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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-03315-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
11 de abril de 2019
Consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-03315-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de tutela proferido el 12 de febrero de 2019, por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio del cual negó las pretensiones del amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2018-03315-01

Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez

11 de abril de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO – Valoración probatoria bajo las reglas de la sana critica / ADECUADA VALORACIÓN PROBATORIA - De sentencia absolutoria de proceso penal / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA - Eximente de responsabilidad el estado / IMPOSICIÓN DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO - Actuar del accionante fue determinante en la producción del daño al portar documentos judiciales a nombre de un tercero en el momento de la captura

La parte actora en su escrito de tutela señaló que la parte accionada incurrió en un defecto fáctico al no haber tenido en cuenta el contenido y alcance de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Florencia, el 26 de septiembre de 2007, por medio del cual absolvió al señor [J.J.P.M.] de los delitos de Concierto para Delinquir y Porte Ilegal de Armas. De igual manera, indicó que la autoridad judicial accionada, no tuvo en cuenta que durante todo el proceso penal, el señor [J.J.P.M.], sostuvo que no participó, ni muchos menos tenía conocimiento de que se estaba cometiendo un ilícito en la residencia donde se encontraba. (…) La Sala, con base en lo anteriormente expuesto, considera que la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto fáctico, toda vez que para adoptar la decisión judicial, si tuvo en cuenta el contenido y alcance de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Florencia. Obsérvese que si bien es cierto, dicho Juzgado absolvió al señor [J.J.P.M.] de los delitos por los cuales fue investigado, la autoridad judicial accionada, apoyándose en los otros medios probatorios obrantes en el expediente, y construyendo de manera juiciosa el contexto de la investigación penal adelantado en su contra, concluyó que en el caso concreto, se había configurado la eximente de responsabilidad “culpa exclusiva de la víctima”, en donde quedó plenamente acreditado que la parte actora obró de mala fe al llevar consigo documentos judiciales a nombre de un tercero, con quien se había hecho identificar en otro proceso judicial, en donde se pudo acreditar con fundamento en el estudio dactiloscópico llevado a cabo por el personal del C.T.I., que el señor [J.J.P.M.] y [J.H.V.], eran, una misma persona. En ese orden de ideas, la parte actora con su conducta contribuyó para que la Fiscalía General de la Nación, le impusiera medida de aseguramiento (…) esta Sala encuentra que la autoridad judicial demandada, en la providencia motivo de tutela, efectuó un análisis probatorio razonado y coherente bajo las reglas de la sana crítica, sin que dicha valoración fuera arbitraria, abusiva o irracional, por el solo hecho de no interpretarse en los términos que lo pretende la parte actora

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-03315-01(AC)

Actor: JHON JAIRO PARRA MONTIEL, MARÍA DEL CARMEN MONTIEL BOHÓRQUEZ, GABRIEL PARRA ICO, JACKELINE PARRA MONTIEL, JORGE FERNANDO PARRA MONTIEL Y LUIS FELIPE MOSQUERA MONTIEL

Demandado: SUBSECCIÓN B SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO

Tema: Defecto fáctico/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) dignidad humana e iii) igualdad

Derecho Fundamental Amparado: Ninguno

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora, contra la sentencia de tutela de 12 de febrero de 2019 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio de la cual negó las pretensiones del amparo.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

ANTECEDENTES

La solicitud

1. La parte actora, obrando mediante apoderado especial, presentó solicitud de tutela contra la Subsección B Sección Tercera del Consejo de Estado porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 14 de junio de 2018 dentro de la acción de reparación directa identificado con el número único de radicación 180012331000200900277-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela son los siguientes:

3. Indicaron que el señor Jhon Jairo Parra Montiel estuvo vinculado en una investigación penal por la posible comisión de los delitos de secuestro extorsivo, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de defensa personal, en donde en su contra se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva por parte de la Fiscalía, la cual se prolongó desde el 22 de julio de 2005 hasta el 1 de octubre de 2007.

4. Adujeron que la investigación concluyó con sentencia absolutoria debidamente ejecutoriada, proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Florencia, el 26 de septiembre de 2007, al considerar que la privación de la libertad del señor Jhon Jairo Parra Montiel, fue injusta.

5. Los señores Jhon Jairo Parra Montiel, María del Carmen Montiel Bohórquez, Gabriel Parra Ico, Jackeline Parra Montiel, Jorge Fernando Parra Montiel y Luis Felipe Mosquera Montiel, presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación – Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se les declarara administrativamente responsables de la privación injusta de la libertad de fuera víctima el señor Jhon Jairo Parra Montiel, y como consecuencia de lo anterior, se condenara a la entidad a reconocer y pagar los respectivos perjuicios materiales y morales.

Sentencia proferida el 25 de abril de 2012 por el Tribunal Administrativo del Caquetá dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 180012331000200900277-01

6. El Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante sentencia de 25 de abril de 2012, decidió:

“[…] PRIMERO: Declarar que la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN es administrativamente responsable por los perjuicios morales y materiales causados a los demandantes con la injusta privación de la libertad de que fue objeto el señor JHON JAIRO PARRA MONTIEL, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, condenar a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a pagar con cargo a su presupuesto, por concepto de perjuicios así:

Perjuicios morales

Demandante
Calidad
Monto
JHON JAIRO PARRA MONTIEL
Directo perjudicado
100 SMLMV
MARÍA DEL CARMEN MONTIEL
Mamá
50 SMLMV
GABRIEL PARRA ICO
Padre
50 SMLMV
JACKELINE PARRA MONTIEL
Hermana
25 SMLMV
JORGE FERNANDO PARRA MONTIEL
Hermano
25 SMLMV
LUIS FELIPE MOSQUERA MONTIEL
Hermano
25 SMLMV

Perjuicios materiales

A JOHN JAIRO PARRA MONTIEL, la suma de DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($19.847.900.OO)

TERCERO: Denegar las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: De no ser apelada la presente providencia, consúltese la misma con el superior, conforme lo señalado en el artículo 184 del C.C.A […]”.

7. El Tribunal Administrativo del Caquetá, consideró que:

“[…] De lo anteriormente probado, queda claro que el señor JOHN JAIRO PARRA MONTIEL, estuvo privado de la libertad entre el 21 de julio de 2005 al 01 de octubre de 2007, cuando se le concedió su libertad; es decir, por un lapso de 2 años, 2 meses y 10 días.

La sentencia absolutoria a favor de Jhon Jairo Parra Montiel le otorga la connotación de antijurídico al daño sufrido por la pérdida temporal de su libertad, con lo cual se encuentra demostrado el primer elemento que configura el título de responsabilidad analizado.

Se aclara que pese a que el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Florencia, sólo habla de absolución frente a los delitos de Concierto para Delinquir y Porte ilegal de armas, también fue absuelto del delito de secuestro extorsivo, según se deduce de la lectura de la providencia […]”.

8. El Tribunal manifestó que quedó plenamente acreditado en el expediente que la Nación – Fiscalía General de la Nación, le ocasionó un daño al señor Jhon Jairo Parra Montiel, toda vez que la restricción de su derecho a la libertad, se fundó en la imposición de la medida de aseguramiento.

9. Adujo que a pesar de que el señor Jhon Jairo Parra Montiel fue privado de la libertad con fundamento en decisiones legítimas que profirieron las distintas autoridades judiciales, la respectiva sentencia absolutoria concluyó que el delito de secuestro extorsivo no se configuró, toda vez que la conducta fue atípica, y respecto a las demás conductas punibles, no se lograron demostrar en el caso concreto, porque las pruebas obrantes en el expediente fueron insuficientes, por lo que se aplicó a favor del señor Parra Montiel, el principio in dubio pro reo. Concluyó manifestando que:

“[…] La relación causal entre el obrar de la Fiscalía General de la Nación y el daño sufrido por el señor Jhon Jairo Parra Montiel no tiene discusión y por esa razón se encuentran acreditados los presupuestos para declarar la responsabilidad estatal en este asunto. A lo anterior, debe agregarse que la parte demandada no demostró la existencia de una causal eximente de responsabilidad como la culpa exclusiva de la víctima, el hecho de un tercero o la existencia de una fuerza mayor y del estudio del proceso tampoco se deduce […]”.

Sentencia proferida el 14 de junio de 2018 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 180012331000200900277-01

10. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 14 de junio de 2018, decidió:

“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 25 de abril de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá y en su lugar declarar probada la culpa exclusiva de la víctima como causal excluyente de la responsabilidad estatal.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, NEGAR las pretensiones de la demanda […]”.

11. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, consideró que:

“[…] 1.1 Al proceso se allegó copia auténtica de la investigación penal adelantada contra Jhon Jairo Parra Montiel y otros, tramitada inicialmente en la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados – Gaula Caquetá-, bajo el radicado n.° 46.460 y, posteriormente, ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Florencia, Caquetá bajo el radicado n.° 2006-00065-00.

11.1 El expediente trasladado, junto con las pruebas que lo contienen, fue debidamente incorporado y estuvo al alcance de las partes para el ejercicio de contradicción conforme al traslado que se corrió el 24 de febrero de 2011 /fl 81, c. 1), sin que se observe que las partes hubieran formulado algún reparo o tacha. Antes, por el contrario, a lo largo del proceso acudieron a aquellas piezas y probanzas como apoyo para sus alegaciones.

11.2 Estando así las cosas, al tenor de lo previsto en el art. 185 del C.P.C. aplicable en virtud de la remisión de que trata el art. 267 del C.C.A., dicha prueba será valorada. Si resultare necesario valorar declaraciones practicadas en el proceso trasladado, se tendrán en cuenta los criterios jurisprudenciales para excepcionar el deber de ratificación.

12.3 Valoración de la indagatoria. De ser necesario, la Sala valorará la indagatoria, teniendo en cuenta que se reúnen los presupuestos que la jurisprudencia de la Corporación ha previsto para ello. Desde luego, por tratarse de un medio de defensa desprovisto de juramento, en principio se ha considerado que no debe dársele el alcance de medio de prueba dentro del proceso administrativo. No obstante, ese canon se ha venido morigerando a partir de un razonamiento ecléctico: la connotación dual y/o naturaleza mixta de la indagatoriaque (sic) la presenta, por un lado, como un mecanismo de defensa y, por otro, como un medio de prueba válido.

12.3.1 De esta forma, entre otros, se han considerado como supuestos de valoración los siguientes: i) cuando los investigados consintieron en dar sus afirmaciones bajo la gravedad de juramento, ii) cuando a pesar de carecer del apremio de juramento, las partes solicitaron su traslado en la demanda de reparación directa, siendo la accionada la entidad demandada que las practicó y se pronunció en diversas oportunidades respecto del acervo donde reposan esas declaraciones y, iii) cuando el procesado rindió varias indagatorias contradictorias entre sí, que llevaron incluso a que la investigación se desviara.

12.3.2 En el presente caso, la parte actora solicitó el traslado del proceso penal dentro del que se encuentra la diligencia injurada; así mismo, la mencionada prueba, en su momento, fue practicada a instancias de la parte actora, razones por las cuales se hace procedente la valoración, teniendo en cuenta que deberá ser apreciada, en conjunto, con las demás pruebas […]”.

12. Adujo que para el caso concreto, y teniendo en cuenta la importancia del principio constitucional de la buena fe, consistente en que todas las personas deben actuar de manera transparente y honesta, se evidencia, que respecto a la investigación penal que tuvo que afrontar el señor Jhon Jairo Parra Montiel, éste desconoció dicho principio, toda vez que, para el momento de la captura, llevaba consigo documentos judiciales a nombre de un tercero, con quien se había hecho identificar en otro proceso judicial. Es decir, el evento de hallarse indocumentado la había aprovechado para burlar a la autoridad dentro de otro proceso. En ese orden de ideas, este acontecimiento cobró relevancia al momento de su captura, si se tiene en cuenta que, en lo que tiene que ver con el delito de concierto para delinquir por el cual fue investigado, tales argucias suelen acompañar el modus operandi de quienes conscientemente se alistan para lograr una defraudación de manera sucesiva a la autoridad y consumar sus propósitos delictivos, dado que el tipo penal de concierto para delinquir, lleva consigo, la realización indiscriminada de conductas contrarias a la ley, para las cuales una identidad falsa facilita el designio criminal.

13. Afirmó que la relevancia de la conducta del señor Jhon Jairo Parra Montiel se evidencia en el hecho de que la fiscalía a los pocos días que dispuso la medida de aseguramiento, ofició al C.T.I. con el fin de que se llevara a cabo el respectivo peritaje dactiloscópico; es decir, se trató de un acontecimiento que para la investigación no fue desapercibido sino que, era tan grave que ameritaba su esclarecimiento y cogía fuerza la idea de que el señor Parra Montiel, estaba involucrado en las conductas punibles investigadas, que estaban relacionadas con la existencia de una banda delincuencial dedicada al delito de secuestro extorsivo. Es decir, dicha situación, generó un hecho indicador del cual, permitía evidenciar, su presunta participación en la organización delincuencial respecto de la cual la fiscalía estaba investigando la comisión de unos hechos denunciados. Expresó que:

“[…] En efecto, de acuerdo con el estudio dactiloscópico realizado por el personal del C.T.I., se pudo establecer que Jhon Jairo Parra Montiel y Jeison Hernández Valencia, eran, en realidad, una misma persona. Si bien, el propio Jhon Jairo, el día que lo capturaron relató a los policiales que antes había estado privado de la libertad y que en esa oportunidad se había hecho llamar como Jeison Hernández, aquella confesión no puede tener otra lectura, desde el punto de vista de la culpa civil, que el abandono, la indiferencia y el descuido por los mínimos de prudencia, buena fe y lealtad que se exige de los ciudadanos. No en vano la identidad personal tiene su lugar en la construcción del sujeto social por el que propugna la Constitución, pues tal como lo ha dicho la Corte Constitucional, “la autenticidad personal (lo mismo que la necesidad social de conocer a la persona tal cual es) corresponde a una pretensión que tiene relevancia constitucional y que ésta es indisociable de la particular concepción del sujeto que alienta toda la Constitución".

20.4. Pero si lo anterior no bastara, y sin perjuicio del derecho de defensa que le asistía, hay que ver que su actitud reticente a la probidad volvió a manifestarse cuando, al momento de rendir indagatoria, sin prevención alguna por su falsa identidad, manifestó no tener antecedentes penales, cuando era un hecho que sí los tenía, pues los documentos que le encontraron a nombre de Jeison Hernández Valencia, daban cuenta que, para el 22 de julio de 2004, su situación era la de una persona condenada a cuatro (4) años de prisión ─v. acta nº 014 autorización de trabajo del INPEC─ y, para el 30 de septiembre de 2004, contaba con un acta de evaluación y clasificación como interno del establecimiento penitenciario y carcelario de Florencia, que lo clasificaba en fase de alta seguridad con recomendación para seguir con estudios secundarios como parte del tratamiento penitenciario (fls. 50-51, c. 3). Con esto, nuevamente, puso a puesta su desdén por los deberes de colaboración, honestidad y transparencia con la administración de justicia, conducta que, aun cuando enmarcada en su derecho de defensa, sin duda, afianzó las decisiones que por entonces adoptó el ente investigador.

20.5. Conductas como las que se acaban de reseñar, no han pasado desapercibidas para la Corporación al momento de encontrar probada la culpa exclusiva de la víctima. Así por ejemplo, frente al caso de una persona que al momento de su aprehensión portaba una cédula falsa, se dijo:

El mismo demandante puso sobre sí las sospechas de su participación en los hechos delictuosos, no solo porque sus dichos no fueron claros, sino que también en ocasiones cambio en algunas partes sus versiones, tornándolas incluso contradictorias.

Ejemplo de lo anterior, se encuentra en el hecho de la cédula de otra persona que le fue encontrada en su poder al momento de su captura y de la cual se hicieron giros de unos cheques que fueron denunciados como falsos.
(...).

El que tuviera conversaciones en las que dejara entrever la posible planificación de comisión de delitos y no comunicara a las autoridades los ofrecimientos que le hacía el señor Álvaro Cohen –esto es, no relevara oportunamente el hecho desconocido-, el que tuviera una cédula en su poder que no le pertenecía y que la misma estuviese vinculada a una denuncia por un delito de falsedad, así como el hecho de que sus versiones fuesen contradictorias, hizo que fuese el propio señor Roa de la Cruz quien llevara a que sobre él recayeran varias dudas sobre su responsabilidad en los hechos […]”.

14. Manifestó que con base en lo anteriormente expuesto, quedó plenamente acreditado, que con respecto a la investigación penal adelantada en el caso del señor Jhon Jairo Parra Montiel, desplegó conductas que resultaron relevantes para que la Fiscalía General de la Nación, impusiera en su contra medida de aseguramiento, constitutiva del daño por el que aquí reclama, al margen de que, en sede de juzgamiento, se hubiera decidido absolverlo de la responsabilidad penal. Tanto así, que “[…] la investigación penal, encaminada a establecer los responsables de la comisión de un presunto punible sobre la base de unas denuncias específicas, también se proponía, con fundamento en aquellas, determinar los integrantes de la banda delincuencial que, presuntamente, venían extorsionando a los ciudadanos denunciantes; a efectos de lo cual, al haber manifestado con tanta naturalidad la utilización de una identidad falsa en otro proceso, al haber sido identificado inicialmente por la denunciante como la persona que vigilaba la casa donde se llevó a cabo la extorsión, que no era precisamente el mismo sitio donde residía como se malentendió en la sentencia absolutoria, resulta claro que Jhon Jairo Parra Montiel se expuso imprudentemente al daño, al punto mismo que la fiscalía tuvo en cuenta tales circunstancias para formarse el juicio de acusación frente a los delitos investigados; así como también, para inferir que Parra Montiel podía estar relacionado con la composición de la presunta banda, ya que no de otra manera se comprende la prueba dactiloscópica ordenada al interior de la investigación adelantada y la credibilidad que el ente investigador le otorgó al reconocimiento en fila […]”.

15. Concluyó manifestando que el propio proceder de la víctima y su doble identidad la que, junto a las pruebas iniciales con que contaba el ente investigador, hicieron suponer algún tipo de relación tanto con los delitos investigados, como con las conductas desplegadas de las personas que, finalmente, resultaron condenadas por el delito de extorsión. En ese orden de ideas, en el presente caso se acreditó la causal excluyente de responsabilidad prevista en el art. 70 de la Ley 270 de 7 de marzo de 1996.

La solicitud de tutela

Pretensiones

16. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1. DECLARAR que EL CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN B, ha vulnerado los derechos incoados por mis representados.

2. CONCEDER la tutela de los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, DIGNIDAD HUMANA Y A LA IGUALDAD de mis prohijados.

3. DEJAR SIN EFECTO la sentencia proferida el 14 de junio de 2018 por EL CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B.

4. Que, en consecuencia, se le ORDENE a EL CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B que, dentro de los 40 días siguientes a la notificación de la providencia, emita una decisión de remplazo, en el sentido de acceder a las súplicas de la demanda […]”.

17. La parte actora indicó en su escrito de tutela que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico al no haber valorado correctamente las pruebas obrantes en el expediente.

18. Adujo que la Sección Tercera Subsección B del Consejo de Estado, de manera inexplicable, tuvo como fundamento para adoptar la decisión judicial, el desconocimiento de lo valorado al interior del proceso penal, por parte del juez natural, quien de manera directa tuvo conocimiento de las distintas versiones, tanto por el denunciante, como por la presunta agredida, queriendo de esta manera, dar por demostrada la configuración de la culpa exclusiva de la víctima como causal de exoneración de responsabilidad del Estado. Expresó que:

“[…] Al tomar su decisión, basada únicamente en porciones del material probatorio, sin realizar una valoración integral del mismo, El Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera – Subsección B ineludiblemente incurrió en una vía de hecho por defecto fáctico, violando de manera flagrante el derecho fundamental al debido proceso de mis prohijados.

La responsabilidad de la demandada por la privación injusta de la libertad del señor JHON JAIRO PARRA MONTIEL se encuentra plenamente probada, toda vez que su presunción de inocencia no fue desvirtuada por la Fiscalía, de ahí que se pueda predicar con propiedad, con base en las providencias dictadas por el ente investigador y el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Florencia Departamento del Caquetá, que al señor JHON JAIRO PARRA MONTIEL se le causó un daño antijurídico que no tenía por qué soportar, pues su detención derivó en injusta, ya que cuando la persona que ha sido privada de la libertad resulta absuelta mediante sentencia definitiva o decisión equivalente, la privación de la libertad resulta siempre injusta y en estos casos tiene derecho a ser indemnizada, puesto que sufrió un daño que no estaba en la obligación de soportar y como tal se deriva una responsabilidad estatal […]”.

19. Manifestó que por medio de las pruebas documentales que contienen las actuaciones judiciales llevadas a cabo dentro del marco del proceso penal, quedó plenamente acreditado que la privación de la libertad en contra del señor Jhon Jairo Parra Montiel, fue injusta y arbitraria. En ese orden de ideas, afirmó que:

“[…] Como pueden observar, honorables Consejeros, lo que aquí encontramos en (sic) un defecto fáctico Cuando (sic) una persona es privada de la libertad por virtud de una decisión judicial (que en el caso del señor JOHN JAIRO PARRA MONTIEL constituyen la providencias del 3 de agosto de 2005, proferida por la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Florencia – Caquetá y posteriormente es dejado en libertad en razón de que existen los presupuestos legales para ello (artículo 39 del Código de Procedimiento Penal) y a su vez el demandante prueba la existencia de un daño causado por esa privación injusta de la libertad, ese daño es sin consideración antijurídico y por lo tanto indemnizable por el Estado.

Se reitera, la privación de la libertad que contra JHON JAIRO PARRA MONTIEL se tornó en injusta, se encuentra acreditada con suficiencia. Es indudable que la pérdida de la libertad presentada de la manera arriba vista, demuestra un daño cierto, determinado y susceptible de ser cuantificado, de ahí que se pueda afirmar con propiedad la antijuridicidad del mismo y, por ende, la existencia del primer elemento de la responsabilidad […]”.

Actuación

20. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, por auto de 17 de septiembre de 2018, admitió la solicitud de tutela, y dispuso notificar a los magistrados de la Subsección B Sección Tercera del Consejo de Estado, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.

21. De igual manera, dispuso vincular como terceros con interés legítimo a los magistrados del Tribunal Administrativo del Caquetá y a la Nación – Fiscalía General de la Nación concediéndoles el mismo término de dos (2) días para rendir el informe.

Informes de las partes accionadas y de las partes vinculadas

22. El magistrado doctor Ramiro Pazos Guerrero de la Subsección B Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante escrito aportado el 2 de octubre de 2018, solicitó que se negaran las pretensiones del amparo. Consideró que:

“[…] En relación con el debido proceso, según lo ha afirmado la Corte Constitucional, esta prerrogativa – art. 29 CN-, propende por la protección de las garantías esenciales son: (i) el derecho al juez natural; iii) el derecho a presentar y controvertir las pruebas; (iii) el derecho de defensa; iv) el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; (v) el principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; (vi) el derecho de la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de juicios secretos.

Huelga decir que la sentencia objeto de tutela fue proferida por esta Corporación obrando en ejercicio de las competencias constitucionales y legales que le han sido conferidas, en aplicación de las reglas procesales.

Igualmente, vale la pena resaltar que los demandantes gozaron en el proceso contencioso administrativo de las garantías y oportunidades procesales para ejercer su derecho de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, palmarias razones para desestimar la violación invocada.

En lo que respecta a la presunta violación del derecho a la dignidad humana, valga reiterar lo expuesto con (sic) frente a la presunción de inocencia, para concluir con (sic) no por el hecho de llevar a cabo el cometido legal impuesto por el art. 70 de la Ley 270 de 1996, se conculca la dignidad del Señor Parra Montiel, como se lo suponen los tutelantes […]”.

23. La Coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación, mediante escrito aportado el 2 de octubre de 2018, solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela. Manifestó que:

“[…] En el caso concreto, se tiene que los tutelantes afirman que la sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B” en el marco del proceso de reparación directa No. 2009-00277-00, vulnera los derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana y a (sic) igualdad, por falta de apreciación probatoria. Es decir, el reproche es producto de una valoración probatoria y no por apartarse de las normas procesales aplicables.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha sido clara en señalar que la parte actora debe identificar de manera precisa tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y, además, alegar tal afectación a sus garantías en el proceso judicial.

Ahora bien, teniendo en cuenta la excepcionalísima procedencia del recurso de amparo contra providencias judiciales, el requisito de identificación clara de la irregularidad del fallo es apenas comprensible.

Así pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por la Ley, sí resulta necesario que el actor demuestre con precisión el fundamento de la afectación de los derechos que pretende imputarle a las providencias judiciales.

Así mismo, no se configuró el requisito de subsidiariedad de la acción exigido por la jurisprudencia constitucional para que proceda la tutela en contra de una providencia judicial.

En el caso concreto, a juicio de esta Dirección, la parte actora no logra identificar el tipo de error en el que presuntamente incurrió la providencia controvertida, razón por la cual, el juez constitucional no puede entrar a estudiar la totalidad de la sentencia para identificar dichos defectos […]”.

24. Durante el presente trámite, los magistrados del Tribunal Administrativo del Caquetá, guardaron silencio.

La sentencia impugnada

25. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 12 de febrero de 2019, resolvió lo siguiente:

“[…] Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la solicitud de tutela promovida por Jhon Jairo Parra Montiel, María del Carmen Montiel Bohórquez, Gabriel Parra Ico, Jackeline Parra Montiel, Jorge Fernando Parra Montiel y Luis Felipe Mosquera Montiel, quienes actúan por intermedio de apoderada judicial, por las razones expuestas en esta providencia […]”.

26. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, consideró que:

“[…] Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que los argumentos de los demandantes son incipientes y en cierto modo contradictorios, pues critican el hecho de que se analizaran las pruebas que reposaban dentro del expediente penal, pero alegan que los perjuicios mencionados en la demanda de reparación directa estaban demostrados en dicho expediente.

Ahora bien, en un proceso de responsabilidad extracontractual del Estado, por una supuesta privación injusta de la libertad se torna necesario que el juez natural del asunto verifique las pruebas del expediente penal, en razón a la obligación que establece el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, sobre la verificación de la culpa exclusiva de la víctima, tal como lo hizo la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 70. CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado.”

En efecto, en la providencia de 14 de junio de 2018, explicó claramente los motivos por los cuales la acción de reparación directa que presentaron los actores se encuadraban en la culpa exclusiva de la víctima como causal de exoneración de responsabilidad del Estado, tal como se trascribe a continuación:

“20.7. Ahora bien, que omita, calle o tergiverse información dentro del proceso penal en aras de su defensa, hace parte de las posibilidades que derecho enmarca; no obstante, los efectos que el ejercicio valido de esa garantía le puedan representar en el ámbito penal, no se transfieren al juicio de responsabilidad civil extracontractual, en el cual, por el contrario, de conformidad con el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos quien persigue un rédito económico debe demostrar estar exento de culpa. En otras palabras, lo que en el proceso penal puede representar un beneficio, civilmente puede materializar un comportamiento contrario a la buena fe; ya que ésta, en contraste con el derecho de defensa, no se estructura sobre premisas estratégicas, sino sobre el estandarte de la honestidad y la verdad, que debe prevalecer en todo momento; así como también, sobre el cumplimiento del deber de colaboración la administración de justicia.

20.8. Lo anterior lleva a la Sala al convencimiento que, de cara la investigación penal adelantada, Jhon Jairo Parra Montiel desplegó conductas que resultaron determinantes para que el ente investigador dispusiera en su contra la medida de aseguramiento, constitutiva del daño por el que aquí reclama, al margen de que, en sede de juzgamiento, se hubiera decidido absolverlo de la responsabilidad penal. Tanto así, que la investigación penal, encaminada a establecer los responsables de la comisión de un presunto punible sobre la base de unas denuncias específicas, también se proponía, con fundamento en aquellas, determinar los integrantes de la banda delincuencial que, presuntamente, venían extorsionando a los ciudadanos denunciantes; a efectos de lo cual, al haber manifestado con tanta naturalidad la utilización de una identidad falsa en otro proceso, al haber sido identificado inicialmente por la denunciante como la persona que vigilaba la cada donde se llevó a cabo la extorsión, que no era precisamente el mismo sitio donde residía como se malentendió en la sentencia absolutoria, resulta claro que Jhon Jairo Parra Montiel se expuso imprudentemente al daño, al punto mismo que la fiscalía tuvo en cuenta tales circunstancias para formarse el juicio de acusación frente a los delitos investigados; así como también, para inferir que Parra Montiel podía estar relacionado con la composición de la presunta banda, ya que no de otra manera se comprende la prueba dactiloscópica ordenada al interior de la investigación adelantada y la credibilidad que el ente investigador le otorgó al reconocimiento en fila […]”.

27. Afirmó que con base en lo anteriormente expuesto, se observa que la autoridad judicial accionada concluyó que fue el proceder de la víctima y su doble identidad lo que junto a las pruebas que en principio tenía la Fiscalía General de la Nación, hicieron inferir algún tipo de vínculo del señor Jhon Jairo Parra Montiel con las personas que resultaron condenados por el delito de extorsión. En ese orden de ideas, el hecho de que se dictara una sentencia absolutoria en el respectivo proceso penal, no traía como consecuencia que operara automáticamente la declaratoria de responsabilidad del Estado, toda vez que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 70 de la Ley 270, el juez ordinario debió verificar la culpa en el actuar del acusado, al momento en que fue privado de la libertad, lo que efectivamente hizo con total apego a las normas jurídicas procesales. Adujo que:

“[…] Igualmente, se recuerda que la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de unificación de 15 de agosto de 2018, sentó una subregla frente a la privación injusta de la libertad, en el que se estableció lo siguiente:

“En esa medida, comoquiera que, en criterio de esta Sala la participación o incidencia de la conducta del demandante en la generación del daño alegado resulta preponderante, se torna necesario que el juez verifique, incluso de oficio, si quien fue privado de la libertad actuó, desde el punto de vista civil, con culpa grave o dolo, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva, pues no debe olvidarse que, para los eventos de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 dispone que aquél (el daño) “se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo”, de modo que en los casos en los que la conducta de la víctima esté provista de una u otra condición procede la exoneración de responsabilidad del Estado, por cuanto en tal caso se entiende que es esa conducta la determinante del daño”. (Negrilla y subraya de la Sala) […]”.

28. Manifestó que no existe duda que los argumentos jurídicos plasmados en la sentencia proferida por la Subsección B Sección Tercera del Consejo de Estado, se sustentó debidamente con fundamento en las pruebas obrantes en el expediente. En ese orden de ideas, la parte actora al estructurar el cargo por defecto fáctico, solo se encuadran en simples discrepancias respecto al sentido de la decisión judicial, lo que por sí solo no es suficiente para que se realice un estudio de fondo en el asunto bajo análisis.

La impugnación

29. La parte actora, impugnó la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, solicitando que se accedieran a las pretensiones del amparo. Textualmente, indicó:

“[…] De manera evidentemente parcial y errada, sin realizar un análisis en conjunto de la prueba de manera sesgada, el CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B inexplicablemente llega a la conclusión de que en el caso que nos atañe se configura el eximente de responsabilidad estatal denominado “culpa exclusiva de la víctima”, cuando el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Florencia, lo absolvió al llegar a la conclusión de la atipicidad de la conducta desplegada por el señor JHON JAIRO PARRA MONTIEL.

2.1.1 DA POR CIERTO EL CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B ACCIONADO, QUE EL SEÑOR JHON JAIRO PARRA MONTIEL, POR EL SOLO HECHO DE RESIDIR EN LA VIVIENDA DONDE SUPUESTAMENTE SE ENCONTRABA SECUESTRADA UNA PERSONA, LO HACE PARTICIPE DEL DELITO QUE NO FUE COMETIDO POR ÉL

Pero no tuvo en cuenta el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que el señor JHON JAIRO PARRA MONTIEL, durante todo el proceso penal sostuvo, que él no participó, inclusive señaló que no tenía conocimiento de que se estaba cometiendo un ilícito en la residencia donde él se encontraba.

Ahora bien, no se puede, señalar que el señor JHON JAIRO PARRA MONTIEL, haya participado, ni mucho menos cometido algún ilícito, ya que no fue detenido en flagrancia, no tuvo ningún contacto con la presunta víctima, fue detenido por encontrarse en una residencia donde al parecer se cometía un delito, y es así como la Fiscalía General de la Nación, sin ningún otro medio probatorio procede a retenerlo y ordenar la privación de su libertad.

No se puede señalar que en el proceso Administrativo, se hayan analizado todas las pruebas en conjunto, por cuanto la única prueba que endilgaba participación en el ilícito del señor JHON JAIRO PARRA MONTIEL, obrante en el proceso, fue el de residir en la vivienda donde supuestamente habían permanecido secuestradas unas personas, situación que es aclarada por los denunciantes, ya que indica que el señor JHON JAIRO PARRA MONTIEL, no tiene nada que ver situación que nos indica que el señor JHON JAIRO PARRA MONTIEL, en ningún momento intento (sic) siquiera cometer el ilícito y no se puede ser culpable de un delito que no existe, pues insisto, la única actuación del señor JHON JAIRO PARRA MONTIEL, fue la de encontrarse en el lugar y hora equivocada. Situación que fue tenida en cuenta por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado para ordenar su libertad, absolviéndolo del delito a él endilgado.

Al momento de imponer la medida de aseguramiento el funcionario competente en contra del señor JHON JAIRO PATRRA MONTIEL, sólo tuvo en cuenta su ubicación en el sitio del supuesto delito, y en ningún momento se detuvo a analizar las pruebas obrantes en el plenario y que indicara la más mínima participación del señor JHON JAIRO PARRA MONTIEL, en el ilícito investigado.

Honorables Consejeros: las anteriores pruebas, contrario a lo manifestado por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, quien colige que el señor JOHN JAIRO PARRA MONTIEL, “al haber sido identificado inicialmente por la denunciante como la persona que vigilaba la cada (sic) donde se llevó a cabo la extorsión, que no era precisamente el mismo sitio donde residía como se malentendió en la sentencia absolutoria…”, es evidente que luego de los señalamientos de la denunciante, en el sentido de indicar que el señor JHON JAIRO PARRA MONTIEL, era quien vigilaba la casa, luego se retracta y en especial a lo largo del proceso penal si se demostró que el señor JHON JAIRO PARRA MONTIEL, si residía en la vivienda, por lo tanto no se evidencia que el señor JHON JAIRO PARRA MONTIEL, haya tenido alguna culpa en su privación de la libertad, pues no realizó ninguna acción, que conllevara a la práctica de un delito, únicamente vivía en el lugar donde supuestamente se estaba cometiendo un delito, delito que no se cometió en aquella residencia.

Ahora bien, con lo anterior no queremos decir que la Fiscalía General de la Nación, no hubiese podido iniciar una investigación en contra del señor JHON JAIRO PARRA MONTIEL, pero no privarlo de la libertad, pues no tenía las pruebas suficientes para privarlo de la libertad […]”.

30. En ese orden de ideas, del escrito de impugnación presentado por la parte actora, el reproche contra la providencia proferida por la Sección Tercera Subsección B del Consejo de Estado, gira en torno a i) que no se tuvo en cuenta la providencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Florencia, por medio del cual absolvió al señor Jhon Jairo Parra Montiel, al evidenciarse la atipicidad de la conducta dentro del marco del proceso penal y ii) da por demostrado que el señor Parra Montiel, al encontrarse residiendo en la vivienda donde al parecer estaba secuestrada una persona, lo hace participe del delito que no fue cometido por él, lo que trajo como consecuencia que la autoridad judicial accionada, de manera errónea, declarara la configuración de la eximente de responsabilidad del Estado, como lo es, la culpa exclusiva de la víctima.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

31. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela; y, el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 2018.

Generalidades de la acción de tutela

32. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

33. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la Subsección B Sección Tercera del Consejo de Estado, al proferir la sentencia de 14 de junio de 2018 dentro del proceso de reparación directa con núm. único de radicación 180012331000200900277-01, incurrió, i) en defecto fáctico, lo que trajo como consecuencia que no se declarara la responsabilidad del Estado, por los daños y perjuicios causados, por privación arbitraria de la libertad.

34. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto fáctico, y, finalmente, la v) solución del caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales

35. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera – que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la Ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales

36. Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

37. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

38. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”.

39. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.

40. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.

41. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

42. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

43. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional.

44. En el caso bajo examen la Sala advierte que la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad, toda vez que:

44.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora al debido proceso, a la dignidad humana y a la igualdad.

44.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el requisito de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación de los derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana y a la igualdad, y además, ii) la parte actora cumplió con la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial accionada incurrió en un posible defecto fáctico.

44.3 Para la Sala exigirle a la parte actora una carga argumentativa mínima se justifica, toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales, en el escenario del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la argumentación jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos fundamentales.

44.4 Cumplió con el principio de inmediatez

44.5 No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces y eficientes con los cuales la parte actora pueda lograr la protección de los derechos invocados;

44.6 En la acción de tutela no se alega un defecto procedimental, por lo que no es necesario determinar la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad;

44.7 La parte actora identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega.

44.8 No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

Análisis del cumplimiento de los requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

45. La Sala debe determinar si, en efecto, la Subsección B Sección Tercera del Consejo de Estado, incurrió i) en defecto fáctico, dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 180012331000200900277-01.

46. Para determinar lo anterior, la Sala hará los siguientes análisis: i) el defecto fáctico; y, finalmente, ii) analizará el caso en concreto.

Defecto fáctico -reiteración jurisprudencial-

47. Esta Sección ha identificado los eventos en que se configura una causal de procedibilidad por defecto fáctico:

“[…] En lo que respecta al defecto fáctico, la jurisprudencia ha determinado que se presenta cuando la valoración probatoria realizada por el juez resulta arbitraria o abusiva por: a) dejar de valorar pruebas debidamente allegadas, b) valorar las que debió haber desconocido (por no haber sido arrimadas en debida forma); y, c) por interpretar el acervo de manera irracional; siempre que esas pruebas resulten ser determinantes en el sentido del fallo; de lo contrario, se entiende que las interpretaciones que realice el juez de instancia se encuentran dentro de la autonomía e independencia propias del juez natural.

El defecto fáctico se estructura desde cualquiera de sus dos dimensiones, i) la negativa que se presenta “cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez;” mientras que, ii) la positiva, se configura “cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la Constitución.”[…]“.

48. En ese orden de ideas, el defecto fáctico se configura cuando el juez de manera arbitraria y caprichosa i) omite valorar los medios probatorios debidamente allegados al proceso, ii) le da pleno valor a las pruebas que debió haber desconocido y iii) por haber efectuado una interpretación irrazonable del acervo probatorio.

49. Se debe resaltar que para la configuración de dicho defecto la prueba en cuestión debe ser determinante o relevante para el sentido de la decisión judicial y que con fundamento en los principios constitucionales de independencia y autonomía judicial, los jueces tienen un amplio margen de apreciación para la valoración de las pruebas. La Corte dijo:

“[…] La jurisprudencia ha reconocido, a partir del principio constitucional de autonomía e independencia judicial, el amplio margen que tienen los jueces al momento de efectuar la valoración de las pruebas aportadas al proceso conforme a las reglas de la sana crítica; no obstante, también ha advertido que tal poder comporta un límite ya que no puede ser ejercido de manera arbitraria, en tanto puede lesionar derechos fundamentales […]”

Análisis del caso en concreto

50. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

Acervo y análisis probatorios

51. Para resolver el caso sub judice, la Sala seguirá rigurosamente los parámetros establecidos por la Corte Constitucional respecto al defecto fáctico, a fin de determinar si, efectivamente, la autoridad judicial accionada incurrió en el yerro mencionado, para lo cual revisará el acervo probatorio:

Cargo por defecto fáctico

52. La parte actora en su escrito de tutela señaló que la parte accionada incurrió en un defecto fáctico al no haber tenido en cuenta el contenido y alcance de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Florencia, el 26 de septiembre de 2007, por medio del cual absolvió al señor Jhon Jairo Parra Montiel de los delitos de Concierto para Delinquir y Porte Ilegal de Armas.

53. De igual manera, indicó que la autoridad judicial accionada, no tuvo en cuenta que durante todo el proceso penal, el señor Jhon Jairo Parra Montiel, sostuvo que no participó, ni muchos menos tenía conocimiento de que se estaba cometiendo un ilícito en la residencia donde se encontraba. Señaló que:

“[…] Ahora bien, no se puede, señalar que el señor JHON JAIRO PARRA MONTIEL, haya participado, ni mucho menos cometido algún ilícito, ya que no fue detenido en flagrancia, no tuvo ningún contacto con la presunta víctima, fue detenido por encontrarse en una residencia donde al parecer se cometía un delito, y es así como la Fiscalía General de la Nación, sin ningún otro medio probatorio procede a retenerlo y ordenar la privación de su libertad.

No se puede señalar que en el proceso Administrativo, se hayan analizado todas las pruebas en conjunto, por cuanto la única prueba que endilgaba participación en el ilícito del señor JHON JAIRO PARRA MONTIEL, obrante en el proceso, fue el de residir en la vivienda donde supuestamente habían permanecido secuestradas unas personas, situación que es aclarada por los denunciantes, ya que indica que el señor JHON JAIRO PARRA MONTIEL, no tiene nada que ver situación que nos indica que el señor JHON JAIRO PARRA MONTIEL, en ningún momento intento (sic) siquiera cometer el ilícito y no se puede ser culpable de un delito que no existe, pues insisto, la única actuación del señor JHON JAIRO PARRA MONTIEL, fue la de encontrarse en el lugar y hora equivocada. Situación que fue tenida en cuenta por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado para ordenar su libertad, absolviéndolo del delito a él endilgado […]”.

54. Por su parte, la autoridad judicial accionada en sus consideraciones jurídicas, indicó que:

“[…] El 26 de septiembre de 2007, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Florencia profirió sentencia absolutoria en favor de Jhon Jairo Parra Montiel por los delitos endilgados (fls. 101-129, c. 6), en cuya parte motiva expuso:

Ahora bien, respecto del procesado JHON JAIRO PARRA MONTIEL, la fiscalía instructora basa su acusación en el reconocimiento en fila de personas que hiciera la señora LUZ EDDY RUÍZ y la versión dada por esta en la cual manifiesta que el que se encontraba dentro de la misma casa era quien estaba pendiente de puertas y ventanas mientras que los demás hablaban, pero sin embargo sobre este aspecto, hay que decir que el procesado PARRA MONTIEL residía en la casa de ALFONSO DELGADO MÉNDEZ como lo manifestó en su indagatoria, lugar donde fue capturado. Entonces ¿cómo no lo iba a reconocer si estaba en su casa cuando la señora llegó? Ahora, sabía PARRA MONTIEL qué estaban haciendo SARRIA PEÑA Y DELGADO MÉNDEZ? nunca se pudo establecer esto, además será que estar pendiente de puertas y ventanas es suficiente para pedir que se condene a una persona por el delito de Secuestro Extorsivo, más cuando se demostró que la víctima nunca estuvo privada de la libertad, creemos que no.

Así las cosas, demostrada la ausencia de tipicidad de la conducta de Secuestro Extorsivo no queda más que absolver a los procesados FREDERMAN SARRIA GARCÍA, ALFONSO DELGADO MÉNDEZ Y JHON JAIRO PARRA MONTIEL del cargo que por el delito de SECUESTRO EXTORISVO fueron llamados a juicio.

Procederemos a continuación a analizar la responsabilidad de los procesados en los punibles de CONCIERTO PARA DELINQUIR Y PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE DEFENSA PERSONAL.

(…)

Frente al delito de concierto para delinquir hay que recordar que] presupone la existencia de una organización (…), y para este caso consideramos que dicho acuerdo nunca fue realizado por los procesados, pues si observamos, PARRA MONTIEL fue vinculado porque vivía en la residencia de Alfonso Delgado Méndez, ya que este hacía vida marital con una cuñada de él, y no hay ningún medio probatorio que nos indique que los procesados se confabulaban para cometer diferentes delitos (…).

Así las cosas, ante la falta de prueba que nos permita establecer con mediana certeza que los procesados se habían concertado para cometer una serie de delitos, los cuales tampoco se demostró su ocurrencia, no puede el despacho sino absolverlos de este cargo.

Igual ocurre con el delito de PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE DEFENSA PERSONAL, pues en el expediente lo único que aflora como prueba respecto a esta acusación es la versión por la denunciante LUZ EDDY RUÍZ quien dijo que la habían amenazado con arma de fuego, y sin embargo hay que decir que el arma de fuego que se utilizó para intimidarla pertenece al procesado ALFONSO DELGADO MÉNDEZ. Arma que está amparada con su respectivo salvo conducto (…).

En vista de lo anterior no podemos decir que se configura el delito de porte ilegal de armas de fuego cuando demostrado está en el expediente la existencia del respectivo salvo conducto de la misma, y si bien es cierto esta arma fue utilizada de manera contraria a la permitida por la ley ya que fue usada para intimidar a la señora LUZ EDDY RUÍZ, esto por sí no constituye delito alguno (…) […]”.

55. La Subsección B Sección Tercera del Consejo de Estado adujo que con fundamento en el principio constitucional de la buena fe, que implica que las personas obrarán de manera honesta, se evidencia en el caso concreto, que el señor Jhon Jairo Parra Montiel, al momento de ser capturado, desconoció dicho principio, teniendo en cuenta, que llevaba consigo documentos judiciales a nombre de un tercero, con quien se había hecho identificar en otro proceso judicial. En ese orden de ideas, expresó que:

“[…] Es decir, la circunstancia de hallarse indocumentado la había aprovechado para burlar a la autoridad dentro de otro proceso. Sin duda alguna, este aspecto cobró relevancia al momento de su captura si se tiene en cuenta que, al menos, en lo que respecta al delito de concierto para delinquir por el cual fue investigado, tales argucias suelen acompañar el modus operandi de quienes conscientemente se preparan para defraudar de manera sucesiva a la autoridad y cristalizar sus propósitos delictivos, dado que el mentado delito entraña la realización indiscriminada de conductas contrarias a la ley, para las cuales y a no dudarlo, una identidad falsa facilita el designio criminal, sin perjuicio de que, a posteriori, la estructuración del mentado delito no se hubiera demostrado, como tampoco la de los otros delitos investigados.

20.2.2. La relevancia de la conducta de Parra Montiel se evidencia en el hecho de que la fiscalía a los pocos días que dispuso la medida de aseguramiento, ofició al C.T.I. para que se llevara a cabo el peritaje dactiloscópico; es decir, se trató de un acontecimiento que para la investigación no fue desapercibido sino que, era tan grave que ameritaba su esclarecimiento y fortalecía, para entonces, la idea de que Jhon Jairo estaba involucrado en los delitos investigados que estaban relacionados con la existencia de una banda delincuencial dedicada al secuestro extorsivo. En otras palabras, dicha situación perfiló y aparejó un hecho indicador del cual, ab initio, se colegía su presunta participación en la organización delincuencial respecto de la cual la fiscalía estaba investigando la comisión de unos hechos denunciados.

20.3. En efecto, de acuerdo con el estudio dactiloscópico realizado por el personal del C.T.I., se pudo establecer que Jhon Jairo Parra Montiel y Jeison Hernández Valencia, eran, en realidad, una misma persona. Si bien, el propio Jhon Jairo, el día que lo capturaron relató a los policiales que antes había estado privado de la libertad y que en esa oportunidad se había hecho llamar como Jeison Hernández, aquella confesión no puede tener otra lectura, desde el punto de vista de la culpa civil, que el abandono, la indiferencia y el descuido por los mínimos de prudencia, buena fe y lealtad que se exige de los ciudadanos. No en vano la identidad personal tiene su lugar en la construcción del sujeto social por el que propugna la Constitución, pues tal como lo ha dicho la Corte Constitucional, “la autenticidad personal (lo mismo que la necesidad social de conocer a la persona tal cual es) corresponde a una pretensión que tiene relevancia constitucional y que ésta es indisociable de la particular concepción del sujeto que alienta toda la Constitución […]”.

56. Expresó que si lo anterior no es suficiente, se evidencia que su actitud reticente a la honradez, volvió a manifestarse cuando, rindiendo indagatoria, sin prevención alguna por su falsa identidad, afirmó no tener antecedentes penales, faltando a la verdad, teniendo en cuenta que los documentos que le descubrieron a nombre de Jeison Hernández Valencia, daban cuenta que, para el 22 de julio de 2004, su situación era la de una persona condenada a cuatro años de prisión, en donde además, para el 30 de septiembre de 2004, tenía un acta de evaluación y clasificación como interno del establecimiento penitenciario y carcelario de Florencia, que lo clasificaba en fase de alta seguridad con recomendación para seguir con estudios secundarios como parte del tratamiento penitenciario. En ese orden de ideas, el señor John Jairo Parra Montiel, incumplió con su deberes de colaboración y honestidad con la administración de justicia, conducta que, aun cuando enmarcada en su derecho de defensa, sin lugar a dudas, afianzó las decisiones que por entonces adoptó la Fiscalía General de la Nación.

57. La Sala, con base en lo anteriormente expuesto, considera que la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto fáctico, toda vez que para adoptar la decisión judicial, si tuvo en cuenta el contenido y alcance de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Florencia. Obsérvese que si bien es cierto, dicho Juzgado absolvió al señor Jhon Jairo Montiel de los delitos por los cuales fue investigado, la autoridad judicial accionada, apoyándose en los otros medios probatorios obrantes en el expediente, y construyendo de manera juiciosa el contexto de la investigación penal adelantado en su contra, concluyó que en el caso concreto, se había configurado la eximente de responsabilidad “culpa exclusiva de la víctima”, en donde quedó plenamente acreditado que la parte actora obró de mala fe al llevar consigo documentos judiciales a nombre de un tercero, con quien se había hecho identificar en otro proceso judicial, en donde se pudo acreditar con fundamento en el estudio dactiloscópico llevado a cabo por el personal del C.T.I., que el señor Jhon Jairo Parra Montiel y Jeison Hernández Valencia, eran, una misma persona.

58. En ese orden de ideas, la parte actora con su conducta contribuyó para que la Fiscalía General de la Nación, le impusiera medida de aseguramiento. Nótese lo dicho por la Subsección B Sección Tercera del Consejo de Estado en su providencia:

“[…] Lo anterior lleva a la Sala al convencimiento que, de cara a la investigación penal adelantada, Jhon Jairo Parra Montiel desplegó conductas que resultaron determinantes para que el ente investigador dispusiera en su contra la medida de aseguramiento, constitutiva del daño por el que aquí reclama, al margen de que, en sede de juzgamiento, se hubiera decidido absolverlo de la responsabilidad penal. Tanto así, que la investigación penal, encaminada a establecer los responsables de la comisión de un presunto punible sobre la base de unas denuncias específicas, también se proponía, con fundamento en aquellas, determinar los integrantes de la banda delincuencial que, presuntamente, venían extorsionando a los ciudadanos denunciantes; a efectos de lo cual, al haber manifestado con tanta naturalidad la utilización de una identidad falsa en otro proceso, al haber sido identificado inicialmente por la denunciante como la persona que vigilaba la casa donde se llevó a cabo la extorsión, que no era precisamente el mismo sitio donde residía como se malentendió en la sentencia absolutoria, resulta claro que Jhon Jairo Parra Montiel se expuso imprudentemente al daño, al punto mismo que la fiscalía tuvo en cuenta tales circunstancias para formarse el juicio de acusación frente a los delitos investigados; así como también, para inferir que Parra Montiel podía estar relacionado con la composición de la presunta banda, ya que no de otra manera se comprende la prueba dactiloscópica ordenada al interior de la investigación adelantada y la credibilidad que el ente investigador le otorgó al reconocimiento en fila.

20.9. A estas alturas y, por lo expuesto, fuerza concluir que fue el propio proceder de la víctima y su doble identidad la que, junto a las pruebas iniciales con que contaba la fiscalía, hicieron suponer algún tipo de relación tanto con los delitos investigados como con las actuaciones de las personas que, finalmente, resultaron condenadas por el delito de extorsión. […]”. (Resaltado por la Sala).

59. La Sala debe hacer énfasis que para la configuración del defecto fáctico por irregularidades en la apreciación del material probatorio, la actuación del operador judicial deber ser ostensible, manifiesta y flagrante, en donde además dicha irregularidad debe tener una relación intrínseca con el sentido de la decisión judicial, es decir, que, de no configurarse dicho error manifiesto, la sentencia hubiera adoptado un sentido totalmente distinto, lo que a juicio de la Sala no aconteció en el presente caso.

60. En esa medida, los planteamientos realizados por la parte actora en el presente asunto obedecen a estar en desacuerdo con el análisis y con la decisión que adoptó la autoridad judicial demandada y, en ese sentido, se evidencia el descontento con la providencia objeto de censura que fue desfavorable a sus intereses, pero no se advierte que la decisión fue arbitraria o irracional; por el contrario, la actividad intelectual que realizó el juez natural del proceso en materia de valoración y apreciación de pruebas, hizo parte de la autonomía e independencia que tienen los jueces de la República y, por consiguiente, ni las partes ni el juez constitucional pueden imponer su criterio, interpretación y lógica sobre la del juez natural, como si se tratara de un juez superior que pueda sustituir de manera arbitraria el juicio valorativo del juez del proceso.

61. En otras palabras, esta Sala encuentra que la autoridad judicial demandada, en la providencia motivo de tutela, efectuó un análisis probatorio razonado y coherente bajo las reglas de la sana crítica, sin que dicha valoración fuera arbitraria, abusiva o irracional, por el solo hecho de no interpretarse en los términos que lo pretende la parte actora.

Conclusiones de la Sala

62. En ese orden de ideas, para la Sala la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto fáctico, teniendo en cuenta que profirió su providencia de manera razonable y ajustada a derecho, en donde no se evidenció por esta Sala una actuación grosera o arbitraria que haya traído como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora.

63. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva de esta sentencia, la Sala confirmará lo decidido en la sentencia de 12 de febrero de 2019, por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio del cual negó las pretensiones del amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de tutela proferido el 12 de febrero de 2019, por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio del cual negó las pretensiones del amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

C.C.A
Sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Florencia, el 26 de septiembre de 2007.
Corte Constitucional, sentencia T-090 del 6 de marzo de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 1 de junio de 2017, rad. 3800, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

En efecto, tal como se desprende del informe de captura, Jhon Jairo Parra Montiel fue capturado en la cra. 5 nº 2 F -13 del Barrio los Andes de Florencia, lugar donde se dijo que residía junto a su concuñado Alfonso Delgado ─Vid, hecho 13.2.1.─, mientras que la denunciante Luz Edy Ruíz, tanto en la denuncia como en la ampliación de denuncia, dijo que la habían llevado o había acudido a una casa ubicada en el Barrio San Luis de Florencia ─Vid. hechos 13.1.1. y 13.8─, lugar donde dijo haber visto a Jhon Jairo Parra prestando vigilancia. De lo anterior se colige que el sitio donde la denunciante dijo haber visto a Jhon Jairo Parra, no era precisamente el sitio de su residencia.
“ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.
Radicado Nº 66001-23-31-000-2010-00235-01(46947), M.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera.
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
“[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 2009, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
“Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
Puesto que se interpuso antes de que transcurrieran (6) meses después de notificada la providencia de 14 de junio de 2018 proferida por la Subsección B Sección Tercera del Consejo de Estado.

“En términos generales, dicha figura resulta de la actuación de los funcionarios con poder judicial de manera arbitraria y caprichosa, sin fundamento objetivo y razonable, apartada de los parámetros constitucionales y legales, sin operancia de los principios de legalidad y seguridad jurídica, por la imposición del interés propio de aquéllos, mediante comportamientos que prima facie parecieran reflejar los mandatos contenidos en el ordenamiento jurídico vigente, dada la calidad de autoridad del funcionario que la profiere y de la potestad que ejercita, pero que bajo un examen más estricto tales supuestos resultan descartados.” (Corte Constitucional, Sentencia T-204 de 28 de febrero de 2008, M.P. Hernando Herrera Vergara).

Corte Constitucional. Sentencia T-737 de 25 de septiembre de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sobre el tema, ver también: Sentencias SU-447 de 26 de mayo de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo y T-535 de 20 de agosto de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
Corte Constitucional.
Ibídem.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 30 de marzo de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrano Valdés, número único de radicación: 11001-03-15-000-2017-00420-00.
Corte Constitucional, Sentencia T-267 de 8 de mayo de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
En efecto, el delito de concierto para delinquir, aunque autónomo, persigue un espectro delictual amplio y abierto, pues “significa que no existe acuerdo previo entre sus miembros sobre los delitos específicos que cometerán, como tampoco sobre el momento, el lugar o las personas o bienes que se afectarán, si sobre lo que será su actividad principal: delinquir. Es decir, que la organización delictiva se establece con ánimo de permanencia, que el pacto o acuerdo que celebran sus integrantes es para desarrollar actividades contrarias a la ley, previa distribución entre sus miembros de acciones y responsabilidades que se complementan para alcanzar un fin”. Corte Constitucional, Sentencia C- 241 del 20 de mayo de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz.

En efecto, el 3 de agosto de 2005 se impuso la medida de aseguramiento (fls. 152-167, c. 3) y para el 17 de agosto de ese mismo año ya la fiscalía había expedido el oficio al C.T.I. para que realizara el cotejo lofoscópico (fl. 239, c. 3).

En efecto, tal como se desprende del informe de captura, Jhon Jairo Parra Montiel fue capturado en la cra. 5 nº 2 F -13 del Barrio los Andes de Florencia, lugar donde se dijo que residía junto a su concuñado Alfonso Delgado ─Vid, hecho 13.2.1.─, mientras que la denunciante Luz Edy Ruíz, tanto en la denuncia como en la ampliación de denuncia, dijo que la habían llevado o había acudido a una casa ubicada en el Barrio San Luis de Florencia ─Vid. hechos 13.1.1. y 13.8─, lugar donde dijo haber visto a Jhon Jairo Parra prestando vigilancia. De lo anterior se colige que el sitio donde la denunciante dijo haber visto a Jhon Jairo Parra, no era precisamente el sitio de su residencia.

Especialmente con el señor Alfonso Delgado Núñez, no solamente por el hecho de vivir en la misma casa, sino porque tenían situaciones comunes como, por ejemplo, el hecho de que el señor Delgado Méndez también había estado privado de la libertad por tráfico de estupefacientes (fls. 106-108, c. 3).

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