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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-03724-00

Acción de tutela contra trámite incidental de desacato

Fecha
31 de enero de 2019
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-03724-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE el amparo de tutela solicitado por el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, en relación con las sentencias de 21 de junio y 17 de julio de 2018, que negaron las pretensiones de la demanda de tutela, correspondientes al expediente número 05001-33-33-026-2018-00224-00/01, por las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO: AMPARAR el derecho al debido proceso del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, en el sentido de dejar sin efectos el trámite del incidente de desacato adelantado dentro del proceso de tutela 2018 - 00224, conforme las consideraciones aquí expuestas. CUARTA: ORDENAR al Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, ADOPTAR las medidas adicionales con miras a lograr el cumplimiento integral de la sentencia de 21 de junio de 2018 y, en el evento de que tales órdenes no sean acatadas, INICIAR un nuevo trámite incidental de desacato. QUINTA: Si la presente decisión no es impugnada, dentro de los tres días siguientes a su notificación, REMIMTIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. Ejecutoriada esta decisión, por la Secretaría General de la Corporación DEVOLVER al Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito Judicial de Medellín el expediente 05001-33-33-026-2018-00224-00, enviado a esta Corporación en condición de préstamo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2018-03724-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés

31 de enero de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA TRÁMITE INCIDENTAL DE DESACATO / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO - Por imposibilidad jurídica de cumplir orden de sentencia de tutela / TRASLADO DE RÉGIMEN DE SALUD DE PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD BAJO LA CUSTODIA Y VIGILANCIA DEL INPEC

En efecto, la Sala resalta que el Decreto 2245 de 2015 consagró un modelo de salud especial para el comentado sector poblacional que tiene como propósito dar un trato más digno a la población privada de la libertad bajo la custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC. (…) Es decir que la población reclusa accede directamente a la cobertura de este régimen especial, aun contando con la posibilidad de continuar afiliada al régimen contributivo. Ello por cuanto el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad debe ser garantizado a todos los habitantes del país, más aun si se tiene en cuenta que existe una relación especial de sujeción entre los internos y el Estado, que se encuentra estrechamente vinculada con los derechos a la vida y a la dignidad humana. Lo anterior significa que las personas privadas de la libertad cuentan con la potestad de optar por el régimen de atención en salud que les resulte más conveniente, en lo relativo al sistema de atención intramural y extramural, considerando, para tal efecto, sus condiciones y las de su centro de reclusión. Lo cual, en el caso específico, significó la posibilidad de optar por el régimen especial definido en el Decreto 2245 de 2015, actualmente administrado por el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL. En tal sentido y en lo que se respecta al trámite surtido en el marco del incidente de desacato bajo análisis, la Sala no cuestiona el hecho constente en que al gerente del Consorcio Fondo Nacional de Atención PPL 2007, al director del Complejo Carcelario y Penitenciario Pedregal y al director del INPEC, les corresponde, en el marco de sus competencias legales, autorizar y suministrar a [S], el procedimiento odontológico prescrito por su médico tratante consistente en una prótesis total superior y parcial inferior. Tratamiento que, conforme al acervo probatorio obrante en el expediente del trámite incidental y del grado de consulta, aún no ha sido suministrado, configurándose con ello el elemento objetivo del desacato. Sin embargo, lo cierto es que aun cuando le corresponde al director del CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL, dar cumplimiento a dicha orden judicial, ello solo será posible en el momento en que culmine el proceso de movilidad de régimen de salud del señor [S]. Lo anterior teniendo en cuenta que el artículo 29 del Decreto 2353 de 2015, compilado en el artículo 2.1.3.14 del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016, prohíbe expresamente la afiliación simultánea de una persona a los regímenes contributivo y subsidiado. En tal sentido, dada la manifestación voluntaria del recluso de ser trasladado de régimen y en virtud de lo previsto por el numeral 6 del artículo 32 del Decreto 2353 de 2015, esto es, en atención a su condición de sujeto privado de la libertad, se puede alegar la causal de terminación de la inscripción en la EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A., para su posterior movilidad al régimen especial. (…) la Sala considera que las autoridades judiciales accionadas, con ocasión de los autos interlocutorios de 22 de agosto y 3 de septiembre de 2018, proferidos por el Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de Oralidad, vulneraron el derecho fundamental al debido proceso del consorcio accionante, al imponer y confirmar una sanción de desacato, a pesar de que el Consorcio accionante se encontraba imposibilitado para cumplir las órdenes judiciales contenidas en la sentencia de 21 de junio de 2018, hasta tanto las demás entidades condenadas acompañen el procedimiento de traslado del régimen del recluso.

FUENTE FORMAL: DECRETO 2245 DE 2015 / DECRETO 2353 DE 2015

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-03724-00(AC)

Actor: CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2017

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN

La Sala procede a dictar sentencia en la acción de tutela interpuesta por el representante legal del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera Oral y del Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales.

I.- ANTECEDENTES

I.1. La solicitud de amparo

El representante legal del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017 considera que el Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, vulnera sus derechos fundamentales, con ocasión de la sentencia de 21 de junio de 2018 con radicación número 05001-33-33-026-2018—00224-00, que amparó el derecho fundamental a la salud del ciudadano Sigifredo de Jesús Cano Bedoya, para suministrarle el tratamiento odontológico ordenado por el especialista.

I.2. Los hechos

El consorcio demandante sustentó la solicitud de amparo en los siguientes hechos:

Indicó que el ciudadano Sigifredo de Jesús Cano Bedoya, el 21 de mayo de 2018, interpuso acción de tutela en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (en adelante INPEC) y del Consorcio Fondo Atención en Salud PPL 2017, para que se le realizaran los tratamientos odontológicos dispuestos por el especialista, a la que le correspondió el radicado número 05001-33-33-026-2018-00224-00.

Afirmó que el Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, el 21 de junio de 2018, dictó fallo que amparó el derecho fundamental a la salud del señor Cano Bedoya, ordenándole a los entes demandados que, de manera inmediata, autorizaran y suministraran las «[…] prótesis total superior y prótesis parcial inferior», en la forma prescrita por el odontólogo tratante, decisión que fue impugnada por el Consorcio accionante, toda vez que alega carecer de «[…] legitimación en la causa por pasiva frente a los servicios médicos asistenciales del señor SIGIFREDO CANO BEDOYA debido a que [este] se encuentra en el régimen contributivo, de acuerdo [con] lo contemplado [en] el Decreto 1142 de 2016 en su artículo 2.2.1.11.1.1. Objeto y ámbito de aplicación, la población de la libertad que se encuentre afiliada al Régimen Contributivo o al régimen exceptuados o especiales». A su turno, el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante providencia de 17 de julio de 2018 con radicación número 05001-33-33-026-2018-00224-01, confirmó la decisión de amparo.

Adujo que, a través del oficio No. 20181000230411 de 23 de julio de 2018, el apoderado judicial del Consorcio le reiteró al Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito Judicial de Medellín que dicho ente no era el competente para el cumplimiento del fallo; sin embargo, el 31 de julio siguiente, le fue notificada la apertura del incidente de desacato promovido por el ciudadano Cano Bedoya, el cual contestó el 2 de agosto de esa misma anualidad insistiendo en que «[…] el accionante se encuentra en régimen contributivo y su estado es activo en EPS y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA como beneficiario; por lo tanto esta entidad no puede evadir la responsabilidad a la hora de cumplir con los requerimientos o necesidades de salud del accionante, por cuanto y de conformidad con lo establecido en el Decreto 1142 de 2016».

Señaló que el Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, a través de proveído de 22 de agosto de 2018 (sentencia 119/2018), declaró el desacato de la sentencia de tutela de 21 de junio del mismo año, por lo que impuso la sanción de multa por un (1) salario mínimo legal mensual vigente en contra del Complejo Carcelario y Penitenciario El Pedregal (en adelante COPED), del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL2017, la que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en providencia dictada el 3 de septiembre siguiente, al resolver la correspondiente consulta.

Mencionó que el 19 de septiembre de 2018, mediante oficio No. 20181000285941, solicitó al Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito de Medellín la inaplicación de la sanción, comoquiera que «[…] el estado de afiliación del señor es ACTIVO con la EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S A, a partir del 18 de octubre de 2007 hasta la fecha; se precisa que el CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2017 se encuentra obligado conforme a las disposiciones contractuales derivadas del contrato de fiducia mercantil a la celebración de contratos derivados y pagos necesarios para la atención integral en salud y prevención de la enfermedad de la PPL a cargo del INPEC, PREVIA INSTRUCCIÓN de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC; no obstante están desconociendo lo plenamente reglamentado en el Decreto 1142 de 2016».

Argumentó que, tanto el Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y como el Tribunal Administrativo de Antioquia, incurrieron en defecto sustantivo o material al no tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1142 de julio 15 de 2016 y omitir el modelo de atención a la población privada de la libertad, puesto de presente en el trámite de constitucional, toda vez que «[…] el accionante tiene la libre escogencia al régimen de salud que desea vincularse, ya sea por el fondo, régimen subsidiado o contributivo».

Refirió que el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, no tiene facultad para «[…] generar ningún tipo de cobro a EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S A, por la prestación de los servicios de salud al señor SIGIFREDO CANO BEDOYA, toda vez que el accionante cuenta con una afiliación vigente al régimen contributivo, la cual le genera costos (cuotas moderadoras, copagos) que se encuentra en capacidad de solventar, como lo ha venido haciendo a lo largo de su vinculación con la EPS, es por esta razón señor Juez que el Consocio no puede asumir prestaciones en salud que le corresponden a las IPS que autorice su Entidad prestadora de salud; por lo anterior se puede colegir que el accionante tiene relación directa para la prestación de los servicios de salud con la EPS, donde el INPEC mediará para realizar los respectivos traslados, en virtud que pertenece a la población privada de la libertad».

Informó que al consultar la base censal de la población privada de la libertad del INPEC, el ciudadano Sigifredo Cano Bedoya no se encuentra registrado en la misma, por lo que considera que no tiene la cobertura del Fondo Nacional de Salud, pero consultado el «ADRES» que contiene el estado de afiliación al sistema de seguridad social en salud, se reporta afiliado a la entidad EPS y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. desde el 18 de octubre de 2007, por lo que insiste en que el Consorcio «[…] no funge en el negocio fiduciario, mencionado como entidad prestadora de servicios (EPS) ni como institución prestadora de servicios (IPS), sino como administrador de los recursos del patrimonio autónomo, no le asiste competencia alguna para garantizar al accionante el tratamiento médico que pretende, por lo que se haya en la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al fallo de tutela».

Por otro lado, alegó que no es permitida la multiafiliación entre un régimen exceptuado y el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), por lo que el ciudadano Sigifredo de Jesús Cano Bedoya al encontrarse en el régimen contributivo, para ingresar a la cobertura del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, tiene que desafiliarse de la EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A., en la medida que al realizar un pago por una persona que figura afiliada a una EPS, se incurriría en el uso indebido de los recursos públicos generando un daño patrimonial al Estado; no obstante, alude que la multiafiliación es un problema administrativo que no debe interferir en la continuidad de la prestación de los servicios de salud, por lo que debe existir coordinación entre las entidades encargadas, como lo ha dicho la Corte Constitucional en su sentencia T-804 de 2010.

Asimismo, señala que se incurre en «[…] defecto fáctico por desconocimiento injustificado del precedente jurisprudencial» contenido en la sentencia de unificación SU-34 de 3 de mayo de 2018 de la Corte Constitucional, en relación con el incidente de desacato cuya finalidad, como lo hizo el fallo invocado «[…] no es la coerción sino conminar a la autoridad a cumplir la orden de tutela», por lo que «[…] al tenor de las gestiones demostradas en los memoriales, las situaciones de hecho surgidas y pruebas aportadas a lo largo del litigio, es plenamente aplicable para el caso concreto se declare la nulidad a partir del fallo de tutela y en consecuencia se impliquen (sic) las sanciones impuestas».

II.- LAS PRETENSIONES

El Consorcio accionante formuló las siguientes pretensiones:

« […] 1. Se DECRETE la medida provisional solicitada.

Se modifique la orden impartida en el fallo de tutela del día 21 de junio de 2018, en aras de contribuir a materializar la protección de su derecho fundamental.

Se declare la inaplicación de la sanción impuesta por el Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, mediante auto de fecha 27 de agosto de 2018, la cual resolvió imponer sanción de desacato al suscrito Dr. MAURICIO IREGUI TARQUINO, Gerente del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, consistente en multa de un (1) SMLMV y un (1) día de arresto.

Se tutelen los derechos fundamentales al Debido Proceso, Derecho de Defensa y Contradicción, así como el derecho a la Igualdad, el Principio de Legalidad y de la Prevalencia del Derecho Sustancial.

Que como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto la sanción consistente en una multa de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, emitida en contra del Dr. Mauricio Iregui Tarquino, Gerente del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017 […]».

III.- TRÁMITE DE LA TUTELA

Inicialmente la acción de tutela se radicó ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, que en proveído de 27 de septiembre de 2018 y con base en el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de noviembre 30 de 2017, tuvo en cuenta que tratándose de tutela contra providencia judicial, el juez constitucional competente es el superior funcional de quien profiere la decisión objeto de controversia, razón por la que fue remitida al Consejo de Estado.

Recibida la acción de amparo en esta Corporación, mediante auto de 18 de octubre de 2018 se produjo su admisión en contra de los Magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia y del Juez Veintiséis Administrativo del Circuito Judicial de Medellín; igualmente, se dispuso vincular al ciudadano Sigifredo de Jesús Cano Bedoya, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPED), al Complejo Carcelario y Penitenciario El Pedregal (COPED) y a la EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A. (EPS SURA), como terceros con interés en los resultados del proceso, así como pedir del Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, en condición de préstamo, el expediente contentivo de la acción de tutela 05001-33-33-026-2018-00224-00.

Por otra parte, en el mismo proveído, se negó la medida provisional de suspensión del auto de 22 de agosto de 2018 proferido por el Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, mediante la cual se impuso sanción por desacato, entre otros, al ciudadano Mauricio Iregui Tarquino en su condición de gerente del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, consistente en una multa equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV), toda vez que no se encontraron los argumentos necesarios para concederla.

IV.- INTERVENCIONES

IV.1. El Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito Judicial de Medellín

El titular de dicho despacho judicial se refirió a las actuaciones adelantadas en el trámite de de la acción de tutela 05001-33-33-026-2018-00224-00, relacionadas con: (i) el amparo al derecho a la salud del ciudadano Sigifredo de Jesús Cano Bedoya, ordenado en su sentencia de 21 de junio de 2018, confirmada por el ad quem el 17 de julio siguiente; (ii) el incidente de desacato por el cual mediante proveído de 22 de agosto del mismo año se impuso la sanción de un (1) SMLMV a los directores del COPED, y del INPEC, y al gerente del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017; confirmada por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 3 de septiembre de 2018, al decidir su consulta; (iii) la solicitud de inaplicación de la sanción por parte del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, al considerar que no es el competente para brindar la atención en salud al tutelante y que se debía vincular a la EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A., lo que fue negado mediante auto de 21 de septiembre de 2018, en la medida que no es posible que el Juez pueda modificar el contenido sustancial de la orden proferida en el fallo de tutela o redefinir los alcances de la protección concedida, como tampoco decretar la nulidad para ordenar la vinculación del tercero mencionado, habida cuenta que la entidad responsable de la atención en salud del accionante ya había sido individualizada; y (iv) la reiteración de la solicitud de inaplicación de la sanción radicada el 24 de septiembre de 2018, respecto de la cual, el despacho se remitió a lo resuelto en el mismo sentido el 21 de septiembre de esa anualidad.

Por otra parte, adujo que no vulneró ningún derecho fundamental del Consorcio accionante y que, en su sentir, la presente acción de tutela se utiliza como una tercera instancia para decidir sobre unos argumentos que ya fueron expuestos y resueltos en la primera y en la segunda instancia de la tutela de origen, al igual que en el incidente de desacato.

Asimismo, en relación con la inaplicación de la sanción por desacato impuesta al gerente del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, señaló que la sentencia que ordenó la atención en salud al ciudadano Sigifredo de Jesús Cano Bedoya se encuentra ejecutoriada sin que sea procedente modificarla o redefinirlo; además que, en todo caso, no se ha garantizado la atención en salud objeto de amparo.

IV.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia, el ciudadano Sigifredo de Jesús Cano Bedoya, el INPEC, la USPEC, el COPED y la EPS SURA, guardaron silencio.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

La Sala es competente para pronunciarse sobre la acción de tutela promovida por el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017 en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia y del Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, en virtud de lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015.

V.2. Cuestión previa

Previamente a plantear el problema jurídico a resolver, estima la Sala que se deben realizar algunas precisiones derivadas de la lectura integral del escrito de demanda y de las actuaciones judiciales que son objeto de reproche por el Consorcio accionante.

Al respecto, la presente acción de tutela se divide en dos aspectos, el primero corresponde a la decisión de fondo que amparó la protección del derecho fundamental a la salud (tratamiento odontológico) del ciudadano Sigifredo de Jesús Cano Bedoya y, el segundo, a la declaratoria de desacato de la referida orden y la sanción que por ello se impuso.

En este orden de ideas, al examinar el expediente contentivo de la acción de tutela que fue presentada por el ciudadano Sigifredo de Jesús Cano Bedoya en contra del INPEC y del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, a la que fueron vinculados la USPEC, el COPED y la Fiduprevisora S.A., actuación resuelta en primera instancia por el Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, autoridad judicial que el 21 de junio de 2018 dictó sentencia que amparó el derecho fundamental al actor, decisión impugnada por el Consorcio antes mencionado y que fue decidida, en segunda instancia, por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de Oralidad en fallo de 17 de julio siguiente, en el sentido de confirmar la decisión.

Por otra parte, el ciudadano Sigifredo de Jesús Cano Bedoya solicitó iniciar incidente de desacato por el presunto incumplimiento de la sentencia de tutela. El Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, efectivamente, declaró tal incumplimiento a través del proveído de 22 de agosto de 2018, en el que también sancionó al director del COPED, Jairo Enrique Páez Durán, al director del INPEC, Brigadier General Jorge Luis Ramírez Aragón y al gerente del Consorcio Fondo Nacional de Atención PPL 2017, Mauricio Iregui Tarquino, con multas equivalentes a un (1) salario mínimo legal mensual vigente; decisión que fue objeto del grado jurisdiccional de consulta ante el Tribunal Administrativo de Antioquia que en pronunciamiento de 3 de septiembre de 2018, la confirmó.

Visto lo anterior, de la lectura de las pretensiones de la acción de amparo, entiende la Sala que el Consorcio accionante dirige la acción de tutela contra dos clases de providencias judiciales, comoquiera que depreca: (i) que se modifique la orden de amparo dada en la sentencia de 21 de junio de 2018, proferida por el Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, confirmada el 17 de julio siguiente, por el Tribunal Administrativo de Antioquia- Sala Tercera de Oralidad (Expediente número 05001-33-33-026-2018-00224-01); y (ii) que se inaplique la sanción impuesta en auto de 22 de agosto de 2018, dictado por el Juzgado ya aludido y confirmado el 3 de septiembre siguiente, por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de Oralidad (Expediente número 05001-33-33-026-2018-00224-01 - Sentencia 119/2018).

V.3. Problema jurídico

De acuerdo con la situación fáctica planteada en la solicitud de amparo y las precisiones previas que anteceden, la Sala debe establecer si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial.

En caso de ser afirmativa la anterior respuesta, corresponde determinar: (i) si el Juez Veintiséis Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y los Magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de Oralidad, al proferir las sentencias de 21 de junio (primera instancia) y 17 de julio de 2018 (segunda instancia), respectivamente, (expediente número 05001-33-33-026-2018-00224-00/01), vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción e igualdad y desconocieron los principios de legalidad y prevalencia del derecho sustancial del ciudadano Sigifredo de Jesús Cano Bedoya, al incurrir en el defecto sustantivo por de desconocimiento del precedente judicial en sus providencias y amparar el derecho fundamental a la salud del tutelante (tratamiento odontológico); y (ii) si las mismas autoridades judiciales incurrieron en el mismo defecto al proferir el auto de 22 de agosto de 2018, (expediente 05001-33-33-026-2018-00224-00/01, autos interlocutorios incidente de desacato), que declaró el desacato de la orden de amparo y, en consecuencia, impuso la sanción de multa, decisión que, a su vez, fue confirmada mediante proveído de 3 de septiembre de 2018 al surtirse el grado de consulta.

A fin de resolver los problema jurídico planteados resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: (i) la tutela contra providencias judiciales y su evolución jurisprudencial; (ii) los requisitos tanto generales como especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales; (iii) el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente; (iv) las características del incidente de desacato; entrando posteriormente a: (v) resolver el caso concreto, previa verificación de la observancia de los requisitos tanto generales como especiales de procedibilidad de la tutela.

V.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Evolución jurisprudencial.

Con ocasión de la tutela instaurada por Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales, sin importar la instancia y el órgano que las profiera, que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la Ley y la propia doctrina judicial.

V.5. Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

En la referida sentencia la Corte consideró que “[…] no obstante que la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales inherente a los fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público; ello no se opone a que en supuestos sumamente excepcionales la acción de tutela proceda contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan derechos fundamentales” (Negrilla fuera del texto).

Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judicial salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

Además de estas exigencias, la Corte en la mencionada sentencia C–590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”.

Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución

V.6. El defecto sustantivo por desconocimiento del precedente

La jurisprudencia ha establecido que el defecto sustantivo se presenta cuando la decisión del juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto o en normas inexistentes o inconstitucionales.

Este defecto, se configura en los siguientes eventos:

« […] (i) Cuando existe una carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la decisión se sustenta en una norma que no existe, que ha sido derogada, o que ha sido declarada inconstitucional.

(ii) Aplicación de norma que requiere interpretación sistemática con otras normas, caso en el cual no se tienen en cuenta otras normas aplicables al caso y que son necesarias para la decisión adoptada.

(iii) Por aplicación de normas constitucionales [,..] pero no aplicables al caso concreto. En este evento, la norma no es inconstitucional [...] pero al ser aplicada al caso concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo que debe ser igualmente inaplicada.

(iv) Porque la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión. Esta situación se configura cuando la resolución del juez no corresponde con las motivaciones expuestas en la providencia.

(v) Al aplicar una norma cuya interpretación desconoce una sentencia de efectos ‘erga omnes’. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido contraría la ratio decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a todo el ordenamiento jurídico.

(vi) Por aplicación de normas abiertamente inconstitucionales, evento en el cual[,] si bien el contenido normativo no ha sido declarado inexequible, este es abiertamente contrario a la constitución. En este evento, la tutela procede si el juez ordinario no inaplica la norma por medio de la figura de la excepción de inconstitucionalidad […]».

Visto lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que, en especiales circunstancias, se puede configurar un defecto sustantivo, entre otras, por interpretación normativa y a partir del desconocimiento del precedente jurisprudencial.

La jurisprudencia constitucional ha diferenciado el antecedente del precedente, entendido este último como la sentencia o el conjunto de sentencias proferidas con anterioridad al asunto que debe resolverse, que presentan similitudes con un caso nuevo materia de escrutinio en relación con: i) patrones fácticos y ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla general para resolver la controversia, que también sirve para solucionar el nuevo caso.

En la sentencia T-309 de 22 de mayo de 2015, la Corte Constitucional precisó que el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente, la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o iii) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional en las consideraciones de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela.

Así las cosas, es necesario verificar en cada caso la aplicación del precedente frente a la realidad jurídica de la situación particular sometida a control constitucional por medio de la acción de amparo.

V.7. Objeto del incidente de desacato frente a órdenes de tutela

Los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de noviembre 19 de 1991, regulan el incidente de desacato a los fallos de tutela, cuyo objetivo no es el de imponer una sanción, sino lograr el restablecimiento del derecho vulnerado, conforme las siguientes características: (i) el respeto al debido proceso en su trámite; (ii) la responsabilidad que le atañe a quien se le endilga el incumplimiento es subjetiva, por lo que esta no se puede presumir por el solo hecho de este; y (iii) la garantía absoluta al acceso a la administración de justicia de quien obtuvo un amparo tutelar.

Asimismo, la jurisprudencia constitucional ha diferenciado el trámite de cumplimiento de las sentencias de tutela frente al incidente de desacato. Al respecto ha señalado que «[…] aunque se trata de dos mecanismos diferentes, pueden ser tramitados de forma simultánea o sucesiva para lograr que el demandado ejecute la orden de tutela, por el impulso procesal inherente al trámite de cumplimiento, o bien como resultado del examen de la responsabilidad subjetiva del renuente», que se distinguen por lo siguiente:

« […] i) El cumplimiento es obligatorio, hace parte de la garantía constitucional; el desacato es incidental, se trata de un instrumento disciplinario de creación legal.

ii) La responsabilidad exigida para el cumplimiento es objetiva, la exigida para el desacato es subjetiva.

iii) La competencia y las circunstancias para el cumplimiento de la sentencia se basan en los artículos 27 y 23 del decreto 2591 de 1991. La base legal del desacato está en los artículos 52 y 27 del mencionado decreto. Es decir que en cuanto al respaldo normativo, existen puntos de conjunción y de diferencia.

iv) El desacato es a petición de parte interesada; el cumplimiento es de oficio, aunque

v) puede ser impulsado por el interesado o por el Ministerio Público.

vi) El trámite del cumplimiento no es un prerrequisito para el desacato, ni el trámite del desacato es la vía para el cumplimiento. Son dos cosas distintas el cumplimiento y el desacato. Puede ocurrir que a través del trámite de desacato se logre el cumplimiento, pero esto no significa que la tutela no cumplida sólo tiene como posibilidad el incidente de desacato […]».

De conformidad con lo anterior, las facultades del juez constitucional durante el trámite del incidente de desacato, consisten en verificar: (i) a quién se dirigió la orden; (ii) en qué término debía ejecutarla; (iii) y el alcance de la misma. Luego, con ese marco de referencia, debe constatar (iv) si la orden fue cumplida, o si hubo un incumplimiento total o parcial y (v) las razones que motivaron el incumplimiento. Esto último, para establecer qué medidas resultan adecuadas para lograr la efectiva protección del derecho.

Del mismo modo, dentro de sus límites está el que no puede reabrir el debate de fondo que concluyó con el fallo, salvo en algunas circunstancias excepcionales, en las que le es dable al juez ajustar la orden original o dictar órdenes adicionales con el fin de concretar la protección concedida, bajo los siguientes parámetros, establecidos en la jurisprudencia constitucional:

« […] (1) La facultad puede ejercerse cuando debido a las condiciones de hecho es necesario modificar la orden, en sus aspectos accidentales, bien porque: a) la orden original nunca garantizó el goce efectivo del derecho fundamental tutelado, o lo hizo en un comienzo pero luego devino inane; b) porque implica afectar de forma grave, directa, cierta, manifiesta e inminente el interés público o c) porque es evidente que lo ordenado siempre será imposible de cumplir.

(2) La facultad debe ejercerse de acuerdo a la siguiente finalidad: las medidas deben estar encaminadas a lograr el cumplimiento de la decisión y el sentido original y esencial de la orden impartida en el fallo con el objeto de asegurar el goce efectivo del derecho fundamental tutelado.

(3) Al juez le es dado alterar la orden en sus aspectos accidentales, esto es, en cuanto a las condiciones de tiempo, modo y lugar, siempre y cuando ello sea necesario para alcanzar dicha finalidad.

(4) La nueva orden que se profiera, debe buscar la menor reducción posible de la protección concedida y compensar dicha reducción de manera inmediata y eficaz […]».

A manera de corolario, el juez encargado del incidente de desacato en tutela, en uso de sus potestades debe desplegar las actuaciones necesarias y pertinentes para lograr la ejecución efectiva de la orden de amparo, sin desmedro de la protección concedida en el fallo de tutela, y, contrario censu, declarar cumplido su cometido, una vez tenga la certeza de acuerdo con las especificaciones referidas en la orden constitucional.
En el mismo sentido, en sentencia SU-034 de 2018, indicó que «[...] para enervar mediante acción de tutela la providencia que resuelve un incidente de desacato, es preciso que se reúnan los siguientes requisitos: i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso–. ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración una de las causales específicas (defectos). iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes con lo planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no tenía que practicar de oficio [...]».

V.8. Análisis de los requisitos generales y especiales de procedibilidad de la presente acción de tutela

V.8.1. Expediente número 05001-33-33-026-2018—00224-00/01- Sentencia en acción de tutela.

En cuanto se refiere a la tutela promovida en contra de las actuaciones judiciales proferidas dentro del expediente número 05001-33-33-026-2018—00224-00, sea lo primero analizar los requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

En sentencia de 31 de julio de 2012, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió su criterio inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas contra providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales con base en los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

Al respecto, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, determinó los presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales.

Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

Como requisitos especiales de procedencia del amparo que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial, estableció –la sentencia C-590 de 2005- la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

Esta postura fue reiterada por la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, en el radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01.

De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela, en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo, le corresponde examinar si se configura al menos uno de los defectos especiales ya mencionados, permitiéndole de esta manera «dejar sin efecto o modular la decisión» que encaje en dichos parámetros.

En el asunto sub examine, la Sala advierte, que:

i) Es evidente que el tema objeto de estudio tiene relevancia constitucional, en tanto se reclama la protección del derecho fundamental constitucional al debido proceso e igualdad en un trámite judicial.

ii) Se identificaron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores, de los que la Sala resalta que el objeto de censura está dirigido contra las decisiones contenidas en providencias judiciales, por un lado, las sentencias de primera y segunda instancia y, por el otro, las relacionadas con el incidente de desacato y la sanción impuesta.

iii) En relación con la legitimidad en la causa por activa, recuerda la Sala que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho a ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de un particular, en los casos señalados por la ley.

En desarrollo del citado mandato constitucional, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 estableció que la acción de tutela puede ser ejercida por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, teniendo la posibilidad de promoverla a través de representante o por medio de agente oficioso, de donde se evidencia que la titularidad de la acción de tutela radica, en principio, en cabeza del directamente agraviado.

Al respecto, considera la Sala que la legitimidad en la causa por activa se encuentra acreditada, toda vez que el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017 fue parte demandada en la acción de tutela 05001-33-33-026-2018-00224-00, en la que se profirieron las providencias judiciales objeto de esta acción de tutela.

iv) El requisito de inmediatez se satisface, toda vez que la solicitud de amparo fue instaurada el 26 de septiembre de 2018 y la más antigua de las providencias judiciales objeto de reproche se profirió el 21 de junio de 2018, lo que indica que la presente acción de tutela se formuló en un término inferior a seis meses que se estima razonable.

v) En cuanto a la subsidiariedad la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en señalar que, esta acción constitucional no puede ser utilizada como un medio alternativo, adicional o complementario para reemplazar los medios ordinarios o extraordinarios o especiales de defensa ni desconocer los mecanismos dispuestos para controvertir las decisiones que se adopten durante su trámite.

Indica lo anterior que para acudir a la acción de tutela, el interesado debe agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal para la protección de sus derechos fundamentales (acción, recurso, incidente o mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su naturaleza), lo que incluye la interposición en tiempo de los recursos que determine la Ley.

En el sub examine el Consorcio accionante no cuenta con otro medio para ejercer la defensa de los derechos fundamentales que estima vulnerados, dado que las providencias objeto de reproche, surtieron la primera y segunda instancia por lo que se encuentran debidamente ejecutoriadas y no son susceptibles de recurso extraordinario alguno.

vi) La Corte Constitucional ha acogido la posibilidad de interponer acciones de tutela en contra de providencias judiciales pero ha indicado, como regla general que la solicitud de amparo no es procedente para cuestionar las sentencias de tutela porque con ello la resolución del conflicto resultaría interminable y sería tanto como instituir un recurso adicional de revisión de un proceso de tutela ya concluido; proceder contrario a la Constitución y a la ley, dado que una vez terminado el proceso de eventual revisión en la Corte Constitucional opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.

Así las cosas, aunque las providencias objeto de reproche fueron dictadas en la acción de tutela 05001-33-33-026-2018-00224-00/01, lo que en principio la hace improcedente de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, también lo es que, en la sentencia SU-627 de 2015, la Corte Constitucional definió los casos en los que resulta procedente este mecanismo de amparo para proteger la presunta vulneración de derechos fundamentales en el marco de otra acción de la misma índole. Al respecto señaló:

« […] 4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia.

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional […]».

En este contexto, frente a la sentencia de 21 de junio de 2018, proferida por el Juzgado Veintiséis Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, que fue confirmada por fallo dictado el 17 de junio de 2018 por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de Oralidad, en la acción de tutela 05001-33-33-026-2018-00244-00, la Sala no encuentra acreditada ninguna de las causales excepcionales de procedencia de tutela contra tutela antes relacionadas, dado que la decisión reprochada no fue objeto de fraude. Se tiene, además, que el Consorcio hizo uso de los medios ordinarios que tuvo a su alcance para controvertir la situación que dio lugar al amparo reprochado, en los que reiteró los argumentos de inconformidad que sustentan la presunta vulneración de sus derechos fundamentales.

V.8.2. Expediente número 05001-33-33-026-2018-00224-00/01- Autos interlocutorios – Incidente de desacato

En lo que guarda relación con trámite incidental número 119 de desacato, asunto resuelto a través de los autos de 22 de agosto de 2018 y 3 de septiembre siguiente, dictados por el Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de Oralidad, respectivamente, estima la Sala que, la Corte Constitucional, en su sentencia SU-034 de 2018, enfatizó que, tratándose de la acción de tutela contra el trámite incidental de desacato, el mecanismo de amparo solo procede contra la decisión ejecutoriada con la que culmina el mismo, en tanto son «[…] inadmisibles las tutelas que se dirigen contra decisiones distintas a las que le ponen fin al incidente […]».

Adicionalmente, en la sentencia T 233 de 2018, la Corte Constitucional puso de presente que «[…] la procedencia excepcional de la tutela en estos eventos además obliga al juez a observar de forma estricta lo que tienen ver con posibles vulneraciones del derecho al debido proceso. Esto es, evaluar especialmente cómo actuó el operador judicial en relación con el cumplimiento de la orden proferida en la tutela inicial, si actuó bajo los postulados del derecho al debido proceso en relación con la valoración probatoria, el derecho de contradicción y defensa de las partes, y si la sanción impuesta, si fuere el caso, no resultó arbitraria […]”; advirtiendo la necesidad de que el peticionario logre evidenciar que “[…] no hay asuntos nuevos que pretende ventilar o pruebas que quiere allegar y que no hayan sido solicitadas por descuido durante el proceso ordinario, en la medida que la tutela no sirve como remedio procesal ante la negligencia del accionante[…]”

Indica lo anterior que este medio excepcional, preferente y sumario, solamente se puede incoar en contra de la decisión que finaliza el trámite incidental, lo que se cumple en el presente caso, comoquiera que la providencia objeto de censura, es la que lo decide.

Precisamente, el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017 consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad por cuanto el Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, mediante auto de 22 de agosto de 2018, declaró, entre otros asuntos, que el gerente de dicho consorcio «[…] Mauricio Iregui Tarquino incurrió en desacato al fallo de tutela proferido por ese despacho el 21 de junio de 2018, dentro de la acción de tutela interpuesta por el señor Sigifredo de Jesús Cano Bedoya y, como consecuencia, le sancionó junto con los directores del COPED y del INPEC con multa de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, de su propio peculio […]», decisión confirmada por el Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Tercera de Oralidad, el 13 de septiembre de 2018, al resolver el grado de consulta.

Alegó el Consorcio accionante que no podía dar cumplimiento al fallo de tutela, dado que el señor Sigifredo de Jesús Cano Bedoya no estaba registrado en la base censal suministrada por el INPEC y que, en su lugar, figuraba como afiliado al régimen contributivo a la EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A., en condición de beneficiario, entidad que debía suministrarle la atención en salud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 1142 de 2016 que modificó el parágrafo del artículo  HYPERLINK "https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1069_2015_pr005.htm" \l "2.2.1.11.1.1" 2.2.1.11.1.1 del Decreto 1069 de 2015.

Para efectos de abordar los anteriores planteamientos, la Sala considera pertinente resaltar que de los documentos que obran en el expediente se puede comprobar lo siguiente:

El señor Sigifredo de Jesús Cano Bedoya, el 26 de julio de 2018, promovió incidente de desacato en contra de los directores del INPEC, del COPED y del gerente del Consorcio Fondo Nacional de Atención PPL 2017, por el incumplimiento de la orden contenida en el fallo de 21 de junio de 2018.

Mediante auto de 26 de julio de 2018, el Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, ordenó la apertura de aquel tramite incidental en contra del director del Complejo Carcelario y Penitenciario Pedregal, Jairo Enrique Páez Durán; del director del INPEC, Brigadier General Jorge Luis Ramírez Aragón, y del gerente del Consorcio Fondo Nacional de Atención PPL 2007, Mauricio Iregui Tarquino, y los requirió para que informaran respecto de lo ordenado en la sentencia de amparo.

El 3 de agosto de 2018, el apoderado judicial del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, al contestar la apertura del incidente de desacato, alegó la imposibilidad jurídica de cumplir el fallo de tutela, por cuanto el señor Sigifredo de Jesús Cano Bedoya pertenece al régimen contributivo en salud, en condición de beneficiario, afiliado a la EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A. desde el 18 de octubre de 2007, de acuerdo con el certificación emitido por la base de datos ADRES.

Por ende, solicitó ser desvinculado del trámite incidental, para que, en su lugar, se requerirá el cumplimiento de la orden judicial a la EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A..

Por su parte la Directora del COPED, informó al despacho que el interno se encontraba afiliado al régimen contributivo desde el 18 de octubre de 2007, por lo que la plataforma del Consorcio no permitía subir la solicitud de las prótesis requeridas. Por todo ello, informó que había solicitado la respectiva cita de odontología a su EPS la cual se llevaría a cabo el 16 de agosto de 2018.

En atención a la anterior respuesta, mediante auto de 17 de julio de 2018, el Juez Veintiséis Administrativo del Circuito Judicial de Medellín suspendió el trámite incidental, hasta la fecha de la cita odontológica antes mencionada, con el ánimo de verificar el cumplimiento de la orden judicial; sin embargo, con posterioridad el COPED guardó silencio respecto de los resultados de dicho trámite.

El 27 de julio de 2018, el apoderado del Consorcio solicitó, nuevamente, su desvinculación del caso, con base en que el accionante se encuentra afiliado al régimen contributivo y dado que el procedimiento ordenado se puede catalogar como estético, el cual no puede ser financiado por el sistema, toda vez que no se encuentra en el listado de procedimientos en salud del plan de beneficios en salud a cargo de la USPEC .

El mismo Juez, mediante proveído de 22 de agosto de 2018, declaró que director del Complejo Carcelario y Penitenciario Pedregal, Jairo Enrique Páez Durán; y el gerente del Consorcio Fondo Nacional de Atención PPL 2007, Mauricio Iregui Tarquino, incurrieron en desacato de la anterior orden judicial, imponiéndoles como sanción una multa equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente.

Al conocer en consulta la anterior decisión, el Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Tercera de Oralidad, mediante providencia de 3 de diciembre de 2018, confirmó la providencia de 22 de agosto de 2018, con base en las siguientes consideraciones:

« […] En el proceso no obra constancia o documento alguno en el sentido de que la accionada hubiera dado cumplimiento a la orden impartida en el fallo de tutela, ni durante el trámite del incidente por desacato ni luego de proferirse la sanción correspondiente. En tanto que solo se observa correo electrónico enviado por la Subdirección de Atención en Salud – Grupo Servicios de Salud del IPEC (sic), dirigido al establecimiento de reclusión y a la EPS SURA en el que se indica que «… se remite fallo del PPL GIIFREDO DE JESÚS CANO DEBOYA (sic), revisada la base de datos se encuentra afiliado como beneficiario de la EPS SURAMERICANA y en donde en un término de 5 días sea autorizado – prótesis total superior y prótesis parcial inferior, con lo cual es evidente el incumplimiento de los trámites administrativos realizada (sic) por las entidades accionadas para la autorización y suministro al señor Sigifredo de Jesús Cano Bedoya, de la prótesis total superior y prótesis parcial inferior, en la forma prescrita por el odontólogo tratante.

Ahora respecto a la sanción impuesta, habrá de determinarse que en este caso la orden del fallo de primera instancia se encuentra dirigida es contra director (sic) del COPED, Jairo Enrique Páez Durán, al director del INPEC, Brigadier General Jorge Luis Aragón; y al gerente del Consorcio Fondo Nacional de Atención PPL 2017, Mauricio Iregui Traquino(sic), por tal razón, se tiene que estos funcionarios son los responsables directos del cumplimiento de la tutela y que el juez constitucional los puede sancionar con el fin de corregir su actitud omisiva y así proveer a la inmediata efectividad de la orden; no siendo posible que en este caso el juez constitucional pueda modificar el contenido sustancial de la orden proferida o redefinir los alcances de la protección concedida, como pagar (sic) decretar la nulidad del trámite y ordenar vincular al trámite a SURAMERICANA como lo solicita la entidad accionada, por ser esta la entidad responsable de la atención en salud del accionante , tal como lo refiere la jurisprudencia citada anteriormente. […]

Cabe advertir que a los sancionados se les garantizó el derecho de defensa en el trámite del incidente de desacato, pues tanto el auto que ordenó la apertura del desacato, como el que impuso la sanción, fueron notificados en debida forma, tal como se evidencia en las constancias de recibido obrantes a folios 8 – 11 y 48 -50 por parte de las entidades accionadas, de las correspondientes constancias de envío de los correos electrónicos […]».

Surtido lo anterior, el Consorcio Fondo de Atención PPL 2017, mediante correo electrónico remitido el 20 de septiembre de 2018, solicitó la inaplicación de la sanción impuesta por desacato, reiterando que el señor Cano Bedoya se encuentra afiliado al régimen contributivo, por lo que le corresponde a la EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A. prestarle los servicios médicos requeridos. Asimismo, reiteró su solicitud de desvinculación de la acción de amparo y el llamamiento a la EPS a la que se encuentra afiliado el interno.

El Juez Veintiséis Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, mediante proveído de 21 de septiembre de 2018, no accedió a la anterior solicitud, toda vez que estimó que no podía modificar el contenido de la orden proferida en la sentencia de tutela ni redefinir los alcances de la protección concedida, por lo que la orden judicial se debería cumplir.

El 24 de septiembre de 2018, el referido Consorcio insistió en su petición, presentando un escrito con idéntico contenido del anterior, cuya respuesta por parte del despacho judicial, mediante proveído de 27 de septiembre de 2018, fue remitirlo a las consideraciones esbozadas en la providencia inicial.

Visto lo anterior, advierte la Sala que la parte actora, a través de su solicitud de amparo, pretende reabrir el debate constitucional dado con ocasión de la acción de tutela anterior, en tanto las autoridades judiciales de primera y segunda instancia ya se pronunciaron respecto de la competencia atribuible al ahora accionante en el restablecimiento de los derechos fundamentales amparados al señor Sigifredo de Jesús Cano Bedoya.

Sobre el particular, nótese que la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, en la sentencia de 17 de julio de 2018, al resolver la impugnación interpuesta por el Consorcio en contra de la sentencia de 21 de junio de 2018, había considerado lo siguiente:

« […] Ahora, analizada la jurisprudencia dispuesta en la parte considerativa se concluye que el modelo de salud implementado para la población privada de la libertad es obligatorio y prevalecerá sobre las demás afiliaciones al SGSSS o a los regímenes exceptuados o especiales. E igualmente que para la atención en salud de la población privada de la libertad, el contratista, que en ese caso es el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017 tiene como una de sus obligaciones, la de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud a la población privada de la libertad, en tanto que debe de contratar la prestación integral y oportuna de los servicios de salud para esa población haciendo los desembolsos y demás actividades administrativas que se requieran.

Conforme a lo anterior, y frente al tema de la prestación del servicio de salud para la población privada de la libertad, es preciso señalar lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia T 193 de 2017, así:

“De igual forma, señala que dicha entidad deberá continuar con la prestación de servicios de salud de los reclusos a cargo del INPEC, teniendo como sustento los recursos del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, hasta que la asistencia pueda ser asumida por la USPEC. En esta dirección la sentencia T-126 de 2016 indicó:

“En consecuencia, hasta el 31 de diciembre de 2015 la prestación de los servicios de salud a la población privada de la libertad le correspondía a la EPS Caprecom, debido al proceso de liquidación en el que se encuentra inmersa esa entidad.

Posteriormente y con el fin de garantizar la prestación del servicio de salud, la USPEC y el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2015 suscribieron un contrato de fiducia mercantil, en el cual se estableció que los recursos del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad que recibirá la fiduciaria deben destinarse a la celebración de contratos derivados y pagos necesarios para la atención integral en salud y prevención de la enfermedad de esa población. Así mismo, se estableció como una de las obligaciones del contratista la de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud a la población privada de la libertad.”

Visto lo anterior y revisadas las pruebas obrantes en el proceso se tiene que la USPEC adjudicó el contrato al CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2017, quien es el encargado de prestar la atención en salud que se solicita para la población privada de la libertad, conforme al contrato de Fiducia Mercantil No. 331 del 27 de diciembre de 2016, el cual en su cláusula tercera indicó lo siguiente (ver folios 21 - 28):

"Obligaciones del Contratista” numeral 5 atinente a las obligaciones relacionadas con la contratación de bienes y servicios, estableció que le corresponde contratar los prestadoras de servicios de salud para la PPL, privados, públicos o mixtos, para la atención intramural y extramural, de baja, mediana y alta complejidad de acuerdo con el Modelo de Atención complementaria en la Resolución 3595 de 2016, y las recomendaciones del CONSEJO DIRECTIVO y con lo establecido en el Alcance del Objeto del presente contrato”.

En consecuencia, resuelta claro para la Sala que el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017 (integrado por las sociedades la Fiduprevisora SA y Fiduagraria SA), es el encargado de la prestación de los servicios de salud integral de la población privada de la libertad, por cuanto se encarga de garantizar la prestación del servicio de salud y por ende de garantizar la realización de los tratamientos que requiera el personal recluso, previo trámite administrativo del personal de custodia del INPEC; tal como ocurre con el accionante a quien se le ordenó por el médico tratante odontólogo general, prótesis dental superior total e inferior parcial conforme a la hoja clínica aportada por el INPEC a folio 14.

Por lo anterior, considera el despacho que no le asiste razón al Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, respecto a que se declare su falta de legitimación, en tanto que es procedente que el CONSOCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2017M, brinde y garantice al señor Sigifredo de Jesús Cano Bedoya, el tratamiento odontológico que le fue ordenado por el médico tratante a folio 14, de MANERA COORDINADA con el Complejo Carcelario y Penitenciario El Pedregal, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y previos el agotamiento de los trámites administrativos que estén bajo el marco de sus competencias legales, tal como lo ordenó el a quo […]».

En tal sentido, de conformidad con el criterio jurídico transcrito y atendiendo a la solicitud expresa del recluso de ser atendido a través del régimen especial de salud de la población privada de la libertad, el ad quem confirmó las órdenes de amparo dadas por el juez de primera instancia.

En efecto, la Sala resalta que el Decreto 2245 de 2015 consagró un modelo de salud especial para el comentado sector poblacional que tiene como propósito dar un trato más digno a la población privada de la libertad bajo la custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC. Así, el parágrafo del artículo 2.2.1.11.1.1 del Decreto 2245 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 1142 de 2016, dispone:

«[…] ARTÍCULO 2.2.1.11.1.1
Parágrafo. La población privada de la libertad y los menores de tres (3) años que convivan con sus madres en los establecimientos de reclusión, recibirán los servicios asistenciales a través del esquema de prestación de servicios de salud definido en el presente capítulo y conforme al Modelo de Atención en Salud que se adopte.

Sin embargo la población privada de la libertad que se encuentre afiliada al Régimen Contributivo o a regímenes exceptuados o especiales, conservará su afiliación y la de su grupo familiar mientras continúe cumpliendo con las condiciones establecidas para pertenecer a dichos regímenes en los términos definidos por la ley y sus reglamentos y podrá conservar su vinculación a un Plan Voluntario de Salud. En estos casos, las Entidades Promotoras de Salud - EPS, las entidades que administran los regímenes excepcionales y especiales y la USPEC, deberán adoptar los mecanismos financieros y operativos, necesarios para viabilizar lo dispuesto en el presente inciso, respecto de la atención intramural de los servicios de salud de la Población Privada de la a libertad a cargo del INPEC. […]».

Es decir que la población reclusa accede directamente a la cobertura de este régimen especial, aun contando con la posibilidad de continuar afiliada al régimen contributivo. Ello por cuanto el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad debe ser garantizado a todos los habitantes del país, más aun si se tiene en cuenta que existe una relación especial de sujeción entre los internos y el Estado, que se encuentra estrechamente vinculada con los derechos a la vida y a la dignidad humana.

Lo anterior significa que las personas privadas de la libertad cuentan con la potestad de optar por el régimen de atención en salud que les resulte más conveniente, en lo relativo al sistema de atención intramural y extramural, considerando, para tal efecto, sus condiciones y las de su centro de reclusión. Lo cual, en el caso específico, significó la posibilidad de optar por el régimen especial definido en el Decreto 2245 de 2015, actualmente administrado por el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL.

En tal sentido y en lo que se respecta al trámite surtido en el marco del incidente de desacato bajo análisis, la Sala no cuestiona el hecho constente en que al gerente del Consorcio Fondo Nacional de Atención PPL 2007, al director del Complejo Carcelario y Penitenciario Pedregal y al director del INPEC, les corresponde, en el marco de sus competencias legales, autorizar y suministrar al señor Sigifredo de Jesús Cano Bedoya, el procedimiento odontológico prescrito por su médico tratante consistente en una prótesis total superior y parcial inferior.

Tratamiento que, conforme al acervo probatorio obrante en el expediente del trámite incidental y del grado de consulta, aún no ha sido suministrado, configurándose con ello el elemento objetivo del desacato.

Sin embargo, lo cierto es que aun cuando le corresponde al director del CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL, dar cumplimiento a dicha orden judicial, ello solo será posible en el momento en que culmine el proceso de movilidad de régimen de salud del señor Sigifredo de Jesús Cano Bedoya.

Lo anterior teniendo en cuenta que el artículo 29 del Decreto 2353 de 2015, compilado en el artículo  HYPERLINK "https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0780_2016_pr002.htm" \l "2.1.3.14" 2.1.3.14 del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016, prohíbe expresamente la afiliación simultánea de una persona a los regímenes contributivo y subsidiado.

En tal sentido, dada la manifestación voluntaria del recluso de ser trasladado de régimen y en virtud de lo previsto por el numeral 6 del artículo 32 del Decreto 2353 de 2015, esto es, en atención a su condición de sujeto privado de la libertad, se puede alegar la causal de terminación de la inscripción en la EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A., para su posterior movilidad al régimen especial.

Ahora bien, nótese que el artículo 48 del Decreto 2353 dejó en cabeza del afiliado la responsabilidad de radicar y tramitar las solicitudes de traslado y de movilidad directamente, en los siguientes términos:

“[…] Artículo 48. Reporte de novedades en el régimen subsidiado. El afiliado cabeza de familia es responsable de registrar en el Sistema de Afiliación Transaccional las novedades referidas a la identificación y actualización de sus datos y las de su núcleo familiar, así como las de traslado y de movilidad.

Las entidades territoriales validarán y verificarán las novedades presentadas por los afiliados y reportarán las de su competencia.

Parágrafo. Hasta tanto entre en operación el Sistema de Afiliación Transaccional, los afiliados serán los responsables de radicar y tramitar las solicitudes de traslado y de movilidad directamente ante la EPS y las EPS lo serán de reportar las novedades de ingreso, retiro, movilidad y traslado en el régimen subsidiado de sus afiliados y de informar al afiliado en el momento de presentarse la novedad. Las entidades territoriales validarán y verificarán las novedades presentadas por las EPS y reportarán las de su competencia […]”

Sin embargo, dada la sujeción especial que tienen las personas privadas de la libertad, dicha disposición debe leerse en armonía con lo previsto en el Código Penitenciario y Carcelario, así como en el Decreto 4151 de 2011, respecto de las funciones que debe adelantar el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC.

Así las cosas, a efectos de que el consorcio accionante acate a la orden judicial, resulta necesario que tanto el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario como el establecimiento de reclusión, asesoren, faciliten y acompañen el procedimiento de movilidad de régimen.

Luego, advierte la Sala que el Juez Veintiséis Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de Oralidad, mediante los proveídos de 22 de agosto de 2018 y 3 de septiembre de 2018, vulneraron el derecho al debido proceso de la parte actora, habida cuenta que durante el trámite incidental de desacato, así como en el posterior grado jurisdiccional de consulta, no se había acreditado el elemento subjetivo de la sanción impuesta al gerente del Consorcio Fondo Nacional de Atención PPL 2007, Mauricio Iregui Tarquino; y que por ello, no se configuraba la totalidad de los elementos necesarios para su imposición.

Recuérdese que, en este tipo de eventos, “[…] el juez que conoce el incidente de desacato tiene la obligación de verificar la responsabilidad subjetiva del accionado y resolver si encuentra o no razones reprochables que generen la imposición de una sanción. Ahora bien, en caso de que no resulte procedente imponer una sanción en los términos del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, y el fallo no haya sido debidamente cumplido, el juez tiene el deber de proferir ordenes encaminadas al pleno cumplimiento, “acudiendo para ello a una fuente jurídica distinta, cual es el artículo 27 del decreto mencionado en virtud del cual, el juez mantiene su competencia hasta que se encuentre plenamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza, estableciendo los efectos del fallo para el caso concreto, pudiendo incluso sancionar por desacato al responsable y al superior, hasta que se dé cumplimiento a la sentencia”[…]”

Así, la información recibida por el Juez Veintiséis Administrativo del Circuito Judicial de Medellín en el curso del incidente de desacato implicaba la necesidad de proferir órdenes adicionales a las originalmente impartidas, reforzando el alcance de la protección efectiva del derecho fundamental amparado.

Ello teniendo en cuenta que el objetivo del desacato no es imponer una sanción, sino lograr el restablecimiento del derecho vulnerado y, en consecuencia, el juez constitucional debía verificar no solo si la orden se había cumplido, sino cuáles fueron las razones del incumplimiento, para, con ello, desplegar las actuaciones pertinentes para lograr la ejecución efectiva del amparo, sin desmedro de la protección concedida en el fallo de tutela.

En virtud de lo anterior, esta Sala concederá el amparo al derecho fundamental al debido proceso del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, en el sentido de dejar sin efectos el trámite incidental adelantado dentro del proceso de tutela 2018 - 00224, conforme a las consideraciones aquí expuestas.

Adicionalmente y como quiera que resulta necesario que el juez de conocimiento de profiera medidas adicionales para la materialización del amparo contenido en la sentencia de tutela de 21 de junio de 2018, se le ordenará al a quo que adelante dicha potestad analizando las alternativas contempladas en la ley para la efectividad del derecho tutelado y, en el evento de que las nuevas medidas no sean acatadas, de apertura a un nuevo trámite incidental de desacato.

Conclusiones

En relación con el amparo deprecado en contra del Juez Veintiséis Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y de los Magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de Oralidad con ocasión de las sentencias de 21 de junio (primera instancia) y 17 de julio de 2018 (segunda instancia), respectivamente, dentro del expediente con radicación número 05001-33-33-026-2018—00224-00/01, la Sala no encuentra acreditada ninguna de las causales excepcionales de procedencia de la acción de tutela contra tutela, de que trata la sentencia SU-627 de la Corte Constitucional, para proteger la presunta vulneración de derechos fundamentales en el marco de otra acción de la misma índole y, es por ello que se declarara improcedente dicho abordaje.

De otra parte, la Sala considera que las autoridades judiciales accionadas, con ocasión de los autos interlocutorios de 22 de agosto y 3 de septiembre de 2018, proferidos por el Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de Oralidad, vulneraron el derecho fundamental al debido proceso del consorcio accionante, al imponer y confirmar una sanción de desacato, a pesar de que el Consorcio accionante se encontraba imposibilitado para cumplir las órdenes judiciales contenidas en la sentencia de 21 de junio de 2018, hasta tanto las demás entidades condenadas acompañen el procedimiento de traslado del régimen del recluso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

F A L L A

PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE el amparo de tutela solicitado por el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, en relación con las sentencias de 21 de junio y 17 de julio de 2018, que negaron las pretensiones de la demanda de tutela, correspondientes al expediente número 05001-33-33-026-2018-00224-00/01, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: AMPARAR el derecho al debido proceso del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, en el sentido de dejar sin efectos el trámite del incidente de desacato adelantado dentro del proceso de tutela 2018 - 00224, conforme las consideraciones aquí expuestas.

CUARTA: ORDENAR al Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, ADOPTAR las medidas adicionales con miras a lograr el cumplimiento integral de la sentencia de 21 de junio de 2018 y, en el evento de que tales órdenes no sean acatadas, INICIAR un nuevo trámite incidental de desacato.

QUINTA: Si la presente decisión no es impugnada, dentro de los tres días siguientes a su notificación, REMIMTIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

Ejecutoriada esta decisión, por la Secretaría General de la Corporación DEVOLVER al Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito Judicial de Medellín el expediente 05001-33-33-026-2018-00224-00, enviado a esta Corporación en condición de préstamo.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado

La providencia judicial objeto de controversia proferida por el Juzgado Veintiséis Administrativo Judicial del Circuito de Medellín de 21 de junio de 2018 fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, motivo por el cual al momento de admitir la presente acción se determinan claramente los sujetos pasivos de la misma, lo que trajo como consecuencia que su conocimiento correspondiera a esta Corporación y no al Tribunal ya mencionado donde fue inicialmente presentada. En la demanda se menciona la vulneración de «[…] al derecho al acceso a la administración de justicia, debido proceso, derecho a la libertad, mínimo vital, al principio de legalidad y prevalencia del derecho sustancial», los que varían al momento de formular las pretensiones. A folio 150 al 181 del cuaderno de la acción de tutela, mediante escritura pública 0948 - 17, expedida por la Notaria 33 de Bogotá, con anotación de 23 de enero de 2017, obra poder general otorgado al señor Luis Alfredo Sanabria, en calidad de representante legal del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, otorgado por Fiduciaria La Previsora S.A. y la sociedad Fiduciaria de Desarrollo, entidades integrantes del citado consorcio. Folios 17 a 24. Expediente de tutela. Folios 30 a 43. Expediente de tutela. Folios 56 a 60. Expediente de tutela. Folios 61 a 68. Expediente de tutela. Decreto 1142 de 2016 «Por el cual se modifican algunas disposiciones contenidas en el Capítulo 11 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, y se adoptan otras disposiciones»
Aclaró que el Consorcio «[…] es administrador fiduciario de los recursos del Patrimonio Autónomo del Fondo de Atención en Salud para la población privada de la libertad, en desarrollo de sus obligaciones contractuales y en virtud de la existencia del Patrimonio Autónomo, por instrucciones del Consejo Directivo del Fondo de Salud, suscribe la contratación de la prestación de los servicios de salud de la población privada de la libertad previamente instruida por la Unidad de Servicios Penitenciarios Carcelarios – USPEC». El artículo 29 del Decreto 2353 de 2015 establece que ninguna persona puede acreditar una múltiple afiliación entre los diferentes regímenes de seguridad social en salud, en armonía con el 14 del Decreto 1703 de 2002, modificado por el 1° del Decreto 57 de 2015 que prohíbe la doble cobertura, en la medida de la imposibilidad de utilizar de manera simultánea los servicios de uno y otro regímenes de excepción y del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), bien sea en condición de beneficiario o cotizante. Folio 7 y anverso. Expediente de tutela. Decreto 1983 de 2017 « Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela». Folios 190 a 192. Expediente de tutela. Folios 201 a 207. Jairo Enrique Páez Durán. BG Jorge Luis Ramírez Aragón. Mauricio Iregui Tarquino.
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política». Modificado por el Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017, en relación con las acciones de tutela presentadas a partir de esta fecha.
«Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho»
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González. Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-064 de 4 de febrero de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sentencias, SU-659 y T-133 de 2015 y T-176, T-060, T-064 y T-065 de 2016, y T-459 de 2017, entre otras. Ibídem. SU-659 de 2015.

En la sentencia SU-573 de 14 de septiembre de 2017, refirió la Corte Constitucional que «El defecto sustantivo se configura cuando el juez “en ejercicio de su autonomía e independencia, desborda la Constitución o la ley en desconocimiento de los principios, derechos y deberes superiores”. Lo cual puede ocurrir, entre otros, por la errónea interpretación o aplicación de la norma. Como puede suceder, por ejemplo, cuando se desborda el contenido de la norma y se imponen mayores barreras a las exigidas por el legislador para conceder el derecho o se desconocen normas que debían aplicarse». En la sentencia T-462 de 2003, la Corte Constitucional señaló que se incurre en defecto sustantivo: «[…] (iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva».
«Se refiere a una decisión de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de Derecho (e.g. conceptos, interpretaciones de preceptos legales, etc.) que guían al juez para resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un carácter orientador, lo que no significa (a) que no deban ser tenidos en cuenta por el juez a la hora de fallar, y (b) que lo eximan del deber de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad» Esta noción fue esbozada en la sentencia T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa y reiterada en la T-102 de 2014 M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En la sentencia T-102 de 2014, se cita que «Según el doctrinante Pierluigi Chiassoni en su libro “Desencanto para abogados realistas”, el precedente judicial puede ser entendido en cuatro acepciones; (i) precedente-sentencia, (ii) precedente-ratio, (iii) precedente-ratio autoritativo y (iv) precedente- ratio decidendi consolidada o precedente orientación. Este último hace referencia a “es la ratio decidendi por hipótesis común a –y repetida en- una serie (considerada) significativa de sentencias pronunciadas en un arco de tiempo anterior (…) cuya ratio tienen que ver con la decisión sobre hechos y cuestiones del mismo, o similar tipo, con hechos y cuestiones sobre las cuales se trata decidir ahora, (…)”. Esta acepción es el precedente entendido en el sentido más restringido según el autor. Las demás acepciones hacen referencia similar al concepto propuesto por la Corte Constitucional en el sentido en que debe ser una sentencia anterior que trata de hechos cuestiones y elemento muy similares al caso que se pretende resolver». Cfr. sentencia T-102 de 2014 M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Ver también las sentencias T-794 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio, T-1317 de 2001. M.P. Rodrigo Uprimny Yepes y T-292 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Decreto número 2591 de noviembre 19 de1991, "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
En la sentencia T-254 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, se aludió a que (i) quien presuntamente lo incumple debe ser notificado sobre la iniciación del trámite; (ii) se deben practicar las pruebas que resulten necesarias para adoptar la decisión correspondiente; (iii) la providencia que le resuelva finalmente el trámite debe ser notificada, y si la decisión es sancionatoria y (iv) se debe remitir el expediente en consulta ante el superior
Al respecto, indica la Sentencia T-171 de 2009 (M.P. Humberto Sierra) que el incidente de desacato “(...) debe entenderse como un instrumento procesal para garantizar plenamente el derecho constitucional a la administración de justicia del accionante (art.

229 C.P.), puesto que éste permite la materialización de la decisión emitida en sede de tutela, con lo cual no basta con que se otorgue a las personas la posibilidad de acudir a la tutela y que con ella se protejan sus derechos fundamentales, sino que existan medios que ayuden al cabal cumplimiento de la orden proferida por el juez constitucional”. Sentencia T-280 de 2017. Sentencias T-458, T-744 y SU-1158 de 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Sentencia T-1113 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño. Sobre este punto, la Sentencia T-014 de 2009 M.P. Nilson Pinilla Pinilla sostuvo: «no es posible que las consideraciones que se hagan para decidir el incidente conduzcan a la reapertura del tema de fondo, ya decidido mediante la sentencia de tutela. En este sentido debe subrayarse que en ese momento procesal el referido fallo ha hecho tránsito a cosa juzgada, por lo que la decisión en él contenida resulta inmodificable y de obligatorio acatamiento, incluso para el juez que la hubiere proferido. Es claro entonces que nada en el incidente de desacato puede implicar la reconsideración de la decisión cuyo cumplimiento se busca, ni aún con la aquiescencia del beneficiario de aquélla, ni tampoco con la del juez que la originó». Sentencia T-086 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional, sentencia de 3 de mayo de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos, Expediente T-6.017.539, demandante: Paula Gaviria Betancur, demandados: Juzgado Civil del Circuito de Los Patios –Norte de Santander– y del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta –Sala Civil–. Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González. Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
«Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política». Con ponencia del Consejero de Estado Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Corte Constitucional, sentencia T- 225 de 23 de marzo de 2010, M. P. Mauricio González Cuervo. Radicada en la Oficina Judicial de Medellín el 26 de septiembre de 2018 (f. 8)
Al respecto, ver sentencia de unificación por importancia jurídica proferida por la sala plena de lo contencioso-administrativo el 5 de agosto de 2014, consejero ponente Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A., que fijó parámetros en relación con los requisitos de inmediatez y subsidiaridad.

Ver entre otras T-480 de 2011 de la Corte Constitucional. Corte Constitucional, auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. La no procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela se fijó en la Sentencia SU-1219 de 2001 y se reiteró, entre otras, en las Sentencias T- 021, T-174, T-192, T-217, T-354, T-444, T-623 y T-625 de 2002; T-200, T-502 y T-1028 de 2003; T-528 de 2004; T-368 y T-944 de 2005; T-059 y T-
237 de 2006; T-104 de 2007; T-1208 de 2008; T-282 de 2009; T-041, T-137, T-151 y T-813 de 2010; T-474 y T-701 de 2011; T-208 de 2013. Sentencia T-233/18 de 19 de junio de 2018, Expediente T-6.334.215, Magistrada Ponente, CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Corte Constitucional, Sentencia T-1113 de 2005, (MP. Jaime Córdoba Triviño). Corte Constitucional Sentencia T-554 de 1996 (MP. Antonio Barrera Carbonell). Ver también las sentencias T-572/96, C-092/97, T-766/98, T-553/02 y T-086/03.
«ARTÍCULO 2.2.1.11.1.1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente capítulo tiene por objeto reglamentar el esquema para la prestación de los servicios de salud de la población privada de la libertad bajo la custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, (Inpec). Las disposiciones previstas en el presente capítulo serán aplicables por el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Salud y Protección Social, y demás autoridades o entidades que en el ámbito de sus competencias estén involucradas en los contenidos aquí previstos. Para efectos de la aplicación del presente capítulo se entenderá por población privada de la libertad aquella integrada por las personas internas en los establecimientos de reclusión a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), así como por quienes estén en prisión domiciliaria, detención en lugar de residencia o bajo un sistema de vigilancia electrónica por parte del Inpec. PARÁGRAFO. La población privada de la libertad y los menores de tres (3) años que convivan con sus madres en los establecimientos de reclusión, recibirán los servicios asistenciales a través del esquema de prestación de servicios de salud definido en el presente capítulo y conforme al Modelo de Atención en Salud que se adopte. Sin embargo, la población privada de la libertad que se encuentre afiliada al Régimen Contributivo o a regímenes exceptuados o especiales, conservará su afiliación y la de su grupo familiar mientras continúe cumpliendo con las condiciones establecidas para pertenecer a dichos regímenes en los términos definidos por la ley y sus reglamentos y podrá conservar su vinculación a un Plan Voluntario de Salud. En estos casos, las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las entidades que administran los regímenes excepcionales y especiales y la USPEC, deberán adoptar los mecanismos financieros y operativos, necesarios para viabilizar lo dispuesto en el presente inciso, respecto de la atención intramural de los servicios de salud de la Población Privada de la Libertad a cargo del Inpec». Persona privada de la libertad, ubicada en el patio F del Complejo Carcelario El Pedregal, con ID: 9055, C.C. 15.333.829 y NUI: 1003611. F 7 cuaderno 2 del expediente de tutela 05001-33-33-026-2018-00224-00
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Ff.12 y 13. F. 20 y 21. Ff. 37 a 39. Folio 70 y 71 del cuaderno 2 incidental. F. 85. Ff. 87 y 88. Sobre este punto, la Sentencia T-014 de 2009 M.P. Nilson Pinilla Pinilla sostuvo: «no es posible que las consideraciones que se hagan para decidir el incidente conduzcan a la reapertura del tema de fondo, ya decidido mediante la sentencia de tutela.

En este sentido debe subrayarse que en ese momento procesal el referido fallo ha hecho tránsito a cosa juzgada, por lo que la decisión en él contenida resulta inmodificable y de obligatorio acatamiento, incluso para el juez que la hubiere proferido. Es claro entonces que nada en el incidente de desacato puede implicar la reconsideración de la decisión cuyo cumplimiento se busca, ni aún con la aquiescencia del beneficiario de aquélla, ni tampoco con la del juez que la originó». En igual sentido, la Corte Constitucional en la sentencia T-944 de 2005, ha señalado que el juez de tutela que profiera decisiones durante el trámite incidental de desacato «[…] no podrá reabrir el debate constitucional dado con ocasión de la acción de tutela anterior, pues su análisis se encuentra limitado por las decisiones proferidas durante el trámite de desacato en cuestión, esto, con relación a la presunta vulneración de los derechos fundamentales del accionante». Folio 2 y 3 del cuaderno principal del expediente 2018 – 00224. Precisa la norma en cita lo siguiente: ARTÍCULO 29. AFILIACIONES MÚLTIPLES. En el Sistema General de Seguridad Social en Salud ninguna persona podrá estar afiliada simultáneamente en el régimen contributivo y subsidiado ni estar inscrita en más de una EPS o EOC ni ostentar simultáneamente las calidades de cotizante y beneficiario, cotizante y afiliado adicional o beneficiario y afiliado adicional, afiliado al régimen subsidiado y cotizante, afiliado al régimen subsidiado y beneficiario o afiliado al régimen subsidiado y afiliado adicional. Tampoco podrá estar afiliado simultáneamente al Sistema General de Seguridad Social en Salud y a un régimen exceptuado o especial. Artículo 32. Terminación de la inscripción en una EPS. La inscripción en la EPS en la cual se encuentra inscrito el afiliado cotizante y su núcleo familiar, se terminará en los siguientes casos: (…)
32.6. Cuando el afiliado cumpla con las condiciones para pertenecer a un régimen exceptuado o especial legalmente establecido.

Por el cual se unifican y actualizan las reglas de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, se crea el Sistema de Afiliación Transaccional y se definen los instrumentos para garantizar la continuidad en la afiliación y el goce efectivo del derecho a la salud
Leyes 415 de 1997,
504 de 1999 y el Decreto 2636 de 2004
Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, y se dictan otras disposiciones.
El artículo 19 del Decreto 4151 de 2011, establece lo siguiente: SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN EN SALUD. Son funciones de la Subdirección de Atención en Salud, las siguientes: (…) 3. Realizar las acciones necesarias para la vinculación al Sistema General de Seguridad Social en Salud y la gestión del aseguramiento (riesgo en salud, prestación de servicios, garantía de calidad y financiamiento), que reconozca las necesidades diferenciales de la población privada de la libertad, en coordinación con las autoridades competentes.
Corte Constitucional, sentencia T-553 de 2002, MP. Alfredo Beltrán Sierra. T- 368 de 2005 MP. Clara Inés Vargas. Auto 118 de 2005 MP. Clara Inés Vargas.

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