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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-03661-00

Tutela contra providencia judicial

Fecha
9 de mayo de 2019
Consejero ponente
Milton Chaves García

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-03661-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar las pretensiones de la tutela presentada por la señora Dora Rosario Higuera Mena, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2018-03661-00

Consejero ponente: Milton Chaves García

9 de mayo de 2019

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / SUSTITUCIÓN PENSIONAL COMPARTIDA ENTRE CÓNYUGE Y COMPAÑERA PERMANENTE / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - No configuración / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Corresponde a la Sala determinar si en la sentencia del 23 de agosto de 2018, dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento promovido por la [actora], el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente al modificar el porcentaje de reconocimiento de la sustitución pensional. (…) [E]l Tribunal valoró todas las pruebas documentales aportadas por las partes y la litisconsorte y los testimonios practicados y encontró acreditado que el señor [ERV] mantenía una relación simultánea con su esposa y su compañera permanente, por lo que ambas deben tenerse como beneficiarias de la sustitución pensional pero en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido. // En consecuencia, como la señora [MdR] convivió con el causante 54 años y la [actora] 13 años, ordenó el reconocimiento y pago de la prestación en un porcentaje equivalente al 80% a favor de la primera, como cónyuge supérstite y al 20% a favor de la segunda, como compañera permanente. // [E]sta Sala no vislumbra la configuración de defecto sustantivo ni desconocimiento del precedente que permita dejar sin efectos [la sentencia del 23 de agosto de 2018] (…). [L]a decisión fue razonable porque se sustentó en las normas legales que rigen el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes cuando existe convivencia simultánea. Así como en la jurisprudencia que la Corte Constitucional y esta Corporación han fijado, referente al criterio material de la convivencia efectiva y apoyo mutuo al momento de la muerte. (…) En ese sentido, no se advierten vulnerados los derechos fundamentales invocados. En consecuencia, no hay lugar a acceder al amparo solicitado.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá, D.C., nueve (9) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-03661-00(AC)

Actor: DORA ROSARIO HIGUERA MENA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Dora Rosario Higuera Mena, de acuerdo con el Decreto 1983 de 2017.

ANTECEDENTES

La señora Dora Rosario Higuera Mena, por intermedio de apoderado, ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por considerar vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia.

Pretensiones

Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:

“- Tutelar los derechos fundamentales vulnerados al actor por la entidad judicial demandada.
-DEJAR sin efectos la sentencia de segunda instancia No. 161 de fecha 23 de agosto de 2018 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca. M.P. Dr. VICTOR ADOLFO HERNÁNDEZ DÍAZ, en el proceso con radicación 2010-00452-01.
-Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca M.P. Dr. VICTOR ADOLFO HERNÁNDEZ DÍAZ, para que profiera una nueva sentencia de tutela, en procura de la protección de los derechos fundamentales del actor.
[…]”.

Hechos

Se advierten como hechos relevantes, los siguientes:

La señora Dora Rosario Higuera Mena promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral contra CAJANAL EICE en Liquidación (hoy UGPP) y la señora María Mercedes Manrique de Reyes (litisconsorte necesario) con el fin de que se declare la nulidad del acto administrativo que negó la sustitución pensional en calidad de compañera permanente del causante Efraín Reyes Vargas.
El proceso le correspondió por competencia al Juzgado 4 Administrativo de Cali que, en sentencia de 31 de octubre de 2013, accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó a CAJANAL reconocer y pagar a título de sustitución pensional, la pensión gracia que recibía el señor Efraín Reyes Vargas, en un 50% a la señora Dora Rosario Higuera Mena [como compañera permanente] y el otro 50% a la señora María de las Mercedes Manrique de Reyes [como cónyuge supérstite].

La litisconsorte necesaria inconforme con la decisión, la apeló.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en fallo de 23 de agosto de 2018, modificó la decisión de primera instancia y ordenó a la UGPP reconocer y pagar a título de sustitución pensional, la pensión de jubilación que devengaba el fallecido Efraín Reyes Vargas, en un equivalente a 80% a la señora María de las Mercedes Manrique de Reyes [cónyuge supérstite] y un 20% a la señora Dora Rosario Higuera Mena [compañera permanente].

Esa decisión fue sustentada en lo previsto en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 y las sentencias C-1094 de 2003 y C-1035 de 2008 de la Corte Constitucional, para concluir que la prestación debe dividirse en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido y que estaba demostrado que la señora Manrique de Reyes vivió con el causante 54 años y la señora Higuera Mena 13 años.

Argumentos de la tutela

La demandante alegó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca al dictar la sentencia de 23 de agosto de 2018 incurrió en defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente judicial.

La sustitución pensional que se reclama del causante es una pensión gracia que se le reconoció en calidad de docente, por lo que no se rige por las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Tampoco es aplicable la sentencia C-1035 de 2008 de la Corte Constitucional, como lo consideró el Tribunal demandado.

Las normas que gobiernan la sustitución pensional debatida son las vigentes al momento del deceso, 6 de mayo de 2007. Como el causante era beneficiario de un régimen especial, excluido del Sistema General de Seguridad Social [L. 100/93], las normas aplicables son la Ley 71 de 1988 y el Decreto Reglamentario 1160 de 1989.

En este caso concurren a reclamar la pensión de sobreviviente del causante tanto la cónyuge como la compañera permanente, quienes convivieron con el señor Reyes Vargas simultáneamente, por lo que los porcentajes de su reconocimiento deben ser en partes iguales, en atención a las citadas normas y a los artículos 13, 42 y 48 de la Constitución Política y a los criterios de justicia y equidad.

Aunado a lo anterior, el Tribunal desconoció el precedente jurisprudencial fijado por el Consejo de Estado en los casos en los que existe convivencia simultánea del causante con la cónyuge y la compañera permanente, pues ha dicho que cuando no son aplicables las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, la pensión de sobrevivientes debe reconocerse en partes iguales. Cita varias sentencias en ese sentido.

Tampoco tuvo en cuenta algunos pronunciamientos que en igual sentido ha proferido la Corte Constitucional.

Por último, advirtió que el Tribunal además de desconocer el precedente vertical, desconoció su propio precedente porque en un proceso adelantado por la misma parte actora y la litisconsorte contra el departamento del Valle del Cauca, en el que se reclamaba la sustitución pensional respecto de la pensión reconocida al causante como docente, ese Tribunal, en sentencia de 25 de julio de 2013, otorgó el derecho a la sustitución pensional a la compañera permanente y a la cónyuge supérstite en partes iguales.

En ese proceso los hechos, fundamentos legales y pruebas son los mismos, la única diferencia es la parte demandada que era el departamento del Valle del Cauca y ahora es CAJANAL. Así que para solucionar una misma controversia, el Tribunal llegó a conclusiones opuestas sin exponer los motivos por los que en este caso se dio un trato diferente en relación con los porcentajes reconocidos.

En conclusión, el Tribunal no aplicó en su integridad la normativa especial de la que es beneficiaria la actora ni el precedente judicial existente, por lo que se vulneran los derechos fundamentales invocados.

Trámite Previo

En auto de 18 de octubre de 2018, se admitió la demanda de tutela y se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y al Juzgado que asumió los procesos que tramitó el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Cali, a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP y a la señora María de las Mercedes Manrique de Reyes, como terceros interesados. Se les remitió copia de la demanda.

Por autos de 20 de febrero y 26 de marzo de 2019 fue necesario ordenar nuevamente la notificación del auto admisorio de la demanda a la señora Manrique de Reyes.

Oposición

El doctor Víctor Adolfo Hernández Díaz, magistrado del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y ponente de la providencia objeto de tutela, se opuso a la solicitud de amparo.

Sostuvo que ese Tribunal modificó la sentencia de primera instancia en lo referente a lo que le corresponde a las señoras Dora Rosario Higuera Mena y María de las Mercedes Manrique de Reyes por sustitución pensional, dado que, de conformidad con la sentencia C-1035 de 2008 de la Corte Constitucional, la prestación debe dividirse en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

En este caso se acreditó que la señora Manrique de Reyes convivió con el causante 54 años y la señora Higuera Mena 13 años, por lo que se ordenó el reconocimiento y pago de la sustitución pensional en un equivalente al 80% y 20%, respectivamente.

Para adoptar la decisión, además del pronunciamiento de la Corte Constitucional se tuvo en cuenta la sentencia de 17 de octubre de 2017 de la Sección Segunda del Consejo de Estado en las que se determinan las condiciones que deben cumplir los beneficiarios de la sustitución pensional.

Intervención

El Subdirector Jurídico Pensional de la UGPP solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela porque con este mecanismo se busca evadir en forma injustificada los procedimientos que el ordenamiento jurídico contempla para dirimir las controversias. En este caso, el juez natural ya se pronunció sobre el derecho prestacional solicitado y no es la tutela la vía adecuada para reclamar prestaciones económicas.

Alegó que no se configura vulneración de derecho fundamental alguno por parte de la UGPP, por no ser la competente para resolver la solicitud de tutela, de manera que lo procedente es desvincularla del trámite de la acción.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

De la acción de tutela. Generalidades

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en casos concretos y excepcionales.

Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela contra providencias judiciales es procedente. Así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Por esto, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales y especiales que deben cumplirse de forma estricta. Si no se cumplen todos los requisitos generales y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales la acción no será procedente.

En todo caso, como su procedencia es excepcional, la interpretación de los requisitos generales y de los defectos específicos de la providencia debe ser restrictiva, a la luz de los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso de amparo, y exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la providencia judicial objeto de la acción.

Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en la sentencia del 23 de agosto de 2018, dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento promovido por la señora Dora Rosario Higuera Mena, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente al modificar el porcentaje de reconocimiento de la sustitución pensional.

Analizado el escrito de tutela se observa que en el presente caso se cumplen los requisitos generales de procedibilidad, por lo que se pasará a analizar los defectos invocados.

El asunto será estudiado en el siguiente orden: i) defecto sustantivo, ii) defecto procedimental y iii) la solución del caso concreto.

i) Defecto sustantivo

El defecto sustantivo es una forma auténtica de violación directa de la ley (norma), que, a su vez, ocurre por falta de aplicación, por indebida aplicación o por interpretación errónea.

Por lo general, la falta de aplicación de una norma ocurre cuando el juzgador ignora su existencia o porque, a pesar de que la conoce, no la aplica a la solución del caso. También sucede esa forma de violación cuando el juez acepta una existencia ineficaz de la norma en el mundo jurídico, pues no tiene validez en el tiempo o en el espacio. En los dos últimos supuestos, el juzgador examina la norma, pero cree, equivocadamente, que no es la aplicable al asunto que resuelve. Ese es un evento típico de violación por falta de aplicación, no de interpretación errónea, en razón de que la norma por no haber sido aplicada no trascendió al caso y no se hizo valer en la parte resolutiva de la sentencia.

La aplicación indebida, por su parte, ocurre cuando el precepto o preceptos jurídicos, que se hacen valer, se usan o aplican, a pesar de no ser los pertinentes para resolver el asunto que es objeto de decisión. Por ejemplo, porque la norma empleada no se ajusta al caso, no se encuentra vigente por haber sido derogada, o ha sido declarada inconstitucional.

Y, finalmente, la interpretación errónea sucede cuando el precepto o preceptos que se aplican son los que regulan el asunto por resolver, pero el juzgador los entiende equivocadamente, y así, erróneamente comprendidos, los aplica. Es decir, ocurre cuando el juzgador le asigna a la norma o normas un sentido o alcance que no le corresponde.

En el mismo sentido, la Corte Constitucional dice que el defecto sustantivo se presenta cuando : (i) la decisión judicial se sustenta en una norma inaplicable al caso concreto; (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución y la ley le reconoce a las autoridades judiciales, la interpretación o aplicación que se hace de la norma en el caso concreto desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido el alcance de la norma; (iii) la interpretación de la norma se hace sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática; (iv) la norma aplicable al caso concreto es desatendida y, por ende, inaplicada, o (v) a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a la que se aplicó.

ii) Desconocimiento del precedente

Para la Sala es posible plantear la transgresión del precedente si se demuestra: i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación (existencia del precedente); ii) que tales decisiones (precedentes) sean vinculantes para la autoridad judicial demandada, tanto por ser el precedente vigente, como por tener la fuerza vinculante suficiente (vinculatoriedad); iii) que la decisión judicial que se cuestiona en sede de tutela sea contraria al precedente vinculante (contradicción con el precedente vinculante); iv) que el juez de instancia no presente una justificación razonable para apartarse del precedente vinculante (inexistencia de justificación razonable para separarse del precedente).

Sin embargo, es pertinente indicar que la Corte Constitucional de tiempo atrás ha dicho que es causal autónoma y específica de procedibilidad el desconocimiento del precedente constitucional, que se configura, entre otros motivos: i) cuando se contraría la ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad y/o ii) cuando se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado a través de la ratio decidendi de sus sentencias de tutela, mucho más cuando se trata de sentencias SU.

El respeto del precedente constitucional adquiere un peso específico en el ordenamiento jurídico, como respuesta al rol que cumple la Corte como órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, en los términos previstos en el artículo 241 de la Carta Política. Por eso, la regla de derecho que se crea a través de la ratio decidendi de las sentencias de tutela o de constitucionalidad adquiere carácter vinculante para todos los casos que comportan identidad de supuestos fácticos y/o normativos.

iii) Caso concreto

Corresponde determinar si, tal como lo alega la actora, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en defectos sustantivo y desconocimiento del precedente judicial y la consecuente vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia.

La señora Dora Rosario Higuera Mena formuló demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución PAP 004124 de 3 de mayo de 2010, expedida por CAJANAL EICE en Liquidación, por la cual negó la sustitución pensional, a pesar de su calidad de compañera permanente del causante Efraín Reyes Vargas. Al proceso se vinculó a la cónyuge del pensionado, señora María de las Mercedes Manrique de Reyes.

En primera instancia, en sentencia de 31 de octubre de 2013, el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Cali anuló el acto acusado y condenó a CAJANAL a reconocer y pagar a título de sustitución pensional, la pensión de jubilación que devengaba el fallecido Efraín Reyes Vargas en un 50% para la compañera permanente y el otro 50% para la cónyuge supérstite. La señora Manrique de Reyes interpuso apelación contra la anterior decisión.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia de 23 de agosto de 2018, resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: MODIFICAR el numeral TERCERO de la sentencia sin número del 31 de octubre de 2013, proferida por Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Cali, por las razones expuestas en esta providencia, el cual quedará así:

“TERCERO: CONDÉNESE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL- UGPP, a reconocer y pagar a título de sustitución pensional, la pensión de jubilación que devengaba el fallecido Efraín Reyes Vargas, en el equivalente al 80% a la señora María de las Mercedes Manrique de Reyes, en su condición de cónyuge supérstite y en el equivalente al 20% a la señora Dora Rosario Higuera Mena, en su condición de compañera permanente”.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia recurrida. (…).”

Es contra esta decisión que se interpone la presente acción de tutela. La actora manifestó que la autoridad judicial demandada erró al aplicar las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 y la sentencia C-1035 de 2008 de la Corte Constitucional, pues la sustitución pensional que se reclama del causante es respecto de una pensión gracia reconocida en calidad de docente.

A juicio de la actora las normas aplicables son la Ley 71 de 1988 y el Decreto Reglamentario 1160 de 1989 porque el causante era beneficiario de un régimen especial, excluido del Sistema General de Seguridad Social [L. 100/93]. Y como concurren a reclamar la pensión de sobreviviente tanto la cónyuge como la compañera permanente alegando convivencia simultánea, el porcentaje de reconocimiento debe ser en partes iguales, conforme con las referidas normas, los artículos 13, 42 y 48 de la Constitución Política y los criterios de justicia y equidad.

Para determinar la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados es necesario acudir a las consideraciones expuestas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia de 23 de agosto de 2018.

En la citada sentencia, que ahora es objeto de tutela, el Tribunal, en primer lugar, se apoya en lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que se refiere a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Según esa norma, dice el Tribunal, el cónyuge o la compañera o compañero supérstite son beneficiarios de la sustitución pensional si al momento del fallecimiento del causante acredita que: (i) tiene por lo menos 30 años de edad; (ii) hizo vida marital con él hasta su muerte y (iii) convivió con él no menos de (cinco) 5 años continuos antes de la muerte.

Precisó que, conforme la misma normativa, cuando existe convivencia simultánea entre cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria de la pensión de sobrevivientes es la esposa o el esposo. Sin embargo, explicó que la sentencia C-1035 de 2008 de la Corte Constitucional estudió la exequibilidad del literal b (parcial) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 [que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993], que se refiere a ese punto específico y lo declaró exequible, condicionado a que también es beneficiaria de la pensión la compañera o el compañero permanente y determinó que la pensión se divide entre ambos en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

Sobre ese particular, el Tribunal se apoyó en jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la que se ha dejado claro que si existe controversia frente a los titulares del derecho a la sustitución pensional debe valorarse la convivencia y apoyo mutuo al momento de la muerte del pensionado.

Para resolver el caso concreto, el Tribunal valoró todas las pruebas documentales aportadas por las partes y la litisconsorte y los testimonios practicados y encontró acreditado que el señor Efraín Reyes Vargas mantenía una relación simultánea con su esposa y su compañera permanente, por lo que ambas deben tenerse como beneficiarias de la sustitución pensional pero en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

En consecuencia, como la señora Manrique de Reyes convivió con el causante 54 años y la señora Higuera Mena 13 años, ordenó el reconocimiento y pago de la prestación en un porcentaje equivalente al 80% a favor de la primera, como cónyuge supérstite y al 20% a favor de la segunda, como compañera permanente.

Analizadas como están las consideraciones expuestas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia del 23 de agosto de 2018, objeto de amparo, esta Sala no vislumbra la configuración de defecto sustantivo ni desconocimiento del precedente que permita dejarla sin efectos como se explica a continuación.

Es cierto, tal como lo indica la actora, que los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se rigen por la Ley 71 de 1988 y su Decreto Reglamentario 1160 de 1989. Sin embargo, el artículo 6 del referido decreto que indica cuales son los beneficiarios de la sustitución pensional no contempla el supuesto de la convivencia simultánea, por lo que ante ese vacío normativo es necesario para resolver la controversia planteada, tal como lo hizo el Tribunal demandado, acudir a lo dispuesto en el inciso tercero del literal b) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que si regula esa situación.

Como se indicó en párrafos precedentes, el inciso tercero del literal b) del artículo 13 [parcial] de la Ley 797 fue declarado exequible por la Corte Constitucional en el entendido de que cuando se demuestra convivencia simultánea debe tenerse como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes tanto al cónyuge supérstite como a la compañera o el compañero permanente y que esa prestación debe ser proporcional a los años de convivencia con el causante [C-1035/08].

Así que no resulta arbitrario ni contrario a derecho aplicar esa norma cuando la sustitución pensional o la pensión de sobrevivientes es reclamada por la esposa o el esposo supérstite y por la compañera o compañero permanente del pensionado fallecido y se logra demostrar que existió convivencia simultánea con los dos, por el contrario resulta razonable verificar los años de convivencia y apoyo mutuo que cada uno compartió con el causante y así determinar el porcentaje a que tienen derecho.

Aunado al vacío normativo que existe en la normatividad especial que rige el régimen docente, en relación con la sustitución pensional cuando se alega convivencia simultánea, es acertado además considerar que el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, cuya exequibilidad es condicionada, resulta más favorable pues reconoce también como beneficiaria de la prestación a la compañera o compañero permanente y no solo al cónyuge supérstite, lo que refuerza aún más la posibilidad de aplicar dicha disposición.

Sobre este punto, debe decirse que la Sección Segunda de esta Corporación ha admitido que a los beneficiarios de los regímenes especiales les son aplicables las normas del Sistema General de Seguridad Social cuando resulten más favorables que las especiales.

Así lo consideró la Sección Segunda en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra el acto que negó la pensión de sobrevivientes a la cónyuge y la otorgó en un 100% a la compañera permanente del causante, pues, en sentencia de 17 de octubre de 2017, confirmó la decisión de primera instancia que anuló parcialmente el acto acusado y ordenó el pago de la pensión de sobrevivientes en un 31.70% a la cónyuge supérstite y el 68.30% restante a la compañera permanente. En cuanto a la normativa aplicable señaló lo siguiente:

“[…] Ahora bien, en lo que tiene que ver con lo expuesto por el apoderado de la señora María Consuelo Quintero Acosta «compañera permanente» en relación a que se debe aplicar al presente caso el Decreto 1160 de 1989, pues el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio del Sistema Integral de Seguridad Social, resulta que tampoco se puede acoger tal argumento en virtud a que estima la Sala que si bien el régimen especial aplicable a los docentes y el régimen general de pensiones, son regímenes diversos, con reglas jurídicas propias, debe decirse que tanto la jurisprudencia constitucional como la de esta Corporación han admitido la posibilidad de que a los beneficiarios de un régimen especial le sean aplicables las disposiciones de naturaleza general, en tanto estas últimas resulten más favorables a sus pretensiones.[…]”

A su turno, la Corte Constitucional en la sentencia T-078 de 2018, en la que revisó los fallos de tutela que negaron el amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social, a la vida en condiciones dignas y al debido proceso invocados como vulnerados por un acto de sustitución de la pensión de jubilación de un docente, consideró que el régimen general contenido en la Ley 797 de 2003, resulta más favorable porque no discrimina a las beneficiarias de esta prestación, refiriéndose tanto a la cónyuge como a la compañera permanente.

Adicionalmente, valga aclarar que, tal como lo advirtió la actora, en algunos casos la Sección Segunda ha ordenado el pago de la prestación pensional en partes iguales entre la cónyuge y la compañera permanente, teniendo en cuenta los criterios de justicia y equidad. Empero, ello no implica que en todos los asuntos en los que exista controversia sobre el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes o de la sustitución pensional ante una convivencia simultánea del cónyuge y la compañera o compañero permanente con el fallecido deba ordenarse el pago en proporciones iguales, pues ello depende de lo que quede demostrado en el proceso. En este caso los supuestos de hecho difieren de los que quedaron demostrados en otros en los que se ha ordenado el pago del 50% para cada una [esposa y compañera].

Entonces, como se mostró brevemente, la decisión fue razonable porque se sustentó en las normas legales que rigen el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes cuando existe convivencia simultánea. Así como en la jurisprudencia que la Corte Constitucional y esta Corporación han fijado, referente al criterio material de la convivencia efectiva y apoyo mutuo al momento de la muerte.

Queda desvirtuado que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca hubiera aplicado normas que no correspondían al caso y que se apartara del precedente jurisprudencial de esta Corporación, por el contrario lo respetó al aplicar la norma más favorable.

Así que fue acertada la modificación de la decisión de primer grado porque quedó demostrado que la cónyuge supérstite siempre vivió con su esposo y lo apoyó hasta el día de su deceso. A diferencia de la señora Higuera Mena, quien de manera precaria, según se lee en la sentencia atacada, pudo demostrar una convivencia de 13 años, pues no se pudo constatar la fecha a partir de la cual comenzó la relación con el señor Efraín Reyes Vargas.

Por último, en relación con la sentencia de 25 de julio de 2013, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en segunda instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo del Departamento del Valle del Cauca que negó la sustitución pensional a favor de la señora Higuera Mena, en su calidad de compañera permanente del señor Efraín Reyes Vargas, que la actora alega no fue tenida en cuenta para decidir, a pesar de la identidad de la parte demandante y de los hechos, se observa que en esa oportunidad se concluyó que al estar demostrada la convivencia simultánea era procedente distribuir el beneficio pensional en partes iguales.

No obstante, en esa providencia no se analizó el hecho de que la repartición de la sustitución pensional debe hacerse en proporción al número de años convividos con el causante, lo que sí se hizo en la sentencia de 23 de agosto de 2018, objeto de tutela, como criterio determinante para fijar el porcentaje al que tiene derecho tanto la cónyuge como la compañera permanente con la que el causante tuvo convivencia simultánea.

Así que es clara la diferencia interpretativa y el planteamiento de una mejor visión de los hechos en uno y otro caso, lo que no ata al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca a decidir en los mismos términos que lo hizo en oportunidad anterior.

En criterio de la Sala debe respetarse la apreciación del juez natural, así como su independencia y autonomía, pues es el competente, según su especialidad, para definir el conflicto puesto a su conocimiento.

En ese sentido, no se advierten vulnerados los derechos fundamentales invocados. En consecuencia, no hay lugar a acceder al amparo solicitado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar las pretensiones de la tutela presentada por la señora Dora Rosario Higuera Mena, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en sesión de la fecha.

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Presidente de la Sección

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

MILTON CHAVES GARCÍA

JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Fl. 19
Consejo de Estado- Sección Segunda: Sentencia de 20 de septiembre de 2007, Exp. 1999-01453-01 [2410-2004]; Sentencia de 22 de abril de 2010, Exp. 1955-07; Sentencia de 3 de mayo de 2012, Exp. 2008-00877-01 [1676-11]; Sentencia de 11 de agosto de 2016, Exp.2003-00777-01 [2641-2014]
T-018/14 y SU-337/17
Fl. 104
Fls. 149 y 173
Mediante comunicación telefónica con la señora María de las Mercedes Manrique de Reyes el 11 de abril de 2019, el despacho sustanciador constató que quedó notificada de la existencia de la presente acción de tutela, al informar que recibió el mensaje enviado al correo electrónico HYPERLINK "mailto:myriamreyesm17@gmail.com" myriamreyesm17@gmail.com visto a folio 193 y vuelto.
Fls. 112-113
Exp. 2013-00214-01 (1392-2016), C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Fls. 117-121
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; y v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela.
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución.
Copia de este fallo obra a fls. 35-43 del expediente.
Ver sentencias T-784 de 2000, T-008 de 1998, T-189 de 2005, T-205 de 2004, T-804 de 1999, T-522 de 2001, T-694 de 2000, T-807 de 2004 y SU-159 de 2002.
Ha dicho la Corte que el fundamento del carácter vinculante de la ratio decidendi en este tipo sentencias, se encuentra en la fuerza de autoridad que tienen los argumentos de constitucionalidad expuestos, que inciden de manera directa en las decisiones que adopta.
Al respecto se puede consultar, por mencionar una de tantas, la Sentencia T-1092 de 2007.
ARTÍCULO 13. Los artículos 47 y 74 quedarán así:

Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: […] b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente; […]” Aparte subrayada declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE únicamente por los cargos analizados por la Corte Constitucional en la sentencia C-1035 de 2008.

Sentencia de 26 de abril de 2018, Exp. 2010-00295-01 (2564-14), Demandante: Clara Esther Narváez Ordoñez, M.P. Rafael Francisco Suarez Vargas.
El artículo 3 de la Ley 71 de 1988 hizo extensivas las previsiones de las Leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985 en materia de sustitución pensional
Sobre el régimen jurídico aplicable para la sustitución pensional cuando el causante estaba afiliado al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio consultar: Sentencia de 21 de junio de 2018, Exp. 52001-23-33-000-2013-00190-01(1666-15), M.P. Gabriel Valbuena Hernández, Sentencia de 26 de julio de 2018, Exp. 47001-23-33-000-2016-00099-01 [00042-2017], M.P. William Hernández Gómez; Sentencia de 31 de octubre de 2018, Exp. 23001-23-33-000-2013-00007-01(1576-14), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, entre otras.
Artículo 6. Beneficiarios de la sustitución pensional. Extiéndase las previsiones sobre sustitución pensional:
1o. En forma vitalicia al cónyuge sobreviviente {y a falta de éste}, al compañero o a la compañera permanente del causante.
{Se entiende que falta el cónyuge:
a). Por muerte real o presunta;
b). Por nulidad del matrimonio civil o eclesiástico;
c). Por divorcio del matrimonio civil.}
2o. A los hijos menores de 18 años, inválidos o cualquier edad y estudiantes de 18 años o más de edad, que dependan económicamente del causante mientras subsistan las condiciones de minoría de edad, invalidez o estudios.
3o. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente o hijos con derecho, en forma vitalicia a los padres legítimos, naturales y adoptantes del causante que dependan económicamente de éste.
4o. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, hijos y padres con derecho a los hermanos inválidos que dependan económicamente del causante y hasta cuando cese la invalidez. [Apartes entre corchetes, declarados vigentes por el Consejo de Estado, mediante Auto del 30 de marzo de 1995 y Sentencia del 10 de octubre de 1996, Expediente No. 11223, Magistrado Ponente, Dra. Dolly Pedraza de Arenas.]

Consejo de Estado, Sentencia de 27 de agosto de 2009, Radicado 130012331000200000421 01, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
Exp. 2013-00214-01 [1392-2016], M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez
“(…) Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley  HYPERLINK "http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0071_1988.htm" \l "1" 71 de 1988 (…)”.
“(…) ARTÍCULO 279. EXCEPCIONES.  El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas.
Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida. (…)”.
Fls. 77-97

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