Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-03678-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-03678-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2018-03678-01
Consejero ponente: Carmelo Darío Perdomo Cuéter
4 de marzo de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y REPARACIÓN INTEGRAL / DEFECTO FÁCTICO – No se valoraron adecuadamente las pruebas allegadas al proceso/ DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – Se configura, ya que no se tuvo en cuenta el criterio actual del Consejo de Estado frente al caso / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR PERJUICIOS OCASIONADO POR LA VIOLACIÓN DE BIENES CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS
[L]a Sala encuentra que le asiste razón al demandante cuando afirma que los señores magistrados accionados no observaron el ordenamiento jurídico superior al omitir realizar el análisis del reconocimiento de los perjuicios por violación de bienes constitucionalmente protegidos, pues esa desatención desconoció su condición de víctima del conflicto armado y le impidió acceder a la compensación integral a la que tenía derecho, habida cuenta de que la muerte de su hijo obedeció a una significativa transgresión de derechos humanos, que compromete la responsabilidad agravada del Estado. (…) Por lo expuesto, esta Sala considera que la sentencia cuestionada, a través del trámite constitucional de la referencia, adolece de defecto fáctico, porque los tutelados no tuvieron en cuenta que las pruebas demostraban que el hecho que motivó la instauración de la demanda de reparación directa 18001-33-31-002-2009-00280-00 era una ejecución extrajudicial y, por ende, un grave quebranto de derechos humanos, lo que les imponía el deber de estudiar el reconocimiento de los menoscabos por violación de bienes constitucionalmente protegidos. (…) Además, dicha providencia también incurre en desconocimiento del precedente del Consejo de Estado, pues a pesar de que este indica que el análisis de los mentados daños es oficioso, con el fin de asegurar la reparación integral de las víctimas y cumplir las obligaciones internacionales adquiridas por el país respecto de la protección de garantías inherentes a las personas, los tutelados aseveraron que no era posible estudiar ese perjuicio debido a que no fue pedido en la demanda. (…) A partir de los anteriores prolegómenos, la Sala estima que la decisión cuestionada incurre en las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra pronunciamientos judiciales denominadas defecto fáctico y desconocimiento del precedente, motivo por el que revocará la sentencia impugnada, y en su lugar, (i) amparará los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y reparación integral del actor, (ii) dejará sin efectos el fallo de 22 de marzo de 2018, por medio del cual el Tribunal Administrativo del Caquetá confirmó el de 30 de septiembre de 2016, con el que el Juzgado Tercero (3.º) Administrativo de Florencia accedió parcialmente a las pretensiones de la acción de reparación directa 18001-33-31-002-2009-00280-00 incoada contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, en cuanto negó el perjuicio por violación de bienes constitucionalmente protegidos; y (iii) ordenará a los accionados que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, profieran una nueva en la que analicen el otorgamiento de la compensación de tal menoscabo, en atención a lo expuesto en este fallo, en la cual, cabe anotar, deben privilegiarse las medidas resarcitorias no pecuniarias. NOTA DE RELATORÍA: En cuanto al criterio del Consejo de Estado para reconocer y fijar perjuicios ocasionados por la violación de bienes constitucionalmente protegidos, consultar: Consejo de Estado, Sección tercera, Sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 66001-23-31-000-2001-00731-01, M. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL: DECRETO 2591 DE 1991 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA – ARTÍCULO 90.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER
Bogotá, D. C., cuatro (4) de marzo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-03678-01 (AC)
Actor: IRIÁN JOSÉ CUÉLLAR BUENDÍA
Demandado: MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el demandante contra la sentencia de 5 de diciembre de 2018, proferida por la subsección A de la sección segunda del Consejo de Estado, que negó el amparo deprecado.
I. ANTECEDENTES
La solicitud de amparo (ff. 1 a 25 c. 1). El señor Irián José Cuéllar Buendía, quien actúa en nombre propio, presenta acción de tutela con el fin de que se le protejan sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y reparación integral, presuntamente vulnerados por los señores magistrados del Tribunal Administrativo del Caquetá.
Como consecuencia de lo anterior, se deje parcialmente sin efectos el fallo de 22 de marzo de 2018, por medio del cual el Tribunal Administrativo del Caquetá confirmó el de 30 de septiembre de 2016, con el que el Juzgado Tercero (3.º) Administrativo de Florencia accedió, de manera parcial, a las pretensiones de la acción de reparación directa 18001-33-31-002-2009-00280-00 incoada contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional; y en su lugar, se ordene a las autoridades accionadas dictar una nueva providencia en la que reconozcan, a título de indemnización, todos los perjuicios reclamados en ese trámite contencioso-administrativo.
Hechos. Relata el accionante que el 28 de noviembre de 2007 su hijo Mauricio Cuéllar Ramírez fue asesinado por militares en la vereda Lusitania del municipio de Puerto Rico (Caquetá), lo que motivó que instaurara el 22 de septiembre de 2009, junto con otros familiares, demanda contencioso-administrativa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional (expediente 18001-33-31-002-2009-00280-00), con el propósito de que se le declarara administrativamente responsable del deceso de aquel y se ordenara el resarcimiento de los correspondientes daños.
Que el 30 de septiembre de 2016 el Juzgado Tercero (3.º) Administrativo de Florencia accedió, de manera parcial, a las súplicas formuladas, al considerar que las pruebas adosadas al proceso ordinario permitían inferir que el fallecimiento de su primogénito obedeció a una ejecución extrajudicial perpetrada por agentes del Estado, decisión apelada por las partes; la allí actora, bajo el argumento de que el monto del desagravio pecuniario debió ser superior, mientras que la demandada sostuvo que no se probó la falla del servicio alegada.
Dice que el Tribunal Administrativo del Caquetá desató las alzadas el 22 de marzo de 2018, en el sentido de confirmar la sentencia de primera instancia, al estimar que los medios de convicción demostraban que los miembros de la fuerza pública que abatieron al joven Mauricio Cuéllar Ramírez incumplieron sus funciones, lo que compromete la responsabilidad extracontractual de la Administración, sin embargo, el ad quem indicó que no había lugar a reconocer los perjuicios a las condiciones de existencia, debido a que no se acreditó alteración del estilo de vida, ni la medida simbólica, porque esta no fue pedida en la demanda.
Que la providencia objeto de censura incurre en la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra pronunciamientos judiciales denominada defecto fáctico, dado que en ella las autoridades accionadas no valoraron de manera integral las pruebas arrimadas al mentado proceso contencioso-administrativo, pues a pesar de que verificaban que el fallecimiento del difunto implicó una violación de derechos humanos, no se dispuso una reparación acorde con la gravedad de los hechos, por cuanto se negaron los menoscabos enunciados en el párrafo precedente.
Agrega que debieron otorgársele cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) por afectación de bienes constitucional y convencionalmente protegidos, además, también era dable desagraviar los daños a la vida de relación y adoptar medidas simbólicas, conforme al criterio jurisprudencial del Consejo de Estado relacionado con ejecuciones extrajudiciales.
1.3 Contestaciones de la acción.
1.3.1 Los señores magistrados del Tribunal Administrativo del Caquetá (ff. 40 y 41 c. 1), por conducto del ponente de la decisión judicial cuestionada, piden negar el amparo deprecado, en razón a que se profirió de acuerdo con el ordenamiento jurídico, pues las aseveraciones expuestas en ella son razonables y se fundan en una adecuada valoración probatoria. Asimismo, el resarcimiento económico reconocido atiende los postulados que el alto tribunal contencioso-administrativo fijó en el fallo de unificación de 28 de agosto de 2014, en el cual se dijo que esta recompensa por alteración a las condiciones de existencia se concede solo cuando se prueban, presupuesto que no se satisfizo en la acción de reparación directa 18001-33-31-002-2009-00280-00.
Que la tutela de la referencia no colma la exigencia general de procedibilidad de inmediatez, comoquiera que pasó un lapso excesivo entre la notificación de la determinación judicial reprochada y la instauración de ese mecanismo constitucional.
1.3.2 La señora coordinadora del grupo contencioso-constitucional del Ministerio de Defensa Nacional (ff. 44 y 45 c. 1) solicita desestimar las pretensiones del tutelante, habida cuenta de que emplea el presente instrumento judicial con la finalidad de revivir una controversia debidamente desatada, es decir, como una tercera instancia, lo que desconoce su naturaleza jurídica, máxime cuando con este pretende subsanar las omisiones en que incurrió en el mencionado trámite contencioso-administrativo.
1.4 Providencia impugnada (ff. 52 a 64 c. 1). El 5 de diciembre de 2018 el Consejo de Estado (subsección A de la sección segunda) negó las súplicas de la tutela del epígrafe, bajo el argumento de que el actor no formuló «serios planteamientos» que involucraran desacertadas valoraciones probatorias por parte de los tutelados, sino que usa esta acción como una instancia adicional al proceso ordinario 18001-33-31-002-2009-00280-00, toda vez que pretende que se efectúe un nuevo estudio de los medios de convicción arrimados a ese expediente.
Que si bien es cierto que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha explicado que es dable reconocer montos superiores a los establecidos en las sentencias de unificación cuando el litigio versa sobre una grave violación de derechos humanos, también lo es que a ello hay lugar cuando se demuestra «mayor congoja», la cual no fue acreditada por el accionante, omisión que impedía a las autoridades accionadas otorgarle sumas de indemnización superiores a las reconocidas en la providencia censurada.
1.5 Impugnación (ff. 73 a 85 c. 1). Inconforme con la anterior decisión el demandante la impugnó, en razón a que emplea la acción de tutela con el objeto de que le sean debidamente resarcidos los perjuicios que sufrió a causa de la muerte de su hijo, y no como una tercera instancia, suceso en el cual concurrieron particulares, de lo que se infiere que la reparación dispuesta en la sentencia cuestionada no fue suficiente.
Que en la determinación judicial atacada los tutelados, al tasar el resarcimiento pecuniario, no tuvieron en cuenta todos los elementos probatorios, puesto que a pesar de que demostraban que el fallecimiento del joven Mauricio Cuéllar Ramírez obedeció a una ejecución extrajudicial, delito considerado como una grave infracción de derechos humanos, no se le otorgó una suma acorde con sus padecimientos.
Sostiene que la compensación monetaria no atendió las circunstancias del caso concreto, porque no se diferencia de la impuesta en otros procesos en los que la Administración compromete su responsabilidad extracontractual, como un accidente de tránsito o falla médica, pese a que en el trámite ordinario 18001-33-31-002-2009-00280-00 se discutía un delito de lesa humanidad, como lo es la «desaparición forzada», que produce mayor congoja, conforme lo dijo el Consejo de Estado en un asunto similar.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia. En virtud de los artículos 32 del Decreto ley 2591 de 1991 y 2 del Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 2018, expedido por la sala plena del Consejo de Estado, esta sección es competente para conocer de la presente impugnación.
2.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional fundamental que pueda comportar el fallo de 22 de marzo de 2018, por medio del cual el Tribunal Administrativo del Caquetá confirmó el de 30 de septiembre de 2016, con el que el Juzgado Tercero (3.º) Administrativo de Florencia accedió parcialmente a las pretensiones de la acción de reparación directa 18001-33-31-002-2009-00280-00 incoada por el tutelante, junto con otros familiares, contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional; y en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido proceso, acceso a la administración de justicia y reparación integral invocadas en la solicitud de amparo.
2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestida de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del procedimiento previsto.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneren o amenacen derechos fundamentales. La regla general de improcedencia de la acción de tutela contra tales decisiones, se expone en la citada providencia al destacar que incluso las sentencias judiciales constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales y, además, porque el valor de cosa juzgada de las sentencias, la garantía del principio de seguridad jurídica y la autonomía e independencia son principios que caracterizan a la jurisdicción en la estructura del poder público.
En otro aparte, en la mencionada decisión se precisó:
[…] 22. Con todo, no obstante que la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales inherente a los fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público; ello no se opone a que en supuestos sumamente excepcionales la acción de tutela proceda contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan derechos fundamentales […].
Así las cosas, se elaboró el test de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con fin de destacar los eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, con el fin de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos puesto que se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; lo anterior porque el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. Al respecto señala la Corte Constitucional que de no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. Dicha irregularidad debe comportar grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse frente a crímenes de lesa humanidad, y la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio, por ello hay lugar a la anulación del juicio. (v) Que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible. Sobre este punto, la Corte anota que esta exigencia es comprensible, pues sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el accionante tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. (vi) Que no se trate de sentencias de tutela, dado el riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
Asimismo, bajo el rótulo de las causales de procedibilidad se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de decisión ilegítima con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga eminente relevancia constitucional resulta procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.
La Sala se ha detenido en el análisis de la posición de la Corte Constitucional en lo concerniente a la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, por las razones que se exponen a continuación:
La primera es que en este aspecto, comparte plenamente la idea cardinal de que en el Estado social de derecho la prevalencia de los derechos constitucionales fundamentales compromete la actuación de «cualquier autoridad pública» (artículo 86 de la CP), incluidos desde luego los jueces de la República de todas las jurisdicciones y rangos.
En segundo lugar, de acuerdo con los derroteros jurisprudenciales de la Corte Constitucional aunque la acción de tutela resulta procedente contra providencias judiciales, esta comporta carácter excepcional y no puede significar, en modo alguno, una prolongación indefinida del debate jurídico.
En tercer lugar, la metodología contenida en la jurisprudencia constitucional para verificar si una decisión judicial debe o no ser tutelada, constituye un valioso mecanismo para resolver el asunto, cuya adopción facilita el análisis de este complejo problema.
Por último, es pertinente destacar que la sala plena de lo contencioso- administrativo del Consejo de Estado, la cual había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales, rectificó su posición, mediante sentencia de 31 de julio de 2012, y dispuso que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos.
2.5 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que: (i) el asunto planteado es de relevancia constitucional, pues recae sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y reparación integral del tutelante; (ii) contra el fallo objeto de censura no procede recurso alguno, dado que se emitió en segunda instancia y se encuentra ejecutoriado; (iii) se establecieron los hechos que originaron el presunto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) la exigencia de inmediatez está satisfecha, porque la decisión atacada quedó ejecutoriada el 13 de abril de 2018 y la solicitud de amparo se instauró el 5 de octubre siguiente, es decir, dentro de un término prudencial (5 meses y 22 días), y (v) la sentencia acusada no decidió una acción de tutela.
2.5.1 Hechos probados. Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, se destaca lo siguiente:
a) El señor Irián José Cuéllar Buendía y la señora Luz Dary Ramírez Osorio tuvieron un hijo el 9 de mayo de 1989, a quien llamaron Mauricio Cuéllar Ramírez, núcleo familiar que vivía en la zona rural de Florencia (Caquetá) [ff. 22 y 39 c. 1 expediente ordinario].
b) El 28 de noviembre de 2007 miembros del Ejército Nacional, adscritos al batallón Cazadores, dieron de baja a dos (2) presuntos guerrilleros en la vereda Lusitania de Puerto Rico (Caquetá) durante un supuesto combate armado, lugar al que acudieron técnicos de la Fiscalía General de la Nación con la finalidad de efectuar el levantamiento de los cadáveres, quienes encontraron en el sitio un revólver, un radio de comunicación, una hoja con el nombre de unas personas, una pistola 9 milímetros, «vainillas de fusil» y una granada (ff. 14 a 17 c. 4 expediente ordinario).
c) La policía judicial entrevistó a los soldados profesionales Luis Eduardo Gómez Mendoza y Willinton Montenegro Rojas, quienes aseveraron, respecto del hecho descrito en la letra anterior, que mientras patrullaban vieron a siete (7) u ocho (8) sujetos con ropa negra, quienes les empezaron a disparar, motivo por el cual respondieron al fuego y abatieron a algunos de ellos (ff. 48 a 51 c. 4 expediente ordinario).
d) El 28 de noviembre de 2007 se realizó la necropsia del joven Mauricio Cuéllar Ramírez (ff. 75 a 82 c. 4 expediente ordinario) y el 31 de diciembre siguiente se efectuó examen de laboratorio a las armas encontradas en el sitio del supuesto enfrentamiento, y se estableció que funcionaban adecuadamente (ff. 138 a 143 c. 4 expediente ordinario).
e) El 7 de noviembre de 2008 el soldado César Augusto Oyola Medina denunció ante la Fiscalía General de la Nación que las muertes acaecidas el 28 de noviembre de 2007, en la vereda Lusitania de Puerto Rico, obedecieron a «falsos positivos», pues él integraba el pelotón que reportó esas bajas, con la finalidad de descansar en las festividades decembrinas. Precisó que para ello compraron armas con un dinero recaudado y «rasparon» una granada de dotación oficial para quitarle las referencias, artefactos que fueron dejados cerca de los cuerpos sin vida.
También aseveró que las víctimas fueron reclutadas en Florencia por uniformados, bajo la promesa de recibir una alta suma de dinero por cobrar una extorsión; quienes aceptaron fueron conducidos por tierra al mencionado municipio y obligados a que se pusieran ropa negra y caminaran por una zona desolada, donde los esperaron los militares que los asesinaron (ff. 191 a 195 c. 4 expediente ordinario).
f) El 24 de noviembre de 2008 el joven Harold Andrés Ramos Guayán rindió declaración juramentada ante empleados del ente investigador, en la cual señaló que el joven Cuéllar Ramírez (q. e. p. d) y él fueron contactados por un soldado conocido como Neko, con el objeto de recoger una plata en una finca de Puerto Rico, oferta de la que él declinó por miedo, sin embargo, Mauricio se subió al carro con destino a ese municipio, en el que posteriormente fue presentado como guerrillero abatido en combate (ff. 219 a 221 c. 5 expediente ordinario). La anterior versión fue corroborada el 1.º de abril de 2009 por el joven Yovanny Devia González (ff. 237 a 239 c. 5 expediente ordinario).
g) El señor Irián José Cuéllar Buendía, junto con otros familiares, incoó el 22 de septiembre de 2009 acción de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional (expediente 18001-33-31-002-2009-00280-00), con el propósito de que se le declarara administrativamente responsable del deceso de su hijo Mauricio Cuéllar Ramírez y ordenara indemnizar los correspondientes perjuicios, en razón a que el fallecimiento de este fue una ejecución extrajudicial (ff. 2 a 8 c. 1 expediente ordinario).
h) Mediante auto de 25 de septiembre de 2009, el Juzgado Segundo (2.º) Administrativo de Florencia admitió la demanda contencioso-administrativa (f. 61 c. 1 expediente ordinario), y el 11 de octubre de 2010 decretó como pruebas los medios de convicción que daban cuenta de los hechos narrados en las letras precedentes (ff. 126 y 127 c. 1 expediente ordinario).
i) Con sentencia de 30 de octubre de 2016, el Juzgado Tercero (3.º) Administrativo de Florencia declaró a la parte allí demandada administrativamente responsable de la muerte del muchacho Cuéllar Ramírez, dado que obedeció a una ejecución extrajudicial perpetrada por agentes del Estado, y ordenó reconocerle al actor por concepto de perjuicios morales la suma de cien (100) smlmv y por lucro cesante $30ʼ289.124, pero negó los de la vida de relación, bajo el argumento de que no probó variaciones en las condiciones de existencia (ff. 322 a 353 c. 2 expediente ordinario).
j) La anterior decisión fue apelada por las partes (i) la demandada porque se le imputó un daño antijurídico debido a una desacertada conclusión probatoria, por cuanto los medios de prueba demostraban que el deceso que motivó la instauración de la acción de reparación directa se produjo durante un combate (ff. 353 a 359 c. 2 expediente ordinario); y (ii) la demandante, en razón a que el monto de la indemnización fue inferior a sus padecimientos (ff. 382 a 400 c. 2 expediente ordinario).
k) Por medio de fallo de 22 de marzo de 2018, el Tribunal Administrativo del Caquetá desató las alzadas, en el sentido de confirmar el de primera instancia, al considerar que hubo un incumplimiento de las funciones de los uniformados involucrados en el hecho acaecido el 28 de noviembre de 2007, de ahí que al Estado le asistiera la obligación de resarcir los perjuicios reconocidos por el a quo, pese a ello, no era dable conceder los menoscabos a la vida de relación, comoquiera que no se verificó alteración en las condiciones de existencia del actor.
Que las medidas de compensación simbólicas (detrimentos de bienes constitucionalmente protegidos) no fueron pedidas en la demanda, situación que impedía su concesión, máxime cuando la allí demandada no tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre el particular (ff. 456 a 473 c. 3 expediente ordinario).
Hechas las anteriores precisiones fácticas, la Sala efectuará las siguientes acotaciones jurídicas, con el propósito de dilucidar si el pronunciamiento atacado quebranta preceptos superiores.
2.5.2 Defecto fáctico. El tutelante alega que la providencia objeto de censura adolece de defecto fáctico, habida cuenta de que en ella las autoridades accionadas no valoraron de manera integral las pruebas arrimadas al proceso de reparación directa 18001-33-31-002-2009-00280-00, pues le negaron los perjuicios a la vida de relación y por violación de bienes constitucionalmente protegidos, a pesar de que aquellas demostraban que el deceso del joven Mauricio Cuéllar Ramírez obedeció a una ejecución extrajudicial y, en consecuencia, a un grave desconocimiento de derechos humanos.
Con la finalidad de dilucidar si la anterior aseveración tiene vocación de prosperidad, es oportuno anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin contar con supuestos ciertos, esto es, «[…] surge cuando carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión».
La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos aspectos o dimensiones. El primero hace referencia al aspecto positivo que se presenta cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto negativo que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente pese a de obrar suficiente material probatorio que lo demuestra. Al respecto, el alto tribunal constitucional indicó:
[…] el defecto fáctico positivo, procede de una inadecuada valoración del acervo probatorio o cuando se funda una decisión en una prueba no apta para ello. Por su parte el defecto negativo, alude a aquella omisión en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. En esta situación se incurre cuando se produce la negación de una prueba o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba que se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración, o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.
Es necesario advertir que si bien el juez goza de un amplio margen de autonomía al momento de valorar las pruebas, no está facultado para ejercer dicha prerrogativa de manera arbitraria en razón a que debe observar criterios objetivos que garanticen la razonabilidad de las deducciones de cada medio probatorio, lo que se logra en atención a las reglas de la sana crítica, conforme lo prevé el artículo 176 del Código General del Proceso (CGP), norma aplicable en la jurisdicción contencioso-administrativa a partir del 1.º de enero de 2014, como lo explicó la sala plena de esta Corporación. El tenor de esa norma es el siguiente:
Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.
El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.
Asimismo, cabe anotar que las aludidas reglas de la sana crítica hacen referencia a parámetros impuestos por la lógica, ciencia y experiencia.
Ahora bien, en aras de determinar si las autoridades accionadas incurrieron en la irregularidad invocada por el actor, es pertinente agotar el siguiente análisis jurídico.
2.5.2.1 Daños a la vida de relación o alteración grave a las condiciones de existencia. En un principio, la jurisprudencia instituyó el menoscabo a la vida de relación como la afectación de los vínculos de la víctima con el mundo exterior en razón a la configuración de un daño antijurídico. Sin embargo, posteriormente se hizo referencia a la alteración grave a las condiciones de existencia, concepto que además de abarcar el inicial (vida de relación), involucra «[…] esos cambios bruscos y relevantes a las condiciones de una persona en cuanto tal y como expresión de la libertad y el albedrío atributos esenciales a la dignidad humana principio fundante del Estado Social de Derecho colombiano y de su ordenamiento jurídico, según consagra el artículo 1° de la Constitución Política […]».
No obstante, la sección tercera (3.ª) del Consejo de Estado consideró que ese deterioro podría integrar el daño a la salud, puesto que afecta el fuero interno del perjudicado y minimiza la posibilidad de que lleve una cotidianidad igual a la que tenía antes del hecho que generó la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado.
Sobre la tasación de esos agravios, esta Corporación indicó:
En cuanto a la forma de tasar la indemnización de dicho perjuicio, la Sala acogió que éste consta de un componente objetivo, en el cual se revisa la magnitud de la lesión y otro subjetivo, encaminado al análisis de las consecuencias que dicho menoscabo causa en cada individuo.
Ahora bien, el reconocimiento del perjuicio analizado está supeditado a su demostración, pues es indispensable que quien pretenda su otorgamiento acredite que su vida sufrió modificaciones significativas como consecuencia del hecho dañoso. Sobre el particular, esta Colegiatura explicó:
[…] la alteración que produce el daño en las relaciones de los accionantes con su entorno, no fueron acreditadas en ningún medio de prueba. El carácter rogado de la jurisdicción contenciosa administrativa supone el deber de las partes, no sólo de enunciar los perjuicios cuya indemnización reclaman, sino de demostrar su existencia mediante los distintos elementos de prueba allegados al proceso.
Hechas las anteriores precisiones jurídicas, la Sala constata en el asunto sub judice que los medios de prueba adosados al pluricitado proceso de reparación directa 18001-33-31-002-2009-00280-00 no fueron valorados por parte de los magistrados accionados de manera arbitraria o caprichosa al negar en la sentencia atacada el otorgamiento de los perjuicios a la vida de relación reclamados por el tutelante, pues no demostró que haya sufrido cambios bruscos en su cotidianidad a causa del deceso de su hijo Mauricio.
En otras palabras, los elementos materiales probatorios adosados al trámite ordinario no permitían inferir que el actor haya padecido alteraciones en su estilo de vida luego de los acontecimientos del 28 de noviembre de 2007, motivo por el cual no era dable acceder al resarcimiento de los mencionados agravios debido al incumplimiento de la carga de la prueba. Sobre el particular, el Consejo de Estado ha dicho:
Como lo ha precisado la Sala en varias oportunidades, de acuerdo con el artículo 177 del C.P.C. [Código de Procedimiento Civil] la carga de la prueba compete a la parte que alega un hecho o a quien lo excepciona o lo controvierte; por lo tanto, es indispensable demostrar, por los medios legalmente dispuestos para tal fin, los hechos que sirven de fundamento fáctico de la demanda, de modo que la mera afirmación de los mismos no sirve para ello.
Cabe destacar que si bien es cierto que esta Corporación ha indicado que las ejecuciones extrajudiciales involucran una grave violación de derechos humanos, también lo es que en esos asuntos no se releva a los demandantes de la obligación de probar los estudiados perjuicios, de manera que deben negarse cuando no son acreditados, tal como ocurrió en la determinación judicial atacada.
Resulta oportuno indicar que los medios de convicción adosados al proceso contencioso-administrativo demuestran la responsabilidad patrimonial del Estado por el deceso del joven Mauricio Cuéllar Ramírez, quien fue ultimado por miembros del Ejército Nacional y exhibido como guerrillero muerto en combate, empero de ello no es posible deducir que se deban cancelar los menoscabos a la vida de relación del accionante, por cuanto no se verificó afectación de su existencia.
Así las cosas, el hecho de que los accionados no hayan valorado las pruebas en el sentido que pretendía el demandante, no involucra la configuración de la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales denominada defecto fáctico, pues en obedecimiento de sus competencias jurisdiccionales tienen la potestad de otorgar diferentes grados de certeza a los elementos probatorios obrantes en el expediente, siempre que lo hagan de manera integral y bajo los criterios de la sana crítica, conforme aconteció en el asunto materia de controversia.
Por ende, las conclusiones probatorias del funcionario judicial (natural) están amparadas por la presunción de buena fe, situación que imposibilita al juez de tutela cuestionarlas, salvo que sean evidentemente contrarias a las garantías superiores del ordenamiento jurídico, supuesto que no se da en el sub lite. Acerca de este aspecto, la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente:
Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos.
Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar, conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto.
El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo sino que sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima.
Para que la acción de tutela pueda proceder por error fáctico, “[e]l error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto” […].
Por otro lado, el Consejo de Estado ha explicado que en asuntos como el debatido en la demanda de reparación directa 18001-33-31-002-2009-00280-00, es dable flexibilizar la carga probatoria (lo que permite acudir a los indicios), no obstante, a ello hay lugar cuando se busca establecer las circunstancias de modo, tiempo y espacio en que ocurrieron los hechos, dado que en la mayoría de los casos no obra prueba directa, pero ese alivio en la obligación de demostración no se extiende a los deterioros a la vida de relación, los cuales deben ser revelados.
Además, es cierto que un daño antijurídico le causa malestar en su interior a la persona que lo padece, más cuando involucra la muerte de un pariente, sin embargo, tal congoja se repara a través del agravio moral, en el cual opera una presunción de afectación pasible de resarcimiento, que no tiene cabida cuando se discute la concesión de los estudiados perjuicios, puesto que es imperativo acreditarlos.
En atención a lo expuesto, la Sala constata que los señores magistrados accionados no incurrieron en un defecto fáctico al negar el reconocimiento de los menoscabos a la vida de relación pretendidos por el actor, debido a que este no los probó.
Ahora bien, con el objeto de despachar la aseveración consistente en que los tutelados valoraron indebidamente los medios de pruebas adosados al proceso 18001-33-31-002-2009-00280-00, al negar el otorgamiento de los deterioros por violación de bienes constitucionalmente protegidos, por cuanto certificaban la ocurrencia de una grave infracción de derechos humanos, se efectúa el siguiente análisis jurídico.
2.5.2.2 Perjuicios por violación de bienes constitucionalmente protegidos. En virtud del artículo 90 de la Constitución Política, cuando las actuaciones de los agentes del Estado ocasionan a una persona un daño antijurídico, es decir, un perjuicio que no está en la obligación de soportar, surge el deber de aquel de resarcirlo y el derecho de esta a que así sea.
Por consiguiente, si bien el menoscabo de los derechos de los individuos atribuible al Estado le impone el deber a este de recomponerlos, la reparación depende de la naturaleza de la garantía que se conculcó. Por ello, en el evento en que el daño quebrante derechos humanos, el desagravio adquiere una connotación distinta, pues opera el concepto de responsabilidad agravada adoptado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sobre el cual el Consejo de Estado dijo:
[…] en aquellos casos sometidos al conocimiento del juez contencioso administrativo, en los cuales se encuentren configuradas violaciones graves o sistemáticas a derechos humanos o al derecho internacional humanitario, resulta procedente -y en los términos de la Convención Americana, obligada- la declaratoria de la “responsabilidad agravada del estado colombiano” […].
En los eventos en que se configure dicha responsabilidad agravada, esto es, cuando el detrimento que se le atribuye a la acción u omisión de agentes del Estado involucra graves violaciones de derechos humanos, el juez cuenta con un amplio margen para adoptar las medidas que considere pertinentes con la finalidad de restablecerlos efectivamente, como las simbólicas o restaurativas, en ese sentido, lo explicó esta Corporación al determinar:
[…] la reparación integral en el ámbito de los derechos humanos supone, no sólo el resarcimiento de los daños y perjuicios que se derivan, naturalmente, de una violación a las garantías de la persona reconocidas internacionalmente, sino que también implica la búsqueda del restablecimiento del derecho vulnerado, motivo por el cual se adoptan una serie de medidas simbólicas y conmemorativas, que no propenden por la reparación de un daño (strictu sensu), sino por la restitución del núcleo esencial del derecho o derechos infringidos.
En aras de velar por la reparación integral de los deterioros antijurídicos relacionados con graves afectaciones de derechos humanos, el Consejo de Estado (sección tercera) ha creado un tipo de perjuicio inmaterial autónomo, denominado violación de bienes constitucionalmente protegidos, que se configura cuando las autoridades públicas desconocen garantías inherentes a las personas.
Ese daño inmaterial puede ser resarcido por el juez contencioso-administrativo a petición de parte o de manera oficiosa, debido a que el ordenamiento jurídico interno y las normas convencionales imponen la obligación de restablecer los derechos humanos en forma integral. Al respecto, esta Corporación precisó:
[…] en materia de perjuicios inmateriales, se reconocerá de oficio o solicitud de parte, la afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados. La cual procederá siempre y cuando, se encuentre acreditada dentro del proceso su concreción y se precise su reparación integral. Se privilegia la compensación a través de medidas de reparación no pecuniarias a favor de la víctima directa y a su núcleo familiar más cercano.
Tal enunciado fue fijado por el Consejo de Estado (sección tercera) en el «documento final aprobado mediante acta del 28 de agosto de 2014 referentes para la reparación de perjuicios inmateriales», en el cual estableció los parámetros que deben tenerse en cuenta para determinar el monto de las indemnizaciones por daños inmateriales.
Resulta oportuno destacar que la regla general es que el deterioro analizado se compensa a través de medidas no pecuniarias (simbólicas y de no repetición), no obstante, se ha aceptado que estas sean económicas cuando el juez, dada su autonomía, considere que aquellas son insuficientes, impertinentes, inoportunas o imposibles para lograr una reparación integral, cuyo monto deberá ser proporcional a la intensidad del daño y naturaleza del bien o derecho afectado, el cual, en todo caso, no podrá ser superior a cien (100) smlmv. Sobre este punto, esta Corporación dijo:
En casos excepcionales, cuando las medidas de satisfacción no sean suficientes o posibles para consolidar la reparación integral podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria de hasta 100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño.
En virtud de ese derrotero jurisprudencial, se evidencia que la compensación del estudiado detrimento inmaterial, por regla general, se logra a través de medidas no pecuniarias, y solo hay lugar a declarar una retribución económica cuando el juez estime que aquellas no son adecuadas, salvo que «no hubiere sido indemnizado ya a título de daño a la salud».
Ahora bien, aunque el ordenamiento jurídico interno no prevé qué delitos constituyen grave violación de garantías inalienables, en virtud del derecho blando (soft law), relacionado con el sistema interamericano de derechos humanos, se tiene que gozan de esa connotación las conductas delictivas de tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales o violencia contra la mujer.
Visto lo anterior, en el asunto sub judice se evidencia que la demanda de reparación directa 18001-33-31-002-2009-00280-00 versaba sobre la ejecución extrajudicial del joven Mauricio Cuéllar Ramírez a manos de agentes del Estado, situación que involucra una grave transgresión de derechos humanos, conforme a lo dicho en el párrafo precedente y lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado.
No obstante, en la providencia reprochada los señores magistrados accionados no se pronunciaron sobre los perjuicios por violación de bienes constitucionalmente protegidos, bajo el argumento de que no fueron solicitados en la demanda, postura que para la Sala resulta desacertada, toda vez que el reconocimiento de esos menoscabos se realiza de manera oficiosa cuando la controversia está relacionada con hechos que configuran una responsabilidad agravada del Estado, como las ejecuciones extrajudiciales, escenario en el cual al juez contencioso-administrativo le asiste la obligación de adoptar las medidas que estime pertinentes, que como regla general son simbólicas, en aras de resarcir las consecuencias adversas de una grave infracción de derechos humanos, con lo que atiende las obligaciones internacionales adquiridas por el país. En tal sentido el Consejo de Estado se pronunció así:
[…] en atención a que el juez administrativo, en aplicación directa del control de convencionalidad, deberá lograr el resarcimiento pleno del perjuicio y, principalmente, la restitutio in integrum de los derechos fundamentales conculcados.
15.6.3. Lo anterior, procede, entre otros supuestos, cuando se haya constatado en el juicio de responsabilidad del Estado la ocurrencia de vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes constitucionales y convencionales constitutivas de daños; en estos casos, la obligación de reparar integralmente el daño surge en virtud de las obligaciones internacionales que tienen justificación jurídica en los diferentes instrumentos del Derecho Internacional de Derechos Humanos ratificados por Colombia y que prevalecen en el orden interno.
En ese orden de ideas, los tutelados al no efectuar un estudio sobre el reconocimiento de los mentados perjuicios le impidieron al demandante, quien es víctima del conflicto armado (por cuanto las ejecuciones extrajudiciales son propias de la confrontación bélica interna), acceder a una reparación integral por los hechos que motivaron la instauración de la demanda contencioso-administrativa, los cuales involucran una grave violación de derechos humanos.
En otros términos, debido a la situación de debilidad manifiesta que tiene el actor, por ser víctima del conflicto armado y de grave violación de derechos humanos, a las autoridades accionadas les asistía el deber de pronunciarse de manera oficiosa sobre el resarcimiento de los daños de los bienes constitucionalmente protegidos, en aras de efectivizar las garantías de verdad, reparación y no repetición de aquel, lo cual se consigue, como regla general, con medidas destinadas a que se conozca lo sucedido como una función de prevención y no olvido, tal como lo explicó esta Corporación:
Es un daño que requiere de un presupuesto de declaración: debe existir una expresa declaración de responsabilidad del Estado por la existencia de un daño a bienes constitucionales y convencionales imputables al mismo, y se deben justificar y especificar las medidas de reparación integral adecuadas y pertinentes al caso, de tal manera que el Estado ejecute el debitum iuris. Las medidas de reparación integral operarán teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos, todo con el propósito de restablecer la dignidad de las víctimas, reprobar las relevantes violaciones a los derechos humanos y concretar las medidas de garantía de verdad, justicia, reparación, no repetición y las demás definidas por el derecho internacional.
Así las cosas, la Sala encuentra que le asiste razón al demandante cuando afirma que los señores magistrados accionados no observaron el ordenamiento jurídico superior al omitir realizar el análisis del reconocimiento de los perjuicios por violación de bienes constitucionalmente protegidos, pues esa desatención desconoció su condición de víctima del conflicto armado y le impidió acceder a la compensación integral a la que tenía derecho, habida cuenta de que la muerte de su hijo obedeció a una significativa transgresión de derechos humanos, que compromete la responsabilidad agravada del Estado.
Por lo expuesto, esta Sala considera que la sentencia cuestionada, a través del trámite constitucional de la referencia, adolece de defecto fáctico, porque los tutelados no tuvieron en cuenta que las pruebas demostraban que el hecho que motivó la instauración de la demanda de reparación directa 18001-33-31-002-2009-00280-00 era una ejecución extrajudicial y, por ende, un grave quebranto de derechos humanos, lo que les imponía el deber de estudiar el reconocimiento de los menoscabos por violación de bienes constitucionalmente protegidos.
Además, dicha providencia también incurre en desconocimiento del precedente del Consejo de Estado, pues a pesar de que este indica que el análisis de los mentados daños es oficioso, con el fin de asegurar la reparación integral de las víctimas y cumplir las obligaciones internacionales adquiridas por el país respecto de la protección de garantías inherentes a las personas, los tutelados aseveraron que no era posible estudiar ese perjuicio debido a que no fue pedido en la demanda.
A partir de los anteriores prolegómenos, la Sala estima que la decisión cuestionada incurre en las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra pronunciamientos judiciales denominadas defecto fáctico y desconocimiento del precedente, motivo por el que revocará la sentencia impugnada, y en su lugar, (i) amparará los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y reparación integral del actor, (ii) dejará sin efectos el fallo de 22 de marzo de 2018, por medio del cual el Tribunal Administrativo del Caquetá confirmó el de 30 de septiembre de 2016, con el que el Juzgado Tercero (3.º) Administrativo de Florencia accedió parcialmente a las pretensiones de la acción de reparación directa 18001-33-31-002-2009-00280-00 incoada contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, en cuanto negó el perjuicio por violación de bienes constitucionalmente protegidos; y (iii) ordenará a los accionados que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, profieran una nueva en la que analicen el otorgamiento de la compensación de tal menoscabo, en atención a lo expuesto en este fallo, en la cual, cabe anotar, deben privilegiarse las medidas resarcitorias no pecuniarias.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
1. Revócase la sentencia de 5 de diciembre de 2018, por medio de la cual la subsección A de la sección segunda del Consejo de Estado negó el amparo deprecado y, en su lugar:
1.1 Ampáranse los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y reparación integral del señor Irián José Cuéllar Buendía, en armonía con lo expuesto en la parte motiva.
1.2 Déjase sin efectos el fallo de 22 de marzo de 2018, con el que el Tribunal Administrativo del Caquetá confirmó el de 30 de septiembre de 2016, dictado por el Juzgado Tercero (3.º) Administrativo de Florencia en la acción de reparación directa 18001-33-31-002-2009-00280-00, en cuanto negó el perjuicio por violación de bienes constitucionalmente protegidos, conforme a la motivación.
1.3 En consecuencia, ordénase a los señores magistrados del Tribunal Administrativo del Caquetá que en el término de diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, profieran una nueva sentencia en la que se analice el otorgamiento de la compensación del menoscabo por violación de bienes constitucionalmente protegidos, en atención a las consideraciones expuestas en esta decisión.
1.4 Adviértese a las autoridades indicadas en el numeral precedente, que el incumplimiento de lo dispuesto en esta providencia dará lugar a las sanciones establecidas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
2. Notifíquese esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
3. Comuníquese el presente pronunciamiento a la subsección A de la sección segunda (2. ª) de esta Corporación y remítasele copia.
4. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991 envíese el expediente a la honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
CARMELO PERDOMO CUÉTER
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Sección tercera, subsección C, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencias de (i) 7 de septiembre de 2015, expediente 85001-23-31-000-2010-00178-01; y (ii) 10 de noviembre de 2016, expediente 19001-23-31-000-2010-00115-01. Sección tercera, subsección A, sentencia de 28 de agosto de 2014, C. P. Ramiro Pazos Guerrero, expediente «32988». Sección tercera, subsección, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencias de (i) 7 de septiembre de 2015, expediente 85001-23-31-000-2010-00178-01; y (ii) 10 de noviembre de 2016, expediente 19001-23-31-000-2010-00115-01.
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente […]».
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
«[…]
Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
«Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado». Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González. Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. Notificada por edicto desfijado el 10 de abril de 2018. Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño. Sentencia T-474 de 2008, M. P. Clara Inés Vargas Hernández. Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez. Auto del 25 de junio de 2014, M. P. Enrique Gil Botero, expediente: 25000-23-36-000-2012-00395-01. Consejo de Estado, sección tercera, sentencia de 15 de agosto de 2007, C. P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 19001-23-31-000-2003-00385-01. Sección tercera, subsección B, sentencia de 29 de febrero de 2016, C. P. Danilo Rojas Betancourth, expediente 05001-23-31-000-2000-03491-01. Sección tercera, subsección A, sentencia de 12 de noviembre de 2014, C. P. Hernán Andrade Rincón, expediente 25000-23-26-000-2003-01881-01. Sección tercera, subsección B, sentencia de 29 de febrero de 2016, C. P. Danilo Rojas Betancourth, expediente 05001-23-31-000-2000-03491-01.
Sección tercera, subsección A, sentencia de 12 de septiembre de 2012, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, expediente: 76001-23-25-000-1998-01471-01 (25426). Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sección tercera, subsección C, sentencia de 7 de septiembre de 2015, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, expediente 85001-23-31-000-2010-00178-00. Consejo de Estado, sección tercera, subsección C, sentencia de 11 de julio de 2013, C. P. Enrique Gil Botero, expediente 19001-23-31-000-2001-00757-01. Casos: Cepeda Vargas contra Colombia, Masacre de Plan de Sánchez contra Guatemala, Myrna Mack Chang contra Guatemala, entre otros. Sección tercera, subsección A, sentencia de 27 de abril de 2016, C. P. Hernán Andrade Rincón, expediente 25000-23-26-000-2011-00479-01. Sección tercera, subsección C, sentencia de 20 de octubre de 2014, C. P. Enrique Gil Botero, expediente: 05001-23-31-000-2004-04210-01. Sección tercera, subsección A, sentencia de 27 de abril de 2016, C. P. Hernán Andrade Rincón, expediente 25000-23-26-000-2011-00479-01. Inciso 7.º del artículo 8.º de la Ley 975 de 2005: «Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas». Sección tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, M. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, expediente: 66001-23-31-000-2001-00731-01. Consejo de Estado, sección tercera, subsección C, sentencia de 20 de octubre de 2014, expediente 05001-23-31-000-2004-04210-01. Criterios fijados sobre una materia que se emplean como instrumentos de interpretación con el fin de solucionar controversias relacionadas con muertes, lesiones, etc. Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (aprobada en Colombia por medio de la Ley 409 de 1997). Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (aprobada en nuestro país mediante la Ley 707 de 2001). Caso Barrios Altos contra el Estado de Perú: «Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos». Convención de Belem do Pará (aprobada en Colombia a través de la Ley 248 de 1995). Sección tercera, subsección A, sentencia de 24 de mayo de 2017, C. P. Hernán Andrade Rincón, expediente 05001-23-31-000-2003-03715-01. Sección tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, C. P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, expediente 05001-23-25-000-1999-01063-01. Corte Constitucional, sentencia T-352 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Corte Constitucional, sentencia T-715 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sección tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, C. P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, expediente 05001-23-25-000-1999-01063-01. Corte Constitucional, Sentencia C-753 de 2013, M. P. Mauricio González Cuervo: « […] el derecho a la reparación de las víctimas es fundamental y no puede ser limitado, negado o desconocido por razones de sostenibilidad fiscal […]. En el marco del conflicto armado, el derecho a la reparación, que puede ser individual o colectivo dependiendo del sujeto victimizado, se otorga a quienes han sufrido un daño resultante de una conducta antijurídica que no se encontraban en el deber de soportar.
De esta manera se reconoce el daño sufrido por las víctimas de graves y masivas violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, el cual debe ser resarcido a través de medidas de justicia distributiva y restaurativa, encaminadas a restituir a la víctima a la situación anterior a la vulneración de sus derechos».
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