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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-03468-00

Improcedencia de la acción de tutela contra providencia judicial: existencia de otro medio de defensa judicial

Fecha
21 de noviembre de 2018
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Vélez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-03468-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. RECHAZAR por improcedente el amparo deprecado dentro de la acción de tutela interpuesta por el señor Gerardo Tovar Vanegas contra el Tribunal Administrativo del Huila, Juzgado Noveno Administrativo de Neiva y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR esta providencia por telegrama o por el medio más expedito de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados. TERCERO. En acatamiento de las disposiciones del artículo 31 ibídem, DE NO SER IMPUGNADA dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2018-03468-00

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez

21 de noviembre de 2018

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Existencia de otro medio de defensa judicial / PROCESO EJECUTIVO

[S]e tiene que el presente recurso de amparo no es procedente en tanto se incumple con la subsidiariedad como requisito general de procedencia (…) En el proceso judicial adelantado entre el [accionante] y la UGPP, se adelantaron las actuaciones y etapas procesales correspondientes hasta emitir los respectivos pronunciamientos judiciales de fondo, frente a los cuales el interesado no manifiesta inconformidad alguna y, en todo caso, contó con las oportunidades y recursos pertinentes. Ahora bien, a través de la Resolución (…) de 24 de julio de 2018, la UGPP dio cumplimiento a los pronunciamientos de los jueces de lo contencioso administrativo, de tal manera, si el tutelante considera que, aun así, la referida entidad no ha dado cumplimiento a la orden del juez contencioso, cuenta con la posibilidad de acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, en ejercicio del proceso ejecutivo para obtener el cumplimiento de la obligación reconocida en su favor, por parte de la entidad demandada.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-03468-00(AC)

Actor: GERARDO TOVAR VANEGAS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Y OTROS

La Sala procede a decidir la acción de tutela presentada por el señor Gerardo Tovar Vanegas, a través de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Huila, el Juzgado Noveno Administrativo de Neiva y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, por proferir las providencias de 7 de marzo de 2018 y 15 de febrero de 2017, respectivamente, con las que negaron las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso contra la última entidad mencionadas, así como el acto administrativo que dio cumplimiento a la orden judicial emitida, lo cual considera vulneratorio de su derecho fundamental al debido proceso.

I. EL ESCRITO DE TUTELA

Para una mejor comprensión del asunto, la Sala se permite resumir de la siguiente forma los supuestos fácticos y jurídicos planteados por la parte demandante:
Manifestó que agotó la vía gubernativa ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social con el fin de obtener el reconocimiento de una indemnización sustitutiva, pero la referida entidad dio respuesta negativa a sus pedimentos.

Señaló que interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP, con el fin de cuestionar los actos administrativos con los que se negaron sus peticiones, cuyo conocimiento asumió el Juzgado Noveno Administrativo de Neiva, quien, mediante la providencia de 15 de febrero de 2017, accedió a las súplicas del líbelo introductorio, en su sentir, sin tener en cuenta los intereses moratorios e indemnizatorios que son imprescriptibles, así como la condena en costas de la parte derrotada.

Contó que las partes presentaron recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Huila, a través de sentencia de 7 de marzo de 2018, con la que confirmó la decisión judicial del a quo, pero revocó la condena en costas.

Indicó que la UGPP emitió la Resolución RDP 030096 de 24 de julio de 2018, a través de la que liquidó la indemnización sustitutiva de una pensión de sobrevivientes por valor de $1´942.339, la cual no se le ha pagado y, en todo caso, a su parecer, no cumple con lo ordenado por los jueces contenciosos, en atención a la falta de indexación, después de lo cual, en su concepto, la suma adeudada ascendería a $50´357.789,87.

Argumentó que sus derechos fundamentales fueron vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, en la medida en que incurrieron en vía de hecho por defecto fáctico, en tanto, a su entender, la indemnización sustitutiva de pensión de sobrevivientes no fue liquidada adecuadamente.

Pretensión

Como consecuencia de lo anterior, solicitó:
«[…] 2.- Que se REVOQUE y quede Sin Efecto Jurídico en su Totalidad la Providencia Administrativa de la Resolución No. RDP 030096 del 24 de Julio de 2018 proferida por el funcionario público en referencia de la entidad de la U.G.P.P. de conformidad como se expone y se fundamenta anteriormente en este escrito de Tutela.

3.- Que al ser vinculados los dos administradores de Justicia que conocieron y decidieron en Primera y Segunda Instancia que si a bien lo Consideran se les solicita con todo respeto de emitir al Juzgado Noveno Administrativo Oral de Neiva la respectiva Liquidación de Indemnización Sustitutiva de Pensión de Sobrevivientes debidamente Indexada y actualizada conforme al proferir la Sentencia Judicial de primera instancia el 15 de Febrero de 2017 bajo el radicado 2015-232-00 y de igual manera con todo respeto si lo Considera el Honorable Tribunal Contencioso Administrativo del Huila del señor M.P. Dr. GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA bajo el radicado 2015-232-01 al Confirmar Parcialmente su Decisión en segunda instancia favorable al accionante Gerardo Tovar Vanegas contra la U.G.P.P., nos colabore también el Honorable Tribunal con una Liquidación de Indemnización Sustitutiva de Pensión de Sobrevivientes de sus respetable Decisión en el Fallo Judicial en segunda instancia que motiva de Indexación y Actualizada conforme al articulado 187 CPACA. […]».

II. ACTUACIÓN PROCESAL DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante auto de 25 de septiembre de 2018, el despacho sustanciador del presente asunto en primera instancia admitió la acción de tutela ejercida por el señor Gerardo Tovar Vanegas, a través de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Huila, el Juzgado Noveno Administrativo de Neiva y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP por lo que ordenó su notificación como demandados, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 y concordantes del Decreto 2591 de 1991.

Igualmente, de acuerdo a las disposiciones de los artículos 21 y 22 Ibídem., se solicitó a las mencionadas autoridades judiciales enviar copia del expediente en el que se tramitó el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el accionante contra la UGPP, con radicado 2015-00232.

III. INFORME RENDIDO EN EL PROCESO

3.1. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.

El director jurídico de la mencionada entidad solicitó declarar la improcedencia del amparo deprecado, en atención a que no se cumplen los requisitos legales y jurisprudenciales de procedencia de la acción de tutela. Lo anterior, afirmó, por cuanto el actor pretende eximirse de hacer uso de los mecanismos de defensa judicial idóneos para cuestionar un acto administrativo en firme y, de otro lado, la acción de tutela no es la vía adecuada para reclamar prestaciones económicas, menos cuando no se evidencia un perjuicio irremediable.

3.2. Tribunal Administrativo del Huila y el Juzgado Noveno Administrativo de Neiva.

Durante el término de traslado dispuesto las autoridades judiciales mencionadas no se pronunciaron respecto a los supuestos narrados en el escrito de tutela.

IV. CONSIDERACIONES

Atendiendo a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) Competencia; ii) Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos y, iii) Caso concreto.

4.1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 2° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, en cuanto estipula que: «[…] Cuando la acción de tutela se promueva contra un funcionario o corporación judicial, le será repartida al respectivo superior funcional del accionado […]» esta Sala es competente para conocer de la presente acción constitucional contra el Tribunal Administrativo de Huila, Juzgado Noveno Administrativo de Neiva y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

4.2. Cuestión previa.

El presente asunto fue remitido a esta corporación judicial, en la medida en que la parte actora incluyó como accionados al Tribunal Administrativo del Huila y al Juzgado Noveno Administrativo de Neiva en el escrito de tutela, por lo cual los funcionarios encargados del reparto asumieron que el superior funcional de los mencionados es el competente para conocer del asunto, de tal forma a fin de no dilatar el trámite del asunto se decidirá sobre el mismo.

Sin embargo, esta Sala de decisión observa que aun cuando las referidas autoridades fueron incluidas en el libelo introductorio, los fundamentos del reclamo constitucional formulado, así como las pretensiones del mismo, no están dirigidos a cuestionar las providencias emitidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho incoado contra la UGPP, con radicado 201500232, sino el acto administrativo que esta última expidiera para dar cumplimiento a la condena impuesta por el juez contencioso administrativo.

4.3. Procedencia de la acción de tutela.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo judicial, preferente para la defensa de los derechos fundamentales, de carácter subsidiario. La subsidiariedad significa que la acción procede únicamente en alguna de las siguientes hipótesis: i) cuando no existen mecanismos judiciales de defensa para proteger un derecho constitucional; ii) cuando existen esos medios de defensa pero, en el marco del caso concreto, no resultan idóneos o eficaces para conjurar la amenaza o violación del derecho; o, iii) cuando la acción se interpone como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio iusfundamental irremediable.

La Corte Constitucional en Sentencia T-187 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, manifestó que la acción de tutela es subsidiaria y, por tanto, no sustituye los mecanismos procesales ofrecidos por el ordenamiento jurídico para defender los intereses de los particulares. Al respecto, precisó que:

«[…] La acción de amparo es un mecanismo preferente y sumario que busca dar protección privilegiada a los derechos fundamentales de las personas cuando los mismos se vean amenazados por una autoridad pública con su acción u omisión y excepcionalmente cuando se vean conculcados por un particular.

De igual manera la acción de tutela, por su naturaleza, opera de manera subsidiaria y residual, lo que implica que para su procedencia el accionante debe i) carecer de un mecanismo de defensa judicial o carezca de eficacia o ii) estar ante la ocurrencia de un perjuicio irremediable y el amparo se promueva como mecanismo transitorio. […]» (Subrayas fuera del texto).

Dentro de este marco normativo es incuestionable que la acción de tutela contra actos administrativos generales (artículo 6º numeral 5º del Decreto 2591 de 1991) y contra actos administrativos particulares, es, en principio, improcedente, en la medida en que el ordenamiento constitucional y legal ha establecido mecanismos ordinarios de defensa, dotados de todas las garantías que ofrece el derecho al debido proceso con el objeto de discutir la legalidad de los mismos y, en muchos eventos la pretensión de restarle validez a los mismos sólo se consigue previo análisis legal especializado, que no es competencia del Juez Constitucional.  Frente al asunto aquí referido la Corte Constitucional en la Sentencia T-548 de 2010, M.P. Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestó:

“[…] Debido a lo anterior, en reiterada jurisprudencia se ha establecido la improcedencia de la tutela contra actos administrativos de contenido particular y concreto, pues para controvertir estos actos se tiene la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se ejerce ante la jurisdicción contencioso administrativa “gracias a la cual el interesado puede solicitar la suspensión provisional del acto que infringe la vulneración a los derechos cuya protección se invoca. […]”.

Pese a lo anterior, el Juez de tutela, por excepción, puede suspender la aplicación de estos actos administrativos en los siguientes eventos: como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, cuando éste se alegue y se pruebe dentro del proceso por la parte accionante [artículo 8º del Decreto 2591 de 1991], o como mecanismo definitivo, cuando la acción principal no sea eficaz e idónea para la defensa judicial de quien demanda.  Al respecto, en la providencia T-244 de 2010, M.P. Doctor Luis Ernesto Vargas Silva, se afirmó:

“[…] En este orden de ideas, la Corte ha decantado dos supuestos excepcionales en los cuales el carácter de subsidiario de la acción de tutela no impide su utilización, a pesar de existir mecanismos alternos de defensa judicial al alcance del interesado. La primera de esas excepciones se encuentra prevista en el artículo 86 Superior, la cual se presenta cuando la tutela se ha interpuesto como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; la segunda, se configura cuando el otro medio de defensa existe, pero en la práctica es ineficaz para amparar el derecho fundamental cuya protección se invoca, excepción que no emana directamente de la Constitución, pero ha sido introducida por la jurisprudencia de esta Corporación. […]”.

El perjuicio irremediable, a su turno, se ha entendido como aquel que presenta las características de inminente, esto es que amenaza o está por suceder; urgente, en relación con las medidas a adoptar para evitar la consumación del mismo aplicando para el efecto un criterio de proporcionalidad; grave, relacionado con el bien jurídico protegido por el ordenamiento y que es objetivamente [determinado o determinable] relevante para el afectado e, impostergable, lo que determina que la tutela sea adecuada para el restablecimiento del orden social justo en su integridad.

Del mismo modo, la existencia real de un mecanismo de defensa debe ser analizado frente a las circunstancias del caso que se plantee, pues su sola procedencia legal no lo hace eficaz e idóneo en todos los asuntos. Este aspecto, pues, también le corresponde ser valorado por el juez constitucional y determina, se reitera, los efectos del fallo de tutela.

Del caso concreto.

En el sub examine y con el objeto de resolver el asunto planteado se evidencia que fueron aportados distintos medios probatorios al expediente de los cuales se puede establecer que:

• A través de la Resolución RDP 032883 de 2014, la UGPP le negó al señor Gerardo Tovar Vanegas el reconocimiento y pago de una indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de la señora María Eugenia Espinoza Guzmán.

• Mediante la Resolución RDP 037505 de 2014 resolvió un recurso de reposición de manea desfavorable, es decir, confirmando en todas sus partes el mencionado acto administrativo. En el mismo sentido se pronunció la Resolución 003105 de 27 de enero de 2015 que desató el recurso de alzada respectivamente.

• El señor Gerardo Tovar Vanegas interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Noveno Administrativo de Neiva, el cual, a través de Providencia de 15 de febrero de 2017, resolvió declarar la nulidad de los actos administrativos atacados, ordenar a la UGPP reconocer y pagar la indemnización sustitutiva de pensión de sobrevivientes de acuerdo con las semanas debidamente acreditadas, aplicando lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 y la respectiva indexación, además de condenar en costas a la parte demandada.

• Las partes apelaron el pronunciamiento del juez de primera instancia, por lo que el Tribunal Administrativo del Huila, mediante Sentencia de 7 de marzo de 2018, revocó la condena en costas pero confirmó en todo lo demás la decisión judicial de primera instancia.

• A través de la Resolución RDP 030096 de 24 de julio de 2018, la UGPP dio cumplimiento a los pronunciamientos de los jueces de lo contencioso administrativo, reconociéndole el pago de una indemnización sustitutiva de pensión de sobreviviente al señor Gerardo Tovar Vanegas por valor de $1´942.339. Lo anterior, efectuando las siguientes aclaraciones:

«[…] ARTÍCULO TERCERO: Se le advierte al interesado (a) que para efecto de incluir en nómina el retroactivo, si a ello hubiere lugar en virtud del cumplimiento del fallo al (sic) de que trata esta resolución, previamente el área de nómina deberá validar con la Dirección Jurídica que no existan pagos efectuados como consecuencia de un proceso ejecutivo, no que se encuentra en curso proceso ejecutivo alguno por este mismo concepto, caso en el cual deberá efectuar las compensaciones necesarias.

ARTÍCULO CUARTO: El Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional en cumplimiento al fallo objeto del presente acto administrativo, pagara la indexación ordenada en el artículo 187 del CPACA a favor del interesado (a). […]».

Teniendo en cuenta los diferentes puntos de derecho expuestos en los acápites anteriores, así como los supuestos debidamente acreditados a través de los medios probatorios allegados a la litis constitucional, se tiene que el presente recurso de amparo no es procedente en tanto se incumple con la subsidiariedad como requisito general de procedencia de la manera que a continuación pasa a exponerse.

• En el proceso judicial adelantado entre el señor Gerardo Tovar Vanegas y la UGPP, se adelantaron las actuaciones y etapas procesales correspondientes hasta emitir los respectivos pronunciamientos judiciales de fondo, frente a los cuales el interesado no manifiesta inconformidad alguna y, en todo caso, contó con las oportunidades y recursos pertinentes.

Ahora bien, a través de la Resolución RDP 030096 de 24 de julio de 2018, la UGPP dio cumplimiento a los pronunciamientos de los jueces de lo contencioso administrativo, de tal manera, si el tutelante considera que, aun así, la referida entidad no ha dado cumplimiento a la orden del juez contencioso, cuenta con la posibilidad de acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, en ejercicio del proceso ejecutivo para obtener el cumplimiento de la obligación reconocida en su favor, por parte de la entidad demandada. Lo anterior, conforme lo preceptúa el artículo 297 y subsiguientes del C.P.A.C.A.:

«[…] ARTÍCULO 297. TÍTULO EJECUTIVO. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.

2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible.
3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.

4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar.
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ARTÍCULO 298. PROCEDIMIENTO. En los casos a que se refiere el numeral 1 del artículo anterior, si transcurrido un (1) año desde la ejecutoria de la sentencia condenatoria o de la fecha que ella señale, esta no se ha pagado, sin excepción alguna el juez que la profirió ordenará su cumplimiento inmediato.

En los casos a que se refiere el numeral 2 del artículo anterior, la orden de cumplimiento se emitirá transcurridos seis (6) meses desde la firmeza de la decisión o desde la fecha que en ella se señale, bajo las mismas condiciones y consecuencias establecidas para las sentencias como título ejecutivo. El juez competente en estos eventos se determinará de acuerdo con los factores territoriales y de cuantía establecidos en este Código.
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ARTÍCULO 299. DE LA EJECUCIÓN EN MATERIA DE CONTRATOS Y DE CONDENAS A ENTIDADES PÚBLICAS. Salvo lo establecido en este Código para el cobro coactivo a favor de las entidades públicas, en la ejecución de los títulos derivados de las actuaciones relacionadas con contratos celebrados por entidades públicas, se observarán las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Civil para el proceso ejecutivo de mayor cuantía.

Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en la liquidación o pago de una suma de dinero serán ejecutadas ante esta misma jurisdicción según las reglas de competencia contenidas en este Código, si dentro de los diez (10) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia la entidad obligada no le ha dado cumplimiento. […]».

• No obstante, en atención a lo afirmado en párrafos anteriores, debe abordarse la posibilidad de que el mecanismo Constitucional sea viable como mecanismo transitorio, ante la posible existencia de un perjuicio irremediable.

Al respecto, se advierte que el actor no argumentó la configuración de afectación irreparable alguna y esta Sala de decisión tampoco lo evidencia así, máxime si se tiene en cuenta que a aquel le fue reconocido un monto de dinero por concepto de la referida indemnización sustitutiva de pensión de sobrevivientes.

Por último, de acuerdo al análisis realizado, no se observa que con la decisión aquí cuestionada se afecten los derechos fundamentales invocados, por lo que la acción continúa siendo improcedente incluso como mecanismo transitorio, máxime si, como se sostuvo previamente, no se observa la inminencia de un perjuicio irremediable.

Bajo las precisas razones que se expusieron dentro de esta providencia, se rechazará por improcedente el amparo deprecado dentro de la acción de tutela interpuesta por el señor Gerardo Tovar Vanegas contra el Tribunal Administrativo del Huila, Juzgado Noveno Administrativo de Neiva y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

V. FALLA

PRIMERO. RECHAZAR por improcedente el amparo deprecado dentro de la acción de tutela interpuesta por el señor Gerardo Tovar Vanegas contra el Tribunal Administrativo del Huila, Juzgado Noveno Administrativo de Neiva y la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR esta providencia por telegrama o por el medio más expedito de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

TERCERO. En acatamiento de las disposiciones del artículo 31 ibídem, DE NO SER IMPUGNADA dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER
El proceso de la referencia subió al Despacho con informe de Secretaría General de la Corporación de 31 de octubre de 2018.
Folios 1 a 9.
De ahora en adelante UGPP.
Visible de folio 39 vto. del cuaderno principal.
Folios 44 a 49 vto.
Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
Al respecto, ver las Sentencias T- 300 de 2010, T-1316 de 2001; T.225 de 1993, entre otras. La primera se refirió al concepto es estudio en los siguientes términos: “que (i) se esté ante un perjuicio inminente o próximo o suceder, lo que exige un grado suficiente de certeza respecto de los hechos y la causa del daño; (ii) el perjuicio debe ser grave, esto es, que conlleve la afectación de un bien susceptible de determinación jurídica, altamente significativo para la persona; (iii) se requieran de medidas urgentes para superar el daño, las cuales deben ser adecuadas frente a la inminencia del perjuicio y, a su vez, deben considerar las circunstancias particulares del caso; y (iv) las medidas de protección deben ser impostergables, lo que significa que deben responder a condiciones de oportunidad y eficacia, que eviten la consumación del daño irreparable.”.

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