RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2018-03269-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-03269-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
14 de febrero de 2019
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-03269-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 8 de noviembre de 2018, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente el amparo solicitado por la señora DORIS MOLINA VELÁSQUEZ, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se DEJAN sin efectos las sentencias de 18 de junio de 2015 y 4 de diciembre de 2015, proferidas por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Ibagué, Tolima, y por el Tribunal Administrativo del Tolima, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 73001-33-33-008-2014-00191-00/01, respectivamente, presentado en contra de La Nación – Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG y el Departamento del Tolima, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en su lugar, se dispone: ORDENAR al citado Tribunal que dentro de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, profiera una nueva decisión de conformidad con los lineamientos señalados, previa verificación de los requisitos establecidos en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2018-03269-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés

14 de febrero de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Se configura / RECONOCIMIENTO DE SANCIÓN MORATORIA A DOCENTE - Las sentencias de unificación proferidas con posterioridad a una controversia ya resuelta, constituyen un hecho nuevo que puede ser alegado por los interesados

[L]a Corte ha reconocido que la consolidación de una doctrina constitucional, como es el caso de las sentencias de unificación proferidas con posterioridad a una controversia ya resuelta, constituyen un hecho nuevo que puede ser alegado por los interesados para presentar otra acción constitucional sin incurrir en temeridad o cosa juzgada constitucional, pues tales pronunciamientos contienen supuestos fácticos y jurídicos que pueden modificar su situación inicial, los cuales no podían haber sido planteados con anterioridad. (…) Comoquiera que el escenario expuesto se ajusta al caso sub examine, resulta procedente el estudio de la acción constitucional de la referencia, máxime si se tiene en cuenta que en la sentencia SU-336 de 2017, la Corte Constitucional revisó algunas acciones de tutela proferidas por esta Corporación en las que, como en el caso aquí ventilado por la actora, que es igual a las allí analizadas, se denegó el amparo deprecado por los docentes oficiales del Departamento del Tolima, por cuanto no existía un criterio unificado respecto del reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías y, por lo tanto, se debía privilegiar el principio de autonomía judicial de los jueces ordinarios que denegaron dicho emolumento económico. (…) Si bien la Corte Constitucional en sus consideraciones expresó que las providencias que allí se discutían no desconocieron el precedente jurisprudencial, por cuanto las mismas habían sido proferidas con anterioridad a la sentencia C-486 de 7 de septiembre de 2016, en la que refirió de manera específica que la sanción moratoria contenida en el régimen general de los servidores públicos le era aplicable a los docentes oficiales, lo que significaría que antes de la precitada sentencia de unificación ya existía tal criterio constitucional, no lo era para esta Corporación, pues se repite, no subsistía una posición consolidada sobre el tema, lo que traía consigo desigualdad en las decisiones judiciales de los accionantes que se encontraban en la misma situación fáctica de otros docentes, a quienes sí se les reconoció la sanción moratoria, hecho que, a juicio de la Alta Corte, transgredía los derechos a la igualdad y al debido proceso por violación directa de la Constitución. (…) En atención a lo expuesto y teniendo en cuenta que en este caso se plantea una situación fáctica y jurídica semejante, lo cierto es que, en aras de salvaguardar el principio de seguridad jurídica en las decisiones judiciales y el derecho a la igualdad de la actora, que, como quedó visto, se encuentra en condiciones idénticas de otros docentes oficiales, quienes han obtenido decisiones favorables a sus pretensiones, la Sala prohíja las consideraciones antes transcritas, por resultar enteramente aplicables al caso sub lite. (…) Además se advierte que la afectación de los derechos fundamentales de la accionante se ha prolongado en el tiempo.

FUENTE FORMAL: DECRETO 2591 DE 1991 / LEY 244 DE 1995, SUBROGADA POR LA LEY 1071 DE 2006.

NOTA DE RELATORIA: En cuanto al criterio que fue rectificado, acerca de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, exp: 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ), C.P. María Elizabeth García González, Jaime Córdoba Triviño.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D. C., catorce (14) de febrero de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-03269-01(AC)

Actor: DORIS MOLINA VELÁSQUEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTROS

La Sala decide la impugnación presentada por la señora Doris Molina Velásquez, actuando en nombre propio, en contra de la sentencia de 16 de noviembre de 2018, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia al no superar el requisito general de procedibilidad referente a la inmediatez.

LA SOLICITUD DE TUTELA

La señora Doris Molina Velásquez actuando en nombre propio, solicito amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, cuya vulneración atribuyó a la sentencia del 4 de diciembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que confirmó la sentencia el 18 de Junio de 2015, dictada por el Juzgado Octavo Oral Administrativo de Ibagué, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho relacionadas con la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 244 de 1995, subrogada por la Ley 1071 de 2006.

HECHOS

De conformidad con lo expuesto por la accionante en la demanda de amparo, los hechos que fundamentan su solicitud se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

La señora Doris Molina Velásquez prestó sus servicios como docente en el Departamento del Tolima y el 19 de diciembre de 2011, solicitó a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas a lo cual se accedió mediante Resolución 02201 del 29 de mayo de 2012. Sin embargo, su pago solo se hizo efectivo el 12 de diciembre de 2012.

Posteriormente, mediante escritos presentados en ejercicio del derecho de petición del 10 al 16 de septiembre de 2013, solicitó a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, el reconocimiento y pago de las cesantías con régimen de retroactividad y no por medio del procedimiento anualizado como se le estaba realizando.

Mediante Resoluciones 04841 y 05435 de 9 de octubre de 2013 y 8 de noviembre del mismo año, el Secretario de Educación del Departamento del Tolima, actuando en nombre del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, negó las peticiones presentadas por la señora Molina Velásquez y, por consiguiente, el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías reconocidas de conformidad con lo preceptuado en la Ley 1071 de 2006 que modificó la Ley 244 de 1995.

Inconforme con las decisiones anteriores, la señora Molina Velásquez presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, para que se accedieran a sus pretensiones, cuyo conocimiento correspondió en primera instancia al Juzgado Octavo Oral Administrativo del Circuito de Ibagué, despacho judicial que mediante sentencia de 18 de Junio de 2015, negó la anulación de las Resoluciones 04841 y 05435.

El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué fundamentó su decisión así: i) para que un docente sea beneficiario del régimen de retroactividad, en el caso de los docentes nacionalizados, éstos debían encontrarse vinculados para el 31 de diciembre de 1989; ii) a los docentes nacionales y los vinculados a partir del 1º de enero de 1990, se les aplicaría el sistema anualizado de cesantías sin retroactividad, iii) como la señora Doris Molina Velásquez fue nombrada el 29 de enero de 1994 como docente, esto es, con posterioridad al 1º de enero de 1990, es claro que se le aplica el régimen de cesantías de anualidad y no el de retroactividad; y sumado a ello iii) la tutelante, en su calidad de docente, goza de un régimen prestacional especial regulado por la Ley 91 de 1989 con anterioridad al cual se profirieron las Leyes 60 de 1997, 115 de 1994 y 812 de 2013, que no establecen el reconocimiento ni el pago de sanción moratoria por el retraso en el pago de las cesantías.

La señora Molina Velásquez apeló tal decisión y el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia de 4 de diciembre de 2015, confirmó el fallo de primera instancia al considerar que la reclamante pertenece a un régimen especial que no es reconocido a la luz de la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006.

En contra de las decisiones proferidas en primera y segunda instancia presentó acción de tutela ante el Consejo de Estado, la cual fue radicada bajo el número 11001031500020150243700, siéndole negada tanto en primera como en segunda instancia.

Posteriormente, la Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante sentencia SU-336 de de 18 de mayo de 2017, concluyó que el régimen sobre el reconocimiento y pago de las sanción moratoria de las cesantías a los servidores públicos es aplicable a los docentes oficiales, teniendo en cuenta la igualdad de trato jurídico y el debido proceso, hecho nuevo a partir del cual plantea la vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, así como también la desatención del principio de favorabilidad laboral.

Con fundamento en lo expuesto, la señora Molina Velásquez considera que en su caso particular se configura el defecto de error inducido, atendiendo a que la decisión adoptada por los jueces de primera y segunda instancia hacen una interpretación inadecuada de la Ley 1071 de 31 de julio de 2006, desconociendo el derecho que le asiste a obtener el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, así como el precedente jurisprudencial que lo avala.

LAS PRETENSIONES

La parte actora solicitó en su demanda la declaratoria de las siguientes pretensiones:

« […] 2.1. Que se protejan los derechos al debido proceso y a la igualdad vulnerados por la decisión adoptada por el JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DE IBAGUÉ y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, despachos que resolvió (sic) negativamente las pretensiones de la demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la señora Doris Molina Velásquez en contra de la Nación – Ministerio de educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Departamento del Tolima.

2.2. Que como consecuencia de la anterior declaración, decrete u ordene a quien corresponda decretar la nulidad de los mecanismos fallos, dejando sin efecto jurídico las providencias fechadas 18 de junio de 2015 y 4 de diciembre de 2015 que negó (sic) las pretensiones de la demanda en primera y segunda instancia, para que se declárela Nulidad del acto administrativo 0481 del 09 de octubre de 2013 la cual resolvió no reconocer y pagar la sanción por mora del no pago oportuno de las cesantías a mi mandante, establecidas en la ley 1071 de 2006, equivalente a (1) un día de salario por cada día de retardo, contados desde los sesenta y cinco (65) días hábiles después de haber radicado la solicitud de cesantías ante las entidades demandadas y hasta cuando se hizo efectivo el pago de las mismas.

2.3. Que se declare que Doris Molina Velásquez tiene derecho a que las entidades demandadas (acción de nulidad y restablecimiento del derecho) la Nación - Ministerio de educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Departamento del Tolima le reconozca y pague la SANCIÓN POR MORA establecida que la ley 1071 del 2006, equivalente a (1) un día de salario por cada día de retardo, contados desde los sesenta y cinco (65) días hábiles después de haber radicado la solicitud de cesantías ante las entidades demandas y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma.

2.4. Que una vez reconocido el derecho, se ordene el reconocimiento y pago de la sanción por mora establecida por la ley 1071 de 2006 a favor de la suscrita Doris Molina Velásquez y en contra de la Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Departamento del Tolima, equivalente a (1) un día de salario por cada día de retardo, contados desde los sesenta y cinco (65) días hábiles después de haber radicado la solicitud de cesantías ante las entidades demandas y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma.

2.5. Que una vez reconocido el derecho mencionado anteriormente se ordene el reconocimiento y pago de los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo de la Sanción Moratoria referenciada en el numeral anterior, de conformidad con el Articulo 187 del CPACA tomando como base la variación del índice de precios al consumidor desde la fecha que se efectuó el pago de las cesantías, hasta el momento de la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso.

2.6. Ordenar dar cumplimiento a las decisiones adoptadas en los términos del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 en lo que corresponde>>

TRÁMITE DE LA TUTELA

Mediante auto de 16 de septiembre de 2018, la Sección Quinta del Consejo de Estado inadmitió la solicitud, a fin de que la señora Doris Molina Velásquez aclarara si estaba actuando en nombre propio o por conducto de apoderado, lo anterior debido a que la demanda de amparo se encontraba firmada por la señora Helena Cañón Salinas y constaba en el expediente el poder especial para ser representada. Mediante correo electrónico enviado el 5 de octubre de 2018, se allegó el escrito petitorio de tutela firmado por la señora Molina Velásquez.

Como consecuencia de lo anterior, se profirió auto de 16 de octubre de 2018, por medio del cual se admitió la acción de tutela de la referencia y se dispuso notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima y al Juez Octavo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué. También se vinculó a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – Departamento del Tolima. A todos les concedió el término de tres días para rendir el informe previsto en el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991. Finalmente se solicitó a la Secretaría del Tribunal Administrativo del Tolima y al Juzgado 8º Administrativo Oral del Circuito de Ibagué que remitieran de manera inmediata copia digital del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 73001-33-33-008-2014-00191-01.

INTERVENCIONES

V.1. El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué

La Jueza Diana Milena Orjuela Cuartas solicitó denegar por improcedente la acción de tutela de la referencia.

Manifestó que en la audiencia efectuada el 18 de junio de 2015 se dictó sentencia desestimatoria de las pretensiones de la demanda en atención a que los docentes cuentan con un régimen especial en materia prestacional, que aunque puede guardar similitudes con el régimen general de los servidores públicos, comprende derechos regidos bajo sus propios principios, reglas y procedimientos en la forma de liquidación y pago de cesantías, sin que ello implique discriminación alguna.

Alegó que en la providencia se precisaron las normas previstas para efectuar el reconocimiento y pago de las cesantías a los docentes, siendo ellas, en su orden, el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, la Ley 962 de 2005, el Decreto 2831 de 2005 y, con anterioridad a tales disposiciones, las Leyes 60 de 1997, 115 de 1194 y 812 de 2013, textos normativos que no establecieron, de manera expresa y a favor de los docentes la sanción moratoria por el no pago oportuno de las mismas; como si lo hizo la Ley 1071 de 2006 para los servidores públicos enlistados en el artículo 2.

Anotó que se concluyó que al no haber sido cobijados los docentes en el ámbito de aplicación de la norma (artículo 2º ley 1071 de 2006), se entiende que el querer del legislador en éste sentido fue que no se incluyeran como beneficiarios de esta disposición, y agregó: «adviértase como, si se incluyó de forma expresa y de manera general a los empleados y trabajadores del Estado, se pudo concluir que en ningún aparte se hace mención al personal que goza de un régimen especial para el caso concreto del docente».

Desatacó que en el presente caso no es posible que mediante el ejercicio de la acción de tutela, la actora aspire a obtener lo que no obtuvo a través de un proceso donde se discutió la legalidad del acto administrativo demandado, con respeto al debido proceso y la observancia de todas las garantías procesales.

Recordó que la sentencia objeto de censura fue proferida en el año 2015, cuando la Corte Constitucional ni el Consejo de Estado habían emitido decisiones de unificación relacionadas con la aplicación de la Ley 1071 de 2006 a los docentes del sector oficial, por lo cual cuestiona la observancia del requisito general de inmediatez exigido para la procedencia de la acción de tutela.

V.2. La Fiduciaria La Previsora S.A.

Por intermedio del Coordinador de Tutelas de la Dirección Judicial, solicitó declarar improcedente la demanda de amparo constitucional y pidió la desvinculación de la Fiduprevisora S.A., por no estar legitimados en la causa por pasiva.

Resaltó que, actuando en calidad del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, se encuentra frente a una imposibilidad fáctica y legal de manifestarse frente a los hechos y pretensiones de la acción constitucional de la referencia, toda vez que ellos van dirigidos única y exclusivamente en contra del Tribunal Administrativo del Tolima, específicamente en relación con la aparente inconformidad de la parte accionante frente a lo establecido en las providencias judiciales cuestionadas.

V.3. El Ministerio de Educación Nacional

El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica solicitó la desvinculación del Ministerio de Educación Nacional del presente trámite constitucional por cuanto los derechos fundamentales cuya guarda solicita la accionante no han sido trasgredido por dicha entidad.

V.4. La Gobernación del Tolima

La Gobernación, por intermedio de apoderado judicial, puso de presente que en ningún momento ha vulnerado derecho fundamental alguno de la accionante, pues solamente participó dentro del debate judicial como parte pasiva dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la señora Doris Molina Velásquez contra el Departamento del Tolima, la Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, en razón a lo cual no tiene caso efectuar ningún pronunciamiento al respecto por cuanto cualquier decisión que se tome dentro de este asunto ni perjudica ni beneficia al Departamento del Tolima.

V.5. El Tribunal Administrativo del Tolima

Por intermedio del magistrado ponente de la decisión cuestionada solicitó denegar por improcedente la acción de tutela de la referencia.

Recordó que en la providencia proferida por esa Corporación Judicial, luego de analizar el marco jurídico del litigio procedió a confirmar la sentencia recurrida bajo el argumento consistente en que por contar la Sala con nuevos elementos de juicio frente al tema debatido, éstos permitieron concluir que la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías previstas en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, no le es aplicable al personal docente, que a pesar de tratarse de trabajadores del Estado, se encuentran sometidos a un régimen especial en materia prestacional que no tiene prevista la referida sanción moratoria.

Precisó que, revisados los elementos probatorios obrantes al interior del proceso, y estudiada la Ley 91 de 1989, la Ley 60 de 1993 y la Ley 115 de 1994, concluyó que en tanto la actora fue vinculada mediante Decreto 010 de 29 de enero de 1994, expedido por el Alcalde del municipio de Herveo, como docente de primaria en la Escuela Rural Mixta Arenillo, en lo relacionado con sus cesantías generadas a partir del 1º de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del magisterio le debía reconocer y pagar un interés anual sobre el saldo de dichas cesantías existentes a 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad.

Resaltó que la decisión de negar el reconocimiento de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías previstas en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, está en armonía con el ordenamiento jurídico por cuanto en la providencia cuestionada se abordó el estudio no solo de las posturas jurisprudenciales adoptadas por el órgano de cierre de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, sino también de la Corte Constitucional, concluyendo finalmente que, pese a que la Ley 1071 de 2006 dispone que son destinatario de la misma los miembros de las Corporaciones Públicas, los empleados y los trabajadores del Estado, el aludido gremio docente se encuentra sometido a un régimen especial en materia prestacional, lo que los excluye de la aplicabilidad de normas generales, no solo porque se entiende que el querer del legislador en este sentido fue que no se incluyeran como beneficiarios de esta disposición, sino también porque en materia sancionatoria rige el principio de la tipicidad, es decir, que toda sanción previa su imposición debe estar prevista o establecida en la ley, por lo tanto, la sanción moratoria como sanción no puede ser aplicada analógicamente o por extensión al personal docente.

Concluyó que el fallo cuestionado no ha incurrido en ninguno de los defectos previstos en la jurisprudencia de la Corte Constitucional para configurar la vulneración de derechos fundamentales de las partes en un proceso judicial.

EL FALLO IMPUGNADO

La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 8 de noviembre de 2018, declaró improcedente la acción de tutela presentada por la señora Doris Molina Velásquez. Adoptó tal decisión al considerar que no se observó el requisito general de la Inmediatez.

Precisó que el fallo de segunda instancia objeto de inconformidad fue proferido el 4 de diciembre de 2015, notificado por correo electrónico el día 9 de diciembre de ese mismo año y ejecutoriado el 14 de diciembre de 2015, mientras que la acción de tutela fue interpuesta el 11 de septiembre de 2018, luego haber trascurrido 2 años, 9 meses, lo que superó el plazo de seis meses indicado como razonable en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201 5 de agosto de 2014, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado.

Explicó que la argumentación consistente en que se debe tomar la fecha de la sentencia SU-336 de 2017, proferida por la Corte Constitucional, como punto de partida para contar el término razonable previsto para la presentación de la acción de tutela, no constituye una razón válida para el ejercicio de la tutela por fuera del término de seis meses toda vez que la tutelante no se encuentra en alguna de las situaciones que la Corte Constitucional ha establecido como justificación, es decir, i) que no existe un motivo válido para la inactividad del accionante; ii) que su inactividad no vulnera el núcleo esencial de los derechos de los terceros afectados con la decisión; iii) no existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado; iv) el fundamento de la acción de tutela no surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición.

LA IMPUGNACIÓN

La señora Doris Molina Velásquez, a nombre propio, impugnó la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, con miras a obtener su revocatoria y, en su lugar, el amparo de los derechos fundamentales que estima conculcados.

Argumentó que no tener en cuenta a la Sentencia SU-336 de 2007, proferida por la Corte Constitucional el 18 de mayo de 2017, para computar el término de inmediatez porque no existía cuando se profirió la decisión cuestionada, constituiría un proceder discriminatorio de sus derechos por cuanto no sería válido se les reconozcan las prestaciones en similares condiciones a las suyas y a otros no, pese al cambio jurisprudencial.

Expuso que la referida sentencia constituye un hecho nuevo para efectos de analizar la inmediatez y, en razón a ello, una nueva posición sobre el asunto objeto de debate, manteniéndose una vulneración prolongada en el tiempo.

Resaltó que fue solo hasta la publicación de la sentencia de unificación de la Corte Constitucional que el Tribunal Administrativo del Tolima y el Consejo de Estado cambiaran su postura y en su defecto accedieran a acceder las pretensiones alegadas consistentes en reconocer la sanción moratoria.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por la accionante, señora Doris Molina Velásquez, en contra de la sentencia de 8 de noviembre de 2018, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017.

VIII.2. Problema Jurídico

De acuerdo a la situación fáctica planteada y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela en segunda instancia verificar si el fallo impugnado carece de fundamento, la Sala debe establecer si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia excepcional de la acción de tutela presentada en contra de una providencia judicial. Particularmente debe determinar si se satisface el requisito de inmediatez.

En caso afirmativo, corresponde determinar si el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Ibagué, Tolima, y el Tribunal Administrativo del Tolima, incurrieron en un error inducido y en el desconocimiento del precedente al proferir las sentencias de 18 de junio de 2015 y 4 de diciembre de ese mismo año, que negaron las pretensiones de la accionante, consistentes en que le liquidaran y pagaran sus cesantías con el régimen de retroactividad y por consiguiente le reconocieran y pagaran la sanción moratoria por el no pago oportuno de las mismas.

VIII.3. Los requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y su análisis en el presente caso

En sentencia de 31 de julio de 2012, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

Al respecto, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que se encaje en dichos parámetros.

Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01, Consejero Ponente, Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

En cuanto al requisito de inmediatez, en el asunto sub examine, la Sala advierte lo siguiente:

La Sección Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo constitucional solicitado por haber transcurrido más de dos años, 8 meses y 2 días desde la ejecutoria de la providencia de segunda instancia objeto de tutela.

En el escrito de tutela la demandante manifiesta que en anterior oportunidad había promovido una acción de tutela con los mismos fundamentos y en contra de las mismas autoridades judiciales, la cual fue denegada. Sin embargo, en esta ocasión pone de presente en la demanda de amparo, que se ha presentado un hecho nuevo que avala el ejercicio del medio de defensa de derechos fundamentales previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

El hecho nuevo lo constituye la sentencia SU-336 de 2017, proferida por la Corte Constitucional mediante la cual señaló que el régimen sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de que gozan los servidores públicos también le es aplicable a los docentes oficiales, decisión que tiene particular importancia en su caso, en tanto incide directamente en la solución del mismo y en la guarda de sus derechos fundamentales.

Al respecto cabe recordar que la Corte Constitucional en sentencia T-560 de 6 de agosto de 2009, sostuvo lo siguiente:

«[…] En desarrollo de ese criterio, la Corte Constitucional ha identificado algunos supuestos en los que, de manera excepcional, a partir de un análisis de los casos concretos desde una perspectiva distinta la meramente procedimental, puede concluirse que no se configura temeridad. Ello puede ocurrir, ha dicho la Corporación, cuando el ejercicio simultáneo o repetido de la acción de tutela se origina en: (i) una condición de ignorancia o indefensión, del actor, que lo lleva a actuar por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho y no por mala fe; (ii) el asesoramiento errado de los profesionales del derecho, o, (iii) la consideración de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de la misma, o cualquier otra situación que no se haya tomado como base para decidir la(s) tutela(s) anteriores que implique la necesidad de proteger los derechos fundamentales del demandante […]».

Bajo el anterior entendido resulta pertinente establecer si la sentencia SU-336 de 2017, que la tutelante pone de presente, justifica el ejercicio de una nueva acción constitucional con el propósito que se le estudien y decidan nuevamente sus pretensiones, en razón a lo cual no se entienda que ha incurrido en temeridad.

Este mismo interrogante fue resuelto por la Sala en la sentencia AC-2017-03195-01 de 19 de abril de 2018, mediante argumentos que, por resultar pertinentes, se reiteran y transcriben a continuación, aplicándolos al caso concreto, en los que se traen a colación algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional tal como se precisó en dicha providencia.

En sentencia T-009 de 18 de enero de 2000, la Alta Corte se refirió a la inexistencia de la cosa juzgada frente a un hecho jurídico nuevo así:

«[…] Las mismas razones que descartan la temeridad de la acción interpuesta, llevan a concluir que la expedición de una nueva decisión judicial tampoco vulnera la cosa juzgada. En efecto, como fue mencionado, en el presente caso se advierte la existencia de un hecho jurídico nuevo – la expedición de una sentencia de la Corte Constitucional – aplicable a una situación no consolidada en la que se subsiste la amenaza o vulneración del derecho fundamental.
[…]
Si la causa petendi está constituida por las razones – de hecho y de derecho – que sustentan  la petición formulada, no cabe duda de que, entre las primeras y las segundas decisiones proferidas, existe una muy relevante diferencia. Lo que motivó las últimas solicitudes de amparo y la orden judicial de protección del derecho vulnerado, fue la expedición de la sentencia SU-36/99, es decir, la adopción de una nueva doctrina que debe ser aplicable siempre que pueda verificarse que la vulneración persiste por razones ajenas a la parte actora y que es jurídica y fácticamente posible la protección judicial […]”.

Así mismo, en la sentencia T-975 de 16 de diciembre 2011, enunció que, sólo de manera excepcional, la emisión de una sentencia judicial podía constituirse como un hecho nuevo, susceptible de ser valorado por el juez constitucional como justificante para hacer uso de una segunda solicitud de amparo frente a unos mismos hechos y pretensiones. En efecto, adujo la Corte:

“[…] Esto es así por cuanto las sentencias judiciales están cobijadas por la protección que brindan los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, que se encaminan a garantizar estabilidad en el sistema jurídico. De este modo, sentencias de tutela que versen sobre un caso concreto, no necesariamente fundarán una línea obligatoria para definir un caso distinto, que no ha sido tenido en cuenta por el juez para proferir una determinada decisión; de ahí precisamente se deriva el carácter inter partes de la decisión. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha considerado que, sólo de manera excepcional, la emisión de una sentencia judicial puede constituirse como hecho nuevo, susceptible de ser valorado por el juez de tutela como justificante para la interposición de una segunda solicitud de amparo constitucional frente a unos mismos hechos. Al respecto conviene recordar lo dicho por esta Sala en la sentencia T-113 de 2010, con ocasión de la revisión de un expediente relacionado con la solicitud de pensiones de invalidez, en el que se dijo:

“[…] se constata que durante el trámite de la segunda tutela surgió un hecho nuevo (la declaratoria de inconstitucionalidad definitiva y con efectos erga omnes del requisito de fidelidad al sistema que consagraba el artículo 1º de la Ley 860 de 2003), que refuerza la necesidad de amparar el derecho fundamental del demandante, pues tal requisito era el que se había invocado para negárselo. Aunque las sentencias de la Corte Constitucional sobre los requisitos para considerar no configurada la temeridad hablan de que ello pueda ocurrir por el hecho de que este tribunal profiera una sentencia de unificación, lo cierto es que una sentencia de inconstitucionalidad abstracta que se refiera a normas directamente relacionadas con los derechos en cuestión, también se convierte, necesariamente, en una circunstancia que justifica, excepcionalmente, el trámite de una segunda tutela”.

En el mismo sentido, la sentencia T-1059 de 2007 valoró como hechos nuevos, justificantes de la interposición de una nueva acción de tutela, el que se profirieran las sentencias C-862 de 2006, con efectos erga omnes, y la sentencia SU-120 de 2003, de unificación, frente a la pretensión del actor de obtener la indexación de su primera mesada pensional. Nótese que en ambos casos, los fallos que se invocan como justificantes de la interposición de una nueva acción de tutela, tienen una vocación de universalidad, no están confinados a un caso en concreto, y sus efectos difieren, por ejemplo, de aquellos propios de una sentencia de tutela con efectos inter partes, o un fallo de la jurisdicción ordinaria, que tendría las mismas características en cuanto a sus efectos […]”. (Negrillas fuera del texto original).

En la sentencia T-887 de 20 de noviembre de 2014, se señaló que, en algunos casos, tal como el relacionado con la indexación de su primera mesada pensional con la consagración de una doctrina constitucional, los beneficiados estaban habilitados para acudir nuevamente en sede de tutela en defensa de sus derechos, pues surgían nuevas situaciones fácticas y jurídicas que bien podían modificar su situación inicial.

Precisó la referida sentencia:

“[…] En lo relevante para los casos bajo análisis, la Corte ha sostenido que los ciudadanos pueden acudir nuevamente a la acción de tutela en busca de la indexación de sus pensiones, sin incurrir en temeridad ni desconocer la cosa juzgada constitucional, cuando aparecen nuevas circunstancias fácticas y jurídicas que modifican la situación inicial, como la consagración de una doctrina constitucional respecto del asunto estudiado. La consolidación de una interpretación jurisprudencial puede “ser considerada un hecho nuevo frente a anteriores acciones de tutela” y, en ese sentido, sirve de fundamento para que los interesados acudan nuevamente a la jurisdicción constitucional en defensa de sus derechos, bajo el entendido de que no existe identidad fáctica entre las solicitudes porque el contexto jurisprudencial es diferente.

2.7.1. Así por ejemplo, en la sentencia T-819 de 2009, la Sala Octava de Revisión aceptó la interposición de una segunda acción de tutela mediante la cual se pretendía la indexación del salario base de liquidación, a pesar de que previamente se había interpuesto una solicitud de amparo similar, porque dentro de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia había ocurrido un cambio jurisprudencial respecto de la fórmula para actualizar el valor monetario de las pensiones. Allí se dijo que no había temeridad ni violación a la cosa juzgada, porque “la jurisprudencia constitucional ha considerado que un hecho nuevo puede consistir en una sentencia posterior de un Alto Tribunal en la que se acepte para casos similares una determinada interpretación del ordenamiento jurídico, [y que ello] habilita a los demandantes para introducir una cuestión referida a la violación del derecho a la igualdad que no era posible plantear con anterioridad.”

2.7.2. De igual forma, en la sentencia T-092 de 2013, la Sala Séptima de Revisión estudió el caso de treinta y tres (33) personas que reclamaron mediante dos (2) acciones sucesivas la indexación de su primera mesada pensional contra el Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Allí se estableció que la presentación de la segunda tutela no constituía una actuación temeraria que rompiera la fuerza de la cosa juzgada constitucional, porque “los accionantes, de buena fe, presentaron un motivo expresamente justificado, para interponer nuevamente la acción de tutela, cual es la decisión que la Corte Constitucional profirió con posterioridad a la presentación de las tutelas anteriores”, haciendo referencia a la sentencia SU-1073 de 2012.En esa sentencia se unificó la jurisprudencia constitucional sobre la indexación de pensiones causadas antes de la Constitución Política de 1991 y se consolidó una doctrina protectora del derecho fundamental a la conservación del poder adquisitivo de las pensiones de todos los ciudadanos, por lo que, en ese caso, tenía la virtualidad de cambiar el contexto jurídico en el cual fueron presentadas las solicitudes de amparo […]”. (Negrillas fuera del texto original).

Así las cosas, como quedó visto en líneas transcritas, la Corte ha reconocido que la consolidación de una doctrina constitucional, como es el caso de las sentencias de unificación proferidas con posterioridad a una controversia ya resuelta, constituyen un hecho nuevo que puede ser alegado por los interesados para presentar otra acción constitucional sin incurrir en temeridad o cosa juzgada constitucional, pues tales pronunciamientos contienen supuestos fácticos y jurídicos que pueden modificar su situación inicial, los cuales no podían haber sido planteados con anterioridad.

Comoquiera que el escenario expuesto se ajusta al caso sub examine, resulta procedente el estudio de la acción constitucional de la referencia, máxime si se tiene en cuenta que en la sentencia SU-336 de 2017, la Corte Constitucional revisó algunas acciones de tutela proferidas por esta Corporación en las que, como en el caso aquí ventilado por la actora, que es igual a las allí analizadas, se denegó el amparo deprecado por los docentes oficiales del Departamento del Tolima, por cuanto no existía un criterio unificado respecto del reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías y, por lo tanto, se debía privilegiar el principio de autonomía judicial de los jueces ordinarios que denegaron dicho emolumento económico.

Si bien la Corte Constitucional en sus consideraciones expresó que las providencias que allí se discutían no desconocieron el precedente jurisprudencial, por cuanto las mismas habían sido proferidas con anterioridad a la sentencia C-486 de 7 de septiembre de 2016, en la que refirió de manera específica que la sanción moratoria contenida en el régimen general de los servidores públicos le era aplicable a los docentes oficiales, lo que significaría que antes de la precitada sentencia de unificación ya existía tal criterio constitucional, no lo era para esta Corporación, pues se repite, no subsistía una posición consolidada sobre el tema, lo que traía consigo desigualdad en las decisiones judiciales de los accionantes que se encontraban en la misma situación fáctica de otros docentes, a quienes sí se les reconoció la sanción moratoria, hecho que, a juicio de la Alta Corte, transgredía los derechos a la igualdad y al debido proceso por violación directa de la Constitución.

Por lo anterior, la Sala en sentencia de 6 de octubre de 2017, expediente nro. 2017-01856-00, reiterada en sentencias de 22 de febrero y 1º de marzo de 2018, al estudiar una solicitud de amparo similar a la aquí analizada, con identidad de hechos, pretensiones y parte demandada, con la diferencia de que en ese caso no se había promovido con anterioridad otra acción de tutela, acogió la postura de la Corte Constitucional y amparó los derechos fundamentales allí invocados como violados, por encontrar que se habían configurado los precitados defectos. Al respecto, indicó lo siguiente:

“[…] En el sub lite, afirma el actor que, con sentencias del 9 de septiembre de 2016 y del 27 de enero de 2017, las autoridades judiciales cuestionadas desconocieron el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado y la Corte Constitucional en relación con el reconocimiento de la sanción moratoria establecida en los artículos 4º y 5º de la Ley 1071 de 2006 a los docentes oficiales.

Para determinar si las autoridades judiciales accionadas incurrieron en el defecto alegado, resulta pertinente establecer si existe o no un precedente jurisprudencial en relación con el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías a los docentes oficiales.
Sobre el particular, la Sala pone de presente que el asunto bajo examen ya ha sido objeto de análisis, y en esas oportunidades se pudo establecer que no existe una posición consistente por parte del Consejo de Estado, en tanto que no hay un criterio unificado sobre el particular. En ese sentido, se precisó lo siguiente:

“Conforme a lo señalado, la Sala observa que los Despachos Judiciales accionados en ningún momento desconocieron el precedente judicial, por cuanto actualmente no existe en el Consejo de Estado un criterio unificado sobre el reconocimiento de la sanción moratoria a favor de los docentes, razón por la cual, los jueces no están obligados a acoger un criterio en especial. Así lo expresó esta Corporación en la sentencia de 27 de junio de 2013, Magistrada Ponente doctora BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PAÉZ, proceso radicado bajo el núm. 2013-00446-00, donde en un caso similar, señaló:

“Teniendo en cuenta lo expuesto, actualmente no existe un criterio unificado por esta Alta Corporación en lo relacionado con el pago de la sanción moratoria por el no pago de las cesantías a los Docentes, por lo que mal podría exigirse una única postura al respecto, pues como quedó evidenciado, los criterios encontrados se encuentran debidamente fundamentados, bajo criterios jurídicos razonables”.

Aunado a lo anterior, si bien las autoridades judiciales demandadas manifestaron que existen pronunciamientos dentro del Consejo de Estado donde se reconoce a favor de los docentes la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías, decidieron alejarse de dicha postura luego de realizar un análisis de las normas constitucionales y legales vigentes aplicables al caso concreto.

En consecuencia, la Sala considera que no se puede calificar a las providencias demandadas como desconocedoras del precedente, cuando fueron sustentadas de manera razonable y suficiente y además, utilizaron el criterio del Consejo de Estado como fundamento de sus decisiones”.

En atención a la jurisprudencia transcrita, se tiene que, en efecto, no existe un precedente de esta Corporación, puesto que existen pronunciamientos que niegan el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío del auxilio de las cesantías a los docentes oficiales, como las arriba reseñadas; y también decisiones de la Sección Segunda de esta Corporación en las que ha considerado que si resulta procedente reconocerla.

En este orden de ideas, cabe reiterar que en tanto las autoridades judiciales accionadas, en ejercicio de la autonomía del juez dentro las decisiones objeto de estudio, se acogieron a algunos de los criterios jurisprudenciales vigentes, en ese momento, del Consejo de Estado y los aplicaron, de manera lógico y coherente, al asunto puesto a su conocimiento, no pueden ser objeto de reproche por concepto de desconocimiento del presente jurisprudencial de Consejo de Estado.

Ahora bien, en cuanto al argumento del actor referente desconocimiento por parte de las autoridades judiciales accionadas del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, recogido en la sentencia de unificación SU 336/17, la Sala considera oportuno entrar a analizar el contexto, contenido y alcances del referido pronunciamiento, para así proceder a establecer si hubo o no, en el sub examine, el supuesto desconocimiento del mismo.

De esta forma, se observa que la sentencia de unificación SU 336 del 18 de mayo de 2017, la Corte Constitucional establece lo siguiente:

“La Sala Plena de esta Corporación considera que aquellas personas que se desempeñan como docentes al servicio del Estado tienen derecho, previo cumplimiento de los requisitos legales y según se evalúe en cada caso concreto, al reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, establecida en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006 y, en ese sentido, unificará la jurisprudencia sobre el particular. Lo anterior, por cuanto:
(i) Lo que se busca con el pago de esta prestación social es, por un lado, contribuir a la mengua de las cargas económicas que deben enfrentar los asalariados ante el cese de la actividad productiva, y por otro -en el caso del pago parcial de cesantías-, permitir al trabajador satisfacer otras necesidades, como vivienda y educación. Bajo ese entendido, la efectividad del derecho a la seguridad social se desdibuja cuando a pesar de reconocer que un trabajador, cualquiera sea su naturaleza, tiene derecho al pago de sus cesantías, el Estado o el empleador demora su pago durante un término indefinido.
(ii) Aunque los docentes oficiales no hacen parte de la categoría de servidores públicos, su situación, características y funciones se asemejan a la de estos últimos y, por lo tanto, les es aplicable el régimen general en lo no regulado en el régimen especial de la Ley 91 de 1989.
(iii) Desde la exposición de motivos de esta normatividad, la intención del legislador fue fijar su ámbito de aplicación a todos los funcionarios públicos y servidores estatales, es decir, involucra a todo el aparato del Estado, no solo a nivel nacional sino también territorial.
(iv) Aplicar este régimen garantiza en mayor medida el derecho a la seguridad social de los docentes oficiales, en condiciones de igualdad con los demás servidores públicos a quienes de manera directa se les garantiza el reconocimiento pronto y oportuno de sus prestaciones sociales.
(v) Si bien los operadores judiciales son autónomos e independientes en el ejercicio de sus funciones, mantener dos posturas contrarias sobre el asunto objeto de estudio por la Jurisdicción Contencioso Administrativa genera como consecuencia la vulneración del derecho a la igualdad de quienes se encuentran en la misma situación fáctica y desconoce el principio de seguridad jurídica que irradia las actuaciones de las autoridades judiciales.
(vi) Aplicar el régimen general de los servidores públicos a los docentes oficiales en materia de sanción moratoria resulta ser la condición más beneficiosa y, en esa medida, la que se adecúa mayormente y de mejor manera a los principios, valores, derechos y mandatos constitucionales, particularmente, al principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Constitución.
(vii) Si bien para el momento en que se produjeron las sentencias en sede de nulidad y restablecimiento del derecho aún no había sido proferido el fallo en el que esta Corporación abordó de manera definitiva el asunto, ya existía al menos un precedente sobre la materia que aproximaba a un entendimiento distinto al que se llegó en dichas providencias en sede contenciosa (sentencia C-741 de 2012).” (Negrillas y subrayados fuera de texto).

De lo anterior, se infiere que la Corte Constitucional no solo procede a unificar, en la citada SU 336 de 2017, las posturas contrarias sostenidas por el Consejo de Estado, tanto en medio de control de nulidad y restablecimiento como en acción de tutela, respecto del reconocimiento a los Docentes Oficiales de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, establecida en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, sino que, también, procede considerar que tales posturas del Consejo de Estado, proferidas antes de la mencionada unificación, ha debido aplicar lo establecido, en la sentencia C-741 de 2012, en cuanto al reconocimiento de la calidad de los docentes oficiales como asimilable a la de los empleados públicos.

Adicionalmente, sobre la configuración del precedente judicial constitucional existente, de manera previa a la sentencia de unificación en comento, ese Alto Tribunal sostiene que “si bien la Corte se había pronunciado desde 2012 en la sentencia C-741 sobre la naturaleza jurídica del régimen prestacional de los docentes oficiales”, el referido precedente constitucional se consolida con la sentencia C-486 de 2016, que se “refirió de manera específica que la sanción moratoria contenida en el régimen general de servidores públicos les era aplicable a los docentes”.

Por otra parte, en la referida providencia de unificación del 2017, la Corte Constitucional considera, por un lado, procede la causal específica de violación directa de la Constitución, en especial en las decisiones adoptadas por el Consejo de Estado antes de la sentencia C-486 de 2016, y, por el otro, da a entender que procedería la causal especifica de desconocimiento del precedente constitucional en el evento de providencias judiciales emitidas con posterioridad de la C-486 de 2016.

Finalmente, en el fallo de unificación constitucional analizado, la Corte Constitucional procedió a revocar las decisiones proferidas en sede de tutela por el Consejo de Estado, en primera y en segunda instancia, mediante las cuales se negó la protección invocada por los accionantes y, en su lugar, concederá la protección de los derechos a la igualdad en las decisiones judiciales y al debido proceso por violación directa de la Constitución. En consecuencia, dejó sin efecto las sentencias proferidas, en primera instancia, por los Juzgados Administrativo de Ibagué y, en segunda instancia, por el Tribunal Administrativo del Tolima, dentro de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho contra los cuales se presentaron las acciones de tutela de la referencia, y ordenó al Tribunal Administrativo del Tolima a “proferir en cada uno de los casos estudiados una nueva decisión, mediante la cual acceda a las pretensiones de la demanda y ordene el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, de conformidad con los lineamientos fijados en esta providencia”.

Efectuado el anterior análisis del precedente constitucional invocado por el aquí accionante se procede a verificar su aplicación al caso sub lite, en los siguientes términos:

Primero, la Sala observa que los presupuestos de hecho, de derecho y las consideraciones que sirvieron de sustento a las decisiones judiciales que fueron revocadas por la Corte Constitucional, en la sentencia SU 336 de 2017, son similares a los presupuestos de las sentencias del 9 de septiembre de 2016 y del 27 de enero de 2017 objeto de la acción de tutela presentada por el actor.

En efecto, se advierte que coinciden, en las sentencias revocadas por la Corte Constitucional y las sentencias objeto de la presente acción de tutela: (i) la calidad de Docentes Oficiales de los accionantes, tanto para las acciones de tutela como para los medios de control de nulidad y restablecimiento presentados, (ii) la identidad de las entidades demandadas, en cuanto a los medios de control de nulidad y establecimiento, esto es, el Ministerio de Educación Nacional, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, así como la identidad de las autoridades judiciales que adoptaron las decisiones de fondo, respecto de acciones de tutela y de los medios de control de nulidad y restablecimiento, como son juzgados administrativos del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, (iii) el objeto de la controversia gira sobre el mismo problema jurídico, (iv) los fundamentos de derecho son similares, en especial los referente al marco normativo, esto es, leyes 91 de 1989, 244 de 1995 y 1071 de 2006 y (v) las consideraciones expuestas por los jueces y magistrados son análogas tanto para uno y otro caso.

Segundo, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo del Tolima, en la sentencia proferida el 27 de enero de 2017, no hizo alusión o referencia a la sentencia C-486 del 7 de septiembre de 2016, como precedente constitucional previo a la SU-336 del 18 de mayo de 2017 en los términos indicados en esta última.

Tercero, la Sala observa que si bien el Juzgado Tercero Oral Administrativo, en sentencia proferida el 9 de septiembre de 2016, pudo no haber conocido, por lo cercano de la fecha, la sentencia C-486, si ha debido, en los términos previamente expuestos de la Corte Constitucional, como referente la sentencia C-741 de 2012.

Por tanto, la Sala considera que procederá a aplicar, en el caso presente, la sentencia de unificación jurisprudencial SU-336 del 2017 de la Corte Constitucional, respecto de las causales específicas de violación directa de la Constitución y desconocimiento de precedente jurisprudencial constitucional.
Así las cosas, por las razones antes señaladas, se concederá el amparo solicitado, al encontrarse configurado los defectos invocados por el accionante, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia […]”.

En atención a lo expuesto y teniendo en cuenta que en este caso se plantea una situación fáctica y jurídica semejante, lo cierto es que, en aras de salvaguardar el principio de seguridad jurídica en las decisiones judiciales y el derecho a la igualdad de la actora, que, como quedó visto, se encuentra en condiciones idénticas de otros docentes oficiales, quienes han obtenido decisiones favorables a sus pretensiones, la Sala prohíja las consideraciones antes transcritas, por resultar enteramente aplicables al caso sub lite.

Además se advierte que la afectación de los derechos fundamentales de la accionante se ha prolongado en el tiempo.

En consecuencia, se revocará el fallo de 8 de noviembre de 2018, proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Doris Molina Velásquez y, en su lugar, se dispondrá la protección de los derechos fundamentales invocados por la señora Doris Molina Velásquez, razón por la que se dejarán sin efectos las providencias de 18 de junio de 2015 y 4 de diciembre de 2015, proferidas por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Ibagué, Tolima, y por el Tribunal Administrativo del Tolima, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 73001-33-33-008-2014-00191-00/01, respectivamente, presentado en contra de La Nación – Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG y el Departamento del Tolima, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Así mismo se le ordenará al Tribunal Administrativo del Tolima que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, profiera una nueva decisión teniendo en cuenta los lineamientos señalados, previa verificación de los requisitos establecidos en la Ley 244 de 29 de diciembre de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006.

Por último, es pertinente señalar que la Sala en sentencias de 22 de febrero y 1o. de marzo de 2018, se pronunció en el mismo sentido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 8 de noviembre de 2018, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente el amparo solicitado por la señora DORIS MOLINA VELÁSQUEZ, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se DEJAN sin efectos las sentencias de 18 de junio de 2015 y 4 de diciembre de 2015, proferidas por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Ibagué, Tolima, y por el Tribunal Administrativo del Tolima, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 73001-33-33-008-2014-00191-00/01, respectivamente, presentado en contra de La Nación – Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG y el Departamento del Tolima, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en su lugar, se dispone: ORDENAR al citado Tribunal que dentro de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, profiera una nueva decisión de conformidad con los lineamientos señalados, previa verificación de los requisitos establecidos en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
Salvo Voto

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Consejero de Estado Conjuez

Consejero Ponente: Alberto Yepes Barreiro.
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
“Por la cual se modifican os artículos  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.1" 2.2.3.1.2.1,  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.4" 2.2.3.1.2.4 y  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.5" 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política.
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
Consejera ponente María Elizabeth García González.
Magistrado ponente Eduardo Cifuentes Muñoz.
Magistrado ponente Mauricio González Cuervo.
Magistrada ponente María Victoria Calle Correa.
“[…] Ahora bien, en cuanto al desconocimiento del precedente constitucional, es preciso señalar que si bien la Corte se había pronunciado desde 2012 en la sentencia C-471 sobre la naturaleza jurídica del régimen prestacional de los docentes oficiales, solo hasta la sentencia C-486 de 2016 refirió de manera específica que la sanción moratoria contenida en el régimen general de servidores públicos les era aplicable a los docentes. Esa sentencia fue proferida con posterioridad a la fecha de las decisiones atacadas en esta oportunidad, por lo que no es posible concluir que existió un desconocimiento del precedente constitucional.

Lo anterior no es óbice para que la Corte en esta oportunidad unifique su postura sobre el particular y concluya que los docentes oficiales deben ser considerados como empleados públicos y, por lo tanto, les es aplicable el régimen general en lo no estipulado en el régimen especial, en lo que tiene que ver con el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías […]”.

Magistrada ponente María Victoria Calle Correa, sostuvo: “[…]  En conclusión, de acuerdo a la legislación y la jurisprudencia, los docentes oficiales han sido considerados como servidores públicos con características especiales. En lo que hace al pago de las cesantías y la mora en el cumplimiento de esta obligación, es aplicable la Ley 1071 de 2006 que en su artículo 4º que establece el término máximo de quince (15) días para proferir la resolución de la solicitud y el artículo 5º, según el cual la entidad pagadora cuenta con un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles para el pago. El interés de mora en esta normativa equivale a “…un día de salario por cada de retardo hasta que se haga efectivo el pago”.

[…]

Así las cosas, evidenciando que se pudieron presentar pagos tardíos a las cesantías que implican mora, la Corporación le dará efectos retroactivos a esta decisión, para que se paguen los intereses de mora de acuerdo a la legislación anterior, es decir el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 […]”.

“[…] Por otro lado, en la mayoría de las decisiones que ahora se atacan por vía de tutela, los jueces señalaron que si bien en oportunidades anteriores y en casos similares se había reconocido el pago de la sanción moratoria a los docentes oficiales, era necesario cambiar su postura en aras de ser más acorde con los principios, valores y garantías fundamentales, en tanto los docentes gozan de un régimen especial en el cual no se encuentra establecida una sanción moratoria de ese tipo, por lo cual el mismo no les es aplicable. De igual forma, los jueces que conocieron las acciones de tutela contra las sentencias proferidas en los procesos contencioso administrativos, refirieron que como sobre este asunto no existe un criterio unificado no era dable exigir que todos los casos sobre el mismo se fallaran de una determinada manera y, por lo tanto, se debía privilegiar el principio de la autonomía judicial.

Lo anterior, resulta ser una medida regresiva en el reconocimiento de los derechos prestacionales de los docentes oficiales, en la medida que está retrotrayendo no solo la intención misma del legislador de aplicar a todos los funcionarios públicos y servidores estatales el derecho de que sus cesantías sean pagadas de manera oportuna, sino que contraría el derecho a la igualdad en las decisiones judiciales de los accionantes que se encuentran en la misma situación fáctica que otros docentes oficiales, a quienes sí se les reconoció la sanción moratoria, según se desprende de la línea jurisprudencial del Consejo de Estado expuesta en la parte considerativa de esta providencia.

Como se expuso, todas las decisiones de las autoridades judiciales accionadas usaron como argumento que, en tanto el régimen especial de los docentes oficiales no contempla el reconocimiento de la sanción moratoria para ese sector, no era posible aplicar el régimen general que sí consagra esa prerrogativa, por cuanto el régimen especial debe ser aplicado como un todo so pena de crear una tercera regla que tomara partes de ambos regímenes.

Sobre el particular, la Sala considera que aceptar un argumento como el señalado es dar prevalencia a una interpretación que no se acompasa con el concepto de las cesantías y su función social, en tanto acude a la taxatividad de la norma sin profundizar en la naturaleza, funciones y características de los docentes oficiales, sobre una postura que se soporta en argumentos materiales sobre la naturaleza propia de la labor desempeñada por los docentes, que les otorga un trato equivalente al de los empleados públicos, independientemente de que no estén catalogados de manera expresa como tales

Del mismo modo, y de conformidad con lo explicado en acápites precedentes, tales decisiones: (i) desconocen el reconocimiento efectivo de los derechos al trabajo y a la seguridad social, de los cuales son titulares todos los trabajadores sin distinción alguna; (ii) contrarían el propósito del legislador dirigido a garantizar los derechos a la seguridad social y al pago oportuno de las prestaciones sociales de los trabajadores, a través de la implementación de un mecanismo ágil para la cancelación de la sanción moratoria para los trabajadores tanto del sector público como del privado, sin distinción; (iii) desconocen que el reconocimiento de la sanción moratoria a favor de los docentes oficiales es la postura que mejor se adecúa a los postulados constitucionales, porque se soporta en argumentos materiales sobre la naturaleza propia de la labor desempeñada por los docentes que les otorga un trato equivalente al de los empleados públicos; (v) olvidan que en virtud del principio de favorabilidad en material laboral, se debe dar aplicación al criterio de la condición que resulte ser más beneficiosa para los docentes, en este caso, aplicarles el régimen general de los servidores públicos; y (vi) conducen a la vulneración del derecho a la igualdad en las decisiones judiciales, al proferir sentencias contrarias en casos que se sustentan en los mismos supuestos fácticos.

Es por lo anterior, que la Sala considera que en los casos objeto de estudio se configuró la causal específica de violación directa de la Constitución y, bajo ese entendido, habrá de concederse en amparo invocado por los accionantes […]”.

Consejero Ponente Roberto Augusto Serrato Valdés (E).

Expedientes nros. 2017-03199-00, 2017-03296-00, 2017-03299-00, 2017-03300-00, 2017-03302-00, 2017-03357-00, 2017-03360-00, 2017-03363-00, 2017-03364-00, 2017-03365-00, 2017-03446-00 y 2017-03448-00, Consejera ponente María Elizabeth García González.

Expediente nro. 2017-03359-00, Consejera ponente María Elizabeth García González.

Proferidas por el JUZGADO TERCERO ORAL ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, respectivamente, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado con el número 73001-33-33-003-2015-00130-01, promovido por el actor en contra de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – Departamento del Tolima.

Cfr. Folios 21 a 31 del expediente.

Consejo de Estado, Sección Primera: (i) sentencia del 4 de mayo de 2016, Magistrada Ponente: María Elizabeth García González, Radicado: 11001-03-15-000-2016-00762-00, Actora: Gemma Lucía Niño Benavides; (ii) Sentencia del 24 de septiembre de 2015. M.P.: María Elizabeth García González; (iii) Radicado: 2015-01491-01; Sentencia del 14 de julio de 2016. Magistrado Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdez. Radicado: 2016-01639-00. Actora: Nancy Riveros Riveros; confirmada, Consejo de Estado, Sección Segunda, mediante sentencia del 23 de Marzo de 2017, Magistrado Ponente: William Hernández Gómez, Radicado: 2016-01639-01; (iv) sentencia del 16 de junio de 2016. Magistrado Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdez, Radicado: 2016-01312-00, Actor: Álvaro Guzmán Ramírez.

En casos similares se pronunció la Sección Segunda de esta Corporación: Sentencia de 5 de julio de 2012, Consejero Ponente doctor GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN, proceso radicado bajo el núm. 2012-00947-00; Sentencia de 27 de junio de 2013, Consejera Ponente doctora BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PAÉZ, proceso radicado bajo el núm. 2013-00446-00.

Sentencia de 25 de febrero de 2016, Expediente núm. 2016-00252-00.

Corte Constitucional, sentencia del 18 de mayo de 2017. Magistrado Ponente: Iván Humberto Escrucería Mayolo. Referencia: Expedientes T-5.799.348, T-5.801.948, T-5.812.820, T-5.820.810, T-5.823.520, T-5.823.613, T-5.823.615, T-5.826.127, T-5.826.129, T-5.826.142, T-5.826.188, T-5.826.256, T-5.842.501 y T-5.845.180 (Acumulados).
Corte Constitucional, sentencia del 26 de septiembre de 2012, Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.

Corte Constitucional, sentencia del 7 de septiembre de 2016, Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa
No es objeto de debate ni de cuestionamiento si el señor Santiago Mayorga Rojas ostenta la calidad de docente oficial, como tampoco de desvirtúa la misma en las providencias del 9 de septiembre de 2016 y del 27 de enero de 2017.

Radicado: 2015-00130-01.

Dicha providencia fue prohijada por esta Sala en sentencias de 1o. y 22 de febrero de 2018 (Expedientes nros. 2017-02950-00; 2017-02035-00, 2017-03219-00 y 2018-00092-00), Consejera ponente María Elizabeth García González.

Sentencia de 17 de agosto de 2017, expediente nro. 2017-01855-00, Consejera ponente Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, sostuvo: “[…] Así las cosas, es claro el efecto vinculante propio de las sentencias de unificación, imponen al juez tutelar acoger los fundamentos y decisiones que al respecto haya adoptado dicha Corte y, concretamente, cuando como acontece en el presente caso, incluyó el juzgamiento de situaciones bastante pretéritas, como se observa respecto de solicitudes de sanción moratoria adiadas en el 2012 y sentencias decisorias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo proferidas en los años 2015 y 2016.

Ese pronunciamiento, conlleva indefectiblemente a adoptar la decisión de amparar los principios de igualdad y de favorabilidad laboral, que fueron invocados por el señor Salamanca Reyes, al coincidir en su fundamento y propósito argumentativo principal referente a ser beneficiario del régimen legal aplicable a los servidores públicos dentro de la temática de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías […]”.

Sentencia de 5 de septiembre de 2017, expediente nro. 2017-01853-00, Consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez, sostuvo: “[…] Dicho lo anterior, concluye la Sala que si bien, en principio la decisión acusada, adoptada por el Tribunal Administrativo de Tolima, se encuentra amparada en el artículo 230 de la Constitución Política que pregona por la autonomía funcional que les asiste a los jueces de la República, y que la misma data de enero de 2017 (antes de los pronunciamientos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado), no se puede pasar por alto la prevalencia del principio a la igualdad material que le asiste a los usuarios de la justicia, y que en este momento los altos tribunales judiciales tienen una posición pacífica en cuanto a señalar que los docentes oficiales deben ser considerados empleados públicos y, por lo mismo, les resultan aplicables las disposiciones de la Ley 1071 de 2006, en lo que a sanción moratoria por el pago tardío de cesantías se refiere […]”.

Sentencia de 8 de noviembre de 2017, expediente nro. 2017-01854-00, Consejero ponente Julio Roberto Piza Rodríguez, sostuvo: “[…] De entrada, debe decirse que la Sala acoge el criterio expuesto en la sentencia SU-336 de 2017. Lo anterior, porque, en esa providencia, la Corte Constitucional definió el alcance del derecho fundamental a la igualdad de los docentes oficiales en lo que respecta a la sanción moratoria […]”.

Sentencia de 4 de septiembre de 2017, expediente nro. 2017-01858-00, Consejero ponente Rafael Francisco Suárez Vargas, sostuvo: “[…] Por último, aunque en el fallo del Tribunal Administrativo del Tolima se hace una exposición jurídica razonable para apartarse de la línea jurisprudencial de la Sección Segunda del Consejo de Estado que ha sido uniforme en el reconocimiento del derecho reclamado por la accionante, la Sala considera que ante la zona de incertidumbre que rodea el alcance del concepto de servidor público consagrado en la ley 1071 de 2006, se debe privilegiar la prevalencia de los principios constitucionales de igualdad y equidad para distribuir de manera justa el derecho a percibir la sanción por mora en cuanto al pago de las cesantías parciales o definitivas a favor de los docentes oficiales […]”.

Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.