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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2018-03744-01

Improcedencia de la acción de tutela por ausencia de relevancia constitucional: no es una tercera instancia del proceso ordinario

Fecha
4 de abril de 2019
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2018-03744-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de febrero del 2019 por la Sección Cuarta de esta Corporación, pero por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el medio más expedito posible. TERCERO: ENVÍAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2018-03744-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

4 de abril de 2019

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR AUSENCIA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - No es una tercera instancia del proceso ordinario

[A] pesar que en el escrito introductorio se indicó cuál es la supuesta providencia desconocida, esto no es suficiente para lograr demostrar la ocurrencia de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, en la medida que no se hizo el análisis explicativo necesario de determinar la regla relacionada con el caso concreto, y que dicho criterio haya servido de base para solucionar un caso similar a la cuestión que se discute en esta oportunidad, que le permita al juez constitucional entrar a verificar la posible vulneración de derechos fundamentales. (...) a pesar que el tutelante expuso unas circunstancias como sustento del cargo imputado a las providencias cuestionadas, no explicó en qué medida esas circunstancias violaban el artículo constitucional invocado, o por lo menos, por qué los perjuicios que pretendía que fueran resarcidos en reparación directa tenían origen en el decaimiento de la Resolución 0970 de 2006. Lo mismo sucede con la presunta violación directa del artículo 229 de la Constitución, pues el actor no satisfizo este requisito de plano en tanto que se limitó a presentar una simple enunciación sin explicar de una forma mínima y razonable por qué los autos incurren en este defecto. (...) Así las cosas, no se encuentra que la parte accionante haya, al menos, presentado los motivos que sustenta su alegación de tutela, y que permitan al juez de amparo pasar a hacer una examen de fondo. Por lo contrario, la Sala observa en general, que los argumentos abordados en el escrito introductorio, muestran un simple desacuerdo con la conclusión a la que llegó el Tribunal accionado, y que lo que pretende el actor es reabrir el debate judicial que ya fue analizado y finalizado en las respectivas instancias ordinarias, razón por la que se indica que el juez de tutela no puede ser usado como una tercera instancia, que invada orbitas que son propias de los jueces naturales.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 4 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 228 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 230 / LEY ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - ARTÍCULO 5 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 7 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 32 / DECRETO 1069 DE 2015 / DECRETO 1983 DE 2017

NOTA DE RELATORÍA: Con aclaración de voto del Consejero Guillermo Sánchez Luque sin medio magnético a la fecha 26/06/2019.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., cuatro (04) de abril de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-03744-01(AC)

Actor: GERMÁN ORLANDO PEÑA RODRÍGUEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A Y JUZGADO SESENTA Y UNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

Acción de Tutela– Sentencia de Segunda Instancia.

ANTECEDENTES

Solicitud de tutela

Germán Orlando Peña Rodríguez, mediante apoderada judicial, presentó solicitud de amparo constitucional en contra de la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Juzgado Sesenta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, para obtener la protección de sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al debido proceso, presuntamente vulnerados con los autos proferidos el 5 de julio del 2018 y 9 de abril del 2018, respectivamente, dentro del proceso con radicado núm. 11001334306120180007000, mediante los cuales que se rechazó y confirmó el rechazo de la demanda de reparación directa interpuesta por el actor y otros.

Hechos probados

2.1 El Ministerio de Defensa Nacional retiró del servicio activo de las Fuerzas Militares – Armada Nacional- a German Orlando Peña Rodríguez, mediante Resolución 0970 de 2006.

2.2 El actor presentó demanda contra la anterior decisión en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento. Una vez agotadas las etapas procesales, el Tribunal Administrativo del Cauca, en segunda instancia y en cumplimiento del fallo de tutela T-677 del 30 de octubre del 2015, emitió sentencia el 20 de enero de 2016, mediante la cual declaró la nulidad de la Resolución 0970 del 20 de octubre del 2006 y ordenó el reintegro laboral de German Peña al cargo que ostentaba al momento de su retiro.

2.3 Posteriormente, Germán Orlando Peña Rodríguez, Gloria Rodríguez Oviedo, Tito Orlando Peña y Liseth Alejandra Peña Rodríguez presentaron demanda el 9 de marzo del 2018 en ejercicio del medio de control de reparación directa, en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional, con las siguientes pretensiones:

i) Declarar responsable a las autoridades demandadas, por la falla del servicio en que incurrieron al retirar del servicio al señor Peña Rodríguez con la Resolución núm. 0970 del 30 de mayo del 2006, acto administrativo que fue declarado nulo mediante fallo del 20 de enero del 2016 proferido por el Tribunal Administrativo del Cauca en cumplimiento de la orden impartida en la sentencia T-677 del 30 de octubre del 2015 de la Corte Constitucional.

ii) Como consecuencia de lo anterior, ordenar a las autoridades demandadas como reparación del daño causado, pagar los siguientes conceptos: a) el valor de los honorarios de los abogados que contrató para la tutela T-677 de 2015; b) “la cuota Litis del 50%, Sobre la suma $ 353.059.283.29, sin indexación ni intereses de Ley, de acuerdo al oficio No. 20170423330114021 del 28 de marzo de 2017, expedido por el Jefe de División de Nómina Armada Nacional (e) (…)”; c) a título de indemnización, la suma de dinero que se le descontó a German Peña para el sistema de salud, al tener en cuenta que durante el tiempo de desvinculación, no se le prestaron servicios médicos; d) las diferencias salariales entre el cargo que desempeñaba al momento de su retiro y el que ocuparía si no hubiera sido desvinculado; e) que las sumas de dinero a las que tiene derecho por los daños ocasionados, sean indexados mes a mes.

Explicó que la referida demanda no tiene por objeto establecer los perjuicios por la expedición o ejecución de la Resolución 0970 de 2006, sino los daños causados con origen en la declaración de nulidad de dicho acto administrativo, razón por la que los términos de vigencia del medio de control de reparación directa debían contarse desde el 8 de septiembre del 2016, fecha de ejecutoria de la sentencia del 20 de enero de la misma anualidad.

2.4. El asunto correspondió por competencia al Juzgado Sesenta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, autoridad que en auto del 9 de abril del 2018, resolvió rechazar la demanda interpuesta por German Orlando Peña y otros, debido a que el asunto no era susceptible de control judicial porque el perjuicio alegado deviene de la Resolución 0970 del 2006 que fue declarada nula mediante sentencia proferida del 20 de enero del 2016.

Como fundamentos de su decisión, el juez de primera instancia explicó que, conforme al artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 –CPACA-, cuando una persona pretenda la reparación de un daño ocasionado con un acto administrativo, deberá acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; diferente del artículo 140 ibídem, que dispone el medio de control de reparación directa para el daño antijurídico causado por un hecho, omisión, operación o por ocupación temporal o permanente de la administración.

En ese orden, afirmó que la parte demandante desde el inicio del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2006-00054-01, sabía que iba a incurrir en gastos de defensa judicial, por lo que debió incluir en las pretensiones de la demanda la condena en costas y agencias del derecho.

En relación con la solicitud de reintegro de los descuentos que le hicieron para el sistema de salud, precisó que “(…) el referido descuento se efectuó en cumplimiento de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca el 20 de enero de 2016 (…)”.

Frente a la pretensión del pago de la diferencia salarial y prestacional, el a quo manifestó que dicha pretensión pudo ventilarse en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
De otra parte, en cuanto a los perjuicios morales de German Orlando deprecados en la demanda de reparación directa, tal petición fue negada por el Tribunal Administrativo del Cauca, y el reconocimiento de los daños de esta índole de Gloria Rodríguez, Tito Peña y Liseth Peña Rodríguez, tuvieron que ser debatidos en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho.

Concluyó el juez de primera instancia que, conforme al numeral 3 del artículo 169 del CPACA, el asunto no es susceptible de control judicial, ya que las pretensiones de la demanda debieron solicitarse en el proceso de nulidad y restablecimiento que finalizó con la sentencia del 20 de enero del 2016 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2.5. La parte accionante interpuso recurso de apelación contra la anterior providencia, para que en segunda instancia se ordene dictar auto admisorio de la demanda iniciada en ejercicio del medio de reparación directa.

Como fundamento de la inconformidad, los accionantes argumentaron que no tienen por objeto establecer los perjuicios ocasionados con la expedición o ejecución de la Resolución 0970 de 2006, sino los daños causados con origen en la declaración de nulidad de dicho acto administrativo.

Afirmaron que el auto del 9 de abril del 2018 vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, y desconoció que el artículo 230 Constitucional dispuso como fuente de la actividad judicial la jurisprudencia. Alegó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca debía revocar la providencia recurrida, al tener como precedente las consideraciones de la sentencia del 3 de abril del 2013 proferida por el Consejo de Estado.

Manifestó que con la declaración de nulidad de la Resolución 0970 de 2006, quedó en evidencia la falla del servicio de la que se deriva el daño reclamado en reparación directa.

2.6. La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca conoció el recurso de apelación, juez de segunda instancia que en auto del 5 de julio del 2018, confirmó la providencia del 9 de abril del 2018, pero por otras razones diferentes a la del a quo. Como sustento de su decisión, indicó:

La Resolución 0970 de 2006 si es susceptible de control judicial, dado que decidió de fondo sobre la desvinculación de German Orlando Peña Rodríguez, y en esa medida, no es posible rechazar la demanda de reparación directa. Empero, explicó que como la fuente del daño era el referido acto administrativo, se encontraba vencido el término de vigencia del medio de control ejercido.

No fue de recibo para el tribunal el argumento del demandante, en el sentido de afirmar que el término para la caducidad debía ser contabilizado desde la ejecutoria de la sentencia del 20 de enero de 2016 que declaró la nulidad de la resolución 0970, toda vez que dicha providencia judicial no fue la fuente del daño alegado, por el contrario, esta redundó en beneficio del actor.

Así, la decisión que desvinculó del servicio al actor se notificó el 7 de junio de 2006, es decir, contaba hasta el 8 de junio de 2009 para ejercer el medio de control de reparación directa, sin embargo, el 18 de febrero del 2018 agotó el requisito de procedibiliad de conciliación extrajudicial y la demanda se presentó el 9 de marzo de 2018, en consecuencia, ya había “caducado el medio de control” mencionado.

Pretensiones de tutela

El actor interpuso escrito de tutela el 8 de octubre del 2018 y solicitó: i) amparar sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia; ii) dejar sin efectos las providencias del 5 de julio del 2018 y 9 de abril del 2018, proferidas por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Juzgado Sesenta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, respectivamente, dentro del proceso con radicado 2018-00070-01; iii) ordenar al juez de segunda instancia proferir nueva decisión en la que revoque la providencia del a quo y que admita la demanda iniciada en ejercicio del medio de control de reparación directa.

Fundamentos de la acción

Para iniciar, en el escrito introductorio el actor hizo referencia a la legitimación en la causa de la acción de tutela, tanto por activa como por pasiva, y luego elaboró un recuento jurisprudencial sobre cómo ha evolucionado la tutela contra providencias judiciales.

Sobre los requisitos específicos, manifestó que el asunto:

i) Tiene relevancia constitucional toda vez que se trata de la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y por desconocimiento a los precedentes jurisprudenciales.

ii) Agotó todos los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios.

iii) Cumplió con la inmediatez, al tener en cuenta que el auto del Tribunal cuestionado se profirió el 5 de julio de 2018 y la tutela se interpuso el 8 de octubre siguiente.

iv) Sobre la irregularidad procesal, alegó que las providencias proferidas por las autoridades accionadas incurrieron en una vía de hecho por: a) desconocimiento del precedente, doctrinal y jurisprudencial; b) Defecto sustantivo por la inaplicación del artículo 90 constitucional, norma que prevé la responsabilidad del Estado; c) violación directa de la Constitución por desconocimiento del articulo 90 superior, en consideración a que la fuente del daño alegado en la demanda de reparación directa es el decaimiento de la Resolución núm. 0970 de 2006.

Expresó que la demanda presentada en ejercicio del medio de control de reparación directa, no inició por la expedición del acto administrativo que lo retiró del servicio, puesto que la Resolución 0970 ya fue declarada nula mediante sentencia del 30 de enero del 2016, y es en esta providencia donde nace el “DAÑO antijurídico (Art. 90 de la C.P.) con el decaimiento de dicho acto”.

Indicó que la demanda de reparación directa no tiene por objeto establecer perjuicios del orden material o inmaterial derivados de la expedición o ejecución de la Resolución No. 0970 del 2006 que retiró del servicio activo a German Peña, pues los perjuicios alegados encuentran origen en la declaración de nulidad del referido acto administrativo, pues es allí que se reconoce la anomalía administrativa.

Expuso que los fundamentos de las providencias enjuiciadas desconocen que el artículo 230 superior estableció la jurisprudencia de las altas cortes como fuente de la actividad judicial, y en ese orden, no tuvo en cuenta como precedente los argumentos de la sentencia del Consejo de Estado del 3 de abril de 2013 proferida dentro del proceso con radicado núm. 52001233100019990095901.

Explicó que con fundamento en el artículo 90 constitucional, la falla del servicio que se alegó en la demanda de reparación directa fue establecida en sentencia judicial, es decir, por la expedición de un acto administrativo de forma irregular y carente de motivación. En ese orden, el daño encuentra su origen en la declaración de nulidad de la Resolución 0970 de 2006, porque con este se infringieron los artículos 13 y 29 Constitucionales.

Planteó como problema jurídico, si las autoridades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales por desconocimiento del precedente jurisprudencial del Consejo de Estado. Lo anterior, al considerar que el acto administrativo gozó de presunción de legalidad, y con su nulidad por ilegal, aconteció el daño antijurídico objeto de la reparación directa. Así, reiteró que la fuente del daño reclamado es el decaimiento por vía judicial de la Resolución 0970 de 2006.

Sustentó que se desconoció la sentencia del 3 de abril del 2013 como precedente del Consejo de Estado, la cual, según el actor, “realizó un estudio Doctrinal y Jurisprudencial, sobre la procedencia de la acción de reparación directa por los perjuicios causados, por la anulación de un acto administrativo por «el juez contencioso administrativo por incurrir la administración en error de procedimiento en su expedición»”.

Trámite de tutela e intervenciones

La Sección Cuarta de esta Corporación, con auto del 19 de octubre del 2018, admitió la presente tutela en primera instancia y ordenó vincular a Gloría Rodríguez Oviedo, Tito Orlando Peña y Liseth Alejandra Peña Rodríguez como terceros interesados.

El magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ponente de la sentencia enjuiciada solicitó que se niegue la solicitud de amparo, por las siguientes razones:

La fuente de los daños que el actor pidió sean reparados es la Resolución 0970 del 30 de mayo del 2006 que retiró del servicio activo a German Peña, y no la sentencia judicial que declaró la nulidad de este acto administrativo, pues la providencia judicial redundó en beneficio de los intereses del demandante. Trajo a colación las normas de orden público que rigen los términos de vigencia de los medios de control, y aseveró que hasta el 8 de junio de 2009 era posible interponer la demanda de reparación directa.

Afirmó que la intención del accionante es convertir la tutela en una tercera instancia, y aceptar su procedencia desconocería su carácter subsidiario, atentaría contra los principios de autonomía e independencia judicial e invadiría injustificadamente la órbita del juez natural.

Fallo de Primera Instancia

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia del 12 de febrero de 2019, declaró improcedente la solicitud de amparo constitucional por no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.

Indicó el juez constitucional de primera instancia que en sede de tutela, no es posible revisar nuevamente los aspectos de la caducidad, puesto que los argumentos del Tribunal accionado para tomar su decisión son razonados y suficientes.

Afirmó que, cuestión diferente es que el actor esté en desacuerdo con la conclusión del Tribunal cuestionado, y que lo que pretende con el escrito de tutela es reabrir el debate judicial que ya fue abordado en instancias ordinarias.

Finalmente, del estudio de las pretensiones del libelo introductorio, manifestó que observó un uso indebido de la acción de tutela, pues se buscó un pronunciamiento de fondo, como si el juez constitucional fungiera como superior funcional de los jueces naturales. Además, no se argumentó la vulneración de los derechos invocados.

Impugnación

German Orlando Peña Rodríguez impugnó la sentencia que resolvió la acción de tutela en primera instancia. Adujo que el objeto del presente amparo es que se garanticen los derechos fundamentales alegados que fueron vulnerados por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Juzgado Sesenta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá con los autos proferidos el 5 de julio y 9 de abril del 2018, respectivamente.

Indicó que con los argumentos de la sentencia impugnada se desnaturaliza la tutela por vías de hecho que permite cuestionar providencias judiciales. Citó jurisprudencia de la Corte Constitucional que desarrolla los requisitos específicos de procedibilidad.

Afirmó que no entiende que el fallo impugnado indique que se pretende reabrir el debate judicial, pues dicha postura desconoce la sustentación desarrollada en el libelo introductorio. En relación con un pronunciamiento de fondo, expresó que el objeto de la acción constitucional es que el juez se manifieste mediante decisiones que eviten trasgresiones a derechos fundamentales.

De otra parte, la falta de argumentación de la acción, está desvirtuada con el contenido del escrito de tutela y, necesariamente, con los expuestos en las instancias judiciales ordinarias, con fundamentos fuertes sobre la Constitución, la ley y la jurisprudencia del Consejo de Estado, que están dirigidos a proteger los derechos fundamentales vulnerados.

En lo concerniente a la caducidad invocada por el Tribunal demandado, este planteamiento está inmerso en una vía de hecho por violación directa de la Constitución, conforme quedó explicado en la solicitud de amparo. Por la anterior razón, no es del agrado del actor el presunto uso indebido de la tutela, pues esta es el mecanismo idóneo para proteger derechos fundamentales.

Finalmente, reiteró los argumentos descritos en la petición inicial de tutela.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala tiene competencia para conocer del trámite de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, el artículo 2.2.3.1.2.4 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, y el Acuerdo de Sala Plena del Consejo de Estado No. 377 del 11 de diciembre de 2018.

2. Problema jurídico

2.1. Antes de establecer el problema jurídico y analizar el cumplimiento de los requisitos generales de la presente tutela, para la Sala es necesario hacer claridad sobre los argumentos que estructuran los defectos elevados por la parte actora para cuestionar las providencias del 9 de abril del 2018 y 5 de julio, proferidas por las autoridades judiciales accionadas. Los derechos fundamentales invocados como vulnerados son el debido proceso y el acceso a la administración de justicia.

El accionante alegó como irregularidades procesales la supuesta incursión de las demandadas en una violación directa de la Constitución Política, un desconocimiento del precedente del Consejo de Estado y un defecto sustantivo. Se advierte que estas son causales específicas de procedencia (defectos) que se estudian una vez se encuentren superados los requisitos generales.

Defectos

i) Violación directa de la Constitución Política: expuso que se desconoció el artículo 90 constitucional que versa sobre la responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que hubiera causado. Como sustento, indicó que la fuente del daño antijurídico reclamado en reparación directa, es el decaimiento mediante sentencia judicial de la Resolución No. 0970 del 2006, pues fue allí que la jurisdicción contenciosa administrativa estableció la falla del servicio por la expedición de un acto sin motivación, es decir, una “anomalía administrativa”.

También adujo la violación del artículo 229 superior.

ii) Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente del Consejo de Estado: el acto administrativo que lo retiró del servicio activo se encontraba cobijado por una presunción de legalidad, hasta que en sede judicial se declaró su nulidad, por lo que esta es la fuente del daño antijurídico.

La sentencia del 3 de abril del 2013, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, realizó un estudio doctrinal y jurisprudencial sobre la procedencia de la reparación directa por perjuicios causados por la anulación de un acto administrativo. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca desconoció los argumentos del fallo citado, al momento de resolver sobre el recurso de apelación interpuesto contra el auto que rechazó la demanda, a pesar de ser un mandato constitucional acatar los precedentes judiciales –artículo 230 constitucional-.

2.2. En consideración de lo anterior, a la Sala le corresponde:

i) Establecer si se vulneraron los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la igualdad de German Orlando Peña Rodríguez, con las providencias del 9 de abril del 2018 y 5 de julio siguiente, proferidas por el Juzgado Sesenta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respectivamente.

En particular, la Sala debe revisar si en las providencias cuestionadas, las autoridades demandadas incurrieron en un defecto sustantivo y violación directa de la Constitución Política por inaplicación del artículo 90 superior, y un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente del Consejo de Estado.

La Sala advierte que, antes de entrar a resolver los problemas jurídicos planteados, es preciso revisar si se encuentran superados todos los requisitos generales de la acción de tutela contra providencias judiciales.

3. La acción de tutela contra decisiones judiciales

La acción de tutela dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los casos que establece la ley.

En relación con la acción de tutela contra providencias judiciales, la postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ha sido admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad (exigencias generales) y cualquiera de las causales específicas de procedencia (defectos).

La posición actual ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional, entre otras providencias, empezando por la tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993 y su redefinición en la T-949 de 2003, hasta llegar a su sistematización en la sentencia C-590 de 2005 en la cual se modifica la concepción de vía de hecho, a la de vulneración del derecho al debido proceso por la presencia de defectos especiales, previo cumplimiento de unos requisitos generales de procedibilidad.

Por su parte, el Consejo de Estado en sentencia de unificación por importancia jurídica, del 5 de agosto de 2014, concluyó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional.

Requisitos generales:

El examen de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales se infiere de los requisitos que se derivan de su configuración prevista en el artículo 86 de la Constitución, del Decreto 2591 de 1991, y de la concreción que, por la vía interpretativa ha hecho la jurisprudencia constitucional.

Así las cosas, antes que todo es necesario verificar la legitimación en la causa como una exigencia preliminar en cualquier acción de amparo, para, posteriormente, pasar a constatar los demás requisitos generales de procedibilidad, en los siguientes términos: (i) que la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional; (ii) que previo a la solicitud de tutela se hayan agotado todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) que se cumpla con el principio de inmediatez; (iv) que en caso de que se alegue una irregularidad procesal, la misma tenga la entidad de afectar la decisión; (v) que en la solicitud de tutela se exprese de manera clara los hechos y los fundamentos de la afectación de derechos que se imputa a la decisión judicial; y de manera general, (vi) no procede elevar una solicitud de amparo contra decisiones proferidas dentro de procesos de tutela.

Cuando no se cumpla con alguno de esos presupuestos, la acción de tutela deviene improcedente. En caso contrario, de acreditarse todos los requisitos generales, corresponde verificar si la providencia objeto de reproche incurrió en alguna de las causales específicas o defectos que se describen a continuación:

Causales específicas:

Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que si una decisión judicial incurre en alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber:

a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el cual se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.

Corresponde, entonces, pasar a verificar si en el presente asunto la solicitud de tutela cumple con todos los requisitos generales de procedibilidad y, en tal caso, si se presenta alguno de los defectos alegados por la parte accionante.

4. Estudio de los requisitos generales de procedibilidad de la tutela

4.1. La Sala observa que Germán Orlando Peña Rodríguez se encuentra legitimado por activa en la presente acción constitucional, por cuanto fue parte demandante en el proceso en el que se profirieron los autos del 9 de abril y 5 de julio del 2018.

Por su parte, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Juzgado Sesenta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, son las autoridades judiciales que profirieron las decisiones cuestionadas en tutela, razón por la que están legitimadas en la causa por pasiva.

4.2. Relevancia constitucional

El requisito de relevancia constitucional se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no a asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que corresponde definir a otras jurisdicciones.

La cuestión que se discute tiene relevancia constitucional, en cuanto que la aplicación de la figura de la caducidad o del trámite que debe darse a una reclamación concreta el núcleo esencial del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia y al debido proceso, pues de ello depende que el accionante pueda acceder a la administración de justicia y que se dé trámite a sus pretensiones.

4.3. Subsidiariedad

Es evidente que no existen mecanismos de defensa ordinarios o extraordinarios con los que el solicitante pueda intentar la protección de sus derechos fundamentales. En el proceso ordinario se agotaron las dos instancias procesalmente previstas y no se observa la existencia de alguna de las causales que permitan el ejercicio del recurso extraordinario de revisión o el de unificación de jurisprudencia.

4.4. Inmediatez

En el sub lite se encuentra superado el requisito de inmediatez, toda vez que el auto de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que confirmó la decisión de rechazo de la demanda, se adoptó el 5 de julio del 2018 y la acción constitucional se radicó el 8 de octubre siguiente, es decir, dentro del término razonable que la jurisprudencia constitucional ha previsto y que esta Corporación fijó en 6 meses de forma general.

4.5. La Sala no encuentra argumento que implique la existencia de una irregularidad procesal como sustento de la solicitud de amparo, puesto que, aunque se alegó como irregularidades procesales la presunta incursión de las demandadas en una violación directa de la Constitución Política, un desconocimiento del precedente del Consejo de Estado y un defecto sustantivo, como ya se indicó en el acápite de problema jurídico, se reitera que estas son causales específicas de procedencia (defectos) que se estudian una vez se encuentren superados los requisitos generales.

4.5. Explicación suficiente de los hechos y argumentos de la tutela:

En vista que el escrito de tutela no presenta una suficiente explicación de los hechos y argumentos que sustentan cada uno de los defecto alegados, es preciso hacer (i) una breve consideración sobre este requisito y, luego, (ii) pasar a verificarlo en cada uno de los defectos.

4.5.1. La acción de tutela como mecanismo de protección constitucional, permite a los solicitantes un margen de informalidad, tanto en su ejercicio, como en el despliegue argumentativo que deben realizar en el escrito introductorio, sin dejar de lado el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el Decreto 2591 de 1991.

Ahora, en las acciones de tutela contra providencias judiciales, sí es necesario cierta rigurosidad, en el sentido de que los demandantes desarrollen en su escrito una explicación —sin que implique una técnica hermenéutica específica—, que exponga los motivos de por qué la sentencia o auto vulneran los derechos fundamentales invocados.

Esta exigencia es tan importante, que constituye uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este sentido lo manifestó la Corte Constitucional en sentencia C-590 de 2005:

“24.  Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
(…)
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela.
(…)”. (La Sala resalta)

Este requisito tuvo un desarrollo en la Corte Constitucional en la sentencia T-265 del 2014, sobre su contenido y necesidad, debido a que, por un lado, las decisiones cuestionadas han sido proferidas por autoridades con competencia para ello, bajo autonomía judicial, y en ese orden la tutela controvierte los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada; y por otro lado, sería desproporcionado para el juez de constitucional, exigirle que revisara nuevamente el proceso con el fin de encontrar una vulneración de derechos fundamentales, desconociendo la naturaleza subsidiaria de esta acción. Al respecto se dijo en la referida sentencia:

“2.3.5.2. La identificación por parte del demandante de los hechos constitutivos de la vulneración, en criterio de la Corte, adquiere una especial relevancia en sede de amparo constitucional. En efecto, como ya se señaló, la acción de tutela no es un medio alternativo, adicional o complementario con el que cuentan las personas, para mantener de forma indefinida e ilimitada en el tiempo, la resolución de una controversia jurídica. Por ello, cuando quiera que las personas acudan al juez constitucional, han de demostrar que, en el asunto bajo controversia, sus derechos fundamentales están siendo trasgredidos. Igualmente, deben demostrar que ello fue puesto a consideración del juez natural de la causa, o, en su defecto, que ello no fue posible por razones ajenas a su voluntad.

En este sentido, si lo que se está cuestionando es que la autoridad judicial cometió un vicio que conlleva la vulneración de derechos fundamentales mediante su providencia, ya sea por una indebida justificación que transgrede el orden constitucional, por la ausencia de motivación o por una deficiente apreciación de los medios probatorios, es menester alegar –precisamente– cómo se materializa tal defecto y en qué incide en la situación que se plantea como vulneradora de los derechos fundamentales.
(…)
2.3.5.6.  En conclusión, la acción de tutela contra providencias judiciales es viable de manera excepcional, cuando se cumplen los requisitos generales que permiten su procedencia. Entre dichos requisitos se encuentra el referente a la necesidad de identificar de forma precisa, comprensible y suficiente tanto los hechos que generaron la vulneración, como los derechos supuestamente vulnerados. A diferencia de los demás ámbitos de procedencia de la acción de tutela en los que prevalece el presupuesto de la informalidad, en tratándose del ejercicio de la acción de amparo contra providencias judiciales, este Tribunal tiene establecido que su valoración no procede de forma abstracta o general, esto es, derivado de la simple afirmación de que se ha presentado una irregularidad en el proceso. Solo así se protegen elementos tan relevantes para el Estado Social de Derecho como son la autonomía e independencia judicial.

A juicio de este Tribunal, salvo que la violación iusfundamental sea evidente, el análisis por vía de tutela sólo puede estructurarse si previamente se precisan por el interesado las circunstancias concretas que dan lugar a la afectación del derecho y se logra establecer su nivel de influencia en la decisión cuestionada, pues de esta forma se entiende delimitado el campo de acción en el que le es posible actuar al juez constitucional, no sólo en respeto de las esferas propias de los jueces ordinarios, sino también acorde con el carácter breve y sumario que caracteriza a la acción de amparo. Desde esta perspectiva, no resulta procedente que se pretenda promover la acción de tutela sobre planteamientos vagos, contradictorios, equívocos o ambiguos, que no permitan orientar la actividad excepcional que le corresponde cumplir en este campo al juez constitucional.

Como se deriva de lo expuesto, no se trata de rodear a la acción de tutela de exigencias formales contrarias a su naturaleza, sino de exigir que el actor tenga claridad y sea diligente en cuanto a la explicación del origen de la afectación de sus derechos y que dé cuenta de ello al momento de pretender su protección constitucional.

Por lo demás, es importante enfatizar que el motivo por el cual este requisito procesal resulta relevante, es que ante la ausencia de claridad y precisión en torno a las razones por las cuales se alega la trasgresión de los derechos fundamentales, cualquier intervención del juez de tutela produciría el riesgo de invadir –injustificadamente– la órbita de competencia del juez natural, desconociendo elementos esenciales del ordenamiento jurídico, como lo son la autonomía e independencia judicial.”

Esta posición fue reiterada por la misma Corporación en sentencia SU – 585 del 2017, en los siguientes términos:

“En síntesis, las causales de procedencia de la acción de tutela interpuestas contra providencias judiciales, que permiten al juez constitucional entrar a analizar de fondo el asunto se pueden sintetizar en que:
(…)
v) El accionante cumpla con unas cargas argumentativas y explicativas mínimas, al identificar los derechos fundamentales afectados y precisar los hechos que generan la vulneración. No se trata de convertir la acción de tutela, de por sí informal, en un mecanismo ritualista, sino de exigir unas cargas procesales razonables para conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales, con los principios y valores en juego, al controvertir una providencia judicial. En esto, resulta fundamental que el juez interprete adecuadamente la demanda, con el fin de evitar que imprecisiones intrascendentes sean utilizadas como argumento para declarar la improcedencia del amparo, lo que contrariaría la esencia misma y rol constitucional de la acción de tutela. Cuando se trate de un defecto procedimental, el actor deberá además argumentar por qué, a su juicio, el vicio es sustancial, es decir, con incidencia en la resolución del asunto y/o afectación de los derechos fundamentales invocados. A pesar de que la tutela es una acción informal, estas exigencias argumentativas pretenden que se evidencie la transgresión de los derechos fundamentales, con suficiente claridad y se evite que el juez de tutela termine realizando un indebido control oficioso de las providencias judiciales de otros jueces. En este aspecto, resulta de vital importancia identificar la causal, o las causales de procedibilidad especial, la que de verificarse determinaría la prosperidad de la tutela contra la providencia judicial. (…)”. (Subrayado propio del texto y negrillas de la Sala)

La postura de la sentencia C-590 del 2005 fue acogida de manera expresa por el Consejo de Estado, en la sentencia de Sala Plena proferida por importancia jurídica el 5 de agosto del 2014, dentro del expediente de tutela con radicado 11001031500020150182801. Finalmente, en sentencia de tutela proferida por la Sección Quinta de esta Corporación el 15 de diciembre del 2015, se dijo lo siguiente:

“Sobre el punto, se debe tener en cuenta que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en los argumentos esgrimidos por los actores dentro del trámite de tutela tanto en primera como en segunda instancia, toda vez que al analizar puntos adicionales se estaría realizando, sin competencia para ello, un estudio oficioso de una providencia judicial debidamente ejecutoriada, lo cual atentaría contra los postulados de cosa juzgada y autonomía judicial y así, en últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera, e incluso, en una cuarta instancia.

Bajo este entendido, es oportuno mencionar que si bien es cierto se ha aceptado la procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales con el fin de preservar los derechos fundamentales, esta acción constitucional no puede ser considerada –se reitera- como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural y mucho menos cuando la parte interesada no esgrime los motivos de inconformidad con la providencia judicial como tal y en segunda instancia, contra la decisión de tutela que ya estudió el asunto.”

En conclusión, para esta Sala es pacífico indicar que uno de los requisitos generales de procedibilidad, exige al demandante, que desarrolle una exposición clara sobre los motivos por los cuales la providencia judicial cuestionada vulnera sus derechos fundamentales, exposición que deberá ser coherente y con un mínimo de racionalidad, pues no se trata de que el accionante diga cualquier cosa para superar esta obligación.

Ahora bien, es preciso aclarar que, el análisis de satisfacción de este requisito, no puede llevar a que el juez constitucional revise la suficiencia de los argumentos expuestos para demostrar la incursión del juez ordinario en el defecto alegado, pues esto tendrá que ser resuelto en el fondo del asunto.

En este sentido, se puede decir que la carga argumentativa de una acción de tutela contra providencia judicial tiene dos momentos para ser analizada: i) en requisitos generales, sobre la justificación de los hechos y motivos por los cuales las autoridades judiciales vulneraron derechos fundamentales; ii) en el fondo del asunto, para determinar si la argumentación fue basta para evidenciar el defecto citado.

4.5.2. La aplicación de lo dicho al caso concreto, lleva a la Sala a las siguientes conclusiones en cada uno de los defectos alegados.

4.5.2.1. Sobre el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, las decisiones de los jueces son independientes, solo están sometidas al imperio de la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. En ese orden, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, en el artículo 5, prevé la autonomía e independencia de la Rama Judicial en el ejercicio de su función constitucional y legal de administrar justicia y dispone que ningún superior jerárquico administrativo o jurisdiccional podrá insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un funcionario judicial las decisiones o criterios que deba adoptar en sus providencias.

A su vez, el artículo 7 del Código General del Proceso establece que el juez que se aparte de “la doctrina probable” o que cambie el criterio aplicado en decisiones de casos análogos, está obligado a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifiquen su decisión.

Bajo ese marco constitucional y legal, la Corte Constitucional ha considerado que el defecto sustantivo se configura cuando el juez desborda los principios de autonomía e independencia de interpretación y aplicación de las normas jurídicas y procede a tomar decisiones sin sustento legal, a aplicar disposiciones legales inaplicables al caso o a realizar interpretaciones que contravienen postulados de rango constitucional o que conducen a resultados desproporcionados.

En ese orden, la Corte Constitucional ha fijado las siguientes hipótesis de configuración del defecto sustantivo: i) cuando existe una carencia absoluta de fundamento jurídico, es decir, la decisión se sustenta en una norma que no existe, que ha sido derogada o que ha sido declarada inconstitucional, ii) cuando la aplicación de una norma requiere interpretación sistemática con otras que no son tenidas en cuenta y resultan necesarias para la decisión adoptada, iii) cuando la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión, iv) cuando se aplica una norma cuya interpretación desconoce una sentencia de efectos erga omnes, es decir, se aplica una norma en sentido diferente al fijado en una sentencia de constitucionalidad o de legalidad, v) cuando se aplican normas abiertamente inconstitucionales, evento en el cual si bien el contenido normativo no ha sido declarado inexequible, este es abiertamente contrario a la Constitución o cuando la norma aplicable, si bien no es inconstitucional, al ser aplicada al caso concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo que debe ser inaplicada, vi) cuando la autoridad judicial realiza una interpretación irrazonable porque le otorga a la disposición jurídica un sentido y alcance que esta no tiene (contraevidente); o le confiere a la disposición legal una interpretación que en principio resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece pero que en realidad contraviene postulados de rango constitucional o conduce a resultados desproporcionados.

Además de las hipótesis referidas, la Corte ha considerado que el desconocimiento del precedente cuando no se exponen clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifiquen la decisión, es una hipótesis constitutiva de defecto sustantivo porque compromete el principio de seguridad jurídica y la garantía de igualdad ante la ley e igualdad de trato de las autoridades.

En virtud de lo anterior, la Corte Constitucional define el precedente judicial como la sentencia o conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que presentan similitudes en (i) patrones fácticos y en (ii) problemas jurídicos y  en la ratio decidendi fijan una regla para resolver la controversia que sirve también para solucionar los casos en los que se acredite semejanzas de hecho y de derecho.

En ese orden, el precedente será obligatorio siempre y cuando “la ratio decidendi de la sentencia antecedente (i) establezca una regla relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) haya servido de base para solucionar un problema jurídico semejante, o una cuestión constitucional similar a la que se estudia en el caso posterior; y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la providencia anterior sean semejantes o planteen un punto de derecho parecido al que debe resolverse posteriormente”. La decisión judicial previa será solo un antecedente con carácter orientador, cuando exista similitud en algunos puntos de derecho con o sin semejanzas en los supuestos fácticos, que sirven de guía para la solución de casos posteriores.

La obligatoriedad de aplicar el precedente no es absoluta dado que la autoridad judicial puede apartarse de él en virtud de los principios de independencia y autonomía judicial, sin embargo, debe exponer clara y razonadamente los fundamentos que lo llevan a apartarse del precedente.

En los casos en que se omita esa carga argumentativa, se incurre en la causal específica de procedencia de tutela contra providencia judicial denominada defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.

En el caso concreto, el actor manifestó que los presuntos daños que pretende sean resarcidos en reparación directa, tienen origen en la sentencia del 20 de enero del 2016 que declaró la nulidad de la Resolución 0970 de 2006, de acuerdo con los argumentos de la sentencia del 3 de abril del 2013, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, es decir, que las autoridades demandadas desconocieron dicho precedente jurisprudencial.

En relación con la referida sentencia, el tutelante se limitó a citar grandes apartes de dicha providencia.

La Sala observa que, a pesar que en el escrito introductorio se indicó cuál es la supuesta providencia desconocida, esto no es suficiente para lograr demostrar la ocurrencia de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, en la medida que no se hizo el análisis explicativo necesario de determinar la regla relacionada con el caso concreto, y que dicho criterio haya servido de base para solucionar un caso similar a la cuestión que se discute en esta oportunidad, que le permita al juez constitucional entrar a verificar la posible vulneración de derechos fundamentales.

Lo anterior, por cuanto como se expuso previamente, las providencias judiciales cuestionadas en sede de tutela son proferidas con sustento de sus argumentos en la autonomía judicial, bajo los principios de razonabilidad y sana critica, y en ese orden, para desvirtuar la cosa juzgada y la seguridad jurídica, se requiere que el solicitante evidencie el defecto en que incurrió el juez ordinario. Esto evita precisamente, que el juez constitucional invada la órbita del juez natural.

Aun así, de una revisión del fallo del 3 de abril del 2013 que se aduce es desconocido como precedente, se encuentra que dista sustancialmente del asunto que se pretendió discutir con la demanda de reparación directa objeto de esta tutela, puesto que, la Resolución 0970 de 2006 fue contraria a los intereses de German Peña porque lo retiro del servicio activo, y posteriormente ese acto administrativo fue declarado nulo vía judicial; y en el caso del precedente “(…) el demandante es el beneficiario del acto administrativo que a la postre se declaró ilegal por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; los perjuicios encuentran así su origen en la declaratoria de nulidad (…)”.

En conclusión, la argumentación desplegada por el actor para sustentar el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial fue precaria, además, de la revisión de la sentencia invocada como desconocida, se encontró que concierne una situación fáctica muy diferente a la expuesta por el actor, razones suficientes para confirmar la improcedencia del amparo constitucional por el referido defecto.

4.5.2.2. Sobre la violación directa de la Constitución

Esta causal de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, tiene sustento en el artículo 4 constitucional que dispone que la Constitución Política es norma de normas, y que cualquier “incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”. En ese orden, el actual modelo de ordenamiento constitucional colombiano, le ha asignado un valor normativo a los preceptos superiores que permite que sean aplicados de manera directa por las autoridades y los particulares.

La sentencia SU-024 de 2018 de la Corte Constitucional, afirmó que se incurre en violación directa de la Constitución, cuándo:

“(…) el juez en la decisión desconoce la Carta. Ello puede ocurrir, primero, porque no se aplica una norma fundamental al caso en estudio, lo cual se presenta porque: (a) en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional; (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/SU069-18.htm" \l "_ftn56" \o "" ; y (c) en las decisiones se vulneraron derechos fundamentales y no se tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.

En segundo lugar, porque se aplica la ley al margen de los preceptos consagrados en la Constitución. En este caso, se ha señalado que los jueces, en sus fallos, deben tener en cuenta la excepción de inconstitucionalidad contenida en el artículo 4º Superior, en tanto la Carta es norma de normas y, cuando existe incompatibilidad con las disposiciones legales, debe aplicarse de preferencia las constitucionales.”

En el sub lite el actor indicó que las autoridades accionadas incurrieron en una violación directa del artículo 90 constitucional. Esta disposición prevé:

“El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.”

En reiterada jurisprudencia de esta Corporación, se ha dicho que la responsabilidad del Estado tiene dos elementos constitutivos, a saber: un daño antijurídico, y que este sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública. Al respecto, en sentencia del 14 de febrero de 2019, se dijo:

“La responsabilidad del Estado emerge cuando se configura un daño, que deriva su calificación de antijurídico cuando el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportarlo, tal como lo definió jurisprudencia de esta Corporación. Por lo tanto, la ocurrencia de un daño implica el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad ante las cargas públicas. Para que un daño sea indemnizable es indispensable la concurrencia de los elementos que lo estructuran, es decir, que sea cierto, actual, determinado o determinable y objeto de protección jurídica. Estos presupuestos parten de la premisa relativa a que la antijuridicidad del daño no se concreta solo con la verificación de la afectación o vulneración de un derecho o de un interés legítimo, sino con los efectos antijurídicos desatados por la lesión que inciden en el ámbito patrimonial o extrapatrimonial de quien lo padece”.

En el sub lite, el actor alegó una violación directa del artículo 90 constitucional, y para fundamentarlo, expresó que la fuente del daño antijurídico reclamado en reparación directa, es el decaimiento mediante sentencia judicial de la Resolución No. 0970 del 2006, pues fue allí que la jurisdicción contenciosa administrativa estableció la falla del servicio por la expedición de un acto sin motivación, es decir, una “anomalía administrativa”.

No es posible hacer una consideración en general sobre la violación del artículo 90 superior, pues para que exista responsabilidad del Estado en sede judicial, es necesario agotar todas las etapas del proceso que permitan determinar el daño antijurídico y la imputación por acción u omisión de un agente estatal, y en el asunto de la reparación directa interpuesta por German Peña y otros, esta demanda no logró ni siquiera ser admitida.

Ahora bien, a pesar que el tutelante expuso unas circunstancias como sustento del cargo imputado a las providencias cuestionadas, no explicó en qué medida esas circunstancias violaban el artículo constitucional invocado, o por lo menos, por qué los perjuicios que pretendía que fueran resarcidos en reparación directa tenían origen en el decaimiento de la Resolución 0970 de 2006.

Lo mismo sucede con la presunta violación directa del artículo 229 de la Constitución, pues el actor no satisfizo este requisito de plano en tanto que se limitó a presentar una simple enunciación sin explicar de una forma mínima y razonable por qué los autos incurren en este defecto. Razón por la cual no se procederá a su estudio de fondo.

Así las cosas, no se encuentra que la parte accionante haya, al menos, presentado los motivos que sustenta su alegación de tutela, y que permitan al juez de amparo pasar a hacer una examen de fondo. Por lo contrario, la Sala observa en general, que los argumentos abordados en el escrito introductorio, muestran un simple desacuerdo con la conclusión a la que llegó el Tribunal accionado, y que lo que pretende el actor es reabrir el debate judicial que ya fue analizado y finalizado en las respectivas instancias ordinarias, razón por la que se indica que el juez de tutela no puede ser usado como una tercera instancia, que invada orbitas que son propias de los jueces naturales.

En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia que declaró improcedente el amparo, pero, en lugar de fundar esta decisión en la falta de relevancia constitucional que sí fue satisfecha, se declara improcedente por no satisfacer el requisito de presentar una explicación suficiente de los hechos y argumentos de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de febrero del 2019 por la Sección Cuarta de esta Corporación, pero por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el medio más expedito posible.

TERCERO: ENVÍAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Presidente de Sala

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Aclaración de voto Cfr. Rad. 11001-03-15-000-2018-03386-01/19.

NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado
fls. 1 a 29 del expediente de tutela. Fl. 110 del cuaderno anexo. Proceso con radicado núm. 19001333100420060005401. Proceso con radicado 11001334306120180007001. Fls. 74 a 79 del cuaderno de tutela. Fls. 81 a 92 del cuaderno de tutela. Radicado 52001233100019990095901. Visible del folio 101 al 104 del cuaderno anexo. Fls. 1 al 29 del cuaderno de tutela. Sentencias T-006 del 12 de mayo de 1992, C-543 de 1992, T-231 de 1994, T-056 de 2005, C-590 de 2005, T-387 de 2007, t-430 de 2011, entre otras. Radicado 52001233100019990095901. Fls. 121 a 125 del expediente de tutela. Al respecto ver, entre otras, las sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015. Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n. º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, entre otras. Corte Constitucional, sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Corte Constitucional, sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Rios y T-458 de 29 de agosto de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sentencia T-031 de 2016
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto del 2014, radicado núm. 11001031500020120220101 (IJ). Artículo 14 ibídem: i) exponer con claridad los hechos y derechos que motiva la acción; ii) identificación del accionante y autoridad demandada; iii) Declaración juramentada de no haber interpuesto otra acción por los mismos hechos y derechos. Consejo de Estado. Sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente 11001031500020150182801. Criterio que reiteró la Sección Quinta en sentencia del 15 de diciembre de 2015 “le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en los argumentos esgrimidos por los actores dentro del trámite de tutela tanto en primera como en segunda instancia, toda vez que al analizar puntos adicionales se estaría realizando, sin competencia para ello, un estudio oficioso de una providencia judicial debidamente ejecutoriada, lo cual atentaría contra los postulados de cosa juzgada y autonomía judicial y así, en últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera, e incluso, en una cuarta instancia.”
La sentencia citadas dijo: “(…) En la Sentencia C-590 de 2005, posición que se adopta de manera expresa en la presente providencia, la Corte señaló como requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela (…)”. Consejo de Estado, sentencia del 15 de diciembre de 2015, expediente de tutela 11001031500020150182801, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU, 168 de 2017 y SU-210 de 2017. Corte Constitucional, sentencia T-328 de 13 de agosto de 2018, M.P. Cristina Pardo Schlesinger. En relación con el valor normativo del precedente jurisprudencial, ver sentencias C-621 de 2015, C-539 de 2011 y C-836 de 2001. Corte Constitucional, sentencia T-714 de 17 de octubre de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Sentencia SU-069 del 2018.

Entre otras, sentencia del 22 de febrero del 2019, radicado 05001233100020040128901; del 14 de febrero del 2019, radicados 13001233100020080021701 y 52001233100020040037901. Sentencia del 14 de febrero del 2019, radicado 13001233100020060079501.

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