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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-03418-01

Tutela contra providencia judicial

Fecha
11 de abril de 2019
Consejero ponente
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-03418-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Negar la solicitud de declarar la falta de legitimación, propuesta por el departamento de Casanare, de acuerdo con lo expresado en este proveído. SEGUNDO: Confirmar el fallo de tutela de primera instancia, del 29 de octubre de 2018, por medio del cual, la Sección Segunda del Consejo de Estado, Subsección B negó el amparo deprecado por el señor JUAN PABLO BETANCOURT BARRERA, de conformidad con la parte motiva de la presente decisión. TERCERO: Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido por el artículo 32 del Decreto No. 2591 de 1991. CUARTO: Notificar a las partes según lo establecido por el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. QUINTO: Devolver el expediente allegado en calidad de préstamo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2018-03418-01

Consejero ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

11 de abril de 2019

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / TÉRMINO PARA CONSTITUIRSE EN COADYUVANTE EN ACCIÓN POPULAR - Solicitud debe presentarse antes del fallo de primera instancia / RECURSO DE REPOSICIÓN - Es el único recurso procedente contra los autos dictados en el trámite de la acción popular

[L]a autoridad judicial accionada, en el auto 19 de julio de 2018, no debió haber rechazado por improcedencia el recurso de apelación que promovió el accionante contra la providencia 4 de julio de ese año, con la cual rechazó la solicitud de coadyuvancia, sino que en aplicación del parágrafo del artículo 318 del CGP, debió adecuar la apelación al recurso de reposición, consagrado en el artículo 36 de la Ley 472 de 1998, norma especial para este tipo de acciones. // De haberse hecho lo anterior, tampoco se hubiese proferido el 2 de agosto de 2018, la providencia, por medio del cual, dicha autoridad judicial rechazó por extemporáneo el recurso de súplica presentado, pues la inconformidad plateada por el tutelante contra el auto del 4 de julio de ese año, se dio en los términos de ley. // A pesar de presentarse las anteriores irregularidades, para este juez constitucional, no es procedente conceder el amparo deprecado, pues si bien el señor [BB] expresó que dichas providencias violaron su «derecho fundamental al debido proceso porque con esta se finiquita las posibilidades de mi parte para ser reconocido como parte procesal en la acción popular de que trata el proceso», el auto de 4 de julio de 2018, proferido por el Tribunal Administrativo de Casanare fue razonable, puesto que si aquél quería ser tenido como sujeto procesal en la mencionada actuación, éste debió concurrir al proceso dentro de los términos establecidos de forma específica por la Ley 472 de 1998. (…) [E]l señor [BB], no cumplió en debida forma (…) para ser parte coadyuvante del actor popular, como miembro de la comunidad de Bocas del Pauto, del municipio de Trinidad – Casanare, pues el Juzgado Primero Administrativo de Yopal profirió fallo de primera instancia el 17 de mayo de 2018 y negó la aclaración solicitada por el municipio con auto del 14 de junio de ese año. Ahora bien, el tutelante elevó la solicitud de ser tenido como coadyuvante hasta el 28 de junio del año pasado ante el Tribunal Administrativo de Casanare. // Ante lo anterior, dicha autoridad judicial, con auto del 4 de julio de 2018, rechazó tal solicitud por no cumplirse con lo ordenado en el artículo 24 de la ley que desarrollo el artículo 88 de la Constitución Política. // En vista de lo anterior, así se hubiese tramitado el recurso de reposición (artículo 36 de la Ley 472 de 1998), en aplicación del parágrafo del artículo 318 del CGP, el resultado final hubiese sido el mismo, pues está claro, que el señor [BB] no concurrió al trámite de la acción popular dentro de los plazos fijados por el legislador, para ser tendido como coadyuvante. (…) Por lo anterior, este juez constitucional confirmará la providencia impugnada, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, Subsección B.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 246 / LEY 472 DE 1998 - ARTÍCULO 36

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-03418-01(AC)

Actor: JUAN PABLO BETANCOURT BARRERA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE

Resuelve la Sala la impugnación interpuesta por el señor JUAN PABLO BETANCOURT BARRERA contra el fallo de 29 de octubre de 2018, dictado por la Sección Segunda del Consejo de Estado, Subsección B, por medio del cual, negó el amparo deprecado por éste.

ANTECEDENTES

1. La tutela

El señor BETANCOURT BARRERA promovió acción de tutela, el 20 de septiembre de 2018, invocando la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Casanare.

La anterior autoridad judicial, con providencia del 2 de agosto de 2018, rechazó por extemporáneo el recurso de súplica promovido por el tutelante contra el auto de 4 de julio de ese año, por medio del cual, dicho Tribunal Administrativo repudió la solicitud de coadyuvancia elevada por aquél, dentro de la acción popular, radicada con el No. 85001-33-33-001-2014-00284-01.

1.1. Hechos

Los supuestos fácticos de la presente acción, en síntesis, son los siguientes:

1.1.1. El señor Ángel Daniel Burgos, presentó acción popular, el 29 de septiembre de 2014, en la que solicitó la protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, la accesibilidad y circulación de los peatones, usuarios, motociclistas, ciclistas y vehículos por vías públicas debidamente acondicionadas, el goce de un ambiente sano, que consideró vulnerados por el municipio de Trinidad, la empresa Agua Vital Trinidad SA ESP - empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del municipio y el Departamento de Casanare, con la construcción del sistema de alcantarillado de aguas lluvias del Corregimiento de Bocas del Pauto.

Expresó el accionante, que el susodicho sistema de alcantarillado quedó sin desagüe, subsistiendo un punto ciego, que se rebosa al llenarse, alrededor de unos 100 metros antes de llegar al Río Pauto.

Sostuvo que, en algunas calles el sistema de alcantarillado de aguas lluvias construido presenta desniveles a tal punto, que se advierte que estas no sirven para la recolección y transporte de las aguas.

Afirmó que, han trascurrido más de 7 años y el sistema de aguas lluvias jamás fue terminado, dejando a la comunidad con una obra inservible e inútil, lo que muestra la falta de planeación por parte del municipio de Trinidad y demás entidades y personas responsables.

1.1.2. Luego de los trámites de ley, el Juzgado Primero Administrativo de Yopal, con sentencia del 17 de mayo de 2018, resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR NO probadas las excepciones de falta de integración del litisconsorte necesario y falta de legitimación en la causa pasiva, propuestas por el Departamento de Casanare, y la de pleito pendiente, propuesta por el municipio de Trinidad.

SEGUNDO: CONCEDER el amparo constitucional de los derechos colectivos el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, el acceso a los servicios públicos, y a que su prestación sea eficiente y oportuna, la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, y el goce de un ambiente sano, vulnerados por la Gobernación de Casanare, el Municipio de Trinidad y la Empresa de Servicios Públicos Agua Vital Trinidad S.A.

TERCERO: ORDÉNASE al municipio de Trinidad, por intermedio de su alcalde o quien haga sus veces, si aún no lo ha hecho, que en el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de ésta sentencia, realice un estudio técnico – financiero- sobre el sistema de evacuación de aguas lluvias construido en el corregimiento de Bocas del Pauto, tendiente a determinar si a través de éste se puede garantizar la evacuación de las aguas lluvias de manera eficiente. Dicho estudio debe establecer de forma puntual las obras a ejecutar para su restablecimiento y puesta en marcha - v.gr. compra de terrenos y construcción del emisario final-, mantenimiento de ductos, etc.

La entidad dentro de los cinco (05) días siguientes al vencimiento del término aquí otorgado deberá rendir ante el Despacho un informe ejecutivo de lo encontrado y concluido, con sus respectivos soportes.

De llegar a establecerse la inviabilidad técnica para su puesta en marcha, el Municipio de Trinidad en un término de seis (06) meses, contados a partir del vencimiento de los dos (2) meses iniciales, deberá realizar los estudios técnicos y financieros necesarios a efectos de identificar y diseñar el sistema de evacuación de aguas lluvias y/o alcantarillado pluvial que resulte más conveniente para el centro poblado Bocas del Pauto, haciendo especial énfasis en lo rescatable de las obras construidas, en cuanto sean compatibles con las obras a ejecutar.

El municipio deberá presentar proyecto debidamente sustentado ante el Banco de Proyectos del departamento de Casanare, a más tardar dentro del mes siguiente a la obtención de los resultados a efectos de obtener la cofinanciación de las obras a ejecutar.

CUARTO: ORDÉNASE al departamento de Casanare, por intermedio de su gobernador o quien haga sus veces, que una vez presentado el proyecto tendiente a la culminación o construcción del sistema de evacuación de aguas lluvias del poblado Bocas del Pauto, al Banco de Proyectos del Departamento, le imparta el tramite pertinente, en un término no superior a cuatro (04) meses.

QUINTO: La Gobernación de Casanare, deberá contribuir técnica y financieramente para la ejecución de las obras tendientes a la puesta en funcionamiento y/o construcción del sistema de evacuación de aguas lluvias del corregimiento de Bocas del Pauto del municipio de Trinidad.

SEXTO: ORDÉNASE al municipio de Trinidad, que una vez se cuente con la asignación de recursos, cuenta con el término de cuatro (4) meses para desarrollar el proceso contractual y de diez (10) meses para la ejecución de las obras. Dicho término se contabilizara, vencido el plazo otorgado para la aprobación del proyecto.

SEPTIMO. {sic} SE ORDENA, como medida provisional, que mientras se ejecutan los estudios y las obras de infraestructura, el municipio de Trinidad y la Empresa de Servicios Públicos Agua Vital Trinidad S.A., conforme a sus competencias, adopten medidas provisionales que resulten necesarias para garantizar el desagüe de las aguas lluvias a un emisario final, con el fin de evitar el represamiento evidenciado, la generación de malos olores, presencia de insectos y foco de vectores. Actividad que deberán desarrollar en un término no superior a tres (3) meses.

OCTAVO. Comité de Verificación. Estará integrado por el accionante, el Alcalde de Trinidad, el Gobernador del Departamento, y el representante legal de la la {sic} Empresa de Servicios Públicos Agua Vital Trinidad S.A., o sus delegados, quienes deberán tener poder suficiente para comprometer los presupuestos y cumplir lo ordenado, y por el suscrito juez, quien lo presidirá, con el fin de auditar, vigilar, y asegurar el cumplimiento de esta providencia.

NOVENO: ADVERTIR a los accionados que su incumplimiento los deja incursos en desacato, sancionable con multa, convertible en arresto, (art. 41 Ley 472 de 1998), independientemente de las acciones penales por fraude a resolución judicial o cualquier otro delito que se pueda tipificar.

DECIMO: Negar las demás pretensiones de la demanda».

1.1.3. Por un lado, el municipio de Trinidad solicitó la aclaración del fallo.

Por el otro, al no estar de acuerdo con la anterior decisión, fue apelada por: i) el actor popular; ii) el municipio; iii) el departamento de Casanare y iv) por Agua Vital Trinidad SA ESP.

1.1.4. El señor JUAN PABLO BETANCOURT BARRERA elevó la siguiente solicitud a la anterior autoridad judicial:

«Tal como lo dice mi cédula, soy de Trinidad Casanare, municipio que cuenta con una vereda o corregimiento que se llama Bocas del Pauto, donde se construyó una obra de alcantarillado pluvial que no fue terminada y motivó a dar inicio a la acción popular de referencia, que ya cuenta con sentencia (no en firme) amparando los derechos colectivos de los cuales se solicitó su amparo, sin embargo como ciudadano y Triniteño no me siento conforme con el sentido del fallo y es por ello que siento la necesidad de hacerme parte interponiendo un recurso de apelación adhesiva tal como me lo permite el parágrafo del artículo 322 de la Ley 1564 del año 2012, sin embargo para ello es indispensable conocer primero todo el expediente que en su despacho reposa.

Fundamento en lo anterior, por medio del presente escrito, le solicito señor Juez, fotocopias de todo el expediente 85001-33-33-001-2014-284-00 lo más urgente posible, para así poder hacer uso de derecho {sic} a presentar apelación contra la sentencia. Si se necesitara de alguna consignación para el pago de las fotocopias o si para las fotocopias tengo que entenderme con algún establecimiento de fotocopiadoras en específico, por favor hacerlo saber a mi correo electrónico para cumplir de manera inmediata con el trámite».

1.1.5. El Juzgado Primero Administrativo de Yopal, con auto del 14 de junio de 2018, resolvió:

«PRIMERO: NO ACCEDER a la solicitud de aclaración de la sentencia formulada por el municipio de Trinidad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: CONCEDER el recurso de apelación presentado por el demandante, el municipio de Trinidad, el departamento de Casanare, y la empresa Agua Vital Trinidad S.A. E.S.P.

TERCERO: ACCEDER a la expedición de copias del expediente solicita por JUAN PABLO BETANCOURT BARRERA. Por Secretaria a costa del interesado expídanse las copias solicitadas.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por secretaria impartir el trámite legal pertinente a los recursos aquí concedidos».

1.1.6. El señor BETANCOURT BARRERA elevó ante el Tribunal Administrativo de Casanare solicitud de reconocimiento como coadyuvante y recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia de la acción popular de la referencia.

1.1.7. El Tribunal Administrativo de Casanare con providencia del 4 de julio de 2018, rechazó por improcedente la solicitud de coadyuvancia, por no cumplirse con los presupuestos del artículo 24 de la Ley 472 de 1998, que establece lo siguiente:

«Toda persona natural o jurídica podrá coadyuvar estas acciones, antes de que se profiera fallo de primera instancia. La coadyuvancia operará hacia la actuación futura. Podrán coadyuvar igualmente estas acciones las organizaciones populares, cívicas y similares, así como el Defensor del Pueblo o sus delegados, los Personeros Distritales o Municipales y demás autoridades que por razón de sus funciones deban proteger o defender los derechos e intereses colectivos».

1.1.8. La anterior decisión se notificó por correo electrónico el día 5 de julio de 2018. El tutelante al no estar de acuerdo, presentó recurso de apelación, el 10 de julio de 2018.

1.1.9. El Tribunal Administrativo de Casanare con auto del 19 de julio de 2018, rechazó por improcedente el recurso de apelación.

Para lo cual explicó, que dicha autoridad judicial, está actuando como órgano de segunda instancia o de cierre «por lo que a todas luces el recurso incoado por el ciudadano Juan Pablo Betancourt Barrera es improcedente», si se tiene en cuenta que la apelación únicamente procede contra las decisiones proferidas en primera instancia de que trata el artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo.

1.1.10. El señor BETANCOURT BARRERA presentó escrito el 22 de julio de 2018, en el que expresó «dentro de la oportunidad legal, con base en el parágrafo del artículo 318 del CGP, que ordena tramitar el recurso procedente así se hubiese direccionado por otra vía, solicito con todo respeto darle alcance de RECURSO DE SÚPLICA a mi memorial que había presentado {el 10 de julio de ese año} con miras a la apelación contra el auto de fecha 4 de julio del año 2018, cuyo auto respectivo salió el pasado 19 de julio/18, mediante el cual fue rechazada mi solicitud para ser reconocido como coadyuvante y por lo tanto no me fuera tramitado mi recurso de apelación contra la sentencia de fecha 17 de mayo del año 2018. O sea, no se me reconoce la calidad de coadyuvante y por ello, no se resuelve la apelación interpuesta, razón de ser esta súplica».

1.1.11. El Tribunal Administrativo de Casanare con providencia del 2 de agosto de 2018, rechazó por extemporáneo el recurso de súplica presentado.

1.1.12. El Tribunal Administrativo de Casanare con sentencia del 20 de septiembre de 2018, resolvió:

«1° MODIFICAR la sentencia popular del 17/05/2018 proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Yopal, por la cual dirimió las pretensiones de ANGEL DANIEL BURGOS contra Casanare, Trinidad y su ESP, en los aspectos y ordinales que se indican a continuación, así:

TERCERO: {sic} ORDÉNASE al municipio de Trinidad, por intermedio de su alcalde o quien haga sus veces, si aún no lo ha hecho, que en el término de cuatro (4) meses contados a partir de la ejecutoria de ésta sentencia, contrate la realización de estudio técnico y financiero integral sobre el sistema de evacuación de aguas lluvias construido en el corregimiento de Bocas del Pauto, tendiente a determinar el estado actual de cosas en la perspectiva de ingeniería; las soluciones probables viables para corregir sus deficiencias, si ello es factible, incluida eventual pavimentación de vías del área aferente u otras medidas de prevención y contención de colmatación, para procurar su adecuado funcionamiento.

Dicho estudio debe establecer de forma puntual las obras por ejecutar para restablecimiento y puesta en marcha del sistema de alcantarillado ya construido; o si no es factible, establecer mecanismos alternativos para sortear la problemática de captación, canalización, manejo y vertimientos de dichas escorrentías.

El municipio, dentro del mes (1) siguiente al vencimiento del término aquí otorgado deberá rendir ante el juzgado un informe ejecutivo de lo encontrado y concluido, con sus respectivos soportes.

De llegar a establecerse la inviabilidad técnica para la puesta en marcha de las obras ya ejecutadas, el municipio de Trinidad, en un término de cuatro (04) meses, contados a partir del vencimiento de los dos plazos que preceden, deberá radicar ante el Banco de Proyectos de Casanare el que se requiera para gestionar cofinanciación del departamento y, eventualmente, también de la Nación, para realizar los estudios técnicos y financieros necesarios para identificar y diseñar un sistema eficiente de evacuación de aguas lluvias y/o alcantarillado pluvial que resulte más conveniente para el centro poblado Bocas del Pauto, haciendo especial énfasis en lo rescatable de las obras construidas, en cuanto sean compatibles con las obras por ejecutar.

En cualquiera de los dos escenarios que anteceden, los trabajos públicos que deban ejecutarse tendrán que contratarse dentro de los cinco (5) meses siguientes a la terminación de los respectivos estudios previos; los plazos para recibir productos contractuales de obras serán los que razonablemente se fijen en los contratos, cuyo cumplimiento vigilará el juez, para precaver y hacer remediar ampliaciones, dilaciones o suspensiones injustificadas u otras maniobras que pospongan las soluciones.

La cofinanciación tendrá como punto de partida el esfuerzo fiscal de Trinidad, con prioridad para esas obras con los recursos de inversión destinados al sector de saneamiento básico de la municipalidad (Sistema General de Participaciones) y de las fuentes de regalías, sometidas a los filtros técnicos de los OCAD.

CUARTO: ORDÉNASE al departamento de Casanare, por intermedio de su gobernador o quien haga sus veces, que una vez presentados proyectos por Trinidad, en alguno de los escenarios que se indican en el ordinal tercero de la resolutiva, se sometan a estudios prioritarios, el primer filtro técnico integral, con identificación de todo lo adicional que se requiera, deberá entregarse dentro de los cuatro (04) meses siguientes a la radicación. Los correctivos y decisiones finales de fondo tendrán que aplicarse y adoptarse dentro de los seis (6) meses siguientes a los anteriores.

QUINTO: El departamento de Casanare deberá contribuir técnica y financieramente para la ejecución de las obras tendientes a la puesta en funcionamiento y/o construcción del sistema de evacuación de aguas lluvias del corregimiento de Bocas del Pauto del municipio de Trinidad, en virtud de concurrencia, complementariedad y subsidiaridad, como se indicó en el ordinal tercero de la resolutiva.

SEXTO: Se revoca.

2° CONFIRMAR, en lo demás, en cuanto fue objeto de apelación, las determinaciones de los ordinales primero, segundo, séptimo a décimo quinto de la resolutiva de la sentencia recurrida».

1.2. Fundamentos de la solicitud

El tutelante expresó que la decisión judicial objeto de revisión en sede de acción de tutela fue proferida el día 2 de agosto del año 2018 y notificada por estado al día siguiente.

Sostuvo que la irregularidad procesal consistió en desconocer o inaplicar el parágrafo del artículo 318 del CGP al darle respuesta a la solicitud presentada el día 23 de julio del año 2018. Esta irregularidad se plasmó en dicha providencia que desobedeció el mandato legal consignado en el artículo 318 del CGP violando su derecho fundamental al debido proceso porque con esta se finiquitó las posibilidades de ser parte reconocida en la acción popular de que trata el proceso.

Explicó que el 19 de julio del año 2018, el magistrado ponente declaró la improcedencia del recurso de apelación, pero se abstuvo de hacer pronunciamientos respecto del recurso de súplica, el cual fue presentado el día 23 de julio del 2018 (en el escrito de esta calenda requirió que la apelación presentada el 10 de julio de ese año se tramitara como súplica), en la que solicitó se diera cumplimiento al parágrafo del artículo 318 del CGP, frente a cual la respuesta fue negativa, el día 2 de agosto del año 2018.

Los anteriores argumentos encuadran en los defectos i) sustantivo y ii) procedimental.

1.3. Pretensiones

Como consecuencia del amparo de sus derechos fundamentales, en la tutela se solicitó:

«1. Revocar el auto de fecha 02 de agosto del año 2018 suscrito por los magistrados NESTOR {sic} TRUJILLO GONZÁLEZ Y AURA PATRICIA LARA OJEDA

2. Ordenar a los magistrados NESTOR {sic} TRUJILLO GONZÁLEZ Y AURA PATRICIA LARA OJEDA darle el trámite de recurso de súplica al recurso de apelación por mi interpuesto el día 10 de julio del año 2018».

2. Trámite en primera instancia

La Sección Segunda del Consejo de Estado, Subsección B, con auto de 25 de septiembre de 2018, admitió la tutela y ordenó notificar a los Magistrados del Tribunal Administrativo de Casanare.

De igual manera dispuso vincular al gobernador de Casanare; al alcalde de Trinidad y al gerente de Agua Vital Trinidad SA ESP, por tener interés en el proceso.

Finalmente, requirió el expediente de la acción popular en préstamo.

3. Intervenciones

Remitidos los oficios de rigor, se recibieron las siguientes:

3.1. El Tribunal Administrativo de Casanare

La autoridad judicial cuestionada, al contestar manifestó:

«1. Está en discusión la intervención de quien ahora es actor constitucional, en calidad de coadyuvante en proceso popular, cuya petición entró durante el trámite de segunda instancia contra la sentencia que allí recayó. Por los motivos que consignó en su interlocutorio, el magistrado sustanciador la rechazó de plano, auto del 04/07/2018.
2. Contra ese auto el memorialista interpuso apelación, también rechazada por ser enteramente exótica en segunda instancia (auto del 19/07/2018).
3. El aludido interesado introdujo el 23/07/2018 solicitud de tenerse su apelación como un recurso de súplica; esta fue la que debió estudiarse por la sala de decisión.

4. El 02/08/2018 se produjo auto colegiado, en el cual:
i) Se examinó la oportunidad de la petición del 23/07/2018 como si se tratara de un recurso de súplica y, con motivación expresa, se calificó como tardío;
ii) Se dijo por qué no se encontró factible readecuar la apelación a súplica (parágrafo del art. 318 CGP), precisamente por haber sido extemporánea.

Los funcionarios que así lo resolvieron tienen presente que el popular es un proceso con ritual flexible, que permite la intervención de cualquier persona, sin que se exija estricta técnica instrumental; sin embargo, ello no excusa ignorar precisos términos legales para comparecer como terceros interesados (Ley 472 art. 24); ni autoriza a los jueces para transformar solicitudes tardías de readecuación o interpretación de recursos, en oportunas, pues todos los partícipes en la actuación están sometidos a idéntico tratamiento normativo en esos aspectos.

Puesto que la providencia atacada fue motivada, sin que ahora pueda agregarse ni suprimirse nada a su contenido, esta colegiatura queda a la espera del pronunciamiento del juez constitucional, sin interés alguno en el conflicto procesal.

Simplemente se informa que ya se produjo sentencia de segunda instancia en ese popular, el 20/09/2018, de la cual se adjunta copia; el expediente será remitido por la secretaría».

3.2. El municipio de Trinidad

Al intervenir explicó que las pretensiones no están llamadas a prosperar en el entendido que las actuaciones que se cuestionan se ajustan a la legislación procesal vigente, aplicable al caso concreto, y son lejanas de poder calificarse como vía de hecho o de llegar a constituir vulneración al debido proceso del accionante, que se destaca no tiene la calidad de parte dentro de la actuación judicial, y la única pretensión fue la de ser reconocido como coadyuvante.

3.1. La gobernación de Casanare

Al intervenir, por un lado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones solicitadas en la tutela, por considerar que no existe vulneración al derecho fundamental del debido proceso invocados por la parte accionante.

Por el otro, hizo referencia a los hechos que dieron origen el mecanismo constitucional, para indicar que de estos se evidencia que no se hace alusión a la existencia de una acción u omisión del departamento, que pueda dar origen a la presunta vulneración de los derechos fundamentales.

Por lo anterior, solicitó declarar la prosperidad de la excepción falta de legitimación en la causa por pasiva.

4. Decisión de primera instancia

La Sección Segunda del Consejo de Estado, Subsección B con providencia del 29 de octubre de 2018, negó el amparo deprecado.

En la parte inicial de sus consideraciones, indicó que en el caso bajo estudio se tiene que el accionante reclamó una nueva resolución del recurso que interpuso contra el auto mediante el cual, el Tribunal Administrativo de Casanare rechazó su solicitud de intervención en la acción popular, por considerar que, pese a haberlo formulado como apelación, al declararlo improcedente dicha Colegiatura debió haberlo adecuado como súplica, en atención a la previsión del parágrafo del artículo 318 del CGP.

Al respecto, destacó que el tutelante concurrió a dicho medio de control colectivo con el propósito de ser reconocido como coadyuvante, tercería.

Frente a lo que explicó que en lo que tiene que ver con la oportunidad para acudir como coadyuvante en la acción popular, existe disposición especial en el artículo 24 de la Ley 472 de 1998, según el cual tal postulación debe hacerse «[...] antes de que se profiera el fallo de primera instancia».

Luego puso de presente que en dicho proceso, se profirió fallo de primera instancia el 17 de mayo de 2018, del que se solicitó aclaración, negada con providencia de 14 de junio siguiente.

A partir de lo cual, manifestó:

«Por su parte, el señor Juan Pablo Betancourt Barrera deprecó del Tribunal Administrativo de Casanare le reconociera como coadyuvante de la parte demandante el 28 de junio de 2018 y, en virtud de su interés como miembro de la comunidad afectada por la vulneración de los derechos colectivos allí discutida, formuló apelación adhesiva del fallo (ff. 6 a 17 c. 1 del exp. ordinario).

Tal petición fue rechazada por las autoridades judiciales tuteladas a través de auto de 4 de julio de 2018, en atención a su extemporaneidad, según el artículo 24 de la Ley 472 de 1998, sobre el cual dijo que regulaba ese escenario y por tanto no había vacío normativo que condujera a aplicar el CGP.

En suma, de acuerdo con lo probado y las reglas que gobiernan ese tipo de tercería, las actuaciones procesales del tutelante en la referida acción popular fueron extemporáneas, entre ellas el recurso cuya adecuación pide, por lo que la omisión que atribuye al juez colegiado en la dirección del proceso no afecta sus derechos fundamentales y ni siquiera sus intereses particulares, esto último debido a que el objeto de ese tipo de medios de control es la protección de garantías colectivas.

Además de lo dicho, la discusión suscitada no puede ser indiferente al hecho de haber sido proferida sentencia de segunda instancia dentro del aludido caso el 20 de septiembre de 2018 (ff. 6 a 17 c. 2 del exp. ordinario), comoquiera que el amparo de los derechos allí comprometidos podría llegar a verse aplazado para satisfacer una posición procesal subjetiva evidentemente impróspera de quien acudió al caso sin atender los términos que la ley impone.

Con base en lo expuesto se concluye que el desconocimiento de formas procesales alegado por quien, por su propia incuria, dejó vencer el plazo que el ordenamiento adjetivo prevé para adquirir el carácter de coadyuvante en una acción popular, carece de relevancia sustantiva por no comprometer derechos suyos, sin que se estime adecuado remediar ese aspecto en sacrificio de los derechos colectivos que los mencionados fallos ampararon».

5. La impugnación

La anterior decisión fue impugnada, por la parte accionante, quien la sustentó reiterando los argumentos expuestos en escrito inicial frente a los defectos alegados.

6. Trámite de segunda instancia

6.1. El Despacho que sustancia la segunda instancia, con providencia del 8 de febrero de 2019, ordenó:

«Primero: A través de la Secretaría General de esta Corporación, VINCULAR como terceros con interés dentro del trámite de la acción de tutela de la referencia al señor ÁNGEL DANIEL BURGOS y al Juez Primero Administrativo de Yopal, quienes serán enterados por el medio más eficaz y expedito, del auto admisorio, el fallo de primera instancia y el presente auto, así como de la nulidad saneable que se podría presentar en el proceso de la referencia, para que dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, la aleguen, la saneen con su silencio o intervengan en el presente trámite, dando aplicación al artículo 137 del Código General del Proceso, aplicable por remisión que del artículo 2.2.3.1.1.3 del Decreto No. 1069 de 2015.

Segundo: Solicitar al Alcalde del municipio de Trinidad que difunda a través de la página de internet de la entidad territorial a los habitantes del corregimiento de Bocas del Pauto, sobre el trámite de esta acción de tutela, para que dentro del término de 3 días se constituyan como partes y hagan valer sus derechos. Como complemento, se requiere a dicha autoridad para que adopte e implemente los canales que considere necesarios y más expeditos para enterar a los habitantes de ese corregimiento sobre la existencia de este proceso. De todo lo anterior se dejarán las constancias correspondientes y se remitirán sin demora a esta Corporación.

Tercero: Mantener el expediente de la presente acción constitucional en Secretaría hasta que se adelanten las actuaciones ordenadas».

Remitidas las comunicaciones del caso, no se dio intervención alguna, quedando saneada la nulidad que presentaba la acción.

6.2. Con auto del 15 de marzo del año en curso, el Despacho requirió por segunda ocasión al alcalde del municipio de Trinidad para que allegara las constancias del cumplimiento de lo ordenado en el numeral segundo de la anterior decisión.

6.3. La Secretaria General y de Gobierno del mencionado municipio, allegó memorial en el que manifestó:

«En atención a los {sic} dispuesto en el numeral segundo del auto de febrero ocho (8) de 2019, proferido dentro de la acción constitucional de la referencia, muy respetosamente me permito remitir a usted las constancias de fijación en la cartelera del Corregimiento Bocas del Pauto, de la providencia en mención adjunta en archivo (...).

Lo anterior obedece a que Bocas del Pauto dista del casco urbano de Trinidad en al menos 105,6 km, en ese Centro Poblado la cobertura de datos es débil, casi nula, y la comunicación celular igualmente, tampoco cuenta con servicio de energía eléctrica las 24 horas, por lo que siguiendo las instrucciones dadas en la orden judicial, se dispuso que se dejara la publicación del auto en la cartelera del Corregimiento, allí permanece abierto en horario hábil de lunes a viernes, y es punto de información y apoyo de la administración municipal con la comunidad».

Como soporte de la anterior, se aportó la siguiente constancia de fijación (visible a folio 127 vuelto del expediente):

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la impugnación presentada, según lo establecido por el Decreto No. 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto No. 1069 de 2015 modificado por el Decreto No. 1983 de 2017.

2. Cuestión previa

El departamento de Casanare al intervenir en el trámite de instancia, solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva, pues no ha vulnerado ninguno de los derechos que se alega, respecto a lo cual, el a quo no se pronunció.

Esta Sala de Decisión negará tal petición, toda vez que su vinculación al presente proceso fue en calidad de tercero con interés, por haber sido parte en el proceso de acción popular y no en calidad de entidad accionada.

3. Asunto bajo análisis

De conformidad con el fallo de primera instancia y la impugnación presentada, corresponde a la Sala determinar:

i. La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

ii. En caso de superarse lo anterior, se estudiara si el fallo de tutela de primera instancia se debe confirmar, modificar o revocar, a partir de los argumentos dados en la impugnación.

4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Esta Sección, mayoritariamente, venía considerando que la acción de tutela contra providencia judicial era improcedente por dirigirse contra una decisión judicial. Solo en casos excepcionales se admitía su procedencia, eventos estos que estaban relacionados con un vicio procesal ostensible y desproporcionado que lesionara el derecho de acceso a la administración de justicia en forma individual o en conexidad con el derecho de defensa y contradicción.

Sin embargo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas desemejantes sobre el tema.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Señaló la Sala Plena en el fallo en mención:

«De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente». Énfasis propio.

A partir de esa decisión de la Sala Plena, la Corporación debe modificar su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 de la Constitución Política y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

A partir de esa decisión, se dejó en claro que la acción de tutela se puede interponer contra decisiones de las Altas Cortes, específicamente, las del Consejo de Estado, autos o sentencias, que desconozcan derechos fundamentales, asunto que en cada caso deberá probarse y en donde el actor tendrá la carga de argumentar las razones de la violación.

5. Caso concreto

Para la Sala una vez analizados los argumentos planteados en la impugnación, por el señor BETANCOURT BARRERA, confirmará el fallo de tutela de primera instancia, como pasa a explicarse.

El Tribunal Administrativo de Casanare en al auto del 2 de agosto de 2018, cuestionado con la presente tutela, explicó en sus consideraciones lo que sigue:

«1ª La Ley 1437 de 2011 en su artículo 246 preceptúa que el recurso de súplica procede contra autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el magistrado ponente en el curso de la segunda o única instancia o durante el trámite de la apelación de un auto. También procede contra el auto que rechaza o declara desierta la apelación o el recurso extraordinario.

Dicho artículo también dispone que este recurso deberá interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto, en escrito dirigido a la sala de que forma parte el ponente, con expresión de las razones en que se funda.

2ª De acuerdo con la norma en cita, se advierte que el recurso de súplica interpuesto por el señor Betancourt Barrera es manifiestamente extemporáneo, como quiera que no puede invocarse en cualquier tiempo bajo la excusa equivocada de que el juez debe darle trámite a la impugnación de una providencia judicial por las reglas del recurso que resultare procedente conforme a lo previsto en el parágrafo del art. 318 del C.G.P., por dos razones: i) la primera, por cuanto dicha disposición normativa señala un límite en el tiempo, cuando indica que puede dársele trámite siempre y cuando haya sido interpuesto oportunamente; y ii) porque las reglas procesales relativas al plazo para la interposición de recursos no admiten interpretaciones; los términos son perentorios y la oportunidad para recurrir providencias no puede desconocerse.

3ª El recurrente, quien no ha sido reconocido como sujeto procesal, pretende darle otro alcance al recurso de apelación que presentó contra la providencia del 04/07/2018 que rechazó su vinculación al proceso como coadyuvante; ahora quiere hacerlo valer como súplica, lo cual resulta inadmisible, pues casi un mes después, manifiesta su interés en controvertir una providencia previa acudiendo a un recurso distinto al que presentó, desconociendo los términos señalados en el art. 254 del CPACA para su interposición y las reglas procesales en materia de recursos».

Ahora bien, en cuanto a los recursos que proceden dentro de las acciones populares, esta Sección en reciente sentencia de tutela, explicó:

«En materia de acciones populares la Ley 472 de 1998 dispone en el artículo 36 que en contra los autos dictados en el trámite de la acción popular procede solo el recurso de reposición y, en el artículo 44 ejusdem se señala que en aquellos aspectos no regulados aplican las disposiciones del CCA hoy CPACA cuando el conocimiento del asunto corresponde a los jueces de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Las normas prevén lo siguiente:

“ARTÍCULO 36. RECURSO DE REPOSICIÓN. Contra los autos dictados durante el trámite de la Acción Popular procede el recurso de reposición, el cual será interpuesto en los términos del Código de Procedimiento Civil”

ARTICULO 44. ASPECTOS NO REGULADOS. En los procesos por acciones populares se aplicarán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y del Código Contencioso Administrativo dependiendo de la jurisdicción que le corresponda, en los aspectos no regulados en la presente ley, mientras no se opongan a la naturaleza y la finalidad de tales acciones.

En tal sentido, resulta claro que toda vez que la norma procesal de las acciones populares regula expresamente los recursos que proceden contra los autos dictados por el juez de la acción popular, no se requiere hacer una integración normativa o aplicar las disposiciones procesales del CPACA en materia de recursos.

Además, debe resaltarse que el artículo 243 del CPACA es aplicable a los procesos que se rigen por el trámite ordinario o que no cuentan con su trámite especial. Ello quiere decir que si la acción que se somete a conocimiento del juez administrativo tiene su trámite especial como sucede con el caso de las acciones populares y de grupo cuyo procedimiento está íntegramente regulado por la Ley 472 de 1998 no deben aplicarse las disposiciones sobre recursos del CPACA.

Sobre el punto debe destacarse que la Corte Constitucional en sentencia C-377 de 2002, al analizar la constitucionalidad del artículo 36 de la Ley 472 de 1998, estudió si el legislador, al no prever el recurso de apelación respecto de los autos dictados en el trámite de las acciones populares y de grupo, desconoció la norma fundamental, consideró que “la doble instancia mediante el reconocimiento del recurso de alzada no es obligatoria en todos los asuntos que son de decisión judicial, puesto que la ley está autorizada para establecer excepciones siempre y cuando se respeten el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad, y no se niegue el acceso a la administración de justicia”.

A lo anterior agregó que “el principio de la doble instancia no tiene carácter absoluto en el sentido de que necesariamente toda sentencia o cualquier otra providencia judicial sea susceptible de ser apelada o consultada, "pues su aplicación práctica queda supeditada a las regulaciones que expida el legislador dentro de su competencia discrecional, pero sin rebasar el límite impuesto por los principios, valores y derechos fundamentales constitucionales, específicamente en lo que atañe con el principio de igualdad. Así, pues, es facultad del legislador señalar en qué casos los procesos judiciales se tramitarán en dos instancias y cuáles no, salvo en los casos en que la Constitución haya dispuesto expresamente lo contrario como es el caso de la impugnación de la sentencia condenatoria y de las decisiones adoptadas en ejercicio de la acción de tutela”.

Finalmente, vale la pena destacar que con la expedición del CPACA no se modificaron los recursos procedentes en el marco de las acciones populares, pues si ello hubiese ocurrido así el legislador lo hubiese previsto de manera expresa como sucedió por ejemplo con las medidas cautelares, cuando en el artículo 229 del CPACA parágrafo se indicó “Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos (…) del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio”».

Como se observa de lo anterior, y si bien la autoridad judicial cuestionada explicó los motivos por los cuales, en el caso del señor JUAN PABLO BETANCOURT BARRERA no era dable la aplicación del artículo 318 del CGP, lo cierto es que tal situación al ser un aspecto no regulado en la Ley 472 de 1998, dicha normativa debió ser usada por el Tribunal Administrativo de Casanare.

Es decir, la autoridad judicial accionada, en el auto 19 de julio de 2018, no debió haber rechazado por improcedencia el recurso de apelación que promovió el accionante contra la providencia 4 de julio de ese año, con la cual rechazó la solicitud de coadyuvancia, sino que en aplicación del parágrafo del artículo 318 del CGP, debió adecuar la apelación al recurso de reposición, consagrado en el artículo 36 de la Ley 472 de 1998, norma especial para este tipo de acciones.

De haberse hecho lo anterior, tampoco se hubiese proferido el 2 de agosto de 2018, la providencia, por medio del cual, dicha autoridad judicial rechazó por extemporáneo el recurso de súplica presentado, pues la inconformidad plateada por el tutelante contra el auto del 4 de julio de ese año, se dio en los términos de ley.

A pesar de presentarse las anteriores irregularidades, para este juez constitucional, no es procedente conceder el amparo deprecado, pues si bien el señor BETANCOURT BARRERA expresó que dichas providencias violaron su «derecho fundamental al debido proceso porque con esta se finiquita las posibilidades de mi parte para ser reconocido como parte procesal en la acción popular de que trata el proceso», el auto de 4 de julio de 2018, proferido por el Tribunal Administrativo de Casanare fue razonable, puesto que si aquél quería ser tenido como sujeto procesal en la mencionada actuación, éste debió concurrir al proceso dentro de los términos establecidos de forma específica por la Ley 472 de 1998, para que cualquier persona, sea natural o jurídica, pueda coadyuvar dentro de las acciones populares, toda vez que el artículo 24 de dicha disposición, es clara en establecer:

Que quien pretenda coadyuvar en este mecanismo constitucional deberá presentarse antes del fallo de primera instancia.

Y una vez sea tenido como tal, sus actuaciones operaran hacia el futuro.

Al revisarse el expediente de la acción popular y como se dejó plasmado en los antecedentes de este proceso, para este juez constitucional, el señor BETANCOURT BARRERA, no cumplió en debida forma lo anterior, para ser parte coadyuvante del actor popular, como miembro de la comunidad de Bocas del Pauto, del municipio de Trinidad – Casanare, pues el Juzgado Primero Administrativo de Yopal profirió fallo de primera instancia el 17 de mayo de 2018 y negó la aclaración solicitada por el municipio con auto del 14 de junio de ese año. Ahora bien, el tutelante elevó la solicitud de ser tenido como coadyuvante hasta el 28 de junio del año pasado ante el Tribunal Administrativo de Casanare.

Ante lo anterior, dicha autoridad judicial, con auto del 4 de julio de 2018, rechazó tal solicitud por no cumplirse con lo ordenado en el artículo 24 de la ley que desarrollo el artículo 88 de la Constitución Política.

En vista de lo anterior, así se hubiese tramitado el recurso de reposición (artículo 36 de la Ley 472 de 1998), en aplicación del parágrafo del artículo 318 del CGP, el resultado final hubiese sido el mismo, pues está claro, que el señor BETANCOURT BARRERA no concurrió al trámite de la acción popular dentro de los plazos fijados por el legislador, para ser tendido como coadyuvante.

Finalmente, este juez constitucional pone de presente que el Tribunal Administrativo de Casanare ya profirió fallo de segunda instancia, dentro de la acción popular de marras, el 20 de septiembre de 2018, el mismo día se presentó la tutela en estudio, decisión que mantuvo el «amparo constitucional de los derechos colectivos el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, el acceso a los servicios públicos, y a que su prestación sea eficiente y oportuna, la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, y el goce de un ambiente sano», garantizando así los derechos de la comunidad de Bocas del Pauto.

Por lo anterior, este juez constitucional confirmará la providencia impugnada, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, Subsección B.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: Negar la solicitud de declarar la falta de legitimación, propuesta por el departamento de Casanare, de acuerdo con lo expresado en este proveído.

SEGUNDO: Confirmar el fallo de tutela de primera instancia, del 29 de octubre de 2018, por medio del cual, la Sección Segunda del Consejo de Estado, Subsección B negó el amparo deprecado por el señor JUAN PABLO BETANCOURT BARRERA, de conformidad con la parte motiva de la presente decisión.

TERCERO: Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido por el artículo 32 del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: Notificar a las partes según lo establecido por el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

QUINTO: Devolver el expediente allegado en calidad de préstamo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Magistrada

ALBERTO YEPES BARREIRO
Magistrado
Fls. 1 – 11.
Fls. 50 – 56-. C. 1 del expediente de acción popular (en adelante AP).
Fls. 472 – 482. C. 2 idem.
Énfasis del original.
Fls. 486 -489. C. 2. AP.
Fls. 484 – 485. C. 2. AP.
Fls. 490 – 493. Idem.
Fls. 494 – 496. C. 2. AP.
Fls. 497 – 499. Idem.
Fl. 511. Idem.
Fls. 512 – 513. C. 2. AP.
Énfasis del original.
Fls. 6 – 17. C. 3. AP.
Fl. 19. Idem.
Congreso de la República. (5 de agosto de 1998). «Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones». DO. 43.357.
Fls. 20 – 21. C. 3. AP.
Fls. 22 – 26. Idem.
Fl. 48. C. 3. AP.
Fls. 53 – 55. Idem.
Énfasis del original.
Fl. 57. C. 3. AP.
Fls. 64 - 78. Idem.
Énfasis del original.
Fls. 56 - 57.
Fl. 70. Se recibió el expediente de acción popular en préstamo.
Fls 58 – 65.
Fl. 67.
Fl. 69.
Fl. 73.
Fls. 80 – 89.
Fls. 95 – 96. El fallo de primera instancia se notificó por correo electrónico el 17 de enero de 2019 (fls. 90 – 94). La impugnación se radicó el día 22 de ese mes y año, es decir, dentro del término establecido por el artículo 31 del Decreto No. 2591 de 1991.
Fl. 106.
Fls. 107 – 114.
Fl. 116.
Fls. 126 – 127.
Sobre el particular, el Magistrado Ponente mantuvo una tesis diferente sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial que se puede consultar en los salvamentos y aclaraciones de voto que se hicieron en todas las acciones de tutela que conoció la Sección. Ver, por ejemplo, salvamento a la sentencia Magistrada Ponente: Dra. Susana Buitrago Valencia. Radicación: 11001-03-15-000-2011-00546-01, accionante: Oscar Enrique Forero Nontien y accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección C y otros.
Sala Plena. Consejo de Estado. Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González.
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.
Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
Sala Plena. Consejo de Estado. Rad. No. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González.
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actora: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Fallo del 4 de abril de 2019, proceso No. 11001-03-15-000-2018-04326-00; actores: Departamento de Cundinamarca y la Beneficencia de Cundinamarca; M. P. Alberto Yepes Barreiro.
«Cuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deberá tramitar la impugnación por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente».
Fls. 472 – 482. C. 2. AP.
Fls. 512 – 513. Idem.
Fls. 64 – 78. C. 3. AP.

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