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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2018-03450-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
11 de abril de 2019
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2018-03450-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 6 de noviembre del 2019 por la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, que rechazó por improcedente la acción de tutela y negó el amparo constitucional, en consecuencia, SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP–, en relación con los cargos dirigidos en contra de los autos del 26 de enero y 3 de julio del 2018, proferidos por el Tribunal Administrativo del Atlántico. TERCERO: DEJAR sin efectos los autos del 26 de enero y 3 de julio del 2018, proferidos por el Tribunal accionado, por las razones expuestas en esta providencia. CUARTO: ORDENAR al despacho del magistrado Cristóbal Rafael Christiansen Martelo del Tribunal Administrativo del Atlántico que, en el término de diez (10) días contados a partir del recibo del expediente con radicado núm. 08001233300520170015700, profiera nueva decisión en reemplazo de la providencia que rechazó la revisión, conforme a los parámetros establecidos en esta providencia. QUINTO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción constitucional, en relación con la pretensión dirigida en contra de la sentencia del 31 de marzo de 2009, por no superar el requisito general de subsidiariedad. SEXTO: NEGAR las demás pretensiones subsidiarias de la tutela. SEPTIMO: ENVIAR por Secretaría General de esta Corporación el expediente con radicado núm. 08001233300520170015700 al despacho el magistrado Cristóbal Rafael Christiansen Martelo del Tribunal Administrativo del Atlántico para lo de su cargo. OCTAVO: ENVÍAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2018-03450-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

11 de abril de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DEFECTO SUSTANTIVO – Por indebida aplicación de la norma que regula el recurso extraordinario de revisión / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Para la revisión del reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública / TÉRMINO PARA INTERPONER EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Es de cinco años a partir de la ejecutoria de la providencia objeto de revisión / SUCESIÓN PROCESAL – Entre Cajanal y la UGPP extendió el término para interponer el recurso extraordinario de revisión / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL ACCESO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Esta Sala encuentra que el Tribunal enjuiciado, en efecto, incurrió en un defecto sustantivo, tanto en la providencia del 3 de julio del 2018 como en la del 26 de enero del mismo año, puesto que, conforme se evidenció en líneas precedentes, el recurso extraordinario de revisión tiene como finalidad asegurar, dentro de otras, el principio de sostenibilidad financiera, y en ese orden, una decisión judicial que acceda a suspender los descuentos por aportes a salud de la pensión gracia, podría estar reconociendo una prestación periódica superior a la determinada por Ley. (…) [S]egún el inciso 3 del artículo 251 del CPACA, el recurso extraordinario de revisión de que trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, puede ser ejercido dentro de los 5 años siguientes a la ejecutoria de la providencia objeto de revisión. Esta disposición debe ser aplicada, conforme a la interpretación de la sentencia SU-427 de 2016. (…) [E]l término que debió tener en consideración el Tribunal Administrativo del Atlántico al momento de realizar el cómputo para determinar la vigencia del recurso extraordinario, fue el plazo de 5 años, que la Corte Constitucional dispuso que fuera contado a partir del 12 de junio de 2013, fecha en la que la UGPP asumió las funciones de Cajanal. En esa medida, la Sala observa que el escrito del recurso extraordinario incoado por la Unidad en contra de la sentencia del 31 de marzo del 2009, se presentó el 10 de febrero de 2017, y que el plazo para hacerlo vencía el 12 de junio del 2018, es decir, que este fue oportuno, por lo tanto, el auto del 3 de julio de 2018 vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la UGPP.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 251 / LEY 797 DE 2003 – ARTÍCULO 20

NOTA DE RELATORÍA: Ver la sentencia de la Corte Constitucional SU-427 de 2016, que unificó la jurisprudencia en materia de procedencia y legitimidad de la UGPP para interponer el recurso extraordinario de revisión para controvertir decisiones judiciales que reconocieron o reliquidaron pensiones con abuso del derecho.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-03450-01(AC)

Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP-.

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO - SALA DE DECISIÓN A Y JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA.

Acción de Tutela– Sentencia de Segunda Instancia.

ANTECEDENTES

Solicitud de tutela

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-, a través de su director jurídico, presentó solicitud de amparo constitucional en contra de la Sala A del Tribunal Administrativo del Atlántico, y del Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, para obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia en conexidad con el principio de sostenibilidad financiera, presuntamente vulnerados con las providencias proferidas el 26 de enero y 3 de julio del 2018 y el 31 de marzo de 2009, respectivamente.

Hechos probados

2.1. El señor Luis Antonio Rubio de la Hoz presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Caja Nacional de Previsión Social —Cajanal—, con las siguientes pretensiones.

i) Declarar la nulidad del Oficio núm. GN-18992 del 2007 y del acto ficto o presunto que se produjo como consecuencia del silencio administrativo negativo derivado del recurso de reposición interpuesto con el fin de modificar el primer acto administrativo, que negaron la solicitud de supresión de los descuentos realizados a la pensión gracia con destino al sistema de seguridad social en salud y el reintegro de los dineros descontados por este concepto.

ii) Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la entidad prestacional suprimir el referido descuento y pagar los descuentos ya realizados.

2.2. El asunto correspondió por competencia al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, autoridad que en sentencia del 31 de marzo del 2009 accedió a las pretensiones de Luis Antonio Rubio de la Hoz, declaró la nulidad del Oficio núm. 18992 de 2007 y el acto ficto presunto negativo de fecha 26 de octubre siguiente, y ordenó a Cajanal reintegrar los dineros descontados de la pensión gracia por concepto de aportes a salud.

2.3. La UGPP profirió los siguientes actos administrativos que resolvieron sobre los descuentos por aportes a salud realizados a Luis Antonio Rubio de la Hoz de su pensión gracia:

Resolución 018816 de 20013: dio cumplimiento a un fallo de tutela que ordenó dar cumplimiento a la sentencia del 31 de marzo del 2009.

Resolución 002237 de 2014: modificó la Resolución 18816 en relación con el CDP.

Resolución 008813 de 2015: objetó la legalidad del fallo proferido por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla y en consecuencia manifestó la imposibilidad jurídica de continuar con el cumplimiento de la referida sentencia.

Resolución 022139 de 2015: confirmó la Resolución 08813 de 2015.

2.4. Las UGPP presentó recurso extraordinario de revisión, el 10 de febrero de 2017, en contra de la sentencia del 31 de marzo del 2009, con la pretensión de que se revoque la mencionada providencia y, en consecuencia, se profiera una nueva decisión que especifique que no es procedente suprimir los descuentos al sistema de seguridad social en salud y ordene a Luis Antonio Rubio de la Hoz devolver las sumas de dinero que le fueron canceladas en virtud del fallo censurado.

Fundamentó el recurso en la causal 7 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 2011—, empero, citó jurisprudencia que hace alusión a la causal del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 —“[p]or la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales”—, que dispone:

“ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA.

Las providencias judiciales que  hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.”

2.5. El asunto correspondió por competencia al Tribunal Administrativo del Atlántico, despacho del magistrado Cristóbal Rafael Christiansen Martelo, autoridad judicial que en auto de ponente del 26 de enero del 2018, rechazó por caducidad el recurso extraordinario de revisión.

Explicó que, en la medida en que la sentencia cuestionada no decretó el reconocimiento que imponga al tesoro público la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero, no es procedente aplicar al caso concreto el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 que dispuso 5 años como término de vigencia del recurso.

En ese orden, el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 –CPACA– establece el término de 1 año para hacer ejercicio del recurso en mención, razón por la cual, aun contando desde el 12 de junio de 2013 como lo dispuso la sentencia SU-427 del 2016, ocurre la caducidad.

2.6. La UGPP interpuso recurso de súplica en contra del auto 26 de enero de 2018. Como sustento de su inconformidad, confrontó la sentencia del 31 de marzo de 2009 con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, y observó que, aunque en estricto sentido esta providencia no reconoció una prestación periódica, si suprimió los descuentos que, por concepto de aportes a salud, se efectuaba periódicamente de la pensión gracia de Luis Antonio Rubio de la Hoz.

Explicó que los aportes que ya no son descontados, son asumidos por recursos de naturaleza pública, y ello implica la obligación a cargo del Estado de cubrir sumas periódicas de dinero.

Así las cosas, la sentencia del 31 de marzo de 2009 cobró ejecutoria el 21 de julio siguiente, por lo que los 5 años de vigencia del recurso extraordinario contados a partir del 12 de junio de 2013 en virtud de la sentencia SU-427 de 2016, se cumplen en el año 2018. De modo que como, en el caso concreto el escrito de revisión se radicó el 10 de febrero de 2017, no operaba la caducidad.

2.7. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de decisión A, en providencia del 3 de julio del 2018, confirmó el auto del 26 de enero anterior, que rechazó el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la UGPP contra la sentencia del 31 de marzo de 2009.

Como sustento de su providencia, observó que la sentencia reprochada en el recurso quedó en firme el 21 de julio de 2009, y como el escrito de revisión se presentó el 10 de febrero de 2017, concluyó que era más que evidente que se había vencido la oportunidad prevista en el art 251 de la Ley 1437 de 2011, es decir, 1 año después de los hechos que dan ocasión a la inconformidad.

De otra parte, afirmó que la sentencia del Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla no decretó reconocimiento alguno que imponga obligaciones con cargo al tesoro o fondos de naturaleza pública, pues la orden emitida consistió en reintegrar los valores descontados por concepto de salud respecto de la pensión gracia. En consecuencia, aseveró que no es procedente aplicar al caso la causal del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en el sentido de tener en cuenta un término de vigencia de 5 años para el recurso de revisión.

Además, reiteró que el demandante hizo alusión a la causal 7 del artículo 250 del CPACA al que la disposición ibídem previó el término de vigencia de 1 año.

Pretensiones de tutela

El actor interpuso escrito de tutela el 19 de septiembre del 2018 y solicitó como pretensiones principales: i) dejar sin efectos la providencia del 26 de enero de 2018 proferida por el despacho del magistrado Cristóbal Rafael Christiansen Martelo del Tribunal Administrativo del Atlántico, que rechazó el recurso extraordinario de revisión, confirmada en súplica por la Sala A de la misma corporación, mediante auto del 3 de julio siguiente; y ii) suspender los efectos del fallo emitido por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla del 31 de marzo del 2009, hasta que se decida nuevamente sobre el recurso extraordinario mencionado.

Como pretensiones subsidiarias, pidió que se amparen los derechos fundamentales deprecados, y en consecuencia, se deje sin efecto: i) la referida decisión del 31 de marzo del 2009, hasta tanto se resuelva sobre el recurso extraordinario de revisión; y ii) las Resoluciones 018816 del 24 de abril del 2013 y 002237 del 24 de enero de 2014, que dieron cumplimiento al fallo reprochado en revisión.

Fundamentos de la acción

La UGPP sustentó su inconformidad en el escrito de tutela, en que las decisiones judiciales del 31 de marzo del 2009, 26 de enero y 3 de julio del 2018, son abiertamente ilegales, adversas a derecho y contradictorias de las normas de orden público y la jurisprudencia. Asimismo indica que las providencias afectan los principios de sostenibilidad financiera y solidaridad del sistema general de seguridad social, y del debido proceso, con desconocimiento de las Leyes 100 de 1993 y 812 de 2003.

Frente a los requisitos generales de la tutela contra providencia en el caso concreto, argumentó:

i) el asunto tiene relevancia constitucional, por cuanto se vulneraron los derechos fundamentales invocados, se generó una vía de hecho con las providencias judiciales acusadas, y además, se desconoció la autorización de la Corte Constitucional en sentencia SU-427 de 2016 en relación con el término de 5 años para intentar el recurso extraordinario.

ii) que si bien no se presentó recurso de apelación en contra de la sentencia del 31 de marzo de 2009, esto fue debido a la negligencia de la extinta Cajanal, circunstancia que no le es imputable. Expuso que la decisión que rechazó el recurso extraordinario de revisión fue suplicada y confirmada por la autoridad accionada.

De otra parte, indicó que existe un perjuicio irremediable, no solo para la entidad accionante, sino para todos los colombianos y las arcas de la Nación, ya que se ordenó reintegrar los valores descontados por concepto de aportes a salud, con desconocimiento de la obligación legal y jurisprudencial de que las personas pensionadas realicen cotizaciones en salud.

Reiteró que el auto del 26 de enero de 2018, desconoció que la orden cuestionada en revisión impuso un reconocimiento que proviene de fondos de naturaleza pública, lo que faculta a la UGPP para ejercer el recurso del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

iii) en relación con la inmediatez, expuso la sucesión procesal por la que atravesó CAJANAL para que fuera sustituida por la UGPP, que generó gran congestión al identificar falencias caso por caso. Cuando se profirió la sentencia del 31 de marzo del 2009, la actora no había asumido la defensa judicial de CAJANAL.

Expuso sus funciones derivadas de la Ley 1151 de 2007 y del Decreto 169 de 2008, dentro de las que están la administración de pensionados, la resolución de solicitudes de reconocimiento pensional y la defensa de más de 20164 procesos judiciales; y se refirió a su estructura interna conforme el Decreto 575 de 2013, para entender la complejidad del procedimiento que conlleva iniciar una acción judicial contra las irregularidades detectadas. Debido a lo anterior, sostuvo que no pudo incoar antes la presente acción constitucional.

También alegó que “solo pudo venir a incoar la presente actuación en el año 2017”, porque la Corte Constitucional, con la sentencia SU 427 del 11 de agosto de 2016, confirió la posibilidad de flexibilizar la exigencia de inmediatez, cuando el motivo de la acción de amparo se sustente en la configuración de un abuso del derecho.

Citó jurisprudencia de la Corte Constitucional en la que se ha indicado que el requisito de inmediatez de una acción de tutela en contra de una providencia judicial que reconozca el pago de una prestación periódica, se flexibiliza, en razón a que un posible abuso del derecho o de un reconocimiento fraudulento, se extiende en el tiempo.

iv) Para soportar la existencia de irregularidades procesales y de la identificación de los hechos que generaron la vulneración de los derechos fundamentales invocados, reiteró los argumentos antes expuestos.

Por otra parte, afirmó que se configuraron los defectos: (i) procedimental absoluto, (ii) material o sustantivo y (iii) de desconocimiento del precedente.

El defecto procedimental absoluto lo sustentó, en que el Tribunal Administrativo del Atlántico, incurrió en irregularidades con las decisiones del 26 de enero y 3 de julio del 2018, que rechazó y confirmó el rechazo del recurso extraordinario de revisión, al no tener en cuenta que, por un lado, el referido recurso se interpuso dentro del término permitido conforme a la sentencia SU-427 de 2016; y por otro lado, el tenor del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que dispone la revisión de las sentencias, conciliaciones y otras providencias, que decreten o reconozcan la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones, a cargo del tesoro público.

En ese orden, afirmó que es posible ejercer el recurso extraordinario de revisión, con el propósito de contrarrestar el déficit fiscal y hacer viable el sistema pensional, ya que, reiteró, es una prestación periódica y no como lo consideró el Tribunal, un pago único.

Frente al defecto material o sustantivo, la UGPP indicó que la sentencia del 31 de marzo del 2009 desconoció las normas y la jurisprudencia acerca de la legalidad de los descuentos para salud sobre la pensión gracia.

Asimismo, que los autos del Tribunal accionado, desconocieron la facultad que otorgó la Corte Constitucional a la UGPP para iniciar el recurso extraordinario de revisión y, además, que el fallo de 2009 impuso un reconocimiento que proviene de fondos públicos, lo que hace viable la interposición de la herramienta judicial contenida en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Sobre el marco normativo de la pensión gracia o la obligación de realizar aportes, explicó que los artículos 2 y 7 de la Ley 4 de 1966, previeron la obligación de los pensionados del sector público afiliados a la Caja Nacional de Previsión Social, cotizar el 5% de la mesada pensional, incluso, también de la pensión ordinaria y la asignación docente, si eran percibidas al mismo tiempo.

En el mismo sentido lo dispuso el artículo 8 de la Ley 91 de 1989, sobre los pensionados del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio que devengaran la pensión gracia.

Con la Ley 100 de 1993, se estableció que, de manera general, la tasa de cotización para financiar el Sistema General de Seguridad Social en Salud sería hasta del 12%, sin importar el tipo de pensión. También, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, dispuso que los pensionados del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio deberán aportar en los mismos términos de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Finalmente, el artículo 52 de la Ley 806 de 1998, determinó que cuando concurran más de un empleador o administradora de pensiones en una misma persona, esta cotizará sobre la totalidad de los ingresos, hasta 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

De otra parte, indicó que, como se sostuvo en la sentencia C-548 de 1998, el principio de solidaridad frente al sistema general de seguridad social en salud, consiste en el deber en cabeza de las personas de contribuir a la financiación del mismo, a través de los aportes señalados en la Ley, razón por la cual, no es proporcional que los titulares de la pensión gracia no contribuyan al sistema.

En relación con el desconocimiento del precedente judicial, citó como sentencias desatendidas, de la Corte Constitucional, las C-369 de 2004, T-359 de 2009, T-546 de 2014, T-835 de 2014 y T-581 de 2015, y del Consejo de Estado, la del 5 de abril del 2015, dentro de los radicados 11001031500020140283101 y 11001031500020150203101, en las que las distintas Cortes han dicho que a la pensión gracia se le debe realizar los descuentos por aportes a salud. Asimismo, providencias de Tribunales Administrativos de distritos en el mismo sentido.

Al margen de los defectos invocados, la UGPP se refirió en su escrito de tutela, a la posibilidad con que cuentan las los servidores públicos de desatender órdenes judiciales, bajo determinadas circunstancias, cuando estas son contrarias a la Ley o la Constitución, en especial, las administradoras de pensiones en función de proteger la sostenibilidad financiera.

Justificó que la orden emanada por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Barranquilla es un inminente abuso del derecho, por ser abiertamente contraria al ordenamiento jurídico y a los postulados del derecho, de acuerdo con la sentencia C-258 de 2013, que versa sobre el abuso del derecho y el fraude procesal. En sentir de la UGPP, la decisión atacada en revisión, quebranta el principio de solidaridad del sistema general de seguridad social en salud.

Trámite de tutela e intervenciones

5.1. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, con auto del 27 de septiembre del 2018, admitió la presente tutela en primera instancia y ordenó vincular a Luis Antonio Rubio de la Hoz como tercero interesado.

5.2. La Juez Décima Administrativa del Circuito Judicial de Barranquilla ponente de la sentencia enjuiciada en el recurso extraordinario de revisión, solicitó se niegue el amparo de tutela, por las siguientes razones:

Por un lado, afirmó que no existe vulneración de derechos fundamentales, por cuanto el fallo del 31 de marzo se ajustó a los lineamientos normativos y jurisprudenciales aplicables al momento de ser dictado, estos son, los Decretos Ley 2285 de 1955 y 224 de 1972, y Leyes 100 de 1993 y 9 de 1989.

En relación con el recurso extraordinario de revisión, recordó que el Tribunal Administrativo del Atlántico encontró que la UGPP superó el término de vigencia del recurso para la causal invocada.

De otra parte, adujo que el caso concreto no tiene relevancia constitucional, porque no se vulneraron derechos fundamentales y no ocurrió una irregularidad procesal, ya que la sentencia enjuiciada se ajusta a las normas y a la jurisprudencia.

Finalmente, expresó que el recurso de apelación interpuesto contra el fallo del 31 de marzo de 2009 fue declarado desierto por el respectivo Tribunal, razón por la que se entiende que no se agotaron todos los mecanismos judiciales.

5.3. El Tribunal Administrativo del Atlántico contestó la tutela y solicitó que se declare improcedente y en subsidio se niegue el amparo constitucional. Para ello, sostuvo que la providencia del 26 de enero de 2018 contiene los fundamentos jurídicos que se consideraron aplicables al caso concreto, razón por la que procedió a citarlos.

Concluyó que los razonamientos de la providencia tutelada no permiten deducir transgresión del derecho al debido proceso y violación directa de la Constitución.

Fallo de Primera Instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 6 de noviembre del 2018, rechazó por improcedente la solicitud de amparo constitucional por no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.
Por un lado, advirtió que las pretensiones de tutela relacionadas con la sentencia del 31 de marzo del 2009 no superan el requisito de inmediatez, pues la justificación de la actora sobre la difícil situación administrativa en que la UGPP recibió CAJANAL, no justifica el excesivo paso de tiempo que transcurrió para la presentación de la acción constitucional.

En relación con las solicitudes de invalidar las Resoluciones 18816 de 2013 y 2237 de 2014, mediante las cuales se dieron cumplimiento a un fallo de tutela, equivaldría a desvirtuar este último pronunciamiento judicial, lo que no es posible mediante otra acción de tutela, razón por la que rechazó esta petición.

En ese orden, el juez de primera instancia constitucional concentró el análisis de su providencia en el auto del 3 de julio del 2018, por ser este el que decidió el recurso de súplica interpuesto en contra de la decisión del 26 de enero del mismo año.

Para tal efecto, explicó los conceptos de precedente jurisprudencial y su fuerza vinculante, así como del recurso extraordinario de revisión de que trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y la sentencia SU-427 del 2016, para concluir que el auto del 3 de julio del 2018 no desconoció la sentencia invocada, dado que en este no se discutía el reconocimiento de prestaciones periódicas.

Afirmó que la decisión del 31 de marzo del 2009 no involucra el reconocimiento de sumas habituales o pensionales, para que resulte aplicable el término de 5 años para interponer el recurso extraordinario de revisión.

Así, la Subsección B indicó que el Tribunal Administrativo del Atlántico acertó al tener como plazo 1 año para que la UGPP intentara el recurso extraordinario, lapso que no se atendió, pues fue intentado pasados 7 años, seis meses y 19 días después de ejecutoriado el fallo enjuiciado en revisión, incluso, si se tuviera en cuenta la fecha estipulada en la sentencia SU-427 del 2016, tampoco se satisficiera este requisito.

Agregó que no concurren los presupuestos jurisprudenciales para la configuración de un abuso palmario del derecho que permitiera flexibilizar el requisito de inmediatez, pues no se encontraron incrementos pensionales ilegítimos, incongruencia entre el reconocimiento pensional y la historia laboral del beneficiario, o una ventaja irrazonable o incremento monetario significativo.

Impugnación

El Director Jurídico de la UGPP impugnó la sentencia que resolvió la acción de tutela en primera instancia, y solicitó se accedan a las pretensiones planteadas en el libelo introductorio.

Sobre la inmediatez, sostuvo que el juez de primera instancia constitucional desconoció las sentencias SU-961 de 1991, T-033 de 2010 y T-158 de 2006 en las que se ha tenido por superado este requisito en favor de la UGPP, por cuanto se busca tutelar la protección del erario y del sistema pensional, y pasó por alto las circunstancias de fuerza mayor expuestas en la demanda de tutela, que justifican el ejercicio de la acción constitucional pasado algún tiempo, para lo cual reiteró los argumentos del escrito introductorio y citó las sentencias de la Corte Constitucional T-951 de 2013, SU-631 y SU-395 del 2017, T-060 del 2016, T-034 y T-039 del 2018, y del Consejo de Estado del 26 de abril del 2017, radicado núm. 11001031500020170091800, del 15 de septiembre del 2016, radicado núm. 11001031500020160216400, y del 5 de marzo del 2015, radicado núm. 11001031500020140283101, entre otras.

Reiteró que las providencias del 26 de enero y 3 de julio de 2018 desconocieron la sentencia SU-427 de 2016, en la medida que se desatendió que la Corte Constitucional permitió que la UGPP interpusiera el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 a partir del 12 de junio de 2013.

Adujo que el abuso palmario del derecho se derivó de la grave omisión de no descontar de la pensión gracia del señor Luis Antonio Rubio de la Hoz los aportes a salud.

Finalmente, reiteró todos los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

El expediente de la referencia ingresó el 14 de marzo de 2019 al despacho del magistrado ponente de la presente providencia para resolver de fondo el asunto.

CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sala tiene competencia para conocer del trámite de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, el artículo 2.2.3.1.2.4 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, y el Acuerdo de Sala Plena del Consejo de Estado No. 377 del 11 de diciembre de 2018.

2.2. Problema jurídico

2.2.1. Antes de establecer el problema jurídico y analizar el cumplimiento de los requisitos generales de la tutela, para la Sala es necesario distinguir que, la presente acción va dirigida en contra de, por un lado, la sentencia del 31 de marzo de 2009 que profirió el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Barranquilla; y por el otro, de los autos del 26 de enero de 2018 y 3 de julio siguiente, del Tribunal Administrativo del Atlántico.

En ese orden, en la medida que las providencias del Tribunal y el Juzgado abordan situaciones jurídicas diferentes y por ende tienen fundamentos distintos, para la Sala es necesario realizar el estudio de los defectos invocados de manera separada.

2.2.2. En consideración de lo anterior, a la Sala le corresponde:

Establecer si se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia en conexidad del principio de sostenibilidad financiera de la UGPP, con la sentencia del 31 de marzo de 2009 proferida por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Barranquilla; y con los autos del 26 de enero de 2018 y 3 de julio siguiente, del Tribunal Administrativo del Atlántico.
En particular, la Sala debe revisar si las referidas providencias incurrieron en los defectos procedimental absoluto, material o sustantivo y de desconocimiento del precedente constitucional, toda vez que: i) el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Barranquilla, accedió a las pretensiones de la demandan interpuesta por Luis Antonio Rubio de la Hoz y ordenó reintegrar lo descontado por concepto de aportes a salud a partir del 20 de septiembre del 2004; y ii) el Tribunal Administrativo del Atlántico, rechazó por caducidad el recurso extraordinario de revisión y confirmó este rechazo al resolver la súplica.

La Sala advierte que, antes de entrar a resolver los problemas jurídicos planteados, es preciso revisar si se encuentran superados todos los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

2.3. La acción de tutela contra decisiones judiciales

La acción de tutela dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los casos que establece la ley.

En relación con la acción de tutela contra providencias judiciales, la postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ha sido admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad (exigencias generales) y cualquiera de las causales específicas de procedencia (defectos).

La posición actual ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional, entre otras providencias, empezando por la tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993 y su redefinición en la T-949 de 2003, hasta llegar a su sistematización en la sentencia C-590 de 2005 en la cual se modifica la concepción de vía de hecho, a la de vulneración del derecho al debido proceso por la presencia de defectos especiales, previo cumplimiento de unos requisitos generales de procedibilidad.

Por su parte, el Consejo de Estado en sentencia de unificación por importancia jurídica, del 5 de agosto de 2014, concluyó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional.

Requisitos generales:

El examen de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales se infiere de los requisitos que se derivan de su configuración prevista en el artículo 86 de la Constitución, del Decreto 2591 de 1991, y de la concreción que, por la vía interpretativa ha hecho la jurisprudencia constitucional.

Así las cosas, antes que todo es necesario verificar la legitimación en la causa como una exigencia preliminar en cualquier acción de amparo, para, posteriormente, pasar a constatar los demás requisitos generales de procedibilidad, en los siguientes términos: (i) que la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional; (ii) que previo a la solicitud de tutela se hayan agotado todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) que se cumpla con el principio de inmediatez; (iv) que en caso de que se alegue una irregularidad procesal, la misma tenga la entidad de afectar la decisión; (v) que en la solicitud de tutela se exprese de manera clara los hechos y los fundamentos de la afectación de derechos que se imputa a la decisión judicial; y de manera general, (vi) no procede elevar una solicitud de amparo contra decisiones proferidas dentro de procesos de tutela.

Cuando no se cumpla con alguno de esos presupuestos, la acción de tutela deviene improcedente. En caso contrario, de acreditarse todos los requisitos generales, corresponde verificar si la providencia objeto de reproche incurrió en alguna de las causales específicas o defectos que se describen a continuación:

Causales específicas:

Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que si una decisión judicial incurre en alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber:

a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el cual se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.

Corresponde, entonces, pasar a verificar si en el presen te asunto la solicitud de tutela cumple con todos los requisitos generales de procedibilidad y, en tal caso, si se presenta alguno de los defectos alegados por la parte accionante.

2.4. Estudio de los requisitos generales de procedibilidad de la tutela

2.4.1. La Sala observa que la UGPP se encuentra legitimada por activa en la presente acción constitucional, por cuanto asumió la defensa judicial de Cajanal, entidad que fue parte demandada en el proceso en el que se profirió la sentencia del 31 de marzo del 2009; y porque es la que ejerció el recurso extraordinario de revisión, rechazado con autos del 26 de enero y 3 de julio del 2018.

Por su parte, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico, son las autoridades judiciales que profirieron las decisiones cuestionadas en tutela, razón por la que están legitimadas en la causa por pasiva.

2.4.2. Relevancia constitucional

El requisito de relevancia constitucional se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no a asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que corresponde definir a otras jurisdicciones.

Las cuestiones que se discuten tienen relevancia constitucional, toda vez que presuntamente las autoridades accionadas incurrieron en los defectos procedimental absoluto, sustantivo y de desconocimiento del precedente constitucional, tanto al momento de resolver sobre el descuento de la mesada pensional por concepto de aportes a salud, como para determinar el rechazo del recurso extraordinario de revisión, y ello versa sobre la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia en conexidad del principio de sostenibilidad financiera.

2.4.3. Subsidiariedad

2.4.3.1. Las providencias del 26 de enero y 3 de julio del 2018

Frente a las providencias proferidas por el Tribunal Administrativo del Atlántico, se encuentra superado el requisito de subsidiariedad, toda vez que el auto del 26 de enero del 2018 que rechazó el recurso extraordinario de revisión fue suplicado y resuelto en decisión del 3 de julio siguiente, y contra esta última providencia no proceden recursos ordinario o extraordinario alguno.

2.4.3.2 Sobre la sentencia del 31 de marzo del 2009

La Sala debe entrar a revisar el ejercicio de la UGPP de los recursos que proceden contra la providencia del 31 de marzo del 2009, que son, el de apelación y el recurso extraordinario de revisión. Es preciso aclarar que, para que se entienda superado el requisito de subsidiariedad en relación con la sentencia del 31 de marzo del 2009, es necesario que se hayan agotado ambos mecanismos de defensa judicial.

i) Frente al primero de estos, el recurso de apelación, de acuerdo con lo manifestado por la parte actora en la impugnación y el Juzgado tutelado en la contestación, CAJANAL, en su momento, no sustentó el escrito de alzada interpuesto, razón por la que fue declarado desierto.

Así las cosas, prima facie el requisito de subsidiariedad no resulta superado en tanto se habría pretermitido una etapa de defensa ante el juez natural del proceso. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que la referida omisión derivó de un estado de cosas inconstitucionales al interior de Cajanal, y que fue reconocido por la Corte Constitucional con sentencias T-068 y T-439 de 1998 como una situación problemática estructural en cabeza de esta entidad, que le imposibilitó atender de forma adecuada y oportuna sus funciones.

Al respecto, en sentencia T-546 del 21 de julio del 2014, se dijo sobre el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, en un caso similar al sub lite:

“Dentro de este contexto, esta Corporación encuentra probada la existencia de una circunstancia especialísima que privó a CAJANAL, hoy UGPP, de la posibilidad de agotar o utilizar todos mecanismos ordinarios de defensa establecidos por nuestro sistema normativo, lo cual está soportado en el estado inconstitucional de las cosas y el desorden administrativo existente en la entidad para la época en que se profirieron los fallos de tutela previamente referenciados, que no sólo comprometieron las respuestas a los derechos de petición, sino también la actividad procesal de dicha institución. Por tanto, en el caso en estudio, la Corte encuentra una justificación admisible que evitó que fueran agotados la totalidad de los medios ordinarios de defensa judicial con que contaba CAJANAL para impugnar los respectivos fallos y, en tal consideración, tiene por superado este requisito de procedibilidad en la presente acción de tutela.”

La Sala no encuentra razonable aducir que la UGPP no ejerció el recurso de apelación en contra de la sentencia del 31 de marzo de 2009, en razón a que el estado de cosas inconstitucionales no se lo permitió a CAJANAL en su momento, y esta es un evento suficiente para flexibilizar el requisito de subsidiariedad y darlo por superado bajo estas circunstancias.

ii) A pesar de lo anterior, el requisito de subsidiariedad no está superado en relación con los cargos dirigidos a cuestionar la sentencia del 31 de marzo del 2009, por las siguientes razones:

En la presente sentencia corresponde decidir de fondo sobre los defectos endilgados por la parte actora en contra del auto del 3 de julio del 2018, providencia que confirmó aquella que rechazó el recurso extraordinario, pues en el sentir de la UGPP, el Tribunal Administrativo del Atlántico no tuvo en cuenta la causal de revisión correcta al momento de contabilizar el término de vigencia del referido recurso.

En ese orden, del análisis que realice la Sala más adelante, una de las dos conclusiones a las que podría llegar, es que las providencias del referido Tribunal no incurrieron en defecto alguno, por lo que habría razón en la caducidad decretada, y en esa medida, estaría por sentado que la UGPP no agotó todos los recursos extraordinarios con que contaba para defender sus derechos.

La otra posibilidad a la que podría llegar la Sala en el estudio de fondo, es que haya razón en los argumentos de la UGPP y que el auto del 3 de julio del 2018 deba ser dejado sin efectos, caso en el cual el recurso extraordinario de revisión estaría en curso, y así las cosas, se erigiría como el mecanismo idóneo de defensa judicial.

Por estas particulares circunstancias que se presentan del caso concreto, la Sala advierte que, cualquier decisión de fondo que se deba asumir sobre los presuntos defectos del auto del 3 de julio del 2018, implica que no se satisfaga el requisito de subsidiariedad de los argumentos elevados en contra de la sentencia del 31 de marzo del 2009.

Por los anteriores motivos, se declarará la improcedencia de las pretensiones dirigidas contra el fallo cuestionado del Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Barranquilla, y no se continuará con su estudio de fondo.

2.4.4. Inmediatez

En el sub lite se encuentra superado el requisito de inmediatez, toda vez que el auto del Tribunal Administrativo del Atlántico que resolvió el recurso de súplica, se adoptó el 3 de julio del 2018 y la acción constitucional se radicó el 19 de septiembre siguiente, es decir, dentro del término razonable que la jurisprudencia constitucional ha previsto y que esta Corporación ha fijó en 6 meses de forma general.

2.4.5. La Sala no encuentra argumento que implique la existencia de una irregularidad procesal como sustento de la solicitud de amparo, puesto que, aunque se invocaron presuntas irregularidades procesales, el sustento de estas configuran los defectos sustantivo y de desconocimiento del precedente constitucional, que son causales específicas que se abordan en el fondo del asunto una vez superados todos los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial.

2.4.6. Explicación suficiente de los hechos y argumentos de la tutela

En vista que el escrito de tutela no presenta una suficiente explicación de los hechos y argumentos que sustentan cada uno de los defectos alegados, es preciso hacer (i) una breve consideración sobre este requisito y, luego, (ii) pasar a verificarlo en cada uno de los defectos.

La acción de tutela como mecanismo de protección constitucional, permite a los solicitantes un margen de informalidad, tanto en su ejercicio, como en el despliegue argumentativo que deben realizar en el escrito introductorio, sin dejar de lado el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el Decreto 2591 de 1991.

Ahora, en las acciones de tutela contra providencias judiciales, la jurisprudencia constitucional ha precisado que, en defensa de los principios de seguridad jurídica y autonomía judicial, es necesario cierta rigurosidad, en el sentido de que los demandantes desarrollen en su escrito una explicación —sin que implique una técnica hermenéutica específica—, que exponga los motivos de por qué la sentencia o auto vulneran los derechos fundamentales invocados.

Esta exigencia es tan importante, que constituye uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este sentido lo manifestó la Corte Constitucional en sentencia C-590 de 2005:

“24.  Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
(…)
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela.
(…)”. (La Sala resalta).

Tal requisito tuvo un desarrollo en la sentencia T-265 del 2014, sobre su contenido y necesidad, debido a que, por un lado, las decisiones cuestionadas han sido proferidas por autoridades con competencia para ello, bajo autonomía judicial, y en ese orden la tutela controvierte los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada; y por otro lado, sería desproporcionado para el juez de constitucional, exigirle que revisara nuevamente el proceso con el fin de encontrar una vulneración de derechos fundamentales, desconociendo la naturaleza subsidiaria de esta acción.

Esta posición fue reiterada por la misma Corporación en sentencia SU – 585 de 2017, en los siguientes términos:

“En síntesis, las causales de procedencia de la acción de tutela interpuestas contra providencias judiciales, que permiten al juez constitucional entrar a analizar de fondo el asunto se pueden sintetizar en que:
(…)
v) El accionante cumpla con unas cargas argumentativas y explicativas mínimas, al identificar los derechos fundamentales afectados y precisar los hechos que generan la vulneración. No se trata de convertir la acción de tutela, de por sí informal, en un mecanismo ritualista, sino de exigir unas cargas procesales razonables para conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales, con los principios y valores en juego, al controvertir una providencia judicial. En esto, resulta fundamental que el juez interprete adecuadamente la demanda, con el fin de evitar que imprecisiones intrascendentes sean utilizadas como argumento para declarar la improcedencia del amparo, lo que contrariaría la esencia misma y rol constitucional de la acción de tutela. Cuando se trate de un defecto procedimental, el actor deberá además argumentar por qué, a su juicio, el vicio es sustancial, es decir, con incidencia en la resolución del asunto y/o afectación de los derechos fundamentales invocados. A pesar de que la tutela es una acción informal, estas exigencias argumentativas pretenden que se evidencie la transgresión de los derechos fundamentales, con suficiente claridad y se evite que el juez de tutela termine realizando un indebido control oficioso de las providencias judiciales de otros jueces. En este aspecto, resulta de vital importancia identificar la causal, o las causales de procedibilidad especial, la que de verificarse determinaría la prosperidad de la tutela contra la providencia judicial. (…)”. (Subrayado propio del texto y negrillas de la Sala).

La postura de la sentencia C-590 de 2005 fue acogida de manera expresa por el Consejo de Estado, en la sentencia de Sala Plena proferida por importancia jurídica el 5 de agosto del 2014, dentro del expediente de tutela con radicado 11001031500020150182801. Finalmente, en sentencia de tutela proferida por la Sección Quinta de esta Corporación el 15 de diciembre del 2015, se dijo lo siguiente:

“Sobre el punto, se debe tener en cuenta que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en los argumentos esgrimidos por los actores dentro del trámite de tutela tanto en primera como en segunda instancia, toda vez que al analizar puntos adicionales se estaría realizando, sin competencia para ello, un estudio oficioso de una providencia judicial debidamente ejecutoriada, lo cual atentaría contra los postulados de cosa juzgada y autonomía judicial y así, en últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera, e incluso, en una cuarta instancia.

Bajo este entendido, es oportuno mencionar que si bien es cierto se ha aceptado la procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales con el fin de preservar los derechos fundamentales, esta acción constitucional no puede ser considerada –se reitera- como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural y mucho menos cuando la parte interesada no esgrime los motivos de inconformidad con la providencia judicial como tal y en segunda instancia, contra la decisión de tutela que ya estudió el asunto.”

En conclusión, para esta Sala es pacífico indicar que uno de los requisitos generales de procedibilidad, exige al demandante, que desarrolle una exposición clara sobre los motivos por los cuales la providencia judicial cuestionada vulnera sus derechos fundamentales, exposición que deberá ser coherente y con un mínimo de racionalidad, pues no se trata de que el accionante diga cualquier cosa para superar esta obligación.

Ahora bien, es preciso aclarar que, el análisis de satisfacción de este requisito, no puede llevar a que el juez constitucional revise la suficiencia de los argumentos expuestos para demostrar la incursión del juez ordinario en el defecto alegado, pues esto tendrá que ser resuelto en el fondo del asunto.

En este sentido, se puede decir que la carga argumentativa de una acción de tutela contra providencia judicial tiene dos momentos para ser analizada: i) en requisitos generales, sobre la justificación de los hechos y motivos por los cuales las autoridades judiciales vulneraron derechos fundamentales; ii) en el fondo del asunto, para determinar si la argumentación fue basta para evidenciar el defecto citado.

Así las cosas, es preciso entrar a examinar este requisito en cada caso, a partir de los defectos que sean alegados en la solicitud de tutela. Uno de los defectos invocados por la parte actora fue el defecto procedimental absoluto. La Corte Constitucional definió este requisito como:

“(…) aquel yerro que se presenta cuando el funcionario judicial (i) sigue un trámite totalmente ajeno al asunto sometido a su competencia HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/T-643-16.htm" \l "_ftn8" \o "" [8]; (ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento establecido, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes o (iii) “pasa por alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos fundamentales”. Con todo, esta misma Corte ha establecido que para que proceda la acción de tutela contra providencias judiciales por defecto procedimental absoluto, deben reunirse los siguientes elementos: “(i) (Q)ue no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso específico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una vulneración a los derechos fundamentales”. Del mismo modo, en ningún caso procederá una tutela cuando el defecto que se alega es atribuible al afectado.”

De la revisión de la sustentación de este defecto, se observa que la UGPP en su escrito de tutela no hizo alusión alguna a que se haya surtido un trámite totalmente ajeno al recurso extraordinario de revisión, que se haya omitido alguna etapa del procedimiento o que se hubiera pasado por alto el debate probatorio.

Contrario a ello, la Sala observa que el fundamento de la acción de tutela que se enuncia como defecto procedimental absoluto, hace referencia, en realidad, a defectos de tipo sustantivo y de desconocimiento del precedente constitucional. Por esta razón, el presunto defecto no supera el requisito necesario de explicación suficiente de las razones y hechos que lo ocasionan, por lo cual no se procederá a su estudio de fondo.

Diferente ocurre con los defectos sustantivo y de desconocimiento del precedente constitucional, puesto que la actora expuso de forma clara los hechos y fundamentos por los cuales, en su sentir, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en estos. Sólo sobre ellos, se hará el respectivo análisis.

2.4.7. La providencia cuestionada en la presente acción de tutela no es una sentencia de tutela.

En consecuencia, del estudio de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, se concluye que la Sala solo procede a estudiar de fondo los defectos sustantivo y de desconocimiento del precedente constitucional, en relación con los autos del 26 de enero y 3 de julio del 2018.

3. Solución al problema jurídico

3.1. Defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, las decisiones de los jueces son independientes, solo están sometidas al imperio de la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. En ese orden, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, en el artículo 5, prevé la autonomía e independencia de la Rama Judicial en el ejercicio de su función constitucional y legal de administrar justicia y dispone que ningún superior jerárquico administrativo o jurisdiccional podrá insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un funcionario judicial las decisiones o criterios que deba adoptar en sus providencias.

A su vez, el artículo 7 del Código General del Proceso establece que el juez que se aparte de “la doctrina probable” o que cambie el criterio aplicado en decisiones de casos análogos, está obligado a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifiquen su decisión.

Bajo ese marco constitucional y legal, la Corte Constitucional ha considerado que el defecto sustantivo se configura cuando el juez desborda los principios de autonomía e independencia de interpretación y aplicación de las normas jurídicas y procede a tomar decisiones sin sustento legal, a aplicar disposiciones legales inaplicables al caso o a realizar interpretaciones que contravienen postulados de rango constitucional o que conducen a resultados desproporcionados.

En ese orden, la Corte Constitucional ha fijado las siguientes hipótesis de configuración del defecto sustantivo: i) cuando existe una carencia absoluta de fundamento jurídico, es decir, la decisión se sustenta en una norma que no existe, que ha sido derogada o que ha sido declarada inconstitucional, ii) cuando la aplicación de una norma requiere interpretación sistemática con otras que no son tenidas en cuenta y resultan necesarias para la decisión adoptada, iii) cuando la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión, iv) cuando se aplica una norma cuya interpretación desconoce una sentencia de efectos erga omnes, es decir, se aplica una norma en sentido diferente al fijado en una sentencia de constitucionalidad o de legalidad, v) cuando se aplican normas abiertamente inconstitucionales, evento en el cual si bien el contenido normativo no ha sido declarado inexequible, este es abiertamente contrario a la Constitución o cuando la norma aplicable, si bien no es inconstitucional, al ser aplicada al caso concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo que debe ser inaplicada, vi) cuando la autoridad judicial realiza una interpretación irrazonable porque le otorga a la disposición jurídica un sentido y alcance que esta no tiene (contraevidente); o le confiere a la disposición legal una interpretación que en principio resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece pero que en realidad contraviene postulados de rango constitucional o conduce a resultados desproporcionados.

Además de las hipótesis referidas, la Corte ha considerado que el desconocimiento del precedente cuando no se exponen clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifiquen la decisión, es una hipótesis constitutiva de defecto sustantivo porque compromete el principio de seguridad jurídica y la garantía de igualdad ante la ley e igualdad de trato de las autoridades.

En virtud de lo anterior, la Corte Constitucional define el precedente judicial como la sentencia o conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que presentan similitudes en (i) patrones fácticos y en (ii) problemas jurídicos y en la ratio decidendi fijan una regla para resolver la controversia que sirve también para solucionar los casos en los que se acredite semejanzas de hecho y de derecho.

En ese orden, el precedente será obligatorio siempre y cuando “la ratio decidendi de la sentencia antecedente (i) establezca una regla relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) haya servido de base para solucionar un problema jurídico semejante, o una cuestión constitucional similar a la que se estudia en el caso posterior; y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la providencia anterior sean semejantes o planteen un punto de derecho parecido al que debe resolverse posteriormente”. La decisión judicial previa será solo un antecedente con carácter orientador, cuando exista similitud en algunos puntos de derecho con o sin semejanzas en los supuestos fácticos, que sirven de guía para la solución de casos posteriores.

La obligatoriedad de aplicar el precedente no es absoluta dado que la autoridad judicial puede apartarse de él en virtud de los principios de independencia y autonomía judicial, sin embargo, debe exponer clara y razonadamente los fundamentos que lo llevan a apartarse del precedente.
En los casos en que se omita esa carga argumentativa, se incurre en la causal específica de procedencia de tutela contra providencia judicial denominada defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.

La actora fundamentó concretamente este defecto, en que el Tribunal Administrativo del Atlántico desconoció que la norma aplicable en el recurso extraordinario de revisión, era el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

En este orden de ideas, la solicitud de amparo plantea una controversia sustantiva en relación con la aplicación del término de caducidad aplicable para el recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que definió sobre las cotizaciones a seguridad social del actor. Lo anterior hace necesario un breve comentario general sobre este recurso y la aplicación del término para interponerlo.

El recurso extraordinario de revisión está desarrollado en el artículo 248 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011–, y consiste en la revisión que procede contra las sentencias ejecutoriadas que sean dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso de esta Corporación, o por los Tribunales o Jueces Administrativos.

Las causales previstas en la Ley para el recurso de revisión, conforme al artículo 250 ibídem, son:

“1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión fuerza diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada”.

En relación con el término de vigencia para interponer el referido recurso, el articulo 251 ibídem dispuso un plazo general de 1 año desde la ejecutoria de la sentencia, o del fallo penal para el caso de las causales 3 y 4, o de la ocurrencia de los motivos que dan lugar a la causal 7.

Adicional a las anteriores reglas, la Ley 1437 de 2011 –CPACA-, acogió en sus artículos 248 y siguientes, el recurso de revisión de que trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Este último dispone:
“ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.” (Subraya la Sala)

Valga aclarar que, aunque el artículo 20 ibídem establece que la revisión puede ser ejercida por determinadas autoridades, la Corte indicó que las administradoras de pensiones son las primeras llamadas a velar por el buen funcionamiento del sistema financiero, razón por la cual también se les halló legitimación en la causa por activa.

Ahora bien, frente a casos concretos en los que, mediante sentencia judicial se accede a las pretensiones de ordenar la suspensión de los descuentos por concepto de aportes a salud, el Consejo de Estado ha señalado que procede la causal del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en los siguientes términos:

“(…) la Sala concluye que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander sí está incursa en la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pues al ordenar la devolución de las sumas que descontó la Caja Nacional de Previsión Social con destino a tales cotizaciones y ordenar que no se hicieran descuentos por tal concepto, respecto de la pensión gracia reconocida a favor de la señora Mariela González Mejía se dio lugar a que la referida Caja esté pagando una mesada pensional superior a la determinada por la ley”

Esta misma Corporación, en una nueva oportunidad se planteó el siguiente problema jurídico y resolvió al respecto:

“¿Se configuró la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 al considerarse que sobre la pensión gracia no proceden los aportes con destino al Sistema de Seguridad Social en Salud?
La Subsección sostendrá la siguiente tesis de que se configuró la causal de revisión prevista en el literal b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por las siguientes razones:
(…)
En la exposición de motivos del proyecto que condujo a la expedición de la Ley 797 de 2003 se observa que la misma obedeció a la necesidad «[…] de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]». Así las cosas, entre los principales propósitos de esta norma y en particular del artículo 20 ibídem estaba el de reducir el déficit fiscal y hacer del sistema pensional un sistema factible en términos económicos permitiendo la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese orden de ideas, las causales de procedencia de la acción de revisión deben interpretarse de conformidad con la teleología a la que responde dicho instrumento procesal.

Bajo ese entendido, la Sala estima que el caso objeto de estudio se enmarca dentro de tales parámetros porque lo que se ha de dilucidar, es si sobre la pensión gracia a que tiene derecho la señora Flor Ángela Quemba debe practicarse el descuento para salud propio del Sistema General de Seguridad Social que consagra la Ley 100 de 1993 y, en esa medida, si la mesada que se le paga mensualmente debe verse reducida en la misma proporción de dicho aporte a efectos de contribuir a la sostenibilidad financiera de aquel.
(…)
En conclusión, se configuró la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 porque, al ordenarse en la sentencia objeto del recurso que no se debían realizar las deducciones legales con destino a salud sobre la pensión gracia de la es titular la señora Flor Ángela Quemba, la cuantía del derecho que le fue reconocido excedió lo debido de acuerdo con la Ley 100 de 1993”.

En otra ocasión, en fallos proferidos en virtud de acciones de tutela, iniciadas por la UGPP en contra de sentencias que resolvieron en el mismo sentido que la del 31 de marzo del 2009 del sub lite, el Máximo Tribunal Contencioso declaró la improcedencia por subsidiariedad del trámite constitucional, porque la entidad actora contaba con el recurso extraordinario de revisión, en virtud de la causal del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

En conclusión, la Sala observa que, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido pacifica en aceptar que la orden de no continuar realizando deducciones por cotizaciones a la seguridad social y la devolución de saldos por lo retenido previamente, supone, en definitiva, un aumento en la suma periódica de la mesada, lo que conlleva a la aplicación del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que establece la procedibildiad del recurso extraordinario de revisión, en los casos en que las providencias judiciales “hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza”.

Caso concreto

La UGPP interpuso acción de tutela, en contra de los autos proferidos por el Tribunal Administrativo del Atlántico, del 26 de enero del 2018 que rechazó por caducidad la revisión de la sentencia del 31 de marzo del 2009, y del 3 de julio del mismo año, que confirmó en súplica.

Como sustento de estas decisiones, el Tribunal accionado indicó que la situación fáctica y jurídica puesta en su conocimiento mediante el recurso extraordinario, no se ajustó a los supuestos facticos y jurídicos del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, razón por la cual, para efectos de contabilizar el término de vigencia del referido recurso, aplicó la cláusula general del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, que dispone como plazo 1 año contado a partir de la ejecutoria de la sentencia objeto de revisión.

Esta Sala encuentra que el Tribunal enjuiciado, en efecto, incurrió en un defecto sustantivo, tanto en la providencia del 3 de julio del 2018 como en la del 26 de enero del mismo año, puesto que, conforme se evidenció en líneas precedentes, el recurso extraordinario de revisión tiene como finalidad asegurar, dentro de otras, el principio de sostenibilidad financiera, y en ese orden, una decisión judicial que acceda a suspender los descuentos por aportes a salud de la pensión gracia, podría estar reconociendo una prestación periódica superior a la determinada por Ley.

Es preciso aclarar que, son cuestiones diferentes admitir un recurso extraordinario de revisión por determinada causal, a que en la decisión de fondo se concluya que la sentencia objeto de revisión incurrió o no en la causal alegada, pues esto último tan solo ocurre, luego de agotar todas las etapas procesales, cuando se defina de fondo sobre el recurso mismo.

Esta aclaración, entonces, pone de manifiesto que la controversia sobre el rechazo del recurso deriva en un cuestionamiento sobre la garantía de acceso a la administración de justicia y el derecho al debido proceso para definir sobre el reproche elevado contra una sentencia. Esto, se reitera, no implica de modo alguno una conclusión sobre el fondo de la providencia objeto del recurso.

Al considerar los argumentos de la UGPP, se haya razón en que la causal por la cual procede el recurso interpuesto es la del artículo 20 de la ley 797 de 2003 -que fue analizada en las providencias del 26 de enero y 3 de julio del 2018-, en la medida en que, de acuerdo con lo dispuesto por la jurisprudencia citada en esta providencia, la decisión del 31 de marzo del 2009 que ordenó suspender los descuentos por concepto de salud de la pensión gracia del señor Luis Antonio Rubio de la Hoz, y devolver los descuentos hechos previamente, implica, en definitiva, un aumento en la mesada pensional que se subsume en la regla de procedibildiad definida por el mencionado artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

En ese orden, según el inciso 3 del artículo 251 del CPACA, el recurso extraordinario de revisión de que trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, puede ser ejercido dentro de los 5 años siguientes a la ejecutoria de la providencia objeto de revisión. Esta disposición debe ser aplicada, conforme a la interpretación de la sentencia SU-427 de 2016, que expresó sobre el mencionado plazo, lo siguiente:

“Así las cosas, sólo hasta la expedición del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 hubo claridad en cuanto al término para solicitar la revisión de providencias judiciales que reconocieron pensiones fundadas en abuso del derecho, por lo que esa es la disposición que debe regir la caducidad para casos como el estudiado por la Sala en esta oportunidad. En consecuencia, establecido el término de 5 años para incoar el instrumento de revisión, este Tribunal advierte que, para su contabilización, se fijó como parámetro la ejecutoria de la providencia judicial, el cual no puede servir como referente para determinar la caducidad respecto a la UGPP, en atención al estado de cosas inconstitucional que afrontaba Cajanal, por lo que la Sala estima pertinente entender que el plazo para acudir a dicho instrumento debe iniciarse a contar no antes del día en que la demandante asumió las funciones de esta última empresa, es decir, con posterioridad al 12 de junio de 2013.” (La Sala resalta)

En consecuencia, el término que debió tener en consideración el Tribunal Administrativo del Atlántico al momento de realizar el cómputo para determinar la vigencia del recurso extraordinario, fue el plazo de 5 años, que la Corte Constitucional dispuso que fuera contado a partir del 12 de junio de 2013, fecha en la que la UGPP asumió las funciones de Cajanal.

En esa medida, la Sala observa que el escrito del recurso extraordinario incoado por la Unidad en contra de la sentencia del 31 de marzo del 2009, se presentó el 10 de febrero de 2017, y que el plazo para hacerlo vencía el 12 de junio del 2018, es decir, que este fue oportuno, por lo tanto, el auto del 3 de julio de 2018 vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la UGPP.

Así las cosas, al tener en cuenta que la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia de primera instancia proferida dentro del trámite de la referencia, rechazó el amparo constitucional, esta Sala debe revocarla para, en su lugar, acceder a la pretensión de tutela.

Como consecuencia de lo anterior, la esta Sala dejará sin efectos los autos del 26 de enero y 3 de julio del 2018 del Tribunal Administrativo del Atlántico, y ordenará al despacho del magistrado Cristóbal Rafael Christiansen Martelo, que como autoridad a la que le correspondió por reparto el conocimiento del recurso extraordinario objeto de tutela, profiera una nueva decisión que se ajuste a los parámetros que aquí se fijaron en relación con la aplicación del término de caducidad del recurso extraordinario de revisión de 5 años, definido en el inciso 3 del artículo 251 del CPACA .

Valga la pena aclarar, que no hay lugar a estudiar las pretensiones subsidiarias del escrito de tutela, por cuanto la presente providencia accederá a una de las pretensiones principales, esta es, dejar sin efectos los autos del 26 de enero y 3 de julio de 2018.

Por último, conforme se explicó en el acápite de requisitos generales de este fallo, al estar en trámite el recurso extraordinario de revisión, los defectos endilgados a la decisión del 31 de marzo del 2009, no superan el requisito general de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 6 de noviembre del 2019 por la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, que rechazó por improcedente la acción de tutela y negó el amparo constitucional, en consecuencia,

SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP–, en relación con los cargos dirigidos en contra de los autos del 26 de enero y 3 de julio del 2018, proferidos por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

TERCERO: DEJAR sin efectos los autos del 26 de enero y 3 de julio del 2018, proferidos por el Tribunal accionado, por las razones expuestas en esta providencia.

CUARTO: ORDENAR al despacho del magistrado Cristóbal Rafael Christiansen Martelo del Tribunal Administrativo del Atlántico que, en el término de diez (10) días contados a partir del recibo del expediente con radicado núm. 08001233300520170015700, profiera nueva decisión en reemplazo de la providencia que rechazó la revisión, conforme a los parámetros establecidos en esta providencia.

QUINTO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción constitucional, en relación con la pretensión dirigida en contra de la sentencia del 31 de marzo de 2009, por no superar el requisito general de subsidiariedad.
SEXTO: NEGAR las demás pretensiones subsidiarias de la tutela.

SEPTIMO: ENVIAR por Secretaría General de esta Corporación el expediente con radicado núm. 08001233300520170015700 al despacho el magistrado Cristóbal Rafael Christiansen Martelo del Tribunal Administrativo del Atlántico para lo de su cargo.

OCTAVO: ENVÍAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Presidente de Sala

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Ausente con permiso

NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado

Fls. 1 a 36 del expediente de tutela. Fls. 19 a 274 del cuaderno 5 de pruebas. Expediente ordinario con radicado núm. 08001333101020080023500. Fls. 54 a 57 del cuaderno de tutela. Fls. 58 a 59 ibídem. Fls. 60 a 67 ibídem. Fls. 68 a 72 ibídem. Expediente ordinario con radicado núm. 08001233300520170015700. Fls. 1 a 12 del cuaderno 4 de pruebas. Fls. 73 a 76 del cuaderno de tutela. La Corte Constitucional, mediante sentencia SU-427 de 2016, unificó su jurisprudencia y estableció la regla que, los 5 años de vigencia del recurso previsto en el artículo 20 de la ley 797 de 2003, no podía contabilizarse en los casos iniciados por la UGPP, desde antes del 12 de junio del 2013, porque a partir de esta fecha fue que la entidad prestacional asumió la defensa judicial de los asuntos a cargo de Cajanal. Fls. 378 a 381 del cuaderno 4 de pruebas. Fls. 384 a 394 ibídem. Fls. 1 al 36 del cuaderno de tutela. Escrito de tutela visible del folio 1 al 36 del cuaderno principal de tutela. Fls. 93 y 94 ibídem. Fls. 100 y 101. Fls. 103 al 105 ibídem. Fls. 121 a 125 ibídem. Al respecto ver, entre otras, las sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015. Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n. º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, entre otras. Corte Constitucional, sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Corte Constitucional, sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos y T-458 de 29 de agosto de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sentencia T-031 de 2016. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto del 2014, radicado núm. 11001031500020120220101 (IJ). Artículo 14 ibídem: i) exponer con claridad los hechos y derechos que motiva la acción; ii) identificación del accionante y autoridad demandada; iii) Declaración juramentada de no haber interpuesto otra acción por los mismos hechos y derechos. La sentencia citada dijo: “(…) En la Sentencia C-590 de 2005, posición que se adopta de manera expresa en la presente providencia, la Corte señaló como requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela (…)”. Consejo de Estado, sentencia del 15 de diciembre de 2015, expediente de tutela 11001031500020150182801, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU, 168 de 2017 y SU-210 de 2017. Corte Constitucional, sentencia T-328 de 13 de agosto de 2018, M.P. Cristina Pardo Schlesinger. En relación con el valor normativo del precedente jurisprudencial, ver sentencias C-621 de 2015, C-539 de 2011 y C-836 de 2001. Corte Constitucional, sentencia T-714 de 17 de octubre de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. El Acto Legislativo 1 del 2005, que adicionó el artículo 48 Constitucional, previó que la Ley debía establecer un procedimiento breve para la revisión de las sentencias judiciales que reconocían una pensión, con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos de ley, entre otros.

De acuerdo con lo manifestado en la sentencia SU-427 del 2016 de la Corte Constitucional, este mandato no ha tenido un desarrollo específico, por lo que se ha recurrido - Sentencia C-258 del 2013- al artículo 20 de la Ley 797 de 2003 para que las administradoras de pensiones puedan hacer uso del procedimiento breve ordenado en el acto legislativo. Sentencia SU-427 del 2016. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de junio del 2018, radicado núm. 11001-03-25-000-2013-00901-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de junio del 2018, radicado núm. 11001-03-25-000-2013-00843-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de octubre del 2017, radicado núm. 68001-23-33-000-2017-00986-01(AC).
“Hechos relevantes
(…)
El 22 de junio de 2012 el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bucaramanga accedió a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social abstenerse de continuar descontando de la pensión gracia de la demandante un porcentaje mayor al 5 % como cotización por concepto de salud.
(…)
Por otra parte, en relación con el requisito de subsidiariedad, se advierte que el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 determinó que contra las providencias que decreten el reconocimiento de sumas periódicas o pensiones que se impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza privada, pueden ser revisadas. Por tanto, la UGPP tiene hasta el 13 de junio de 2018 para solicitar la revisión de las providencias censuradas, en aplicación a lo dispuesto en la sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional.”
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 19 de octubre del 2017, radicado núm. 11001031500020170139101 (AC).
“La tutela la ejercitó la UGPP con el fin de obtener la protección transitoria de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, en conexidad con el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, en razón a que tales providencias dictadas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho declararon y confirmaron, respectivamente, la nulidad parcial de la Resolución UGM 025793 de 2009 y ordenaron la devolución de las sumas que por concepto de aportes a salud se le descontaron al pensionado.
(…)
Sumado a lo anterior, tampoco se encuentra acreditado el requisito de subsidiariedad que el a quo consideró para declarar la improcedencia de la tutela. Ello en razón a que conforme lo reconoce la UGPP, la entidad pagadora de la pensión gracia del señor Ríos Chaparro, cuenta con el recurso extraordinario de revisión establecido en el artículo 248 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, bajo la causal especial del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para atacar el monto reconocido y los descuentos autorizados frente a dicha prestación. Es precisamente este medio de defensa de naturaleza extraordinaria el que consideró el legislador para revisar las sentencias judiciales cuando los montos de reconocimiento pensional no se ajusten a la ley y por ende, causen un grave perjuicio al erario y afecten la sostenibilidad financiera del sistema pensional.
(…)”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del: 28 de noviembre del 2018, radicado núm. 11001-03-25-000-2013-01457-00, 21 de junio del 2018, radicados núms. 11001-03-25-000-2013-01391-00, 11001-03-25-000-2013-00937-00 y 11001-03-25-000-2014-00053-00, 17 de mayo del 2018, radicado núm. 11001-03-25-000-2013-00511-00; Subsección B, sentencias del 26 de enero del 2017, radicado núm. 16 de agosto del 2018, radicado núm.

11001-03-25-000-2014-00238-00.
“En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.”

Radicación número: 11001031500020180345001
Actor: UGPP

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