Sala Plena de esta Corporación.
b.- Problema jurídico
30. Corresponde a la Sala determinar si le asiste razón al impugnante, en el sentido de que la sentencia impugnada debe revocarse, para en su lugar acceder a las pretensiones de la demanda y proteger los derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, vida digna, igualdad, pago oportuno de pensiones legales, favorabilidad, seguridad jurídica y acceso a la administración de justicia. De suerte, que la Sala debe resolver el siguiente problema jurídico:
31. ¿Implica desconocimiento del precedente, el que la Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la sentencia atacada, haya adoptado los criterios fijados por la Corte Constitucional en materia de reliquidación de pensiones y en cuanto al monto de liquidación del IBL de una persona beneficiaria del régimen de transición, en contravía de lo dispuesto por las sentencias de unificación del Consejo de Estado sobre el mismo tema, vigentes para esa fecha?
c.- La acción de tutela contra providencia judicial
32. La acción de tutela contra providencias judiciales es procedente. Así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Por esto, la jurisprudencia ha establecido unos requisitos generales y especiales que deben cumplirse de forma estricta. Si no se verifican todos los requisitos generales y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales la acción no será procedente o deberá negarse.
33. En todo caso, como su procedencia es excepcional, la interpretación de los requisitos generales y de los defectos específicos de la providencia debe ser restrictiva, a la luz de los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso de amparo, y exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la providencia judicial objeto de la acción.
d.- Análisis del caso
Requisitos generales de procedencia
34. Sobre los requisitos generales de procedencia, es preciso advertir que comoquiera que la primera instancia los consideró acreditados y este aspecto no fue objeto de debate, debe la Sala entrar a verificar directamente los motivos de impugnación, que solo alude a requisitos especiales.
35. Ahora, si bien en la demanda y en la apelación la actora se refirió a una serie de normas respecto de las cuales alegó la existencia de un defecto sustantivo (v. párr. 3.1, 3.2, 3.2.1 y 6), lo cierto es que tal cuestión se subsume en este caso en el aspecto principal sobre el que corresponde decidir, es decir, si la sentencia del 18 de abril de 2018 emitida por la Sección Segunda del Consejo de Estado desconoció el precedente vinculante, por ello la Sala se centrará en tal cuestión.
Requisito especial, desconocimiento del precedente
36. Sobre el precedente se ha dicho o definido que es un conjunto de providencias previas al caso a resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico debe considerar el juez al momento de dictar la sentencia.
37. En este orden de ideas, también se ha estimado que es deber de los jueces aplicar los precedentes vinculantes donde se deciden casos análogos, consideración que se fundamenta en el principio de igualdad, la seguridad jurídica, los principios de buena fe y confianza legítima, rigor judicial y coherencia del sistema jurídico.
38. Así, el desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, se erige como una causal autónoma y específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales que puede configurarse, entre otras, cuando: i) se desconoce la ratio decidendi de la jurisprudencia en el ejercicio del control abstracto de constitucionalidad; y/o ii) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales que han sido fijados por la Corte Constitucional en la ratio decidendi de sus sentencias de tutela (en Salas de Revisión) o de unificación emitidas por la Sala Plena. Igual aplica para la jurisprudencia en vigor sobre la materia de escrutinio judicial.
39. No obstante lo anterior y de la fuerza vinculante del precedente, se acepta que los jueces se aparten de este bajo las siguientes condiciones: (i) deben hacer explícitas las razones por las cuales se abstienen de aplicar el precedente y de apartarse del mismo; (ii) demostrar que los argumentos que ofrece, desarrollan y amplían de mejor manera, el contenido de los derechos, principios y valores constitucionales objeto de protección.
40. En ese orden de ideas, según palabras de la Corte Constitucional, sería contrario al debido proceso, el que el juez no cumpla con: (i) una carga mínima de argumentación que, a partir del principio de razón suficiente, justifique apartarse del precedente constitucional; y (ii) la simple omisión o negativa del juez en su aplicación, a partir de un erróneo entendimiento de la autonomía judicial o en un ejercicio abusivo de ella.
41. Para el asunto bajo estudio, el tema objeto de discusión, obedece al debate que se ha dado respecto de la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en cuanto a la forma cómo debe calcularse el IBL de las pensiones de jubilación de las personas beneficiarias del régimen de transición.
42. En este sentido, sobre la aplicación del régimen de transición y la forma de calcular el IBL, es palmaria la existencia de diversas posiciones jurídicas de las altas cortes, como pasa a verse
Diversidad y divergencia jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
43. Para empezar, uno de los antecedentes en cuanto posturas adoptadas acerca de la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo constituyen las decisiones de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que ha mantenido una posición uniforme, según la cual considera que si bien el régimen de transición significa la aplicación de normas anteriores a la vigencia del Sistema General de Pensiones, tal regla no aplica para el monto del IBL, así:
Precisamente con el régimen de transición pensional consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no quiso el legislador mantener para los beneficiarios la aplicación en su totalidad de la normatividad que gobernaba sus derechos pensionales, sino solamente una parte de ella. Esta Sala de la Corte ha consolidado, por reiterado y pacífico, el criterio de que dicho régimen comporta para sus beneficiarios la aplicación de las normas legales anteriores a la vigencia del Sistema General de Pensiones, en tres puntuales aspectos: edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto de la pensión. Y que el tema de la base salarial de liquidación de la pensión no se rige por tales disposiciones legales, sino que pasa a ser regido, en principio, y para quienes les hacía falta menos de diez años para adquirir el derecho por el inciso 3º del artículo 36 citado.
44. Sobre el mismo tema, el Consejo de Estado adoptó una interpretación distinta a la norma en cuestión, pues la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, cuya aplicación se exige en este caso, señaló:
Se observa, entonces, que la Ley HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0100_1993.htm" \l "Inicio" 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido como un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados (…)
En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la Ley HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0033_1985.htm" \l "Inicio" 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios.
Esta decisión encuentra consonancia con la sentencia de 9 de julio de 2009, proferida por la Sección Segunda de esta Corporación”. (Se destaca)
45. De esta manera, el Consejo de Estado, a partir del 2010, unificó su criterio, bajo la consideración, según la cual la norma no realiza una enumeración taxativa de los factores salariales a tener en cuenta, lo que, en su criterio, no impide la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de servicios.
46. En contrario, para la Corte Suprema de Justicia, el régimen de transición solo mantuvo los efectos de las normas anteriores al Sistema General de Pensiones en tres aspectos: edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto de la pensión, por lo que para esa autoridad el IBL no se rige por las disposiciones legales pretéritas, sino que pasó a ser regido, en principio, y para quienes les hacía falta menos de diez años para adquirir el derecho, según los dispuesto en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 del 93.
47. Como contrapunto, el Consejo de Estado le dio preponderancia al principio de inescindibilidad de la norma, ya que de esa manera se obtendría una mayor garantía de los derechos constitucionales, de suerte que los factores salariales que componen la base de liquidación pensional serían todos aquellos efectivamente devengados por el trabajador, previa deducción de los descuentos por aportes que dejaron de efectuarse.
48. Ahora, habida cuenta de la presentación de una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, la Corte Constitucional emitió la sentencia C-258 de 2013, donde fijó como regla de aplicación del IBL, la siguiente:
En vista de que (i) no permitir la aplicación ultractiva de las reglas de IBL de los regímenes pensionales vigentes antes de la Ley 100 fue el propósito original del Legislador; (ii) por medio del artículo 21 y del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100, el Legislador buscó unificar las reglas de IBL en el régimen de prima media; (iii) ese propósito de unificación coincide con los objetivos perseguidos por el Acto Legislativo 01 de 2005, específicamente con los de crear reglas uniformes que eliminen privilegios injustificados y permitan diseñar mecanismos que aseguren la sostenibilidad del sistema -de ahí que la reforma mencione expresamente el artículo 36 de la Ley 100 - la Sala considera que en este caso el vacío que dejará la declaración de inexequibilidad de la expresión “durante el último año” debe ser llenado acudiendo a las reglas generales previstas en las dos disposiciones de la Ley 100 referidas.
En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia, además de declarar inexequible la expresión “durante el último año” contenida en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, la exequibilidad del resto del precepto será condicionada a que se entienda que las reglas sobre IBL aplicables a todos los beneficiarios de ese régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso”. (Se destaca)
49. Si bien la Corte analizó lo referente al régimen de transición de las pensiones de los congresistas en este caso, lo relevante para el asunto bajo estudio, es que igualmente estableció una regla general al indicar, sin duda, que el IBL no se comprendía dentro del régimen de transición.
50. Ese criterio fue reiterado en pronunciamientos posteriores, donde la Corte Constitucional señaló que el IBL debía fijarse de conformidad con el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al punto que fue materia de unificación en la sentencia SU - 230 de 2015, donde estimó:
(…) Como se evidencia, la Corte, en sede de control abstracto de constitucionalidad, adoptó una interpretación sobre la aplicación integral del régimen especial de los beneficiarios del régimen de transición e interpretó la regla a seguir sobre el IBL, estableciendo que este no era un aspecto sujeto a transición y, por tanto, existe sujeción sobre esta materia a lo dispuesto en el artículo 36 de la ley 100.
Tal como fue advertido por la Sala Plena mediante Auto No. 326 de 2014, esta Corporación no se había pronunciado de manera expresa acerca de la interpretación que debía otorgarse a las disposiciones que contemplaban lo atinente al monto y al ingreso base de liquidación en el régimen de transición. En este respecto, expuso:
“En efecto, en un primer momento, en la Sentencia C-168 de 1995 se declaró inexequible un aparte del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por el cargo de igualdad frente al tiempo inferior a dos años para los trabajadores del sector privado y un año para el público, pero no se hizo pronunciamiento alguno sobre si el monto estaba o no ligado al concepto de base de liquidación; en un segundo momento, en la Sentencia C-1056 de 2003, se declaró inexequible la modificación introducida por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003 al inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y, en la Sentencia C-754 de 2004, se declaró inexequible el artículo 4° de la Ley 860 de 2003, mediante el cual se hizo un segundo intento de modificación a la norma de la ley 100 antes referida, sin que se abordara lo referente a la interpretación de las disposiciones de monto y base de liquidación dentro del régimen de transición. Así, pues, sobre el contenido literal de la Ley 100 de 1993, que hace referencia expresa a que en lo atinente a las demás condiciones y requisitos pensionales que no estén regulados por ése artículo, se regirán por las normas contenidas en la ley del sistema general de pensiones, la Sala Plena de este tribunal no había hecho una interpretación antes de la Sentencia C-258 de 2013”.
Aunque la interpretación de las reglas del IBL establecidas en la Sentencia C-258 de 2013 se enmarcan en el análisis del régimen especial consagrado en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, con fundamento (i) en que dicho régimen vulneraba el derecho a la igualdad al conceder privilegios a una de las clases más favorecidas de la sociedad y (ii) en la medida en que el régimen especial de congresistas y magistrados contiene ventajas desproporcionadas frente a los demás regímenes especiales, ello no excluye la interpretación en abstracto que se realizó sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de establecer que el IBL no es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en este las que deben observarse para determinar el monto pensional con independencia del régimen especial al que se pertenezca”. (Se destaca).
51. Lo anterior evidencia un escenario de disparidad de criterios existentes entre la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre los factores salariales y el periodo de liquidación, respecto de lo preceptuado por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues para la Corte el régimen de transición no incluía el IBL, pero para el Consejo de Estado sí.
52. Comoquiera que tal diferencia de posiciones provocó pronunciamientos distintos en los jueces de lo contencioso administrativo, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado dictó la sentencia de unificación del 25 de febrero de 2016, donde se consideró:
Quiere insistir el Consejo de Estado en las razones que sustentan su postura tradicional con respecto al ingreso base de las pensiones del régimen de transición, y que ahora reitera:
La complejidad de los regímenes especiales pensionales, aplicables en virtud del régimen de transición, hace altamente razonable la interpretación que tradicionalmente ha tenido esta Corporación respecto de la expresión “monto” contenida como criterio general en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Esta interpretación ha sido compartida en múltiples sentencias de constitucionalidad y de tutela de la Corte Constitucional, por lo cual el Consejo de Estado la ha aplicado en forma reiterada y pacífica. La variación interpretativa que pretende introducir la sentencia SU-230 de 2015, si se acogiera por el Consejo de Estado, afectaría el derecho a la igualdad de los ciudadanos beneficiarios del régimen de transición que tienen sus pensiones pendientes de decisiones judiciales o administrativas, y que constituyen un número significativamente menor de quienes se han beneficiado de la forma tradicional de liquidación, dada la inminente finalización del régimen de transición pensional. El principio constitucional de igualdad, en este caso se vería seriamente afectado en un aspecto cardinal de los derechos sociales como lo son las pensiones. Igual reflexión cabría sobre el impacto económico, que en todo caso ya se asumió para la generalidad de los pensionados, quedando muy pocos pendientes de esa decisión. Debe recordarse que el Acto Legislativo No. 1 de 2005, además de introducir el concepto de sostenibilidad financiera al sistema pensional, dispuso que el Estado “asumirá la deuda pensional que esté a su cargo”.
Los serios argumentos de desigualdad económica y social que sustentaron las decisiones de la sentencia C-258 de 2013, incluido el relativo al ingreso base de liquidación de las pensiones del régimen cuya constitucionalidad se definió en esa oportunidad, no pueden extenderse a las demás pensiones de los regímenes especiales del sector público que no tienen las características de excepcionales ni privilegiadas.
La Corte Constitucional no ha rechazado la postura del Consejo de Estado en este punto en forma expresa, en acciones de tutela en las que esta Corporación haya sido accionada, por lo cual la sentencia SU-230 de 2015 no le sería aplicable, dado que como tribunal supremo de lo contencioso administrativo, debería tener derecho, como mínimo a defender su posición en tales acciones. Cuando tal cosa suceda, es de esperar que la Corte Constitucional examine los argumentos aquí expuestos y debata a su interior el alcance de los mismos antes de pronunciarse sobre este importante tema.
Los principios de progresividad y no regresividad de los derechos sociales, que la misma Corte Constitucional ha estimado incorporados a la Constitución Política colombiana en virtud del llamado “bloque de constitucionalidad”, no se predican exclusivamente de los cambios legales sino también de las variaciones jurisprudenciales. Si la interpretación tradicional del Consejo de Estado sobre el concepto de “monto” en las pensiones del régimen de transición del sector público se ha aplicado a la generalidad de los pensionados de dicho sector, tanto en sede administrativa como en las decisiones judiciales, y esa interpretación ha sido compartida por la Corte Constitucional en sentencias de constitucionalidad y de tutela, no parece acorde con los referidos principios de progresividad y no regresividad el cambio jurisprudencial que se pretende introducir con la sentencia SU-230 de 2015.
53. Ese fallo fue objeto de acción de tutela por parte de la UGPP y conocido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que mediante sentencia del 15 de diciembre de 2016 le ordenó a la Sección Segunda del Consejo de Estado, que en el término de diez (10) días profiera una nueva decisión atendiendo a los lineamientos trazados en esa providencia, por cuanto:
(…) la posición reiterada de esta Sala en relación al tema de discusión, es que la regla que fijó la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013 y que hizo extensiva en la SU- 230 de 2015 al resto de los regímenes especiales de pensión, que consiste en que el ingreso base de liquidación -IBL no era un aspecto sujeto a transición y, por tanto, existe sujeción sobre esta materia a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 36 de la ley 100 de 1993 (…)
Es así como en casos similares este juez constitucional ha arribado a la misma conclusión respecto de la extensión de la regla jurisprudencial creada en la sentencia C-258 de 2013, la cual se hizo obligatoria para todas las autoridades judiciales y administrativas a partir de la publicación de la sentencia SU 230 de 2015, a saber:
“Así las cosas, la regla que fijó la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013 y que hizo extensiva en la SU- 230 de 2015 consiste en que el ingreso base de liquidación no era un aspecto sujeto a transición (…)
En este estado, se hace necesario precisar que las sentencias proferidas en primera y segunda instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por el señor Sierra Chaverra, se dictaron con posterioridad a la sentencia SU-230 de 2015, esto es, el 25 de mayo y el 25 de noviembre de 2015 respectivamente”.
Luego, si bien es claro que a partir de la SU-230 de 2015 corresponde a las autoridades administrativas y judiciales, independiente del régimen especial, calcular el IBL de los beneficiarios del régimen de transición de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de acuerdo a los parámetros fijados por la Corte Constitucional en el numeral 4.3.6.3 de las consideraciones de la sentencia C-258-13, también lo es, que la sentencia que se censura por vía de esta acción, no cumplió con lo dispuesto en la referida sentencia SU.
Ahora bien, respecto del precedente como criterio de la labor judicial y la fuerza vinculante y excluyente del que fija la Corte Constitucional, se tiene que las providencias que profiere la Corte Constitucional, en los términos de la sentencia C-085 de 1995.son un criterio vinculante de la labor judicial.
En dicho fallo se definió con suma claridad que el juez constitucional como intérprete autorizado de la Constitución al desentrañar el sentido o contenido de una norma constitucional o al aplicarla directamente a un caso concreto genera lo que se denomina doctrina constitucional la que, por su naturaleza, tiene fuerza vinculante en razón del carácter normativo de la Constitución, pues en aquella se interpreta la norma fundamental, interpretación que debe ser acatada por los jueces, porque de no hacerlo, se desconocería la norma fundamental misma (…)
Ahora bien, encuentra la Sala que el argumento central con el que el a quo constitucional dispuso negar el amparo giró en torno a que, en su criterio, resultaba desproporcionado aplicar las reglas fijadas en la SU 230 de 2015 en aquellos casos en que los ciudadanos hubiesen iniciado el trámite ordinario antes de que se profiriera la citada sentencia de unificación, razonamiento que no es de recibo en la medida que esta Sala ha señalado que “el precedente de las llamadas Altas Cortes es obligatorio y vinculante, tanto para estos como para los jueces de inferior jerarquía y los demás órganos del Estado, quienes conociéndolo están obligados a su aplicación.” (…) hecho que implica su obligatoria observancia por parte de todos los operadores jurídicos sin excepción, pues nada se ganaría si, después de la labor de interpretación y unificación, los jueces o la administración pudieran seguir aplicando su criterio bajo la égida de una autonomía judicial mal entendida, generando no solo incoherencias en el sistema sino tratos diversos a situaciones con supuestos de hecho iguales o similares, con las implicaciones que ello tendría en principios de rango constitucional como la igualdad, seguridad jurídica y la confianza legítima.” (Destacado por la Sala)
54. Nótese como al interior del mismo Consejo de Estado, no solo la Sección Segunda y la Sección Quinta difirieron en el criterio jurisprudencial aplicable, sino que esta última también discrepó con la Sección Cuarta, autoridad que en el fallo de tutela de primera instancia que se emitió en ese proceso, adujo que en el caso allí conocido no era aplicable el precedente de la Corte Constitucional plasmado en la sentencia SU-230 de 2015, pues el trámite ordinario se había desarrollado antes de ser proferida, argumento que no aceptó la Sección Quinta, por cuanto estimó que el precedente jurisprudencial era de aplicación inmediata.
55. En ese sentido, en obedecimiento a lo dispuesto por la Sección Quinta como juez constitucional, la Sección Segunda emitió sentencia de reemplazo el 9 de febrero de 2017 en la que adoptó los lineamientos de la Corte Constitucional en materia del cálculo del ingreso base de liquidación.
56. Sin embargo, ante la disparidad de criterios existentes, el Consejo de Estado le solicitó a la Corte Constitucional acoger en revisión la sentencia del 15 de diciembre de 2016 de la Sección Quinta (v.párr. 51), razón por la que mediante sentencia SU-395 del 22 de junio de 2017, dicha corte reiteró su postura en cuanto a que el IBL no se encuentra comprendido en el régimen de transición:
Y aun cuando en sentencias de tutela posteriores a la Sentencia C-168 de 1995 se haya ordenado la reliquidación de pensiones al entender que la expresión “monto de la pensión” incluía ingreso base de liquidación, éstas simplemente ostentan un efecto inter-partes que no tiene la virtualidad de subsanar el defecto advertido en la sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
El Acto Legislativo 01 de 2005, en su inciso 6, introdujo la regla ya consagrada en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, de acuerdo con la cual, Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones. Y, en cuanto al régimen de transición, hizo remisión a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
La Sentencia SU-1073 de 2012, al estudiar la cuestión de la indexación de la primera mesada pensional, concluyó que ésta sólo podrá realizarse sobre el pago de las mesadas que no haya prescrito en los términos del Código Sustantivo del Trabajo (tres años).
En este orden de ideas, es posible concluir que de acuerdo con lo expresamente establecido por el legislador en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por el Constituyente en el Acto Legislativo 01 de 2005, así como con los principios de eficiencia del Sistema de Seguridad Social, correspondencia entre lo cotizado y lo liquidado, y el alcance y significado del régimen de transición, la interpretación constitucionalmente admisible es aquella según la cual el monto de la pensión se refiere al porcentaje aplicable al IBL, y, por tanto, el régimen de transición no reconoce que continúan siendo aplicables ni el IBL ni los factores salariales previstos con anterioridad a la Ley 100 de 1993.
57. También se tiene que en otro caso conocido por la Corte Constitucional, se debatió sobre una pretensión de reliquidación de una pensión en un monto del 75% sobre la asignación mensual devengada durante el último año de servicios y con observancia de todos los factores salariales. Durante el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, un Juzgado Administrativo de Cartagena y el Tribunal Administrativo de Bolívar habían accedido a la reliquidación en tal sentido. Estas últimas providencias fueron atacadas por la UGPP vía tutela, que alegó el desconocimiento del precedente, en especial de la sentencia SU-230 de 2015. El proceso de tutela fue conocido en primera instancia por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que emitió fallo el 17 de marzo de 2016 donde negó la solicitud de amparo; una vez impugnado, fue confirmado por la Sección Quinta el 16 de junio de 2016, bajo el argumento, de que comoquiera que para la fecha en que se emitió fallo definitivo dentro del proceso ordinario aún no se había publicado la sentencia SU-230 de 2015, el Juzgado y el Tribunal no habían incurrido en desconocimiento del precedente.
58. En esos términos, en sede de revisión, la Corte Constitucional emitió la sentencia T-615 de 2016, en la que expresó, principalmente, su coincidencia con lo señalado por la Sección Quinta del Consejo de Estado en el proceso de tutela, esto es, que no le era exigible a los jueces en ese caso particular la observancia de la sentencia SU-230 de 2015 por ser posterior a la fecha del fallo emitido dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y, además porque no obedecía a una interpretación irracional, se ajustaba al caso concreto y a la unificación jurisprudencial del órgano de cierre, así:
Teniendo en cuenta que la accionante tanto en el escrito de tutela como en el de impugnación hace especial énfasis en que las autoridades judiciales accionadas desconocieron el precedente constitucional establecido en la sentencia SU-230 de 2015, la Sala observa que es cronológicamente imposible que dicha providencia pudiera servir de precedente jurisprudencial al Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Cartagena y Tribunal Administrativo de Bolívar al momento de proferir los fallos cuestionados, por la sencilla razón de que éstos fueron emitidos el 31 de marzo de 2014 y el 26 de junio de 2015 y la sentencia de unificación aludida, si bien es del 29 de abril de 2015, fue publicada en la página web de la Corte Constitucional el 6 de julio de 2015 HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-615-16.htm" \l "_ftn83" \o "" .
Así las cosas, no era posible que el Tribunal Administrativo de Bolívar aplicara, para el caso concreto, una sentencia que no existía al momento de adoptar su decisión, por el contrario empleó la jurisprudencia vigente para solucionar el asunto puesto a consideración (...)
De lo anterior, observa la Corte que la interpretación dada por la autoridad judicial accionada no es irracional ni carente de fundamento, toda vez que su argumentación giró en torno a las pruebas obrantes en el expediente, acervo probatorio que lo llevó a concluir que las normas más beneficiosas para la peticionaria eran las Leyes 33 y 62 de 1985, junto con el precedente de unificación jurisprudencial que el órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa había fijado sobre la materia, el cual se ajustaba a la situación fáctica y jurídica del caso bajo análisis.
59. Dicha sentencia T-615 de 2016 fue anulada por la Sala Plena de la Corte Constitucional, a través del Auto n.º 229 del 10 de mayo de 2017, pues en este se consideró que allí se desconoció el precedente jurisprudencial fundado desde la sentencia C-168 de 1995, según el cual “el IBL de los beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no puede ser el estipulado en el sistema pensional anterior al cual se encontraban afiliados, sino el previsto en el inciso tercero de esa norma”.
60. El anterior panorama fue con el que se encontró la Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al momento de proferir la sentencia del 18 de abril de 2018 que se ataca mediante tutela, esto es, la existencia de dos posiciones distintas de las altas cortes con suficiente entidad para ser vinculantes según el criterio que acoja el juez, pues así como podía acoplarse a lo dicho por el Consejo de Estado, porque constituye el organismo de cierre de lo contencioso administrativo, de igual forma pudo preferir la jurisprudencia de la Corte Constitucional como organismo encargado de la guarda de la Constitución.
61. Vale aclarar que para la fecha en que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió el fallo, aún no se habían emitido las sentencia SU-023 de 2018 de la Corte Constitucional, ni la del 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por lo que no era posible que las hubiera tenido en cuenta. No obstante, de la lectura del fallo atacado se evidencia que dicho tribunal sí contempló dentro de sus consideraciones y señaló de manera muy precisa, el estado de la jurisprudencia producida hasta ese momento y las diferentes interpretaciones emanadas del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
62. De este modo, frente un horizonte jurisprudencial que se presentaba complejo y disímil, era menester que la Subsección “C” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca asumiera una postura para resolver el caso concreto. Esto implicaba que acoger, ya sea la postura del Consejo de Estado o la de la Corte Constitucional, significaría dejar de lado alguna de ellas, razón por la que le asistía la carga de justificar de manera expresa las razones de su decisión, tal como lo hizo, a partir de lo que se observa a continuación:
Así las cosas, hay que resaltar que, pese a que en ambas sentencias de unificación se analiza la constitucionalidad de la aplicación del artículo 3º de la Ley 33 de 1985, esta Sala de Decisión, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional ha insistido que su interpretación se hace bajo la égida de la Carta Política y ha sostenido en varias providencias, sobre la forma de interpretar el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, mientras el Consejo de Estado no ha sentando posición unificada frente a los recientes pronunciamientos de la Corte Constitucional, se adoptarán los lineamientos expuestos por esta última en las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, reiterado en las sentencias SU-427 de 2016, SU-210 de 2017 y SU-395 de 2017, según el cual el IBL no está sometido al régimen de transición, y por tanto dicho aspecto se encuentra sujeto a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
63. Además, al momento de analizar el caso concreto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca advirtió que la señora María Luzmila Mejía Sandoval estaba amparada por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y le era aplicable la norma anterior, esto es, la Ley 33 de 1985, pues había nacido el 23 de mayo de 1954 y prestado sus servicios al estado por más de 20 años, de suerte que había adquirido su estatus pensional el 23 de mayo de 2009.
64. En ese orden, para solucionar el caso, conforme a los criterios de la Corte Constitucional, dijo que no era posible acceder a la pretensión de inclusión de todos los factores salariales percibidos durante el último año de servicios, ya que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, a la demandante le faltaban más de 10 años para consolidar su derecho a la pensión, por manera que la cuantía de la prestación debía fijarse en razón de un 75% del promedio de los salarios que le sirvieron de base para los aportes hechos durante los últimos 10 años.
65. De este modo, tal como los consideró la Sección Segunda en el fallo de primera instancia emitido dentro de este proceso de tutela, se tiene que si bien el tribunal accionado se apartó de la jurisprudencia sentada por el Consejo de Estado y vigente hasta ese momento, derivada de la sentencia del 4 de agosto de 2010, la sola circunstancia de no acatar esa interpretación, no puede considerarse en este caso particular como desconocimiento del precedente, pues el fallador no solo dejó ver las diferentes posturas existentes, sino que también justificó las razones por las cuales consideraba que era mejor adoptar los criterios dados por la Corte Constitucional, cumpliendo así con la carga argumentativa mínima que se requiere para apartarse de la posición contraria.
66. Luego, hay que entender que el juez de conocimiento, como muchos en casos similares, se encontraba ante entrecruzamiento jurisprudencial que debía resolver, situación compleja, pues ya fuera que acogiera una u otra postura, siempre habría una parte que podría alegar el desconocimiento del precedente, ya fuese el demandante para solicitar la aplicación de las sentencias del Consejo de Estado por serle más favorables, o la parte accionada para insistir en la aplicación de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, correspondiéndole al juez bajo una argumentación razonable y debidamente justificada tomar partido por alguna, circunstancia que evidentemente no puede asimilarse a una actuación arbitraria y que no podría esta Sala pasar por alto en aras del respeto de la autonomía e independencia judicial.
e.- Conclusión
67. Se pudo establecer que a partir de la expedición de la Ley 100 de 1993, el artículo 36 de ese compendio jurisprudencial ha provocado álgidos debates jurisprudenciales sobre la forma correcta de su interpretación, en especial, acerca de si para el reconocimiento de las pensiones de las personas beneficiarias del régimen de transición es posible darle una aplicación ultractiva a las normas previas a la implementación del Sistema General de Seguridad Social, no solo respecto de los requisitos de edad y tiempo de servicios, sino también sobre el ingreso base de liquidación.
68. Durante muchos años, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, mediante la emisión de sendas sentencias de unificación, han mantenido un pulso constante para efectos de sentar precedentes vinculantes e imponer su criterio, siendo el de la primera, el de considerar el IBL como un aspecto excluido del régimen de transición, y el del segundo, el de incluirlo.
69. Contrario a lo esperado, ese choque de posiciones jurisprudenciales ha provocado un efecto distinto a los propósitos de la justicia, esto es, incertidumbre y falta de seguridad jurídica, pues los jueces y tribunales se han visto obligados a adoptar una u otra posición, bajo el riesgo constante de que sus providencias no puedan adquirir firmeza, dependiendo de cuál sea la alta corte que revise el caso, especialmente a través de la acción de tutela, lo que redunda en el desmedro de su independencia judicial.
70. Resulta más cuestionable aún, el sometimiento de los usuarios de la administración de justicia a un escenario donde difícilmente pueden acceder a la garantía del derecho a la igualdad, pues frente a unos mismos supuestos, resulta aplicándose soluciones diferentes, dependiendo del criterio que en su caso particular termine imperando.
71. Tal situación, ciertamente, no puede ser agravada por los jueces constitucionales, obligando a los jueces ordinarios a que acojan la posición con la que sientan más afinidad según su propio criterio y desconociendo que el propósito de la tutela no es el de una instancia adicional.
72. De este modo, bajo el ámbito de la tutela contra providencia judicial, y en especial sobre la causal específica del desconocimiento del precedente, puede resultar difícil identificar la existencia de este defecto cuando existen criterios encontrados tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, ambos con la virtualidad y entidad suficiente para constituirse en obligatorios.
73. La forma más razonable de solucionar tal dilema, no puede ser otro que en cada caso el juez efectúe un análisis ponderado y racional, donde exponga con suficiencia las razones por las que estima que acoge uno u otro criterio, tal como ocurrió en el asunto analizado, donde el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en uso de su autonomía judicial, cumplió con la carga mínima y transparente de exponer las razones por las cuales estimó más adecuado acoger las posturas de la Corte Constitucional, de suerte que no puede predicarse un defecto en su decisión por desconocimiento del precedente judicial, máxime cuando en sede de tutela, el tribunal constitucional es quien unifica la materia.
74. En suma, conforme a lo anteriormente expuesto, al no encontrar configurado el defecto alegado, esta Sala confirmará la sentencia del 18 de octubre de 2018, emitida por la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la que se negó el amparo constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera –Subsección “B”-, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 18 de octubre de 2018, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Segunda. Subsección “A”, negó las pretensiones de la demanda de tutela interpuesta por la señora María Luzmila Mejía Sandoval, contra la sentencia del 18 de abril de 2018, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, emitida dentro del expediente n.º 11001-33-35-705-2014-00067-02.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
MARIA ADRIANA MARIN (E)
Magistrada
RAMIRO PAZOS GUERRERO
Presidente de Subsección
Mediante comunicación escrita y correo electrónico del 15 de enero de 2019 (fl. 74)
El artículo primero del Acuerdo 377 de 2018, expresa: “Artículo 1º Adiciónase un numeral al artículo 13 del Reglamento del Consejo de Estado, en lo que se refiere a la competencia de la Sección Tercera para conocer del trámite de acciones de tutela, el cual quedará así:
"Artículo 13. Distribución de negocios entre las secciones. (...)
Sección Tercera
(...) 14. Las acciones de tutela que sean de competencia del Consejo de Estado. (...)"
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; y v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela. Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución. Según definición dada por la Corte Constitucional en la sentencia T-1029 de 2012, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Corte Constitucional, sentencia T-102 de 2014, igualmente citada en la sentencia SU-023 de 2018. Ha dicho la Corte que el fundamento del carácter vinculante de la ratio decidendi en este tipo sentencias, se encuentra en la fuerza de autoridad que tienen los argumentos de constitucionalidad expuestos, que inciden de manera directa en las decisiones que adopta. Corte Constitucional, sentencias las sentencias T-351 de 2011, T-744 de 2017 y SU-023 de 2018. Corte Constitucional, sentencia SU-395 de 2017 y SU 023 de 2018. Corte Constitucional, sentencia SU-023 de 2018. Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, Rad. 33343 sentencia de 17 de octubre de 2008, MP. Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza. CONSEJO DE ESTADO, Rad. 25000-23-25-000-2006-07509-01, sentencia de 4 de agosto de 2010, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, sentencia de 16 de diciembre de 2009 (Rad. 34863), MP. Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza. Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia del 26 de febrero de 2016, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, expediente n.º 25000-23-42-000-2013-01541-01. Consejo de Estado, Sección Quinta sentencia del 15 de diciembre de 2016, M.P. Lucy Jeannete Bermúdez Bermúdez, radicación número: 11001-03-15-000-2016-01334-01. La Sección Cuarta conoció en primera instancia de la acción de tutela presentada en contra de la sentencia del del 26 de febrero de 2016 de la Sección Segunda, de manera que dictó sentencia el 13 de octubre de 2016, donde negó las pretensiones de amparo, al considerar los siguiente: “Las solicitudes se realizaron con plena certeza de que les asistía el derecho, en virtud de que, jurisprudencialmente, estaba siendo reconocido. No obstante, la Corte Constitucional profiere el 29 de abril del 2015 la sentencia SU-230, en la que estimó que el IBL no estaba incluido en el régimen de transición. Así las cosas, resulta desproporcionado aplicar el referido precedente a aquellas personas que radicaron la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con anterioridad a la fecha en que se profirió la sentencia de unificación, contrario de aquellas que formularon la controversia judicial posteriormente, pues se presume que tenían pleno conocimiento de la nueva postura respecto al tema”.
Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia del 9 de febrero de 2017, M.P. César Palomino Corté, expediente n.º 25000-23-42-000-2013-01541-01(4683-13). Corte Constitucional, sentencia T-615 de 2016, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia del 28 de agosto de 2018, M.P. César Palomino Cortés, radicación No. 52001-23-33-000-2012-00143-01. Fallo que fue notificado el 12 de septiembre de 2018.
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