Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-03393-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2018-03393-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Acción de tutela contra providencia judicial: sentencia de segunda instancia que niega pretensiones de la demanda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-03393-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2018-03393-01
Consejero ponente: César Palomino Cortés
8 de abril de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Sentencia de segunda instancia que niega pretensiones de la demanda / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Reliquidación de pensión de jubilación / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL - Inexistencia / CÁLCULO DEL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN PARA BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN - No existía criterio unificado al momento de proferirse la sentencia cuestionada / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL - Aplicación / APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JUDICIAL - Establecido por la Corte Constitucional / FACTORES DE LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN - Aquellos objeto de cotización / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS
[S]e debe señalar que para el caso objeto de estudio no es posible aplicar las reglas jurisprudenciales establecidas por la Sala Plena [del 28 de agosto de 2018] de esta Corporación, pues la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que se cuestiona en sede de tutela, fue proferida con anterioridad a la expedición de la referida sentencia de unificación. Sin embargo, es necesario aclarar que el nuevo criterio asumido por el Consejo de Estado en la referida sentencia de unificación, no es ajeno al análisis jurídico desarrollado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia acusada y obedece a un estudio juicioso de la normativa y la jurisprudencia que regula el tema del IBL en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993. No obstante, no se puede desconocer que si bien, para el momento en que el Tribunal expidió su providencia, no se encontraba vigente la sentencia de esta Corporación, también es cierto que en el caso el sub examine, la autoridad judicial desató la controversia con base en los criterios existentes al tiempo de dictar la respectiva decisión y en ejercicio de los principios de independencia y autonomía funcional explicó de manera suficiente y razonada los motivos de hecho y derecho por los cuales se acogió la postura de la Corte Constitucional y se apartó de la tesis que existía en el Consejo de Estado. De esta manera, la Sala destaca que para cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca adoptó la decisión dentro del medio de control incoado por la tutelante, se encontraban vigentes dos posiciones perfectamente válidas y aplicables al caso concreto, sobre la forma de establecer el ingreso base de liquidación de la pensión de los empleados públicos beneficiarios del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, respaldadas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. En ese escenario, cabe reiterar que cuando existen varias interpretaciones constitucionalmente admisibles sobre un mismo tema, y el operador jurídico decide aplicar una de ellas, no se incurre en un defecto sustantivo o desconocimiento del precedente, ello en respeto de los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial. En ese orden de ideas, como el Tribunal expuso las razones por las cuales acogía los criterios indicados por la Corte Constitucional plasmados en la sentencia C-258 de 2013, cuya regla de interpretación se hizo extensiva en las Sentencias SU- 230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017 y SU-395 de 2017 al resto de los regímenes especiales de pensión, para la Sala no se configura un defecto sustantivo, ni un desconocimiento del precedente, en atención a que, en virtud de la autonomía e independencia para adoptar las decisiones judiciales, podía acoger una de las posiciones válidas expuestas por las altas Corporaciones, y en este caso escogió la de la Corte Constitucional.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá D.C., ocho (8) de abril de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-03393-01(AC)
Actor: LIBIA SOFÍA MONTAÑA DÍAZ COMO CURADORA PRINCIPAL DE JOSÉ DE JESÚS LOZANO MEJÍA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
ACCIÓN DE TUTELA - Fallo de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo del 5 de febrero de 2019 proferido por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, por medio del cual se negó el amparo de tutela solicitado por la señora Libia Sofía Montaña Diaz como curadora principal de José de Jesús Lozano Mejía.
ANTECEDENTES
La solicitud y las pretensiones
La señora Libia Sofía Montaña Diaz actuando como curadora principal de José de Jesús Lozano Mejía, en ejercicio de la acción de tutela, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, seguridad social e igualdad, que estimó lesionados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C, al proferir la sentencia de 1 de agosto de 2018, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la actora en tutela contra la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones.
En amparo de los derechos fundamentales invocados la parte actora solicitó:
“(…) PRIMERA: Que se me tutele en calidad de GUARDADORA PRINCIPAL del señor JOSÉ DE JESUS LOZANO MEJÍA, el Derecho al Debido Proceso vulnerado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, Magistrado Ponente doctor Carlos Alberto Orlando Jaiquel, al incurrir en una Vía de Hecho Judicial con la sentencia proferida el 1 de agosto de 2018, dentro del expediente 2014-00541-01.
SEGUNDA: Que se deje sin efectos la sentencia proferida el 1 de agosto de 2018, dentro del expediente 2014-00541-01, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, Magistrado Ponente doctor Carlos Alberto Orlando Jaiquel.
TERCERA: Que se ordene a la Corporación Accionada Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, Magistrado Ponente doctor Carlos Alberto Orlando Jaiquel, que proceda a dictar sentencia nuevamente dentro del expediente 2014-00541-01, aplicando para el efecto la sentencia UNIFICATORIA del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010, LA CUAL ESTUVO VIGENTE HASTA EL 28 DE AGOSTO DE 2018, y en consecuencia se proceda a confirmar la sentencia del Juzgado 24 Administrativo de Bogotá D.C. (…)”.
Los hechos y las consideraciones del accionante
La parte actora expuso como fundamento de su solicitud los hechos que se resumen a continuación:
Señaló que el señor José de Jesús Lozano Mejía, prestó sus servicios como empleado público por más de 30 años, siendo la Superintendencia Financiera de Colombia la última entidad a la que estuvo vinculado.
Indicó que la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, mediante Resolución Nº GNR 2711369 de 25 de octubre de 2013 le reconoció al señor Lozano Mejía una pensión de jubilación, tomando algunos factores de salario y el promedio de los últimos 10 años de servicio, sin tener en cuenta que al actor por ser beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, su prestación social se debía liquidar con fundamento en la Ley 33 de1985, es decir, con la inclusión de todos los emolumentos salariales devengados en el último año de servicio.
Afirmó que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra Colpensiones, cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado Veinticuatro Administrativo de Bogotá, que por sentencia de 30 de septiembre de 2016 accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó reliquidar la prestación social con el 75% del salario promedio devengado, incluyendo los factores salariales recibidos en el último año de servicios, sin tener en cuenta las vacaciones y la bonificación por recreación, de conformidad con lo previsto en la Ley 33 de 1985 y la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010.
Expresó que la entidad demanda presentó recurso de apelación, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C, que a través de providencia de 1 de agosto de 2018, revocó el fallo de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda, tomando como fundamento el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional contenido en las sentencias C- 258 de 2013, SU- 230 de 2015, SU-427 de 2016 y SU-210 de 2017.
Manifestó que la sentencia del Tribunal incurrió en una vía de hecho por defecto sustantivo, porque realizó una interpretación indebida del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y desconoció que el demandante por ser beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, su pensión se debía liquidar con el promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio, aplicando lo dispuesto en la Ley 33 de 1985.
Aseveró que la providencia desconoció el precedente jurisprudencial vigente, porque no tuvo en cuenta que el asunto debía resolverse con fundamento en la sentencia del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010, expediente 0112-09, en la cual se señaló que las pensiones reconocidas a las personas beneficiarias del régimen previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 deben liquidarse con el promedio de los salarios devengados en el último año de servicio.
Trámite procesal
El Consejo de Estado – Sección Cuarta mediante auto de 19 de octubre de 2018 admitió la demanda y ordenó la notificación a la autoridad accionada, es decir, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C, y puso en conocimiento el escrito de tutela a los terceros interesados en las resultas del proceso, esto es, el Juzgado Veinticuatro Administrativo de Bogotá, la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado.
Informe de las entidades accionadas
4.1 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C solicitó que se niegue el amparo de tutela, con fundamento en lo siguiente:
Señaló que la Corporación en aras de garantizar la igualdad e imparcialidad y respetando los principios de sana crítica y buena fe, profirió la sentencia de 1º de agosto de 2018 expresando razonadamente y con suficiencia los motivos por los cuales se debía revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
Indicó que al examinar los hechos y las pruebas allegadas al proceso, se concluyó que el señor José de Jesús Lozano Mejía, era beneficiario del régimen de transición, por lo que su pensión debía liquidarse teniendo en cuenta la edad, el tiempo de servicio y la tasa de reemplazo, según la norma anterior pero aplicando el IBL conforme a la Ley 100 de 1993 y los factores del Decreto 1158 de 1994.
Destacó que la decisión cuestionada se adoptó con fundamento en las normas pertinentes y con la interpretación y alcance que sobre ellas ha efectuado la Corte Constitucional.
Sostuvo que en el presente asunto no se configura ninguno de los requisitos específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial; por el contrario, lo pretendido por la parte actora es utilizar este mecanismo constitucional como una tercera instancia para abrir el debate jurídico e insistir en sus argumentos con el fin de obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses, desconociendo que la tutela es improcedente para dirimir discrepancias sobre interpretación y aplicación normativa, como lo ha dicho la Corte Constitucional al respecto (sentencia T-156 de 2010).
Por lo anterior, consideró que no se vulneraron los derechos fundamentales del tutelante, pues la decisión acusada se ajustó a Derecho, atendiendo la jurisprudencia y la normativa aplicable al caso concreto.
4.2 La Administradora Colombiana de Pensiones- COLPENSIONES, solicitó que se declare improcedente el amparo constitucional invocado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
Indicó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 243 de la Constitución Política, las sentencias de control abstracto de constitucionalidad “hacen tránsito a cosa juzgada de constitucionalidad”, lo que conlleva a que sean de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades administrativas y judiciales, por ello la decisión del Tribunal accionado de negar la reliquidación de la pensión de la actora con el promedio de lo devengado en el último año de servicios se encuentra ajustada a derecho por respetar el precedente fijado por la Corte Constitucional en las sentencias de constitucionalidad, unificación y tutela, en consecuencia no incurrió en vía de hecho alguna.
Insistió en que el precedente judicial sentado por la Corte Constitucional constituye doctrina constitucional, la cual es de obligatorio acatamiento por las autoridades, en virtud de lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 21 del Decreto 2067 de 1991.
Adujo que tal como lo ha señalado el Alto Tribunal Constitucional, la obligatoriedad de sus providencias se predica tanto de la parte decisoria como de la parte motiva, dado que en la ratio decidendi se encuentra la solución constitucional a los problemas jurídicos estudiados, debiendo ser atendida esta interpretación por las autoridades judiciales.
Explicó que el criterio de la Corte Constitucional en reiteradas providencias de constitucionalidad y unificación (sentencias C-258 de 2013, Su-230 de 2015, SU-427 de 2016 y SU-210 y SU-395 de 2017) sobre IBL, es que éste no fue un aspecto sometido a transición, como se aprecia claramente en el texto del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que su determinación debe atender los parámetros de los artículos 21 y 36 de la referida ley.
Argumentó para los casos como el sub examine, existen dos interpretaciones, de un lado la desarrollada por la Corte Constitucional, y por el otro la establecida por el Consejo de Estado en las sentencias del 4 de agosto de 2010 y 9 de febrero de 2017, pero que en este momento es procedente acatar el fijado por el Alto Tribunal Constitucional, dada su obligatoriedad, tal y como lo ha señalado su propia jurisprudencia.
Expresó que en reciente pronunciamiento de la Sala Plena del Consejo de Estado quedó zanjada la discusión en torno a la interpretación del régimen de transición, pues en dicha providencia se estableció que el IBL aplicable en estos casos era el establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que no se puede hablar de un desconocimiento del precedente.
Agregó que la providencia cuestionada atendió el precedente constitucional y el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional señalado en el artículo 48 de la Constitución, sin llegar a desconocer los derechos fundamentales de la actora.
4.3 El Juzgado Veinticuatro Administrativo de Bogotá y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, no se pronunciaron sobre los hechos y pretensiones expuestos en la demanda de tutela.
La providencia impugnada
El Consejo de Estado – Sección Cuarta, mediante sentencia de 5 de febrero de 2019, negó el amparo de tutela invocado por la señora Libia Sofía Montaña Diaz como curadora principal de José de Jesús Lozano Mejía, argumentando lo siguiente:
Señaló que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el desconocimiento del precedente jurisprudencial se configura i) cuando se contraría la ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad y/o ii) cuando se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado a través de la ratio decidendi de sus sentencias de tutela, mucho más cuando se trata de providencias de unificación.
Expresó que en virtud de lo dispuesto en el artículo 241 de la Carta Política, la Corte Constitucional cumple una función de órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, razón por la cual, la regla de derecho que se crea a través de la ratio decidendi de las sentencias de tutela o de constitucionalidad adquiere un carácter vinculante para todos los casos que comportan identidad de supuestos fácticos y/o normativos, siendo precedente constitucional respetable.
Indicó que tomando la jurisprudencia constitucional sobre el tema, la tesis que sostiene la Sección Cuarta del Consejo de Estado, es que debe acogerse la regla señalada por el Tribunal Constitucional, en el sentido que el Ingreso Base de Liquidación no hace parte del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dado que el IBL se establece en los términos del inciso 3º de ese artículo en concordancia con el 21 de la misma ley, y solo teniendo en cuenta los factores sobre los que se hubiera cotizado.
Explicó que en los eventos en los que una autoridad judicial niega la reliquidación de la pensión de un empleado público, beneficiario del régimen de transición, tomando como fundamento el precedente de la Corte Constitucional, no se incurre en un desconocimiento del fallo de unificación del 4 de agosto de 2010 de la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, porque se sustenta en forma razonada en decisiones de constitucionalidad, para separarse de los criterios jurisprudenciales del máximo Tribunal de lo Contencioso Adminsitrativo.
Sostuvo que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 replanteó la tesis que había adoptado la Sección Segunda de la Corporación, en la providencia de 4 de agosto de 2010, argumentando que el criterio jurídico, según el cual era procedente incluir todos los emolumentos devengados por el trabajador durante el último año de servicio, traspasaba la voluntad del legislador que, en virtud de su libertad de configuración, enlistó los factores que conforman la base de liquidación pensional, sobre los cuales se debe limitar la misma.
Afirmó que en el caso concreto la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca guarda consonancia no solo con la regla establecida por la Corte Constitucional, sino con la posición que asumió la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, puesto que para los beneficiarios del régimen de transición, el cálculo del IBL se hace en los términos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y solo se tienen en cuenta los factores sobre los que se hubiera cotizado al sistema de pensiones.
La impugnación
La señora Libia Sofía Montaña Diaz actuando como curadora principal de José de Jesús Lozano Mejía impugnó la sentencia del Consejo de Estado – Sección Cuarta, solicitando su revocatoria y la prosperidad de sus pretensiones, con fundamento en las siguientes razones:
Indicó que para el momento en que se efectuó el reconocimiento pensional del señor Lozano Mejía se encontraba vigente la sentencia de 4 de agosto de 2010, proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda, por lo que el Tribunal accionado al aplicar dicha decisión incurrió en un desconocimiento del precedente jurisprudencial.
Destacó que de acuerdo con la jurisprudencia Constitucional (Sentencia SU – 354 de 2017), “(…) el precedente vertical, al provenir de la autoridad encargada de unificar la jurisprudencial dentro de cada una de las jurisdicciones, limita la autonomía judicial del juez, en tanto debe respetar la postura del superior, ya sea de las altas cortes o de los tribunales”.
Señaló que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la sentencia de 1 de agosto de 2018 efectuó una indebida interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y una errónea aplicación del precedente jurisprudencial sobre el asunto, desconociendo con ello, los postulados de favorabilidad y respeto por los derechos adquiridos que delimitó la Corte Constitucional en la Sentencia C – 168 de 1995, al definir el alcance del referido artículo 36.
Sostuvo que la sentencia SU – 230 de 2015, si bien es una sentencia de unificación, no podía aplicarse a su caso, “puesto que i) de dicha sentencia no se predica un efecto erga omnes; y además, ii) ésta parte de unos supuestos fácticos y jurídicos que difieren del caso partículas que debía dirimir”.
En virtud de lo anterior, consideró que para el caso bajo estudio, el Tribunal debió confirmar la sentencia del Juzgado Veinticuatro Administrativo de Bogotá, proferida el 30 de septiembre de 2016, en la cual se acogió en su integridad la sentencia de 4 de agosto de 2010, expedida por el Consejo de Estado – Sección Segunda.
CONSIDERACIONES
Competencia.
La Sala es competente para conocer la impugnación interpuesta contra el fallo de primera instancia en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, el cual reglamenta la acción de tutela.
Problema jurídico
La Sala debe decidir si se confirma o no, la decisión de primera instancia proferida por el Consejo de Estado - Sección Cuarta, que negó el amparo de tutela invocado por el señor José de Jesús Lozano Mejía, o si, como lo alega el accionante, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C, al proferir la sentencia de 1 de agosto de 2018 incurrió en vías de hecho por defecto sustantivo y desconocimiento del precedente jurisprudencial, al negar la reliquidación de la pensión de jubilación del tutelante, teniendo en cuenta el criterio de la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016 y SU – 210 de 2017 y no los criterios jurídicos adoptados por el Consejo de Estado sobre la materia (sentencia de 4 de agosto de 2010).
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ha sido admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia (defectos).
Al respecto, la Corte Constitucional en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993, analizó la procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales en los eventos que se prueba la configuración de una vía de hecho. Dicha posición fue redefinida por la misma Corporación a través de la sentencia C-590 de 2005, decisión en la cual se fijaron las reglas de procedibilidad de este mecanismo constitucional contra decisiones judiciales como se conocen actualmente.
Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia jurídica del 5 de agosto de 2014, con ponencia del Doctor Jorge Octavio Ramírez, precisó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales, siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos destacados por la Corte Constitucional. Así:
Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la acción de tutela. Estos requisitos son los siguientes: (i) La cuestión que se discute tiene relevancia constitucional; (ii) Se agotaron todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) Se cumple el requisito de inmediatez; (iv) No se argumentó una irregularidad procesal; (v) Se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo estudio; y (vi) La providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de una acción de tutela.
Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) Defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) Defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir decisión; d) Defecto material o sustantivo, el cual se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) Error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) Decisión sin motivación; g) Desconocimiento del precedente judicial y h) Violación directa de la Constitución Política.
Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para conceder el amparo constitucional.
3.1 El defecto sustantivo
La jurisprudencia Constitucional ha considerado que el funcionario judicial incurre en defecto sustantivo cuando: “[…] (i) la decisión impugnada se funda en una disposición que ha sido derogada, subrogada o declarada inexequible; (ii) la aplicación o interpretación que se hace de la norma en el asunto concreto desconoce la sentencia con efectos erga omnes que ha definido su alcance; (iii) la decisión impugnada se funda en una disposición que indiscutiblemente no es aplicable al caso; (iv) cuando la norma pertinente para el asunto en concreto es desatendida y, por ende, inaplicada; (v) se interpreta una disposición normativa desbordando el sentido de la misma; y (vi) la interpretación de ésta se hace sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática […]”.
La Corte Constitucional, en sentencia T-284 de 2006 al referirse a la limitación del principio de la autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, consideró:
“[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores, principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación […]”.
En las sentencias T- 092 de 2008 y T-686 de 2007 la Corte Constitucional, indicó:
“[…] una decisión judicial adolece de un defecto material o sustantivo en los siguientes eventos (…) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada) […]”. (Destacado de la Sala).
3.2 El desconocimiento del precedente
Para la Corte Constitucional el desconocimiento del precedente consiste en que una autoridad judicial modifique su posición frente a determinado asunto, o se separe del criterio establecido por su superior jerárquico, haciendo caso omiso al precedente en la materia, y aún más, que a pesar de reconocer la existencia de éste, se aparte total o parcialmente del mismo sin cumplir con la carga argumentativa que le corresponde en esos casos, toda vez que con ese proceder se desconocen principios de relevancia constitucional como la igualdad, la seguridad jurídica, la confianza legítima, entre otros, que están directamente relacionados con el respeto del precedente.
Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia T-446 de 2013 señaló:
[…] es la ratio decidendi que es la base jurídica directa de la sentencia, el precedente judicial que, en virtud del derecho a la igualdad, tiene efectos vinculantes y debe ser aplicado para resolver casos similares, esto por cuanto ella constituye el conjunto de argumentos jurídicos que permiten solucionar el problema debatido en el caso y explicar la decisión adoptada a la luz de los hechos que lo fundamentan. De manera que la ratio decidendi expresada en el precedente judicial constituye un importante límite a la autonomía judicial que no puede ser desconocido por los jueces.
Ahora bien, es importante resaltar que la jurisprudencia ha distinguido entre precedente horizontal y precedente vertical para explicar, a partir de la estructura orgánica del poder judicial, los efectos vinculantes del precedente y su contundencia en la valoración que debe realizar el fallador en su sentencia. En este sentido, mientras el precedente horizontal supone que, en principio, un juez –individual o colegiado- no puede separarse del precedente fijado en sus propias sentencias; el precedente vertical implica que los jueces no se pueden apartar del precedente establecido por las autoridades judiciales con atribuciones superiores, particularmente por las altas cortes.
En esta óptica, la Corte ha reconocido que es preciso hacer efectivo el derecho a la igualdad, sin perder de vista que el juez goza de autonomía e independencia en su actividad, al punto que si bien está obligado a respetar el precedente fijado por él mismo y por sus superiores funcionales, también es responsable de adaptarse a las nuevas exigencias que la realidad le impone y asumir los desafíos propios de la evolución del derecho.
En consecuencia, un juez puede apartarse válidamente del precedente horizontal o vertical si (i) en su providencia hace una referencia expresa al precedente conforme al cual sus superiores funcionales o su propio despacho han resuelto casos análogos, pues “sólo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia” (requisito de transparencia); y (ii) expone razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del caso nuevo que justifiquen el cambio jurisprudencial, lo que significa que no se trata simplemente de ofrecer argumentos en otro sentido, sino que resulta necesario demostrar que el precedente anterior no resulta válido, correcto o suficiente para resolver el caso nuevo (requisito de suficiencia). Satisfechos estos requisitos por parte del juez, en criterio de la Corte, se entiende protegido el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades y garantizada la autonomía e independencia de los operadores judiciales […]”.
Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Y en caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de tutela.
Caso concreto
4.1 Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
La Sala advierte que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, toda vez que los defectos alegados pueden llevar consigo una violación de los derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, seguridad social e igualdad, los cuales constituyen bienes jurídicos constitucionalmente amparados.
No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial con los cuales la accionante puedan lograr la protección de los derechos invocados, pues se adelantaron las dos instancias dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el señor José de Jesús Lozano Mejía contra la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones y no se configura ninguna de las causales para hacer uso del recurso extraordinario de revisión.
Respecto al cumplimiento del requisito de inmediatez, se observa que la providencia proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C que hoy se cuestiona en tutela, esto es, la sentencia de 1 de agosto de 2018 se notificó a las partes por correo electrónico el 13 de agosto de 2018 y la demanda de tutela se presentó el 18 de septiembre de 2018 (fol. 1), es decir, dentro de un término prudencial.
Adicionalmente, se observa que el accionante plantea de forma clara los hechos por los cuales considera que se vulneran sus derechos fundamentales; y que la providencia que se cuestiona en el asunto de la referencia no fue proferida dentro de una acción de tutela, sino que se dictó dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
4.2 Análisis de las causales específicas de procedibilidad
La señora Libia Sofía Montaña Diaz en su condición de curadora principal del señor José de Jesús Lozano Mejía plantea la vulneración de los derechos al debido proceso, mínimo vital, seguridad social e igualdad, porque considera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C, al proferir, la sentencia de 1 de agosto de 2018 incurrió en una vía de hecho por defecto sustantivo, al no interpretar en debida forma el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues desconoció que el demandante por ser beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, su pensión se debía liquidar con el promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio, aplicando lo dispuesto en la Ley 33 de 1985.
Aseveró que la providencia acusada también incurrió en un desconocimiento del precedente jurisprudencial, porque no tuvo en cuenta que el asunto debía resolverse con fundamento en la sentencia del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010, expediente 0112-09, en la cual se señaló que las pensiones reconocidas a las personas beneficiarias del régimen previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 deben liquidarse con el promedio de los salarios devengados en el último año de servicio.
Con el fin de analizar los motivos de inconformidad de la parte actora, la Sala revisará el análisis normativo y jurisprudencial realizado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C en la sentencia de 1 de agosto de 2018, en el cual consideró lo siguiente
“(…) Esta Sala de Decisión venía acogiendo la postura que de tiempo atrás había sido definida por el Consejo de Estado, de acuerdo con la cual la contradicción que se presenta entre los incisos 2° y 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debía resolverse a la luz de los principios de favorabilidad e inescindibilidad, y en esa perspectiva se sostenía que a las pensiones cobijadas por el régimen de transición, se les debía aplicar en su integridad el régimen pensional anterior, sin excluir los factores base de liquidación de la pensión, ni de la forma de liquidar la misma, pues el concepto de “monto” no se circunscribía solamente al porcentaje pensional, sino que también incluía la base de dicho porcentaje.
Este criterio de interpretación reiterado en múltiples pronunciamientos, se consolidó en la sentencia de unificación dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 04 de agosto de 2010.
Empero, ante la expedición de las sentencias C- 258 de 2013 y SU- 230 de 2015 proferidas por la H. Corte Constitucional, se fijó un nuevo criterio interpretativo en abstracto en torno a la aplicación del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues se prescribió que el IBL no es un aspecto sometido a transición, y por tanto, son las reglas contenidas en dicha Ley las que deben observarse para determinar el monto pensional con independencia del régimen especial aplicable.
(…)
En este orden de ideas, la Sala de Decisión para efectos de desatar las controversias como la presente, adopta el precedente jurisprudencial fijado por la Corte Constitucional en las precitadas sentencias en relación con la interpretación y alcance del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de acuerdo con el cual el IBL no es un aspecto sometido a transición, pues se interpreta que los parámetros del régimen normativo anterior, llamados a ser aplicados de forma ultractiva son i) la edad, ii) el tiempo de servicios o número de semanas cotizadas y iii) el “monto”, noción que se encuentra referida únicamente al porcentaje de la base salarial, pero que no hace parte integrante de esta. Así las cosas, si se trata de personas que a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones les faltaba menos de 10 años para pensionarse, el IBL corresponderá al promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para adquirir el derecho a la pensión, o, el promedio de lo cotizado durante todo el tiempo “si este fuera superior”, entendiendo que esta expresión hace referencia al promedio obtenido, el cual deberá ser actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios del consumidor, según certificación que expida el DANE. En el caso de las personas a quienes para esa misma fecha les faltaban más de 10 años para reunir los requisitos de causación de la pensión, ante la falta de regla especial prevista en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se acude a la regla general del artículo 21 ibídem.
Siguiendo la misma línea de interpretación del Máximo Tribunal Constitucional, debe entenderse que los factores llamados a integrar el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas por transición son los establecidos en el Decreto 1158 de 1994, bien sea que se trate de las reglas específicas que sobre el IBL contempla el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, o de la regla general que establece su artículo 21, toda vez que la aplicación del régimen pensional anterior se encuentra referida solamente a la edad, tiempo de servicio, o semanas de cotización y tasa de remplazo, mientras que las demás condiciones y requisitos para acceder a la pensión de vejez, se encuentran sometidas a las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993, tal como lo dispone el inciso 2° del pluricitado artículo 36, interpretación que además es concordante con el Acto Legislativo 01 de 2005, que modificó el artículo 48 de la Constitución Política, el cual señala que para la liquidación de las pensiones solo se tendrá en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones.
(…)
Partiendo de lo observado en el plenario, es pertinente advertir que la entidad demandada para efectos del reconocimiento pensional del señor José de Jesús Lozano Mejía dio aplicación al Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990 y precisó que éste adquirió el estatus pensional por edad el 19 de febrero de 2013. Ahora bien el señor Lozano Mejía acreditó efectivamente las condiciones exigidas para ser beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto para la fecha en la cual entró a regir dicha norma, a saber, el 1 de abril de 1994, contaba con más de 40 años de edad, toda vez que nació el 19 de febrero de 1953 — tenía 41 años de edad.
Adicionalmente se advierte que el demandante cumple con lo previsto en el parágrafo transitorio 4º del Acto Legislativo 01 de 2005, por medio del cual se modificó el artículo 48 de la Constitución, en la medida que para el 25 de julio de 2005, fecha de entrada en vigencia de dicho acto reformatorio de la Carta Superior, tenía cotizadas más de 750 semanas, que equivalen a 15 años de servicio.
Se advierte que la entidad demandada mediante Resolución No. GNR 271369 de 25 de octubre de 2013, reconoció y ordenó el pago de una pensión mensual vitalicia de vejez en aplicación del Decreto 758 de 1990, concediéndosele una tasa de reemplazo del 81%, sin embargo, las pretensiones de la parte accionante se fundan en solicitar la reliquidación de la pensión de jubilación teniendo en cuenta el 75% de todos los factores salariales devengados el último año de servicios tal y como lo prescribe la Ley 33 de 1985, pretensión que resulta impróspera.
En aplicación del precedente jurisprudencial fijado por la H. Corte Constitucional al cual se hizo alusión en acápite precedente, y teniendo en cuenta que para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 en materia pensional, al demandante le faltaban más de 10 años para consolidar el derecho a la pensión a la luz de la norma Ibídem, la cuantía de dicha prestación económica corresponde al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios que sirvieron de base para los aportes durante los últimos 10 años, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, incluyendo para tal efecto los factores que señala el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, más no la totalidad de emolumentos percibidos (…)”.
Revisado el contenido de la providencia acusada, se advierte que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al resolver la controversia planteada por el señor José de Jesús Lozano Mejía a través de su representante legal, evidentemente, se apartó del pronunciamiento emitido por el Consejo de Estado - Sección Segunda - en la sentencia proferida el 4 de agosto de 2010 (N.I. 0112-2009), según la cual el IBL se calcula con los ingresos recibidos por el empleado en el último año de servicio; en cuyo contenido se indicaba lo siguiente:
“(…) Ahora bien, en consonancia con la normatividad vigente y las directrices jurisprudenciales trazadas en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores públicos, es válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es decir aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se les dé, tales como, asignación básica, gastos de representación, prima técnica, dominicales y festivos, horas extras, auxilios de transporte y alimentación, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, incrementos por antigüedad, quinquenios, entre otros, solo para señalar algunos factores de salario, a más de aquellos que reciba el empleado y cuya denominación difiera de los enunciados que solo se señalaron a título ilustrativo, pero que se cancelen de manera habitual como retribución directa del servicio. Se excluyen aquellas sumas que cubren los riesgos o infortunios a los que el trabajador se puede ver enfrentando.
Sobre el particular es pertinente aclarar, que existen algunas prestaciones sociales - a las cuales el mismo legislador les dio dicha connotación -, esto es, a las primas de navidad y de vacaciones, que a pesar de tener esa naturaleza, constituyen factor de salario para efectos de liquidar pensiones y cesantías, como expresamente quedó establecido en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
No desconoce la Sala que el mencionado decreto no es aplicable al sub-lite, tal y como ya se expuso en consideraciones precedentes, por cuanto el presente asunto se rige por la Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62 del mismo año; empero, constituye un referente normativo que demuestra el interés del legislador de tener dichas primas como factores de salario que se deben incluir al momento de efectuar el reconocimiento pensional.
Con base en lo anteriormente expuesto, en el caso concreto el actor tiene derecho a la reliquidación del beneficio pensional que le fue reconocido incluyendo los factores salariales devengados durante el último año de servicios y que la entidad accionada no tuvo en cuenta al liquidar su prestación. (Resaltado fuera de texto).
En efecto, durante el último año de servicio, comprendido entre el 31 de octubre de 2001 y el 31 de octubre de 2002, el actor devengó los siguientes conceptos: asignación básica; alimentación; bonificación por recreación; bonificación semestral; bonificación por servicios; diferencia de horario; dominicales y festivos; horas extras; inc. (sic) Antigüedad; prima de productividad; prima de navidad; prima de vacaciones; indemnización de vacaciones. (…)” (Resaltado fuera de texto).
Precisado lo anterior, la Sala considera necesario destacar, en primer lugar, que en varias oportunidades esta Subsección ha decidido acciones de tutela con supuestos de hecho y derecho similares a los expuestos en esta ocasión, es decir, en los que los demandantes dentro del proceso ordinario solicitaban la liquidación de su pensión bajo el entendido que el IBL se calcula con los ingresos recibidos por el empleado en el último año de servicio, cuyas pretensiones fueron negadas por las autoridades judiciales accionadas aduciendo que de conformidad con lo dispuesto en las sentencias SU-258 de 2013 y SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional, el IBL se calcula teniendo en cuenta el promedio de los factores salariales efectivamente cotizados durante los últimos diez años de servicio.
Frente a dichos casos, esta Subsección accedió en primera y segunda instancia al amparo solicitado, bajo el argumento que las autoridades demandadas habían desconocido el precedente jurisprudencial de la Sección Segunda del Consejo de Estado, contenido en la sentencia proferida el 4 de agosto de 2010 y ratificado en sentencia del 25 de febrero de 2016, criterios aplicables, por corresponder al máximo órgano de lo contencioso administrativo y ser de obligatorio acatamiento.
En tales ocasiones, la Subsección también dijo que las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional, que estudiaron las normas pensionales para los Congresistas y Magistrados de Altas Cortes, en el caso de la primera, y el régimen de transición pensional de los trabajadores oficiales, en el de la segunda, no eran aplicables a las controversias relacionadas con el régimen de transición de empleados públicos.
A manera de ejemplo, en la sentencia del 17 de noviembre de 2015, al acceder a una solicitud de tutela contra providencia judicial con supuestos de hecho y de derecho similares al que hoy ocupa la atención de la Sala, se concluyó lo siguiente:
“(…) Visto el contenido de la sentencia acusada, se encuentra que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al resolver la controversia planteada por la señora Consuelo de Jesús Echavarría Patiño se apartó del pronunciamiento emitido por el Consejo de Estado, Sección Segunda en la sentencia de unificación proferida el 4 de agosto de 2010 (N.I. 0112-2009).
En este punto, la Sala no pasa por alto que la jurisprudencia constitucional ha sostenido que los jueces en ejercicio de su autonomía interpretativa pueden apartarse de un precedente judicial, siempre y cuando satisfagan en forma expresa, amplia y suficiente la carga argumentativa, a través de la cual se justifiquen las razones que lo llevan a tomar esa decisión.
No obstante lo anterior, en el caso bajo examen se considera que los motivos expuestos por el tribunal acusado no son suficientes para apartarse de la providencia proferida por la Sección Segunda de esta Corporación, pues aunque afirma que acoge pronunciamientos de la Corte Constitucional (SU-230 de 2015), debe tenerse en cuenta que esta Sala no ha modificado la posición acogida en la sentencia mencionada, respecto a los factores y el periodo a tener en cuenta para liquidar la pensión de quienes son beneficiarios de la Ley 33 de 1985.
Bajo estos supuestos, advierte la Sala que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, al proferir la decisión el 13 de agosto de 2015 desconoció el precedente adoptado por esta Corporación referente a la liquidación de la pensión de jubilación para quienes se encuentran cobijados por las disposiciones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 (artículo 36) y la Ley 33 de 1985, precedente según el cual las personas que se encuentran cobijadas por la Ley 33 de 1985 tienen derecho a que su pensión reliquide con el 75% de los factores devengados en el último año de servicios.
Así las cosas, la Sala tutelará los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de la parte accionante y, en consecuencia, se dejará sin efectos la providencia proferida el 13 de agosto de 2015 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, para que en su lugar el referido Tribunal en el término de 20 días, contados a partir del recibo de la notificación de la presente providencia, emita una nueva decisión en la que sin perjuicio de su autonomía funcional, analice y tenga en cuenta el precedente del Consejo de Estado que fue expuesto en esta providencia. (…)”
Así las cosas, como se evidencia, esta Subsección venía prohijando en sede de tutela la postura según la cual la única interpretación aplicable a casos como el estudiado en esta ocasión era la planteada por el pleno de la Sección Segunda del Consejo de Estado, sin embargo, al hacer una nueva lectura del asunto bajo la óptica abordada por la Corte Constitucional en la sentencia SU - 427 del 11 de agosto de 2016, la Sala replanteó la tesis que ha venido sosteniendo, pues dicha providencia resulta determinante para aclarar los alcances de las sentencias C-258 de 2013 y SU- 230 de 2015 a los regímenes pensionales especiales del sector público. Para tal efecto, se transcribirán algunos apartes pertinentes:
“(…) 6.4. Posteriormente, en desarrollo de los principios de universalidad, eficiencia y solidaridad que rigen la seguridad social y que fueran acogidos por el Constituyente de 1991, el legislador, con la expedición de la Ley 100 de 1993, pretendió superar la desarticulación entre los distintos modelos y regímenes pensionales, creando un sistema integral y general de pensiones, que permite la acumulación de tiempos y semanas trabajadas, y genera relaciones recíprocas entre las distintas entidades administradoras de pensiones con los fines de aumentar su eficiencia ejecutiva y de ampliar su cobertura.
6.5. Con tales propósitos, se implementaron nuevos requisitos para el reconocimiento de la pensión de vejez, se establecieron reglas sobre el cálculo de semanas de cotización y se creó un régimen de transición con el fin de respetar las expectativas legítimas. En torno a este último aspecto, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 ofreció a los afiliados que se encontraban próximos a la consolidación de su derecho pensional, beneficios que implicaban el efecto ultractivo de los requisitos de edad, monto y número de semanas o tiempo de servicio del régimen al cual estaban vinculados al momento de la entrada en vigencia del nuevo sistema general de pensiones. (…)
6.8. Sobre el particular, esta Corporación en la Sentencia C-258 de 2013, al estudiar la constitucionalidad de la expresión “durante el último año” contenida en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, fijó una interpretación clara de la aplicabilidad del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en lo relacionado con el cálculo del ingreso base de liquidación de las pensiones de las personas que fueran beneficiarias del régimen de transición. En concreto, se sostuvo:
“La Sala recuerda que el propósito original del Legislador al introducir el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tal como se desprende del texto de la disposición y de los antecedentes legislativos, fue crear un régimen de transición que beneficiara a quienes tenían una expectativa legítima de pensionarse conforme a las reglas especiales que serían derogadas. Para estas personas, el beneficio derivado del régimen de transición consistiría en una autorización de aplicación ultractiva de las reglas de los regímenes a los que se encontraban afiliados, relacionadas con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo. Ingreso Base de Liquidación no fue un aspecto sometido a transición, como se aprecia claramente en el texto del artículo 36. Hecha esta aclaración, la Sala considera que no hay una razón para extender un tratamiento diferenciado ventajoso en materia de Ingreso Base de Liquidación a los beneficiarios del régimen especial del artículo 17 de la Ley 4 de 1992; en vista de la ausencia de justificación, este tratamiento diferenciado favorable desconoce el principio de igualdad.”
6.9. Así las cosas, en aquella oportunidad esta Sala resolvió declarar inexequible la expresión cuestionada, condicionado la constitucionalidad del resto del precepto normativo, según las siguientes conclusiones:
“En vista de que (i) no permitir la aplicación ultractiva de las reglas de IBL de los regímenes pensionales vigentes antes de la Ley 100 fue el propósito original del Legislador; (ii) por medio del artículo 21 y del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100, el Legislador buscó unificar las reglas de IBL en el régimen de prima media; (iii) ese propósito de unificación coincide con los objetivos perseguidos por el Acto Legislativo 01 de 2005, específicamente con los de crear reglas uniformes que eliminen privilegios injustificados y permitan diseñar mecanismos que aseguren la sostenibilidad del sistema -de ahí que la reforma mencione expresamente el artículo 36 de la Ley 100- la Sala considera que en este caso el vacío que dejará la declaración de inexequibilidad de la expresión “durante el último año” debe ser llenado acudiendo a las reglas generales previstas en las dos disposiciones de la Ley 100 referidas.”
6.10. En síntesis, en la Sentencia C-258 de 2013, este Tribunal consideró que el cálculo del ingreso base de liquidación bajo las reglas previstas en las normas especiales que anteceden al régimen de transición, constituye la concesión de una ventaja que no previó el legislador al expedir la Ley 100 de 1993, en la medida que el beneficio otorgado consiste en la aplicación ultractiva de los regímenes a los que se encontraba afiliado el peticionario, pero solo en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, excluyendo el ingreso base de liquidación.
6.11. Ahora bien, el reconocimiento de una pensión de vejez o de jubilación con ocasión del régimen de transición sin tener en cuenta la reseñada hermenéutica del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puede derivar en un abuso del derecho de quien se aprovecha de la interpretación de las normas o reglas de los regímenes prestacionales preconstitucionales, para fines o resultados incompatibles por el ordenamiento jurídico (…)
6.13. Lo anterior, ocurre, por ejemplo, cuando bajo el amparo de una tesis sobre las reglas de la transición y del ingreso base de liquidación defendida por alguna corporación judicial de cierre se obtienen ventajas irrazonables frente a la verdadera historia laboral del peticionario, lo cual “suele presentarse en situaciones en las que servidores públicos beneficiarios del régimen especial anterior a la Ley 100 y cobijados por la transición, obtienen, en el último año de servicios, un incremento significativo de sus ingresos que en realidad no corresponde con su vida laboral, y por el contrario, representa un salto abrupto y desproporcionado en los salarios recibidos en toda su historia productiva(…).”
6.14. En dichos eventos, como se sostuvo en la referida Sentencia C-258 de 2013, los aumentos significativos de los ingresos del funcionario en sus últimos años de servicios derivan en una pensión que no guarda ninguna relación con los aportes que acumuló en su vida laboral, imponiéndole al Estado la obligación de proveer un subsidio muy alto para poder pagar la pensión reconocida. En ese sentido, especial mención requieren los casos en los que existen vinculaciones precarias en cargos con salario elevados en virtud de los cuales “se produce el aumento del ingreso base de liquidación, a través de figuras como las suplencias en el caso de los Congresistas, el encargo en el caso de Magistrados, y la provisionalidad, en los demás casos (…).”
6.15. En resumen, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 consagra un régimen de transición con el fin de salvaguardar las expectativas legítimas que pudieran verse afectadas con la creación del sistema general de seguridad social. Dicho beneficio consiste en la aplicación ultractiva de los regímenes a los que se encontraba afiliado el peticionario, pero solo en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, excluyendo el ingreso base de liquidación. Lo anterior, evita que se reconozcan pensiones con abuso del derecho, en especial, con fundamento en vinculaciones precarias derivadas de encargos que buscan distorsionar la relación entre el monto de cotización y el monto de la pensión (…)” (Resaltado fuera de texto).
De acuerdo con estas consideraciones, la Sala concluyó que la interpretación acerca del régimen de transición, dada en las sentencias C-258 de 2013 y SU- 230 de 2015, se puede aplicar a todos los regímenes pensionales sin distinción, incluso a empleados públicos beneficiarios del régimen de transición.
Ahora bien, esta Subsección estima pertinente señalar que el Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2018, realizó una nueva interpretación en torno al régimen de transición, fijando así las siguientes reglas jurisprudenciales:
“(…) 1. El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.
2. Para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:
Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
3. Los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones. (…)”
De la misma manera, la Sala Plena en esta providencia estableció los efectos de la aplicación de las anteriores pautas jurisprudenciales, en aras de salvaguardar los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada así:
“(…) 115. La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación al precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia, disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.
116. Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad jurídica y dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por ello no puede invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la no aplicación de esta sentencia.
117. No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada. (…)”
Conforme con lo anterior, se debe señalar que para el caso objeto de estudio no es posible aplicar las reglas jurisprudenciales establecidas por la Sala Plena de esta Corporación, pues la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que se cuestiona en sede de tutela, fue proferida con anterioridad a la expedición de la referida sentencia de unificación.
Sin embargo, es necesario aclarar que el nuevo criterio asumido por el Consejo de Estado en la referida sentencia de unificación, no es ajeno al análisis jurídico desarrollado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia acusada y obedece a un estudio juicioso de la normativa y la jurisprudencia que regula el tema del IBL en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
No obstante, no se puede desconocer que si bien, para el momento en que el Tribunal expidió su providencia, no se encontraba vigente la sentencia de esta Corporación, también es cierto que en el caso el sub examine, la autoridad judicial desató la controversia con base en los criterios existentes al tiempo de dictar la respectiva decisión y en ejercicio de los principios de independencia y autonomía funcional explicó de manera suficiente y razonada los motivos de hecho y derecho por los cuales se acogió la postura de la Corte Constitucional y se apartó de la tesis que existía en el Consejo de Estado.
De esta manera, la Sala destaca que para cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca adoptó la decisión dentro del medio de control incoado por la tutelante, se encontraban vigentes dos posiciones perfectamente válidas y aplicables al caso concreto, sobre la forma de establecer el ingreso base de liquidación de la pensión de los empleados públicos beneficiarios del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, respaldadas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
En ese escenario, cabe reiterar que cuando existen varias interpretaciones constitucionalmente admisibles sobre un mismo tema, y el operador jurídico decide aplicar una de ellas, no se incurre en un defecto sustantivo o desconocimiento del precedente, ello en respeto de los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial.
En ese orden de ideas, como el Tribunal expuso las razones por las cuales acogía los criterios indicados por la Corte Constitucional plasmados en la sentencia C-258 de 2013, cuya regla de interpretación se hizo extensiva en las Sentencias SU- 230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017 y SU-395 de 2017 al resto de los regímenes especiales de pensión, para la Sala no se configura un defecto sustantivo, ni un desconocimiento del precedente, en atención a que, en virtud de la autonomía e independencia para adoptar las decisiones judiciales, podía acoger una de las posiciones válidas expuestas por las altas Corporaciones, y en este caso escogió la de la Corte Constitucional.
III. DECISIÓN
En atención a las consideraciones anteriormente expuestas, la Sala confirmará la sentencia de 5 de febrero de 2019 proferida por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, que negó el amparo de tutela invocado por la señora Libia Sofía Montaña Diaz como curadora principal de José de Jesús Lozano Mejía, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
CONFIRMAR la sentencia de 5 de febrero de 2019 proferida por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, que negó el amparo de tutela invocado por la señora Libia Sofía Montaña Diaz como curadora principal de José de Jesús Lozano Mejía, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
Remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Envíese copia de esta providencia al despacho de origen.
Esta providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
Folios 1 - 8
Folios 29 - 30
Folio 32
Folios 34 - 37
Folio 40 - 41
Folios 44 -
Folios 63 - 71
Folios 82 - 83
Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015.
Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n. º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, entre otras.
Sobre el particular puede apreciarse la sentencia T-474 de 2008 de la Corte Constitucional, M.P. Clara Inés Vargas Hernández
Sentencia T-284 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
Cfr. Sentencia T-567 de 1998.
Cfr. Sentencia T-001 de 1999.
Sentencia de 11 de julio de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, artículo 250.
Información verificada en la página web de la Rama Judicial, en el link http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos/ConsultaJusticias21, correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado Nº 11001-33-35-024-2014-00541-01, Demandante: Libia Sofía Montaña Díaz en calidad de guardadora principal de José de Jesús Lozano Mejía.
Folios 13 - 22
Cfr. sentencias del 28 de septiembre de 2016, Expediente: 11001-03-15-000-2016-00436-01, Actor: Rosa Elvira Bacca Alemán, M.P. Cesar Palomino Cortés; y del 8 de agosto de 2016, Demandante: Ana Raquel Barrios de García Expediente: 11001-03-15-000-2016-01403-00 M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
Decisión revocada, por el Consejo de Estado – Sección Quinta, mediante sentencia de tutela de 15 de diciembre de 2016, radicado Nº 11001-03-15-000-2016-01334-01.
Expediente N°: 11001-03-15-000-2015-02746-00, Actor: Consuelo de Jesús Echavarría Patiño, M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
Artículo 48 de la Constitución.[85]
Cfr. Sentencia T-078 de 2014 (M.P. Mauricio González Cuervo).
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Cfr. Sentencia T-078 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.
En la Sentencia C-258 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) se consideró que “en términos generales, comete abuso del derecho: (i) aquél que ha adquirido el derecho en forma legítima, pero que lo utiliza para fines no queridos por el ordenamiento jurídico; (ii) quien se aprovecha de la interpretación de las normas o reglas, para fines o resultados incompatibles por el ordenamiento jurídico; (iii) el titular de un derecho que hace un uso inapropiado e irrazonable de él a la luz de su contenido esencial y de sus fines; y (iv) aquél que invoca las normas de una forma excesiva y desproporcionada que desvirtúa el objetivo jurídico que persigue.”
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente: César Palomino Cortés, Bogotá D.C., 28 de agosto de 2018, expediente: 52001-23-33-000-2012-00143-01, Demandante: Gladis del Carmen Guerrero de Montenegro, Demandado: Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. En Liquidación; Asunto: Sentencia de unificación de jurisprudencia. Criterio de interpretación sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.