Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-03514-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2018-03514-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Acción de tutela contra providencia judicial: ausencia de vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la…
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-03514-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2018-03514-00
Consejero ponente: Mauricio Alfredo Plazas Vega (Conjuez)
14 de diciembre de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Ausencia de vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad / SENTENCIA DE REEMPLAZO - No incurrió en la vía de hecho
La [actora], por medio de la presente acción de tutela, pretende que se le amparen los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, que presuntamente le fueron vulnerados por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, con ocasión de la expedición de la sentencia de fecha 14 de febrero de 2018, que reemplazó la proferida el 16 de marzo de 2017, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el número 250002342000201201313 01, que adelantó contra la DIAN en procura de que se le reconociera el beneficio de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada. […]. [L]a Sala encuentra que, contrario a lo afirmado por la accionante, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, en la sentencia impugnada, sí tuvo en cuenta las órdenes impartidas por el juez de tutela, como se evidencia el hecho de que incluyó un acápite denominado “Sobre la valoración de la Resolución 02453 del 30 de mayo de 1990”, en el que se analizó en detalle dicha prueba y, adicionalmente, se ocupó de estudiar los requisitos exigidos para obtener el beneficio de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada. Cosa distinta es que la accionada, luego de evaluar el acervo probatorio, haya concluido que la accionante no cumple con tales requisitos, aspecto frente al cual esta Sala de Conjueces no tiene competencia alguna para abordarlo, por los motivos anotados anteriormente. (…). Siendo así, considera la Sala que la sentencia de reemplazo, ahora cuestionada en esta nueva acción de tutela, no incurrió en la vía de hecho que se le endilga, sino que con ella se dio estricto cumplimiento al fallo de tutela proferido dentro de la acción radicada bajo el número 11001-03-15-000-2017-02232-00, razón por la cual no encuentra motivo alguno para dejarla sin efecto. Con base en los anteriores argumentos, la Sala considera que no hay lugar a acoger las pretensiones formuladas por la accionante en su escrito de tutela.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE CONJUECES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION CUARTA
Consejero ponente: MAURICIO ALFREDO PLAZAS VEGA – Conjuez
Bogotá D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-03514-00(AC)
Actor: LILIANA ASTRID MEJÌA PAZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “B”
ACCION DE TUTELA
Decide la Sala el impedimento propuesto por los Consejeros de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, doctores MILTON CHAVES CARCÍA, STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO, JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ y JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ, para conocer de la presente acción de tutela instaurada con ocasión de la expedición de la sentencia de fecha febrero 14 de 2018, proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, mediante la cual se dio cumplimiento al fallo emitido por los Consejeros de la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro de la acción de tutela entablada inicialmente por la parte actora.
I. ANTECEDENTES
1. La accionante acudió ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para ejercitar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto por el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contra los actos administrativos emitidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-, que le negaron el reconocimiento y pago de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada (Proceso No.250002342000201201313 01).
2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia de primera instancia, negó las pretensiones de la demanda, aduciendo que la Dra. Mejía no cumplió con los tres años de experiencia altamente calificada antes del 11 de julio de 1997, porque, según expone la accionante, no encontró dentro del expediente la certificación que así lo acreditaba.
3. Contra la aludida sentencia se interpuso recurso de apelación que fue resuelto por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante fallo que confirmó la sentencia de primera instancia, pero por una razón distinta, relacionada con la inscripción en el sistema específico de carrera administrativa luego de superar las etapas de un concurso de méritos.
4. Como quiera que, según narra la accionante, dentro del plenario obraba la prueba que demostraba que se había vinculado a la DIAN luego de superar las etapas del concurso de méritos, entabló la acción de tutela que fue radicada con el número 11001-03-15-000-2017-02232-00.
5. La referida acción de tutela, fue conocida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que, mediante sentencia del 23 de noviembre de 2017, concedió el amparo solicitado y ordenó a la Sección Segunda, Subsección B de la misma Corporación, proferir nueva sentencia en la que se valoraran las pruebas que en la sentencia inicial no fueron tenidas en cuenta y, en particular, la resolución 02453, del 30 de mayo de 1990.
6. La Sección Segunda, Subsección B, dentro del término de 30 días contados a partir de su notificación del fallo de la Sección Cuarta en el que se señaló ese término, profirió nueva sentencia en la que valoró la resolución No. 02453 del 30 de mayo de 1990 y, además, concluyó que la accionante no cumplía con todos los requisitos para ser beneficiaria de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada.
7. La sentencia de tutela fue impugnada y posteriormente confirmada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante fallo del 15 de marzo de 2018.
8. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, obedeciendo lo resuelto, profirió, con fecha 14 de febrero de 2018, nueva sentencia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, a fin de reemplazar el fallo del 16 de marzo de 2017 y, en ella, volvió a negar las pretensiones de la demanda, ya no por los motivos inicialmente invocados, sino porque, a su juicio, no se acreditaron los requisitos exigidos para obtener el beneficio de la prima técnica en el cargo de profesional.
9. La nueva sentencia, a criterio de la accionante, no cumplió con la orden de tutela impartida, razón por la cual tramitó incidente de desacato que no prosperó al considerase que la Sección Segunda profirió la nueva sentencia dentro de la oportunidad conferida para el efecto y que existen otros medios para lograr su cumplimiento.
10. Ahora, la accionante entabla esta nueva acción de tutela contra la sentencia que reemplazó la inicialmente proferida, al considerar que se violaron sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, lo cual se ocupa de sustentar en su escrito.
11. Los Consejeros de la Sección Cuarta de la Corporación, MILTON CHAVES CARCÍA, STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO, JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ y JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ, manifestaron su impedimento para conocer del asunto debido a que suscribieron la sentencia del 23 de noviembre de 2017, proferida en primera instancia dentro de la acción de tutela radicada con el número 11001-03-15-000-2017-02232-00, con lo cual se configuró la causal de impedimento prevista en el numeral 6° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, aplicable al caso por remisión del artículo 39 del decreto 2591 de 2001.
Aclararon los Honorables Consejeros que si bien no dictaron la sentencia cuestionada, sí participaron en el proceso de tutela que le dio origen, luego la providencia objeto de reproche es una extensión del proceso que culminó con el fallo de tutela que conocieron previamente.
12. Los Consejeros de la Sección Cuarta, mediante providencia del pasado 18 de octubre, ordenaron proceder al sorteo de los conjueces que los reemplacen en el presente caso.
13. Dando cumplimiento al auto anteriormente mencionado, el dos (2) de noviembre de 2018 fuimos escogidos por sorteo los conjueces LUCY CRUZ DE QUIÑONES, EFRAÍN GÓMEZ CARDONA JESÚS MARINO OSPINA MENA y MAURICIO ALFREDO PLAZAS VEGA, el último de los cuales en condición de Ponente.
II. EL IMPEDIMENTO MANIFESTADO POR LOS INTEGRANTES DE LA SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO
Como ya se indicó, los integrantes de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, doctores MILTON CHAVES CARCÍA, STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO, JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ y JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ, manifestaron su impedimento para conocer del asunto, por cuanto suscribieron la sentencia del 23 de noviembre de 2017, proferida en primera instancia dentro de la acción de tutela radicada con el número 11001-03-15-000-2017-02232-00, con lo cual se configuró la causal de impedimento prevista en el numeral 6° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, aplicable al caso por remisión del artículo 39 del decreto 2591 de 2001.
La norma citada, dispone:
“Artículo 56. Causales de impedimento. Son causales de impedimento:
(…)
6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea cónyuge o compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar. (…)”.
Una vez analizada la situación, la Sala encuentra que le asiste la razón a los Consejeros de la Sección Cuarta, porque, en efecto, suscribieron la sentencia de tutela a que se hizo referencia, concediendo el amparo solicitado y ordenando a la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado que profiriera nueva sentencia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por la accionante contra la DIAN, circunstancia que afecta su imparcialidad frente a esta nueva acción de tutela en la que se cuestiona, precisamente, la sentencia proferida en cumplimiento de lo ordenado por la Sección.
En consecuencia, por encontrarse plenamente acreditada la causal invocada, la Sala acepta el impedimento propuesto por los Magistrados de la Sección Cuarta.
De otra parte, considera la Sala que, por razones de economía procesal y teniendo en cuenta que la acción se tramita ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, resulta aplicable al caso el artículo 131 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual, cuando el impedimento comprenda a todos los integrantes de una Sección del Consejo de Estado, la Sala que decida el impedimento, en caso de encontrarlo fundado, avocará el conocimiento del proceso.
Obrando de conformidad, la Sala de Conjueces procede a continuación a decidir sobre el tema de fondo planteado en la tutela.
III. PRETENSIONES DE LA ACCIÓN DE TUTELA
La doctora LILIANA ASTRID MEJÍA PAZ, por medio de la presente acción de tutela, pretende que se le amparen los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, que presuntamente le fueron vulnerados por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, con ocasión de la expedición de la sentencia de fecha 14 de febrero de 2018, que reemplazó la proferida el 16 de marzo de 2017, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el número 250002342000201201313 01, que adelantó contra la DIAN en procura de que se le reconociera el beneficio de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada.
A criterio de la accionante, la nueva sentencia, que volvió a negar las pretensiones de la demanda, no cumplió con la orden de tutela impartida, razón por la cual solicita dejarla sin efectos y, en su lugar, emitir otra sentencia que tenga en cuenta todo el material probatorio.
IV. LA PROVIDENCIA MATERIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Como ya se señaló, en la nueva sentencia proferida por la entidad accionada, se volvieron a negar las pretensiones de la demanda, al establecerse que no se acreditaron los requisitos exigidos para obtener el beneficio de la prima técnica materia del debate.
Por las razones que más adelante se exponen, considera la Sala que no hay lugar a abordar el tema de fondo debatido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y, para efectos de esta acción de tutela, se limita a precisar lo siguiente:
Según manifiesta la propia accionante, en el fallo de tutela proferido el 23 de noviembre de 2017, se le concedió el amparo solicitado y se dispuso:
“Ordenar al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B que, en el término de 30 días contados a partir de la notificación de la presente providencia, profiriera nueva sentencia en la que valore la Resolución 02453 del 30 de mayo de 1990 y, además, verifique si la señora Liliana Astrid Mejía Paz cumple todos los requisitos para ser beneficiaria de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada”. (Negrilla y subraya fuera de texto).
Revisada la sentencia impugnada, encuentra la Sala que, en la sentencia de reemplazo, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, obedeciendo lo resuelto, incluyó un acápite denominado “Sobre la valoración de la Resolución 02453 del 30 de mayo de 1990”, en el que se analiza en detalle dicha prueba.
Así mismo, la entidad accionada efectuó un juicioso análisis sobre los requisitos exigidos para obtener el beneficio de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada, antes de concluir que la accionante no los cumplía.
Siendo así, considera la Sala que la sentencia de reemplazo, ahora cuestionada en esta nueva acción de tutela, fue proferida teniendo en cuenta las órdenes impartidas por el Juez de tutela.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
El constituyente de 1991 consagró, en el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela como un mecanismo de defensa del cual goza toda persona para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando resulten vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública.
Tal como lo ha sostenido la jurisprudencia de las Altas Cortes, el mecanismo de la tutela no constituye una tercera instancia ni puede sustituir la jurisdicción ordinaria.
Al respecto, sostuvo la Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1992:
“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece -con la excepción dicha- la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales”.
De igual manera, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, manifestó en sentencia del 1° de julio de 2008:
“Con este orden de ideas, el hecho de que uno de los requisitos de habilitación de la acción de amparo contra providencias judiciales radique en la definición de un asunto de estricto contenido constitucional, desecha la posibilidad de someter al conocimiento del juez de tutela otros que no tengan ese carácter, pues es preciso recordar que la acción de tutela no es un mecanismo que tenga como objetivo revivir términos, ni subsanar errores de los sujetos procesales o de las personas; menos, para sustituir a la jurisdicción ordinaria y convertirse en una tercera instancia, (…)”.
Siendo así, la competencia del Juez Constitucional para declarar la ocurrencia de una vía de hecho en una providencia judicial dictada por el juez natural del asunto, no puede invadir los dominios funcionales del juez natural, quien también ejerce una competencia de origen constitucional, porque uno de los pilares esenciales de un Estado Social de Derecho está constituido por el principio de separación de poderes y la estricta observancia de las competencias que la Constitución y la ley asignan a cada funcionario.
No puede dejarse de lado que el ordenamiento colombiano sólo prevé, por regla general, dos instancias para los procesos judiciales, lo que se traduce en que no puede el Juez, ni siquiera el Juez Constitucional, crear una instancia adicional para resolver allí cualquier reclamo de una de las partes, sobre aspectos de simple interpretación normativa o debates probatorios carentes de relevancia constitucional.
Dentro de ese contexto, como bien lo han precisado las Altas Cortes en su jurisprudencia, el ámbito de las acciones de tutela contra providencias judiciales queda reducido a aquellos casos en que la decisión adoptada por el Juez Natural resulte abiertamente opuesta a los valores y principios de la Carta, al punto de vulnerar derechos fundamentales.
En el caso concreto, las actuaciones adelantadas por la accionante hasta la fecha han estado rodeadas de plenas garantías constitucionales, al punto que obtuvo el amparo solicitado en la acción de tutela radicada bajo el número 11001-03-15-000-2017-02232-00 y, en virtud de ello, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 23 de noviembre de 2017, ordenó a la Sección Segunda, Subsección B de la misma Corporación, que dentro del término de 30 días contados a partir de su notificación, profiriera nueva sentencia en la que valorara la resolución No. 02453, del 30 de mayo de 1990, y, además, verificara si la accionante cumple con todos los requisitos para ser beneficiaria de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada.
Lo que no se puede pretender es que, por la vía de ese mecanismo, haya lugar a solicitar indefinidamente un fallo que finalmente acoja las pretensiones planteadas. Por ese motivo, esta Sala se ocupará exclusivamente de verificar si la sentencia de reemplazo, de fecha catorce (14) de febrero de 2018, se adecuó o no a las órdenes impartidas por el Juez de tutela (la Sección Cuarta del Consejo de Estado). Bajo ninguna circunstancia abordará el tema de fondo ventilado en el marco de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que ha dado origen a la presente tutela, por carecer de competencia para ello y, además, porque hacerlo equivaldría a dar trámite a una especie de tercera instancia claramente prohibida en el ordenamiento.
En ese orden de ideas, la Sala encuentra que, contrario a lo afirmado por la accionante, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, en la sentencia impugnada, sí tuvo en cuenta las órdenes impartidas por el juez de tutela, como se evidencia el hecho de que incluyó un acápite denominado “Sobre la valoración de la Resolución 02453 del 30 de mayo de 1990”, en el que se analizó en detalle dicha prueba y, adicionalmente, se ocupó de estudiar los requisitos exigidos para obtener el beneficio de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada.
Cosa distinta es que la accionada, luego de evaluar el acervo probatorio, haya concluido que la accionante no cumple con tales requisitos, aspecto frente al cual esta Sala de Conjueces no tiene competencia alguna para abordarlo, por los motivos anotados anteriormente.
En realidad, lo que se observa es la inconformidad de la accionante respecto de la valoración soportada, razonada y justificada, hecha por el la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en una sentencia que no puede dar lugar al amparo constitucional por cuanto, como ya se manifestó, la tutela no puede equipararse a una tercera instancia.
Siendo así, considera la Sala que la sentencia de reemplazo, ahora cuestionada en esta nueva acción de tutela, no incurrió en la vía de hecho que se le endilga, sino que con ella se dio estricto cumplimiento al fallo de tutela proferido dentro de la acción radicada bajo el número 11001-03-15-000-2017-02232-00, razón por la cual no encuentra motivo alguno para dejarla sin efecto.
Con base en los anteriores argumentos, la Sala considera que no hay lugar a acoger las pretensiones formuladas por la accionante en su escrito de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO. Negar el amparo solicitado por la doctora LILIANA ASTRID MEJÍA PAZ, al encontrarse plenamente demostrado que no se han violado sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.
SEGUNDO. En consecuencia, se confirman los plenos efectos de la sentencia de fecha catorce (14) de febrero de 2018, proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B, que reemplazó la proferida el 16 de marzo de 2017, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el número 250002342000201201313 01.
TERCERO: Envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada en la sesión de la fecha.
MAURICIO A. PLAZAS VEGA LUCY CRUZ DE QUIÑONES
Conjuez Ponente Conjuez
EFRAÍN GÓMEZ CARDONA JESÚS MARINO OSPINA MENA
Conjuez Conjuez
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.