Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-03270-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Acción de tutela contra providencia judicial: proferida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-03270-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2018-03270-01
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
8 de agosto de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Proferida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho / DEFECTOS SUSTANTIVO Y DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE - No se configuran / SANCIÓN MORATORIA - Pago tardío de cesantías a docente / CESANTÍAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DE NIVEL TERRITORIAL - La Ley 50 de 1990 se hizo extensiva únicamente a aquellos vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a fondos privados
[L]a actora considera que se le vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social, por cuanto la autoridad cuestionada incurrió en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial en la sentencia (…) por medio de la cual revocó la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico, la cual accedió parcialmente a las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra el Ministerio de Educación Nacional, el Fomag, el departamento del Atlántico y el municipio de Sabanalarga, con el propósito de obtener el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por el no pago oportuno de las cesantías correspondientes a los años 2001 a 2003.(…) la Sala encuentra razonada la interpretación que realizó la autoridad judicial cuestionada, pues (…) de conformidad con el artículo 1 del Decreto 1582 de 1998, se advierte que a la tutelante no le es aplicable la Ley 50 de 1990, toda vez que se hizo extensiva, únicamente, a los “servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados”, lo cual no corresponde a los supuestos fácticos del presente caso. (…) la Sala puede concluir que no le asiste razón a la parte actora cuando afirma que la autoridad censurada desconoció el precedente judicial (…) En este orden de ideas, se confirmará la sentencia proferida (…) por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual denegó el amparo constitucional solicitado (…).
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / LEY 50 DE 1990 - ARTÍCULO 99 / DECRETO 1582 DE 1998 - ARTÍCULO 1 / DECRETO 2591 DE 1991
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D.C., ocho (08) de agosto de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-03270-01(AC)
Actor: YOCASTA ALCALÁ TERÁN
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por el apoderado judicial de la señora Yocasta Alcalá Terán contra el fallo de 30 de mayo de 2019, por medio del cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado denegó las pretensiones de la acción de tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1. La petición de amparo
La señora Yocasta Alcalá Terán, por conducto de apoderado judicial, ejerció acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la providencia proferida el 19 de julio de 2018 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por medio de la cual revocó la decisión dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 18 de agosto de 2015, la cual accedió parcialmente a las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra el Ministerio de Educación Nacional, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el departamento del Atlántico y el municipio de Sabanalarga, encaminadas a que se le reconociera la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por el no pago oportuno de las cesantías correspondientes a los años 2001 a 2003.
En consecuencia, la parte actora solicitó:
“PRIMERO: REVOCAR la sentencia de segunda instancia proferida por la Sección Segunda - Subsección B del Consejo de Estado del 19 de julio de 2018 proferida dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho (sic) iniciado por la señora YOCASTA ALCALÁ TERÁN, contra la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO - MUNICIPIO DE SABANALARGA - ATLÁNTICO, radicado: 08001-23-33-000-2014-00061-01 (0406-2016), que revocó la decisión emitida en sentencia del día 18 de agosto de 2015 del Tribunal Administrativo del Atlántico en fallo de primera instancia.
En su lugar, CONCEDER la protección de los derechos constitucionales a la igualdad en las decisiones judiciales, al principio de favorabilidad laboral, debido proceso y por violación directa de la Constitución.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la sentencia proferida dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho (sic), en segunda instancia por la Sección Segunda - Subsección B del Consejo de Estado del 19 de julio de 2018. En su lugar, ORDENAR a la Sección Segunda - Subsección B del Consejo de Estado que profiera una nueva decisión mediante la cual acceda a las pretensiones de la demanda y ordene el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la omisión en el pago de las cesantías correspondientes a las anualidades 2001 a 2003.
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Y en tal sentido se CONDENE al demandado NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO - MUNICIPIO DE SABANALARGA - ATLÁNTICO a pagar a la servidora pública YOCASTA ALCALÁ TERÁN, la sanción moratoria contemplada en la Ley 344 de 1996 derivada de la mora y retardo en la consignación del auxilio de cesantías en forma anualizada en el fondo administrador de cesantías respectivo por la omisión del pago de las cesantías correspondientes a las anualidades de 2001 a 2003.
Por lo tanto, ORDENAR el pago efectivo y material a la señora Yocasta Alcalá Terán, dado que tal condena debe darse como restablecimiento del derecho, sanción que deberá liquidarse desde el 14 de febrero del año siguiente a la causación del auxilio de cesantías respectivo, hasta la fecha en que se produzca la consignación de cada uno de los auxilios de cesantías pertinentes a las anualidades de 2001 a 2003. De igual forma se ORDENE que la suma que resulte como condena sea ajustada tomando como base el índice de precios al consumidor de conformidad con el artículo 187 inciso 4º C.P.A.C.A. además que SE ORDENE el pago a la señora Yocasta Alcalá Terán, de las costas del proceso, incluyendo las agencias en derecho, según lo establecido en el artículo 188 del C.P.A.C.A. También SE CONDENE al pago de los intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la modificación de la sentencia según lo previsto en el artículo 192 y 195 inciso 4º del C.P.A.C.A”.
La petición de tutela, tuvo como fundamento los siguientes:
2. Hechos
La actora sostuvo que laboró como docente de la planta del municipio de Sabanalarga (Atlántico) desde el 28 de diciembre de 2000 y el 1º de enero de 2003 en el departamento del Atlántico, pero durante su vinculación no le consignaron las cesantías correspondientes a las anualidades de 2001, 2002 y 2003 dentro del plazo legal previsto en la Ley 50 de 1990.
Relató que en vista de lo anterior, el 26 de agosto de 2013 elevó petición ante la Secretaría de Educación del municipio de Sabanalarga y el 9 de septiembre de la misma anualidad ante el Ministerio de Educación Nacional y la Gobernación del Atlántico para conseguir el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías en el respectivo fondo.
Refirió que dicha solicitud que fue negada mediante oficio 3386 de 9 de octubre de 2013 y el acto presunto o ficto configurado por el silencio administrativo ante el requerimiento presentado el 26 de agosto de 2013, expedidos por el secretario de educación departamental del Atlántico y del municipio de Sabanalarga, respectivamente.
Adujo que el asesor de la Secretaría General de Unidad de Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional, por medio de oficio 2013ER112195 de 3 de octubre de 2013 no resolvió de fondo lo pedido, pues se limitó a informar que daría traslado a la Secretaría de Educación del Atlántico.
Señaló que el 6 de febrero de 2014, promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyo conocimiento correspondió al Tribunal Administrativo del Atlántico, que mediante sentencia de 18 de agosto de 2015 declaró la nulidad parcial de los actos administrativos controvertidos.
Lo anterior, al concluir que le asistía el reconocimiento a la penalidad pretendida en los términos previstos en el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por considerar que su vinculación es de carácter territorial dado que el 28 de diciembre de 2000 se llevó a cabo su nombramiento por el alcalde del municipio de Sabanalarga y posteriormente, el 1º de enero de 2003, se incorporó a la planta única de docentes del departamento del Atlántico.
Indicó que mediante providencia de 19 de julio de 2018, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el Fomag, el municipio de Sabanalarga y el departamento del Atlántico, revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó las súplicas de la demanda.
Anotó que dicha autoridad respaldó su decisión en que no cumplía los requisitos para ser beneficiaria de la sanción moratoria extendida por disposición expresa del artículo 1º del Decreto 1582 de 1998, a los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, pues debido a la fecha de su vinculación (28 de diciembre de 2000) está regulada en materia prestacional por las normas de los empleados públicos del orden nacional; además porque no se encuentra afiliada a un fondo privado administrador de cesantías, comoquiera que el Fomag no tiene tal naturaleza pues sus recursos provienen por disposición legal de la Nación.
3. Sustento de la petición
Como respaldo de la petición de amparo, la parte actora afirmó que la colegiatura censurada incurrió en la providencia objeto de reproche, en defecto material o sustantivo, al no interpretar las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996 con “un enfoque constitucional” pues, a su juicio, es viable aplicar al régimen general de los docentes en lo concerniente a la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, en aras de garantizar el principio de favorabilidad.
Indicó que no comprende por qué para unos efectos los educadores son catalogados como empleados públicos, pero para el reconocimiento de la mencionada sanción son excluidos del régimen general contemplado en la Ley 344 de 1996. Es así, como adujo que en aplicación del principio de la condición más favorable al trabajador (artículo 53 de la Constitución Política) debe reconocerse a todos los servidores públicos la indemnización por el no pago oportuno de las cesantías para salvaguardar el derecho a la igualdad.
Agregó que se vulneró su derecho fundamental al debido proceso, habida cuenta que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B al proferir la sentencia de 19 de julio de 2018, no tuvo en cuenta que en el artículo 1º del Decreto 1252 de 2000 se estableció que los empleados públicos que se vinculen al Estado a partir de la vigencia de ese decreto tendrán derecho al pago de cesantías.
De otro lado, sostuvo que en la decisión controvertida se desconoció el precedente fijado en la sentencia SU-336 de 2017 por la Corte Constitucional según el cual, los docentes oficiales deben ser considerados como empleados públicos, razón por la cual es viable que se les reconozca el pago de la sanción moratoria contemplada en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, situación que es aplicable por analogía al caso en estudio.
Precisó que no se tuvo en cuenta la interpretación que hace la Corte Constitucional en la sentencia T-088 de 2015 sobre el alcance y la naturaleza del derecho a las cesantías y las consecuencias del retraso o demora en el pago de tal prestación.
Por último, citó apartes de la sentencia CE-SUJ-SII-012-2018-SUJ012-S2 del 18 de julio de 2018, por medio de la cual la Sección Segunda de esta Corporación unificó su criterio respecto a la sanción por mora en el reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas de los servidores públicos.
4. Actuación procesal en primera instancia
Mediante auto de 17 de septiembre de 2018, la Sección Cuarta de esta Corporación admitió la solicitud de amparo y ordenó notificar a la demandante y a la autoridad judicial demandada; por tener interés en el presente trámite vinculó al Tribunal Administrativo del Atlántico, a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), al departamento del Atlántico, a la Secretaría de Educación Departamental, a la fiduciaria La Previsora S.A. y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Remitidas las respectivas comunicaciones, intervinieron como sigue:
4.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Con respuesta del 27 de septiembre de 2018, la magistrada ponente de la providencia controvertida se opuso al amparo solicitado, tras argumentar que en la decisión cuestionada se definió el régimen jurídico de cesantías al cual pertenece la actora, que es el contemplado en la Ley 91 de 1989 en razón a la fecha en que se vinculó como docente, mas no el contenido en la Ley 50 de 1990 ni en la Ley 244 de 1995, sistema que no contempló un plazo para la consignación de las cesantías con anterioridad al 15 de febrero de cada año, por lo que no es viable que la tutelante obtenga las ventajas de dos regímenes de manera simultánea, pues ello desconocería el principio de inescindibilidad de la ley laboral.
4.2. Ministerio de Educación Nacional
El jefe de la Oficina Asesora Jurídica, en memorial enviado por correo electrónico el 1º de octubre de 2018, mencionó que dicha entidad no tiene competencia para pronunciarse sobre los hechos y las pretensiones elevadas por la actora, motivo por el cual solicitó su desvinculación en la presente acción de tutela.
4.3. Fiduciaria La Previsora S.A.
Se pronunció en calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo del Fomag el 1º de octubre de 2018, oportunidad en la cual destacó que la acción de tutela por su naturaleza residual y subsidiaria procede de forma excepcional contra providencias judiciales por una vía de hecho, cuando el juez de manera arbitraria y caprichosa actúa en absoluta desconexión con el ordenamiento jurídico situación que, en su sentir, no se presentó en el asunto bajo estudio, pues a la tutelante no se le vulneró algún derecho fundamental y la providencia censurada se encuentra ajustada a derecho.
4.4. Tribunal Administrativo del Atlántico
Mediante memorial de 3 de octubre de 2018, el presidente de la corporación solicitó su desvinculación en el presente trámite de tutela y, de manera subsidiaria, que se deniegue el amparo solicitado. Esto, por cuanto la decisión que adoptó el 18 de agosto de 2015 dentro del medio de control promovido por la señora Alcalá Terán fue revocada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en el sentido de negar las pretensiones de la demanda, por lo que señaló que es dicha autoridad la que debe pronunciarse sobre la inconformidad planteada por la accionante.
4.5. Departamento del Atlántico
Por intermedio de su apoderado, solicitó que se declare improcedente la petición de amparo por falta de legitimación en la causa por pasiva, en atención a que la actora no endilga el quebranto de sus derechos fundamentales a la gobernación del Atlántico y debido a que esa entidad no tiene injerencia alguna en las decisiones de la autoridad judicial cuestionada.
4.6. Yocasta Alcalá Terán
Por medio de escrito enviado por correo electrónico el 30 de noviembre de 2018, el apoderado de la tutelante allegó memorial donde aportó copia de la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional, en relación con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación de las cesantías en la fecha indicada en la ley y explicó el alcance de la misma para que se tuviera en cuenta al momento de fallar.
5. Sentencia de primera instancia
La Sección Cuarta del Consejo de Estado en providencia de 30 de mayo de 2019, luego de encontrar superados los requisitos de procedibilidad adjetiva abordó el estudio de los yerros invocados por la parte actora, análisis a partir del cual resolvió denegar las pretensiones de la acción de tutela.
Lo anterior, con sustento en que la autoridad tutelada realizó un análisis acertado de los regímenes de cesantías dispuestos para los trabajadores del sector territorial y para los docentes oficiales, por lo tanto, advirtió que sí tuvo en cuenta que, en atención del Decreto 1582 de 1998 la sanción moratoria contemplada en la Ley 50 de 1990 se hizo extensiva para los empleados del sector territorial, pero aclaró que en esa categoría no se encontraba la actora por cuanto se vinculó como docente el 28 de diciembre de 2000 al servicio del municipio de Sabanalarga, motivo por el cual el régimen aplicable era el de la Ley 91 de 1989; además, teniendo en cuenta que sus cesantías no las administraba un fondo privado, sino el Fomag.
De otro lado, advirtió que la decisión objeto de reproche no desconoció el precedente fijado en la sentencia SU-336 de 2017, pues en dicho pronunciamiento el alto tribunal constitucional no analizó alguna controversia relacionada con la sanción prevista en el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, que es la que se debatió en el asunto bajo examen, sino que acumuló varias acciones de tutela promovidas por docentes del sector oficial afiliados al Fomag, a los que se les habían reconocido las cesantías parciales, pero que les fueron pagadas en un término superior a los 45 días hábiles establecidos en la Ley 1071 de 2006.
6. Impugnación
Con escrito enviado por correo electrónico el 25 de junio del año en curso a la Secretaría General de la Corporación, la parte actora solicitó revocar la providencia de primera instancia al insistir en la configuración del defecto sustantivo invocado, dado que la autoridad cuestionada erró al analizar las normas que regulan el régimen de cesantías aplicable a los docentes.
Lo anterior, por cuanto omitió lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 1252 de 2000, el cual prevé que los empleados públicos que se vinculen al Estado a partir de la vigencia del mencionado decreto tendrán derecho al pago de cesantías en los términos establecidos en las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, “aun en el evento que la entidad donde laboren exista un régimen especial que regule las cesantías”.
De otro lado, advirtió que el a quo se equivocó al concluir que no existía un precedente aplicable a la controversia planteada, teniendo en cuenta que la Sección Segunda de esta Corporación fue precisamente la autoridad que en sentencia SUJ-012-S2 de 18 de julio de 2018 unificó su postura respecto a la naturaleza de los docentes oficiales y la exigibilidad de la sanción moratoria.
Afirmó que si bien los docentes tienen previsto un régimen especial de cesantías, esto no significa que no tienen derecho a la sanción moratoria cuando se presenta un retardo en la consignación de las mismas, acorde con los criterios fijados en la sentencia de unificación SUJ-012-S2 de 2018 del Consejo de Estado - Sección Segunda, así como en las providencias SU-334 de 2017 y SU-098 de 2018 proferidas por la Corte Constitucional.
7. Actuación procesal en segunda instancia
Estando el expediente al Despacho para resolver la impugnación presentada por el apoderado judicial de la señora Yocasta Alcalá Terán contra el fallo proferido el 30 de mayo de 2019, por medio del cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado denegó las pretensiones de la acción de tutela, se advirtió que no se dispuso la vinculación del alcalde del municipio de Sabanalarga - Atlántico, a pesar de que integró la parte demandada en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho dentro del cual se profirió la providencia a la cual la actora le atribuye la presunta vulneración de sus derechos fundamentales invocados.
En tales condiciones, se ordenó mediante auto de 18 de julio del año en curso, su notificación en calidad de tercero con interés en las resultas del proceso; a pesar de que fue debidamente notificado, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte actora contra la providencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 30 de mayo de 2019, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, el numeral 2° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 del 30 de noviembre de 2017, y el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
2.2. Cuestión Previa
Previo a resolver el fondo del asunto, observa la Sala que el Ministerio de Educación Nacional, el Tribunal Administrativo del Atlántico y el departamento del Atlántico en sus escritos de contestación de la tutela, solicitaron su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, sin que ello hubiese sido resuelto por el a quo, por lo que se realizará el pronunciamiento que corresponda en la presente providencia.
Al respecto, se advierte que dicha petición no procede teniendo en cuenta que su vinculación se hizo en atención al interés que les asiste en las resultas del presente trámite, debido a que las referidas entidades integraron la parte demandada en el proceso ordinario que originó la providencia judicial controvertida y el Tribunal Administrativo del Atlántico conoció en primera instancia el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Alcalá Terán, mas no como autoridades contra las cuales se encuentre dirigida la solicitud de amparo.
2.3. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la decisión proferida en primera instancia, para lo cual deberá analizar si la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado al proferir la sentencia de 19 de julio de 2018, vulneró los derechos fundamentales de la actora al considerar que no es beneficiaria de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por el no pago oportuno de las cesantías correspondientes a los años 2001 a 2003.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella concluyó:
“…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.” (Negrilla fuera de texto)
Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado; y iii) inmediatez.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.5. Caso concreto
De acuerdo con lo expuesto en el sub lite, se tiene que la actora considera que se le vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social, por cuanto la autoridad cuestionada incurrió en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial en la sentencia de 19 de julio de 2018, por medio de la cual revocó la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico, la cual accedió parcialmente a las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra el Ministerio de Educación Nacional, el Fomag, el departamento del Atlántico y el municipio de Sabanalarga, con el propósito de obtener el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por el no pago oportuno de las cesantías correspondientes a los años 2001 a 2003.
Así las cosas, la Sala pasará a analizar de manera separada cada uno de los cargos planteados por la tutelante, como sigue:
2.5.1. Defecto sustantivo
En lo referente a este yerro la parte actora sostuvo, tanto en el escrito de tutela como de impugnación, que la autoridad censurada erró al analizar las normas que regulan el régimen de cesantías aplicable a los docentes, pues prescindió dentro de su interpretación de lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 1252 de 2000, el cual prevé que los empleados públicos que se vinculen al Estado a partir de la vigencia del mismo tendrán derecho al pago de cesantías en los términos establecidos en las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, “aun en el evento que la entidad donde laboren exista un régimen especial que regule las cesantías”.
De igual forma, sostuvo que la tutelada no interpretó las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996 con “un enfoque constitucional” pues, a su juicio, es viable aplicar al régimen general de los docentes en lo concerniente a la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, en aras de garantizar el principio de favorabilidad.
La Sección Cuarta de esta Corporación resolvió negar el amparo solicitado, al señalar que la autoridad cuestionada no incurrió en la irregularidad planteada por la actora, comoquiera que sí tuvo en cuenta que, por virtud de lo dispuesto en el Decreto 1582 de 1998, la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 se hizo extensiva para los empleados de sector territorial, diferente es que la señora Alcalá Terán tenga la condición de docente nacional, dado que se vinculó al servicio del Municipio de Sabanalarga el 28 de diciembre de 2000 y, en consecuencia, el régimen que le es aplicable es el previsto en la Ley 91 de 1989 y el fondo que administra sus cesantías es el Fomag.
Pues bien, cabe señalar que la Corte Constitucional ha explicado que el defecto sustantivo se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”. Puntualmente, señaló que éste se configura en los siguientes eventos:
“… la actuación controvertida desconoce una ley adaptable al caso o se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable, ya sea porque (i) la norma perdió vigencia por cualquiera de las razones de ley, (ii) es inconstitucional, (iii) o porque el contenido de la disposición no tiene conexidad material con los presupuestos del caso. También puede darse en circunstancias en las que a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le (sic) reconoce a las autoridades judiciales, se produce (iv) un grave error en la interpretación de la norma, el cual puede darse por desconocimiento de sentencias con efectos erga omnes o cuando la decisión judicial se apoya en una interpretación contraria a la Constitución.”
Al respecto, lo primero que resulta menester precisar es que la parte actora respalda la configuración de este defecto en las siguientes normas:
• Ley 344 de 1996, la cual estableció en su artículo 13 lo siguiente:
“ARTÍCULO 13º.- HYPERLINK "https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1283" \l "1582" Reglamentado parcialmente por el Decreto 1582 de 1998. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral…”.
A su vez, el Decreto 1582 de 1998, que reglamentó parcialmente el citado artículo, dispuso que el régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990 y, definió en el artículo 3° que los empleados públicos con régimen de retroactividad en cesantías podían optar por el régimen de liquidación anual de cesantías.
• Ley 50 de 1990, en su artículo 99 señaló que el nuevo régimen especial de auxilio de cesantía tendrá, entre otras, las siguientes características:
“1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo…”. (Subrayado fuera de texto original)
• Decreto 1252 de 2000, el cual señala en su artículo 1º:
“ARTÍCULO 1°. Los empleados públicos, los trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública, que se vinculen al servicio del Estado a partir de la vigencia del presente decreto, tendrán derecho al pago de cesantías en los términos establecidos en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 o 432 de 1998, según el caso. Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará aun en el evento en que en la entidad u organismo a los cuales ingrese el servidor público, exista un régimen especial que regule las cesantías. Parágrafo. Los fondos o entidades públicas, incluida la Caja Promotora de Vivienda Militar que administran y pagan las cesantías de los servidores a que se refiere este artículo, seguirán haciéndolo.”
Precisado lo anterior, la Sala encuentra que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de 19 de julio de 2018, revocó la decisión dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 18 de agosto de 2015, que accedió parcialmente a las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió la actora contra el Ministerio de Educación Nacional, el Fomag, el departamento del Atlántico y el municipio de Sabanalarga, al concluir que ésta no cumple los requisitos para ser beneficiaria de la sanción moratoria que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
Para arribar a dicha decisión, realizó un recuento del régimen de cesantías de los docentes y el proceso de descentralización de la educación, en los siguientes términos:
“47. Así, en virtud de lo dispuesto por la citada Ley 344 de 1996 y la Ley 91 de 1989, aquellos docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1990, sin lugar a distinción entre docentes nacionales y nacionalizados, se regularán por las normas de los empleados públicos del orden nacional, cuyo sistema de liquidación reviste las siguientes características:
i) Destinatarios: Docentes vinculados desde el 1º de enero de 1990;
ii) Liquidación: El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación, equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año;
iii) Intereses: Anual sobre el valor acumulado de la cesantía al 31 de diciembre de cada año, más la tasa de interés que de acuerdo con la certificación de la Superintendencia Financiera, haya sido la comercial promedio efectiva de captación del sistema financiero durante el mismo período.
(…)
54. De las normas expuestas en precedencia, se establece que de conformidad con el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional que establece un sistema anualizado, sin retroactividad y pago de intereses a sus beneficiarios.
55. Por lo anterior, los docentes que ingresaron con posterioridad a la fecha señalada (1 de enero de 1990), por el solo hecho de ser designados por el alcalde o gobernador, no adquieren el carácter de territorial regidos por normas prestacionales aplicables a los servidores públicos que ostentan dicha calidad, pues esta prerrogativa solo cobijó a quienes cumplieran la condición de ser nombrados sin el cumplimiento de las previsiones del artículo 10 de la Ley 43 de 1975.
56. De manera que los educadores del sector público que ingresaren a partir de 1990, en materia prestacional se encuentran regulados por las disposiciones que gobiernan a los empleados públicos del orden nacional, y en tal virtud, no les son aplicables los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990, que contemplaron el plazo para la liquidación del valor liquidado anualmente con anterioridad al 15 de febrero y la sanción moratoria para el empleador que incumpla esta obligación, pues dichas normas fueron extendidas por disposición del artículo 1 del Decreto 1582 de 1998, únicamente a «los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías», que como se expuso, no se equiparan a los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1990, pues su nombramiento por el representante de la entidad territorial no le otorga la calidad de ser un maestro de dicho nivel y sus prestaciones sociales –cesantías-, son administradas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, cuya naturaleza jurídica es diferente a aquellos fondos privados creados por la Ley 50 de 1990.” (Destacado del texto original)
Con respaldo en el texto citado, la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación advirtió que con ocasión de la fecha de ingreso –28 de diciembre de diciembre de 2000 al municipio de Sabanalarga y desde el 1º de enero de 2003 fue incorporada a la planta del Departamento del Atlántico– de la señora Alcalá Terán como docente del sector oficial, ésta se encuentra cobijada por el articulo 15 de la Ley 91 de 1989, el cual determinó que los educadores que ingresaron a partir del 1º de enero de 1990, “sin hacer distinción entre nacionales o nacionalizados, se les aplicarían las disposiciones vigentes para los empleados públicos del orden nacional.”
Así entonces, explicó que la vinculación de la actora está regulada en materia prestacional por las normas de los empleados públicos del orden nacional, de modo que no es destinataria de la sanción moratoria extendida por disposición expresa del artículo 1º del Decreto 1582 de 1998, a los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, comoquiera que no reúne la condición de territorial y tampoco se encuentra afiliada a un fondo privado administrador de cesantías de aquellos creados por la Ley 50 de 1990, toda vez que la finalidad del legislador fue la creación del Fomag para atender las prestaciones sociales de los educadores del sector oficial, cuyos recursos provienen por disposición legal de la Nación.
En este orden de ideas, la Sala encuentra razonada la interpretación que realizó la autoridad judicial cuestionada, pues lejos de dar un alcance interpretativo errado a las normas que regulan el régimen de cesantías aplicable a los docentes, adoptó su decisión con sustento en la normativa aplicable al caso, a partir de la cual concluyó que la actora no reúne los presupuestos exigidos para ser beneficiaria de la prestación reclamada, debido a que no es un servidor público del nivel territorial afiliado a los fondos privados de cesantías.
Ahora, en cuanto al reproche consistente en que la tutelada prescindió dentro de su interpretación de lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 1252 de 2000, el cual reitera que el régimen prestacional en cuanto a las cesantías de los servidores públicos es el previsto en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 o 432 de 1998, es de anotar que quienes tienen acceso a la sanción moratoria reclamada son aquellos beneficiarios del régimen anualizado de liquidación de cesantías del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, tal como lo expuso la autoridad enjuiciada en la providencia bajo estudio.
De modo que, contrario a lo afirmado por la señora Alcalá Terán, el régimen aplicable para su caso es el previsto en la Ley 91 de 1989 dado que su vinculación se llevó a cabo con posterioridad al 1º de enero de 1990, como se explicó líneas atrás.
Adicionalmente, vale la pena traer a colación que esta Sala en casos similares al discutido, sostuvo que le asiste razón a la autoridad enjuiciada cuando señala que no es viable que los docentes, como la señora Alcalá Terán, perciban los beneficios de un régimen para que con posterioridad pretendan la aplicación de lo más favorable de otro sistema que no les aplica, de acuerdo con lo expuesto previamente.
Esto, en atención a que si bien el nombramiento fue expedido por el alcalde del municipio de Sabanalarga, lo cierto es que ello no les otorga per se el carácter de territorial, teniendo en cuenta que la Ley 91 de 1989, al agrupar a los docentes afiliados al Fomag, determinó que en esta categoría se encuentran aquellos nombrados por una entidad territorial a partir de 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975, el cual dispuso:
“En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni Distrito Especial, ni los municipios podrán con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional.”
Adicionalmente, esta Sección ha destacado que la Ley 43 de 1975 es aquella “por medio de la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria, que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los municipios, las intendencias y las comisarías…”, en ese orden, ha concluido que los docentes, como la aquí accionante, no pertenecen al personal docente territorial.
Bajo este contexto y, de conformidad con el artículo 1º del Decreto 1582 de 1998, se advierte que a la tutelante no le es aplicable la Ley 50 de 1990, toda vez que se hizo extensiva, únicamente, a los “servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados”, lo cual no corresponde a los supuestos fácticos del presente caso.
Deriva de lo dicho que el cargo no está llamado a prosperar, en la medida que los argumentos expuestos por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado en la providencia controvertida se encuentran debidamente justificados con las normas aplicables al asunto debatido, sin que ello ocasione la vulneración de los derechos invocados por la tutelante.
2.5.2. Desconocimiento del precedente
La parte actora en la solicitud de amparo afirmó que la autoridad censurada desconoció el precedente fijado en la sentencia SU-336 de 2017 por la Corte Constitucional, consistente en que los docentes oficiales deben ser considerados como empleados públicos, motivo por el cual es viable que se les reconozca el pago de la sanción moratoria contemplada en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, situación que es aplicable por analogía al caso en estudio.
A su vez, refirió que en la providencia objeto de reproche no se tuvo en cuenta la sentencia CE-SUJ-SII-012-2018-SUJ012-S2 del 18 de julio de 2018, por medio de la cual la Sección Segunda de esta Corporación unificó su criterio relacionado con la aplicación de las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 y, en consecuencia, la sanción por mora en el reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas de los servidores públicos.
Al respecto, el a quo encontró que la Sección Segunda - Subsección B de esta Corporación no desatendió el precedente contenido en la sentencia SU-336 de 2017, comoquiera que el análisis realizado no versó sobre la sanción prevista en el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, sino respecto a los docentes a quienes se les reconoció el pago de las cesantías parciales, las cuales fueron pagadas en un término superior a los 45 días hábiles establecidos en la Ley 1071 de 2006.
Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de la tutelante aseguró que a la controversia planteada se debía aplicar el precedente fijado por la Corte Constitucional en las sentencias SU-336 de 2017 y SU-098 de 2018, así como la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 18 de julio de 2018 pues, en su sentir, tales pronunciamientos han precisado que los docentes, si bien tienen un régimen especial, en éste no se consagra la sanción moratoria contenida en la Ley 50 de 1990, por lo que en atención a dicho vacío es pertinente acudir a las normas generales.
La posición que ha sostenido la Sala frente a este yerro corresponde al siguiente:
“…es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al juez que debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una similitud en sus presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la ratio decidendi constituye la regla… que obliga al operador jurídico a fallar en determinado sentido…”.
Adicionalmente, debe precisarse que esta Sección en reiterados pronunciamientos ha indicado que el concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del sentido de la decisión y su contenido específico, es decir, la ratio decidendi, la cual no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en donde se especifique una regla o subregla de derecho.
De otro lado, se ha destacado que el carácter vinculante de las reglas o subreglas de derecho creadas por las Altas Cortes, encuentra su fundamento en la jerarquía del juez, a sus funciones asignadas por la norma superior y a la garantía de los principios de igualdad y seguridad jurídica, así como, en la coherencia del ordenamiento jurídico.
De ahí que la parte que invoca el desconocimiento de un precedente jurisprudencial, debe cumplir con la carga mínima de i) identificar la decisión que considera desatendida, ii) la ratio de la misma aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior, y iii) la incidencia de esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia.
Entonces, se advierte que la parte actora cumplió con la carga argumentativa requerida para estudiar el cargo planteado, pues considera que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado no aplicó el criterio contenido en las sentencias SU-336 de 2017, SU-098 de 2018 y SUJ-012-S2 del 18 de julio de 2018.
Lo primero que resulta importante precisar, es que si bien en anteriores oportunidades esta Sección no abordó el análisis del reproche planteado frente a la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional, teniendo en cuenta que esta decisión fue alegada como desconocida con posterioridad a la presentación del escrito la tutela, lo cierto es que de manera excepcional en este proveído se analizará, comoquiera que al momento en que la parte actora presentó la acción de tutela –11 de septiembre de 2018– no se había proferido dicha providencia, por lo que no es dable que la hubiera referenciado cuando acudió a esta instancia constitucional.
A pesar de lo anterior, la Sala advierte que no le asiste razón a la parte actora tras considerar que la autoridad censurada desatendió el precedente fijado en la sentencia SU-098 de la Corte Constitucional, pues se observa que la misma se profirió el 17 de octubre de 2018, esto es, en una fecha posterior a la que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B dictó el fallo cuestionado –19 de julio de 2018–.
De modo que no es viable la aplicación de dicho pronunciamiento para solucionar la controversia que planteó la accionante, toda vez que no se encontraba vigente para la época en la cual la autoridad censurada adoptó la decisión objeto de reproche, máxime si se tiene en cuenta que el Tribunal Constitucional no moduló sus efectos en el tiempo para que se pueda emplear de manera retroactiva, por lo que sólo es aplicable a casos futuros en aras de garantizar el principio de seguridad jurídica.
Ahora bien, la tutelante considera que la autoridad censurada desconoció la sentencia SU-336 de 2017, mediante la cual la Corte Constitucional acumuló varias acciones de tutela presentadas por docentes del sector oficial afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, bajo los siguientes supuestos fácticos:
“1. Hechos
1.1. Los accionantes indican que trabajaron como docentes del Departamento del Tolima.
1.2. Solicitaron al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio el reconocimiento y pago de las cesantías parciales a que tenían derecho.
1.3. Dicha prestación fue reconocida por la entidad pero cancelada por fuera del término establecido en la Ley 1071 de 2006.
1.4. Con sustento en lo establecido en la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006, solicitaron el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la cancelación tardía de las cesantías ante el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, siendo negadas dichas solicitudes.
1.5. Presentaron demandas de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Ministerio de Educación Nacional, del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y del Municipio de Ibagué, con el fin de que se declarara la nulidad de las resoluciones que negaron el pago de la sanción moratoria y se cancelaran las sumas respectivas.
1.6. Los jueces administrativos que conocieron de tales asuntos en primera instancia negaron las pretensiones de la demanda, con sustento en que las normas bajo las cuales se solicitó el pago de la sanción moratoria no forman parte del régimen salarial y prestacional especial de los docentes; en otras palabras, porque la sanción moratoria establecida en la Ley 1071 de 2006 no se aplica para el caso de las cesantías de docentes por tener estos un régimen especial contenido en la Ley 91 de 1989.
1.7. Una vez presentados los recursos de apelación fueron resueltos por el Tribunal Administrativo del Tolima, que confirmó tales providencias al considerar que los docentes del Magisterio pertenecen a un régimen especial que no es reconocido a la luz de la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006…”. (Negrilla fuera del texto original)
De lo anterior, la Sala puede concluir que no le asiste razón a la parte actora cuando afirma que la autoridad censurada desconoció el precedente judicial comprendido en la referida providencia, en la medida que en dicha providencia la controversia que resolvió la Corte Constitucional giró en torno a los docentes que solicitaron el pago de las cesantías parciales, las cuales fueron concedidas en su momento, pero pagadas en un término superior a los 65 días hábiles establecidos en la Ley 1071 de 2006, por ello estableció que el régimen contenido en la Ley 244 de 1995 sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de las cesantías a los servidores públicos es aplicable a los docentes oficiales.
Como se observa, dicha situación difiere del presente caso comoquiera que no se está frente a una condición fáctica similar, debido a que la señora Alcalá Terán lo que pretendía en el medio de control era el reconocimiento de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de sus cesantías correspondientes a las anualidades de 2001, 2002 y 2003 dentro del plazo legal previsto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, esto es, a más tardar al 15 de febrero del año siguiente al que se causaron y liquidaron en el respectivo fondo prestacional.
Así las cosas, cabe precisar que en lo relacionado con el pago oportuno de las cesantías, se pueden presentar dos controversias jurídicamente diferenciables, a saber: i) la consignación dentro del plazo señalado en la Ley 50 de 1990 de dicha prestación en la anualidad siguiente a su causación, y ii) la cancelación tardía de la prestación una vez se ha solicitado de forma parcial o definitiva, bajos los parámetros previstos en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.
Sobre el particular, la Sala ha sostenido que en tales eventos el ordenamiento jurídico prevé una sanción por el pago tardío de las mismas, pero que se difieren en que tienen un origen y componente temporal distinto, en la medida que para que se configure la primera causal, el empleador debe incurrir en la omisión del giro de los respectivos rubros al fondo a más tardar al 15 de febrero de la anualidad siguientes al periodo liquidado, mientras que para la segunda, debe mediar la solicitud del interesado y corresponde a la sanción moratoria en favor del trabajador a quien le incumplen en los términos, cuantías y plazos previstos en la ley al momento de solicitar el retiro parcial o total de su auxilio de cesantías.
Es así, como ha indicado que los destinatarios de dichas normas varían dado que los docentes públicos son beneficiarios de un régimen especial distinto al contenido en la Ley 50 de 1990, que regula las relaciones de los trabajadores del sector privado, sin que ello configure per se una vulneración al derecho a la igualdad.
Lo anterior, por cuanto la existencia de los diferentes regímenes salariales y prestacionales de los servidores públicos se justifica en consideración a que “…no son equiparables y… responden a los requerimientos específicos del orden o entidad de que se traten, el grado de responsabilidad y calificación profesional requerida o, de las condiciones en que prestan sus servicios”.
Ahora bien, respecto al presunto desconocimiento de la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 18 de julio de 2018 en el expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01 (4961-2015), cabe señalar que si bien el a quo no emitió algún pronunciamiento frente a la misma, la parte actora reiteró en su impugnación que la tesis fijada en dicha providencia es aplicable para resolver la controversia que expuso en el medio de control.
No obstante, la Sala advierte que en el aludido pronunciamiento también se estudió lo relacionado con la naturaleza del empleo docente y la aplicación de la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006 a los docentes del sector oficial, que trata sobre el pago tardío de las cesantías parciales o definitivas, mas no de la consignación oportuna de tal prestación, de modo que tampoco existe identidad fáctica con el caso sub judice.
En este orden de ideas, se confirmará la sentencia proferida el 30 de mayo de 2019 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual denegó el amparo constitucional solicitado, toda vez que no se vislumbra la configuración de los yerros invocados por la actora que amerite la protección de sus derechos fundamentales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Niéganse las solicitudes de desvinculación propuestas por el Ministerio de Educación Nacional, el Tribunal Administrativo del Atlántico y el departamento del Atlántico, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: Confírmase la sentencia de 30 de mayo de 2019, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual denegó el amparo solicitado, conforme a lo expuesto en las consideraciones de este proveído.
TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrado
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Magistrada
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Magistrada (E)
Mediante escrito enviado por correo electrónico el 11 de septiembre de 2018 a la Secretaría General de esta Corporación.
En adelante, Fomag.
Folio 13.
“ARTÍCULO 99.- Reglamentado por el Decreto 1176 de 1991. El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características:
(…)
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo.”
“Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.”
“Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.”
M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, exp. 73001-23-33-000-2014-00580-01.
Folio 17.
Folios 18 a 27.
Folios 28 a 36.
Folios 38 a 40.
Folios 43 a 47.
Folios 50 a 52.
Folios 108 a 114.
Folios 125 a 128. Impugnación que fue presentada dentro del término establecido por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, teniendo en cuenta que el fallo de primera instancia se notificó a la parte actora el 21 de junio del presente año, de acuerdo con la constancia visible a folio 116.
Folio 143.
Folio 152.
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.”
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.”
Reglamento Interno del Consejo de Estado.
Sala Plena del Consejo de Estado. Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. M.P. María Elizabeth García González.
El recuento de esos criterios se encuentra de páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
Ibídem.
Entre otras, en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003, T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.
Corte Constitucional, sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Ver entre otras, Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Espinosa.
“Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones”.
“Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.”
“Por el cual se establecen normas sobre el régimen prestacional de los empleados públicos, los trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública.”
“Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.”
“Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones.
(…)
Artículo 10º.- En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco podrán decretar la construcción de nuevos plantele”.
“Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.
Al respecto ver, entre otras, las sentencias de 9 de mayo de 2019, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, rad. 11001-03-15-000-2018-03408-01; 19 de mayo de 2019, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-000-2018-03556-01; 22 de mayo de 2019, M.P. Alberto Yepes Barreiro, rad. 11001-03-15-000-2018-03407-01.
M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, exp. 73001-23-33-000-2014-00580-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 19 de febrero de 2015, M.P. Alberto Yepes Barreiro, rad. 2013-02690-01.
En este mismo sentido se pronunció la Sala en las sentencias de 9 de mayo de 2019, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, rad. 11001-03-15-000-2018-03408-01 y 19 de mayo de la misma anualidad, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-000-2018-03556-01.
Corte Constitucional, sentencia de 18 de mayo de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo, referencia: expedientes T-5.799.348, T-5.801.948, T-5.812.820, T-5.820.810, T-5.823.520, T-5.823.613, T-5.823.615, T-5.826.127, T-5.826.129, T-5.826.142, T-5.826.188, T-5.826.256, T-5.842.501 y T-5.845.180.
Al respecto ver, sentencias de 9 de mayo de 2019, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, rad. 11001-03-15-000-2018-03408-01 y 19 de mayo de la misma anualidad, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-000-2018-03556-01.
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