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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-03441-01

Acción de tutela contra providencia judicial: sentencia de segunda instancia que niega pretensiones de la demanda

Fecha
16 de mayo de 2019
Consejero ponente
Alberto Yepes Barreiro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-03441-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Ministerio de Educación Nacional, por las razones expuestas en este proveído. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 14 de marzo de 2019 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que negó las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por la señora María del Socorro Sinning de la Rosa, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2018-03441-01

Consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro

16 de mayo de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Sentencia de segunda instancia que niega pretensiones de la demanda / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Reconocimiento y pago de sanción moratoria a docente oficial / DESCONOCIMEINTO DEL PRECEDENTE - Inexistencia / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO - Adecuada aplicación normativa / RÉGIMEN DE CESANTÍAS DE DOCENTE OFICIAL - No prevé la sanción moratoria / RÉGIMEN DE CESANTÍAS DE LA LEY 91 DE 1989 - Aplicable al actor por tener la calidad de docente oficial / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

En cuanto al defecto sustantivo, se advierte que en la providencia [cuestionada] luego de realizar un análisis de la normativa vigente, arribó a la conclusión que en el caso concreto, a la [actora] le es aplicable el régimen contenido en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, puesto que, fue vinculada con posterioridad al 1 de enero de 1990, y en ese orden, el inciso 2 del numeral 3 de la norma ejusdem prevé el pago de un interés anual sobre el saldo de las cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad. De otro lado, en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, que es la que reclama la actora para efectos de que le sea aplicada, establece que: (i) el empleador deberá cancelar al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción; y (ii) el valor liquidado por concepto de auxilio de cesantías deberá ser consignado antes del 15 de febrero del año siguiente. Incumplido lo anterior, el empleador deberá pagar al trabajador 1 día de salario por cada retardo (…) En ese sentido, le asiste razón a la judicatura demandada, al señalar que no le es dable a la [actora] recibir los beneficios de un régimen, para que con posterioridad pretenda la aplicación de lo más favorable de otro sistema que no le aplica, de conformidad con lo señalado previamente, puesto que si bien su nombramiento fue expedido por el alcalde del municipio de Sabanalarga, lo cierto es que ello no le otorga per se el carácter de territorial, teniendo en cuenta que la Ley 91 de 1989, al agrupar a los docentes afiliados al Fomag, determinó que en esta categoría se encuentran aquellos nombrados por una entidad territorial a partir de 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la 43 de 1975 (…) Por las razones expuestas en precedencia, y de conformidad con el artículo 1 del Decreto 1582 de 1998, se concluye que no le es aplicable la Ley 50 de 1990 a la [actora], toda vez que se hizo extensiva, únicamente, a los «servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados», lo cual no corresponde a los supuestos fácticos del caso sub examine (…) En cuanto al desconocimiento del precedente, igualmente se resalta que no le asiste razón a la actora debido a que como lo exteriorizó el juez a quo, en el presente asunto no existe identidad en los supuestos fácticos entre la situación de la [actora] y los casos que estudió la Corte Constitucional en la SU-336.

FUENTE FORMAL: LEY 91 DE 1989 - ARTÍCULO 15

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-03441-01(AC)

Actor: MARÍA DEL SOCORRO SINNING DE LA ROSA

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Se pronuncia la Sala sobre la impugnación presentada por la señora María del Socorro Sinning de la Rosa contra la sentencia de 14 de marzo de 2019, por medio de la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó las pretensiones de la acción de tutela.

ANTECEDENTES

Solicitud

Mediante escrito radicado el 21 de septiembre de 2018, la señora María del Socorro Sinning de la Rosa, a nombre propio, ejerció acción de tutela contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con el fin de reclamar el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad, a la seguridad jurídica, de acceso a la administración de justicia, «entre otros».

Tales garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la providencia de 7 de septiembre de 2018, por medio de la cual la judicatura censurada, revocó la decisión de primera instancia proferida por la Sala de Decisión A del Tribunal Administrativo del Atlántico el 25 de agosto de 2015, para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la actora contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante Fomag), el departamento del Atlántico y el municipio de Sabanalarga, proceso identificado con el número de radicado 08001-23-33-000-2014-00079-01.

Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

El 12 de febrero de 2014, la señora María del Socorro Sinning de la Rosa demandó en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Fomag, al departamento del Atlántico y al municipio de Sabanalarga, los actos administrativos por medio de los cuales las demandadas negaron el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998, el cual remite a los artículos 99 a 104 de la Ley 50 de 1990, sanción derivada de la consignación tardía del auxilio de cesantías «en forma anualizada en el fondo administrador de cesantías respectivo correspondiente a los años 2001, 2002 y 2003.»

Los actos administrativos demandados fueron: (i) oficio No. 2013ER112918 sin fecha, expedido por el Ministerio de Educación Nacional; (ii) oficio sin número de 20 de agosto de 2013 proferido por el Alcalde del municipio de Sabanalarga; y (iii) oficio No. 3048 de 6 de septiembre de 2013 suscrito por el secretario de educación del departamento del Atlántico.

En primera instancia conoció del medio de control el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión A, autoridad que mediante sentencia de 25 de agosto de 2015 resolvió:

«PRIMERO: DECLÁRESE probada de oficio la excepción de inexistencia de la obligación frente a las partes demandadas Departamento (sic) del Atlántico y Municipio de Sabanalarga (sic), en los términos expuestos en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: DECLÁRASE la nulidad parcial del Oficio 3048 de 06 de septiembre de 2013, expedido por el secretario de educación Departamental (sic) del Atlántico; solo en cuanto negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación oportuna de las cesantías correspondientes al año 2003; del oficio sin número de fecha 20 de agosto de 2013 expedido por el municipio de Sabana Larga. Solo en cuanto negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías correspondientes a los años 2001 y 2002 y la nulidad total del acto ficto producido con ocasión al silencio administrativo negativo de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, frente a la petición elevada el 22 de agosto de 2013, mediante el cual fue negada a la demandante la sanción moratoria contenida en la ley (sic) 50 de 1990 por la no consignación de sus cesantías correspondientes a los años 2001, 2002 y 2003.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, Condénese a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -, Municipio de Sabanalarga – Atlántico, al reconocimiento y pago a la señora MARÍA DEL SOCORRO SINNING DE LA ROSA de la sanción moratoria de que trata el artículo 99 numeral 3 de la Ley 50 de 1990, de la manera y en los términos en que se dejó expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. Indéxese la condena de acuerdo con la parte motiva de esta sentencia.»

El recurso de alzada interpuesto por la parte demandada, fue desatado por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que con sentencia de 7 de septiembre de 2018 revocó la decisión del juez a quo, para, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda al concluir que:

«….a los educadores del sector público no le son aplicables los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990, que contemplaron el plazo para la liquidación del valor liquidado anualmente con anterioridad al 15 de febrero y la sanción moratoria para el empleador que incumpla esta obligación, pues dichas normas fueron extendidas por disposición del artículo 1 del Decreto 1582 de 1998, únicamente a “los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías», que como se expuso, no se equiparan a los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1990, pues su nombramiento efectuado por el representante de la entidad territorial no le otorga la calidad de ser un maestro de dicho nivel, y sus prestaciones sociales como las cesantías, son administradas por el FOMAG, cuya naturaleza jurídica es diferente a la de aquellos fondos privados credos por la Ley 50 de 1990.»

Pretensiones

A título de amparo solicitó las siguientes:

«PRIMERO: REVOCAR la sentencia de segunda instancia proferida por la Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado del 05 de septiembre de 2018 proferida dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento (sic) del derecho contra la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO – MUNICIPIO DE SABANALARGA - ATLÁNTICO, radicado 08001-23-33-000-2014-00079-01 (0345-2016), que revocó la decisión emitida en sentencia del día 25 de agosto de 2018 del Tribunal Administrativo del Atlántico en fallo de primera instancia. En su lugar, CONCEDER la protección de mis derechos constitucionales a la igualdad en las decisiones judiciales, al principio de favorabilidad laboral, debido proceso y por violación directa de la Constitución.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la sentencia proferida dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento (sic) del derecho, en segunda instancia por la Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado del 05 de septiembre de 2018, En su lugar, ORDENAR a la Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado que profiera una nueva decisión mediante la cual acceda a las pretensiones de la demanda y ordene el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la omisión en el pago de las cesantías correspondientes a las anualidades 2001 a 2003.

Y en tal sentido se CONDENE al demandado NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO – MUNICIPIO DE SABANALARGA – ATLÁNTICO a pagarme la sanción moratoria contemplada en la Ley 344 de 1996 derivada de la mora y retardo en la consignación del auxilio de cesantías en forma anualizada en el fondo administrador de cesantías respectivo por la omisión del pago de mis cesantías correspondientes a las anualidades de 2001 a 2003.

Por tanto, ORDENAR el pago efectivo y material, dado que tal condena debe darse como restablecimiento del Derecho, Sanción (sic) que deberá liquidarse desde el 14 de febrero del año siguiente a la causación del auxilio de cesantías respectivo, hasta la fecha en que se produzca la consignación de cada uno de los auxilios de cesantías pertinentes a las anualidades de 2001 a 2003. De igual forma SE ORDENE que la suma que resulte como condena sea ajustada tomando como base el índice de precios al consumidor de conformidad con el artículo 187 inciso 4º C.P.A.C.A. además que SE ORDENE el pago de las costas del proceso incluyendo las agencias en derecho, según lo establecido en el artículo 188 del C.P.A.C.A. También SE CONDENE al pago de los intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la modificación de la sentencia según lo previsto en el artículo 192 y 195 incisos (sic) 4º del C.P.A.C.A.»

Fundamentos de la acción

1.4.1. La actora señaló que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, incurrió en defecto sustantivo por la inaplicación del Decreto 1582 de 1998, a través del cual se reglamentaron los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5º de la Ley 432 de 1998, en el sentido de extender el régimen de cesantías de la Ley 50 de 1990 a los empleados del sector público del nivel territorial.

Así mismo, arguyó que no se tuvo en cuenta que el artículo 1º del Decreto 1252 de 2000, estableció: «Los empleados públicos, los trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública que se vinculen al servicio del Estado a partir de la vigencia del presente decreto tendrán derecho al pago de cesantías en los términos establecidos en las leyes 50 de 1990, 344 de 1996 o 432 de 1998, según el caso.

Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará aún en el evento en que la entidad u organismo a los cuales ingrese el servidor público, exista un régimen especial que regule las cesantías.»

1.4.2. Igualmente, adujo que se incurrió en desconocimiento del precedente contenido en:

(i) La sentencia de unificación 336 de 2017 proferida por la Corte Constitucional, en la cual se señala que los docentes deben ser considerados como empleados públicos y, por tanto, les es aplicable el régimen general en lo no estipulado en el régimen especial, particularmente, en relación con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío del auxilio de cesantías previsto en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, «…situación que de acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 53 de la Constitución Política, es aplicable, por analogía…»

(ii) La sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado de 25 de agosto de 2016, Magistrado Ponente doctor Carmelo Perdomo Cuéter, en la cual se abordó el estudio de la realidad sobre las formalidades, y definió el alcance de los artículos 13 y 53 superiores.

(iii) La sentencia de unificación del Consejo de Estado CE-SUJ-SII-012-2018-SUJ-012-S2 adiada 18 de julio de 2018, en la cual se estableció que los docentes integran la categoría de servidores públicos prevista en el artículo 123 de la Constitución Política, por cuanto en ellos concurren todos los requisitos que encierra en concepto de empleado público en atención a la naturaleza del servicio prestado, entre otros, y en ese orden, les son aplicables las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 que contemplan la sanción moratoria por el reconocimiento y pago del auxilio de cesantías.

(iv) Y la sentencia T 008 de 2015 proferida en un caso similar, en el que la Sala Sexta de la Corte Constitucional ordenó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria luego de arribar a la conclusión que los docentes tienen el derecho a recibir oportunamente la liquidación de sus cesantías e intereses de las mismas, y que en el evento en que ello no se cumpla, se genera una sanción a cargo del empleador y a favor del trabajador con el fin de resarcir los daños causados con dicho incumplimiento.

1.5. Trámite de primera instancia

Por auto del 2 de octubre de 2018, el Magistrado Ponente de la Sección Cuarta de esta Corporación admitió la solicitud de tutela y ordenó notificar a los Magistrados de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y en calidad de terceros con interés, al Ministerio de Educación Nacional, a la Fiduprevisora S.A., al departamento del Atlántico y al municipio de Sabanalarga.

Adicional a lo anterior, indicó como innecesario vincular al Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión A, por cuanto en el escrito de tutela se demandó únicamente a la judicatura que resolvió la segunda instancia del proceso ordinario.

Contestaciones

1.6.1. Subsección B Sección Segunda del Consejo de Estado

Con escrito radicado en la Secretaría General de esta Corporación el 10 de octubre de 2018, el Magistrado Ponente de la decisión cuestionada en sede de tutela, señaló que en el caso concreto, la demandante fue nombrada como docente al servicio del municipio de Sabanalarga el 28 de diciembre de 2000, «…lo que significa, que en virtud de la fecha de su vinculación, se encuentra cobijada por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que estableció que los educadores que ingresaran a partir del 1º de enero de 1990, sin hacer distinción entre nacionales o nacionalizados, se les aplicarían las disposiciones vigentes para los empleados públicos del orden nacional, por lo que no resulta viable el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, pues como se expuso en la ratio decidendi de la cuestionada providencia, dicha penalidad solo fue extendida a los servidores públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 y siempre que se encuentren afiliados a los fondos privados de cesantías.».

Adicional a lo anterior, advirtió que la Corte Constitucional en la SU 336 de 2017, señaló que los educadores no se encuentran en ninguna de las categorías de servidores públicos, y de conformidad con el artículo 125 superior, los empleados públicos conforman una categoría residual a la que pertenecen todos aquellos funcionarios del Estado que no encuadran en ninguno de esos grupos.

Así mismo, indicó que la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012-2018 de 18 de julio de 2018, unificó el criterio consistente en que los docentes, como empleados públicos, les es aplicable la Ley 244 de 1995, la cual fue modificada por la Ley 1071 de 2006, y tienen derecho al pago de la sanción moratoria cuando pertenecen al régimen de cesantías definitivas o parciales, y en ese orden es claro que no se refirió al régimen anualizado.

Finalmente, concluyó que no se vulneró derecho fundamental alguno a la señora María del Socorro Sinning de la Rosa, y solicitó que se declare la improcedencia de la acción constitucional, o en su defecto, se denieguen las pretensiones de la demanda.

1.6.2. Fiduprevisora S.A.

Con escrito enviado por correo electrónico a la Secretaría General del Consejo de Estado el 10 de octubre de 2018, solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela de la referencia.

1.6.3. Ministerio de Educación Nacional

Mediante escrito enviado al correo electrónico de la Secretaría General de esta Corporación, el jefe de la oficina jurídica advirtió la falta de legitimación de esta cartera en el proceso objeto de estudio, por tanto, solicitó su desvinculación.

1.7. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Cuarta, con sentencia de 14 de marzo de 2019, resolvió negar las pretensiones de la demanda de tutela incoada por la señora María del Socorro Sinning de la Rosa, luego de arribar a las siguientes conclusiones:

(i) En cuanto al defecto sustantivo, señaló que en la sentencia de 7 de septiembre de 2018 cuestionada, se concluyó que el régimen de cesantías de la Ley 50 de 1990, que se hizo extensivo por virtud del artículo 1º del Decreto 1582 de 1998 a los servidores públicos del orden territorial, «…no es aplicable a la señora María del Socorro Sinning de la Rosa, por cuanto se trata de una docente oficial a quien se le aplica el régimen especial de cesantías de la Ley 91 de 1989, el cual, por su naturaleza, no prevé sanción moratoria por la no consignación oportuna de cesantías en el fondo privado.»

Lo anterior, con fundamento en que la actora fue vinculada el 28 de diciembre de 2000 en calidad de docente nacionalizada, mediante nombramiento de la entidad territorial, al servicio del municipio de Sabanalarga, motivo por el cual el régimen aplicable correspondía al contenido en la Ley 91 de 1989, máxime, porque sus cesantías las administra el Fomag, no un fondo privado.

(ii) Respecto al desconocimiento del precedente de la SU 336 de 2017, adujo que en dicha providencia no se abordó el estudio relacionado con la sanción prevista en el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990. En dicha oportunidad se resolvieron varias tutelas acumuladas, presentadas por docentes afiliados al Fomag, en las que solicitaron el pago de la sanción moratoria, luego del reconocimiento de las cesantías parciales, pero que fueron canceladas en un término posterior a los 45 días hábiles previstos en la Ley 1071 de 2006, aspecto que también fue analizado en la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018.

En ese orden de ideas, concluyó que las providencias judiciales aludidas como desconocidas, no constituían precedente obligatorio para la Sección Segunda del Consejo de Estado, «…pues el análisis que allí se efectuó corresponde a una sanción de naturaleza distinta y de fuente legal diferente a la reclamada por la señora María del Socorro Sinning de la Rosa.»

. Impugnación

Mediante escrito enviado al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado el 29 de marzo de 2018, reiteró los argumentos del escrito de tutela, e indicó que la judicatura reprochada incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente en la sentencia de 7 de septiembre de 2018 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

1.9. Trámite en segunda instancia

Encontrándose al despacho el proceso de la referencia para dictar fallo de segunda instancia, el Despacho advirtió la existencia de una nulidad saneable de conformidad con los artículos 133-8, 136 y 137 del Código General del Proceso, por cuanto el Tribunal Administrativo del Atlántico no fue vinculado al proceso de la referencia.

Por lo anterior, con auto de 26 de abril de 2019, el Magistrado Ponente puso en conocimiento dicha nulidad, y ordenó notificar a la referida autoridad judicial.

Pese a haber sido notificado en debida forma, el Tribunal Administrativo de Nariño guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la señora María del Socorro Sinning de la Rosa contra la sentencia de 14 de marzo de 2019, por medio de la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó las pretensiones de la demanda de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, y el artículo 2° del Acuerdo 377 de 2018 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

La Sala evidenció que la sentencia de primera instancia no se pronunció en relación con la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de Educación Nacional, por cuanto, a su juicio, carece de legitimación en la causa por pasiva al no haber vulnerado derecho fundamental alguno.

Esta Sala de Decisión negará tal reclamo, toda vez que su vinculación al presente mecanismo constitucional no fue en calidad de accionada sino de tercero con interés, por haber sido parte en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la sentencia de 14 de marzo de 2019, por medio de la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó las pretensiones de la demanda de tutela, al no encontrar acreditada la existencia de los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente en la providencia de 7 de septiembre de 2018 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Para el efecto, se estudiará: (i) panorama general de la acción de tutela; (ii) estudio de los requisitos adjetivos de procedibilidad de la acción de tutela; y de encontrarse superados, (iii) el caso concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella concluyó:

«… si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente…».

Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «… fijados hasta el momento jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -procedencia sustantiva- y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto - procedencia adjetiva.

En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado; y iii) inmediatez.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

La Sala analizará si la presente acción cumple los siguientes requisitos: i) que no se trate de tutela contra tutela, ii) la inmediatez y iii) la subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección de los derechos que se dicen vulnerados. Por lo anterior, se verificará en esta instancia, los elementos en mención

2.5.1. No existe reparo en el proceso de la referencia, en cuanto al juicio de procedibilidad en relación con el primero de los requisitos, esto es, que en principio no se trate de tutela contra decisión de tutela, ya que la providencia que se ataca fue dictada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la actora contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el departamento del Atlántico y el municipio de Sabanalarga, proceso identificado con el radicado No. 08001-23-33-000-2014-00079-01.

2.5.2. Frente al estudio del segundo de los requisitos, el de la inmediatez, se observa que se cumple con este en atención a que la providencia dictada por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, es de 7 de septiembre de 2018, y aunque el término para calcular el plazo prudencial para promover la solicitud de amparo se contabiliza a partir del día siguiente de la ejecutoria de la sentencia reprochada, lo cierto es que la tutela fue interpuesta el 21 de septiembre de 2018, lo que desde ya implica un ejercicio pronto de la acción de tutela.

2.5.3. En consideración a la subsidiariedad, el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra este requisito como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que « [e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.

En el caso concreto, el proceso contencioso administrativo finalizó con la sentencia de 7 de septiembre de 2018 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la que se revocó el fallo de primera instancia que había accedido a las pretensiones de la demanda, para en su lugar denegarlas, razón por la cual contra la providencia controvertida no procede el recurso de alzada.

Así mismo, tampoco procede el recurso extraordinario de revisión debido a que dentro de los motivos de inconformidad que expone la accionante, no se configuran las causales señaladas en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

Por otra parte, si bien los supuestos fácticos y jurídicos contenidos en la presente acción de tutela, se ajustan a la causal prevista en el artículo 258 de la Ley 1437 de 2011, es decir «que habrá lugar al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado», es necesario advertir que el artículo 257 de la precitada ley señala que al tratarse de sentencias de contenido patrimonial, el recurso procederá siempre que la cuantía de la condena o, en su defecto, de las pretensiones de la demanda, sea igual o exceda para el caso en cuestión los 90 s.m.l.m.v.

Ahora bien, la sentencia de 25 de agosto de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, revocada por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 7 de septiembre de 2018, dispuso una condena en abstracto dentro de la decisión del proceso, razón por la cual, no es posible determinar la procedencia del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia en razón a esta.

Así mismo, la Sala observa que si se realiza un análisis del monto de las pretensiones como criterio subsidiario para determinar la procedencia de este mecanismo, se evidencia que, este tampoco presenta claridad en el caso objeto de debate, en consideración a que las mismas no contemplan un monto determinado, en consecuencia, al no tenerse certeza del monto de la condena o en su defecto, de las pretensiones en el proceso ordinario, para la Sala es forzoso concluir como superado el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.

Superadas dichas exigencias, la Sala abordará el fondo de la solicitud, sin perjuicio de resaltar el carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, la protección de derechos de terceros de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en los fallos judiciales.

2.6. Caso concreto

A juicio de la tutelante, la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al revocar la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico, que había accedido a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, para, en su lugar, denegarlas.

De los argumentos planteados en el escrito de tutela y de impugnación, se tiene que, para la accionante, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al proferir la sentencia de 7 de septiembre de 2018 incurrió en:

(i) Defecto sustantivo por no aplicar: a) el Decreto 1582 de 1998 que estableció que el régimen de cesantías previsto en la Ley 50 de 1990 fue extendido a los empleados del sector público del nivel territorial; y b) el Decreto 1252 de 2000, por medio del cual se dispuso que los empleados públicos, trabajadores oficiales y miembros de la fuerza pública vinculados a partir de la vigencia del decreto, tendrán derecho al pago de cesantías en los términos previstos en las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996 o 432 de 1998, según el caso.

(ii) Desconocimiento del precedente contenido en: (i) la sentencia de unificación 336 de 2017 proferida por la Corte Constitucional; (ii) la sentencia de unificación del Consejo de Estado CE-SUJ-SII-012-2018-SUJ-012-S2 adiada 18 de julio de 2018; (iii) la sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado de 25 de agosto de 2016; y (iv) la sentencia T 008 de 2015 proferida en un caso similar, por la Sala Sexta de la Corte Constitucional.

2.6.1. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, proceso identificado con el número de radicado 08001-23-33-000-2014-00079-01, mediante sentencia de 7 de septiembre de 2018 resolvió revocar la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico que había accedido a las pretensiones de la demanda, para, en su lugar, denegarlas.

Los argumentos que dieron lugar a la anterior decisión, fueron expuestos en los siguientes términos:

«De la norma transcrita, se concluye que respecto de los docentes oficiales, la ley regula dos situaciones en el tiempo atendiendo la naturaleza de su vinculación: 1) Docentes nacionalizados, antes (sic) territoriales, vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, quienes mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes. 2) Docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1º de enero de 1990, sin hacer distinción entre nacionales o nacionalizados, se les aplicará las disposiciones vigentes para los empleados públicos del orden nacional. Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1996 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, esto es, la Ley 344 de 1996, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 91 de 1989. Así, en virtud de lo dispuesto por la Ley 344 de 1996 y la Ley 91 de 1989, aquellos docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1990, sin lugar a distinción entre docentes nacionales y nacionalizados, se regularán por las normas de los empleados públicos del orden nacional, cuyo sistema de liquidación reviste las siguientes (…)

Por lo anterior, los docentes que ingresaron con posterioridad a la fecha señalada (1º de enero de 1990), por el solo hecho de ser designados por el alcalde o gobernador, no adquieren el carácter de territorial regidos por normas prestacionales aplicables a los servidores públicos que ostentan dicha calidad, puesto que por disposición de la Ley 91 de 1989, artículo 15, numeral 3º, literal b), los maestros “[…] que se vinculen a partir del 1º de enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro.”, como lo es la Ley 344 de 1996 que sin perjuicio de lo previsto en la Ley 914 de 1989, consagró un sistema de liquidación anualizado de cesantías para las “[…] personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado.

(…) a los educadores del sector público no le son aplicables los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990, que contemplaron el plazo para la liquidación del valor liquidado anualmente con anterioridad al 15 de febrero y la sanción moratoria para el empleador que incumpla esta obligación, pues dichas normas fueron extendidas por disposición del artículo 1 del Decreto 1582 de 1998, únicamente a “los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías», que como se expuso, no se equiparan a los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1990, pues su nombramiento efectuado por el representante de la entidad territorial no le otorga la calidad de ser un maestro de dicho nivel, y sus prestaciones sociales como las cesantías, son administradas por el FOMAG, cuya naturaleza jurídica es diferente a la de aquellos fondos privados credos por la Ley 50 de 1990.

Por consiguiente, le asiste razón al apoderado del FOMAG cuando afirma que a la demandante no le es aplicable la penalidad pretendida, por cuanto debido a la fecha de vinculación es beneficiaria de un sistema anualizado previsto en la Ley 91 de 1989 que no contempló el plazo para la consignación de las cesantías con anterioridad al 15 de febrero de cada anualidad en un fondo privado administrador, pues como se expuso, se trata de un régimen de liquidación diferente, sin que le sea dable a la docente favorecerse de las ventajas de uno y otro, pues ello desconocería el principio de inescindibilidad de la ley laboral.»

2.6.2. De conformidad con la cita en precedencia, esta Sala de Decisión advierte que no le asiste razón a la señora María del Socorro Sinning de la Rosa, al señalar que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente al proferir la providencia censurada de 7 de septiembre de 2018, por las razones que se exponen a continuación:

2.6.2.1. En cuanto al defecto sustantivo, se advierte que en la providencia de 7 de septiembre de 2018, luego de realizar un análisis de la normativa vigente, arribó a la conclusión que en el caso concreto, a la señora María del Socorro Sinning de la Rosa le es aplicable el régimen contenido en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, puesto que, fue vinculada con posterioridad al 1º de enero de 1990, y en ese orden, el inciso 2º del numeral 3º de la norma ejusdem prevé el pago de un interés anual sobre el saldo de las cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad.

De otro lado, en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, que es la que reclama la actora para efectos de que le sea aplicada, establece que: (i) el empleador deberá cancelar al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción; y (ii) el valor liquidado por concepto de auxilio de cesantías deberá ser consignado antes del 15 de febrero del año siguiente. Incumplido lo anterior, el empleador deberá pagar al trabajador 1 día de salario por cada retardo.

2.6.2.1.1. Tal y como lo advirtió la autoridad cuestionada, se trata de dos regímenes diferentes, por cuanto la Ley 91 de 1989 prevé el pago de un interés anual equivalente a la tasa comercial promedio de captación del sistema financiero, sobre el monto total que por concepto de auxilio de cesantías tenga el trabajador en su cuenta individual de ahorro con corte a 31 de diciembre de cada año, en el Fomag; mientras que la Ley 50 de 1990, estipula que de la liquidación de la prestación que se haga a 31 de diciembre, únicamente sobre dicho monto se cuasarán los intereses legales del 12% anual o proporcionales al tiempo laborado por el trabajador, esto, para quienes se encuentren afiliados a los fondos privados, sin perjuicio de la liquidación que deba hacerse de manera anticipada por terminación del vínculo laboral.

2.6.2.1.2. En relación con el cargo consistente en la inaplicación del Decreto 1252 de 2000 «Por el cual se establecen normas sobre el régimen prestacional de los empleados públicos, los trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública.», es del caso resaltar que tal como se indicó en líneas anteriores, quienes tienen acceso a la sanción moratoria reclamada por medio de este mecanismo constitucional, son aquellos beneficiarios del régimen anualizado de liquidación de cesantías del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, y contrario a lo sostenido por la demandante, el régimen aplicable para su caso es el previsto en la Ley 91 de 1989, por cuanto su vinculación se dio con posterioridad al 1º de enero de 1990.

En ese sentido, le asiste razón a la judicatura demandada, al señalar que no le es dable a la señora Sinning de la Rosa recibir los beneficios de un régimen, para que con posterioridad pretenda la aplicación de lo más favorable de otro sistema que no le aplica, de conformidad con lo señalado previamente, puesto que si bien su nombramiento fue expedido por el alcalde del municipio de Sabanalarga, lo cierto es que ello no le otorga per se el carácter de territorial, teniendo en cuenta que la Ley 91 de 1989, al agrupar a los docentes afiliados al Fomag, determinó que en esta categoría se encuentran aquellos nombrados por una entidad territorial a partir de 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la 43 de 1975, el cual dispuso:

«En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni Distrito Especial, ni los municipios podrán con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional.»

Cabe destacar que la Ley 43 de 1975 es aquella «por medio de la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria, que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los municipios, las intendencias y las comisarías…», en ese orden, queda expuesto que la accionante no pertenece al personal docente territorial.

Por las razones expuestas en precedencia, y de conformidad con el artículo 1º del Decreto 1582 de 1998, se concluye que no le es aplicable la Ley 50 de 1990 a la señora Sinning de la Rosa, toda vez que se hizo extensiva, únicamente, a los «servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados», lo cual no corresponde a los supuestos fácticos del caso sub examine. (Énfasis propio)

2.6.2.2. En cuanto al desconocimiento del precedente, igualmente se resalta que no le asiste razón a la actora debido a que como lo exteriorizó el juez a quo, en el presente asunto no existe identidad en los supuestos fácticos entre la situación de la señora Sinning de la Rosa y los casos que estudió la Corte Constitucional en la SU-336.

Lo anterior, por cuanto al revisar lo debatido en la providencia referida, las circunstancias de hecho estudiadas fueron las siguientes:

«1.1. Los accionantes indican que trabajaron como docentes del Departamento del Tolima.

1.2. Solicitaron al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio el reconocimiento y pago de las cesantías parciales a que tenían derecho.

1.3. Dicha prestación fue reconocida por la entidad pero cancelada por fuera del término establecido en la Ley 1071 de 2006.

1.4. Con sustento en lo establecido en la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006, solicitaron el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la cancelación tardía de las cesantías ante el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, siendo negadas dichas solicitudes.

1.5. Presentaron demandas de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Ministerio de Educación Nacional, del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y del Municipio de Ibagué, con el fin de que se declarara la nulidad de las resoluciones que negaron el pago de la sanción moratoria y se cancelaran las sumas respectivas.

1.6. Los jueces administrativos que conocieron de tales asuntos en primera instancia negaron las pretensiones de la demanda, con sustento en que las normas bajo las cuales se solicitó el pago de la sanción moratoria no forman parte del régimen salarial y prestacional especial de los docentes; en otras palabras, porque la sanción moratoria establecida en la Ley 1071 de 2006 no se aplica para el caso de las cesantías de docentes por tener estos un régimen especial contenido en la Ley 91 de 1989.

1.7. Una vez presentados los recursos de apelación fueron resueltos por el Tribunal Administrativo del Tolima, que confirmó tales providencias al considerar que los docentes del Magisterio pertenecen a un régimen especial que no es reconocido a la luz de la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006».

Por su parte, en el caso de la tutelante y como se desprende de los antecedentes, la actora demandó en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho la omisión de consignación del auxilio de cesantías correspondiente los años 2001, 2002 y 2003, mientras que el asunto objeto de unificación por parte de la Corte Constitucional se circunscribió al pago de las cesantías parciales que previamente habían sido reconocidas a unos docentes, después del término de 45 días previsto en la Ley 1071 de 2006.

Como se observa, la sanción por retardo en la consignación del auxilio de cesantía de forma anual no fue objeto de unificación por parte de la Corte Constitucional, pues la SU-336 de 2017, estableció que el régimen contenido en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de las cesantías a los servidores públicos es aplicable a los docentes oficiales, pero dichas normas no regulan nada sobre las consecuencias de la consignación tardía, como fue el caso que planteó la accionante en el proceso ordinario.

El anterior razonamiento, sobre la diferencia de hechos de los casos base, se extiende a la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de 18 de julio de 2018, en el expediente No. 73001-23-33-000-2014-00580-01 (4961-2015), pues como lo indicó el a quo y como se puede corroborar de su lectura, allí también se estudió lo relacionado con la aplicación de la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, que refiere al pago tardío de las cesantías parciales o definitivas y no a la consignación oportuna de dicha prestación, razón por la que no puede hablarse de un desconocimiento del precedente, ello por cuanto, tampoco existe identidad fáctica con el caso bajo estudio.

2.6.2.2.1. En cuanto a la sentencia de 25 de agosto de 2016 citada como desconocida, en la cual, la Sección Segunda del Consejo de Estado abordó el estudio de la realidad sobre las formalidades y definió el alcance de los artículos 13 y 53 superiores, es preciso resaltar que con la providencia objeto de análisis no se transgredió el principio referido, toda vez que el caso sub examine no se ajusta al acatamiento de infundados formalismos, por el contrario, nos encontramos frente a una vasta gama de disposiciones normativas que regulan lo correspondiente a las situación jurídica laboral de los docentes en relación con las prestaciones sociales, particularmente, el auxilio de cesantía, lo cual, está debidamente reglado, para el caso concreto, por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, norma que como se explicó en líneas previas, no dispuso de una sanción moratoria por la consignación tardía del referido auxilio, pues por su parte, al tratarse del régimen anualizado, ordena el reconocimiento y pago de un interés anual sobre el total del ahorro contenido en la cuenta individual al 31 de diciembre de cada año.

En ese sentido, es claro que no le asiste razón a la demandante al reclamar una sanción de tipo económico cuando el régimen que le es aplicable en virtud de la fecha de su vinculación, no comprende tal beneficio, es decir, no tiene el derecho.

2.6.2.2.2. Finalmente, en relación con la sentencia de tutela T 008 de 2015 señalada por la tutelante, esta Sala de Decisión resalta que los fallos de esta naturaleza no constituyen precedente, puesto que como se ha señalado en otras oportunidades, únicamente las sentencias de constitucionalidad y de unificación proferidas las altas Cortes tienen carácter vinculante.

2.7. Conclusión

Así las cosas, en atención a los argumentos expuestos por esta Sala de decisión, se confirmará la sentencia de 14 de marzo de 2019 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que negó las pretensiones de la demanda de tutela, al no encontrar acreditada la vulneración por parte de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con la expedición de la providencia de 7 de septiembre de 2018.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Ministerio de Educación Nacional, por las razones expuestas en este proveído.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 14 de marzo de 2019 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que negó las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por la señora María del Socorro Sinning de la Rosa, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Magistrada

ALBERTO YEPES BARREIRO
Magistrado
(Aclara voto)

Folios 2 al 12 del expediente.
Número de radicado verificado en la página web de la Rama Judicial, Siglo XXI.
Expediente No. 73001-23-33-000-2014-00580-01 (4961-2015); demandante: Jorge Luis Ospina Cardona; demandado: la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y departamento del Tolima.
Folio 39.
A folio 43, anverso, consta que la notificación se realizó tanto a la Fiduprevisora S.A. como al Fomag.
Folios 47 a 56.
Folios 58 a 61 y 64 a 67 del expediente.
Folios 70 a 72 y 74 a 79 del expediente.
Folios 75 a 83. Sentencia que fue notificada por correo electrónico el 26 de marzo de 2019, quedando ejecutoriada el 29 del mismo mes y año.
Folios 131 a 133.
Folios 145 y 146.
Providencia notificada el 30 de abril de 2019 a través de correo electrónico, como consta a folios 147 y 153.
Sala Plena. Consejo de Estado. Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela (importancia jurídica). Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ.
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
Negrilla con subrayado fuera de texto.
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.
Ley 1437 de 2011 “Artículo 258.Causal. Habrá lugar al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado”.
Expediente No. 73001-23-33-000-2014-00580-01 (4961-2015); demandante: Jorge Luis Ospina Cardona; demandado: la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y departamento del Tolima.
«ARTÍCULO 1º. <Artículo subrogado por el artículo 4º. de la Ley 1071 de 2006> Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

PARÁGRAFO. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

ARTÍCULO 2º. <Artículo subrogado por el artículo 5º. de la Ley 1071 de 2006> La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este». (Énfasis de la Sala).
Ver sentencia de 18 de octubre de 2018, expediente 11001031500020180273900.

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