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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-03618-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
21 de febrero de 2019
Consejero ponente
Rocío Araújo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-03618-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del 7 de noviembre de 2018 proferida por la Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado, por medio de la cual, se negó la solicitud de amparo instaurada por el señor Libardo Giovanni Ortegón Sánchez, por las consideraciones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO.- NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO.- Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32, inciso 2° del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2018-03618-01

Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate

21 de febrero de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Contra actos administrativos proferidos dentro de investigación disciplinaria / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA EN LA IMPUGNACIÓN / ACCIÓN DE TUTELA - No es una tercera instancia

[L]a parte actora se limitó a manifestar que haría llegar la sustentación de la impugnación para esgrimir sus consideraciones, es decir, no presentó argumentos en relación con los hechos y las pretensiones de la acción, ni se pronunció frente a los reparos que tenía frente a la decisión adoptada en primera instancia por la Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado. (…) se debe tener en cuenta que en esta materia le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los jueces naturales de la causa, por tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en los argumentos esgrimidos por los actores dentro del trámite de tutela tanto en primera como en segunda instancia, toda vez que al analizar puntos adicionales se estaría realizando, sin competencia para ello, un estudio oficioso de una providencia judicial debidamente ejecutoriada, lo cual atentaría contra los postulados de cosa juzgada y autonomía judicial y así, en últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera, e incluso, en una cuarta instancia. (…) De esta manera, si bien es cierto el actor impugnó el fallo de tutela de primera instancia dentro del término –19 de diciembre de 2018-, lo cierto es que no lo sustentó dentro del término de ejecutoria, el cual iba hasta el 16 de enero de 2019, en ese orden, resulta claro para la Sala que no cumplió con la carga mínima argumentativa que le correspondía, y por tal razón, no es posible entrar a realizar un estudio oficioso de la presente acción de tutela, así como tampoco de la decisión del a quo que impugnó, por cuanto estaría desconociendo los principios constitucionales de cosa juzgada, seguridad jurídica y autonomía e independencia judicial.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-03618-01(AC)

Actor: LIBARDO GIOVANNI ORTEGON SANCHEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA- SECCION SEGUNDA- SUBSECCION A Y OTRO

Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia – Falta de carga argumentativa- No sustentación del recurso.

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra el fallo del 7 de noviembre del 2018, por medio del cual el Consejo de Estado, Sección Segunda- Subsección B, negó el amparo de tutela solicitado por el accionante.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

1.1. Mediante escrito radicado el 2 de octubre 2018 en la Oficina de Correspondencia de esta Corporación, el señor Libardo Giovanni Ortegón Sanchez, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección y el Juzgado Cuarenta y Siete (47) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso.

1.2. Tales derechos los consideró vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, con ocasión de la providencia del 11 de septiembre de 2017 proferida en primera instancia, por el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Distrito Judicial de Bogotá que dentro del marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, negó las pretensiones de nulidad de las Resoluciones No. OCD- 000003 del 27 de marzo de 2015, SDH-000160 del 18 de julio de 2015, SDH-000176 del 5 de agosto de 2015 y 000192 del 31 de agosto de 2015, actos administrativos proferidos dentro de la investigación disciplinaria No. 081-2011 por la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaria Distrital de Hacienda.

1.3. De igual manera, por la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección A el 2 de agosto de 2018, que revoca parcialmente el ordinal primero de la sentencia de primera instancia, en el sentido de declarar probada la excepción de ineptitud sustancial de la demanda e inhibirse para hacer un pronunciamiento de fondo respecto a las pretensiones de la declaratoria de nulidad de las Resoluciones No. SDH-000176 del 5 de agosto de 2015 y 000192 del 31 de agosto de 2015 por tratarse de actos de ejecución.

1.4. Como pretensiones de la acción constitucional solicitó:

“Primero: Mediante la acción que interpongo PERSIGO que esa Honorable Corporación TUTELE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y AL DEBIDO PROCESO, consagrados en los artículos 13 y 29 de la Constitución Política de 1991, los cuales fueron violados con el Juzgado Cuarenta y Siete (47) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección “A”, por las sentencias proferidas el 11 de septiembre de 2017 y 2 de agosto de 2018 primera y segunda instancia respectivamente, dentro de la demanda Radicada(sic) bajo el número No. 11001334204720160008701 de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO instaurada en contra de BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL – SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, por los actos administrativos proferidos dentro de la investigación disciplinaria No. 081-2011 adelantada en mi contra, siendo la primera instancia la Oficina de Control Disciplinario Interno de dicha Entidad y segunda instancia el Secretario Distrital de Hacienda; por existir un claro desconocimiento a mi derecho fundamental al debido proceso, así como la incursión en un defecto material o sustantivo, así como desconocimiento del precedente jurisprudencial.

Segundo: Como consecuencia de lo anterior, PRETENDO que esa Honorable Corporación Revoque o nulite las sentencias de primera y segunda instancia referidas en el numeral anterior y en su lugar se ordene fallar ACCEDIENDO A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA.”

2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos, que son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

2.1. La señora Maria Martinez González, en calidad de Subdirectora Judicial (E) de la Direccion Jurídica de la Secretaria de Hacienda Distrital de Bogotá, presentó un escrito a la Oficina de Control Disciplinario de la Entidad con el fin de solicitar una investigación disciplinaria en contra del señor Libardo Giovanni Ortegón Sanchez, en su condición de Jefe de la Oficina de Cuentas Corrientes de la Subdirección de Gestión del Sistema Tributario de la Dirección Distrital de impuestos de Bogotá, por supuestas irregularidades ocurridas en el pago de una condena impuesta por el Consejo de Estado, a través de la sentencia de 11 noviembre de 2009, contra la autoridad distrital.

2.2. Previo agotamiento de las etapas procesales correspondientes, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá mediante Resolución No. OCD-000003 del 27 de marzo de 2015, dictó fallo en el cual señaló que declaraba responsable disciplinariamente al investigado Libardo Giovanni Ortegón Sanchez, por las conductas graves descritas en los numerales 7 y 24 del artículo 35 en concordancia con lo consagrado en los artículos 23, 43, numeral 2 del artículo 44, 45, 46, 47 y 50 de la Ley 734 de 2002, a título de culpa grave.

2.3. Inconforme con la decisión, el accionante dentro del proceso disciplinario apeló, recurso del que conoció la Secretaría de Hacienda Distrital, autoridad que en Resolución No. SDH-000160 de 8 de julio de 2015, confirmó la decisión impugnada. En consecuencia, la mencionada entidad hizo efectiva la sanción disciplinaria de suspensión del cargo, por el término de un mes, a partir del 1 de septiembre de 2015.

2.4. El accionante por intermedio de apoderado presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el propósito de obtener la nulidad y suspensión provisional de los siguientes actos administrativos:

Resolución No. OCD- 00003 del 27 de marzo de 2015, que declaró responsable disciplinariamente en primera instancia al accionante por los cargos formulados, imponiendo la sanción de suspensión del cargo por el término de un mes.

Resolución No. SDH- 000160 del 8 de julio de 2015, que confirmó la decisión anteriormente mencionada.

Resolución No. SHD- 000176 del 5 de agosto de 2015, proferida por la Secretaría Distrital de Hacienda, por medio de la cual se hace efectiva la sanción disciplinaria de suspensión del cargo por el término de un mes contado a partir del 1º al 30 de septiembre de 2015.

2.5. Al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho le fue asignado el radicado No. 11001-33-42-047-2016-00087-00, el cual correspondió por reparto al Juzgado Cuarenta y Siete (47) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, autoridad que mediante providencia del 11 de septiembre de 2017, negó las pretensiones de la demanda con fundamento en que dentro del proceso estaba debidamente acreditada la relación entre el comportamiento del disciplinado y la tipificación de la falta endilgada calificada como grave pues se comprobó la mora injustificada en la expedición de una liquidación en cumplimiento de una orden administrativa y una orden judicial, de más de nueve meses.

2.6. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia antes referida, del cual conoció el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda - Subsección A, autoridad judicial que en sentencia del 2 de agosto de 2018, revoca parcialmente el ordinal primero de la sentencia de primera instancia, en el sentido de declarar probada la excepción de ineptitud sustancial de la demanda e inhibirse para hacer un pronunciamiento de fondo respecto a las pretensiones de la declaratoria de nulidad de las Resoluciones No. SDH-000176 del 5 de agosto de 2015 y 000192 del 31 de agosto de 2015 por tratarse de actos de ejecución.

Como sustento de su decisión, argumentó que dentro del proceso disciplinario se evidencia que nunca se atribuyó al demandante una falta gravísima, por lo que no existió incongruencia entre las faltas endilgadas y por las que efectivamente fue sancionado disciplinariamente el demandante.

3. Sustento de la vulneración

3.1. La parte demandante estimó que la autoridades demandadas, al proferir las sentencias del 11 de septiembre de 2017 y 2 de agosto de 2018 vulneraron sus derechos fundamentales por incurrir en un defecto material o factico y desconocimiento del precedente jurisprudencial, lo anterior, por cuanto desconocieron pronunciamientos de la Corte Constitucional, en las sentencias C-948 de 2002 y T- 1285 de 2005, en las cuales se explicó que conforme al artículo 5 de la Ley 734 de 2002 existe la necesidad de demostrar el segundo elemento de la falta disciplinaria, es decir, la infracción sustancial del deber funcional, que consiste en demostrar que el comportamiento o conducta endilgado atente contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines.

3.2. Adicionalmente señaló que, no se realizó un pronunciamiento específico sobre la antijuridicidad de la conducta disciplinable atribuida al demandante.

3.3. Finalmente, indicó que al afirmar los jueces de instancia que algunos de los aspectos que se impetraron en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho no fueron tratados en curso de la actuación disciplinaria por medio de algún recurso, no obsta para que el juez administrativo, revise en su integridad todos los aspectos que constituyan vulneración de los principios de la acción disciplinaria, por lo que debieron resolver de fondo los cargos formulados en la demanda.

4. Actuaciones procesales relevantes

4.1. Admisión de la demanda

4.1.1 Por auto del 5 de octubre de 2018, se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda- Subsección A y al Juez Cuarenta y Siete (47) Administrativo de Bogotá.

4.1.4. Así mismo, se ordenó notificar como terceros con interés a Bogotá D.C. - Secretaría Distrital de Hacienda.

4.2. Intervenciones

Surtidas las notificaciones señaladas anteriormente se presentaron las siguientes intervenciones:

4.2.1. Secretaría Distrital de Hacienda

4.2.1.1. La Subdirectora de Gestión Judicial de la entidad a través de escrito radicado el 17 de octubre de 2018 en la Oficina de Correspondencia de la Corporación, refirió que el demandante pretende a través de la presente acción de tutela, discutir nuevamente lo esgrimido en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

4.2.1.2. De otra parte, explicó que es claro el pliego de cargos al afirmar que el trámite de cumplimiento se mantuvo inactivo por 9 meses, lo cual configura la falta consistente en infringir la prohibición contenida en el numeral 7 del artículo 35 del Código Disciplinario Único al “(…) retardar… el despacho de los asuntos a su cargo (…), toda vez que incurrió en mora injustificada.

4.2.1.3. Concluyó que en las providencias disciplinarias se encuentran debidamente motivadas, tanto los hechos, como las sanciones disciplinarias, y las normas superiores que terminaron vulnerándose. Por otro lado, es claro que no existe incongruencia en la adecuación típica realizada en los actos administrativos acusados como lo alega el accionante.

4.2.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección “A”

4.2.2.1. En escrito de 17 de octubre de 2018, la autoridad judicial expuso que no se verificó la vulneración de los derechos fundamentales alegados por el tutelante por cuanto la sentencia atacada se ajustó al material probatorio que obraba en el proceso, a la normativa y la jurisprudencia vigente. Así mismo, señaló que en el proceso disciplinario al actor en ningún momento le fue endilgada la comisión de la falta gravísima, pues desde el pliego de cargos se le atribuyó única y exclusivamente que había incurrido en faltas graves establecidas como prohibiciones por los numerales 7 y 24 del artículo 35 del Código Disciplinario Único.

4.2.2.2. Indicó que en el proceso disciplinario no resultaba indispensable que, respecto a la ilicitud sustancial de las conductas disciplinables que le fueron atribuidas al demandante se determinara cual fue el principio vulnerado con su comportamiento, puesto que ese tipo de valoración ya fue realizada por el legislador al momento de establecer los diferentes tipos disciplinarios, motivo por el cual, al asignársele la responsabilidad disciplinaria por las conductas realizadas implícitamente se realizó un juicio de antijuridicidad basado en la infracción del deber funcional al disciplinado.

4.2.2.3. Concluyó que no se configuró un defecto material o sustantivo y desconocimiento del precedente judicial, toda vez que durante el desarrollo del proceso se actuó con estricta observancia de la ley y respetando las garantías fundamentales de los sujetos procesales e intervinientes, razón por la cual solicita se desestime la solicitud de amparo del actor.

5. Fallo impugnado

5.1. En decisión del 7 de noviembre del 2018, la Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado, negó el amparo solicitado por el Señor Ortegón Sánchez.

5.2. Lo anterior teniendo en cuenta que para la autoridad judicial demandada estaba acreditado que el demandante no le fue endilgada la comisión de una falta gravísima prevista en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, pues en el Auto mediante el cual se formularon los cargos se especificó que el sujeto incurrió en las prohibiciones establecidas en los numerales 7 y 24 del artículo 35 del Código Disciplinario Único por haber demorado sin justificación alguna el pago de una condena impuesta por el Consejo de Estado.

5.3. Señaló que la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección A, decisión que puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado, no incurrió en vía de hecho por defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial pues la decisión de revocar parcialmente la providencia de primera instancia, para inhibirse de emitir pronunciamiento de fondo sobre la legalidad de los actos de ejecución demandandos y confirmar en los demás aspectos la decisión recurrida, estuvo soportada en un estudio razonable de la normativa y jurisprudencia aplicable al caso concreto, que le permitió concluir que la entidad demandada no incurrió en incongruencias jurídicas entre el auto de pliego de cargos y los fallos disciplinarios.

5.4. Adicionó que los argumentos alegados por el accionante en el escrito de tutela, fueron expuestos en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ante la autoridad judicial, quien se pronunció sobre los mismos al interior de la sentencia cuestionada, por lo que no es de recibo que la parte actora pretenda con la tutela discutir y reabrir el debate jurídico y probatorio que ya se surtió dentro del proceso ordinario como si se tratara de una instancia adicional.

5.6. Concluyó que el accionante no acreditó las irregularidades de orden constitucional en las que pudo incurrir la autoridad judicial demandada, por tal razón no se evidencia en el contenido de la providencia un análisis infundado o caprichoso que vaya en contra de los preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que amerite la intervención del juez de tutela.

6. Impugnación

6.1. En escrito radicado el 19 de diciembre de 2018 en la Secretaria General de la Corporación, la parte actora, impugnó el fallo de primera instancia.

6.2. Para tales efectos señaló “Honorable Magistrado:… Libardo Giovanni Ortegón Sánchez, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.841.594 expedida en la ciudad de Bogotá D.C., actuando en nombre propio concurre ante esa Honorable Corporación con el fin de IMPUGNAR la sentencia de primera instancia proferida el 7 de noviembre de 2018, dentro del asunto de la referencia, en donde se me negaron las pretensiones de amparar mis derechos fundamentales invocados como conculcados.”

6.3. Posteriormente, el accionante indica “Anunció que la sustentación de la impugnación la haré llegar ante esa Honorable Corporación, una vez se reintegre la judicatura el 11 de enero de 2019.”

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada contra la sentencia del 7 de noviembre de 2018, proferida por la Sección Segunda- Subsección B del Consejo de Estado, de conformidad con lo señalado en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, y el artículo 2° del Acuerdo 377 de 2018 de Sala Plena de esta Corporación.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sección determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia dictada el 7 de noviembre de 2018, por medio de la cual el Consejo de Estado, Sección Segunda – Subseccion B, negó el amparo de tutela interpuesto por el señor Libardo Giovanni Ortegón Sánchez, para lo cual se deberán resolver los siguientes problemas jurídicos:

¿Supera el escrito de impugnación presentado la carga mínima argumentativa como presupuesto para el análisis de la acción de tutela?

Si se acredita el estudio anterior:

2.2. ¿La autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte actora al proferir la sentencia de 2 de agosto de 2018 que revocó parcialmente el ordinal primero de la sentencia de primera instancia, en el sentido de declarar probada la excepción de ineptitud sustancial de la demanda e inhibirse para hacer un pronunciamiento de fondo respecto a las pretensiones de la declaratoria de nulidad de las Resoluciones No. SDH-000176 del 5 de agosto de 2015 y 000192 del 31 de agosto de 2015 por tratarse de actos de ejecución?

3. Razones jurídicas de la decisión

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas: i) criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, ii) la carga argumentativa mínima como presupuesto para el análisis de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y iii) análisis del caso concreto.

3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

3.1.1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema.

3.1.2. Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

3.1.3. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetro procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.

3.1.4. Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial, y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

3.1.5. A partir de esa decisión, se dejó en claro que la acción de tutela se puede interponer contra decisiones judiciales, incluidas las de las Altas Cortes, específicamente, las del Consejo de Estado, autos o sentencias, que desconozcan derechos fundamentales, asunto que en cada caso deberá probarse y, en donde el actor tendrá la carga de argumentar las razones de la violación.

3.1.6. Sobre el tema, la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -procedencia sustantiva- y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto - procedencia adjetiva.

3.1.7. Esta Sección ha determinado que, en primer lugar, se debe verificar que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedencia adjetiva, esto es: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado; y iii) inmediatez.

3.1.8. Luego de ello, sería posible realizar el estudio de la procedibilidad sustantiva a través de los errores específicos en que podría incurrir una providencia judicial. Estos últimos, según la doctrina fijada en la sentencia C-590 de 2005, y acogida por esta Sección se resumen, de manera general, de la siguiente manera:

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; y h. Desconocimiento del precedente.

3.1.9. De esta manera, la acción de tutela será procedente una vez verificado: (i) la concurrencia de los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) la configuración de alguno de estos requisitos específicos mencionados -siempre y cuando hayan sido alegados al menos sumariamente por el interesado-; y que (iii) el vicio o defecto sea de tal trascendencia que implica la amenaza o la afectación de derechos fundamentales.

3.2. La carga argumentativa mínima como presupuesto para el análisis de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

3.2.1. La Sala Plena de esta Corporación ha señalado que la persona que ejerce la acción de tutela tiene la obligación de “identificar, de manera razonable, los hechos que generaron la vulneración, así como los derechos fundamentales presuntamente afectados por la providencia”, y que para tal efecto, se requiere de una carga argumentativa mínima que le permita al juez constitucional abordar el análisis de fondo de la providencia objeto de debate.

3.2.2. En el mismo sentido, esta Sección ha establecido que en los eventos en que se pretende cuestionar una decisión adoptada en una providencia judicial mediante este mecanismo de protección “la parte actora tiene el deber de identificar el derecho fundamental presuntamente vulnerado y precisar los hechos y las razones en que se fundamenta la acción”, exigencia que no solo se debe ostentar cuando se presenta la solicitud de amparo sino también cuando se impugna un fallo de tutela.

3.2.3. De esta forma, la impugnación requiere una carga argumentativa razonable que sustente los fundamentos de inconformidad, sin que tal observancia sea tan solo exigida al momento en que se inicia el trámite de la tutela, sino que cobra mayor importancia cuando se emplea este recurso judicial.

3.2.4. Tal exigencia tiene sentido, bajo el entendido que una controversia jurídica que ha surtido un proceso ordinario: (i) ha debido estar revestida de la garantía de los derechos fundamentales –especialmente del debido proceso– de las partes e intervinientes, (ii) la decisión que en ella se profiera se encuentra amparada por el principio de la cosa juzgada, que provee de seguridad jurídica; y (iii) se enmarca en el principio y garantía de la autonomía e independencia de los jueces. En palabras de la Corte Constitucional:

“(...) Por regla general, la acción de tutela es improcedente contra providencias judiciales, por cuanto (i) se trata de decisiones que configuran ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales, proferidas por funcionarios profesionalmente formados para aplicar la Constitución y la ley; (ii) por el valor de cosa juzgada de las sentencias que resuelven las controversias planteadas entre ellos y la garantía del principio de seguridad jurídica y; (iii) por la autonomía e independencia de la jurisdicción en la estructura del poder público propia de un régimen democrático.”

3.2.5. Es por tal motivo, que la procedencia “excepcional y restrictiva” de la acción de tutela contra una providencia judicial, debe llenar un conjunto de requisitos (adjetivos y sustantivos) que permitan identificar claramente que el pronunciamiento de la autoridad judicial demandada es arbitrario y comporta una transgresión al ordenamiento jurídico, en general, y a los derechos fundamentales del accionante, en particular.

3.2.6. En caso contrario, una indebida intromisión del juez constitucional en la órbita del juez ordinario implicaría una afectación de los principios constitucionales referidos (cosa juzgada, seguridad jurídica y autonomía e independencia judicial), y, por tanto, a la propia afectación del ordenamiento jurídico.

3.2.7. En suma, quien promueva o impugne una acción de tutela contra providencia judicial, debe cumplir una carga argumentativa mínima que exige: (i) identificar el pronunciamiento de la autoridad judicial objeto de su inconformidad; (ii) acreditar, así sea sumariamente, el cumplimiento de los requisitos adjetivos y sustantivos de procedencia del amparo constitucional; y (iii) justificar las razones por las cuales el pronunciamiento judicial demandado configura una vulneración de sus derechos fundamentales.

3.3. Caso concreto

3.3.1 En el sub lite, la parte actora consideró que sus derechos fundamentales fueron transgredidos por el Juzgado Cuarenta y Siete (47) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección A, con ocasión de lo decidido en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado N°11001-33-42-047-2016-00087-01, en el que con providencia 11 de septiembre de 2017 y 2 de agosto de 2018, se niegan sus pretensiones frente a la nulidad de los actos administrativos demandados en el referido medio de control.

3.3.2. El juez a quo de tutela negó el amparo al considerar que la autoridad disciplinaria realizó una adecuada imputación de los cargos, de acuerdo con las conductas reprochadas al actor. Así mismo, señaló que las decisiones dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, específicamente la sentencia de 2 de agosto de 2018 proferida por el Tribunal y que pone fin al proceso, no incurrió en vía de hecho por defecto sustantivo o desconocimiento del precedente jurisprudencial, teniendo en cuenta que se realizó un estudio razonable de la jurisprudencia y normas aplicables al caso concreto.

3.3.3. En el escrito de impugnación, la parte actora se limitó a manifestar que haría llegar la sustentación de la impugnación para esgrimir sus consideraciones, es decir, no presentó argumentos en relación con los hechos y las pretensiones de la acción, ni se pronunció frente a los reparos que tenía frente a la decisión adoptada en primera instancia por la Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado.

3.3.4. Previo a determinar el cumplimiento de los requisitos adjetivos, la Sala establecerá si la parte actora cumple con la carga argumentativa mínima como presupuesto para el análisis de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Al respecto, se anticipa que la providencia de primera instancia será confirmada, toda vez que la parte demandante no cumplió con la carga mínima argumentativa que permita analizar el reparo concreto de la impugnación, frente a las consideraciones del a quo.

3.3.5. Resulta del caso precisar que constituye una carga para el recurrente exponer los motivos de inconformidad con base en los cuales impugna un fallo de tutela, sobre todo tratándose de tutelas ejercidas en contra de providencias judiciales, las cuales, dada su naturaleza, exigen por parte de los jueces constitucionales un estudio más riguroso de la materia.

3.3.6. Sobre el punto, se debe tener en cuenta que en esta materia le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los jueces naturales de la causa, por tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en los argumentos esgrimidos por los actores dentro del trámite de tutela tanto en primera como en segunda instancia, toda vez que al analizar puntos adicionales se estaría realizando, sin competencia para ello, un estudio oficioso de una providencia judicial debidamente ejecutoriada, lo cual atentaría contra los postulados de cosa juzgada y autonomía judicial y así, en últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera, e incluso, en una cuarta instancia.

3.3.7. Por lo tanto, la parte accionante no se puede limitar a manifestar su desacuerdo con la decisión adoptada, sino que debe exponer aun cuando fuere de manera sucinta los motivos bajo los cuales el ad quem pueda analizar si lo decidido en primera instancia debe o no revocarse, modificarse o confirmarse.

3.3.8. De esta manera, si bien es cierto el actor impugnó el fallo de tutela de primera instancia dentro del término –19 de diciembre de 2018-, lo cierto es que no lo sustentó dentro del término de ejecutoria, el cual iba hasta el 16 de enero de 2019, en ese orden, resulta claro para la Sala que no cumplió con la carga mínima argumentativa que le correspondía, y por tal razón, no es posible entrar a realizar un estudio oficioso de la presente acción de tutela, así como tampoco de la decisión del a quo que impugnó, por cuanto estaría desconociendo los principios constitucionales de cosa juzgada, seguridad jurídica y autonomía e independencia judicial.

3.3.9. Al margen de lo expuesto, es necesario precisar que el accionante no hizo llegar el escrito de sustentación una vez se iniciara el nuevo año de judicatura, tal como lo señaló en el escrito de impugnación de 19 de diciembre de 2018.

Conclusión

4.1. La acción de tutela no reúne el requisito de carga argumentativa para estudiar de fondo la impugnación presentada teniendo en cuenta que posteriormente no presentó sustentación de la misma dentro del término de ejecutoria, el cual iba hasta el 16 de enero de 2019.

4.2. En consecuencia, se confirmará la sentencia de 7 de noviembre de 2018 por medio de la cual la Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado negó la solicitud de amparo instaurada por el señor Libardo Giovanni Ortegón Sánchez, pero por las razones mencionadas en este proveído.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

FALLA:

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del 7 de noviembre de 2018 proferida por la Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado, por medio de la cual, se negó la solicitud de amparo instaurada por el señor Libardo Giovanni Ortegón Sánchez, por las consideraciones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO.- NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO.- Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32, inciso 2° del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Magistrada

ALBERTO YEPES BARREIRO
Magistrado

Folio 1 al 51 del expediente
Folio 1 y 2 del expediente.
“ARTÍCULO 35. PROHIBICIONES.
…
7. Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su cargo o la prestación del servicio a que está obligado.
…
24. Incumplir cualquier decisión judicial, fiscal, administrativa, o disciplinaria en razón o con ocasión del cargo o funciones, u obstaculizar su ejecución.”

Folio 785 Expediente original en calidad de préstamo contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho No. 11001-33-42-047-2016-00087-01.
Folio 54 del expediente,
Folio 68 del expediente.
Folio 103.
Folios 115 a 126 expediente.
Folio 135 del expediente.
Folio 135 del expediente.
Folio 115 a 126 del expediente.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 31 de julio de 2012, Expediente No. 2009-01328-01, C.P. MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ.
El recuento de esos criterios se encuentra de las páginas 13 a 50 del fallo antes reseñado.
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia” (negrillas dentro del texto).
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 5 de agosto de 2014, Expediente No. 2012-02201-01 (IJ), C.P. JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ.
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01) y Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01.
Corte Constitucional. Sentencia SU-337/2017, M.P Antonio José Lizarazo Ocampo
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 5 de agosto de 2014, Expediente No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), Actor: Alpina Productos Alimenticios, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 21 de junio de 2018, Expediente No. 11001-03-15-000-2018-00984-01 C.P. Alberto Yepes Barreiro.
Ver entre otras, Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Rad nº. 11001-03-15-000-2016-01871-00 AC. C.P. Rocío Araújo Oñate. Sentencia de 11 de agosto de 2016. Rad. nº. 11001-03-15-000-2016-00123-01. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 19 de mayo de 2016.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 15 de diciembre de 2015, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 2015-01828-01. En la sentencia del 6 de octubre de 2016, C.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. 11001-03-15-000-2016-01717-01, esta Sección señaló que: “Cuando se trata de tutelas ejercidas en contra de providencias judiciales, la parte recurrente no puede limitar su intervención a la simple manifestación de no estar de acuerdo con la decisión judicial de primera instancia, por el contrario, debe observar una carga mínima que soporte los motivos de su impugnación, indispensable para el juez de tutela de segunda instancia conozca las razones de su desacuerdo y, así, se adentre en el estudio que la misma requiere. Lo anterior se debe a que la acción constitucional contra providencia judicial no puede ser considerada como una tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural…”
Corte Constitucional. Sentencia SU-337 de 2017, M.P Antonio José Lizarazo Ocampo.
Ibídem.

Acción de tutela-Segunda instancia
Actor: Libardo Giovanni Ortegón Sánchez
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda- Subsección A y Otro
Rad. 11001-03-15-000-2018-03618-01

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