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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-03392-00

Improcedencia de la acción de tutela: existencia de tutela previa con identidad de objeto, partes y causa petendi

Fecha
24 de octubre de 2018
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Vélez.

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-03392-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. RECHAZAR POR IMPROCEDENTE, por existir cosa juzgada constitucional, la acción de tutela instaurada por el señor Teodoro Bautista González, en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá y el Juzgado 14 Administrativo de Tunja, de conformidad con la parte motiva de eta providencia. SEGUNDO: PREVÉNGASE al señor Teodoro Bautista Gonzalez, para que en lo sucesivo se abstenga de presentar acciones de tutela con fundamento en los hechos que ya han sido debatidos, dado que podría incurrir en conductas temerarias y hacerse acreedor a sanciones, conforme a lo establecido en el Decreto 2591 de 1991 (artículo 25, inciso 2). TERCERO: NOTIFICAR a las partes esta providencia por telegrama o por el medio más expedito de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados. CUARTO: En acatamiento de las disposiciones del artículo 31 ibídem, DE NO SER IMPUGNADA dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia, REMITIR el expediente a Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en Sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2018-03392-00

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.

24 de octubre de 2018

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA – Existencia de tutela previa con identidad de objeto, partes y causa petendi / COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL - Configuración

¿[L]a acción de tutela presentada por el [accionante] comporta una actuación temeraria o debe ser rechazada por exigir cosa juzgada constitucional, como quiera que en oportunidad anterior este interpuso recurso de amparo, presuntamente, con la misma identidad de partes, objeto y causa petendi?. (…) La Sala observa que el actor en el escrito de amparo señaló haber presentado previamente otra acción de tutela contra las mismas autoridades y decisiones judiciales que ahora nuevamente cuestiona en sede de amparo. (…) Teniendo presente lo expuesto –esto es, lo descrito en relación con el primer proceso de tutela presentado por el [actor] y en atención a los hechos, pretensiones y acusaciones de la presente acción de tutela –descritos en el acápite de antecedente de esta providencia-, es claro que las partes, hechos, pretensiones y objeto del proceso N° 2015-02176 (proceso de amparo anterior), son exactamente iguales a las invocadas en el actual proceso de tutela N° 2018-03392, y las decisiones judiciales proferidas en esa ocasión hicieron constituyen cosa juzgada constitucional, en la medida en que la Corte Constitucional no las seleccionó para revisión. (…) [S]e observa que al igual que en los casos antes mencionados –revisados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-055 de 2018-, la presente acción de tutela es improcedente, por existir cosa juzgada constitucional, la cual deriva del proceso de tutela radicado N° 2015-02176, en el que se profirieron: a) las sentencias de instancia del Consejo de Estado que “negaron” el amparo por improcedente -ante el incumplimiento del requisito de inmediatez- y b) el auto de 31 de marzo de 2016 de la Corte Constitucional que decidió no seleccionar ese proceso para revisión. Al ser improcedente el amparo, la Sala no puede abordar el problema jurídico de fondo planteado por el demandante. Finalmente debe señalarse que, si bien la tutela es improcedente por existir cosa juzgada constitucional, no se configura la temeridad en el ejercicio de la presente acción, dado que el demandante obró con lealtad procesal al señalar en su demanda la existencia de un proceso de amparo anterior y esgrimir los argumentos por los cuales consideraba que para el presente evento existía un hecho nuevo que le permitía por segunda ocasión acudir a la mencionada acción constitucional.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ.

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-03392-00(AC)

Actor: TEODORO BAUTISTA GONZÁLEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Y OTRO
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Teodoro Bautista González contra el Tribunal Administrativo de Boyacá y el Juzgado 14 Administrativo de Tunja, por haber proferido en su orden las sentencias de 4 de febrero de 2014 y 24 de septiembre de 2009, por medio de las cuales, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento de derecho incoado contra el Departamento de Boyacá, se inhibieron para pronunciarse de fondo, con aparente vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, seguridad social y el principio de confianza legítima.

ANTECEDENTES

1.1. Escrito de tutela.

Para una mejor comprensión del asunto, la Sala se permite resumir los supuestos fácticos y jurídicos planteados por la parte demandante en el escrito de tutela:

Afirmó que ingresó a trabajar en 1990 para el Departamento de Boyacá, desempeñando como último cargo el de ayudante, código 610, grado 1.

Mencionó que dentro del proceso de restructuración del Departamento de Boyacá, el Gobernador de esa entidad territorial mediante Decreto N° 1844 del 21 de diciembre de 2001 adoptó una nueva planta de personal, mediante actos administrativos individuales -que solo fueron notificados a los beneficiarios- realizó nuevas incorporaciones y, a través del Oficio de 27 de diciembre de 2001 proferido por el Director de Talento Humano -recibido el 15 de enero de 2002- le fue comunicado que su cargo se había suprimido por lo cual podía optar por una indemnización o a ser incorporado posteriormente.
Expresó que en virtud de lo anterior, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el departamento de Boyacá para que se declara la nulidad del Decreto N°1844 del 21 de diciembre de 2001 –del Gobernador de Boyacá- y el Oficio de 27 de diciembre de 2001 –del Director de Talento Humano del Departamento de Boyacá-, por cuanto, en su criterio en el decreto no fueron individualizadas las personas respecto de las que se suprimía el cargo.

Sostuvo que el Juzgado 14 Administrativo de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá negaron, en primera y segunda instancia, las pretensiones de la demanda respecto del Decreto N°1844 del 21 de diciembre de 2001 y se inhibieron para pronunciarse en relación con el Oficio de 27 de diciembre de 2001, argumentando que este último no había modificado su situación jurídica del demente, y que, en consecuencia debía haber demandado los actos por medio de los cuales la administración departamental hizo la incorporación de personal.

Afirmó que contra las anteriores sentencias presentó una acción de tutela por violación de los precedentes del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional sobre la materia, la cual en primera y segunda instancia fue “negada” por improcedente por las Secciones Cuarta y Quinta del Consejo de Estado a través de las sentencias de 29 de octubre de 2015 y 28 enero de 2016, por el incumplimiento del requisito de inmediatez.

Indicó que la Corte Constitucional profirió la sentencia SU-055 de 2018, en la cual –según la interpretación del demandante-, al conocer casos similares al suyo, sentó por primera vez reglas jurisprudenciales sobre la restructuración del Departamento de Boyacá, indicando que el Decreto N°1844 del 21 de diciembre de 2001 –del Gobernador de Boyacá- y el Oficio de 27 de diciembre de 2001 –del Director de Talento Humano del Departamento de Boyacá-, constituyen un acto complejo que modifica la situación jurídica del empleado a quien no se le haya incorporado a la nueva planta de personal, por lo que las autoridades judiciales en estos casos no pueden inhibirse para fallar de fondo los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho.

Afirmó que la sentencia de la Corte Constitucional (SU-055 de 2018) constituye un “hecho nuevo” que lo hablita a presentar esta nueva acción de tutela, sin que pueda oponérsele la figura de cosa juzgada ni acusársele de temeridad.

Finalmente mencionó que las decisiones judiciales acusadas incurrieron en: a) vulneración de los precedentes verticales del Consejo de Estado así como de la Corte Constitución y b) defecto sustancial por interpretación normativa y jurisprudencial errada.

1.2. Pretensiones

Con fundamento en los hechos expuestos solicitó que: 1) Se dejen sin efectos las sentencias acusadas de 4 de febrero de 2014 y de 24 de septiembre de 2009, proferidas por el Tribunal Administrativo de Boyacá y el Juzgado 14 Administrativo de Tunja, y 2) Se ordene el Tribunal Administrativo de Boyacá proferir una nueva sentencia en la que se pronuncie de fondo sobre las pretensiones de nulidad y restablecimiento incoadas contra el Oficio de 27 de diciembre de 2001 proferido por el Director de Talento Humano del Departamento de Boyacá, por el cual se le comunicó la supresión del cargo que desempeñaba en esta entidad territorial.

1.3. Actuación procesal de instancia.

Mediante auto de 19 de septiembre de 2018 el despacho sustanciador: 1) Admitió la acción de tutela ejercida por el señor Teodoro Bautista Gonzalez; 2) Ordenó la notificación al Tribunal Administrativo de Boyacá –en calidad de demandado- así como al Juzgado 14 Administrativo de Tunja y al Departamento de Boyacá –en calidad de terceros interesados-, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 y concordantes del Decreto 2591 de 1991, y 3) Solicitó a las mencionadas entidades que dentro de los dos (2) días siguientes al recibo de la notificación rindieran el informe correspondiente y enviaran copia del expediente con Rad. N° 2002-01182 en el cual se expidieron las providencias acusadas.

1.4. Informes rendidos en el proceso

El Juez 14 Administrativo de Tunja, mediante escrito de 26 de septiembre de 2018, se opuso a las pretensiones del demandante con los siguientes argumentos:

Afirmó que la tutela es improcedente porque: 1) Pretende convertir el amparo constitucional en una tercera instancia para reabrir el debate jurídico agotado atreves del medio ordinario en el proceso contencioso administrativo; 2) No se cumple con el requisito de la inmediatez, por cuanto la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá –que finalizó el débete contencioso administrativo- fue proferida el 4 de febrero de 2014 y esta segunda tutela se presentó luego de cuatro (4) años; 3) No puede aceptarse el argumento del demandante, según el cual, debe analizarse la inmediatez –de esta según acción de tutela- desde la expedición de la sentencia SU-055 de 2018 de la Corte Constitucional, por constituir un hecho nuevo, por cuanto esa decisión solo ratifica la ratio descidendi de las sentencias T-446 de 2013 y T-153 de 2015; y 4) Existe cosa juzgada constitucional, dado que el actor presentó otro amparo constitucional con identidad de sujetos, partes y objeto, el cual fue negado por improcedente por el Consejo de Estado –ante el incumplimiento de requisito de inmediatez-, decisión que no fue seleccionada por la Corte Constitucional para revisión.

Señaló que ninguna de las decisión acusadas -y especial la proferida por el Juzgado 14 Administrativo de Tunja-, vulneraron los derechos fundamentales invocados por el demandante, puesto que en ellas se aplicó correctamente el precedente vigente del Consejo de Estado, de acuerdo con el cual, en los eventos de restructuración de entidades del Estado, cuando a través de un Decreto general se suprima la planta de personal creando una nueva y mediante Resoluciones particulares se hagan incorporaciones, el personal no reincorporado a quien mediante oficio se le comunique la supresión de su cargo, debe demandar los actos que modifican su situación jurídica esto es el acto general y el incorporación, mas no el de comunicación.

CONSIDERACIONES

Atendiendo a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: la competencia para decidir el recurso de amparo; determinación del problema jurídico y el caso concreto.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y artículo 1 (numeral 5) del Decreto 1983 de 2017 –por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015-, en cuanto estipula que “Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada”, esta Sala es competente para conocer de la presente acción constitucional contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, por ser su superior funcional.

2.2. Determinación del problema jurídico.

El problema jurídico consiste en determinar ¿si la acción de tutela presentada por el señor Teodoro Bautista Gonzalez comporta una actuación temeraria o debe ser rechazada por exigir cosa juzgada constitucional, como quiera que en oportunidad anterior este interpuso recurso de amparo, presuntamente, con la misma identidad de partes, objeto y causa petendi?

Eventualmente, de ser resuelto negativamente el problema jurídico anterior, la Sala deberá abordar el fondo de la cuestión planteada por el demandante y en consecuencia resolver como problema jurídico subsidiario si ¿las autoridades judiciales acusadas –en especial el Tribunal Administrativo de Boyacá- incurrieron en los defectos sustanciales de desconocimiento del precedente y denegación de justicia, al inhibirse para resolver de fondo las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho incoadas contra el Oficio de 27 de diciembre de 2001 proferido por el Director de Talento Humano del Departamento de Boyacá?

Para resolver el primero de los problemas jurídicos planteados, la Sala expondrá las teorías de la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales -requisitos de forma- y de la cosa juzgada constitucional, para luego analizar el problema planteado.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Sobre el particular, tanto la Corte Constitucional como esta Corporación, inicialmente consideraron que la acción de tutela no procedía contra providencias judiciales. Posición que fue variada por la Corte al aceptar la procedencia excepcional y restringida del referido mecanismo constitucional de comprobarse la existencia de una vía de hecho y de un perjuicio irremediable, y por parte de algunas Secciones del Consejo de Estado, cuando se evidenciara la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Posteriormente, en la Sentencia C-590 de 2005 la Corte Constitucional reiteró la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, pero supeditada ya no a la existencia de una vía de hecho, sino a la verificación de unos requisitos de forma y de procedencia material fijados por la misma Corte. Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012, con ponencia de la Consejera María Elizabeth García González, finalmente aceptó que la acción de tutela es procedente contra una providencia judicial, “cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales”.

Respecto a los requisitos de forma o generales de procedencia, señaló: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones; ii) Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y, vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Adicional a lo anterior, debe señalarse que en los términos del artículo 38 del Decreto 2591 de 1992 también constituye causal de improcedencia, no solo de la tutela contra providencia judicial sino de cualquier acción judicial, la existencia de cosa juzgada –en este caso, constitucional-.

2.4. La cosa juzgada constitucional y temeridad en materia de tutela.

La Corte Constitucional mediante Sentencia T-661 de 2013, resaltó que en los eventos en los que una misma persona instaura tutelas de manera sucesiva en las que converge identidad de partes, hechos y pretensiones, más allá de la declaratoria de temeridad, es preciso estudiar si ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional sobre la primera de las acciones promovidas, pues cuando ello ocurre, las tutelas subsiguientes en virtud del artículo 38 del Decreto 2591 de 1992, son improcedentes. Al respecto indicó:

“Como regla general, cuando el juez constitucional resuelve un asunto en concreto y posteriormente la Corte decide sobre su selección, la decisión judicial sobre el caso se torna definitiva, inmutable y vinculante. Si la Corte en ejercicio de la facultad discrecional de revisión, decide seleccionar el caso para su estudio, la cosa juzgada constitucional se produce con la ejecutoria del fallo de la propia Corte, y cuando no lo selecciona, la misma opera a partir de la ejecutoria del auto en que se decide la no selección. Luego de ello, la decisión queda ejecutoriada desde el punto de vista formal y material. Por tanto, no es posible que se profiera un nuevo pronunciamiento sobre el mismo asunto HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-777-14.htm" \l "_ftn46" \o "" [46], pues ello desconocería la seguridad jurídica que brinda este principio de cierre del sistema jurídico.

2.4 En este sentido, la Corte ha precisado que, en principio, no le es dado a la jurisdicción constitucional estudiar varias acciones de tutela cuando ellas han sido puestas con el objeto de defraudar al Estado, pero tampoco está autorizada para estudiar tutelas relativas a asuntos sobre los cuales pesa ya la cosa juzgada constitucional. En ambos eventos la tutela debe ser declarada temeraria y/o improcedente, pues en ellos la acción pierde su carácter de instrumento preferente y sumario de defensa de derechos fundamentales para convertirse, en una vía de actuación deshonesta frente al Estado, o bien en una acción que socave los mínimos de seguridad exigidos a un ordenamiento que pretende dar fin a los conflictos sociales y a las decisiones sobre los mismos”. (Negrilla y subrayado fuera del texto).

En síntesis, la jurisprudencia constitucional ha concluido que “las instituciones de la cosa juzgada y la temeridad pretenden evitar la presentación sucesiva, además de múltiple de las acciones de tutela. Al mismo tiempo, es evidente que estos conceptos cuentan con diferencias claras, que los llevan a configurarse como elementos disímiles. Sin embargo, ello no es impedimento para que en un caso concreto confluyan tanto la cosa juzgada como la temeridad. A partir de esa complejidad, el juez constitucional es el encargado de establecer si ocurre su configuración en cada asunto sometido a su competencia.”.

2.5. Análisis del caso concreto.

La Sala observa que el actor en el escrito de amparo señaló haber presentado previamente otra acción de tutela contra las mismas autoridades y decisiones judiciales que ahora nuevamente cuestiona en sede de amparo, argumentando que no existe cosa juzgada constitucional por cuanto media un “hecho nuevo” materializado en la sentencia de SU-055 de 2018 de la Corte Constitucional, la cual -según su dicho- por primera vez sentó reglas en relación con la justiciabilidad de los actos proferidos en el proceso de restructuración del Departamento de Boyacá.

Para resolver este cuestionamiento debe señalarse que, el proceso de tutela anterior al cual hace referencia el demandante, es el identificado con el radicado N° 2015-02176, en el cual se realizaron las siguientes actuaciones:

1) En primera instancia fue decidido por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, mediante la sentencia 29 de octubre de 2015 a través de la cual se “negó por “improcedente” el amparo, en atención al incumplimiento del requisito de inmediatez dado que, ésta se interpuso “luego de haber trascurrido un año y medio desde que conoció de la decisión judicial que censuraba, motivo por el cual la solicitud de amparo constitucional resultaba improcedente.”.

En este proceso, las pretensiones y argumentos del demandante fueron el desconocimiento del precedente del Consejo de Estado (sentencia de 4 de noviembre de 2010) y de la Corte Constitucional (T-153 de 2015 y T-446 de 2013) en relación con la justiciabilidad, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, del oficio mediante el cual la administración comunicó la supresión de su cargo.

“Señaló la apoderada del señor Bautista González que las autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos fundamentales y principios que se solicita proteger porque para adoptar las decisiones censuradas no tuvieron en cuenta que la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-153 de 2015, indicó que era posible demandar en acción de nulidad y restablecimiento del derecho los oficios mediante los cuales la administración comunica la supresión de cargos por constituir actos particulares y concretos.

Manifestó que la decisión de la Corte Constitucional tuvo asidero en diferentes sentencias dictadas por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en las cuales se ha expresado la posibilidad de demandar el oficio mediante el cual se comunica la supresión de un cargo.

Sostuvo que, bajo esa óptica, es incuestionable que las autoridades judiciales accionadas, en especial la que dictó sentencia de segunda instancia, desatendieron el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional y del órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativa, al haberse inhibido de pronunciarse de fondo respecto de la legalidad del oficio de fecha 27 de diciembre de 2001, pues fue a través de éste que se le comunicó la supresión de su cargo.

Manifestó que dentro de los pronunciamientos judiciales desacatados por las accionadas se pueden señalar, las siguientes sentencias: T-153 de 2015, T-446 de 2013 y la del 4 de noviembre de 2010, dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del expediente 2003-01124-02.”.

2) La segunda instancia de este proceso de tutela, fue decidida por el Consejo de Estado – Sección Quinta, a través de la sentencia de 28 de enero de 2016, por medio de la cual se confirmó el fallo de primera instancia que negó el amparo por improcedente –ante el incumplimiento del requisito de inmediatez-.

“En el asunto bajo examen, la Sala estima que debe confirmarse el fallo de primera instancia dictado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, pues conforme a la prueba documental que obra al folio 1801 del cuaderno 1 anexo al expediente, la sentencia de segunda instancia censurada y que dictó el Tribunal Administrativo de Boyacá dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que inició el accionante en contra del departamento de Boyacá, se notificó por edicto desfijado el día 13 de febrero de 2014 y quedó ejecutoriada el 18 del mismo mes y año, sin embargo, la acción sólo se instauró el 21 de agosto de 2015, cuando ya había trascurrido un año y cinco meses desde el día en que adquirió firmeza la aludida providencia.”.

3) El expediente del proceso de tutela en mención (Radicado N° 2015-02176), de conformidad con el Sistema Justicia XXI, fue remitido a la Corte Constitucional el 29 de febrero de 2016, la cual a través de la Sala de Selección de tutelas N° 3, mediante auto de 31 de marzo de 2016, resolvió no seleccionarlo para revisión.

Ahora bien, teniendo presente lo expuesto –esto es, lo descrito en relación con el primer proceso de tutela presentado por el señor Teodoro Bautista Gonzalez y en atención a los hechos, pretensiones y acusaciones de la presente acción de tutela –descritos en el acápite de antecedente de esta providencia-, es claro que las partes, hechos, pretensiones y objeto del proceso N° 2015-02176 (proceso de amparo anterior), son exactamente iguales a las invocadas en el actual proceso de tutela N° 2018-03392, y las decisiones judiciales proferidas en esa ocasión hicieron constituyen cosa juzgada constitucional, en la medida en que la Corte Constitucional no las seleccionó para revisión.

PROCESO

PROCESO DE TUTELA ANTERIOR RADICADO 2015-02176.

PROCESO DE TUTELA ACTUAL RADICADO 2018-03392.
PARTES
Accionante: Teodoro Bautista Gonzalez
Accionante: Teodoro Bautista Gonzalez
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá y Juzgado 14 Administrativo de Tunja.
Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá y Juzgado 14 Administrativo de Tunja.
CAUSA PETENDI
Haber expedido las autoridades judiciales acusadas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho incoado por el señor Teodoro Bautista Gonzalez las sentencias de 24 de septiembre de 2009 y 4 de febrero de 2014, por las cuales se inhibieron para pronunciarse de fondo en relación con el Oficio de 27 de diciembre de 2001 del Director de Talento Humano por el cual se le comunicó que su cargo se había suprimido.
Haber expedido las autoridades judiciales acusadas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho incoado por el señor Teodoro Bautista Gonzalez las sentencias de 24 de septiembre de 2009 y 4 de febrero de 2014, por las cuales se inhibieron para pronunciarse de fondo en relación con el Oficio de 27 de diciembre de 2001 del Director de Talento Humano por el cual se le comunicó que su cargo se había suprimido.
OBJETO
La protección de los derechos fundamentales
La protección de los derechos fundamentales
PRETENSIONES
Pretensión: Dejar sin efectos las providencias acusadas para que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profiera una decisión de fondo.
Pretensión: Dejar sin efectos las providencias acusadas para que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profiera una decisión de fondo.

Ahora bien, dado que el actor manifiesta que las decisiones anteriores (proferidas dentro del proceso de amparo anterior N° 2015-02176) no son oponibles como cosa juzgada –y menos aún como cosa juzgada constitucional- a la acción de tutela que ahora incoa (dentro del actual proceso de amparo N° 2018-03392), por cuanto según su dicho, media un “hecho nuevo” materializado en la sentencia SU-055 de 2018 de la Corte Constitucional que sentó por primera vez reglas sobre el proceso de restructuración del Departamento de Boyacá y amparó los derechos de otros trabajadores en situaciones similares a la suya, es necesario revisar ese argumento.

La Corte Constitucional en la sentencia SU-055 de 2018 acumuló para revisión las acciones de tutela de cinco (5) demandantes, los cuales acusaban diferentes sentencias del Tribunal Administrativo de Boyacá que se inhibieron para pronunciarse de fondo sobre los Oficios por medio de los cuales les fue comunicada la supresión de sus cargos dentro de la planta de personal del Departamento de Boyacá.

En tres (3) de los mencionados casos –Carlos Otto Pérez Oviedo; Édgar Humberto Parra Peña y Gustavo Avellaneda Leal-, se presentaron situaciones jurídico procesales similares a las del proceso de tutela que ahora convoca a la Sala, esto es: a) Los demandantes habían presentado previamente una primera acción de tutela que había sido declarada en primera y segunda instancia improcedente por inmediatez; b) Los demandantes argumentaban para la presentación de una segunda acción de tutela la existencia de un “hecho nuevo”, en ese caso, materializado en la sentencia T-153 de 2015 de la Corte Constitucional, la cual para aquellos “constituía en el primer precedente constitucional acerca de la reestructuración en el Departamento de Boyacá”, y c) Las autoridades judiciales que conocieron en instancias las segundas acciones de tutela, las rechazaron por existir cosa juzgada al considerar que el “hecho nuevo” no se había configurado dado que la sentencia aducida en ese caso (T-153 de 2015) solo reiteraba reglas sobre la judiciabilidad de los oficios de comunicación de supresión del cargo, que ya habían sido decantadas por esa corporación judicial en providencias anteriores.

La Corte Constitucional, en la sentencia SU-055 de 2018 –mencionada ahora por el demandante-, al revisar las decisiones constitucionales de instancia antes mencionadas, claramente señaló que: i) Que las reglas relacionadas con la judiciabilidad de los Oficios de comunicación de la supresión de cargo dispuestas en la sentencias T-153 de 2015, habían sido decantadas muchos años atrás en las sentencias T-446 de 2013 y T-146 de 2014, por lo cual aquella no constituía un hecho nuevo; postura que incluso fue reiterada en las sentencias T-464 de 2015 y T-228 de 2016.

“3. La sentencia T-153 de 2015 como precedente aplicable a la solución de fondo de los casos no constituye un hecho nuevo que permita concluir que no existe cosa juzgada constitucional en relación con las tutelas anteriormente presentadas, dado que (i) se trata de una sentencia con efectos inter partes (perspectiva indicativa) y que (ii) no contiene un pronunciamiento novedoso, pues su ratio decidenci es una reiteración de otros pronunciamientos de este Tribunal (perspectiva material).
(…)
Desde una perspectiva material definitoria, puede observarse que la ratio decidendi de dicha providencia no es un pronunciamiento novedoso en la jurisprudencia constitucional sobre el tema de enjuiciamiento de oficios de comunicación. El estudio del mismo ya venía desde la Sentencia T-446 de 2013 la que, si bien no analizó específicamente el caso de restructuración laboral en el Departamento de Boyacá, fundó la subregla de aplicación de procesos de supresión parcial de cargos con características idénticas a ese. Veamos.
(…)
De lo expuesto, la Sala logra extraer varias conclusiones. En primer lugar, si bien la sentencia originaria sobre el tema de la demandabilidad de oficios en las condiciones planteadas fue la T-446 de 2013 y la misma se desarrolló en el marco del proceso de restructuración de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la razón de la decisión que se extrajo de tal caso no está atada exclusivamente a dicho proceso. Aunque cada proceso de restructuración tiene sus particularidades, en esta oportunidad lo ocurrido en la CARC así como en el Departamento de Boyacá tuvo las mismas características relevantes o definitorias que permitieron que la ratio empleada en el primer caso fuera aplicable al segundo.

No por la sola circunstancia de que la primera vez que se analizara la desvinculación de un servidor del Departamento de Boyacá fuera en la sentencia T-153 de 2015 sin ninguna otra particularidad relevante, puede considerarse que aquella sea un hecho nuevo. En efecto, así como no lo es por el tipo de providencia y su alcance, por sus consideraciones tampoco. La ratio decidendi de la sentencia de 2015 es idéntica a la de 2013 y, aunque los procesos de restructuración se originaron por causas y entidades públicas distintas, los elementos “base necesaria de la decisión” son los mismos.

En efecto, ambos casos estuvieron enmarcados en procesos de restructuración de plantas de personal de entidades públicas (sea CARC o departamento de Boyacá) que mediante un acto general (entiéndase acuerdo o decreto) suprimieron innominadamente cargos de la categoría en que se encontraban los demandantes y, de forma simultánea, en el mismo acto, crearon otros de igual denominación; así mismo a cada servidor le fue entregado un oficio de comunicación, en el que le informaba sobre la supresión de su cargo con fundamento en el acto general. Ambos actos, tanto el general como el oficio fueron demandados conjuntamente. Otro elemento trascendental, fue que en dichos procesos la entidad pública expidió actos administrativos de incorporación con anterioridad al oficio de comunicación los cuales, pese a no habérseles notificado a los empleados salientes, fueron considerados por los jueces contencioso administrativos -en las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho- como los actos que debían demandarse y no los oficios, los cuales fueron considerados como simples actos de ejecución o trámite, y por tal razón declararon su inhibición para pronunciarse sobre ellos.
(…)
Dicho esto, para la Corte es claro que la Sentencia T-153 de 2015 no sólo no es un hecho nuevo por sus alcances inter partes, sino además porque su ratio decidendi ya había sido plasmada por otra Sala de Revisión desde la Sentencia T-446 de 2013.”.

Con base en lo trascrito, la Corte Constitucional en la sentencia SU-055 de 2018, concluyó que en los tres (3) casos similares al del hoy demandante –Carlos Otto Pérez Oviedo; Édgar Humberto Parra Peña y Gustavo Avellaneda Leal-, el asunto señalado por éstos cómo “hecho nuevo” en realidad no se configuraba, por cuanto la regla de derecho esgrimida como desconocida –misma regla esgrimida por el ahora demandante- había sido decantada desde el año 2013, y que en consecuencia, las decisiones de instancias proferidas por los juzgadores de tutela –en los primeros procesos de amparo- que negaron el amparo por falta de inmediatez, constituían cosa juzgada constitucional.

“Este tercer caso, también tiene una dificultad de procedencia relacionada con la cosa juzgada constitucional. En efecto, ambas acciones de tutela son idénticas; tanto las partes y la causa petendi como el objeto, son los mismos.

No existe un hecho nuevo por la emisión de la sentencia T-153 de 2015. El argumento del accionante para presentar una nueva demanda radica en la posibilidad de entender como un hecho nuevo, la expedición de la sentencia T- 153 de 2015, dado que, a su juicio este fue el primer precedente idénticamente aplicable a su caso por tratarse del proceso de restructuración del Departamento de Boyacá.
Sin embargo, tal como fue expuesto y aclarado en los capítulos III y IV de esta providencia, la sentencia T-153 de 2015 no constituye un hecho nuevo dado que la ratio decidenci de la misma fue extraída en su integridad de la T-446 de 2013. Por este motivo, no es justificable que el accionante haya presentado esta nueva acción de tutela con fundamento en lo desarrollado por la sentencia de 2015, cuando dichas consideraciones ya existían, inclusive, tanto conocía el actor dicha jurisprudencia que la primera acción de tutela presentada fue con base en los argumentos de la T-446 de 2013.

Ambas sentencias estudiaron procesos de restructuración de supresión parcial cuyas semejanzas fueron las relevantes para estudiar el caso: la existencia de un acto general comunicado a través de un oficio, los cuales fueron demandados conjuntamente en nulidad y restablecimiento del derecho pero los jueces se declararon inhibidos para pronunciarse respecto del último porque simplemente era un acto de ejecución y no contenía decisión de fondo qué enjuiciar. A su paso, señalaron que los actos demandables eran los de incorporación de otros servidores, los cuales no fueron notificados a los empleados salientes. En ambas sentencias se consideró exactamente lo mismo: los jueces contencioso administrativos, al declararse inhibidos para pronunciarse en relación con el oficio de comunicación, estaban desconociendo uno de los precedentes del Consejo de Estado depositado en la Sentencia del 4 de noviembre de 2010. Ello, por cuanto aplicaron a los casos otra subregla también desarrollada por dicho Tribunal en otras sentencias pero sin mencionar, en virtud del presupuesto de transparencia, aquél fallo.

Considerando que no existe el alegado hecho nuevo, la Sala observa que sí se configura una cosa juzgada constitucional, motivo por el se declarará la improcedencia de esta acción de tutela.”.

En síntesis, los casos similares al del señor Teodoro Bautista González –ahora demandante-, analizados en la sentencia SU-055 de 2018 de la Corte Constitucional –esgrimida por el actor como hecho nuevo-, fueron resueltos en sede de revisión de forma desfavorable, dejando expreso que incluso desde la sentencia T-446 de 2013 de la Corte Constitucional las reglas para decir este tipo de asuntos han sido claras e invariables, por lo cual señaló que las primeras acciones de amparo no habían cumplido con el requisito de inmediatez y las segundas acciones de amparo eran improcedentes por existir cosa juzgada constitucional –y no ser aceptable el argumento de haberse configurado un hecho nuevo-.

ACTOR
TUTELA 1
TUTELA 2 OBJETO
DE REVISIÓN POR LA C.C.
CORTE CONSTITUCIONAL SU-055 DE 2018
Sent. 1° instancia Sent. 2° instancia Sent. 1° instanciaSent. 2° instanciaCarlos Otto Pérez OviedoC.E. S4 –10 de diciembre de 2014- negó el amparo. CE S5. -
9 de abril de 2015-C.E. S4. -12 de noviembre de 2015-
-Improcedente falta de inmediatez. CE. S5. –Sentencia 4 de febrero de 2016- Confirma.

Confirma improcedencia –No hay hecho nuevo, si hay cosa juzgada- Edgar Humberto Parra Peña C.E. S4. -Sentencia del 26 de septiembre de 2013. CE S5. -Sentencia de 11 de diciembre de 2013-.C.E. S4. -Sentencia del 19 de noviembre de 2015 (improcedente la acción - ausencia del presupuesto de inmediatez). CE. S5 -Sentencia del 18 de febrero de 2016-. Confirma improcedencia –No hay hecho nuevo, si hay cosa juzgada- Gustavo Avellaneda Leal C.E. S2. -Sentencia del 9 de septiembre de 2013-. CE. S4. -Sentencia de 27 de marzo de 2014- CE. S1 -Sentencia del 17 de marzo de 2016. CE. S2 -Sentencia de 30 de junio de 2016-
Confirma improcedencia –No hay hecho nuevo, si hay cosa juzgada- 
Ahora bien de lo previamente expuesto, se observa que al igual que en los casos antes mencionados –revisados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-055 de 2018-, LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE por existir cosa juzgada constitucional, la cual deriva del proceso de tutela radicado N° 2015-02176, en el que se profirieron: a) las sentencias de instancia del Consejo de Estado que “negaron” el amparo por improcedente -ante el incumplimiento del requisito de inmediatez- y b) el auto de 31 de marzo de 2016 de la Corte Constitucional que decidió no seleccionar ese proceso para revisión. Al ser improcedente el amparo, la Sala no puede abordar el problema jurídico de fondo planteado por el demandante.

Finalmente debe señalarse que, si bien la tutela es improcedente por existir cosa juzgada constitucional, no se configura la temeridad en el ejercicio de la presente acción, dado que el demandante obró con lealtad procesal al señalar en su demanda la existencia de un proceso de amparo anterior y esgrimir los argumentos por los cuales consideraba que para el presente evento existía un hecho nuevo que le permitía por segunda ocasión acudir a la mencionada acción constitucional.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. RECHAZAR POR IMPROCEDENTE, por existir cosa juzgada constitucional, la acción de tutela instaurada por el señor Teodoro Bautista González, en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá y el Juzgado 14 Administrativo de Tunja, de conformidad con la parte motiva de eta providencia.

SEGUNDO: PREVÉNGASE al señor Teodoro Bautista Gonzalez, para que en lo sucesivo se abstenga de presentar acciones de tutela con fundamento en los hechos que ya han sido debatidos, dado que podría incurrir en conductas temerarias y hacerse acreedor a sanciones, conforme a lo establecido en el Decreto 2591 de 1991 (artículo 25, inciso 2).

TERCERO: NOTIFICAR a las partes esta providencia por telegrama o por el medio más expedito de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

CUARTO: En acatamiento de las disposiciones del artículo 31 ibídem, DE NO SER IMPUGNADA dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia, REMITIR el expediente a Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en Sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER
Ingresó al Despacho para decisión el 12 de octubre de 2018, según informe de la secretaría general de la Corporación. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho N° 2002-1182. Fl. 2 a 17 del expediente – cuaderno principal. Proceso de tutela N° 2015-02176. Dado que la sentencia de segunda instancia cuestionada se notificó por edicto desfijado el 13 de febrero de 2014, y el actor acudió ante el juez de tutela el 21 de agosto de 2015, esto es, luego de haber trascurrido un año y medio desde que conoció de la decisión judicial censurada. A través de las cuales dentro del proceso de nulidad y restablecimiento de derecho incoado por el demandante contra el Departamento de Boyacá las autoridades judiciales demandadas se inhibieron para pronunciarse de fondo. Fl. 21 del expediente – cuaderno principal. Fl. 32 del expediente – cuaderno principal. Expediente No. 11001-03-15-000-2015-02176-01. Actor: Teodoro Bautista González. Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Descongestión y otro. En sentencia C-543 de 1992, proferida con ocasión del análisis de constitucionalidad de los artículos 11, 12, 25 y 40 del Decreto Ley 2591 de 1991, la Corte sostuvo, que atendiendo al querer del Constituyente, a la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y a la preservación de valores supremos como la seguridad jurídica, cosa juzgada y autonomía judicial, la tutela no era procedente cuando tuviera por objeto cuestionar providencias judiciales. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante decisión de 29 de enero de 1992 (AC-009) con ponencia de la Consejera Dolly Pedraza de Arenas, consideró que la acción de tutela era improcedente contra providencias judiciales, inaplicando para el efecto lo establecido en los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991. Esta tesis fue reiterada por la misma Sala Plena mediante sentencias de 3 de febrero de 1992 con ponencia del Consejero Luis Eduardo Jaramillo Mejía (AC-015), 14 de octubre de 1993 con ponencia del Consejero Libardo Rodríguez (AC-1247) y 29 de junio de 2004 con ponencia del Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda (AC-10203). Ver sobre el particular las sentencias T-483 de 1997, T-204 de 1998, T-766 de 1998 y SU-563 de 1999. Al respecto ver, entre otras, las siguientes Sentencias: Sección Primera, de 9 de julio de 2004, Exp. No. 2004-00308; y, Sección Segunda – Subsección A, de 27 de mayo de 2010, Exp. No. 2010-00559. Sentencia en la que se analizó la legalidad del artículo 185 de la Ley 906 de 2004. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias T-1009 de 1999, SU-1031 de 2001, SU-1184 de 2001, SU-159 de 2002, T-774 de 2004. También denominados requisitos generales de procedencia, y que son: i. Que el asunto tenga relevancia constitucional; ii. Que se hayan agotado los medios ordinarios y extraordinarios de defensa; iii. Que se cumpla con el requisito de inmediatez; iv. Que si se trata de una irregularidad procesal tenga efecto decisivo o determinante en la sentencia y afecte los derechos fundamentales; v. Que el interesado exponga los hechos que generan la vulneración o amenaza de sus derechos y que, además y de haber sido posible, hubiera alegado esta situación en el proceso; y, vi. Que no se trate de sentencias de tutela. También llamados requisitos generales de procedibilidad y que hacen referencia a la configuración de uno o varios de los siguientes defectos: i. Sustantivo o material; ii. Fáctico; iii. Orgánico; iv. Procedimental; vi. Desconocimiento del precedente; vii. Error inducido; viii. Ausencia de motivación; o, ix. Violación directa de la Constitución. Sobre la descripción de requisitos de forma y materiales ver la Sentencia T-007 de 2013. Al respecto ver lo sostenido en las Sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-377 de 2009 y T-178 de 2012.

También es importante resaltar que ya en la Sentencia SU-014 de 2001 la Corte consideró la necesidad de superar dicho concepto y dar paso a lo que, posteriormente, se denominó error inducido [Sentencia T-462 de 2003]. Emitida en el expediente 110010315000200901328 01. T-173 de 1993
T-504 de 2000. MP. Luis Ernesto Vargas Silva
Sentencia SU-1219 de 2001 M.P Manuel José Cepeda Espinoza. Sentencia T-185 de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Proferida la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del expediente 2003-01124-02. CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA. Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO. Sentencia de 28 de enero de 2016. Expediente No. 11001-03-15-000-2015-02176-01. Actor: Teodoro Bautista González. Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Descongestión y otro. ACCIÓN DE TUTELA - FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA
http://anterior.consejodeestado.gov.co/testmaster/nue_actua.asp?mindice=20150217601.
http://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/consultat/consulta. Dora Clemencia Corredor Medina; Carlos Otto Pérez Oviedo; Edgar Humberto Parra Peña; Segunda Eloisa Abril Valcarcel y Gustavo Avellaneda Leal.
“2.2.1. En ese orden de ideas, este Tribunal advierte que los casos en revisión de los expedientes T-5.448.252, T-5.451.035 y T-5.685.087 comparten un asunto sobre la existencia de otra demanda de amparo presentada con anterioridad, circunstancia que algunos jueces de instancia advirtieron y por ello declararon la improcedencia de las acciones bajo la configuración de una cosa juzgada constitucional. Sin embargo, los peticionarios manifestaron insistentemente que la presentación de otra tutela se debía a la existencia de un hecho nuevo, pues, a juicio suyo, el pronunciamiento de la Corte en la sentencia T-153 de 2015 constituía el primer precedente específico en relación con el proceso de restructuración de la planta de personal del Departamento de Boyacá y tal coyuntura, explicaban, era plena justificación para entender que se trataba de una nueva acción. Con tal exposición, lo peticionarios pretendieron que su demanda se saneara en tal sentido.”.

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