Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-03414-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-03414-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2018-03414-01
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
7 de marzo de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / AUSENCIA DE DEFECTO PROCEDIMENTAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - INEXISTENCIA / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD – La acción de tutela no es la vía para controvertir providencias del Tribunal Militar
[L]a Sala encuentra razonable que el Tribunal demandado consideró que la expedición del acto de separación absoluta del cargo por fuera de los 30 días previstos en el artículo 113 del Decreto 1790 de 2000, generara indiscutiblemente la ilegalidad del mismo, pues efectivamente, tal como lo indicó la autoridad judicial, si bien dicha norma consagraba un término, no señaló las consecuencias en el evento de que la administración lo expidiera en tiempo diferente. En consecuencia, el defecto sustantivo por estas dos causales no se encuentra configurado. (…) Ahora bien, tampoco encuentra la Sala que la argumentación del Tribunal demandado haya sido precaria, pues de forma acertada y razonada resolvió el cargo relacionado con la «autoridad competente» al hacer mención que de acuerdo con lo previsto en el artículo 5° del Decreto 1790 de 2000 y la sentencia C-757 de 2002 de la Corte Constitucional, el presidente de la República ejercerá la facultad de separar de forma absoluta al Oficial directamente o por conducto del ministro de Defensa Nacional, como intermediario, mas no propiamente como su delegatario. En tal sentido, este defecto tampoco prospera. (…) Con todo, se advierte que en su escrito inicial de tutela el actor invocó la sentencia del 23 de mayo de 2002, dictada por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, demandante [A.H.V.H.] y demandada la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y Procuraduría General de la Nación. En relación con dicha providencia, se advierte que esta no guarda similitud fáctica ni jurídica, pues en dicho asunto se demandó un acto administrativo expedido por el Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, a través del cual se destituyó a un miembro del Ejército Nacional «… en su calidad de Coronel del Ejército Nacional, cuando se desempeñaba como Comandante del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia, por el conocimiento y aprobación de la retención, desaparición y posterior homicidio de [N.E.B.] ». (…) En cuanto al segundo proveído invocado (…) resulta del caso precisar que esta Sección en reiterados pronunciamientos ha indicado que el concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del sentido de la decisión y su contenido específico, es decir, la ratio decidendi, la cual no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en donde se especifique una regla o subregla de derecho. En tal sentido, este defecto tampoco se encuentra configurado, toda vez que lo analizado en precitada sentencia no guarda relación fáctica ni jurídica con el debatido en sede ordinaria por el actor, ni en esta se trazó una regla que pudiera considerarse precedente para el caso concreto. (…) En consecuencia, se confirmará parcialmente el fallo impugnado, que denegó el amparo solicitado, pero solo en lo que respecta al defecto sustantivo, por la indebida aplicación de los artículos 111 y 113 del Decreto 1790 de 2000, el defecto procedimental y, el desconocimiento del precedente. Asimismo, se adicionará, para declarar su improcedencia en relación con el defecto sustantivo, por indebida aplicación de los artículos 11 y 51 de la Ley 1407 de 2010 y el defecto fáctico, por la indebida valoración probatoria del fallo dictado por el Tribunal Superior Militar (principio de favorabilidad en cuanto a la pena accesoria), puesto que la parte actora contaba con otro mecanismo de defensa judicial para obtener el pronunciamiento de fondo que pretende a través de esta acción de tutela.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D.C., siete (7) de marzo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-03414-01(AC)
Actor: JONATHAN CAICEDO VARGAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte demandante en contra del fallo del 5 de diciembre de 2018, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que negó el amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
La parte accionante con escrito recibido el 19 de septiembre de 2018, ejerció acción de tutela con el fin de que se protegiera su derecho fundamental al debido proceso, el cual consideró vulnerado con la providencia del 28 de septiembre de 2017, dictada por la Subsección de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, identificado con el radicado 25307-33-31-703-2013-00565-01.
Lo anterior, por cuanto con dicha decisión se revocó la sentencia de primera instancia del 27 de junio de 2014 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Girardot, y en su lugar, negó las pretensiones de reintegro laboral y pago de los emolumentos dejados de percibir.
En consecuencia, la parte actora solicitó:
«PRIMERA: Solicito respetuosamente a la Honorable Corporación de Justicia en derecho Administrativo, que a través de la acción incoada, se me conceda el amparo constitucional del derecho fundamental al DEBIDO PROCESO, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, por la configuración de los defectos enunciados en el encabezado de esta tutela, derecho fundamental, actualmente vulnerado por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, mediante fallo proferido en segunda instancia, dentro del PROCESO DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO CON RADICADO No. 25307-3333001-2013-00565, proceso en el que fungí como parte demandante.
SEGUNDA: De la misma manera, solicito respetuosamente, se ampare mi derecho fundamental a la IGUALDAD, consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, vulnerado por tratamiento diferente de parte de las autoridades judiciales, de conformidad con las decisiones judiciales tomadas en situaciones fácticas semejantes a la mía.
TERCERA: Por lo anterior, se deje sin efectos el fallo que configuran los defectos enunciados y vulneran mi derecho a la igualdad; en consecuencia, se proceda a ordenar a la Autoridad Judicial Accionada, proferir nuevos fallos correspondiendo al debido proceso y la igualdad.» (negrilla dentro del texto original)
La petición de tutela, tuvo como fundamento los siguientes:
Hechos
Manifestó que ingresó al Ejército Nacional el 5 de junio de 2003 y que en su desempeño observó la idoneidad y méritos requeridos para los grados propios de la carrera de oficial.
Precisó que, luego de aprobar el curso reglamentario y cumplir con los requisitos exigidos para ascenso, permaneció en la institución como militar activo 9 años, 1 mes y 15 días, y que su último cargo fue el de teniente.
Adujo que se dio apertura a una investigación porque el «…16 de agosto de 2006, en el Batallón de Infantería patriotas en la ciudad de Honda Tolima, en hechos ocurrido pasadas las 04:00 horas el SRL GONZALEZ LOZANO MIGUEL, [m]anifestó que el Señor Subteniente JONATHAN CAICEDO VARGAS, le peg[ó] una patada por haberlo encontrado durmiendo en su puesto de centinela (seguridad de la unidad militar), al parecer luego de haber entregado el puesto…».
Refirió que la Fiscalía Diecinueve Penal Militar de Brigadas profirió resolución de acusación en su contra y lo llevó a juicio de corte marcial por la presunta comisión del delito de ataque al inferior, descrito en el artículo 119 de la Ley 522 de 1999, por medio de la cual se expidió el Código Penal Militar.
Afirmó que el Juzgado Séptimo Penal Militar de Brigadas con providencia del 29 de agosto de 2011 lo absolvió, al considerar que si bien su comportamiento fue típico y antijurídico, no era culpable, porque no obró con dolo, sino que «… su actitud se debió a un arrebato que no tiene la entidad de verificar el elemento subjetivo de la conducta».
Indicó que el Tribunal Superior Militar, mediante sentencia de segunda instancia del 25 de enero de 2012, revocó la decisión anterior al advertir que la conducta fue dolosa, y en su lugar, lo condenó a la pena principal y única de 6 meses de prisión, por encontrarlo autor responsable del mencionado delito y, no se le concedió el subrogado de la condena de ejecución condicional, así:
«PRIMERO: ATENDER los argumentos de los recurrentes y, en consecuencia, REVOCAR la sentencia calendada veintinueve (29) de agosto de dos mil once (2011), por medio de la cual el Juez de Conocimiento Séptimo Penal Militar de Brigada absolvió al Subteniente Caicedo Vargas Jonathan del cargo que le fuera formulado, para en su lugar CONDENAR al hoy Teniente CAICEDO VARGAS JONATHAN a la pena principal y única de seis (6) meses de prisión por encontrarlo autor responsable del delito de Ataque al Inferior, de acuerdo a las razones esbozadas en precedencia.
SEGUNDO: No conceder el subrogado de la condena de ejecución condicional…» (negrillas dentro del texto original)
Adujo que en dicha providencia no se le impuso la pena accesoria de separación absoluta, pues expresamente en la parte motiva de la misma se indicó lo siguiente: «DE LA PENA ACCESORIA [ ] En cuanto a la pena accesoria de separación absoluta de la Fuerza Pública, ésta no se aplicará, atendiendo al principio de favorabilidad…». Esta decisión quedó ejecutoriada el 16 de mayo de 2012.
Señaló que el Ministerio de Defensa Nacional, a través del Decreto 1957 del 20 de septiembre de 2012, lo separó en forma absoluta de las Fuerzas Militares, Ejército Nacional. Precisó que dicho acto se reseñó así: «Por el cual se separa en forma absoluta de las Fuerzas Militares a un Oficial del Ejército Nacional en cumplimiento de una sentencia judicial», en cuya motivación se hizo mención de la parte resolutiva del fallo del 25 de enero de 2012, proferido por el Tribunal Superior Militar y, a que conforme el artículo 111 del Decreto 1790 de 2000 procedía la separación absoluta del servicio.
Manifestó que presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, con la finalidad de desvirtuar la legalidad del precitado acto administrativo, lograr su reintegro al Ejército Nacional y el pago de lo dejado de percibir con ocasión de su desvinculación de la institución.
Adujo que el concepto de la violación y las causales de nulidad que propuso en dicha demanda consistieron en síntesis en los siguientes:
i) La falsa motivación del acto acusado, pues resultó contrario a lo ordenado en el fallo del 25 de enero de 2012 del Tribunal Superior Militar, que de forma expresa indicó que no aplicaba la pena accesoria de la separación absoluta del servicio, en virtud del principio de favorabilidad, el cual se sustentó en el artículo 51 de la Ley 1407 de 2010.
ii) La falta de competencia de la autoridad que lo expidió, pues la norma contempla que este debía emitirse 30 días después de la ejecutoria de la sentencia que lo condenó.
iii) La vulneración al principio de non bis in idem, ya que adicional a la pena de prisión que se le impuso, se le retiró de la institución.
iv) La indebida valoración del material probatorio.
v) Modificaciones, adiciones o correcciones de la sentencia del Tribunal Superior Militar.
Resaltó que el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito de Girardot, a través de sentencia del 27 de junio de 2014, dictada en audiencia inicial, accedió a las pretensiones de la demanda, al considerar que con el acto acusado se incurrió en una irregularidad en su expedición y en la causal de falta de competencia por el factor temporal, al ser expedido pasados 84 días de la sentencia condenatoria, tiempo superior al contemplado en el artículo 113 del Decreto 1790 de 2000.
Advirtió que en dicha sentencia también se precisó que conforme a dicha norma el retiro absoluto de oficiales debe hacerse por medio de decreto del Gobierno Nacional, mientras que el acto acusado lo expidió el ministerio demandado. Adicionalmente, el audio de la diligencia la juez indicó, de forma previa, que no se discutiría que la separación obedeció a cumplimiento de una orden judicial y, finalmente que, por haber prosperado los anteriores cargos, no se pronunciaría, por economía procesal, de los demás planteados. En concreto, en dicha providencia se señaló:
«a) El acto mediante el cual se separa de forma absoluta, fue expedido con posterioridad del término señalado en el artículo 113 del Decreto 1790 de 2000.
…
De conformidad con lo expuesto, la ejecutoria de la providencia proferida en segunda instancia por el Tribunal Superior Militar ocurrió el 16 de mayo de 2012 y el acto de retiro (sic) se expidió el 20 de septiembre del mismo año, esto es, pasados 84 días de la ejecutoria de la sentencia condenatoria, tiempo más que superior al establecido en el artículo 113 del Decreto 1790 de 2000 para disponer el retiro del actor.
…
Por consiguiente, se encuentra una irregularidad en la expedición del acto y una causal de falta de competencia, por el factor temporal, que llevan a que se declare la ilegalidad del acto demandado, en tanto, la separación del cargo se produjo fuera del término que consagró la norma para ello.
b) competencia del funcionario que expide el acto de separación absoluta del cargo.
En el presente asunto, se observa que el Decreto 1957 del 20 de septiembre de 2012, fue expedido por el Ministerio de Defensa Nacional.
Empero, de conformidad con el [artículo] 113 [del] Decreto 1790 de 2000, cuando se trate del retiro ‘absoluto’ de oficiales, este debe hacerse por medio de Decreto de Gobierno Nacional…» (negrilla y subrayado dentro del texto original)
Afirmó que el ministerio demandado interpuso un recurso de apelación en contra de la referida decisión, el cual sustentó, principalmente, en que no existían vicios en la emisión del acto administrativo, porque la desvinculación del actor obedeció a la separación absoluta por haber sido condenado a la pena principal de 6 meses de prisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 111 del Decreto 1790 de 2000. Además, porque de la fecha en la que se profirió el acto no se generaba algún vicio.
Refirió que la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de fallo del 28 de septiembre de 2017, revocó la sentencia de primera instancia, al esbozar los siguientes argumentos:
i) Problema jurídico planteado:
«Consiste en establecer si el Decreto 1957 de 20 de septiembre de 2012 por medio del cual se separó de forma absoluta al demandante fue emitido conforme al ordenamiento jurídico, para ello se debe establecer: i) ¿Cuándo procede la separación absoluta del cargo de un miembro de las Fuerzas Militares?; ii) ¿Dentro de qu[é] término debe emitirse el respectivo acto administrativo?; iii) En el evento de no separarse dentro del término legal de forma absoluta del servicio al integrante de la Fuerza Militar, ¿cuáles son los efectos jurídicos del acto administrativo?; iv) ¿Cuál es la autoridad competente para retirar de forma absoluta del servicio a los Oficiales del Ejército Nacional?.»
ii) Motivaciones:
«Separación absoluta del cargo:
…
…el legislador previó que en el evento que el oficial o suboficial de las Fuerzas Militares fuera condenado a pena de prisión por la justicia penal militar o por la ordinaria por un delito doloso, fuese separado de forma absoluta del servicio, en razón a la especial condición que ostentan sus miembros y la finalidad que tienen como institución.
De esta forma, no es de recibo para la Sala que al haberse emitido por el Gobierno Nacional el acto de separación absoluta del cargo por fuera de los 30 días previstos en el artículo 111 (sic) del Decreto 1790 de 2000, se genere indiscutiblemente la ilegalidad del acto administrativo, porque si bien dicha norma consagra un término, no señaló las consecuencias en el evento de que la administración lo expidiera en tiempo diferente.
Teniendo en cuenta que el señor Caicedo fue condenado a una pena principal de seis (6) meses de prisión, por un delito no culposo, es decir, que una de sus consecuencias es no pertenecer a la Fuerza Pública (sic), ordenar su reintegro con base en una interpretación literal de la norma, sin consultar los principios que (sic) la actividad de los miembros de las Fuerzas Militares, no se cumpliría con el objetivo primordial señalado en dicho artículo, el cual es el de castigar la conducta de aquellos que cometieron delitos dolosos y dejan, por tanto, de ser servidores intachables.
…
Autoridad competente:
…
De acuerdo con lo previsto en el artículo 5° del Decreto 1790 de 2000 y la jurisprudencia pretranscrita [sentencia C-757/02], el Presidente de la República ejercerá la facultad de separar de forma absoluta al Oficial directamente o ‘por conducto del Ministro de Defensa Nacional’, es decir, éste actuará como intermediario para la materialización de la ejecución del designio presidencial, mas no propiamente como su delegatario, lo cual es compatible con el artículo 208 de la Constitución Política, según el cual los Ministros son los jefes de la administración en su respectiva dependencia.
El acto acusado fue emitido por el Presidente de la República de Colombia ‘en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial la que le confieren el artículo 111 y 113 del Decreto Ley 1790 de 2000…’ (fls. 25 y 26). Que el decreto haya sido firmado por el Ministro de Defensa obedece a una función que está siendo materializada por este último funcionario público, pero fue expedido por el Gobierno Nacional. Así las cosas, el Decreto 1957 de 2012 fue expedido por autoridad competente.
…»
Manifestó que la anterior providencia se notificó electrónicamente el 1° de agosto de 2018.
Sustento de la petición
Para la parte actora con la sentencia cuestionada se configuraron los siguientes vicios:
3.1 Defecto sustantivo:
Precisó que el Tribunal demandado incurrió en:
3.1.1 Una «indebida aplicación de la norma» contenida en el artículo 111 del Decreto 1790 de 2000, que prevé:
«ARTÍCULO 111. SEPARACIÓN ABSOLUTA. Cuando el oficial o suboficial de las Fuerzas Militares sea condenado a la pena principal de prisión por la Justicia Penal Militar o por la ordinaria, salvo el caso de condena por delitos culposos, o cuando así lo determine un fallo disciplinario, será separado en forma absoluta de las Fuerzas Militares y no podrá volver a pertenecer a las mismas.»
Adujo que la autoridad judicial demandada no tuvo en cuenta que el mismo Tribunal Superior Militar bajo el principio de favorabilidad, no aplicó la pena accesoria de separación absoluta de la institución. Por tanto, es erróneo concluir que el acto acusado se expidió en cumplimiento de una orden judicial.
3.1.2 La «indebida aplicación» por la interpretación irracional del artículo 113 del mencionado decreto, que establece:
«ARTÍCULO 113. AUTORIDAD QUE DISPONE LA SEPARACIÓN. Las separaciones absoluta y temporal de que tratan los artículos anteriores, serán dispuestas así: por el Gobierno Nacional, cuando se trate de separación absoluta de oficiales; por el Ministro de Defensa, cuando sea separación temporal de oficiales; por el comando de fuerza respectiva, para los suboficiales, debiendo ordenarse en todos los casos dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de ejecutoria de la providencia respectiva.»
Manifestó que, en concordancia con lo previsto en dicha norma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 836 de 2003, el Gobierno Nacional es el competente para disponer la separación absoluta de oficiales, por lo que dicha función no se puede delegar en el ministro.
3.1.3 La «indebida aplicación» del artículo 11 de la Ley 1407 de 2010, porque a pesar de prohibir la doble incriminación, se le impuso además de la pena de prisión, se le desvinculó del servicio militar.
Indicó que, con ello, se vulneró el principio de non bis in idem, toda vez que el ministerio en cuestión al separarlo de forma absoluta del servicio le atribuyó una sanción diferente a la pena de prisión de 6 meses impuesta por la justicia militar. Por tanto, a su juicio, no se trataría entonces de una «única sanción penal» y se violaría también el principio de «taxatividad de las sentencias judiciales».
3.1.4 La «indebida aplicación» del artículo 51 de la Ley 1407 de 2010, que al contemplar las penas accesorias a la de prisión, dispone lo siguiente:
«ARTÍCULO 51. PENAS ACCESORIAS A LA DE PRISIÓN. La pena de prisión impuesta a los miembros de la Fuerza Pública, implica las accesorias de separación absoluta de la Fuerza Pública y la interdicción de derechos y funciones públicas por igual tiempo al de la pena principal, salvo en delitos contra con el servicio y en aquellos en que la pena impuesta no sea superior a dos (2) años de prisión.
Cuando se trate de delitos culposos sancionados con prisión, no habrá lugar a la pena accesoria de separación absoluta de la Fuerza Pública.
Las demás penas accesorias serán impuestas discrecionalmente por el juez, teniendo en cuenta lo dispuesto en este Código, sobre criterios para fijar la pena.»
Sostuvo que, según el citado artículo, no podía imponérsele una pena accesoria porque la pena prisión fue inferior a 2 años y, agregó que cuando se trata de delitos culposos sancionados con prisión, no habrá lugar a la pena accesoria de separación absoluta de la Fuerza Militar.
3.2 Defecto fáctico:
Indicó que el Tribunal demandado no valoró el material probatorio y, además, incurrió en una «indebida valoración probatoria», ya que, a su juicio, para motivar su decisión no tuvo en cuenta el principio de favorabilidad que le fue concedido por el Tribunal Superior Militar al no imponerle la pena accesoria de la separación absoluta de la institución.
Adujo que la autoridad judicial demandada no tuvo en cuenta que el acto acusado se encontraba viciado de nulidad, puesto que en su caso se configuró una «desviación de poder» porque no resulta acertado razonar que su separación absoluta obedeció al cumplimiento de una sentencia judicial, pues en esta no se dispuso tal orden.
Concluyó que el referido Tribunal no estudió en conjunto la decisión del Tribunal Superior Militar, que de forma específica indicó que la pena accesoria de separación absoluta no se aplicaría, en atención al mencionado principio.
3.3 Defecto procedimental:
Señaló que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto de tal naturaleza, puesto que sustentó su decisión en una precaria argumentación basada en que el acto acusado había sido expedido por la autoridad competente, pese a que se emitió por fuera del término establecido en la ley, esto es, en el plazo perentorio e improrrogable de 30 días a partir de la ejecutoria de la sentencia condenatoria.
Afirmó que el fallo del Tribunal Superior Militar quedó ejecutoriado el 16 de mayo de 2012, por lo que hacía tránsito a cosa juzgada, y en tal sentido, el acto de desvinculación debía expedirse en el término antes mencionado.
3.4 Desconocimiento del precedente:
Sostuvo que con la providencia cuestionada se desatendieron las siguientes decisiones del Consejo de Estado:
a) Del 23 de mayo de 2002, dictada por la Subsección B de la Sección Segunda, demandante Álvaro Hernán Velandia Hurtado y demandada: Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y Procuraduría General de la Nación.
b) La emitida por la Subsección A de la Sección Segunda, demandante Julio Hernando Martínez Castillo y demandada Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional (no mencionó su radicado ni otro dato de identificación).
3.5 Otros defectos
A pesar que la parte actora señaló que con la providencia demandada también se configuraba el defecto denominado «decisión sin motivación» y el defecto orgánico, a estos no se refirió expresamente en su escrito de tutela ni los sustentó.
4. Actuación procesal en primera instancia
La Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante auto del 24 de septiembre de 2018, admitió la demanda y, en consecuencia, ordenó notificar a los magistrados que integran el Tribunal demandado, así como al ministro de Defensa y el comandante del Ejército Nacional, como terceros con interés en el resultado del proceso.
A su vez, entre otros asuntos, requirió el expediente ordinario en préstamo.
5. Contestaciones
5.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B
La referida autoridad se opuso a la prosperidad de la solicitud de amparo, por las razones que se exponen a continuación:
Solicitó se declarara improcedente la acción de tutela o, en su defecto, se negara el amparo, al considerar que su decisión se razonó bajo las normas aplicables al caso concreto.
Indicó que el Gobierno Nacional se encuentra facultado para disponer el retiro del servicio de un militar, sin necesidad de que medie delito o falta disciplinaria; máxime si existe una condena penal en firme.
Afirmó que si bien no era afortunada la redacción del acto acusado, sí era claro que el ministerio demandado no aplicó una doble sanción, ya que ante la configuración de la causal de separación prevista en el artículo 111 del Decreto 1790 de 2000, se procedió a la separación que en dicha norma se ordena.
Precisó que no existe alguna sentencia de unificación del Consejo de Estado en la que se haya establecido que el acto de la separación o retiro del servicio adolezca de nulidad por haber sido expedido 30 días después de ejecutoriada la sentencia penal.
5.2. Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional
Dicha cartera se opuso a la prosperidad de la solicitud de amparo, por las siguientes razones:
Manifestó que la sentencia emitida por la justicia penal militar demostraba la existencia de una condena, lo cual encajaba en lo señalado en el artículo 111 del Decreto 1790 de 2000. Por tanto, no era necesario que la providencia se pronunciara sobre la imposición de la pena accesoria.
Resaltó que el artículo 113 ibidem facultaba al Gobierno Nacional –integrado además por el presidente de la República y los ministros del despacho, artículo 115 superior- para disponer la separación absoluta. Adujo que el presidente firmó el acto de desvinculación del accionante.
Señaló que no existía doble incriminación, toda vez que los bienes jurídicos implicados en la sentencia penal militar eran diferentes de los protegidos en la actuación administrativa que dispuso la separación absoluta del actor.
Destacó que para el caso concreto debía aplicarse lo dispuesto en el artículo 111 del Decreto 1790 de 2000, el cual prevé una pena accesoria a la prisión, pese a que la jurisdicción penal militar no la aplicara.
Afirmó que el artículo 113 del referido decreto fija un plazo de 30 días para hacer efectivo el retiro del militar condenado, pero en parte alguna establece una consecuencia ante la inobservancia del citado término.
Adujo que no era cierto que el acto acusado no se encontrara firmado por el presidente de la República, ya que «…este reposa en la parte inferior izquierda del sello de la fecha referida en la hoja No. 2, representando el aval de acto administrativo emitido por esta Cartera».
Precisó que citó el artículo 115 superior que establece que el Gobierno Nacional está formado por el presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos.
6. Sentencia de primera instancia
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante providencia del 5 de diciembre de 2018, denegó la solicitud de amparo, por las siguientes razones:
Previo al análisis de fondo, el a quo consideró que se cumplían con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, para lo cual en pie de página 16 señaló lo siguiente:
«De conformidad con el término previsto para promover tutelas contra las decisiones judiciales, fijado en la sentencia C-590 de 2005, de la Corte Constitucional, se advierte que la sentencia controvertida fue notificada el 1 de agosto de 2018, y la tutela fue interpuesta el 20 de septiembre del mismo año.
Por otra parte, al desatarse el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, no subsisten más mecanismos judiciales que permitan la revisión de la decisión actualmente ejecutoriada. Se agrega que dicha providencia revocó la decisión del Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Girardot, que declaró la nulidad del acto acusado y ordenó al Ministerio de Defensa Nacional, reintegrar al actor al servicio en el mismo cargo que venía desempeñando antes de su retiro. En este sentido, se cumple el requisito de subsidiaridad.»
Luego, precisó que el problema jurídico correspondía al siguiente.
«…
¿La sentencia del 28 de septiembre de 2017, dictada por la Subsección B, de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, incurrió en defecto procedimental, fáctico y sustantivo por indebida interpretación y aplicación de los artículos 111 y 113 del Decreto 1790 del 2000 y del artículo 51 de la Ley 1408 de 2010?
¿La sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Subsección B, Sección Segunda del 28 de septiembre de 2017, desconoció el precedente judicial, al concluir que la separación absoluta del servicio de las Fuerzas Militares al actor, estuvo acorde con las disposiciones aludidas, sin analizar que, con la condena penal no se impuso la accesoria de separación absoluta, aunado a que no se le aplicó la prohibición de doble incriminación; así como que, el acto de separación fue expedido pasados los treinta días que otorga la norma aplicada y por funcionario incompetente?» (negrillas fuera del texto original)
Entre los argumentos para resolver los anteriores planteamientos mencionó lo siguiente:
Precisó, en relación con el defecto sustantivo que, las conclusiones referidas en la sentencia atacada no resultaban arbitrarias, en tanto que constituían una interpretación razonable de las normas invocadas por el Tribunal demandado.
Hizo referencia a los artículos 111 y 113 del Decreto 1790 de 2000, para destacar que la medida de separación absoluta del servicio, corresponde a una actuación administrativa que debe ejercer el Gobierno Nacional, y que tiene como finalidad que aquellos oficiales que hubieren sido sancionados o condenados penalmente por delitos no culposos, sean apartados del servicio de manera definitiva.
Manifestó que en la sentencia cuestionada se había entendido que el «…hecho de que el acto administrativo de separación del servicio, no se haya realizado dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la decisión, en nada modifica la finalidad de la norma, y menos aún genera su nulidad».
Destacó que en la providencia demandada se había advertido que una cosa era el proceso penal que se llevó en contra del actor por parte de la Justicia Penal Militar, y otra, la actuación administrativa desplegada por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa en cumplimiento de sus funciones como nominadores de la Fuerza Pública.
Mencionó que si bien en ambos eventos se hablaba de «separación absoluta del servicio», la primera la primera, se enmarcaba dentro de una pena accesoria (artículo 51 de la Ley 1407 de 2010), mientras la otra, era una forma de separación del servicio activo de las Fuerzas Militares con ocasión a una condena penal o sanción disciplinaria (artículo 111 del Decreto 1790 del 2000).
Añadió que dada la explicación respecto del defecto sustantivo anterior, perdían relevancia los demás argumentos expuestos por la parte actora, frente a los defectos procedimental y fáctico, pues estos se fundamentaron con los mismos argumentos de aquel.
Afirmó que tampoco se advertía un desconocimiento del precedente judicial, pues de las sentencias referidas en el escrito de tutela, la primera no fue encontrada con los datos suministrados, y la segunda, se trataba de un miembro de la Fuerza Pública al que se le fue concedido el subrogado de ejecución condicional, circunstancia que lleva a que el retiro sea temporal y no definitivo, es decir, no era un asunto similar.
7. Impugnación
Mediante escrito recibido el 18 de diciembre de 2018, el actor impugnó el fallo de primera instancia, previo a reiterar los argumentos expuestos en su escrito inicial respecto de los defectos fáctico, procedimental y sustantivo.
Destacó que el Tribunal demandado incurrió en una indebida valoración probatoria, pues no realizó una valoración razonable de la situación fáctica y procedimental a su cargo.
Indicó que en la sentencia cuestionada no se tuvo en cuenta que el Tribunal Superior Militar no aplicó la pena accesoria de separación absoluta del servicio, en virtud del principio de favorabilidad y, a pesar de ello, con el acto acusado expedido en «cumplimiento de una decisión judicial» se le retiró de la institución.
Destacó que la separación absoluta de oficiales es una función indelegable del presidente de la República.
Manifestó, en términos generales, que el Tribunal demandado no podía sustraerse de aplicar el precedente «horizontal y vertical» y ejercer el control de convencional al resolver los asuntos sometidos a su conocimiento, pero no hizo alusión providencia alguna ni se refirió a las señaladas en su escrito inicial.
8. Trámite posterior en segunda instancia
Mediante auto de 25 de enero de 2019 se dispuso la vinculación del juez Tercero Administrativo Oral del Circuito de Girardot. La secretaria de dicho despacho judicial rindió informe de las actuaciones procesales surtidas.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación promovida contra la sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991, el artículo 2.2.3.1.2.4 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017 y por el artículo 2º del Acuerdo 55 de 2003 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2. Problema jurídico
En el asunto bajo estudio, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el fallo impugnado que denegó el amparo solicitado, al considerar que las conclusiones referidas en la sentencia atacada no resultaban arbitrarias, en tanto que constituían una interpretación razonable de las normas invocadas por el Tribunal demandado.
Para efectos de lo anterior, se analizará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos adjetivos de procedencia de acciones tutela contra providencias judiciales y, de ser así, si la autoridad judicial cuestionada vulneró el derecho fundamental al debido proceso del accionante, al revocar la sentencia que había accedido a sus pretensiones de reintegro laboral, para en su lugar, negarlas.
3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012, mediante el cual unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, conforme al cual:
«De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.».
La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta el momento jurisprudencialmente…».
Es claro que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo (procedencia sustantiva) y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto (procedencia adjetiva).
En tales condiciones, debe verificarse en primer término que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad, a saber: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez y iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
En caso contrario, en el evento en que el asunto supere dichos requisitos, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Al respecto, resulta del caso reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia a partir de cada una de las inconformidades planteadas por la parte accionante.
4. Examen de los requisitos de procedibilidad de las acciones de tutela contra providencias judiciales. Procedencia adjetiva
No se trata de una tutela contra decisión de igual naturaleza, puesto que la providencia judicial que censura la parte actora fue proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió con la finalidad de que se le reintegrara al servicio del Ejército Nacional y se le pagara lo dejado de percibir.
De igual manera, en el presente asunto se cumple con el requisito de inmediatez comoquiera que el fallo cuestionado del 28 de septiembre de 2017, se notificó electrónicamente el 1° de agosto de 2018, por lo que cobró ejecutoria 3 días después, esto es, el 6 del mismo mes y año; mientras que la solicitud de amparo se presentó el 19 de septiembre de 2018; por lo que se advierte que, entre el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia y la presentación de la tutela, no ha transcurrido más de 6 meses, en tal sentido, el término para presentar la acción de tutela es razonable.
No obstante, la Sala advierte que la solicitud de amparo no cumple con presupuesto de la subsidiariedad respecto de los defectos: a) sustantivo, por indebida aplicación de los artículos 11 y 51 de la Ley 1407 de 2010 y b) fáctico, por la indebida valoración probatoria, por los motivos que se exponen a continuación:
El artículo 86 de la Constitución Política previó que la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, esto es, que no exista otra vía judicial idónea para la defensa de sus derechos o, que existiendo este no sea expedito u oportuno.
En el presente caso, se advierte que la parte actora no agotó todos los mecanismos de defensa judicial que tenía a su alcance al interior del proceso que dio origen a la sentencia cuestionada, pues no solicitó la adición de la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Girardot.
En efecto, revisadas las actuaciones procesales desarrolladas al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de que se trata, se observa que:
En la demanda instaurada por el actor en contra del Ministerio de Defensa Nacional en ejercicio del medio de control en mención, se propusieron los siguientes cargos de nulidad contra el acto administrativo a través del cual fue desvinculado del Ejército Nacional:
i) La falsa motivación del acto acusado, pues resultó contrario a lo ordenado en el fallo del 25 de enero de 2012 del Tribunal Superior Militar, que de forma expresa indicó que no aplicaba la pena accesoria de la separación absoluta del servicio, en virtud del principio de favorabilidad, el cual se sustentó en el artículo 51 de la Ley 1407 de 2010.
ii) La falta de competencia de la autoridad que lo expidió, pues la norma contempla que este debía emitirse 30 días después de la ejecutoria de la sentencia que lo condenó.
iii) La vulneración al principio de non bis in idem, ya que adicional a la pena de prisión que se le impuso, se le retiró de la institución.
iv) La indebida valoración del material probatorio.
v) Modificaciones, adiciones o correcciones de la sentencia del Tribunal Superior Militar.
El Juzgado que conoció el proceso en primera instancia accedió a las pretensiones de la demanda a través de fallo de 27 de junio de 2014, en el que declaró la nulidad del acto acusado al encontrar configurada la irregularidad en su expedición y la causal de falta de competencia por el factor temporal, al ser expedido pasados 84 días de la sentencia condenatoria dictada por la justicia militar y, al precisar que el acto debía ser expedido por el Gobierno Nacional, mas no por el ministerio en cuestión.
Dicha decisión fue apelada por el Ministerio de Defensa Nacional con sustento en que no existían vicios en la emisión del acto administrativo, porque la desvinculación del actor obedeció a la separación absoluta por haber sido condenado a la pena principal de 6 meses de prisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 111 del Decreto 1790 de 2000.
Asimismo, se advierte que tras surtirse el respectivo trámite en segunda instancia la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en providencia de 28 de septiembre de 2017 revocó la sentencia de primera instancia y denegó las pretensiones de la demanda tras advertir que no se desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo objeto de demanda, porque no se configuraba irregularidad alguna en su expedición, en cuanto al término y a la autoridad competente para ello.
Por tanto, conforme lo establece el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del Tribunal demandado se circunscribió a los cargos planteados en el recurso de apelación del aludido ministerio respecto de los argumentos esgrimidos en la sentencia de primera instancia, esto es, si la interpretación literal del término de los 30 días señalado en el Decreto 1790 de 2000 generaba o no alguna consecuencia jurídica y, la autoridad competente para expedir el acto.
Acorde con lo anterior, se advierte que el juez de primera instancia se limitó a analizar única y exclusivamente el cargo de falta de competencia (por el factor temporal y por la autoridad que expidió el acto acusado) y, con base en ello, el Tribunal concluyó que no había lugar a declarar la nulidad del acto acusado, pero se abstuvo de analizar si los otros cargos, esto es, falsa motivación, lesión del principio de non bis in idem e indebida valoración probatoria, prosperaban, precisamente, en virtud de lo decidido en primera instancia y los argumentos planteados en el recurso de apelación presentado por el ministerio.
Así, lo que se encuentra es que con la presente acción de tutela, la parte actora propuso defectos relacionados con los cargos que no fueron analizados en segunda instancia por el juez ordinario, pero se advierte que no es este el escenario para plantearlos puesto que ante la omisión en estudiar los demás cargos contra el acto demandado, el tutelante debió hacer uso de la figura de la adición de la sentencia de primera instancia, prevista por el artículo 287 del Código General del Proceso, en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.
El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria.
Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término.
Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse también la providencia principal.»
Del análisis de la anterior norma, se puede establecer que la solicitud de adición de una sentencia debe presentarse dentro del término de ejecutoria de la providencia en cuestión, mas no en cualquier tiempo y, procede cuando se omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento.
A su vez, el artículo 302 del citado compendio normativo, establece que las providencias proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas 3 días después de notificadas, cuando carecen de recurso o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos.
Para el caso concreto, la Sala observa que los argumentos sobre los cuales se sustenta la acción de tutela debieron ser propuestos por la parte actora ante el juez ordinario de primera instancia; sin embargo, el accionante no hizo uso, en la oportunidad debida, de la solicitud de adición como medio de defensa idóneo y eficaz, el cual tuvo a su alcance para obtener el pronunciamiento de fondo que pretende a través de este mecanismo constitucional.
Por lo expuesto, es claro que en el presente asunto, la parte actora desconoció el requisito de subsidiariedad que caracteriza este mecanismo constitucional, ya que a pesar de que tuvo a su alcance para obtener el pronunciamiento que correspondía al juez natural, no acudió al referido medio judicial para obtener la satisfacción de sus derechos, sino que pretende que a través de esta vía constitucional, de manera excepcional, se deje sin efectos la sentencia de segunda instancia, que resultó adversa a sus pretensiones de reintegro laboral y pago de lo dejado de percibir.
Así las cosas, si bien el a quo denegó el amparo solicitado, previo a encontrar cumplidos los requisitos generales de procedencia, lo cierto es que la decisión impugnada debe ser revocada parcialmente, toda vez que la solicitud de amparo no cumple con el presupuesto de la subsidiariedad respecto de los defectos sustantivo, por indebida aplicación de los artículos 11 y 51 de la Ley 1407 de 2010 y fáctico, por la indebida valoración probatoria.
No obstante lo anterior, se procederá al análisis de fondo en relación con los demás cargos frente a los que hubo pronunciamiento en la sede ordinaria y que resultan coincidentes con los esgrimidos en esta acción de tutela, a saber: a) Defecto sustantivo, por la indebida aplicación de los artículos 111 y 113 del Decreto 1790 de 2000, b) el defecto procedimental, y c) el desconocimiento del precedente.
5. Caso concreto
5.1 Defecto sustantivo
Sostuvo la parte impugnante que con la providencia demandada se incurrió en la indebida aplicación de los artículos 111 y 113 del Decreto 1790 de 2000, que en su orden, contemplan, la separación absoluta del oficial o suboficial de las Fuerzas Militares y, la autoridad que dispone la misma, así como el factor temporal para ello (30 días siguientes a la fecha de ejecutoria de la sentencia condenatoria), así:
«ARTÍCULO 111. SEPARACION ABSOLUTA. Cuando el oficial o suboficial de las Fuerzas Militares sea condenado a la pena principal de prisión por la Justicia Penal Militar o por la ordinaria, salvo el caso de condena por delitos culposos, o cuando así lo determine un fallo disciplinario, será separado en forma absoluta de las Fuerzas Militares y no podrá volver a pertenecer a las mismas.»
«ARTÍCULO 113. AUTORIDAD QUE DISPONE LA SEPARACION. Las separaciones absoluta y temporal de que tratan los artículos anteriores, serán dispuestas así: por el Gobierno Nacional, cuando se trate de separación absoluta de oficiales; por el Ministro de Defensa, cuando sea separación temporal de oficiales; por el comando de fuerza respectiva, para los suboficiales, debiendo ordenarse en todos los casos dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de ejecutoria de la providencia respectiva.»
En relación con el defecto sustantivo, se ha considerado que este se configura cuando la «… autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica».
Al respecto, se encuentra que en la sentencia cuestionada se hizo mención de las citadas normas, para destacar que había lugar a la separación absoluta del cargo cuando el oficial o suboficial de las Fuerzas Militares ha sido condenado, por un delito doloso, a la pena principal de prisión o cuando un fallo disciplinario así lo ordene, es decir «no podrá pertenecer a las Fuerzas Militares» y que la inobservancia del término consagrada en esta última no viciaba el acto de separación.
Conforme a lo anterior, la Sala encuentra razonable que el Tribunal demandado consideró que la expedición del acto de separación absoluta del cargo por fuera de los 30 días previstos en el artículo 113 del Decreto 1790 de 2000, generara indiscutiblemente la ilegalidad del mismo, pues efectivamente, tal como lo indicó la autoridad judicial, si bien dicha norma consagraba un término, no señaló las consecuencias en el evento de que la administración lo expidiera en tiempo diferente.
En consecuencia, el defecto sustantivo por estas dos causales no se encuentra configurado.
5.2 Defecto procedimental:
Para la parte actora, la autoridad judicial demandada incurrió en defecto de tal naturaleza, puesto que sustentó su decisión en una precaria argumentación basada en que el acto acusado había sido expedido por la autoridad competente, pese a que se emitió por fuera del término establecido en la ley, esto es, en el plazo perentorio e improrrogable de 30 días a partir de la ejecutoria de la sentencia condenatoria.
En relación con este defecto, se precisa que la Corte Constitucional ha reconocido dos modalidades: a) uno absoluto, que se presenta cuando el operador judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido, y b) por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando hay una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales.
Al respecto, se advierte que ninguna de las dos causales antes referidas se configuran para el caso en particular, puesto que la autoridad judicial no se alejó del trámite previsto para el asunto sometido a su competencia, ni pretermitió las etapas sustanciales del procedimiento establecido y, tampoco renunció a la verdad jurídica de los hechos por aplicación rigorista de las normas procesales.
Ahora bien, tampoco encuentra la Sala que la argumentación del Tribunal demandado haya sido precaria, pues de forma acertada y razonada resolvió el cargo relacionado con la «autoridad competente» al hacer mención que de acuerdo con lo previsto en el artículo 5° del Decreto 1790 de 2000 y la sentencia C-757 de 2002 de la Corte Constitucional, el presidente de la República ejercerá la facultad de separar de forma absoluta al Oficial directamente o por conducto del ministro de Defensa Nacional, como intermediario, mas no propiamente como su delegatario.
En tal sentido, este defecto tampoco prospera.
5.3 Desconocimiento del precedente:
Adicionalmente, se precisa que si bien el actor reiteró que con la providencia demandada se incurrió en un desconocimiento del precedente, en su escrito de impugnación no lo sustentó en debida forma, pues simplemente se refirió en términos generales que el Tribunal demandado no podía sustraerse de aplicar el precedente «horizontal y vertical» y ejercer el control de convencional al resolver los asuntos sometidos a su conocimiento, pero no hizo alusión providencia alguna ni se refirió a las señaladas en su escrito inicial.
Con todo, se advierte que en su escrito inicial de tutela el actor invocó la sentencia del 23 de mayo de 2002, dictada por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, demandante Álvaro Hernán Velandia Hurtado y demandada la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y Procuraduría General de la Nación.
En relación con dicha providencia, se advierte que esta no guarda similitud fáctica ni jurídica, pues en dicho asunto se demandó un acto administrativo expedido por el Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, a través del cual se destituyó a un miembro del Ejército Nacional «… en su calidad de Coronel del Ejército Nacional, cuando se desempeñaba como Comandante del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia, por el conocimiento y aprobación de la retención, desaparición y posterior homicidio de Nydia Erika Bautista».
Además, se advierte que la mencionada sentencia fue infirmada por la providencia del 29 de septiembre de 2009, dictada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, dentro del proceso con radicación 11001-03-15-000-2003-00442-01, que resolvió el recurso extraordinario de súplica en su contra. De manera que, mal podría invocarse como precedente el referido fallo del 23 de mayo de 2002.
En cuanto al segundo proveído invocado, esto es, según lo manifestado por el accionante, corresponde a la emitida por la Subsección A de la Sección Segunda de la misma Corporación, con demandante Julio Hernando Martínez Castillo y demandada la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional. A pesar de que no mencionó su radicado ni otro dato de identificación, de los datos registrados en el sistema de gestión de la Rama Judicial se advierte que esta se refiere a la proferida el 29 de junio de 2011, dentro del proceso con radicado 19001-23-31-000-2002-01430-01(1472-10).
El concepto de la violación de dicho proceso consistió en «… la ostensible vulneración del Estado de Derecho, pues en la Resolución acusada se aplicó íntegramente el artículo 66 del Decreto 1791 de 2001, desconociendo abiertamente el artículo 68 inciso 1° ibídem, el cual establece que al proferirse un fallo penal condenatorio y si el sancionado recibe el beneficio de la condena en ejecución condicional, la separación del personal de la Institución Armada será sólo temporal, más (sic) no en forma absoluta del servicio.»
Así, se precisa que en esta decisión no se trazó una regla que pueda ser aplicada al caso concreto, pues lo allí definido se sustentó en la aplicación del principio de favorabilidad porque de manera errada se separó de manera absoluta del cargo al demandante –en aquel proceso- cuando debía disponerse era la separación temporal del servicio, ante la aplicación del subrogado de la condena en ejecución condicional; mientras que tal beneficio no se le concedió al aquí accionante.
Por tanto, resulta del caso precisar que que esta Sección en reiterados pronunciamientos ha indicado que el concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del sentido de la decisión y su contenido específico, es decir, la ratio decidendi, la cual no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en donde se especifique una regla o subregla de derecho.
En tal sentido, este defecto tampoco se encuentra configurado, toda vez que lo analizado en precitada sentencia no guarda relación fáctica ni jurídica con el debatido en sede ordinaria por el actor, ni en esta se trazó una regla que pudiera considerarse precedente para el caso concreto.
6. Decisión:
En consecuencia, se confirmará parcialmente el fallo impugnado, que denegó el amparo solicitado, pero solo en lo que respecta al defecto sustantivo, por la indebida aplicación de los artículos 111 y 113 del Decreto 1790 de 2000, el defecto procedimental y, el desconocimiento del precedente.
Asimismo, se adicionará, para declarar su improcedencia en relación con el defecto sustantivo, por indebida aplicación de los artículos 11 y 51 de la Ley 1407 de 2010 y el defecto fáctico, por la indebida valoración probatoria del fallo dictado por el Tribunal Superior Militar (principio de favorabilidad en cuanto a la pena accesoria), puesto que la parte actora contaba con otro mecanismo de defensa judicial para obtener el pronunciamiento de fondo que pretende a través de esta acción de tutela.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Confírmase parcialmente la sentencia del 5 de diciembre de 2018, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que denegó el amparo solicitado, en lo que respecta al defecto sustantivo, por la indebida aplicación de los artículos 111 y 113 del Decreto 1790 de 2000, el defecto procedimental y, el desconocimiento del precedente, por las razones expuestas.
SEGUNDO: Adiciónase el fallo impugnado, para declarar la improcedencia de la acción de tutela, por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad, en relación con el defecto sustantivo, por indebida aplicación de los artículos 11 y 51 de la Ley 1407 de 2010 y el defecto fáctico, por la indebida valoración probatoria, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, y envíese copia de la misma al despacho de origen.
QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, devuélvase el expediente que fue remitido en préstamo al despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Magistrada
Salvamento de voto
ALBERTO YEPES BARREIRO
Magistrado
Sic para toda la cita, que se extrae de la sentencia demandada.
Cita que se extrae de la providencia del 25 de enero de 2012 del Tribunal Superior Militar.
Para condenarlo, la citada autoridad sostuvo en su decisión que su conducta se verificaban los elementos personales del tipo: Dolo y elementos subjetivos, ya que la historia clínica del SLR Miguel Ángel González Lozano, daba cuenta de un trauma contundente en «…tórax con posterior dolor y dificultad para respirar, donde el galeno consigna que el motivo de la consulta es ‘Me pegaron’, y además: ‘ESCORIACIÓN LINEAL, DE 1 CM REGIÓN ESTERNAL TERCIO SUPERIOR, NO OTROS, RX DE TRAUMA, MARCADO DOLOR A LA PALPACIÓN EN UNIÓN COSTOCONDRIAL (…)’ [ ] En este orden de ideas, cuando el Oficial Caicedo golpea al Soldado no lo hace por una provocación ajena, grave, injusta, menos aún por un estado de necesidad o cumplimiento de un deber, realiza su conducta de forma contraria a derecho con total conocimiento y voluntad, pues sabía como ninguno que si había encontrado dormido a González su deber era reportarlo, denunciarlo, incluso actuar en el fenómeno de flagrancia con un acto de captura y colocarlo a disposición del Juez Militar, pero no golpearlo e insultarlo de la manera como lo hizo.»
Asimismo, se refirió a la facultad discrecional, al acto de retiro, al acto de separación, a la desviación de poder, a las razones del servicio, al concepto previo de la Junta o Comité y a la falta de carga probatoria respecto de la «desviación de poder o falsa motivación». Citó, entre otras, la sentencia del 12 de octubre de 2011, radicado 68001-23-15-000-2000-00068-01, según la cual no se afecta la legalidad del acto de separación absoluta si fue expedido con posterioridad a los 30 días que señala la norma.
Hizo referencia a varios casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relacionaos con los criterios generales de valoración de la prueba. En igual sentido, citó las sentencias SU 1184 de 2001 y SU 159 de 2002 de la Corte Constitucional.
La parte impugnante fue notificada electrónicamente el 13 de diciembre de 2018.
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
Consejo de Estado. Sala Plena. Expediente número 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Consejera Ponente: María Elizabeth García González.
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
Ibidem.
Entre otras, se citan las sentencias T - 949 de 2003, T - 774 de 2004 y C - 590 de 2005 de la Corte Constitucional.
Artículo 302 del Código General del Proceso.
Sentencia T-208A de 2018 de la Corte Constitucional, que cita, a su vez, las sentencias SU 159 de 2002, T-043 de 2005, T-295 de 2005, T-657 de 2006, T-686 de 2007, T-743 de 2008, T-033 de 2010, T-792 de 2010, entre otras.
Corte Constitucional, Sentencia T-268 de 2010.
«PRIMERO.- INFÍRMASE la sentencia dictada por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado el 23 de mayo de 2002, mediante la cual revocó la sentencia proferida el 20 de junio de 1997 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso de acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el Brigadier General ÁLVARO HERNÁN VELANDIA HURTADO contra la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Defensa Nacional.
SEGUNDO.- CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 20 de junio de 1997 que denegó las pretensiones de la demanda.
…»
Con ponencia del magistrado Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
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