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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-03408-00

Acción de tutela contra providencia judicial de una alta corte

Fecha
28 de febrero de 2019
Consejero ponente
Jorge Octavio Ramírez Ramírez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-03408-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por la señora Amanda Matilde Sarmiento Palmera, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2018-03408-00

Consejero ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez

28 de febrero de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL DE UNA ALTA CORTE / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – No se configura / SANCIÓN MORATORIA POR CONSIGNACIÓN TARDÍA DE CESANTÍAS AL FOMAG - Régimen docente / RÉGIMEN DE CESANTÍAS DE LOS DOCENTES DEL SECTOR OFICIAL

La sentencia cuestionada concluyó que el régimen de cesantías de la Ley 50 de 1990, que se hizo extensivo por virtud del artículo 1 del Decreto 1582 de 1992 a los servidores públicos del orden territorial, no es aplicable a la [accionante] por cuanto se trata de una docente oficial a quien se le aplica el régimen especial de cesantías de la Ley 91 de 1989, el cual, por su naturaleza, no prevé la sanción moratoria por la no consignación oportuna de cesantías en el fondo privado. Lo expuesto permite concluir que la sentencia [controvertida] (…) tuvo sustento en el análisis juicioso de los regímenes de cesantías dispuestos para los trabajadores del sector territorial y para los docentes oficiales, de ahí que, contrario a lo afirmado por la parte actora, sí tuvo en cuenta que por virtud del Decreto 1582 de 1998, la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 se hizo extensiva para los empleados del sector territorial, no obstante, aclaró que en esa categoría no se encontraba la actora, que se vinculó el 15 de enero de 1999 en calidad de docente nacionalizada (por nombramiento de la entidad territorial) al servicio del municipio de Sabanalarga, motivo por el cual el régimen aplicable era el de la Ley 91 de 1989, además, teniendo en cuenta que sus cesantías no las administraba un fondo privado, sino el FOMAG, (…) no le es aplicable el régimen de cesantías de la Ley 50 de 1990. A juicio de la Sala, el análisis efectuado por el juez natural en relación con el régimen aplicable al sector docente, resulta razonable, teniendo en cuenta que, como lo advirtió la Sección Segunda de esta Corporación en el fallo que se cuestiona, los docentes cuentan con un régimen especial, que de manera expresa regula el régimen de cesantías para dicho sector, concretamente en el numeral 3 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989. Esto implica que no puedan hacerse extensivas otras disposiciones del régimen general, dada su especialidad (…) las sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, no constituían precedente obligatorio para la Sección Segunda de esta Corporación al decidir el asunto, pues el análisis que allí se efectuó corresponde a una sanción de naturaleza distinta y de fuente legal diferente a la reclamada por la actora. (…) para la Sala no se configuran los defectos propuestos, razón por la que deberán negarse las pretensiones de la presente acción de tutela.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / LEY 50 DE 1990 - ARTÍCULO 99 / LEY 244 DE 1995 - ARTÍCULO 2 / LEY 344 DE 1996 – ARTÍCULO 13 / DECRETO 1582 DE 1998 / DECRETO 2591 DE 1991 / DECRETO 1582 DE 1998 - ARTÍCULO 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente: JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-03408-00(AC)

Actor: AMANDA MATILDE SARMIENTO PALMERA

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “B”

Decide la Sala la acción de tutela instaurada por la señora Amanda Matilde Sarmiento Palmera, de acuerdo con el Decreto 1983 de 2017.

ANTECEDENTES

El 19 de septiembre de 2018, la señora Amanda Matilde Sarmiento Palmera, quien actúa en nombre propio, instauró acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección “B”, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad, a la seguridad jurídica y al debido proceso.

1. Pretensiones

Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:

“PRIMERO: REVOCAR la sentencia de segunda instancia proferida por la Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado del 05 de septiembre de 2018 (sic) proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO – MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO, radicado: 08001-23-33-000-2013-00817-01 (0228-2016), que revocó la decisión emitida en sentencia del día 08 de octubre de 2015 del Tribunal Administrativo del Atlántico en fallo de primera instancia.

En su lugar, CONCEDER la protección de mis derechos constitucionales a la igualdad en las decisiones judiciales, al principio de favorabilidad laboral, debido proceso y por violación directa de la Constitución.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la sentencia proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en segunda instancia por la Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado del 05 de septiembre de 2018 (sic). En su lugar, ORDENAR a la Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado que profiera una nueva decisión mediante la cual acceda a las pretensiones de la demanda y ordene el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la omisión en el pago de las cesantías correspondientes a las anualidades 1999 a 2003.

Y en tal sentido, se CONDENE al demandado NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO – MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO a pagarme la sanción moratoria contemplada en la Ley 334 de 1996 y derivada de la mora y el retardo en la consignación del auxilio de cesantías en forma anualizada en el fondo administrador de cesantías respectivo por la omisión del pago de mis cesantías correspondientes a las anualidades de 1999 a 2003.

Por lo tanto, ORDENAR el pago efectivo y material, dado que tal condena debe darse como restablecimiento del derecho, sanción que deberá liquidarse desde el 14 de febrero del año siguiente a la causación del auxilio de cesantías respectivo, hasta la fecha en que se produzca la consignación de cada uno de los auxilios de cesantías pertinentes a las anualidades 1999 a 2003. De igual forma SE ORDENE que la suma que resulte como condena sea ajustada tomando como base el índice de precios al consumidor de conformidad con el artículo 187 inciso 4º C.P.A.C.A. además que SE CONDENE al pago de los intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la modificación de la sentencia según lo previsto en el artículo 192 y 195 incisos 4º del C.P.A.C.A.”.

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. Afirma la actora que labora como docente perteneciente a la planta del Municipio de Sabanalarga desde el año 1999, que fue asimilada por el Departamento del Atlántico en el año 2003, y que se encuentra afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

2.2. Mediante escrito presentado el 6 de junio de 2013, solicitó al Municipio de Sabanalarga y al Departamento del Atlántico, la consignación en el respectivo fondo de las cesantías correspondientes a los años 1999 a 2003, y el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de sus cesantías anualizadas.

2.3. El Alcalde Municipal de Sabanalarga dio respuesta mediante Oficio del 25 de junio de 2013, en el que el ente territorial ha venido cancelando y transfiriendo a los distintos fondos para los empleados que estén afiliados, los auxilios de cesantía correspondiente, en la medida en que su situación económica y financiera lo ha permitido al encontrarse en un proceso de restructuración de pasivos.

2.4. Por su parte, el Secretario de Educación Departamental del Atlántico, en escrito del 22 de julio de 2013 dio respuesta en la que indicó que de acuerdo con su historia laboral, la actora se posesionó el 2 de enero de 1999 y que fue afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio – FONPREMAG el 19 de agosto de 2005 como docente con vinculación municipal.

En ese orden de ideas, y revisados los extractos de intereses a las cesantías suministrado por la Fiduprevisora S.A. –administradora del FONPREMAG–, dijo que desde el año 2003 en adelante sus cesantías han sido oportunamente reportadas a la entidad fiduciaria, de tal manera que los pasivos anteriores a la afiliación al fondo, no reportados por la entidad territorial, eran responsabilidad del Municipio de Sabanalarga (Atlántico).

2.5. La actora también solicitó al Ministerio de Educación el pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías, correspondientes a los años 1999 a 2003, petición que fue remitida a la Fiduprevisora S.A. para lo de su competencia, y quien dio respuesta negativa el 1º de agosto de 2013, e indicó, en relación con la accionante lo siguiente:

“El pago correspondiente a la CESANTÍA PARCIAL PARA COMPRA mediante Resolución No. 639 del 7/17/2012 expedida por la Secretaría de Educación a la cual se encuentra vinculado, se colocó a disposición del beneficiario a partir del 10/18/2012 en el banco BBVA – BBVA C.S. CRA. 43-BARRANQUILLA, sin que se evidencie en la base de datos actos administrativos aclaratorios ni el reintegro de la misma” (folio 32, expediente en copia).

2.6. Por lo anterior, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho la accionante demandó a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, al Municipio de Sabanalarga y a la Gobernación del Atlántico, pretendiendo la nulidad de los actos que negaron su petición de pago de sanción moratoria por la no consignación de las cesantías por los años 1999 a 2003, y a título de restablecimiento del derecho, que se pagara la sanción moratoria contemplada en la Ley 344 de 1996, reglamentada mediante el Decreto 1582 de 1998, que a su vez remitía a los artículos 99 a 104 de la Ley 50 de 1990.

2.7. Del procedo conoció en primera instancia el Tribunal Administrativo del Atlántico, que en sentencia del 8 de octubre de 2015 accedió a las pretensiones de la demanda.

2.7.1. Indicó que de acuerdo con el material probatorio aportado, el Municipio de Sabanalarga no había girado los dineros correspondientes a los auxilios de cesantías de las anualidades 1999, 2000, 2001 y 2002 al FONPREMAG, y que el Departamento del Atlántico, a partir del 1º de enero de 2003 había asumido a la actora en la planta de personal docente, por el Sistema General de Participaciones.

2.7.2. Sostuvo que si bien el Municipio de Sabanalarga se encontraba en un proceso de restructuración de pasivos, esto no impedía el reconocimiento de derechos laborales ciertos e indiscutibles.

2.7.3. Consideró que se debía reconocer la sanción moratoria consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, que consiste en un día de salario por cada día de retraso, por la no consignación de sus cesantías anuales correspondientes a los años 1999 a 2003.

2.8. En segunda instancia, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, mediante providencia del 7 de septiembre de 2018, revocó la decisión de primera instancia y en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

2.8.1. Luego de hacer un recuento normativo en relación con el sistema prestacional de los docentes, manifestó que a los educadores no les eran aplicables los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990, que contemplaron el plazo para la liquidación del valor liquidado anualmente con anterioridad al 15 de febrero y la sanción moratoria para el empleador que incumpliera esta obligación, ya que esas normas fueron extendidas por disposición del artículo 1º del Decreto 1582 de 1998, únicamente a los servidores públicos del nivel territorial, y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996, que se afiliaran a fondos privados de cesantías, que no se equiparan a los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1990.

2.8.2. Dijo que en el caso concreto, la actora se había vinculado a partir del 15 de enero de 1999, que el régimen de liquidación que regulaba su situación jurídica era el contemplado en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, por dos razones: i) la primera, por haberse vinculado con posterioridad al 1º de enero de 1990, y ii) porque de acuerdo con el extracto de cesantías, FONPREMAG le reconoció un interés equivalente a la tasa comercial promedio de captación del sistema financiero durante cada periodo “sobre el ahorro o el acumulado de cesantías a 31 de diciembre de cada anualidad” e incluso, se le autorizó el retiro parcial de cesantías reportadas al año 2011.

2.8.3. Dijo que lo anterior difiere sustancialmente del manejo de la prestación social administrada a través de fondos privados creados a través de la Ley 50 de 1990, la cual si bien establece en su artículo 99 la obligación a 31 de diciembre, de efectuar la liquidación por año o fracción que corresponda, sólo sobre esa fracción se causan intereses a favor del trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales, y no sobre el acumulado total que por concepto de la prestación social se reconozca al empleado.

Todo esto llevó a la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación a concluir, que ambos regímenes no son equiparables en razón a sus características y beneficios disímiles para sus afiliados, incluso desde la misma filosofía que inspiró al legislador para crear el FONPREMAG.

3. Fundamentos de la acción

Señala la actora que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad, a la seguridad jurídica y al debido proceso, al proferir la sentencia del 7 de septiembre de 2018, ya que al negarle el reconocimiento de la sanción por la no consignación de sus cesantías en el respectivo fondo correspondientes a los años 1999 a 2003, incurrió en los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente.

3.1. Para la actora se configura un defecto sustantivo, porque la providencia cuestionada le niega su derecho al “pago de la indemnización por el no pago oportuno de cesantías” que se encuentra regulado en el régimen general de cesantías previsto en las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, desconociendo la interpretación hecha, entre otras en la Sentencia T-008 de 2015, sobre el alcance y naturaleza del derecho a las cesantías y las consecuencias del retraso o demora en el pago de tal prestación.

Dijo que debía tenerse en cuenta que los docentes oficiales son considerados como empleados públicos y, por tanto, le es aplicable el régimen general –en lo no estipulado en el régimen especial–, en lo que tiene que ver con “el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías” establecido en la Ley 224 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, situación que de acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 53 de la Constitución Política, es aplicable por analogía, en relación con la Ley 344 de 1996, como lo ha reconocido la Corte Constitucional y el mismo Consejo de Estado.

Señaló que para la Corte Constitucional, al margen de si se trata del régimen especial instituido por la Ley 91 de 1989, o del régimen general establecido en las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, en aplicación del principio de condición más favorable al trabajador, debe reconocerse a todos los servidores públicos la “indemnización por el no pago oportuno de las cesantías” en aras de garantizar el derecho a la igualdad.

Precisó que se encuentra cobijada por el artículo 1º de la Ley 91 de 1989, en especial lo reseñado en el numeral tercero que hace referencia al personal territorial, y que esta era razón suficiente para considerar que tiene derecho al reconocimiento de la sanción moratoria de que trata la Ley 344 de 1996, en su condición de docente.

Insistió en que si bien de la lectura de las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, no es posible concluir que le sean aplicables de manera directa, en garantía de los derechos a la seguridad social, sí es posible de manera indirecta, ya que aplicar el régimen general en lo que tiene que ver con la sanción por mora por la no consignación de las cesantías, resulta ser la condición más beneficiosa y materializa los principios y valores establecidos en los mandatos constitucionales, particularmente el de favorabilidad.

3.2. Señaló que se incurrió en defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, concretamente de la sentencia SU-336 de 2017, en la que se señala que los docentes son empleados públicos, y por tanto, les es aplicable el régimen general en lo no estipulado en el régimen especial, para efectos de aplicar la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías establecida en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006. Y agregó que se debe aplicar por analogía al caso presente.

Por otra parte, advirtió que la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación por importancia jurídica CE-SUJ-SII-012-2018-SUJ-012-S2 del 18 de julio de 2018, en el expediente No. 73001-23-33-000-2014-00580-01 (4961-2015), estableció con claridad que el docente es considerado servidor público para los efectos de la aplicación de la Ley 244 de 1995 y que, por ello no es entendible que no lo sea igualmente con la Ley 344 de 1996.

4. Trámite impartido

4.1. Por auto del 25 de septiembre de 2018, se admitió la presente acción, se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada, y se dispuso vincular como terceros con interés al Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala Oral A, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional (Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio), al Departamento del Atlántico y al Municipio de Sabanalarga. También se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (folio 15).

4.2. El 22 de octubre de 2018, el ponente de la decisión solicitó a la Secretaría General informar acerca de la existencia de asuntos similares, advirtiendo la posibilidad del reparto de acciones de tutela masivas (folio 62).

4.3. Por auto del 1º de noviembre de 2018, se dispuso remitir el presente asunto al despacho de la consejera Stella Jeannette Carvajal Basto, con el fin de que se estudiara la posible acumulación al proceso con radicación 11001-03-15-000-2018-03270-00 (folio 66).

Sin embargo, en providencia del 11 de diciembre de 2018 la citada consejera consideró que no era procedente la acumulación, y en consecuencia, ordenó la devolución del expediente al despacho de origen para lo de su cargo (folios 110 a 112).

5. Intervenciones

5.1. La Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, manifestó que la presente acción es improcedente, porque al momento de resolver el recurso de apelación respectivo, se resolvieron todos los cargos formulados en su momento.

Se refirió al defecto sustantivo planteado por la parte actora, y señaló que al proferir la decisión cuestionada, esa Sala analizó el régimen de cesantías aplicable a los servidores públicos territoriales, y en concreto, el régimen especial aplicable a los docentes.

Explicó nuevamente la situación especial que cobija a los docentes, y aclaró que en lo que tiene que ver con los diferentes regímenes salariales y prestacionales de los servidores públicos, la Corte Constitucional en diferentes oportunidades ha sostenido la improcedencia general del juicio o test de igualdad entre ellos, ya que no son equiparables y responden a los requerimientos específicos del orden o entidad de que se traten.

Señaló que la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de 2018, unificó el criterio de que los docentes como empleados públicos que son, les aplican las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, pero que la sentencia no indicó que los docentes a quienes se les aplica el régimen anualizado de cesantías –Ley 91 de 1989–, tengan derecho al pago de la penalidad por mora, que se diferencia del otro régimen jurídico mencionado, ente otras cosas, que el docente se encuentra vinculado laboralmente y no tiene que solicitar el reconocimiento y pago de dicha prestación.

En ese orden de ideas, dijo que la actora pretende plantear nuevamente las inconformidades resueltas dentro del proceso ordinario, lo cual resulta improcedente en sede de tutela en la medida en que no se erige como una instancia adicional.

5.2. La Fiduprevisora S.A., por intermedio del coordinador de tutelas de la Dirección de Gestión Judicial, sostuvo que el trámite, reconocimiento y pago de las prestaciones económicas solicitadas por los docentes afiliados al fondo, está sujeta a un procedimiento establecido en la norma y que debe ser atendido en orden riguroso de acuerdo a la radicación de las solicitudes presentadas.

Dijo que los intereses por mora en el pago de prestaciones económicas deben ser liquidados y decretados por un Juez de la República, y que una vez ejecutoriado el fallo respectivo, debe ser tramitado de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 2831 de 2005, haciendo la respectiva solicitud de cumplimiento de sentencia judicial a la Secretaría de Educación para la gestión correspondiente.

Finalmente pidió se negara el amparo solicitado, ya que la parte actora no demostró una vía de hecho por parte de la autoridad judicial accionada en la sentencia que se cuestiona a través de la presente acción.

5.3. El Tribunal Administrativo del Atlántico, manifestó que precisamente en la sentencia de primera instancia se accedió a las pretensiones de la demanda, y que fue en el trámite de la segunda instancia que se negaron las mismas, por lo que no había mucho por decir por parte de esa autoridad judicial.

Indicó que la parte actora plantea una serie de reproches frente a la decisión de segunda instancia emitida por el Consejo de Estado, que le fue adversa, razón por la que era dicha instancia la encargada de pronunciarse sobre el particular.

Por lo anterior, pidió ser desvinculado de la presente acción y en subsidio, denegar el amparo solicitado.

5.4. El Ministerio de Educación, por intermedio del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, indicó que se configuraba la falta de legitimación en la causa por pasiva al no tener competencia para pronunciarse sobre los hechos y pretensiones de la acción de tutela, razón por la que pidió ser desvinculado del presente trámite.

5.5. El Departamento del Atlántico, el Municipio de Sabanalarga y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, no se pronunciaron.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2.     La acción de tutela contra providencias judiciales de altas Cortes

2.1. La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Por esto, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales y especiales que deben cumplirse de forma estricta. Si no se cumplen todos los requisitos generales y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales la acción no será procedente.

2.2. Ahora bien, cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de amparo es más restrictiva debido a que estas Corporaciones son las encargadas de unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que los principios de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia.

Es así que, la Corte Constitucional ha indicado que como presupuesto adicional para admitir la procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada debe contener un error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con la Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.

2.3. De acuerdo con lo anterior, cuando se controvierte por vía de tutela una providencia proferida por una alta Corporación, corresponde al juez de tutela verificar el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales especiales de procedibilidad; y (iii) la configuración de un error en la providencia judicial acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.

3. Planteamiento del problema jurídico

3.1. Corresponde a la Sala analizar si el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, incurrió en los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente en la decisión del 7 de septiembre de 2018, por no aplicar las normas relacionadas con la sanción por la consignación tardía de las cesantías que contempla el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, pese a que la misma Corporación y la Corte Constitucional han indicado que los docentes son empleados públicos, y por tanto, ante el vacío normativo en relación con esta sanción, se debe aplicar a casos como el de la docente accionante.

3.2. Como en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala verificará si se configura el defecto propuesto por la parte actora.

4. Alcance del defecto sustantivo y su análisis en el caso concreto

4.1. El defecto sustantivo es aquel vicio relacionado con la interpretación y aplicación de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, que tiene una incidencia directa en la decisión y del que se puede predicar que de forma directa y autónoma lesiona los derechos fundamentales. De esta forma, la jurisprudencia constitucional ha considerado que el defecto material o sustantivo se produce cuando el juez toma una decisión con fundamento en normas inexistentes, inconstitucionales o inaplicables al caso, lo que genera una contradicción evidente entre los fundamentos y la decisión.

Igualmente, puede presentarse cuando se interpreta una disposición en forma incompatible con las circunstancias fácticas y, por tanto, la interpretación dada por el juez resulta a todas luces improcedente. En estos casos, la jurisprudencia ha sido enfática en predicar que no cualquier interpretación inadecuada puede considerarse vulneradora del derecho al debido proceso, sino que esta debe ser abiertamente arbitraria y carecer de razonabilidad.

En atención a lo anterior, si bien el juez ordinario goza de autonomía e independencia para interpretar y aplicar las disposiciones del ordenamiento jurídico, el ejercicio de estas potestades no puede ser caprichoso.

4.2. La accionante fue nombrada en calidad de docente mediante Decreto No. 194 del 31 de diciembre de 1998 en el Municipio de Sabanalarga (Atlántico); de acuerdo con lo manifestado en el escrito de tutela tomó posesión del cargo en el año 1999, y que a partir del año 2003, pasó a prestar sus servicios en el Departamento del Atlántico.

En el año 2013, la señora Amanda Matilde Sarmiento Palmera solicitó a los entes territoriales –municipio de Sabanalarga y Departamento del Atlántico–, y al Ministerio de Educación Nacional, el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de un día de salario por cada día de retardo, por la no consignación oportuna de sus cesantías correspondientes a los años 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, conforme a la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998, que hace remisión expresa a la Ley 50 de 1990 en lo pertinente.

Las autoridades judiciales negaron dicha solicitud, razón por la que demandó en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, buscando el pago de la sanción por la no consignación oportuna de sus cesantías.

En segunda instancia, la Sección Segunda –Subsección “B”, del Consejo de Estado revocó la decisión condenatoria, y en su lugar, negó las pretensiones de la actora, con el argumento de que al ser docente, el régimen de cesantías que la cobijaba era el contemplado en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que difiere sustancialmente del régimen de cesantías de los fondos privados, razón por la que al ser un régimen especial que no regulaba esa situación, no era posible la aplicación de la Ley 50 de 1990, en relación con este aspecto.

4.3. Las normas cuya aplicación solicita la actora, son el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 “por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones”, artículo 1º del Decreto Reglamentario 1582 de 1998 “por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 334 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia”; y el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 “por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”.

4.4. Para determinar si la sentencia del 7 de septiembre de 2018 incurrió en defecto sustantivo alegado, por el presunto desconocimiento del Decreto 1582 de 1998, que extendió el régimen de cesantías de la ley 50 de 1990 a los empleados del sector público del nivel territorial, conviene mencionar las consideraciones de la citada providencia.

4.4.1. En la sentencia del 7 de septiembre de 2018, la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, se ocupó de analizar el sistema de liquidación de los servidores públicos del nivel territorial y el régimen de cesantías de los docentes del sector oficial. En ese sentido, explicó respecto de cada uno lo siguiente:

i) Del sistema de liquidación de servidores públicos del nivel territorial, explicó lo siguiente:

Que el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 estableció la liquidación anual de cesantías a todas las personas que se vincularan a los órganos y entidades del Estado (Ramas Legislativa y Ejecutiva) a partir del 31 de diciembre de 1996. Que ese artículo fue reglamentado por el artículo 1° del Decreto 1582 de 1998, que de manera expresa extendió la aplicación de los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990 a los servidores públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afiliaran a los fondos privados de cesantías.

Que el sistema contemplado en los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990, previó el régimen anualizado de cesantías que tiene las siguientes características: i) se liquida cada 31 de diciembre, por la anualidad o por la fracción correspondiente; ii) genera intereses del 12 % anual o proporcionales por fracción, y iii) genera una sanción moratoria correspondiente a un día de retardo cuando el empleador no consigne el valor liquidado antes del 15 de febrero de cada año.

ii) Del régimen de cesantías de los docentes del sector oficial, precisó lo siguiente:

Que la Ley 91 de 1989 diferenció las categorías de los docentes afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y agrupó a los docentes oficiales así: i) personal nacional, que están nombrados por el gobierno Nacional; ii) nacionalizado, cuyo ingreso se efectúa mediante nombramiento de la entidad territorial antes del 1° de enero de 1976 y los vinculados a partir de esa fecha de conformidad con la Ley 43 de 1975, y iii) personal territorial, aquellos por nombramiento territorial, a partir del 1° de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975, relativo a la creación de nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria con autorización del Ministerio de Educación Nacional.

Que, además, en virtud de la Ley 344 de 1996 y la Ley 91 de 1989, los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1990, sin lugar a distinción entre docentes nacionales y nacionalizados, se regularán por las normas de los empleados públicos del orden nacional, cuyo sistema de cesantías es anualizado, sin retroactividad y con pago de intereses a sus beneficiarios.

4.4.2. Luego de hacer las anteriores precisiones, la sentencia objeto de reproche aclaró que los docentes que ingresaron con posterioridad al 1° de enero de 1990 y que fueron nombrados por el alcalde o gobernador, por ese simple hecho, no adquirían la calidad de servidores públicos del nivel territorial y, por lo tanto, el régimen de cesantías que los regía era el de la Ley 91 de 1989. A continuación se transcriben los apartes relevantes al respecto:

“41. Por lo anterior, los docentes que ingresaron con posterioridad a la fecha señalada (1 de enero de 1990), por el solo hecho de ser designados por el alcalde o gobernador, no adquieren el carácter de territorial regidos por normas prestacionales aplicables a los servidores públicos que ostentan dicha calidad, puesto que por disposición de la Ley 91 de 1989, artículo 15, numeral 3º, literal b), los maestros «[…] que se vinculen a partir del 1o. de enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro.», como lo es la Ley 344 de 1996 que sin perjuicio de lo previsto en la Ley 91 de 1989, consagró un sistema de liquidación anualizado de cesantías para las «[…] personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado.».

[…]

“43. Por todo lo anterior, a los educadores del sector público no les son aplicables los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990, que contemplaron el plazo para la liquidación del valor liquidado anualmente con anterioridad al 15 de febrero y la sanción moratoria para el empleador que incumpla esta obligación, pues dichas normas fueron extendidas por disposición del artículo 1 del Decreto 1582 de 1998, únicamente a «los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías», que como se expuso, no se equiparan a los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1990, pues su nombramiento efectuado por el representante de la entidad territorial no le otorga la calidad de ser un maestro de dicho nivel, y sus prestaciones sociales como las cesantías, son administradas por el FOMAG, cuya naturaleza jurídica es diferente a la de aquellos fondos privados creados por la Ley 50 de 1990. (Negrillas y subrayas propias del texto).

4.4.3. La sentencia cuestionada concluyó que el régimen de cesantías de la Ley 50 de 1990, que se hizo extensivo por virtud del artículo 1° del Decreto 1582 de 1992 a los servidores públicos del orden territorial, no es aplicable a la señora Amanda Matilde Sarmiento Palmera, por cuanto se trata de una docente oficial a quien se le aplica el régimen especial de cesantías de la Ley 91 de 1989, el cual, por su naturaleza, no prevé la sanción moratoria por la no consignación oportuna de cesantías en el fondo privado.

4.5. Lo expuesto permite concluir que la sentencia del 7 de septiembre de 2018 tuvo sustento en el análisis juicioso de los regímenes de cesantías dispuestos para los trabajadores del sector territorial y para los docentes oficiales, de ahí que, contrario a lo afirmado por la parte actora, sí tuvo en cuenta que por virtud del Decreto 1582 de 1998, la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 se hizo extensiva para los empleados del sector territorial, no obstante, aclaró que en esa categoría no se encontraba la actora, que se vinculó el 15 de enero de 1999 en calidad de docente nacionalizada (por nombramiento de la entidad territorial) al servicio del municipio de Sabanalarga, motivo por el cual el régimen aplicable era el de la Ley 91 de 1989, además, teniendo en cuenta que sus cesantías no las administraba un fondo privado, sino el FOMAG, y que en esas condiciones, no le es aplicable el régimen de cesantías de la Ley 50 de 1990.

A juicio de la Sala, el análisis efectuado por el juez natural en relación con el régimen aplicable al sector docente, resulta razonable, teniendo en cuenta que, como lo advirtió la Sección Segunda de esta Corporación en el fallo que se cuestiona, los docentes cuentan con un régimen especial, que de manera expresa regula el régimen de cesantías para dicho sector, concretamente en el numeral 3 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

Esto implica que no puedan hacerse extensivas otras disposiciones del régimen general, dada su especialidad, y por existir diferencias que destacan uno y otro régimen –bien por ser uno de ellos más favorable que otro, o porque el legislador quiso darles un trato diferenciado–, que los jueces no pueden desconocer.

En la providencia cuestionada se hizo un análisis de las razones por las que no era posible aplicar normas distintas a las que rigen el magisterio y, no puede la Sala, con el argumento de aplicar el principio de favorabilidad, desconocer la independencia y la vigencia de los regímenes especiales y dar aplicación extensiva, como en este caso se pretende, al régimen general, más aún en temas de orden sancionatorio no previstos en las normas específicas del personal docente.

4.6. Lo anterior se acompasa con la posición fijada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-928 de 2006, que al analizar la constitucionalidad del numeral 3º del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, norma específica en materia de cesantías de los docentes, la declaró exequible por encontrar que el régimen especial de los educadores no era violatorio del derecho a la igualdad y que este sistema prestacional debía ser entendido como un todo sin mirarse de manera aislada, lo que impedía aplicar la Ley 50 de 1990.

En lo pertinente, la sentencia explicó que “…los docentes cuentan con un régimen especial en materia de cesantías, pensiones y salud, sistema que debe ser entendido como un todo, sin que sea dable examinar aisladamente cada de una de ellas, y en tal sentido, prima facie, no resultan comparables la manera como se administran, liquidan y cancelan las cesantías de los docentes con aquéllas de los trabajadores sometidos a la Ley 50 de 1990”.

Sentencia que si bien se centró en lo relacionado con el porcentaje de intereses a las cesantías reconocidas al personal docente en relación con los trabajadores a quienes aplica la Ley 50 de 1990, su ratio decidendi resulta aplicable al caso, en la medida en que destaca la aplicación exclusiva de dicho régimen.

El análisis de esta providencia, se retomará en el numeral siguiente, cuando se examine el defecto por desconocimiento del precedente constitucional.

5. Alcance del defecto por desconocimiento del precedente y su análisis en el caso concreto

5.1. Para la Sala, es posible plantear la transgresión del precedente si se demuestra: i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación (existencia del precedente); ii) que tales decisiones eran vinculantes para la autoridad judicial demandada, tanto por ser el precedente vigente, como por tener la fuerza vinculante suficiente (precedente vinculante); iii) que la decisión judicial que se cuestiona en sede de tutela es contraria al precedente vinculante (contradicción con el precedente vinculante), iv) y que el juez de instancia no presentó una justificación razonable para apartarse del precedente vinculante (inexistencia de justificación razonable para separarse del precedente).

5.2. Previo a abordar el tema referente al presunto desconocimiento del precedente judicial contenido en la sentencia SU-336 de 2017, y en la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, es necesario hacer las siguientes precisiones entre dos tipos de sanción moratoria:

5.2.1. De conformidad con el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, el empleador debe consignar las cesantías de cada año el 15 de febrero del año siguiente, en el fondo al que se encuentre afiliado el trabajador. En caso de incumplimiento de ese plazo, el trabajador tendrá derecho a que se le pague un día de salario por cada día de retraso en la consignación de las cesantías, a título de sanción moratoria.

5.2.2. Por otro lado, de conformidad con el artículo 2 de la Ley 244 de 1995, que contiene el régimen general de cesantías de los servidores públicos, cuando el trabajador solicita el reconocimiento de las cesantías parciales o definitivas, la entidad pagadora cuenta con un plazo de 45 días, contados a partir de la fecha en la que quede en firme el acto administrativo que las reconoce, para pagarlas, so pena de que se cause una sanción moratoria equivalente a un día de salario por cada día de tardanza.

Lo anterior, permite distinguir entre i) la sanción moratoria que se causa por la falta de consignación oportuna de las cesantías en el fondo al que se encuentra afiliado el trabajador y ii) la sanción moratoria que se causa por la falta de pago oportuno, por parte del fondo, de las cesantías definitivas o parciales solicitadas por el empleado.

En este asunto, nos encontramos frente a la primera modalidad de sanción moratoria (la establecida en el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990), pues la causa que motivó la interposición de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho fue la supuesta tardanza del municipio de Sabanalarga y el Departamento del Atlántico en la consignación de las cesantías de la docente Amanda Matilde Sarmiento Palmera, en el fondo al que estaba afiliada.

5.3. En cuanto al supuesto desconocimiento del precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-336 de 2017, basta con señalar que esa decisión no analizó ninguna controversia relacionada con la sanción prevista en el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, que es la que se debatió en el asunto bajo examen, sino que acumuló varias acciones de tutelas promovidas por docentes del sector oficial afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, a los que se les habían reconocido las cesantías parciales, pero que les fueron pagadas en un término superior a los 45 días hábiles establecidos en la Ley 1071 de 2006, y que no puede ser utilizada por vía de analogía.

El mismo razonamiento debe hacerse en relación con el presunto desconocimiento de la sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de unificación por importancia jurídica CE-SUJ-SII-012-2018-SUJ-012-S2 del 18 de julio de 2018, en el expediente No. 73001-23-33-000-2014-00580-01 (4961-2015), pues allí también se estudió lo relacionado con la aplicación de la Ley 244 de 1995, que refiere al pago tardío de las cesantías y no a la consignación no oportuna de dicha prestación, razón por la que no puede hablarse de un desconocimiento de la línea jurisprudencial, de ahí que tampoco tenga identidad fáctica con el caso bajo estudio.

5.4. Entonces, es claro que las sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, no constituían precedente obligatorio para la Sección Segunda de esta Corporación al decidir el asunto, pues el análisis que allí se efectuó corresponde a una sanción de naturaleza distinta y de fuente legal diferente a la reclamada por la actora.

5.5. Adicionalmente, es importante destacar que la Corte Constitucional en Sentencia SU-098 de 17 de octubre de 2018 resolvió un asunto similar al presente.

En dicha sentencia, se abordó un tema relacionado con la consignación tardía de cesantías y la sanción prevista aplicable de manera extensiva a los docentes. Pero esa misma Sala, con anterioridad había emitido sentencia de constitucionalidad en relación con la norma especial del sector docente que regula lo relacionado con el tema de las cesantías —Ley 91 de 1989, artículo 15, numeral 3—, declarando su exequibilidad, por encontrar que el régimen especial de los educadores no era violatorio del derecho a la igualdad.

En todo caso, se debe resaltar que en la aludida sentencia, la Corte Constitucional fue enfática en indicar que el régimen salarial (cesantías y vacaciones) y prestacional (pensión y salud) de los docentes, resulta ser diferente al régimen general del resto de los empleados públicos, los cuales contienen prerrogativas especiales para cada uno de ellos, que hace que no se viole el derecho a la igualdad.

En este orden de ideas, el cargo por vulneración del derecho a la igualdad no está llamado a prosperar porque se trata de un régimen especial, que comprende aspectos prestacionales (cesantías y vacaciones) y de seguridad social (pensiones y salud), basado en sus propias reglas, principios e instituciones.

La sentencia de constitucionalidad citada, realizó un estudio entre la norma acusada y el ordenamiento jurídico superior, concluyendo que no se vulneraba el derecho a la igualdad de los docentes oficiales al no aplicárseles la Ley 50 de 1990, fijando así una regla de derecho.

En efecto, tal como lo ha sostenido el máximo órgano Constitucional, “los fallos expedidos en control abstracto y concreto tienen una fuerza vinculante especial, debido a que determinan el contenido y alcance de la normatividad superior, al punto que su desconocimiento significaría una violación de la constitución.

Así mismo, dicha Corporación al respecto, indicó:

“…Ante comprensiones diferentes de una misma disposición el intérprete debe escoger una de ellas para ser aplicada en casos concretos. Sin embargo, si esta tarea es asumida en el marco del control de constitucionalidad, el parámetro de escogencia es la vigencia de la Constitución, por lo que la Corte, a partir de la función directiva de la Carta Política, define qué comprensiones de las normas resultan compatibles con la supremacía constitucional, proscribiendo aquellas que no cumplan con esa condición. A su vez, en caso que ninguna de ellas esté conforme a la Constitución, se infiere la inexequibilidad del enunciado normativo y su consecuente expulsión del orden jurídico. En otras palabras, conforme a la función directiva de la supremacía constitucional, la armonía con la Carta Política opera como árbitro entre dichas interpretaciones jurídicas divergentes, otorgándose con ello no solo plena eficacia de dicho principio, sino también seguridad jurídica, la racionalidad y la razonabilidad al orden jurídico en su conjunto…”.

6. Por las anteriores razones, para la Sala no se configuran los defectos propuestos, razón por la que deberán negarse las pretensiones de la presente acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

FALLA

1. Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por la señora Amanda Matilde Sarmiento Palmera, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Presidente de la Sección

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejera

MILTON CHAVES GARCÍA
Consejero

JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Consejero

Folio 11 vuelto. Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; y v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela. Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución. Corte Constitucional. Sentencia SU-970 de 2010 ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio Palacio y Sentencia SU-573 de 2017 ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo. Sentencia SU-159 de 2002 proferida por la Corte Constitucional. Ley 344 de 1996. “ARTÍCULO 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo.
<Inciso 3o. INEXEQUIBLE>
PARÁGRAFO. El régimen de cesantías contenido en el presente artículo no se aplica al personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”. Decreto Reglamentario 1582 de 1998. “ARTÍCULO 1º.- El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.
“PARÁGRAFO.- Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6 de la Ley 432 de 1998”. Ley 50 de 1990. “ARTÍCULO 99. El nuevo régimen especial del auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características: 1a. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo. 2a. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente. 3a. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo”.

Excepto el personal uniformado de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
«Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones». El sistema de liquidación se caracteriza por: de liquidación de cesantías prevé que: i) se efectuará al 31 de diciembre de cada año, equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año, y ii) que los intereses son anuales sobre el valor acumulado de la cesantía al 31 de diciembre de cada año, más la tasa de interés que de acuerdo con la certificación de la Superintendencia Financiera, haya sido la comercial promedio efectiva de captación del sistema financiero durante el mismo período.
«Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.»
Ley 91 de 1989. “ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
3. Cesantías: A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año. B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional. Sentencia C-928 del 8 de noviembre de 2006. Magistrado Ponente dr. Humberto Antonio Sierra Porto. ARTÍCULO 2°. <Artículo subrogado por el artículo 5o. de la Ley 1071 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro. PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este (Negrillas fuera de texto).

Sentencia C-928 del 8 de noviembre de 2006. Magistrado Ponente Humberto Antonio Sierra Porto. En Sentencia T-260 de 1995 se advirtió que “Si bien la jurisprudencia no es obligatoria (artículo 230 de la Constitución Política), las pautas doctrinales trazadas por esta Corte, que tiene a su cargo la guarda de la integridad y supremacía de la Carta Política, indican a todos los jueces el sentido y los alcances de la normatividad fundamental y a ellas deben atenerse. Cuando la ignoran o contrarían no se apartan simplemente de una jurisprudencia -como podría ser la penal, la civil o la contencioso administrativa- sino que violan la Constitución, en cuanto la aplican de manera contraria a aquélla en que ha sido entendida por el juez de constitucionalidad a través de la doctrina constitucional que le corresponde fijar.” Aparte jurisprudencial citado en la Sentencia SU068 del 21 de junio de 2018. Sentencia C-054 del 10 de febrero de 2016. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. En la cual se estudió la constitucionalidad del artículo 27 del Código Civil.

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