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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2018-03288-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
27 de mayo de 2019
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2018-03288-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE REVOCAR la sentencia impugnada, proferida por La Sección Cuarta del Consejo de Estado el 28 de febrero de 2019, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de Luz Marina Hernández De La Hoz. ORDENAR al despacho de la consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que, en el término de treinta (30) días contados a partir del recibo del expediente con radicado núm. 08001-23-33-000-2014-00837-01, profiera nueva decisión en reemplazo de la sentencia del 5 de julio de 2018, conforme a los parámetros establecidos en esta providencia. NOTIFICAR la decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito. ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2018-03288-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

27 de mayo de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN / RÉGIMEN ESPECIAL DE LOS DOCENTES OFICIALES - Carece de regulación legal en materia de sanción moratoria / RÉGIMEN DE CESANTÍAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE CESANTÍAS - Aplicable por analogía a los docentes oficiales / RECONOCIMIENTO Y PAGO DE SANCIÓN MORATORIA A DOCENTES OFICIALES - Procedente / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO

[L]a Sala, después de revisar la normativa atinente al régimen especial que la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación encontró aplicable a la accionante en materia de cesantías, no halla en ella norma alguna que establezca una sanción diferente de la pretendida por la accionante ante el comprobado incumplimiento de la obligación de consignar oportunamente sus cesantías, como tampoco percibe que de ser concedida esa pretensión se transgreda norma alguna de ese régimen especial. Vale decir, que no encuentra en el régimen especial norma alguna que excluya expresamente la aplicación de la norma del régimen general, pretendida por la accionante; ni hay en aquel una norma que establezca consecuencias diferentes o contrarias a las que, a manera de sanción moratoria prevé la normativa del régimen general. Por tanto, la Sala advierte que en este caso no se presenta antinomias legales que puedan y deban resolverse a través del principio de especialidad, ya que no se trata de elegir la aplicación de una u otra normativa, pues lo que sucede es que la norma especial carece de regulación respecto a una figura jurídica que sí está presente en la norma general, por tanto, lo que se evidencia es un vacío. Es decir, la normativa que regula el régimen especial de docentes no reguló la materia de la sanción moratoria ni sustrajo o excluyó está figura jurídica que sí está regulada en la norma general, en consecuencia, no se trata de normas excluyentes que exigen aplicar una u otra sino de disposiciones que se complementan (…) Para el caso, la Sala encuentra que los principios que han dado lugar al reconocimiento a los docentes de la sanción por mora en el pago de las cesantías parciales o definitivas en relación con la condición más beneficiosa y la efectividad del derecho a la seguridad social en condición de igualdad con los demás servidores públicos, resultan aplicables en este caso en el que los supuestos de hecho también son asimilables en el sentido que la regla derivada es que el régimen de los docentes es concurrente con el de los servidores públicos a quienes sí se les reconoce este tipo de prestaciones. Es decir, que en ambos casos se trata de una sanción derivada de la mora en el cumplimiento de la prestación del régimen de cesantías, para sujetos que comparten la calidad de servidores públicos y a quienes aplica, de manera subsidiaria la regulación general en relación con el régimen específico. En conclusión, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió en un defecto de violación directa a la Constitución en su providencia del 5 de julio de 2019, por no interpretar las normas aplicables al caso de acuerdo con los principios de favorabilidad laboral y de igualdad de forma sistemática con la Constitución y los pronunciamientos de la Corte Constitucional.

NOTA DE RELATORÍA: Con aclaración de voto del Consejero Guillermo Sánchez Luque, sin medio magnético a la fecha (01/08/2019).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-03288-01(AC)

Actor: LUZ MARINA HERNÁNDEZ DE LA HOZ

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por Luz Marina Hernández De La Hoz, contra la sentencia del 28 de febrero de 2019 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que negó el amparo del derecho fundamental al debido proceso de la actora.

ANTECEDENTES

Solicitud de tutela
Luz Marina Hernández De La Hoz, a través de apoderado judicial, presentó solicitud de amparo constitucional en contra de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con la pretensión de obtener la protección de sus derechos fundamentales “a la seguridad social, a la igualdad, a la seguridad jurídica y al debido proceso”, presuntamente vulnerados con la sentencia del 5 de julio de 2018, proferida por la autoridad accionada, que revocó la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico y negó las pretensiones de la actora sobre el pago de la sanción por mora en la consignación de sus cesantías.

Hechos probados en el proceso ordinario

2.1. Luz Marina Hernández De La Hoz, fue nombrada por el Alcalde Municipal de Sabanalarga como docente municipal el 28 de diciembre de 2000 y en el 2003 fue incorporada a la planta del Departamento del Atlántico.

2.2. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG-, el departamento del Atlántico y el municipio de Sabanalarga no consignaron las cesantías de la actora de los años 2001, 2002 y 2003 antes del 15 de febrero como lo prevé el régimen anualizado de la Ley 50 de 1990.

2.3. La actora presentó, el 6 de agosto de 2013, ante el municipio de Sabanalarga, y reiteró el 12 de agosto del mismo año ante el Ministerio de Educación, el departamento del Atlántico y el FOMAG, sendas solicitudes con la pretensión de obtener el pago de la sanción por mora en la consignación de sus cesantías durante el 2001, 2002 y 2003, con base en la Ley 344 de 1996, normativa que extendió a los servidores públicos esta sanción que aparece consagrada en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

2.3. El Secretario de Educación Departamental del Atlántico y el Alcalde Municipal de Sabanalarga negaron el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990. La asesora de la Secretaría General de Unidad de Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional remitió la petición a la Secretaría de Educación del Atlántico.

2.4. La actora presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el FOMAG, el municipio de Sabanalarga y el departamento del Atlántico con la pretensión de que se declarara la nulidad, tanto de los dos actos administrativos que dieron respuesta a sus derechos de petición, como del que remitió sin resolver de fondo, y que a modo de restablecimiento del derecho se ordenara el reconocimiento y pago de la sanción moratoria contenida en el artículo 99 la Ley 50 de 1990.

2.5. En sentencia del 17 de noviembre de 2015 el Tribunal Administrativo del Atlántico, declaró la nulidad parcial: (i) del oficio expedido por el Secretario de Educación departamental del Atlántico, en lo referente a la negación del reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías del año 2003; y (ii) del oficio expedido por el municipio de Sabanalarga, en lo referente a la negación del reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías de 2001 y 2002. Adicionalmente, declaró la nulidad total del acto ficto producido por el silencio administrativo negativo del FOMAG.

Como consecuencia de la mencionada declaración condenó al FOMAG, al municipio de Sabanalarga y al departamento del Atlántico al reconocimiento y pago de la sanción moratoria contenida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por la consignación extemporánea de las cesantías. El municipio y el departamento interpusieron recurso de apelación.

2.6. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resolvió el recurso de apelación elevado por el municipio de Sabanalarga y el departamento del Atlántico contra la decisión de primera instancia y, en sentencia del 5 de julio de 2018, la revocó.

Lo anterior, porque consideró que no había lugar al reconocimiento de la sanción por mora en la consignación de cesantías toda vez que la actora no cumplía con los presupuestos que establece el artículo 1 del Decreto 1582 de 1998 para que se le extienda el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Estos supuestos son: (i) que sea empleada del sector público del nivel territorial vinculada a partir del 31 de diciembre de 1996; y (ii) que esté afiliada a un fondo privado de cesantías.

La actora, concluye el fallo de segunda instancia, al ser una docente oficial vinculada en el año 2000, se rige por un régimen prestacional especial contenido en la Ley 91 de 1989, que establece en su artículo 15, que quienes se hubieren afiliado después del 1 de enero de 1990, como es su caso, se rigen por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos de orden nacional. En atención a esa misma ley las cesantías de los docentes oficiales se consignan en el FOMAG y no en un fondo privado.

3. Pretensiones de tutela

La actora interpuso escrito de solicitud de tutela el 12 de septiembre de 2018 en el que solicitó que se revocara el fallo de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado proferido el 5 de julio de 2018 y se le ordenara proferir una nueva decisión en la que declarara nulos los actos que le negaron el reconocimiento de la sanción moratoria y condenara al municipio de Sabanalarga, al departamento del Atlántico y al FOMAG a pagar la mencionada sanción por la mora en la consignación de las cesantías en los años 2001, 2002 y 2003.

Estas pretensiones fueron sustentadas por la tutelante como se relaciona a continuación.

4. Argumentos de la solicitud de tutela

La actora consideró que la decisión cuestionada vulneró sus derechos “a la seguridad social, a la igualdad, a la seguridad jurídica y al debido proceso” en razón de que: i) omitió pronunciarse sobre la aplicabilidad del Decreto 1252 de 2000 al caso concreto; ii) incurrió en un defecto sustantivo por no interpretar las normas aplicables con un enfoque constitucional y sistemático; e iii) incurrió en otro defecto sustantivo por haber desconocido precedentes del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional que han definido las reglas sobre la posibilidad de aplicar a los docentes oficiales, la sanción por mora en el pago de las cesantías parciales o definitivas, prevista en el régimen de los servidores públicos.

La actora esgrimió que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado no se pronunció sobre el argumento que ella presentó en el sentido de que se le reconociera la sanción moratoria en aplicación del artículo 1 del Decreto 1252 de 2000 que establece que los “empleados públicos, trabajadores oficiales y miembros de la fuerza pública que se vinculen al servicio del estado a partir de la vigencia del presente decreto tendrán derecho al pago de cesantías en los términos establecidos en las leyes 50 de 1990, 344 de 1996 o 432 de 1998, según el caso”, aun cuando en su entidad exista un régimen especial.

Por otra parte, la señora Hernández De La Hoz consideró que la referida autoridad no aplicó la Ley 344 de 1996 de acuerdo con los principios constitucionales toda vez que se limitó a hacer una interpretación restrictiva de la norma que no permitió que esta cobijara a los docentes oficiales debido a que estos tienen un régimen especial en materia prestacional.

La actora afirmó que esta posición es contraria a los principios de igualdad y favorabilidad basándose en la interpretación que les ha dado la Corte Constitucional en pronunciamientos similares como el de la sentencia SU-336 de 2017. Adujo que esta interpretación afín a los presupuestos constitucionales podía darse sin contrariar la ley, porque el Consejo de Estado ya estableció que los docentes oficiales son servidores públicos y porque la norma interpretada no trae ninguna exclusión expresa a los docentes. Para tal efecto, trajo como ejemplo de esa posible interpretación la sentencia T-008 de 2015 de la Corte Constitucional que reconoció la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías a un docente.

Adicionalmente, la actora alegó, que la referida Subsección desconoció las sentencias de unificación SU-336 de 2017 de la Corte Constitucional y la del 18 de julio de 2018 del Consejo de Estado en las que se permitió a los docentes el cobro de la sanción por mora en el pago de las cesantías parciales o definitivas solicitadas por el trabajador al fondo, pues a su juicio estas eran aplicables por analogía a su caso.

Esta postura la fundamentó en que, a juicio suyo, los propósitos de esa unificación, vale decir, la efectividad del derecho a la seguridad social, la unificación de la postura frente a la aplicabilidad de un régimen general cuando existe un régimen especial y la garantía de los principios de igualdad, favorabilidad y seguridad jurídica, deben guiar, también, la solución que la Justicia dé a este caso.

5. Intervenciones

La Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la acción por auto del 18 de septiembre de 2018. Notificadas las partes y los terceros interesados, recibió las siguientes respuestas.

5.1. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en su contestación reiteró los argumentos del fallo del 5 de julio de 2018, agregó que no existió una violación al principio de igualdad porque los supuestos fácticos a los que les aplica cada régimen eran diferentes y que tampoco se desconocieron precedentes vinculantes pues los precedentes alegados por la actora no obligaban al juez en este caso, toda vez que en ellos se decidía sobre otra sanción.

Finalmente, concluyó que conceder esa sanción a los docentes habría atentado contra la inescindibilidad de las normas que les son aplicables y habría creado una tercera regla entre el régimen especial y el régimen general. De haber seguido tal criterio, consideró, habría desconocido la existencia de regímenes que son diferentes en atención a que los trabajadores de uno y del otro no son equiparables y responden a requerimientos especiales. Por lo tanto, consideró que no se configuraron los presupuestos para que fuera aplicable el principio de favorabilidad y que en la tutela se trajeron los mismos puntos que ya fueron decididos por el juez natural buscando que la tutela fungiera como una tercera instancia.

5.2. La Fiduprevisora adujo que la acción de tutela se estaba utilizando para invalidar los mecanismos ordinarios anteriores y que carecía de la suficiente argumentación de las causales de procedibilidad. Solicitó que: i) se declarara improcedente la acción de amparo toda vez que, las autoridades habían actuado conforme a la normativa establecida y no habían desconocido el precedente judicial vinculante; y ii) se le desvinculara del proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva.

5.3. El Ministerio de Educación en su contestación realizó un recuento jurisprudencial de la evolución de los requisitos de procedibilidad de las tutelas contra providencias judiciales y solicitó que se negaran las pretensiones y se declarara improcedente la acción por no cumplir los mencionados requisitos.

5.4. El Departamento del Atlántico solicitó que se declarara improcedente el amparo por falta de legitimación por pasiva, toda vez que se le había vinculado a la acción sin que fuera el agente vulnerador de los derechos fundamentales en el caso concreto. Recordó que es deber del juez de tutela ajustar la demanda cuando quien la interpone se haya equivocado de accionado.

5.5. Luz Marina Hernández De La Hoz remitió un comunicado en el que adjuntó la sentencia de unificación SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional que resolvió sobre el reconocimiento y pago de la sanción por mora en la consignación de las cesantías, para docentes. La actora consideró que la reciente jurisprudencia podía ayudar a definir su caso.

6. Fallo de Primera Instancia

La Sección Cuarta del Consejo de Estado decidió, el 28 de febrero de 2019, negar el amparo al derecho fundamental al debido proceso de Luz Marina Hernández De La Hoz por considerar que no se configuraron los defectos sustantivos por el desconocimiento de la norma aplicable, ni del precedente judicial aplicable.

La referida autoridad consideró que la providencia demandada no incurrió en un defecto sustantivo por el desconocimiento del artículo 1 del Decreto 1582 de 1998 que reglamentó la Ley 344 de 1996, pues coincidió con la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al reparar en que la accionante no cumplía los presupuestos de la mencionada norma (ser empleado territorial afiliado a un fondo privado) para la procedencia de la extensión del régimen de liquidación y pago de cesantías contenidos en los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990, fuente formal de la pretendida sanción moratoria.

También consideró que no existió desconocimiento del precedente judicial pues los precedentes que se alegaron como desconocidos (sentencia SU – 336 de 2017 de la Corte Constitucional y sentencia del 18 de julio de 2018 del Consejo de Estado), no tienen identidad fáctica con el caso bajo estudio, toda vez que, estos definieron sobre la sanción moratoria contenida en el artículo 2 de la Ley 244 de 1995 que es distinta en cuanto hace referencia a la sanción por mora en el pago de las cesantías parciales o definitivas por parte del fondo cuando el trabajador las ha solicitado y no a la sanción por mora en la consignación de las cesantías anuales por parte del empleador.

Por último, aunque reconoció que la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional encontró que la sanción moratoria por retardo en la consignación de las cesantías, contenida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, es aplicable a los docentes oficiales en virtud del principio de favorabilidad; la Sección Cuarta del Consejo de Estado consideró que la misma Corte ya había fijado el criterio respecto al régimen especial de los docentes en materia de cesantías, en el sentido de señalar que la existencia de este y su entendimiento como un todo inescindible no lesionaba el derecho a la igualdad. A juicio de la Sección Cuarta, con esta sentencia, que decidió sobre el porcentaje de los intereses de las cesantías, se creó una regla de derecho en virtud de la cual, resulta forzosa la aplicación exclusiva del régimen especial.

7. Impugnación

Luz Marina Hernández De La Hoz impugnó la sentencia de primera instancia por medio de escrito del 29 de marzo de 2019 en el que solicitó que se revocara el fallo constitucional del 28 de febrero de 2019. Para tal efecto, reiteró los argumentos del escrito de tutela y afirmó que el juez de tutela tampoco se pronunció sobre el Decreto 1252 de 2000 e ignoró, al igual que el ad quem del proceso ordinario, la interpretación favorable que de este se desprende.

Luego de ello, la actora consideró que una forma correcta de interpretación de la normativa aplicable a la situación fáctica del caso sub-lite debe partir del reconocimiento de la existencia de un vacío sobre el tema de la sanción por mora en la consignación de las cesantías en el régimen especial por lo cual podía remitirse al régimen general para conocer que se hacía en tal situación. Bajo esa línea hermenéutica, concluyó, que las normas de los dos regímenes no son excluyentes y que, por el contrario, están llamadas a la complementariedad.

Por otra parte, respecto al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial la actora afirmó que la sentencia del 18 de julio de 2018 del Consejo de Estado sí es vinculante en el punto que define a los docentes como servidores públicos y adicionó como precedente vinculante para la configuración de este defecto la sentencia de unificación de la Corte Constitucional SU-098 de 2018.

En síntesis, la actora concluyó que tenía derecho al pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de sus cesantías de 2001, 2002 y 2003, toda vez que: i) la norma especial no regulaba el asunto y la general sí; ii) la norma especial no excluyó expresamente la sanción moratoria; y iii) se violó directamente la Constitución al no elegirse la interpretación que era más favorable para los docentes y que respeta el derecho a la igualdad.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Subsección competente para decidir la presente acción de tutela en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en el Decreto 1983 de 2017 que modificó el Decreto 1069 de 2015 y en el Acuerdo 80 de 2019, por medio del cual se expidió el reglamento interno del Consejo de Estado.

2. Problema Jurídico

En consideración a esa competencia, la Sala, en caso de que superen los requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, se pronunciará sobre los fundamentos de la acción de amparo contra la sentencia de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y lo hará con estricta sujeción a la doctrina constitucional sobre la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Para el efecto, dará solución al siguiente problema jurídico:

¿La decisión de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 5 de julio de 2018, vulneró los derechos fundamentales de la accionante al no haber reconocido y ordenado el pago de la sanción por mora en la consignación de sus cesantías de los años 2001, 2002 y 2003, cuando estas se consignaron por fuera del término estipulado en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990?

3. La acción de tutela contra decisiones judiciales

La acción de tutela dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, se tramita por un procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de un particular en los casos que establece la ley.

En relación con la acción de tutela contra providencias judiciales, la postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ha sido admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad (exigencias generales) y cualquiera de las causales específicas de procedencia (defectos).

La posición actual ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional, entre otras providencias, empezando por la tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993 y su redefinición en la T-949 de 2003, hasta llegar a su sistematización en la sentencia C-590 de 2005 en la cual se modifica la concepción de vía de hecho, a la de vulneración del derecho al debido proceso por la presencia de defectos especiales, previo cumplimiento de unos requisitos generales de procedibilidad.

Por su parte, el Consejo de Estado en sentencia de unificación por importancia jurídica, del 5 de agosto de 2014, concluyó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional.

Requisitos generales:

El examen de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales emana de los requisitos que se derivan de la configuración prevista en el artículo 86 de la Constitución, del Decreto 2591 de 1991, y de la concreción que, por la vía interpretativa ha hecho la jurisprudencia constitucional.

Así las cosas, antes que todo es necesario verificar la legitimación en la causa como una exigencia preliminar en cualquier acción de amparo, para, posteriormente, pasar a constatar los demás requisitos generales de procedibilidad, en los siguientes términos: (i) que la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional; (ii) que previo a la solicitud de tutela se hayan agotado todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) que se cumpla con el principio de inmediatez; (iv) que en caso de que se alegue una irregularidad procesal, la misma tenga la entidad de afectar la decisión; (v) que en la solicitud de tutela se expresen de manera clara los hechos y los fundamentos de la afectación de derechos que se imputa a la decisión judicial; y de manera general, (vi) no procede elevar una solicitud de amparo contra decisiones proferidas dentro de procesos de tutela.

Cuando no se cumpla con alguno de esos presupuestos, la acción de tutela deviene improcedente. En caso contrario, de acreditarse todos los requisitos generales, corresponde verificar si la providencia objeto de reproche incurrió en alguna de las causales específicas o defectos que se describen a continuación:

Causales específicas:

Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber:

a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el cual se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.

Corresponde, entonces, pasar a verificar si en el presente asunto la solicitud de tutela cumple con todos los requisitos generales de procedibilidad. Luego, de ser el caso, la Sala pasará a examinar si la providencia acusada adolece de tres defectos sustantivos por: i) omitir analizar una norma aplicable para el caso; ii) aplicar el marco normativo sin interpretarlo a la luz de los principios de favorabilidad e igualdad; y iii) desconocer el precedente del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional.

4. Verificación de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto

4.1. La Sala encuentra que hay legitimación en la causa tanto por activa como por pasiva.

Por activa, porque la actora de este trámite, lo fue también en el proceso ordinario objeto de esta acción de amparo y, por tanto, es quien sufre directamente los posibles perjuicios derivados de la decisión de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado de no reconocer ni ordenar el pago de la sanción por mora en la consignación de sus cesantías.

Por pasiva, está legitimada la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado porque es la autoridad que profirió la providencia objeto de esta acción de amparo, es decir la autora de los actos que presuntamente vulneraron los derechos fundamentales de Luz Marina Hernández De La Hoz.

4.2. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, en el caso de acciones de tutela contra providencias judiciales el requisito de relevancia constitucional se entiende cumplido, en general, cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no a asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que corresponde definir exclusivamente a otras jurisdicciones. Por lo que, en el caso de acciones de tutela contra providencias judiciales, se verifica cuando, a primera vista, se observa que el reproche de tutela está dirigido contra una posible afectación o vulneración de las garantías constitucionales relacionadas con el núcleo de los derechos fundamentales y, en especial, el derecho al debido proceso constitucional.

La Sala considera que la cuestión que se discute tiene relevancia constitucional, toda vez que la omisión de una disposición aplicable, el eventual desconocimiento de la interpretación del marco normativo de acuerdo con los principios de favorabilidad e igualdad y del precedente vinculante para el caso, llevarían a que se fallara sobre la sanción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías, sin el sustento normativo y jurisprudencial aplicable y en contravía de la Constitución Política.

4.3. Sobre el requisito de subsidiariedad, la Sala encuentra que se satisface dado que, la accionante considera que la causa de la vulneración de derechos que ella protesta, reside en el fallo de segunda instancia del proceso ordinario, y en tales circunstancias, ella no cuenta con un mecanismo de defensa judicial por medio del cual pueda controvertir la decisión proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que modificó la sentencia de primera instancia negando el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el retraso del empleador en consignar las cesantías de la actora.

4.4. En el sub lite se encuentra superado el requisito de inmediatez, toda vez que la decisión de segunda instancia cuestionada se adoptó el 5 de julio de 2018 y la acción constitucional se radicó el 12 de septiembre de 2018, es decir, dentro del término razonable que la jurisprudencia constitucional ha previsto y que esta Corporación fijó en 6 meses, de forma general.

4.5. No se argumentó la existencia de alguna irregularidad procesal como sustento de la solicitud de amparo.

4.6. Se acreditó el requisito de que en la solicitud de tutela se hayan expresado de manera clara y suficiente los hechos y los fundamentos de la afectación de derechos en el sentido que, la actora esgrimió que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado habría incurrido en varios defectos sustantivos en la sentencia del 5 de julio de 2018 al negar el derecho a que le reconocieran y pagaran la sanción moratoria por retardo en la consignación de sus cesantías de 2001, 2002 y 2003 en razón de ser docente oficial y tener un régimen prestacional distinto.

4.7. La providencia cuestionada en la presente acción de tutela no es una sentencia de tutela.

Superados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, se habilita el estudio de los defectos referidos previamente.

5. Solución al problema jurídico

En el caso concreto, el problema jurídico gira en torno a una discusión sobre si es posible aplicar a la actora, en su calidad de docente oficial escolar, la sanción por mora en la consignación de las cesantías, contenida en el régimen general de los servidores públicos. Para resolver esta controversia, es necesario hacer un paralelo del marco legal y jurisprudencial del régimen de cesantías aplicable a los docentes y a los servidores públicos, centrado principalmente en el reconocimiento y pago de la mencionada sanción.

5.1. Marco legal y jurisprudencial del régimen de cesantías de los servidores públicos y de los docentes oficiales

El caso que se estudia en este trámite de tutela es el de una docente que reclama el reconocimiento y pago de la sanción por mora en la consignación de sus cesantías. Debido a que el régimen especial docente no contiene norma alguna que se refiera a la sanción moratoria previamente mencionada, es pertinente estudiar lo que sobre esta ha previsto el régimen general de los servidores públicos, toda vez que los docentes oficiales también son servidores públicos.

En particular, esta revisión legal y reglamentaria se predica del reconocimiento, en favor de los servidores públicos, de la sanción moratoria al sujeto empleador por la tardanza en la consignación anual de las cesantías en relación con los trabajadores vinculados, y que, valga la aclaración, se diferencia de la sanción por mora en el pago de las cesantías parciales o definitivas solicitadas por el trabajador.

El análisis parte de la Ley 344 de 1996 que, en su artículo 13, estableció que todas las personas que se vinculen a los órganos y entidades del Estado a partir el 31 de diciembre de 1996 tendrán un régimen de cesantías anualizado, y aclara que esto aplica “[s]in perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989”. El régimen anualizado de cesantías referido aparece consagrado en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y tiene las siguientes características:

“1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.

3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de Salario por cada día de retardo”. (Resaltado fuera del texto original).

De esta forma, todas las personas que se vinculen a los órganos y entidades del Estado a partir el 31 de diciembre de 1996 tendrán derecho a la sanción por mora en la consignación de sus cesantías prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, cuando estas se les consignen por fuera del término legal establecido.

Posteriormente, el ya mencionado artículo 13 de la Ley 344 de 1996 que estableció el régimen de cesantías anualizado para las personas que trabajan con el Estado, fue reglamentado por el Decreto 1582 de 1998 en relación con los servidores públicos de nivel territorial. Este decreto determinó que a los servidores públicos de nivel territorial que se afilien a fondos privados les aplica el régimen previsto en la Ley 50 de 1990, mientras que a los que se afilien al Fondo Nacional del Ahorro les aplica el régimen de la Ley 432 de 1998 que establece que las cesantías deben ser consignadas por la entidad en el curso del mes de febrero so pena de incurrir en una falta disciplinaria y que no les aplica el término para la consignación establecido en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Esta ley, 432 de 1998, excluyó expresamente a las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y a los afiliados al FOMAG.

En este sentido, las disposiciones referidas establecen que en lo que se refiere a la sanción por mora en la consignación, tienen derecho los servidores públicos en general, y los territoriales con excepción de los servidores del orden territorial afiliados al Fondo Nacional del Ahorro.

Lo anterior fue reafirmado y concretado en el Decreto 1252 de 2000 en su artículo 1, al establecer que “los empleados públicos, los trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública, que se vinculen al servicio del Estado a partir de la vigencia del presente decreto, tendrán derecho al pago de cesantías en los términos establecidos en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 o 432 de 1998, según el caso”. Este artículo también dispuso que el régimen anualizado contenido en estas leyes es aplicable aun cuando en la entidad u organismo en que trabaje el servidor público exista un régimen especial para cesantías al tiempo que, en el parágrafo, estableció que los fondos que estén pagando las cesantías a los servidores seguirán haciéndolo. Así pues, no queda duda de que a los empleados públicos se les puede aplicar el régimen anualizado de cesantías que contiene la sanción moratoria por retardo en la consignación.

En conclusión, de acuerdo con el marco normativo que acaba de exponerse se deduce que todos los servidores públicos de orden nacional tienen derecho a la sanción por mora en la consignación de las cesantías y que, en el orden territorial, tienen ese derecho quienes están afiliados a un fondo privado.

Ahora bien, procede esta Sala, dentro de ese marco general del régimen de los servidores públicos, a exponer la situación de los docentes oficiales —calidad que ostenta la accionante de tutela—, en la medida que, como se anticipó, no tienen una regulación específica en lo que respecta a la sanción por mora en la consignación.

El régimen prestacional aplicable a los docentes oficiales está contenido en la Ley 91 de 1989. Su artículo 15 estableció el derecho a las cesantías en favor de los docentes y estableció una distinción entre el régimen que se aplicaría a quienes se hubieran vinculado antes de 1990 y quienes lo hubieran hecho después, como es el caso de la actora quien se vinculó en el año 2000. Por ello, la Sala centra su atención en tal supuesto.

Fue así como el artículo 15 de la referida ley determinó que los docentes nacionales y los que se vincularon a partir del 1 de enero de 1990 se rigen por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional para efectos prestacionales. Sin embargo, no hizo alusión a la figura de la sanción por mora en la consignación de las cesantías al fondo.

Por tanto, salvo en el caso de los docentes de universidades estatales y oficiales, respecto de quienes se hizo remisión expresa a la Ley 50 de 1990, que contiene la sanción por mora en la consignación de las cesantías, no hay una norma especial para el caso de docentes escolares, como es el caso de la actora.

La Jurisprudencia, tanto de la Corte Constitucional, como del Consejo de Estado, se ha ocupado del entendimiento de tan particular situación, y lo ha hecho a partir del reconocimiento de la existencia de dos tipos de sanciones moratorias. Veamos:

Por una parte, i) la sanción por mora en la consignación de cesantías anuales, contenida en la Ley 50 de 1990 extendida a los servidores públicos por medio de la Ley 344 de 1996, que se aplica cuando el empleador consigna las cesantías anuales después del término legal. Por la otra, ii) la sanción por mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales, consagrada en la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006, que tiene lugar en el tardío pago de las cesantías definitivas o parciales; estas son solicitadas por el trabajador y es el fondo el responsable de su pago.

La solicitud de amparo en el presente caso se refiere a la sanción por mora en la consignación de las cesantías anuales. Sin embargo, la Sala estudiará las dos hipótesis en atención a que la actora solicitó que se le aplicara por analogía la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional que decide sobre la sanción por mora en el pago de las cesantías parciales o definitivas.

Con anterioridad al 5 de julio de 2018, fecha en que se profirió la sentencia demandada en este trámite de tutela, las decisiones judiciales sobre la sanción por mora en la consignación de cesantías tenían como referentes, a algunos pronunciamientos de la Sección Segunda del Consejo de Estado y a una sentencia de tutela de la Corte Constitucional.

En lo que respecta a la Corte Constitucional, se contaba con la sentencia T-008 de 2015, que concedió la sanción por mora en la consignación al FOMAG, de las cesantías de un docente. Esta sentencia indicó que la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1582 de 1998 hicieron aplicable a los trabajadores de entidades y organismos del Estado el régimen previsto en la Ley 50 de 1990 que contiene la sanción por mora en la consignación de las cesantías. A juicio de la Corte, en cuanto el docente es un empleado público, a él le resulta aplicable el referido régimen.

A contrapelo de ese entendimiento, en los fallos del Consejo de Estado se venía negando la posibilidad de que se pagara la sanción por mora en la consignación de las cesantías, habida consideración de que los destinatarios del régimen anualizado eran los servidores públicos de orden territorial. Esta postura estaba fundamentada en que el artículo 1 del Decreto 1582 de 1998 que reglamentó la Ley 344 de 1996 solo extendió la sanción por mora en la consignación de las cesantías a los empleados del orden territorial que estuvieran afiliados a un fondo privado de cesantías.

Como puede apreciarse, la postura de la Corte Constitucional estaba dirigida a conceder la sanción por mora en la consignación de las cesantías a los docentes en consideración a su condición de servidores públicos, mientras que la posición del Consejo de Estado era negarla por cuanto entendía que esta solo aplica para empleados públicos de orden territorial afilados a fondos privados de cesantías, requisitos que ningún docente vinculado con posterioridad al 1 de enero de 1990 podría acreditar.

Ahora, con posterioridad a la fecha en que se profirió la sentencia objeto de tutela, el criterio de la Corte Constitucional antes expuesto ha tenido un desarrollo mucho mayor. Así se puede constatar en la sentencia de unificación por medio de la cual decidió sobre la posibilidad de que los docentes oficiales se beneficien de la sanción por mora en la consignación de las cesantías. Esa sentencia es la SU-098 de 2018 que estableció que existió una violación directa a la Constitución en los casos en que se negó el reconocimiento y pago de la sanción por retardo en la consignación contenida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales.

En ese sentido la Corte Constitucional consideró que elegir la interpretación restrictiva de la sanción moratoria resultaba contrario a los principios de favorabilidad e igualdad consagrados en la Constitución, pues basándose en el artículo 1 del Decreto 1252 de 2000 se debió entender que la sanción era aplicable a los docentes por ser servidores públicos aun cuando tengan un régimen especial. Aunado a esto, arguyó que no existe incompatibilidad alguna entre el régimen especial y el régimen general sobre este punto, toda vez que en el régimen especial existe un vacío sobre la materia.

En el mismo sentido, se ha venido desarrollando la jurisprudencia en torno al reconocimiento de la sanción por mora en el pago de las cesantías, tema que ya fue unificado por los dos órganos de cierre y que la actora solicitó se le aplique como precedente para su caso, por analogía.

Sobre este punto desde el año 2017 la Corte Constitucional unificó el criterio en la sentencia SU-336 en el sentido de entender que los docentes pueden reclamar la sanción moratoria de la Ley 244 de 1995 en razón de que su régimen es muy similar al de los servidores públicos, por lo que podrían aplicar esta disposición del régimen general que era la condición más beneficiosa y que materializaba los principios, valores, derechos y mandatos constitucionales, particularmente, la efectividad del derecho a la seguridad social en condición de igualdad con los demás servidores públicos y el principio de favorabilidad, toda vez que el régimen especial docente no reguló dicho supuesto.

En el mismo sentido, el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 18 de julio de 2018 determinó que los docentes oficiales son servidores públicos y que por ende se les puede aplicar la Ley 1071 de 2006 que prevé la sanción por mora en el pago de las cesantías parciales o definitivas.

De forma que, a diferencia de la sanción por mora en la consignación de las cesantías anuales, ya no hay discusión sobre la posibilidad de los docentes de beneficiarse de la sanción por mora en el pago de las cesantías parciales o definitivas, toda vez que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado unificaron su jurisprudencia estableciendo que esta penalidad consagrada en la Ley 244 de 1995 sí aplica a los docentes oficiales.

En conclusión, y para el caso concreto, no existe ninguna regla específica que se refiera al régimen de la sanción por mora en la consignación de las cesantías de los docentes oficiales, lo que ha llevado a que jurisprudencialmente se valore, según el caso, la aplicación del régimen general de empleados públicos contenido en la Ley 344 de 1996 y los Decretos 1582 de 1998 y 1252 de 2000.

Resolución del caso en concreto

En el caso sub examine la actora alega la existencia de tres defectos sustantivos presentes en la providencia proferida por el ad quem dentro del proceso ordinario: i) haber omitido una de las normas aplicables al caso; ii) no haber interpretado las normas aplicables al caso con un enfoque constitucional y sistemático, en el que se priorice la protección de los derechos fundamentales; y iii) haber desconocido el precedente jurisprudencial.

En relación con el segundo cargo, si bien la actora lo formuló inicialmente como un defecto sustantivo, la Sala encuentra, en atención a la forma como expuso sus argumentos para sustento del recurso de impugnación contra la sentencia de primera instancia, que la protesta reside en una posible vulneración de los principios constitucionales de favorabilidad e igualdad contenidos en los artículos 53 y 13 de la Carta Suprema, a la manera de un defecto por violación directa a la Constitución.

En esa dirección, la actora trajo a cita algunos pronunciamientos de la Sección Segunda del Consejo de Estado con el propósito de valerse de ellos para definir el alcance de los principios de favorabilidad e igualdad y de mostrar cómo, la decisión objeto de su glosa los deja de lado en forma que incide, por demás, en la vulneración del derecho fundamental al debido proceso.

Para recopilar, entonces, la Sala resolverá el asunto a partir del análisis del (i) defecto sustantivo por la omisión de la normatividad que establece el reconocimiento de la sanción por mora en la consignación de las cesantías; (ii) defecto por violación directa a la Constitución por desconocer los principios de igualdad y favorabilidad en la interpretación de las reglas que aplican en el régimen de docentes; y (iii) desconocimiento del precedente constitucional por no aplicar la jurisprudencia que ha reconocido prestaciones similares.

Defecto sustantivo por omisión de una norma aplicable

La actora alegó una violación del debido proceso en razón de que en el fallo demandado en este trámite de tutela, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado no tuvo en cuenta los argumentos que ella llevó al proceso ordinario con el fin de reclamar la aplicación al caso del Decreto 1252 de 2000 que estableció que los servidores públicos, trabajadores oficiales y miembros de la fuerza pública tendrían derecho al pago de sus cesantías en los términos de la Ley 50 de 1990, 344 de 1996 o 432 de 1998 según corresponda. A juicio de la actora, según expuso en el escrito de sustentación de la impugnación objeto de estudio, la referida Subsección incurrió, por ello, en defecto sustantivo por omisión de la debida consideración de una de las normas aplicables al caso.

Para resolver el asunto planteado por la accionante, la Subsección se ha remitido a la ratio de la decisión que la accionante ha señalado como lesiva de sus derechos fundamentales, y encuentra que ella reside en el siguiente aserto:

“ (…) pese a acreditarse que el decreto de nombramiento de la actora fue expedido por el alcalde (E) del municipio de Sabanalarga, ello no le otorga el carácter de territorial, pues en materia prestacional el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 previó respecto de los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1990, la aplicación de las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, tal como lo consideró el a quo, lo cual no conllevaba a que el tribunal de instancia concluyera que a la demandante le es dable el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, pues como se expuso, dicha penalidad solo fue extendida a los servidores públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 y afiliados a fondos privados de cesantías”.

Tal consideración, a juicio de esta Sala, se explica en la medida en que las circunstancias del caso muestran que la accionante era una docente del nivel territorial vinculada al servicio con posterioridad al 1° de enero de 1990 que no estaba afiliada a un fondo privado de cesantías.

Para la actora, la antedicha explicación no toma en consideración el tenor literal del epígrafe preliminar del Decreto que tiene por objeto expreso y explícito delimitar la materia objeto de desarrollo y alude al establecimiento de normas sobre el régimen prestacional de los empleados públicos, los trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública, sobre todo, si se la mira en contraste con el tenor literal del artículo 1º del Decreto 1252 de 2000, que es el siguiente:

“Los empleados públicos, los trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública, que se vinculen al servicio del Estado a partir de la vigencia del presente decreto, tendrán derecho al pago de cesantías en los términos establecidos en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 o 432 de 1998, según el caso. Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará aun en el evento en que en la entidad u organismo a los cuales ingrese el servidor público, exista un régimen especial que regule las cesantías. Parágrafo. Los fondos o entidades públicas, incluida la Caja Promotora de Vivienda Militar que administran y pagan las cesantías de los servidores a que se refiere este artículo, seguirán haciéndolo” (Resaltado fuera de texto original).

Pues bien, la Sala observa que una interpretación literal del artículo 1 del decreto en estudio con exclusiva atención en el universo de sus destinatarios no permitiría inferir la existencia de motivo suficiente para negar el reconocimiento de la sanción moratoria, pues lo cierto es que el asunto admite, desde una perspectiva puramente legal, y dentro de un plexo normativo más amplio que el contemplado por la solicitante de amparo, diversas interpretaciones que, antes de ser escaladas a un contexto constitucional, se revelan razonables. Al punto, la Sala estima que para llegar a la decisión denegatoria, resultó determinante el que la accionante, al exponer los fundamentos de sus pretensiones ante el juez ordinario, se hubiera remitido a la Ley 50 de 1990, puesto que la jurisprudencia contencioso administrativa ha establecido, de antaño, una clara diferencia entre consignación de las cesantías dentro del plazo que señala la ley para cancelar dicha prestación en la anualidad siguiente a la que se causa en los términos de la Ley 50 de 1990; y la cancelación tardía de la prestación una vez se solicita de forma parcial o definitiva, de conformidad con lo expuesto en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006. Lo anterior, habida cuenta de que los artículos 98 y 99 de la Ley 50 de 1990 precisaron los caracteres de un régimen especial de cesantías, y la penalidad que pretende la aquí accionante, le sea impuesta a su demandada con fundamento en este régimen especial, solo fue extendida a los servidores públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que estuvieren afiliados a fondos privados de cesantías.

Luego, la Subsección B, con base en un plexo normativo infraconstitucional que contemplaba otras normas diferentes al Decreto 1252 de 2000, podía inferir, como lo hizo, que la accionante no era beneficiaria de las consecuencias favorables de la sanción moratoria, puesto que no acreditó que su situación encajara dentro de los supuestos definidos por ese plexo normativo.

Y en consecuencia, esta Subsección, fiel al lineamiento que ha observado hasta este momento, de no invadir el espacio de autonomía que al juez ordinario confiere el ordenamiento jurídico para interpretar razonablemente las disposiciones legales aplicables al caso, no encuentra que la no derivación de consecuencias, de una interpretación literal del artículo 1 del Decreto 1252 de 2000 comporte un defecto sustantivo como el señalado por la actora.

Defecto por violación directa a la Constitución

Ahora bien, la Sala estima que hay una relación insoslayable entre el cargo precedente y este, puesto que, aquel remitía al Juez Constitucional a un análisis del Decreto 1252 de 2000 en perspectiva puramente legal y exegética, al tanto que, en este segundo, reclama su interpretación conforme a normas constitucionales.

Por ello, la conclusión que se impuso respecto del primer cargo, no obsta para que la Sala avance hacia el estudio del defecto sustantivo que se enrostra a la providencia de la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación por no haber interpretado las normas aplicables al caso con un enfoque constitucional y sistemático, en el que se reconozca una debida prioridad a la protección de los derechos fundamentales, toda vez que la alegación de la accionante se presenta como un complemento argumentativo en la deficiente aplicación normativa por parte del órgano judicial accionado a la luz de los lineamientos constitucionales.

En efecto, la actora consideró que el juzgador de segunda instancia dentro del proceso ordinario incurrió en una violación directa de la Constitución por desconocer los principios de favorabilidad y de igualdad, consagrados en los artículos 53 y 13 de la Carta Suprema. Argumentó que sus derechos al debido proceso y a la seguridad social se vieron afectados por la elección de la interpretación menos favorable al trabajador, en este caso a la docente, de la Ley 344 de 1996, que extendió el régimen anualizado de cesantías a los servidores públicos.

Considera la accionante que respecto de las prestaciones a las que son beneficiarios los docentes, hay dos interpretaciones: una, que mueve a concluir que, a los docentes, en su calidad de servidores públicos, les aplica el régimen general en los aspectos que no contrarían su régimen especial; y otra, según la cual, los docentes, por tener su propio régimen, solamente son beneficiarios de prestaciones expresamente reconocidas en ese régimen, de modo que no les son aplicables las normas y beneficios previstos en el régimen general. Recrimina, entonces, la solicitante de amparo que, para su caso, la autoridad accionada en tutela haya escogido la interpretación más restrictiva, al impedir que a los docentes oficiales se les aplicara normatividad diferente a su régimen especial, no obstante que reconoció su condición de empleados públicos incluidos en el sistema nacional de prestaciones.

La autoridad demandada, al contestar a la demanda de tutela alegó que no acogió la interpretación más favorable porque con ella, por un lado, habría vulnerado la inescindibilidad como presupuesto básico de la favorabilidad, y por el otro, generaría la creación de un tercer régimen con fragmentos del general y del especial.

Como puede apreciarse en las anteriores referencias, la causa matriz del conflicto reside en el alcance que ha de dar el operador jurídico al artículo 53 de la Constitución Política, en cuanto fija los principios que ha de seguir el legislador, al expedir el estatuto del trabajo, como lineamientos mínimos de la relación laboral, y en especial, en cuanto atañe al principio que obliga a privilegiar la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, sin perjuicio de la inescindibilidad del régimen aplicable al sujeto beneficiario de la interpretación más favorable.

Así, esta Sala ha de tener en cuenta, porque a ello ha aludido la entidad accionada, que, siempre que se defina un régimen jurídico aplicable en atención al principio de favorabilidad,

“[…] el texto legal así escogido debe emplearse respetando el principio de inescindibilidad o conglobamento, es decir, aplicarse de manera íntegra en su relación con la totalidad del cuerpo normativo al que pertenece, sin que sea admisible escisiones o fragmentaciones tomando lo más favorable de las disposiciones en conflicto, o utilizando disposiciones jurídicas contenidas en un régimen normativo distinto al elegido” .

Ahora bien, como punto de partida, debe aclarar esta Subsección que el principio de inescindibilidad viene útil cuando se trata de armonizar un régimen general con otro especial, y se evidencie que tal propósito conduce a la imbricación de normativas contradictorias, pero que, en modo alguno, puede oponerse como obstáculo para establecer relaciones válidas de complementariedad entre uno y otro régimen.

Traídas estas consideraciones al caso, la Sala, después de revisar la normativa atinente al régimen especial que la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación encontró aplicable a la accionante en materia de cesantías, no halla en ella norma alguna que establezca una sanción diferente de la pretendida por la accionante ante el comprobado incumplimiento de la obligación de consignar oportunamente sus cesantías, como tampoco percibe que de ser concedida esa pretensión se transgreda norma alguna de ese régimen especial. Vale decir, que no encuentra en el régimen especial norma alguna que excluya expresamente la aplicación de la norma del régimen general, pretendida por la accionante; ni hay en aquel una norma que establezca consecuencias diferentes o contrarias a las que, a manera de sanción moratoria prevé la normativa del régimen general.

Por tanto, la Sala advierte que en este caso no se presenta antinomias legales que puedan y deban resolverse a través del principio de especialidad, ya que no se trata de elegir la aplicación de una u otra normativa, pues lo que sucede es que la norma especial carece de regulación respecto a una figura jurídica que sí está presente en la norma general, por tanto, lo que se evidencia es un vacío. Es decir, la normativa que regula el régimen especial de docentes no reguló la materia de la sanción moratoria ni sustrajo o excluyó está figura jurídica que sí está regulada en la norma general, en consecuencia, no se trata de normas excluyentes que exigen aplicar una u otra sino de disposiciones que se complementan. Por tanto, el principio de inescindibilidad o conglobamiento, no constituye motivo razonable para conceder lo pretendido por la accionante una vez definido, porque así se revela evidente, que la interpretación más favorable al trabajador es la que mueve a la aplicación al caso de la sanción prevista en el régimen general de servidores públicos, con base en una hermenéutica constitucionalizada del artículo 1 del Decreto 1252 de 2000.

En ese orden de ideas, la Sala halla mérito de prosperidad en la tutela deprecada por Luz Marina Hernández de la Hoz, por este motivo.

Respecto de la glosa que a su decisión hizo la accionante por violación del principio de igualdad, la autoridad demandada contestó que este no se vulneró, puesto que la existencia de tratos disimiles en regímenes jurídicos diferentes no transgrede el principio de igualdad, y en el caso bajo su estudio no podía establecerse la existencia de identidad en los supuestos de hecho, ya que a los docentes no les es aplicable la Ley 50 de 1990.

La Sala encuentra que el argumento, apoyado como se encuentra en un pronunciamiento de la Corte Constitucional, no puede trasladarse al caso concreto toda vez que en tal ocasión se debatía sobre los intereses a las cesantías, y ese no fue el centro de la controversia en el asunto que motivó esta solicitud de amparo. Además, porque el tópico de los intereses a las cesantías sí se encuentra regulado dentro del régimen especial de los docentes en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, por lo que de ninguna manera podría desconocerse la especialidad de la norma para remitirse al régimen general pretextando el principio de igualdad.

La actora, en cambio, fundó su reproche por la vulneración al principio de igualdad en cuanto estimó que se genera una distinción injustificada en tanto en cuanto se admita que los docentes oficiales pueden ser beneficiarios de la norma del régimen general de los servidores públicos relativa a la sanción por mora en el pago de las cesantías, en razón a su calidad de servidores públicos, al tanto que se niega tal posibilidad respecto de la sanción por mora en la consignación de las cesantías.

A juicio de la Sala, la accionante reclama el recurso a una analogía iuris, que se encuentra autorizada cuando, “a partir de diversas disposiciones del ordenamiento, se extraen los principios generales que las informan, por una suerte de inducción, y se aplican a casos o situaciones no previstas de modo expreso en una norma determinada”. Este razonamiento hermenéutico comprende dos etapas, “en la primera se seleccionan las disposiciones específicas pertinentes (ninguna de la cuales comprende la situación sub judice) y en la segunda, se abstrae una regla implícita en las disposiciones confrontadas, a partir de la cual se resuelve el caso sometido a evaluación”.

Para el caso, la Sala encuentra que los principios que han dado lugar al reconocimiento a los docentes de la sanción por mora en el pago de las cesantías parciales o definitivas en relación con la condición más beneficiosa y la efectividad del derecho a la seguridad social en condición de igualdad con los demás servidores públicos, resultan aplicables en este caso en el que los supuestos de hecho también son asimilables en el sentido que la regla derivada es que el régimen de los docentes es concurrente con el de los servidores públicos a quienes sí se les reconoce este tipo de prestaciones.

Es decir, que en ambos casos se trata de una sanción derivada de la mora en el cumplimiento de la prestación del régimen de cesantías, para sujetos que comparten la calidad de servidores públicos y a quienes aplica, de manera subsidiaria la regulación general en relación con el régimen específico.

En conclusión, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió en un defecto de violación directa a la Constitución en su providencia del 5 de julio de 2019, por no interpretar las normas aplicables al caso de acuerdo con los principios de favorabilidad laboral y de igualdad de forma sistemática con la Constitución y los pronunciamientos de la Corte Constitucional.

Defecto sustantivo por el desconocimiento del precedente

Por último frente al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial también alegado por la actora en el escrito de tutela, la Sala solo se pronunciará respecto de la sentencia SU-336 de 2017 de la Corte Constitucional, toda vez que la sentencia del 18 de julio de 2018 del Consejo de Estado y la SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional son posteriores al 5 de julio de 2018 fecha en que la autoridad demandada profirió la sentencia objeto de reproche, motivo por el cual no habría podido aplicarlas.

Para que se configure el defecto sustantivo de desconocimiento del precedente es necesario que exista un precedente vinculante y que la autoridad demandada haya decidido apartarse de este sin explicación suficiente. La Corte Constitucional en la sentencia T-285 de 2013 explicó claramente lo que es un precedente vinculante para el caso y lo que es un antecedente. La Sala trae este fragmento in extenso por considerar que permite entender la aplicación que debió darle la autoridad demandada a la sentencia SU-336 de 2017 de la Corte Constitucional.

“La Corte Constitucional se ha referido a la figura del precedente como:

‘(…) aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver, que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia. La pertinencia de un precedente, se predica de una sentencia previa, cuando: “(i) la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa como precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) se trata de un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia son semejantes o plantean un punto de derecho semejante al que se debe resolver posteriormente.’

En ese sentido, el precedente debe ser anterior a la decisión en la que se pretende aplicar y, además, debe presentarse una semejanza de problemas jurídicos, escenarios fácticos y normativos.  Como se explicará in extenso, no podrá predicarse la aplicación de un precedente en ausencia de alguno de estos elementos. En consideración al caso estudiado la Sala repasará la doctrina reiterada de esta Corporación en torno a la diferencia entre los conceptos de antecedente y precedente.

El antecedente se refiere a la decisión de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de derecho (e.g. conceptos, interpretaciones de preceptos legales, etc.) que guían al juez para resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un carácter orientador, lo que no significa (a) que no deban ser tenidos en cuenta por el juez a la hora de fallar, y (b) que lo eximan del deber de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad”.

Con base en lo anterior la Sala considera que no puede afirmarse que la sentencia SU-336 de 2018 sea precedente vinculante para el caso estudiado en esta tutela, toda vez que los hechos del caso y las normas juzgadas no son las mismas. Pues una se refiere a la sanción por mora en el pago de las cesantías parciales o definitivas y la otra a la sanción por mora en la consignación de las cesantías anuales.

No obstante lo anterior, la sentencia SU-336 de 2018 si es un antecedente que debió orientar al ad quem del proceso ordinario a la hora de fallar y que merecía un análisis y una justificación de las razones para apartarse. No es suficiente demostrar que existió una diferencia sobre las normas que se pretendían aplicar, sino que debía realmente evaluar la ratio decidendi de la Corte como criterio orientador. En concreto, el fallo del Tribunal Constitucional se refirió a docentes oficiales que debían ser considerados como empleados públicos por la semejanza de sus funciones y características, que aunque de la norma no se derivaba directamente que se les aplicara la sanción por mora en el pago de las cesantías, esta les aplicaría para hacer efectivo su derecho a la seguridad social y por ser la interpretación más favorable de la norma que contenía la sanción. Dentro de sus conclusiones esgrimió que mantener un criterio distinto para personas en iguales situaciones fácticas afectaba la seguridad jurídica y desconocía el principio de igualdad.

Si bien, el juez accionado desatendió un criterio hermenéutico no se configura el defecto por el desconocimiento del precedente toda vez que este requiere que se haya desatendido un precedente judicial vinculante lo que no se dio en el caso sub examine por la ausencia de identidad fáctica y de las normas juzgadas en el caso. Así las cosas, no se configuró el mencionado defecto.

Después de haberse analizado los tres defectos en que presuntamente se había incurrido en la providencia del 5 de julio de 2018 la Sala verifica que la autoridad judicial que la profirió incurrió en una violación directa a la Constitución por desconocer los principios de favorabilidad e igualdad. Bajo este entendido, la Sala pasará a revocar la decisión del 28 de febrero de 2019 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que negó el amparo constitucional del derecho fundamental al debido proceso de Luz Marina Hernández De La Hoz y en su lugar lo amparará.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

REVOCAR la sentencia impugnada, proferida por La Sección Cuarta del Consejo de Estado el 28 de febrero de 2019, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de Luz Marina Hernández De La Hoz.

ORDENAR al despacho de la consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que, en el término de treinta (30) días contados a partir del recibo del expediente con radicado núm. 08001-23-33-000-2014-00837-01, profiera nueva decisión en reemplazo de la sentencia del 5 de julio de 2018, conforme a los parámetros establecidos en esta providencia.

NOTIFICAR la decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito.

ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Presidente de Sala

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Salvamento de voto Cfr. # 1 y 2 Rad. 68001-23-33-000-2018-00940-01/19.

NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado

Folios 2 a 14 del cuaderno principal del expediente del proceso de tutela.
Ibídem folio 2
Con radicación No.:08001-23-33-000-2014-00837-01.
Página 84 del archivo digital que obra en el CD anexo al expediente del proceso de tutela.
Mediante oficio 2980 del 5 de septiembre de 2013.
Mediante oficio del 8 de agosto de 2013.
Mediante oficio 2013EE57394 del 4 de septiembre de 2013.
Páginas 53 a 83 del archivo digital que obra en el CD anexo al expediente del proceso de tutela.

Folios 28 a 52 del archivo digital que obra en el CD anexo al expediente del proceso de tutela.

Consejo de Estado, Sección Segunda del 18 de julio de 2018 No. de radicación: 73001-23-33-000-2014-00580-01 (4961-2015).
Ibídem.
Penalidad que está prevista para empleados públicos en la Ley 244 de 1995.
Folio 17 del cuaderno principal del expediente del proceso de tutela.
Ibídem folios 93 a 100.
Esta providencia analiza el desconocimiento del artículo 1 del Decreto 1582 de 1998 cuando la actora alega como desconocido el artículo 1 del Decreto 1252 de 2000.
En la sentencia C-928 de 2006.
Folios 108 a 110 del cuaderno principal del expediente del proceso de tutela.
Al respecto ver, entre otras, las sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015.
Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n. º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, entre otras.
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 8 de junio de 2005.
Corte Constitucional, sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017 y T-458 de 29 de agosto de 2016.
Corte Constitucional, sentencia T-102 de 16 de febrero de 2006. En igual sentido ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
Corte Constitucional, SU-961de 1999 y T-031 de 2016 del 8 de febrero de 2016.
Sentencia proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado el 5 de agosto de 2014, en la que, explícitamente “(…) la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente” (Radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01).
Lo anterior, en todo caso, debe tomarse de manera flexible a partir de las condiciones del caso concreto, pues, como lo deja claramente dicho la Corte Constitucional en la ya mencionada sentencia T-246 de 2015, confirmando las sentencias T-328 de 2010, T-860 de 2011, T-217 de 2013 y T-505 del mismo año, “el requisito de la inmediatez deberá ser abordado desde la discrecionalidad y autonomía judicial, con el fin de que cada juez evalúe si la solicitud fue presentada dentro de un plazo razonable y proporcional, toda vez que, “(…)en algunos casos, seis (6) meses podrían resultar suficientes para declarar la tutela improcedente; pero, en otros eventos, un término de 2 años se podría considerar razonable para ejercer la acción de tutela, ya que todo dependerá de las particularidades del caso”.
La sentencia del 18 de julio de 2018 del Consejo de Estado con No. de radicación: 73001-23-33-000-2014-00580-01 estableció: “que el docente oficial, al tratarse de un servidor público le es aplicable la Ley 244 de 1995 y sus normas complementarias en cuanto a sanción moratoria por mora en el pago de las cesantías”. (Resaltado fuera del texto original).

Artículo 13 de la Ley 344 de 1996: “Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías: a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral; b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo”. Esto se ha entendido por la jurisprudencia en el siguiente sentido: “[e]l artículo 13 de la Ley 344 de 27 de diciembre de 1996, extendió el régimen de cesantías fijado en la Ley 50 de 1990 a los servidores públicos vinculados con posterioridad a su entrada en vigencia (31 de diciembre de 1996), en virtud del cual, la liquidación definitiva debía realizarse el 31 de diciembre de cada año” en sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda proferida el 7 de febrero de 2019 con No. de radicación 2015-00725-01. La Ley 91 de 1989 prevé que el régimen de cesantías para los docentes vinculados después del 1 de enero de 1990 es el siguiente: el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período”. Artículo 1 del Decreto 1582 de 1998 “El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998”. Artículo 5 de la Ley 432 de 1998 “Afiliación de servidores públicos. A partir de la vigencia de la presente ley deben afiliarse al Fondo Nacional de Ahorro los servidores públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional. No se aplica lo anterior al personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989. Podrán afiliarse al Fondo Nacional de Ahorro los demás servidores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Los servidores públicos que se afilien voluntariamente al Fondo Nacional de Ahorro sólo podrán trasladarse a una sociedad administradora de fondos de cesantías, transcurridos tres años desde la afiliación, siempre que no tengan obligación hipotecaria vigente con el Fondo Nacional de Ahorro”. ARTÍCULO 6. “TRANSFERENCIA DE CESANTÍAS. Durante el transcurso del mes de febrero las entidades empleadoras deberán transferir al Fondo Nacional del Ahorro el valor liquidado por concepto de cesantías, teniéndose en cuenta los dos últimos números de NIT para fijar fechas de pago. Mensualmente, las entidades públicas empleadoras enviarán al Fondo Nacional de Ahorro una certificación que contenga el valor total de los factores Salariales que constituyan base para liquidar cesantías, devengados en el mes inmediatamente anterior.

Los funcionarios competentes de las entidades públicas empleadoras, que sin justa causa no hagan oportunamente las consignaciones de los aportes mensuales o el envío de los reportes anuales de cesantías debidamente diligenciados, incurrirán en las faltas disciplinarias de conformidad con el régimen disciplinario vigente. En todas las entidades públicas será obligatorio incluir en sus presupuestos las partidas necesarias para atender las cesantías de Ia respectiva vigencia, como requisito indispensable para su presentación, trámite y aprobación por parte de Ia autoridad correspondiente. PARÁGRAFO. Las fechas estipuladas en este artículo para el cumplimiento de Ia obligación de transferencia no serán aplicables a las entidades públicas empleadoras del orden departamental y municipal, el régimen establecido en el artículo 99 de Ia Ley 50 de 1990, en lo relacionado con las fechas de transferencia de cesantías, y demás normas que Ia reglamenten, modifiquen o sustituyan”. Artículo 1 del Decreto 1252 de 2000 “Los empleados públicos, los trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública, que se vinculen al servicio del Estado a partir de la vigencia del presente decreto, tendrán derecho al pago de cesantías en los términos establecidos en las Leyes  HYPERLINK "http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=281" \l "50" 50 de 1990,  HYPERLINK "http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=345" \l "344" 344 de 1996 o  HYPERLINK "http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3701" \l "432" 432 de 1998, según el caso. Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará aun en el evento en que en la entidad u organismo a los cuales ingrese el servidor público, exista un régimen especial que regule las cesantías. Parágrafo. Los fondos o entidades públicas, incluida la Caja Promotora de Vivienda Militar que administran y pagan las cesantías de los servidores a que se refiere este artículo, seguirán haciéndolo”. El artículo 15 de la Ley 91 de 1991 establece: “Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1o. de enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley. // Cesantías: // B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional”.

Artículo 2. “La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro. PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de Salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este”.

Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias proferidas el 14 de junio de 2018 con números de radicación: 2013-00831-01 y 2013-00762-01.
No. De radicación: 73001-23-33-000-2014-00580-01 (4961-2015).
La Corte Constitucional ha considerado que se configura este defecto “cuando el juez en la decisión desconoce la Carta. Ello puede ocurrir, primero, porque no se aplica una norma fundamental al caso en estudio, lo cual se presenta porque: (a) en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional; (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata; y (c) en las decisiones se vulneraron derechos fundamentales y no se tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución” en sentencia SU-069 de 2018.
La Corte Constitucional determinó los eventos en que se configuraba el defecto sustantivo en el siguiente sentido: “(i)Cuando la decisión impugnada se funda en una disposición indiscutiblemente no aplicable al caso;
(ii) Cuando el funcionario realiza una “aplicación indebida” de la preceptiva concerniente;
(ii) Cuando la aplicación o interpretación que se hace de la norma en el asunto concreto desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance;
(iii) Cuando la interpretación de la norma se hace sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática;
(iv) Cuando la norma aplicable al caso concreto es desatendida y por ende inaplicada;
(v) Porque a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó; porque la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador (…)” (Resaltado fuera del texto original).

La Corte Constitucional ha establecido que este defecto se configura “cuando el juez en la decisión desconoce la Carta. Ello puede ocurrir, primero, porque no se aplica una norma fundamental al caso en estudio, lo cual se presenta porque: (a) en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional; (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata; y (c) en las decisiones se vulneraron derechos fundamentales y no se tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución”. Sentencia SU-069 de 2018.

Corte Constitucional en sentencia T-832a de 2013.

Sentencia C-083 de 1995.
Ibídem.
La Corte Constitucional considera que se presenta este defecto cuando la autoridad jurisdiccional se “aparta del precedente judicial – horizontal o vertical – sin justificación suficiente” pues el precedente es de carácter obligatorio, en atención a que, de acuerdo con el artículo 230 de la Constitución Política, los jueces, si bien “tienen una autonomía interpretativa e independencia para fallar”, deben “hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley”. “Esta Corporación ha diferenciado entre dos clases de precedentes, el horizontal y el vertical, de conformidad con quién es el que profiere la providencia previa. El primero hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial, y el segundo se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para la mayoría de asuntos, el precedente vertical que deben seguir los funcionarios judiciales es determinado por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. En los casos en los que no son susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores”.
Corte Constitucional sentencias T -794 de 2011, T-082 de 2011, T-209 de 2011, T -102 de 2014, T -102 de 2014, SU-098 de 2018, ver también en sentencias T-292 de 2006, SU-047 de 1999 y C-104 de 1993.

Radicado: 11001-03-15-000-2018-03288-01
Demandante: Luz Marina Hernández de la Hoz

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