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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-03660-00

Acción de tutela

Fecha
29 de octubre de 2018
Consejero ponente
Carmelo Darío Perdomo Cuéter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-03660-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1. Niégase el amparo del derecho constitucional fundamental al debido proceso invocado por el señor Pedro Arturo Ordosgoitia Reyes, en razón a la carencia actual de objeto por hecho superado, en los términos indicados en la parte motiva. 2.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2018-03660-00

Consejero ponente: Carmelo Darío Perdomo Cuéter

29 de octubre de 2018

ACCIÓN DE TUTELA / MEDIO DE CONTROL EJECUTIVO – Cumplimiento del pago de la sentencia proferida en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES / MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA / CARENCIA ACTUAL DE OBJETO – Por hecho superado

Una vez consultado el sistema de información de gestión de procesos y manejo documental «Justicia XXI», se observa que dentro del expediente enunciado en el párrafo precedente, el 25 de octubre de este año se fijó estado en el que se señala: «[…] SE NOTIFICA AUTO DE FECHA 16/10/2018, QUE ORDENA NO LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO»; a renglón seguido y, con la misma fecha, se lee: «SOLICITUD DE RETIRO DE LA DEMANDA. DES. JRGL». (…) En ese contexto, la Sala considera que en el presente asunto se configura una carencia actual del objeto de la tutela por hecho superado, toda vez que la conducta lesiva que se reprochaba de los señores magistrados del Tribunal Administrativo de Bolívar ha cesado, por lo que desapareció el motivo que obligó al actor a ejercer este mecanismo constitucional. (…) la carencia actual de objeto por hecho superado se da cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial en tal sentido se torna innecesaria. En otras palabras, aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna. (…) En resumen, se ha entendido que la decisión del juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, se encuentra que la situación expuesta en la demanda, que había dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acción, ha cesado, desapareciendo así toda posibilidad de amenaza o daño a los derechos fundamentales, lo que deriva en que la protección a través de la tutela pierde sentido y, en consecuencia, el juez de tutela queda imposibilitado para emitir orden alguna de protección del derecho fundamental invocado. (…) Frente a lo anterior, se concluye que los hechos negativos que han dado lugar al ejercicio de la acción de tutela se han superado durante este trámite, motivo por el cual «[…] el juez constitucional queda imposibilitado para emitir una orden para la protección de derechos fundamentales, en la medida en que ha dejado de existir el objeto jurídico sobre el cual debía proveer», razón por la que se impone negar el amparo reclamado.

FUENTE FORMAL: DECRETO 2591 DE 1991.

NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a la facultad del juez constitucional para pronunciarse en sede de tutela sobre una cuestión de la cual los hechos que le dieron origen, desaparecieron, consultar: Corte Constitucional, Sentencia T-147 del cinco (5) de marzo de dos mil diez (2010), M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de octubre de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-03660-00(AC)

Actor: PEDRO ARTURO ORDOSGOITIA REYES

Demandado: MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del trámite relacionado con la acción de tutela incoada por el señor Pedro Arturo Ordosgoitia Reyes contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo de Bolívar, por la presunta vulneración de su derecho constitucional fundamental al debido proceso.

I. ANTECEDENTES

La solicitud de amparo (ff. 1 a 4). El señor Pedro Arturo Ordosgoitia Reyes presenta acción de tutela con el fin de obtener la protección del derecho constitucional fundamental al que se hizo referencia, presuntamente quebrantado por los señores magistrados del Tribunal Administrativo de Bolívar.

Como consecuencia de lo anterior, pide ordenar a las autoridades accionadas «[D]ar trámite inmediato al Proceso Ejecutivo a continuación de[l] Proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Radicado con el No. 1300 1233100020050014802, y ordenarle efectuar la respectiva liquidación de la Sentencia que se ejecuta».

Hechos. Relata el accionante que incoó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el distrito de Cartagena de Indias-concejo municipal, con el fin de obtener la nulidad de la Resolución 13 de 6 de enero de 1998, por medio de la cual fue declarado insubsistente su nombramiento en el cargo de tesorero de la citada corporación territorial.

Que la sala de descongestión de Barranquilla del Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia de 7 de noviembre de 2000, accedió a las súplicas de la demanda y declaró la nulidad del acto administrativo censurado.

Afirma que ambas partes interpusieron recurso de apelación, resuelto el 4 de julio de 2002 por el Consejo de Estado (subsección A de la sección segunda), en el sentido de revocar el fallo recurrido y, en su lugar, negar las pretensiones.

Aduce que inconforme con la anterior decisión, formuló recurso extraordinario de súplica, desatado por la citada Colegiatura (sala 8 especial de decisión) con providencia de 9 de abril de 2015, que dispuso:

1. PROSPERA el recurso extraordinario de súplica interpuesto por el actor.
2. INFÍRMASE la sentencia proferida el 4 de julio de 2002 por la Sección Segunda –Subsección “A”- de esta Corporación.
En su reemplazo se profiere la sentencia de instancia, así:
PRIMERO: CONFÍRMANSE los numerales 1, 2, 4, 5, 6 y 7 de la parte resolutiva de la sentencia de 7 de noviembre de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Descongestión de Barranquilla. SEGUNDO: REVÓCASE el numeral 3 de la sentencia ídem.

Una vez ejecutoriada la presente providencia, devuélvase el expediente al Despacho de origen.

Que el 19 de octubre de 2015, en aras de recibir el pago de los valores reconocidos a su favor, allegó ante la alcaldía de Cartagena de Indias copias auténticas, con constancia de ejecutoria, de los respectivos fallos.

Indica que «[D]e manera unilateral […] y modificando el espíritu de la providencia, la ALCALD[Í]A DE CARTAGENA DE INDIAS, procedió a liquidar dicha sentencia, y mediante Resolución 3535 del 3 de junio de 2016, con alcance de la Resolución No 4785 del 22 de junio de 2016, por intermedio de la FIDUPREVISORA, procedió a pagar parcialmente la sentencia […] ya que no aplicaron taxativamente dicho fallo judicial, es decir, liquidar la sentencia como indemnización por daños y perjuicios hasta cuando se efectuara el pago total, sino que la liquidaron como salarios dejados de percibir […] hasta que […] se pension[ó], y por retiro forzoso [a] los 65 años de edad […]», en la suma bruta de $1.052.140.582.00.

Que por haber transcurrido más de 6 meses sin que el ente territorial se pronunciara sobre el pago, el 25 de enero de 2017 incoó proceso ejecutivo, asunto que actualmente se encuentra a cargo del Tribunal Administrativo de Bolívar.

Sostiene que han transcurrido un año y nueve meses sin que los accionados se hayan pronunciado sobre la «admisión de la demanda», lo que «le ha generado perjuicios graves e irreversibles, [debido a que] adquiri[ó] compromisos económicos muy serios con inmobiliarias […] por lo que h[a] tenido que recurrir a pr[é]stamos extrabancarios a tasas supremamente onerosas».

II. TRÁMITE PROCESAL

Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a través de auto de 9 de octubre de 2018 (f. 42 y vuelto), admitió la presente acción y ordenó notificar a los señores magistrados del Tribunal Administrativo de Bolívar, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

2.1 Contestación de la acción. El señor magistrado del Tribunal Administrativo de Bolívar titular del despacho a cargo del expediente ejecutivo 13001-23-31-000-2005-00148-02 (ff. 49 a 51), aduce que asumió esa dignidad el 3 de julio de 2018, y en su tarea de planeación adelantó un inventario de procesos, que ascendieron a 623; por lo que inició la labor de gestionar los que llevaban más tiempo y tienen trámite preferencial, como lo son las acciones constitucionales.

Señala que al 17 de octubre de esta anualidad tiene 729 expedientes, a pesar de «los ingentes esfuerzos para proferir decisiones definitivas que ascendieron a 94 en el reciente trimestre, ello como consecuencia al alto ingreso de procesos que ascendió a 228 solo entre julio a septiembre de 2018», incremento que se debió a las medidas de descongestión adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura que dispuso efectuar el reparto del Tribunal Administrativo de Bolívar únicamente a dos despachos, uno de los cuales es el suyo.

Respecto del proceso objeto de tutela, dice que fue asignado el 5 de mayo de 2017 y actualmente se encuentra «proyectado y en decisión de Sala el auto que resuelve sobre el mandamiento de pago, el cual será notificado en los próximos días».

Por último, considera que el amparo no está llamado a prosperar toda vez que, por una parte, el accionante no ha presentado solicitud de prelación y, por la otra, la mora injustificada alegada no atiende los lineamientos jurisprudenciales señalados por la Corte Constitucional en sentencia T-230 de 2013, toda vez que se han evacuado asuntos de acuerdo al orden de ingreso al despacho, razones por las que solicita se declare la improcedencia de la acción.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1 Competencia. Corresponde a esta Colegiatura, en virtud de las reglas de reparto de la acción de tutela, previstas en el Decreto 1382 de 2000, establecer si en el presente caso hay lugar al amparo reclamado por el actor, quien aduce quebranto de su derecho constitucional fundamental al debido proceso.

3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional fundamental que pueda comportar la presunta omisión de las autoridades accionadas de tramitar, dentro de los términos procesales, el proceso ejecutivo 13001-23-31-000-2005-00148-02 adelantado contra el distrito de Cartagena de Indias-concejo municipal; y en caso afirmativo, si se ha vulnerado la garantía superior al debido proceso.

3.4 La acción de tutela frente a la mora judicial. El derecho constitucional fundamental de acceso a la administración de justicia hace referencia, entre otras cosas, a la facultad que le asiste a toda persona de acudir ante los jueces de la República con el propósito de que sus controversias sean resueltas.

Empero, dicha garantía superior no solo atañe a tal posibilidad, sino también de recibir una pronta solución al conflicto, para lo cual las autoridades cuentan con el deber de aplicar medidas coercitivas en los términos del sistema normativo.

Ahora bien, cuando los funcionarios judiciales no actúan dentro de los lapsos fijados por las normas procesales, en principio, se configura una mora judicial, que comporta un «[…] fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia, pero que muchas veces una buena parte de la misma es el resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos».

No obstante, el retraso en las actuaciones judiciales no siempre vulnera el derecho constitucional fundamental, ya que debe mediar una tardanza injustificada por parte de las autoridades judiciales, caso en el cual será susceptible de protección a través de la acción de tutela.

La jurisprudencia constitucional ha precisado que, por regla general, el juez de tutela no debe inmiscuirse en el trámite de los procesos judiciales, debido a que podría desconocer el principio de autonomía judicial. Sin embargo, cuando se evidencia que la demora en su gestión no obedece a cuestiones relacionadas con la carga de trabajo, problemas estructurales o complejidad de los asuntos que se conocen, la solicitud de amparo es dable para proteger el citado principio superior.

Cabe precisar que para determinar la procedencia de este mecanismo constitucional en los casos de mora judicial, el funcionario debe analizar las particularidades de cada caso concreto con el fin de establecer si el retardo es razonable o no.

3.5 Caso concreto. En el asunto sub examine, el accionante acusa a los señores magistrados del Tribunal Administrativo de Bolívar de incurrir en mora judicial injustificada, por no pronunciarse oportunamente sobre la «admisión» de la demanda ejecutiva 13001-23-31-000-2005-00148-02 que instauró contra el distrito de Cartagena de Indias-concejo municipal, con el fin de obtener el pago insoluto de la obligación contenida en sentencia de 9 de abril de 2015, proferida por el Consejo de Estado (sala 8 especial de decisión).

Una vez consultado el sistema de información de gestión de procesos y manejo documental «Justicia XXI», se observa que dentro del expediente enunciado en el párrafo precedente, el 25 de octubre de este año se fijó estado en el que se señala: «[…] SE NOTIFICA AUTO DE FECHA 16/10/2018, QUE ORDENA NO LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO»; a renglón seguido y, con la misma fecha, se lee: «SOLICITUD DE RETIRO DE LA DEMANDA. DES. JRGL».

En ese contexto, la Sala considera que en el presente asunto se configura una carencia actual del objeto de la tutela por hecho superado, toda vez que la conducta lesiva que se reprochaba de los señores magistrados del Tribunal Administrativo de Bolívar ha cesado, por lo que desapareció el motivo que obligó al actor a ejercer este mecanismo constitucional.

Sobre esta figura procesal, la Corte Constitucional ha discurrido así:

2.1.1 La naturaleza de la acción de tutela estriba en garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales. Entonces, cuando cesa la amenaza a los derechos fundamentales de quien invoca su protección, ya sea porque la situación que propiciaba dicha amenaza desapareció o fue superada, esta Corporación ha considerado que la acción de tutela pierde su razón de ser como mecanismo de protección judicial […], [por lo que] el juez de tutela queda imposibilitado para emitir orden alguna de protección del derecho fundamental invocado […].

Asimismo, en sentencia T-308 de 2003, la citada Corporación explicó:

[…] el propósito de la tutela, como lo establece el mencionado artículo, es que el Juez Constitucional, de manera expedita, administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus acciones han amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa actual y cierta de los mismos.

No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto a que la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a todas luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción.

[…] la carencia actual de objeto por hecho superado se da cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial en tal sentido se torna innecesaria. En otras palabras, aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna.

[…]

En resumen, se ha entendido que la decisión del juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, se encuentra que la situación expuesta en la demanda, que había dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acción, ha cesado, desapareciendo así toda posibilidad de amenaza o daño a los derechos fundamentales, lo que deriva en que la protección a través de la tutela pierde sentido y, en consecuencia, el juez de tutela queda imposibilitado para emitir orden alguna de protección del derecho fundamental invocado.

Frente a lo anterior, se concluye que los hechos negativos que han dado lugar al ejercicio de la acción de tutela se han superado durante este trámite, motivo por el cual «[…] el juez constitucional queda imposibilitado para emitir una orden para la protección de derechos fundamentales, en la medida en que ha dejado de existir el objeto jurídico sobre el cual debía proveer», razón por la que se impone negar el amparo reclamado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

1. Niégase el amparo del derecho constitucional fundamental al debido proceso invocado por el señor Pedro Arturo Ordosgoitia Reyes, en razón a la carencia actual de objeto por hecho superado, en los términos indicados en la parte motiva.

2. Notifíquese esta providencia en la forma y término previstos en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

3. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, envíese el expediente a la honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

CARMELO PERDOMO CUÉTER

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Expediente 13001-23-31-000-2005-00148-02.

Corte Constitucional, sentencia T-945A de 2008, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
Corte Constitucional, sentencia T-258 de 2004, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
www.ramajudicial.gov.co.
Folio 57 y vuelto.
Sentencia T-358 de 2014, M. P. Alberto Rojas Ríos.
Sentencia T-147 del 5 de marzo de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
M. P. Rodrigo Escobar Gil.
La Corte ha señalado que en aquellos casos en los que se determine que la decisión del juez de instancia fue errada «[…] debe procederse a revocar la providencia materia de revisión, aunque se declare la carencia actual de objeto, porque no es viable confirmar un fallo contrario al ordenamiento superior».
Corte Constitucional, sentencia T-304 de 2009, M. P. Mauricio González Cuervo.

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