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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-03773-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
8 de agosto de 2019
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-03773-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE Primero.- REVÓCASE la providencia de 7 de noviembre de 2018, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, por las razones expuestas en esta providencia. En su lugar, Segundo.- AMPÁRASE el derecho fundamental al debido proceso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). En consecuencia, DÉJASE sin efectos la sentencia de 13 de marzo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral “A”. Tercero.- ORDÉNASE al Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral “A”, que en el término de veinte (20) días, contados a partir de la notificación de este fallo, profiera una sentencia de reemplazo de acuerdo a las consideraciones expuestas en esta providencia (expediente Nº 08001-33-33-001-2016-00040-01). Cuarto.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2018-03773-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

8 de agosto de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DEFECTO SUSTANTIVO – No se tuvo en cuenta la norma aplicable / PRIMA TÉCNICA POR EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO – Incumplimiento de requisito de la Decreto 2164 de 1991 para su otorgamiento / CALIFICACIÓN DE SERVICIOS - Porcentaje debe ser igual o superior a 90% de la última evaluación del desempeño / VULNERACIÓN DL DERECHO AL DEBIDO PROCESO

[E]l Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral “A”, concluyó que cumplía con el primer requisito previsto en los Decreto 1661 y 2164 de 1991, para el otorgamiento de la prima técnica, consistente en desempeñar el cargo en propiedad, de conformidad con el alcance dado jurisprudencialmente al régimen de transición. No obstante, se vislumbra que en las calificaciones de servicios obtenidas en los periodos comprendidos entre el 1 de marzo de 1995 y el 28 de febrero de 1997, el porcentaje fue inferior al 90% del total de puntos, pues conforme con la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta Corporación se debe verificar el cumplimiento de dicho requisito respecto de esos años por corresponder al inmediatamente anterior a la entrada en vigencia del Decreto 1724 de 1997. Entonces, el tribunal accionado incurrió en defecto sustantivo toda vez que conforme al Decreto 2164 de 1991, la prima técnica por evaluación de desempeño se concede a quienes (i) ocuparan los cargos en propiedad y (ii) obtuvieran un porcentaje correspondiente al noventa por ciento (90%) como mínimo, del total de puntos de la última evaluación de desempeño. (…) Por lo expuesto, llama la atención de la Sala que el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral “A”, afirmara que “el demandante obtuvo calificaciones en un puntaje inferior al legamente exigido para tener derecho al reconocimiento de la prima técnica pretendida. Sin embargo, tal situación no impide que le sea reconocido tal derecho, pues este se causa anualmente, en razón a la periodicidad que lo caracteriza, el cual no puede perderse por una calificación anual insuficiente”, dado que el artículo 5 del Decreto 2164 de 1991, exige el 90% como mínimo del total de puntos de la calificación de servicios correspondiente al último periodo evaluado, para acceder al beneficio, siempre y cuando sea beneficiario del régimen de transición, esto es, dentro del año anterior a la entrada en vigencia del Decreto 1724 de 1997

FUENTE FORMAL: DECRETO 1661 DE 1991 - ARTÍCULO 1 / DECRETO 2164 DE 1991 – ARTÍCULO 5 / DECRETO 2164 DE 1991 - ARTÍCULO 11 / DECRETO 1724 DE 1997 - ARTÍCULO 1 / DECRETO 1724 DE 1997 - ARTÍCULO 4 / DECRETO 1724 DE 1997 - ARTÍCULO 5

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-03773-01(AC)

Actor: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR I.C.B.F.

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del derecho. Defecto sustantivo en sentencia que accedió al reconocimiento y pago de la prima técnica por evaluación de desempeño

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación promovida por la entidad actora, contra la sentencia de 7 de noviembre de 2018, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, dentro de la acción de tutela de la referencia, que se rechazó por improcedente la acción de amparo constitucional por no cumplir con el requisito de subsidiaridad.

I. ANTECEDENTES

Hechos

De la lectura de los expedientes de tutela y de nulidad y restablecimiento del derecho se observan como relevantes los siguientes hechos:

El señor Julio César Díaz de la Hoz ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, con el objeto de que se declarara la nulidad del Oficio Nº 12100-201420000003861 de 28 de febrero de 2014, mediante el cual se negó el reconocimiento de la prima técnica por evaluación de desempeño, y a título de restablecimiento del derecho pidió que se reconociera el pago de dicha prestación.

El proceso le correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo de Barranquilla quien mediante sentencia de 28 de junio de 2017, denegó las pretensiones de la acción, al concluir que el señor Díaz de la Hoz no era beneficiario del régimen de transición establecido en el Decreto 1724 de 1997, pues para la entrada en vigencia de dicha normativa no consolidó el derecho a percibir la asignación de la prima técnica al obtener un puntaje inferior al 90% del total de puntos de las calificaciones de servicios.

El señor Julio César Díaz de la Hoz interpuso recurso de apelación y el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral “A”, en fallo de 13 de marzo de 2018, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró la nulidad del Oficio Nº 12100-201420000003861 de 28 de febrero de 2014 y ordenó al ICBF reconocer la prima técnica por evaluación de desempeño por las anualidades posteriores al 7 de febrero de 2011, en los que se cumplan las exigencias de ley para hacerse merecedor del beneficio.

Lo anterior, por cuando consideró que el actor demostró que obtuvo calificación superior al 90% por el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 1991 al 30 de abril de 1994 y del 1 de mayo de 1994 al 30 de febrero de 1995, momento en el que se encontraba vigente el Decreto Ley 1661 de 1991. No obstante, declaró prescrito el derecho al pago de los valores correspondientes a la prima técnica por evaluación de desempeño por los periodos anteriores al 7 de febrero de 2011.

Fundamentos de la acción

El ICBF consideró que el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral “A”, vulneró los derechos fundamentales a la igualdad y debido proceso, así como también los principios de seguridad jurídica y de buena fe, con la sentencia de 13 de marzo de 2018, en tanto incurrió en defectos sustantivo y fáctico, con los siguientes argumentos:

Defecto sustantivo: consideró que hubo indebida aplicación y error grave de interpretación de las normas, pues en su sentir, se debió aplicar el parágrafo del artículo 8 del Decreto 1661 de 1991 y el literal c del artículo 11 del Decreto 2164 de 1991.

Manifestó que la autoridad judicial accionada omitió analizar (i) que existiera la disponibilidad presupuestal para la asignación de la prima técnica, (ii) que la misma se hubiese solicitado ante el jefe de personal de la entidad y (iii) verificar si al interior del ICBF existía reglamentación relativa al otorgamiento de dicha prestación.

Aseveró que sin existir los anteriores presupuestos no habría legamente una obligación en cabeza de la entidad para el reconocimiento del beneficio, para lo que citó la sentencia del Consejo de Estado, radicado Nº 080012331000-2002-02571-01.

Afirmó que el señor Julio César Díaz de la Hoz no acreditó que el ICBF hubiera reglamentado el reconocimiento de la prima técnica por evaluación de desempeño para los empleados del nivel técnico, lo cual también afecta el derecho al debido proceso, en tanto se le condenó a un reconocimiento sobre parámetros inexistentes.

Finalmente, indicó que al momento de la presentación de la solicitud administrativa de la mencionada prestación no se encontraban vigentes los Decretos 1661 de 1991 y 1724 de 1997, por lo que no le era aplicable el régimen de transición establecido en esta última normativa.

Defecto fáctico: mencionó que las calificaciones del desempeño en el cargo del señor Julio César Díaz de la Hoz, no siempre fueron del 90% o superiores, toda vez que para los años de 1994 a 2000, el mismo obtuvo evaluación por debajo de los porcentajes exigidos por la ley para la consolidación de la prima al momento en que entrara a regir el Decreto 1724 de 1997.

Por último, hizo referencia al cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.

Pretensiones

La entidad accionante formuló las siguientes pretensiones:

“1. Declarar nula la sentencia proferida por la entidad accionada dentro del trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por el señor Julio César Díaz de la Hoz, Expediente 08-001-33-33-001-2016-00040-00 y, en consecuencia, revocar dicha decisión, ordenando al Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión “A”, compuesta por los Magistrados Cristóbal Christiansen Martelo, Judith Romero y Luis Carlos Martelo expedir sentencia denegatoria de las súplicas de la demanda de marras.

2. Ordenar al Juzgado Primero Administrativo de Barranquilla, una vez surtido el trámite anterior, obedecer y cumplir la orden impartida tanto por el juez de tutela como por el Tribunal Administrativo del Atlántico”.

Pruebas relevantes

Con la acción de tutela se allegó copia del expediente de la acción nulidad y restablecimiento del derecho radicado Nº 08-001-33-33-001-22016-00040-01, actor: Julio Cesar Díaz de la Hoz.

5. Oposición

5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral

El Magistrado Ponente de la providencia objeto de tutela solicitó que se declarara improcedencia de la acción y, en subsidio, que se denegaran las pretensiones del amparo constitucional.

Relacionó in extenso los hechos y fundamentos que dieron lugar a la decisión adoptada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y aseveró que citó extractos jurisprudenciales del Consejo de Estado en situaciones similares a la debatida.

Por último, insistió que la sentencia objeto de reproche constitucional fue debidamente motivada y se encuentra en consonancia con la normativa y jurisprudencia del Consejo de Estado aplicable al caso.

5.2. Respuesta del señor Julio César Díaz de la Hoz

A través de apoderado judicial, solicitó que se declarara temeraria e improcedente la acción de tutela instaurada por el ICBF, por cuanto no existió vulneración de los derechos fundamentales alegados.

Ilustró las normas que hacen relación a la prima técnica por evaluación del desempeño. De igual manera, refirió jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, en la que se reconoce la mencionada prestación.

Indicó que la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico hizo efectivo el derecho a la igualdad al aplicar las normas legales en materia de reconocimiento de la prima técnica por evaluación del desempeño y conforme al precedente vertical, tomando pronunciamientos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

Hizo alusión a los hechos que motivaron la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y mencionó que de acceder al amparo constitucional se vulnerarían sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, en tanto el Consejo de Estado en varias oportunidades se ha pronunciado sobre el reconocimiento de los derechos adquiridos al aplicar el régimen de transición establecido en el artículo 4 del Decreto 1724 de 1997, a los funcionarios de carrera de cualquier nivel con calificaciones por evaluación del desempeño iguales o superiores al 90%, en relación con el puntaje total anual obtenido en vigencia de los Decreto 1667 de 1991 y 2164 de 1991.

6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, en sentencia de 7 de noviembre de 2018, rechazó por improcedente la acción de tutela instaurada por el ICBF, al considerar que la entidad contaba con la posibilidad de solicitar la adición de la sentencia para que el tribunal se pronunciara sobre la inexistencia de regulación interna sobre el reconocimiento de la prima técnica por evaluación del desempeño de conformidad con el artículo 287 del Código General del Proceso.

Consideró que si la parte actora estimaba que el Tribunal Administrativo del Atlántico no se pronunció sobre uno de los argumentos de disenso planteados en la contestación de la demanda y en las alegaciones finales, debió hacer uso del referido mecanismo judicial.

7. Impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la entidad accionante impugnó la decisión, solicitó revocar el fallo de primera instancia y, en su lugar, acceder al amparo solicitado.

Indicó que la acción de tutela no se debió “negar por improcedente”, en tanto la solicitud de adición de la sentencia solo procede respecto a cualquier punto que debió ser objeto de pronunciamiento en segunda instancia y el argumento de inexistencia de regulación interna sobre el reconocimiento de la prima técnica no fue cuestionado por la parte apelante, motivo por el cual reiteró que no era posible que dicho asunto se resolviera mediante la adición.

Refirió que contrario a lo manifestado por el juez de primera instancia, no había lugar al reconocimiento de la prima técnica reclamada, pues el legislador determinó una serie de requisitos para el otorgamiento de la misma los cuales no tuvo en cuenta la autoridad judicial demandada.

Afirmó que el beneficio que pretende el actor se reformuló como un estímulo económico exclusivamente para los servidores públicos de la Rama Ejecutiva del poder público del orden Nacional, condiciones que no son cumplidas por el demandante.

Señaló que el Decreto 1661 de 1991 y su acto reglamentario contemplaron varios escenarios y presupuestos que son necesarios para su reconocimiento, los cuales no fueron valorados dentro de la presente acción.

Reiteró que se incurrió en defecto sustantivo e insistió que debe concederse el amparo solicitado teniendo en cuenta que el tribunal reconoció la prima técnica por evaluación de desempeño, cuando el actor no acreditó que se hubiera reglamentado dicho reconocimiento a su favor.

Por último, solicitó que sea tenida en cuenta la sentencia de 11 de abril de 2019, emanada del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado Nº 2016-01085-01.

8. Escrito allegado con posterioridad al fallo de primera instancia

El señor Julio César Díaz de la Hoz, por intermedio de apoderado, solicitó que se confirmara la sentencia de tutela de 7 de noviembre de 2018, en tanto a su juicio, adquirió el derecho de la prima técnica por evaluación de desempeño al cumplir los requisitos de ley.

Citó como precedentes judiciales las sentencias del Consejo de Estado de 31 de julio de 2008 radicado Nº 08001-2331-000-2002-0271-01 y de 1 de marzo de 2012, radicado Nº 25000-23-25-000-2018-00366-01, casos en los cuales se ordenó reconocer la prima técnica por evaluación de desempeño a los demandantes por haber consolidado el derecho con vigencia del Decreto 1661 de 1991, teniendo una mala calificación en los periodos posteriores.

Por último, hizo una relación de los diferentes pronunciamientos respecto a la prima técnica.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de impugnación.

Planteamiento del problema jurídico

La Sala deberá determinar, conforme con el escrito de impugnación, si la decisión del a quo que rechazó por improcedente de la acción de tutela por carecer del requisito de subsidiariedad se debe confirmar o, en su defecto, si la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral “A”, vulneró los derechos fundamentales de la entidad accionante al incurrir en un defecto sustantivo.

Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta corporación judicial en la sentencia de unificación emanada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental. En aquél entonces, este tribunal dijo:

“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. En consecuencia, en la parte resolutiva, se declarará la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales”.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser cuidadosamente verificados, son: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada; c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y f. Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los siguientes: a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado e i. Violación directa de la Constitución.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y de la Corte Constitucional.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada (res judicata) y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

Estudio y solución del caso concreto

Verificación de los requisitos generales de procedibilidad

En el asunto objeto de estudio, (i) la acción de tutela es de relevancia constitucional, pues debe definirse si la sentencia de 13 de marzo de 2018, dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral “A”, vulneró los derechos fundamentales de la parte demandante; (ii) se agotaron los medios de defensa judicial que tenía la accionante para controvertir la decisión objeto de tutela, en tanto la decisión motivo de censura fue objeto del recurso de apelación; (iii) se cumple el requisito de la inmediatez, toda vez que el proveído objeto de reproche se dictó el 13 de marzo de 2018, notificado por correo electrónico el 9 de abril del mismo año. Como la acción de tutela se presentó el 9 de octubre de 2018, transcurrieron cinco (5) meses y veintinueve (29) días después de la notificación de la providencia atacada, dentro del término de los seis (6) meses que ha precisado esta Corporación, el cual ha sido considerado, igualmente, por la Corte Constitucional; (iv) la parte demandante identificó de manera razonable los hechos que generaron la vulneración de sus derechos y (v) la acción no se dirige contra un fallo de tutela.

Ahora bien, la Sala encuentra que contrario a lo expuesto por el a quo, la solicitud de adición consagrada en el artículo 287 del CGP, no procedía contra la sentencia de 13 de marzo de 2018, habida cuenta de que el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral “A”, no omitió pronunciarse sobre algún punto de la litis, pues lo que se discute en sede de tutela es la posible configuración de un defecto sustantivo por una indebida aplicación de la norma. Es decir, no era un medio idóneo para resolver la controversia puesta a consideración.

Se advierte, entonces, que se han superado los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por lo que la Sala entrará al estudio de fondo del asunto bajo consideración.

La autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo, por lo que la decisión impugnada se debe revocar

En el sub lite, el ICBF acudió a la acción de tutela por cuanto consideró que el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral “A”, vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, así como los principios de seguridad jurídica y de buena fe, al incurrir en defecto fáctico y sustantivo, dado que en su sentir, el señor Julio César Díaz de la Hoz no era beneficiario de la prima técnica por evaluación del desempeño.

El juez constitucional de primera instancia rechazó por improcedente la acción de tutela por carecer del requisito de subsidiariedad, en tanto no se hizo uso de la solicitud de adición de la sentencia.

El ICFB impugnó la decisión argumentado que no había lugar al reconocimiento de la prima técnica reclamada, pues el legislador fijo requisitos para el otorgamiento de la misma los cuales no tuvo en cuenta la autoridad judicial demandada. Reiteró que se incurrió en defecto sustantivo e insistió que debe concederse el amparo teniendo en cuenta que el tribunal reconoció un beneficio por evaluación de desempeño cuando el actor no acreditó que se hubiera reglamentado dicho reconocimiento a su favor.

En el caso bajo estudio, el ICBF consideró que el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral “A”, incurrió en defecto sustantivo por indebida aplicación y error grave de interpretación de las normas, pues en su sentir se debió aplicar el parágrafo del artículo 8 del Decreto 1661 de 1991 y el literal c del artículo 11 del Decreto 2164 de 1991, al reconocer al señor Julio César Díaz de la Hoz la prima técnica por evaluación de desempeño por las anualidades posteriores a febrero de 2011.
El Decreto 1661 de 1991, en el artículo 1 señala que la prima técnica es un reconocimiento económico para atraer o mantener en el servicio del Estado a funcionarios o empleados altamente calificados que se requieran para el desempeño de cargos cuyas funciones demanden la aplicación de conocimientos técnicos o científicos especializados o la realización de labores de dirección o de especial responsabilidad, de acuerdo con las necesidades específicas de cada organismo. En relación con la temporalidad del beneficio menciona:

“ARTÍCULO 8º.- Temporalidad. El retiro del funcionario o empleado de la entidad en la cual presta sus servicios implica la pérdida de la Prima Técnica asignada. Igualmente se perderá cuando se imponga sanción disciplinaria de suspensión.

PARÁGRAFO.- La Prima Técnica en todo caso podrá ser revisada, previa evaluación de los criterios con base en los cuales fue otorgada. Cuando se asigne con base en la evaluación del desempeño se perderá si cesan los motivos por los cuales se asignó”.

A su turno, el artículo 2 de la mencionada normativa indica que uno de los criterios para obtener la prima técnica es por evaluación de desempeño, que para su reconocimiento el Decreto 2164 de 1991, estableció lo siguiente:

“ARTÍCULO 5º. ARTICULO 5º De la prima técnica por evaluación del desempeño. Por este criterio tendrán derecho a prima técnica los empleados que desempeñen, en propiedad, cargos que sean susceptibles de asignación de prima técnica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7º del presente Decreto, de los niveles directivo, asesor, ejecutivo, profesional, técnico, administrativo y operativo, o sus equivalentes en los sistemas especiales, y que obtuvieren un porcentaje correspondiente al noventa (90%), como mínimo, del total de la última evaluación del desempeño, correspondiente a un período no inferior a tres (3) meses en el ejercicio del cargo en propiedad.

Una vez otorgada la prima técnica, el servidor deberá ser evaluado anualmente. Será causal de pérdida de la misma obtener una calificación definitiva inferior al noventa por ciento (90%).

Para la asignación y conservación de la prima técnica por este criterio, cada entidad deberá adoptar un sistema especial de calificación, diferente a los Acuerdos de Gestión, en el cual se establecerán los criterios de desempeño, las escalas y los períodos mínimos a evaluar.

La prima técnica podrá revisarse en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud del interesado, previa evaluación de los criterios con base en los cuales fue otorgada. Los efectos fiscales se surtirán a partir de la fecha de expedición del correspondiente acto administrativo.

PARÁGRAFO: A los servidores que desempeñen cargos diferentes a los señalados en el presente artículo, a quienes se les asignó la prima técnica por evaluación del desempeño con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 1336 de 2003, continuarán percibiéndola hasta su retiro del organismo o hasta que se cumplan las condiciones para su pérdida”.

Por su parte, el artículo 11 del Decreto 2164 de 1991, expone:

ARTÍCULO 11.- Temporalidad. El disfrute de la prima técnica se perderá:

a) Por retiro del empleado de la entidad a la cual presta sus servicios;
b) Por la imposición de sanción disciplinaria de suspensión en el ejercicio de las funciones, caso en el cual el empleado sólo podrá volver a solicitarla transcurridos dos (2) años, contados a partir de la fecha de ejecutoria de la providencia mediante la cual se impuso la sanción, siempre y cuando el empleo continúe siendo susceptible de asignación de prima técnica;

c) Cuando haya sido otorgada por evaluación del desempeño, se perderá, además, por obtener el empleado calificación de servicios en porcentaje inferior al establecido en el artículo 5o. de este Decreto o porque hubieren cesado los motivos por los cuales se asignó.

Con posterioridad, mediante el Decreto 1724 de 4 de julio de 1997, se restringieron los niveles de los cargos susceptibles de la prima técnica. No obstante, se estableció un régimen de transición para las situaciones de quienes habían adquirido el mencionado beneficio, en los siguientes términos:

“Artículo  1.- La prima técnica establecida en las disposiciones legales vigentes, solo podrá asignarse por cualquiera de los criterios existentes, a quienes estén nombrados con carácter permanente en un cargo de los niveles Directivo, Asesor, o Ejecutivo, o sus equivalentes en los diferentes Órganos y Ramas del Poder Públicos. (Negrillas de la Sala).
Artículo 4.- Aquellos empleados a quienes se les haya otorgado prima técnica, que desempeñen cargos de niveles diferentes a los señalados en el presente Decreto, continuarán disfrutando de ella hasta su retiro del organismo o hasta que cumplan las condiciones para su pérdida, consagrada en las normas vigentes al momento de su otorgamiento (…)”.

Ahora bien, descendiendo al caso objeto de estudio, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral “A”, en la sentencia de 13 de marzo de 2018, expuso:

“(…) Los empleados que consolidaron su derecho antes de la expedición del Decreto 1724 de 1997, aunque este no se les haya sido reconocido, cuentan con un derecho adquirido que ingresó a su patrimonio y que pueden reclamar siempre y cuando no se encuentren afectados por las causales previstas en el régimen de transición para su perdida (Evaluación en porcentaje inferior al señalado en las normas) o por el fenómeno de la prescripción.

(…)

Pues bien, en el presente asunto está demostrado que mediante la Resolución Nº 000745 del 16 de septiembre de 1981 el actor fue vinculado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el cargo de Técnico Administrativo, Código 40065 - Grado 09, tomando posesión del mismo el 16 de ese mismo mes y año, cargo al cual accedió por concurso público.

Posteriormente fue incorporada (sic) mediante Resolución Nº 0649 de 29 de noviembre de 1995, en el cargo de técnico Administrativo, empleo en el que permanece en la actualidad, vinculación que se dio en calidad de empleado público, según lo determina el Art. 1º de la Ley 909 de 2004. Consta igualmente en el expediente, que no se le ha reconocido el derecho al pago de prima técnica desde su vinculación a la entidad.

Como empleado inscrito en el escalafón de la carrera administrativa, el demandante obtuvo, según lo certifica la entidad visible a folios 23 a 27 del expediente, las siguientes calificaciones

Desde
Hasta
Calificación total
Porcentaje
D/M/A
D/M/A

01/05/1990
01/05/1991
440
Menor de 90%
01/05/1991
30/04/1992
640
Mayor de 90%
30/05/1991
30/11/1992
650
Mayor de 90%
01/11/1992
30/11/1993
670
Mayor de 90%
31/04/1993
30/11/1993
685
Mayor de 90%
01/11/1993
30/04/1994
632
Mayor de 90%
01/05/1994
30/08/1994
602
Menor de 90%
01/03/1995
30/02/1995
632
Mayor de 90%
01/03/1995
29/02/1996
530
Menor de 90%
01/11/1996
28/02/1997
622
Menor de 90%
01/03/1996
28/02/1997
622
Menor de 90%
01/03/1998
28/02/1999
741
Menor de 90%
01/03/1999
14/01/2000
876
Menor de 90%
01/03/2000
28/02/2001
911
Mayor de 90%
01/03/2001
28/02/2002
972
Mayor de 90%
01/03/2002
09/07/2002
971
Mayor de 90%
10/07/2002
28/02/2003
917
Mayor de 90%
01/03/2003
29/02/2004
917
Mayor de 90%
01/03/2004
28/02/2005
966
Mayor de 90%
01/03/2005
31/07/2005
964
Mayor de 90%
01/08/2005
31/01/2006
925
Mayor de 90%
01/02/2006
31/07/2006
924
Mayor de 90%
01/08/2006
31/01/2007
905
Mayor de 90%
01/02/2007
31/07/2007
943
Mayor de 90%
01/08/2007
31/01/2008
935
Mayor de 90%
01/02/2008
31/09/2009
92.8%
Mayor de 90%
01/02/2009
31/01/2010
84.10%
Menor de 90%
01/02/2010
31/01/2011
89%
Menor de 90%
01/02/2011
31/01/2012
100%
Mayor de 90%
01/02/2012
31/01/2013
0%
Menor de 90%
02/01/2013
31/01/2013
100%
Mayor de 90%

En punto a la prima técnica por evaluación al desempeño es necesario que además del desempeño en propiedad del cargo, se demuestre que las calificaciones obtenidas por el empleado superan el porcentaje de calificación fijado en el artículo 5º del Decreto Reglamentario 2164 de 1991 y que corresponde al 90%, siendo importante aclarar que para los años 1995 y 1996 el desempeño se calificaba sobre 700 puntos, toda vez que el formato de Calificación de Servicios aparecen relacionados 7 factores para un puntaje máximo para cada uno.

En el presente asunto, el actor demostró que obtuvo calificación superior al 90% por el periodo comprendido entre el 1º de mayo de 1991 al 30 de abril de 1994 y del 1 de mayo de 1994 al 30 de febrero de 1995, es decir, para el momento en que se encontraba vigente el Decreto Ley 1661 de 1991, razón por la cual tiene derecho al reconocimiento y pago de la prima técnica por evaluación de desempeño, dado que, además de la calificación, se desempeñaba en propiedad en el cargo de Técnico Administrativo, cuyo nivel estaba incluido en la norma como uno de los beneficiarios de dicho rubro.

Ahora, es cierto que entre el 1º de mayo de 1990 y el 1º de mayo de 1991, el 1º de mayo de 1994 y el 30 de agosto de 1994, el 1º de marzo de 1995 y el 14 de enero de 2000 y finalmente entre el 1º de febrero de 2009 y el 31 de enero de 2013 el demandante obtuvo calificaciones en un puntaje inferior al legamente exigido para tener derecho al reconocimiento de la prima técnica pretendida. Sin embargo, tal situación no impide que le sea reconocido tal derecho, pues este se causa anualmente, en razón a la periodicidad que lo caracteriza, el cual no puede perderse por una calificación anual insuficiente.

(…)

Acorde con lo anterior, el actor tiene derecho a que se reconozca y pague por las anualidades subsiguientes en que fue calificada y obtuvo un porcentaje superior al 90%, el disfrute de la prima técnica cuyo derecho se causó en vigencia del Decreto 1661 y su reglamentario, en concordancia con el Decreto 1724 de 1997 que previó el régimen de transición del cual es beneficiario del actor” (subrayas y negrillas de la Sala).

De lo anterior, se tiene que la autoridad judicial accionada concluyó que el señor Julio César Díaz de la Hoz era beneficiario del régimen de transición consagrado en el Decreto 1724 de 1997, determinación que sustentó en la sentencia de 1 de marzo de 2012 dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, criterio al que también acudió el a quo en el proceso ordinario apoyándose en el fallo de 17 de mayo de 2012 del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección "A". Así mismo, recientemente en sentencia de 11 de abril de 2019, la Sección Segunda, Subsección “B” de esta Corporación, acogió la interpretación del alcance del régimen de transición previsto en el artículo 4 del Decreto 1724 de 1997, citando el fallo de 26 de mayo de 2005, el cual estableció lo siguiente:

“De acuerdo con la primera, dicho régimen de transición sólo podría beneficiar a quienes viniendo del régimen anterior, es decir, del previsto por el Decreto 1661 de 1991, les hubiera sido reconocida la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada pero no a quienes la hubieran obtenido por evaluación de desempeño, dado que esta última modalidad, a diferencia de la otra, no tenía carácter permanente y debía ser obtenida año tras año. En consecuencia, sus efectos no podían extenderse a un régimen de transición que, como toda regulación de este tipo, busca poner a salvo los derechos adquiridos o las expectativas de derecho frente a cambios de legislación.

De acuerdo con la segunda tesis, que prevaleció en la Subsección, y que hoy constituye el parámetro para el reconocimiento de la misma, sí es posible aplicar el régimen de transición del artículo 4° del Decreto 1724 de 1997 a quienes, sin ocupar cargos de los niveles directivo, asesor, ejecutivo o sus equivalentes bajo el nuevo régimen, cumplieran con los siguientes requisitos:

que tuvieran derecho al reconocimiento de la prima técnica por evaluación de desempeño bajo el régimen del Decreto 1661 de 1991, esto es, que hubieren laborado para la respectiva entidad en la vigencia de la normativa mencionada y que, desde luego, cumplieran los requisitos legales exigidos por la misma;

que hubieran reclamado la prima técnica antes o después de la entrada en vigencia del Decreto 1724 de 1997, siempre que tuvieren derecho a la prima mencionada en vigencia del Decreto 1661 de 1991;

que la entidad demandada injustificadamente hubiera guardado silencio frente a la petición o, se entiende, hubiera resuelto la misma en forma negativa.

En síntesis, esta tesis reconoce el derecho a la prima técnica a quienes lo perdieron por no pertenecer a los niveles directivo, asesor, ejecutivo o sus equivalentes, restricción impuesta por el Decreto 1724 de 1997, siempre que hubieren cumplido con las condiciones señaladas en precedencia.

(…)

En conclusión, servidores públicos de niveles distintos al directivo, asesor o ejecutivo o sus equivalentes tienen derecho al reconocimiento de la prima técnica, aún bajo la vigencia del Decreto 1724 de 1997, siempre que bajo las reglas establecidas por el régimen anterior, el del Decreto 1661 de 1991, hubieren tenido derecho al citado emolumento”.

Con base en lo expuesto, la Sala observa que el señor Julio César Díaz de la Hoz mediante Resolución Nº 000745 de 16 de septiembre de 1981, se vinculó al ICBF como Técnico Administrativo, Código 40065, Grado 09, en virtud de un concurso público y que por medio de la Resolución Nº 0649 de 29 de noviembre de 1995, quien para el momento de dictarse la sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario, se encontraba desempeñando el cargo de Técnico Administrativo, motivo por el cual Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral “A”, concluyó que cumplía con el primer requisito previsto en los Decreto 1661 y 2164 de 1991, para el otorgamiento de la prima técnica, consistente en desempeñar el cargo en propiedad, de conformidad con el alcance dado jurisprudencialmente al régimen de transición.

No obstante, se vislumbra que en las calificaciones de servicios obtenidas en los periodos comprendidos entre el 1 de marzo de 1995 y el 28 de febrero de 1997, el porcentaje fue inferior al 90% del total de puntos, pues conforme con la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta Corporación se debe verificar el cumplimiento de dicho requisito respecto de esos años por corresponder al inmediatamente anterior a la entrada en vigencia del Decreto 1724 de 1997.

Entonces, el tribunal accionado incurrió en defecto sustantivo toda vez que conforme al Decreto 2164 de 1991, la prima técnica por evaluación de desempeño se concede a quienes (i) ocuparan los cargos en propiedad y (ii) obtuvieran un porcentaje correspondiente al noventa por ciento (90%) como mínimo, del total de puntos de la última evaluación de desempeño.

En efecto, en el presente caso el actor incumplió el requisito previsto para el reconocimiento del beneficio por evaluación de desempeño, en tanto se reitera que obtuvo calificaciones de servicio inferiores al 90%, en el periodo inmediatamente anterior a la entrada en vigencia del Decreto 1724 de 1997.

Por lo expuesto, llama la atención de la Sala que el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral “A”, afirmara que “el demandante obtuvo calificaciones en un puntaje inferior al legamente exigido para tener derecho al reconocimiento de la prima técnica pretendida. Sin embargo, tal situación no impide que le sea reconocido tal derecho, pues este se causa anualmente, en razón a la periodicidad que lo caracteriza, el cual no puede perderse por una calificación anual insuficiente”, dado que el artículo 5 del Decreto 2164 de 1991, exige el 90% como mínimo del total de puntos de la calificación de servicios correspondiente al último periodo evaluado, para acceder al beneficio, siempre y cuando sea beneficiario del régimen de transición, esto es, dentro del año anterior a la entrada en vigencia del Decreto 1724 de 1997.

En este mismo sentido se pronunció la Sección Segunda, Subsección “B” de esta Corporación en sentencia de 11 de abril de 2019, en un caso idéntico en el que se solicitó el reconocimiento de la prima técnica por evaluación de desempeño, pero la accionante no cumplía con el requisito del puntaje del 90% como mínimo. En esa decisión se indicó:

“Lo anterior teniendo en cuenta que si bien peticionó su reconocimiento el 7 de febrero de 2014, aquella fue sustentada en que acreditaba los requisitos para ello en aplicación del régimen de transición del Decreto 1724 de 1997, que entró en vigencia el 11 de julio de 1997, por lo que le correspondía para ello presentar la calificación de servicios realizada previo a esta última calenda con resultado igual o superior al 90%, sin embargo en los lapsos referidos obtuvo 748 puntos, lo cual hace improcedente el otorgamiento del incentivo económico por el criterio de evaluación de desempeño en favor de la accionante, contrario a como lo consideró el a quo.

Puesto que la norma que contiene tal exigencia dispone que por este criterio tendrán derecho al incentivo los empleados que desempeñen, en propiedad, cargos que sean susceptibles de asignación de incentivo de prima técnica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 2164 de 1991, esto es, los del nivel directivo, asesor, ejecutivo, profesional, técnico, administrativo y operativo o sus equivalentes en los sistemas especiales y que obtuvieren un porcentaje correspondiente al 90%, como mínimo, del total de puntos de cada una de las calificaciones de servicios realizadas en el año inmediatamente anterior a la solicitud de otorgamiento.

De lo cual se colige que dicha normativa exige que el servidor sea calificado en porcentaje correspondiente al 90%, como mínimo, del total de puntos de cada una de las calificaciones de servicios realizadas en el año inmediatamente anterior a la solicitud de otorgamiento”.

En este orden de ideas, se impone revocar la sentencia impugnada emitida el 7 de noviembre de 2018, por la Sección Segunda, Subsección “A” de esta Corporación y, en su lugar, se amparará el derecho fundamental al debido proceso del ICBF, en tanto es claro que el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral “A”, no tuvo en cuenta la normativa aplicable para la asignación de la prima técnica por evaluación del desempeño. En consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia de 13 de marzo de 2018 y se ordenará que en el término de veinte (20) días contados a partir de la notificación de esta providencia, dicte una sentencia de reemplazo en la que tenga en cuenta las consideraciones aquí expuestas (expediente Nº 08001-33-33-001-2016-00040-01).

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero.- REVÓCASE la providencia de 7 de noviembre de 2018, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, por las razones expuestas en esta providencia. En su lugar,

Segundo.- AMPÁRASE el derecho fundamental al debido proceso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). En consecuencia, DÉJASE sin efectos la sentencia de 13 de marzo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral “A”.
Tercero.- ORDÉNASE al Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral “A”, que en el término de veinte (20) días, contados a partir de la notificación de este fallo, profiera una sentencia de reemplazo de acuerdo a las consideraciones expuestas en esta providencia (expediente Nº 08001-33-33-001-2016-00040-01).

Cuarto.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Quinto-. REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Presidente de la Sección
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejera

MILTON CHAVES GARCÍA
Consejero
JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Consejero

Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972.
Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968.
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortíz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Sentencia T-031 de 2016. M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
“Por el cual se modifica el régimen de Prima Técnica, se establece un sistema para otorgar estímulos especiales a los mejores empleados oficiales y se dictan otras disposiciones”.
“Por el cual se modifica el régimen de prima técnica para los empleados públicos del estado”.
Radicado Nº 2008-00366 (0371-10), M. P. Gerardo Arenas Monsalve.
Radicado Nº 2008-00516-01 (2257-10), M. P. Luis Rafael Vergara Quintero.
Radicado Nº 2016-01085-01, M. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Jesús María Lemos Bustamante, sentencia de 26 de mayo de 2005, expediente No. 1892-04.
Radicado Nº 08001-23-33-000-2016-01085-01. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Radicado Nº 08001-23-33-000-2016-01085-01. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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